Estabilidad en peligro

Perspectiva analítica de la transición hacia la democracia: 20 años después

En la década del 80, en el contexto de la caída de varios regímenes autoritarios en América Latina, emerge en la región una serie de estudios en los que los autores tratan de comprender la naturaleza de las transiciones hacia la democracia acaecidas durante estos tiempos. Los politólogos latinoamericanos se encontraron con la necesidad no sólo de estudiar estos movimientos de cambio político, sino también en la obligación de defender la marcha de sus países hacia la democracia. Contrariamente a una actitud anterior de indiferencia o de crítica hacia la democracia liberal, durante este período, los intelectuales se convencieron de la importancia de ésta —aún reconociendo su incapacidad para solventar de manera automática los problemas sociales y económicos más acuciosos de la población—. Porque, en buena medida, estaban indignados, como lo reconoció el sociólogo Guillermo O’Donnel, “por las atrocidades que cometieron los regímenes autoritarios”.

En la misma medida en que se fueron generalizando los movimientos de cambio político en la región, se volvía más complicado el estudio de los factores de cambio y sus posibilidades de éxito. En este sentido, era necesario encontrar un lenguaje común para poder relatar experiencias diferentes, pero enmarcadas en un mismo contexto: lo que Samuel Huntinton llamó la tercera ola de democratización. De ahí que, en ese esfuerzo por definir la agenda y comprender los elementos clave en la nueva dinámica política de los diferentes países de la región, empezó una importante discusión intelectual tendiente no sólo a fijar el significado de los términos, sino también a explicar el caso de cada país y la especificidad de su transición.

La coyuntura del mercado laboral y las paradojas del mercado

Una radiografía breve sobre la actual coyuntura del mercado laboral resulta suficiente para exponer a la luz la pandemia de fallas y externalidades negativas que se originan de la praxis cuasi-dogmática del modelo económico neoliberal en el cual se inspira el gobierno del Presidente Francisco Flores. La importancia de este ejercicio es señalar que este tipo de políticas económicas sustentadas en el “dejar hacer, dejar pasar” del mercado, sin restricciones y una ampliación desmedida de este criterio a casi todas las esferas de la economía, por medio de la privatización, los tratados de libre comercio, políticas fiscales regresivas, etc., son en realidad agresiones violentas contra la vida de cientos de miles de personas que conforman los grupos sumergidos en la pobreza de la población salvadoreña.

La demarcación fronteriza y sus problemas

Un nuevo capítulo sobre el antiguo conflicto fronterizo entre El Salvador y Honduras se escribió esta semana, al comenzar la Organización de Estados Americanos (OEA) tareas de demarcación en el área del Golfo de Fonseca. El técnico asignado por la OEA para esta tarea, John Gates, arribó el pasado 5 de mayo a San Salvador, donde se reunió con representantes de los gobiernos de ambas naciones. La presencia de Gates obedece a un pedido de las partes para tratar de zanjar la disputa, la cual había sido llevada meses antes a la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, Holanda. Como explica uno de los matutinos salvadoreños, “los dos países buscan resolver el entrampamiento en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, que supone señalizar casi 180 kilómetros de la frontera en seis zonas distintas, proceso que se frustró en octubre pasado, cuando los encargados del trabajo notaron que no concordaban las coordenadas geodésicas con los accidentes geográficos descritos en el fallo”.

El caso del mayor Meléndez

Año con año, cada 7 de mayo se realiza la ceremonia oficial del día del soldado.1  En ese marco, hoy comentamos el caso de un oficial como una muestra de lo que ocurre en la Fuerza Armada de El Salvador (FAES). Previamente, debemos recordar que el fin de la guerra fue uno de los cuatro puntos básicos planteados al iniciar el proceso que culminó el 16 de enero de 1992 en Chapultepec, México. Había que detener las hostilidades para, luego, tratar de superar la destrucción humana y material que habían ocasionado durante más de una década. Así, por la vía negociada, se logró el cese real e ininterrumpido de los combates militares; precisamente por eso, el mundo entero reconoció al caso salvadoreño como el proceso más exitosos de pacificación negociada bajo el auspicio y la verificación de las Naciones Unidas.

Se debía superar el estado de beligerancia para instaurar, sobre normas e instituciones respetables y respetadas, los cimientos sólidos de una convivencia propicia para la discusión respetuosa entre todos los sectores y la participación más amplia de la sociedad en la solución de los conflictos. Era necesario, dejar atrás la razón de la fuerza para abrirle espacio a la fuerza de la razón. Con ello quedó establecida una nueva senda, un camino vivo. Pero no se debe confundir ese logro con el todo, pues acabar con la confrontación bélica no era el fin último del proceso. El cese de la guerra fratricida era sólo el primer paso, admitido como una condición básica para dar respuesta a problemas múltiples y muy graves.

Es importante también destacar que una de las causas esenciales de la confrontación bélica en el país fue la grave violación a los derechos humanos, tanto en lo relativo a los civiles y políticos como en el ámbito de los económicos y sociales; esas violaciones, que estuvieron en el origen de la tragedia, se incrementaron durante el transcurso de la guerra. El informe de la Comisión de la Verdad recogió las de mayor impacto social, atribuyendo el porcentaje más grande de responsabilidad a la Fuerza Armada, a los cuerpos de seguridad del Estado y a los “escuadrones de la muerte”; en suma, les adjudicó la autoría en el noventa por ciento de los hechos.

Por lo anterior, en los acuerdos que establecieron el fin de la contienda se incorporaron —entre otros— la desaparición de las antiguas instituciones de seguridad pública y la necesaria reestructuración interna de la Fuerza Armada, que incluía tanto su depuración como el establecimiento de nuevos valores y principios dentro de su doctrina militar. Estos deberían plantearse en consonancia con un Estado de Derecho moderno, como garantía para la vigencia irrestricta de los derechos humanos. En definitiva, en lo relativo a la FAES, lo que se buscaba era su refundación.

A lo largo de los once años transcurridos de enero de 1992 a la fecha, la institución castrense no ha tenido el protagonismo —excesivo y lamentable— que mantuvo durante el siglo pasado. Sin embargo, pese a lo mucho que la han alabado, existen hechos que nos hacen dudar de su real “purificación”. Al menos en el IDHUCA, seguramente habrán más, se han conocido preocupantes actos que constituyen violaciones graves de derechos humanos dentro de la misma. Casos como el del homicidio del cadete de la Escuela de Aviación —Erick Peña Carmona— y el que ahora comentamos, muestran que a la Fuerza Armada todavía le queda un largo camino por recorrer para adaptarse en serio a los valores y las normas de una sociedad democrática. En el caso que hoy nos ocupa, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) emitió el pasado 10 de abril una resolución que, por su relevancia, pasamos a comentar.

A mediados de 1996, el mayor Adrián Meléndez Quijano se desempeñaba como Jefe del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de la Defensa Nacional. Ante él se presentó el licenciado Gilberto Alfonso Hernández, denunciando al entonces mayor Salvador Palacios Castillo por la comisión de un delito; para no afectar el ascenso de su colega y con ello toda su carrera militar, Meléndez Quijano le propuso al licenciado Hernández una posible conciliación con Palacios Castillo. Con la mediación del mayor Meléndez Quijano, Palacios Castillo le ofreció disculpas al ofendido; sin embargo, las autoridades superiores determinaron su arresto y traslado a otra unidad.

Tiempo después, siendo Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de la Fuerza Aérea Salvadoreña, Palacios Castillo tuvo un problema con el mayor Meléndez Quijano. Más adelante, cuando se desempeñaba como comandante de la Segunda Brigada Aérea, Palacios Castillo se dedicó a hostigar a Meléndez Quijano. Sin motivo, ordenó que lo arrestaran; cuando la víctima le planteó su disconformidad, aquél le dijo: “Te vas a arrepentir. Esto te va a traer consecuencias en tu vida militar”. Al anterior, le siguieron otros problemas. Fue sometido a un proceso de evaluación viciado, a arrestos discrecionales y a procedimientos judiciales arbitrarios.

En su resolución la PDDH reconoce, entre otras cosas, la violación del principio de legalidad. Un hecho grave que atenta no sólo contra este principio sino también contra el derecho a la libertad personal, lo constituye el arresto de quince días con el cual fue sancionado Meléndez Quijano en julio del 2001; este acto es contrario a nuestra Constitución, que en su artículo 14 establece que los arrestos administrativos serán de cinco días máximo. Con ello, quedan en evidencia las formas arbitrarias y discrecionales del ejercicio del poder a las que se tuvo que enfrentar Meléndez Quijano.

También fueron violadas las garantías de audiencia y defensa, así como el derecho a recurrir. Ante el desacuerdo mostrado por el mayor Meléndez Quijano por los resultados de la evaluación sobre su desempeño, en el proceso iniciado por el Tribunal de Honor de la Fuerza Armada se le negó la posibilidad de presentar prueba a su favor. Asimismo, no se permitió la declaración de los testigos de descargo que él propuso, violentándose así su derecho de defensa y el principio de legalidad procesal; este último permite que el juicio se desarrolle en paridad de condiciones para las partes, cualquiera que sea el tribunal.

Destaca que la PDDH manifiesta, en la resolución mencionada, su preocupación por el Reglamento Interno del Tribunal de Honor; éste resulta atentatorio —según lo señala la Procuraduría— contra el derecho a un debido proceso legal, debido a que en su artículo 18 establece que: “Las diligencias que practique el Tribunal de Honor, no estarán sujetas a las formalidades de los procedimientos judiciales establecidos, pero cuando lo estime conveniente podrá adoptarlo en lo que considere pertinente, dentro del marco legal” Lo anterior no sólo es contrario a nuestra Constitución, sino también al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos así como a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Como se lee en la resolución de la PDDH, las disposiciones u órdenes administrativas no pueden estar sobre la Constitución y las leyes de la República pues —además de atentar contra el principio de legalidad— se vulnera el principio de igualdad reconocido tanto en la vigente Constitución como en la Ley de la Carrera Militar, al establecer para el personal castrense los mismos derechos y garantías fundamentales que se consagran para el resto de la gente.

Pese a los constantes intentos de cambio de imagen de la FAES —participando en labores de mitigación de riesgos, prevención de la salud y grupos de tarea conjunta—, lo anterior es una señal de alerta sobre lo que pueda estar ocurriendo en su interior. Y es que, como afirma la PDDH, la institución armada debe estar integrada “por individuos moralmente selectos, con un alto nivel ético y un sano concepto del honor, inseparablemente unido al respeto de los derechos humanos. Los Estados modernos y democráticos eligen este modelo, conscientes de que ninguna institución que se reserve para sí misma las violaciones a los derechos humanos cometidas en su interior puede mantener un recto sentido del honor, ni gozar del respeto de la sociedad”.

Es necesario, entonces, revisar y adecuar la normativa militar a la Constitución y los tratados internacionales suscritos por nuestro país, así como al resto de la legislación interna. Una sociedad democrática exige un ejército democrático. Mientras se sigan tolerando en las aulas castrenses y los cuarteles prácticas lesivas, o se siga aceptando el abuso de autoridad y el uso arbitrario del poder como prácticas frecuentes al interior de la institución, y se encubran esos hechos y situaciones, la FAES estará muy lejos de lo pactado en Chapultepec.