PROCESO — INFORMATIVO SEMANAL EL SALVADOR, C.A.

Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI)
E-mail: cidai@cidai.uca.edu.sv

Universidad Centroamericana (UCA)
Apdo. Postal 01-168 Boulevard Los Próceres
San Salvador, El Salvador, Centro América
Tel: +(503) 210-6600 ext. 407
Fax: +(503) 210-6655
 

    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

     Los interesados en suscribirse a este boletín pueden dirigirse a la Oficina de Distribución de Publicaciones de la UCA. Cualquier donativo será muy bien recibido por el CIDAI. Esta publicación se puede consultar parcialmente en la página electrónica de la UCA: http://www.uca.edu.sv

 Suscripción


Año 23
número 1046
abril 30, 2003
ISSN 0259-9864
 
 
 
 

ÍNDICE



Editorial: ARENA y sus juegos sucios

Política: ¿Cómo abordar el caso de Cuba?

Economía: Astucia política y racionalidad económica (II)

Sociedad: ¿Continuidad en San Salvador?

Regional: nueva ronda del CAFTA

Derechos Humanos: Oportunidad para la justicia

 

 
 
Editorial


ARENA y sus juegos sucios

 

El Partido ARENA es víctima de sus propios trucos y engaños. Uno de sus diputados considera una locura la suspicacia con la que el FMLN y el Partido de Conciliación Nacional miran un préstamo de más de 140 millones de dólares para la reconstrucción de varios hospitales. Estos dos partidos se niegan a ratificar dicho préstamo, mientras no les garanticen que esos hospitales, ya reconstruidos, no serán privatizados. Aunque ARENA sigue negando con vehemencia que ése sea su plan, las reacciones del Viceministro de Salud muestran lo contrario —si no hay privatización, ¿a qué vienen sus reacciones fuera de tono ante la prensa?— El diputado de ARENA, aludido antes, no sin cierta exasperación, repudia el análisis del FMLN y del Partido de Conciliación Nacional por considerarlo “grosero”. De esta manera, pasa por alto lo que ellos mismos han hecho en estos meses acerca de la cuestión de la salud. De todas maneras, hay una solución fácil y es conversar con las dirigencias de estos partidos para explicarles en detalle los términos del contrato del préstamo y para darles las garantías que piden. Pero la actitud adoptada por los titulares de Salud Pública no es la más adecuada para desvanecer las sospechas y ofrecer seguridades. Tampoco lo es la postura de las autoridades del Seguro Social, las cuales están gastando miles de dólares en propaganda para desautorizar la protesta de médicos y sindicalistas, en lugar de buscar una salida al conflicto.


En definitiva, es ARENA mismo el que se ha desacreditado. Lo han desacreditado sus diputados y sus propios funcionarios. El descrédito de los políticos y sus partidos es tal que ya ni ellos mismos se creen sus propios discursos. Uno de los principales responsables de haber llevado al partido de gobierno al laberinto en el que se encuentra es el presidente del poder ejecutivo. Si éste tuviera una actitud de diálogo y estuviera interesado en construir consensos, hace tiempo que hubiera explicado las bondades de las cláusulas del contrato del préstamo a diputados y trabajadores de la salud. Pero faltan argumentos y sobran las agresiones verbales. La intervención del presidente Flores en la última asamblea de ARENA confirma que hay razones de sobra para la desconfianza. Se suponía que ahí iba a concluir el control que éste ejerce sobre la dirección del partido, pero no sucedió así. En su discurso les dijo que no había que pedir cuentas, ni atribuir responsabilidades por el descalabro electoral, es decir, perdón y olvido otra vez. No había ni responsables, ni cuentas que dar. Los amenazó con señalar en público a aquellos que no apoyan su línea de gobierno, a quienes además llamó traidores. Como en estas reuniones sólo hablan las personas designadas, los descontentos tuvieron que tragarse el regaño presidencial en silencio y agachar la cabeza con disciplina partidaria. Salieron tal como habían entrado. Es una muestra de la disciplina de un partido autoritario, el cual, además, gobierna al país de manera autoritaria. Todavía nadie se ha atrevido, ni ha podido, poner freno al desgobierno del poder Ejecutivo.


Por eso es difícil aceptar los primeros gestos de apertura de la nueva dirección de ARENA. Si es cierto que ésta desea conversar y llegar a acuerdos sobre los grandes problemas nacionales, cómo hará para que el poder ejecutivo y sus diputados sigan su ejemplo. Estos todavía no dan muestran de haber aprendido las lecciones del 16 de marzo pasado. La nueva dirección de ARENA y el presidente del poder Ejecutivo, por su lado, toman distancia una del otro, respecto a la forma de relacionarse con la oposición y de conducir el país. Mientras aquélla pone gestos de acercamiento al FMLN, el presidente Flores insiste en que no cruzará ningún puente. Mientras aquélla trata de encontrar el rumbo del país, éste no asume ninguna responsabilidad por el descalabro electoral del partido. Todo lo atribuye a una mala campaña electoral, como si él y su gobierno no fueran parte determinante de esa campaña. Está por verse cuál de las dos direcciones gana este pulso, si la del partido o la del Ejecutivo.


La candidatura del ex director de la Policía Nacional Civil también es contraria a las intenciones declaradas de la nueva dirección de ARENA. Es indiscutible que en una democracia, cualquiera puede presentarse como candidato a la Presidencia de la República; lo que no es aceptable, ni desde un punto de vista político, ni moral, es el atrevimiento del ex director de presentarse él mismo como candidato. De todas maneras, esta candidatura tiene sentido desde la tradición de un partido autoritario, cuyas raíces más profundas están en el anticomunismo. Experto en guerra psicológica, el ex director participó en la guerra contrainsurgente de forma muy activa. Pocos días antes del 16 de noviembre, dirigió la cadena de radio que azuzó los asesinatos cometidos en la UCA, ese día, tal como lo señala la Comisión de la Verdad. Tiene bajo su control la plataforma ideal para gobernar el país de manera autoritaria. Controla el Organismo de Inteligencia del Estado y la Policía Nacional Civil. En la dirección de ambas ha colocado a ex oficiales de los cuerpos de seguridad y a gente fiel. Muchos de ellos se han aprovechado de su puesto para enriquecerse de manera ilícita. Como empresario de la publicidad, sabe manejar bien la imagen pública; su único problema es la realidad que, constantemente, lo pone en aprietos, pues la policía ha perdido el control de los homicidios, de las armas de fuego y de las bandas juveniles. En la actualidad no se puede afirmar que haya más seguridad ciudadana que cuando asumió la dirección de la institución.


La ARENA que este candidato representa es la ARENA tradicional, la conocida dentro y fuera del país. Es la ARENA del pasado de violación a los derechos humanos y de la impunidad. Por lo tanto, es una candidatura contraria a los intentos de modernización, para abrir el partido a la sociedad y para democratizarlo. Si el ex director de la Policía Nacional Civil se ha atrevido a lanzar su candidatura a la presidencia, es porque ARENA lo soporta y, en esa medida, no hay, de momento, fundamento sólido para las transformaciones anunciadas. No es, pues, ninguna locura desconfiar del discurso de ARENA, ni el análisis de la oposición es equivocado. En el mejor de los casos, hay un tímido intento por construir un partido diferente con pocas posibilidades de éxito. El desconcierto que predomina en sus filas explica este doble discurso.

G

 

Política


¿Cómo abordar el caso de Cuba?

 

Las últimas decisiones del régimen de Fidel Castro en contra de la disidencia política interna han desencadenado —y con mucha razón—, una serie de reacciones de condenas e indignación en la comunidad internacional. Intelectuales de izquierda, otrora conocidos por su simpatía con la revolución cubana, decidieron lavar sus manos ante el horror de la legalización de la barbarie. No hay circunstancias atenuantes para un régimen que justifica su comportamiento autoritario en una pretendida acción preventiva en contra de los considerados mercenarios al servicio del enemigo capitalista. Los activistas de derechos humanos, amigos de la revolución cubana y antiimperialistas, se encuentran ante el dilema de lo reprensible de las acciones de Castro y su simpatía por un régimen que a sus ojos simboliza un desafío al neoliberalismo. A partir de este momento, cabe preguntarse si será posible ser admirador de la revolución cubana y congraciarse con el supuesto de que representa una alternativa al capitalismo reinante y, al mismo tiempo, ser defensor de los derechos humanos. He aquí el dilema de la nueva izquierda mundial. En estas líneas intentamos reflexionar sobre este tema, tomando sin embargo, el contexto amplio de la defensa de los derechos humanos en el mundo actual.

G

 

Economía


Astucia política y racionalidad económica (II)

 

Los pasados gobiernos de ARENA han desarrollado una serie de reformas económicas que han cambiado sustancialmente el funcionamiento de la economía nacional. Durante la década de los noventa, se privatizo el sistema de pensiones, se hizo una reforma tributaria con un claro sesgo regresivo y no se adecuaron los salarios, tanto urbanos como rurales, para que las familias salvadoreñas lograran cubrir sus necesidades más importantes. Puede deducirse que muchos de los problemas económicos que ARENA busca solucionar con dichas medidas, han sido generados por las mismas políticas económicas realizadas en períodos anteriores de su gobierno. Pareciera, por tanto, que los gobiernos de ARENA adolecen de una “inconsistencia intertemporal de política económica”, ya que, al momento del implementar tales políticas, antes de considerar los perjuicios que las mismas podían generar para la ciudadanía, primó fundamentalmente la racionalidad económica neoliberal. Esta ultima, vistas ahora sus consecuencias, en vez de desarrollar al país, persigue fundamentalmente crear espacios para el capital financiero, incluso en desmedro de cualquier otro tipo de capital.

G

 

Sociedad


¿Continuidad en San Salvador?

 


El próximo 1° de mayo, un nuevo equipo de gobierno tomará las riendas de la más importante ciudad del país. Hector Silva cederá la vara edilicia a su sucesor, Carlos Rivas Zamora, quien fungiera como síndico municipal —el segundo en la comuna—, durante seis años. En el marco de la campaña electoral, Rivas Zamora, candidato ganador en las pasadas elecciones del 16 de marzo, y los integrantes de su propuesta de concejo municipal, habían asumido como lema la continuidad en los proyectos implementados por la administración de Silva, otrora efemelenista y ahora diputado electo de la Asamblea Legislativa por el Centro Democrático Unido (CDU). Sin embargo, pasadas las elecciones y a las puertas de iniciar una nueva administración edilicia, es pertinente indagar sobre el rumbo que le imprimirá el nuevo equipo municipal, de acuerdo a lo conocido hasta el momento.

G

 

Regional


nueva ronda del CAFTA

 

Los gobernantes centroamericanos se preparan esta semana para asistir a la cuarta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre las naciones del Istmo y los Estados Unidos (conocido por las siglas inglesas CAFTA). Los recelos de los productores agrícolas del Istmo acompañan las reuniones previas a las negociaciones, que se llevarán a cabo del 12 al 16 de mayo en Guatemala.


Las reuniones preparatorias, que tienen lugar en Honduras del 28 de abril al 2 de mayo, son una oportunidad para que las comisiones negociadoras revisen lo acordado en la última ronda de negociaciones, cuyo punto más relevante fue la propuesta estadounidense para que Centroamérica abra su mercado a las empresas de telefonía de EEUU. También se discutió sobre la posibilidad de que algunas entidades gubernativas estadounidenses y de ciertos estados del país puedan comprar productos centroamericanos.

G

 

Derechos Humanos


Oportunidad para la justicia

 

En junio próximo serán juramentados los nuevos magistrados electos previamente para integrar la Corte Suprema de Justicia; también lo serán quienes, de resultar reelectos, deban continuar ocupando un sillón dentro del máximo tribunal de justicia en el país. Al momento de escribir estas líneas aún no se sabía a ciencia cierta si la legislatura 2000-2003 se reuniría de forma extraordinaria el miércoles 30 de abril; de concretarse el rumor de esa convocatoria, estaría latente la posibilidad de que fuera dicha Asamblea la que nombrara a la tercera parte de la Corte para los próximos nueve años. Si eso ocurriese, se estarían ignorando los requisitos constitucionales y legales —de fondo y forma— que deben prevalecer en situaciones como la presente. De no concretarse lo anterior, ¿quién garantiza que con la nueva Asamblea Legislativa cambien las cosas? Porque en nuestro país, esos nombramientos tan importantes que deberían producirse sobre la base de análisis técnicos, finiquitos morales y opiniones de expertos —como parte de un real y transparente concurso de méritos, en igualdad de condiciones— siempre apuntan a materializarse dentro de un mercado político contra el que mucha gente reniega sin lograr, lamentablemente, su eliminación definitiva.


Ojalá las y los diputados que tomen posesión de sus curules este jueves 1 de mayo, tengan esa oportunidad para comenzar a impulsar el tan anhelado saneamiento del sistema de justicia nacional y, ¡ojalá!, la sepan aprovechar. El IDHUCA estaría entre los primeros en aplaudir su participación decisiva en semejante hecho histórico, que tanto necesita el país para dejar atrás un pasado vergonzoso y avanzar con esperanza hacia la verdadera democracia.


Porque estamos cansados de contemplar a los “supremos” magistrados ocupando, de manera recurrente, las primeras planas de la crítica y la polémica; porque estamos hartos de encontrar en los principales medios de comunicación los destapes crónicos de la corrupción judicial; porque estamos aburridos de repasar en los informes anuales de otras instituciones y otros países las condenas a El Salvador por su insolvencia en esta materia; y porque, sobre todo, acompañamos a miles de víctimas de la impunidad con las que nos hemos comprometido a exigir la superación de ese gran mal que las afecta y que daña a toda la sociedad, tanto en su convivencia actual como en su proyección futura.


Entre las personas que desde este jueves 1º de mayo integrarán el llamado “primer Poder del Estado”, hay algunas que cargan sobre sus espaldas una mayor responsabilidad que otras, pues por sus palabras y obras anteriores aún le despiertan esperanza a ciertos sectores de la población. Tendrán su prueba de fuego inicial, sin lugar a dudas, cuando se discuta la elección de esa tercera parte de la Corte Suprema de Justicia. Y es que en cualquier lugar del mundo, este tipo de coyunturas siempre genera debates que al final —por muy acalorados que sean— se resuelven aceptablemente cuando para ello se respetan dos aspectos fundamentales: el funcionamiento normal de la institucionalidad y el bien común; pero en países como el nuestro —que aparentan estar bien en lo formal, pero cuya esencia es distinta— las cosas se complican bastante.


La elemental separación de poderes que todo Estado de Derecho debe mantener, no tiene cabida en este “terruño” al momento de imponer el “modelo” económico a cualquier precio. Entre los costos más altos pagados se encuentra, precisamente, la supeditación de la justicia a esos poderosos intereses particulares y egoístas. Mario Solano, uno de los magistrados que saldrá dentro de poco de la Corte, confirmó eso en la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre el amparo formulado por el despido masivo de empleados públicos; su voto disidente, entre otras cosas, decía lo siguiente: “…ante resoluciones judiciales, sustentadas en disposiciones legales y con las garantías del debido proceso, la actitud de la Sala es favorable a la admisión del amparo; en cambio tratándose de decisiones administrativas, fundadas en decisiones de poder (…) su actitud favorece la improcedencia”.


Tras las elecciones del domingo 16 de marzo del 2003, Francisco Flores dijo que había “escuchado el mensaje del pueblo” y ofreció adoptar ciertas medidas que –desde distintos sectores– han sido calificadas como simples promesas populistas, motivadas por la preocupación “arenera” ante los comicios del 2004; poco tiempo tardó para quitarse la máscara, al hacer declaraciones como las siguientes: “Nuestro proyecto ha demostrado tener capacidad para leer la realidad y mucha habilidad, aquí y en el exterior… Nuestra gestión ha sido más social que la de cualquier gobierno del pasado”.


¿Qué indica lo anterior? Que más allá de los golpes de pecho coyunturales, en el fondo no piensan cambiar. El Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el gran capital se están preparando para profundizar la imposición de su proyecto económico en condiciones de rechazo creciente, distintas a las que les facilitaron las cosas tras el fin de la guerra. Corregirán, quizás, algunos errores en lo político y lo harán pensando en su beneficio; pero no será fácil que permitan una irrupción mayor de nuevos pensamientos y mejores actitudes en la Corte Suprema porque así se atacaría la impunidad, uno de sus principales soportes.


No será fácil, pero tampoco es imposible. Debemos continuar trabajando sin descanso por lograr que en El Salvador se aplique la justicia sin distinción, mediante el buen funcionamiento de las instituciones y teniendo como prioridad el bien común. De no ser así, las víctimas a todo nivel terminarán despreciando a la judicatura y apreciando otros medios para resolver sus conflictos. Quienes dentro de la próxima Asamblea Legislativa estén comprometidos con lo anterior, tienen ante sí un gran reto que deben asumir con dignidad y responsabilidad.

Boletín de prensa
Ante las recientes declaraciones de la Fiscalía General de la República sobre la reactivación de las investigaciones en el caso de la violación y el asesinato de la niña Katya Natalia Miranda Jiménez, hechos ocurridos el 4 de abril de 1999, el IDHUCA manifiesta lo siguiente:


1. Que es de sobra conocido que el día del crimen, la víctima se encontraba en un terreno de la Playa “Costa del Sol”, Zacatecoluca; estaba rodeada únicamente de su familia paterna que incluía abuelos, tíos y tías, los mozos de su abuelo y su padre, el capitán Edwin Miranda.


2. Que dadas las condiciones de tiempo y lugar, así como el número de personas presentes y las calidades de los familiares paternos de la niña Katya Natalia –que incluían otros militares y un alto jefe policial– no parece posible que personas extrañas a ese grupo se hayan introducido al terreno y raptado a la niña; tampoco es aceptable que la hayan violado y asesinado tan cerca de los miembros de la familia Miranda y los dos empleados, sin que nadie se diera cuenta.


3. Que existe el temor fundado de que las investigaciones anunciadas por la Fiscalía General NO SEAN REALIZADAS DE MANERA SERIA Y PROFESIONAL, pues se tiene información que en esferas policiales se ha pretendido involucrar como autor del crimen a Rafael Antonio Cuenca (alias “Palo”), avalando así la absurda hipótesis de que el crimen fue cometido por personas ajenas a la familia Miranda. Eso –como ya se señaló– es absolutamente inaceptable, contrario al más elemental sentido común y tendiente a involucrar a personas inocentes en este brutal asesinato, quién sabe con qué fines.


4. Que la única persona que fue procesada por los delitos de Violación Agravada y Homicidio Agravado en perjuicio de Katya Natalia fue su abuelo paterno, el abogado Carlos Miranda; por eso, éste es el único que ya no puede ser procesado por tales delitos. Los demás involucrados en la primera ocasión (padre y mozos) fueron procesados por otros delitos.


En virtud de lo anterior, el IDHUCA acudió este día a la Fiscalía General de la República para exigirle a su titular que por los indicios que se poseen, investigue exhaustivamente como autores o coautores de Violación Agravada, Homicidio Agravado, Fraude Procesal y/o Encubrimiento a las siguientes personas:


EDWIN ANTONIO MIRANDA MÉNDEZ, GODOFREDO ADALBERTO MIRANDA MARTÍNEZ, JORGE ALBERTO MIRANDA MARTÍNEZ, LUIS ALONSO LÓPEZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO RAMOS ROSALES, TITO LIVIO RECINOS ESCOBAR, ROSA NATALIA MÉNDEZ DE MIRANDA, ILIAN YANIRA MIRANDA SANTOS DE RECINOS, IRIS REBECA GARCÍA Y DORIS ELIZABETH RÍOS DE MIRANDA.


San Salvador, 30 de abril de 2003.

G

 


 


Envíenos sus comentarios y sugerencias
Mayor información:
Tel: +503-210-6600 ext. 407, Fax: +503-210-6655

 

Suscripción anual

Correo electónico  
El Salvador
    personal
    correo
Centro América y Panamá
Norte y Sur América
Europa
Otras regiones
$50.00  

¢75.00
 ¢120.00
$35.00
$60.00
$75.00
$80.00

Las suscripciones pueden hacerse en El Salvador, en la Oficina de Distribución de la UCA, o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad Centroamericana y dirigirse al Centro de Distribución UCA. Apdo. Postal (01) 575, San Salvador, El Salvador, C.A.