Los desafíos de los partidos después del 16 de marzo

¿Un proyecto municipal de izquierda?

Con el triunfo de Carlos Rivas Zamora en las elecciones municipales del pasado 16 de marzo, es la tercera vez consecutiva que el FMLN gobernará la Alcaldía de San Salvador. No hace falta retomar en estos momentos las consideraciones acerca del impacto que ha supuesto cada una de estas derrotas en la mente de los dirigentes y simpatizantes areneros. No queda duda del lancinante sentimiento que provoca la posibilidad de que el FMLN les arrebate, en el futuro, las manijas del poder Ejecutivo. Con todo, sin embargo, queda en pie la duda de cómo calificar el proyecto municipal del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. ¿Se trata de un proyecto revolucionario de izquierda? O, más bien, en sus dos períodos, ¿el FMLN sólo ha gobernado con cierta decencia y sentido común los destinos de San Salvador? La pertinencia de esta pregunta responde al hecho de las reiteradas declaraciones de los dirigentes del FMLN acerca de su voluntad de implementar un proyecto socialista en El Salvador. Entonces, es necesario preguntarse si existen rasgos de tal proyecto en los gobiernos locales que administra este partido.

Astucia política y racionalidad económica (I)

Durante estos días, los medios informativos han centrado su atención tanto en las diversas medidas económicas que el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa están implementando. El primero, con unas medidas con las que pretende “aliviar la economía familiar”, busca disminuir los altos precios del servicio eléctrico, aumentar las pensiones y conceder créditos para impulsar la actividad del sector cafetalero, entre otras cosas. Desde el ámbito legislativo también se está impulsando otro grupo de medidas económicas no menos relevantes. Concretamente, varios partidos políticos buscan la reinstalación de los médicos en sus puestos de trabajo, así como la entrega de los salarios que éstos dejaron de percibir durante 7 meses, la eliminación del pago de esquelas emitidas desde 1996 hasta el 12 de marzo del presente año y una modificación en la Ley de Renta pasando de un techo de utilidades no gravadas de 75 mil a 100 mil colones.

Vacaciones violentas

El Salvador encabeza, nuevamente, las estadísticas regionales sobre fallecidos en las pasadas vacaciones de Semana Santa. Con 136 muertes en su haber —78 de ellas a causa de la violencia social—, los salvadoreños aparecen como los centroamericanos más violentos en ese período. Sólo Nicaragua, con 85 fallecidos por diferentes causas, se acerca a las estadísticas salvadoreñas. De acuerdo a la prensa nacional, el resto de países disminuye en su cuota: Guatemala, 76 decesos; Costa Rica, 45; Honduras, 30; y Panamá, solamente 3 fallecidos. La pregunta, es ineludible: ¿qué es lo que origina que en El Salvador se registren, año tras año, más muertes que en el resto de los países del Istmo? El director del Comité de Emergencia Nacional (COEN), Mauricio Ferrer, ofrece una respuesta: tal repunte se debe a que el sistema de emergencias salvadoreño es “más activo y organizado”. No obstante, las causas parecen ir más allá.

Urbanización sin rumbo

Las relaciones entre la urbanización y los problemas ambientales han sido tradicionalmente tensas en los países centroamericanos. Un lujoso complejo comercial y habitacional inaugurado recientemente en donde antes estuvo la principal reserva natural del llamado Gran San Salvador es uno de los símbolos más recientes de esa relación conflictiva. ¿Ha seguido la urbanización en el Istmo una lógica, o su crecimiento se ha dado merced a la improvisación? ¿Qué tanto éxito han tenido las normativas para regular la expansión de las ciudades? Esas son algunas de las preguntas que surgen al observar una fuerte tendencia a la “urbanización” de las sociedades centroamericanas, concomitante al retroceso de lo rural.

Desaparecidos en El Salvador (II)

Además de la desaparición forzada de Paty Cuéllar, ahora comentamos el caso de Carlota Ramírez; ambos son sólo muestras del amplio “catálogo” de este tipo de violaciones graves a los derechos humanos ocurridas durante la larga noche de violencia política y bélica por la que atravesó El Salvador, sobre todo entre 1975 y 1992. En la edición anterior comentamos el caso de una ferviente activista en la lucha por la defensa de los derechos humanos; hoy queremos relatar el terrible drama de una familia campesina salvadoreña, humilde y solidaria, comprometida con el mensaje de Cristo. Hechos como el que compartimos en esta ocasión —cinco personas de una misma familia desaparecidas— fueron prácticas extendidas por todo el país, como parte de una política de Estado tendiente a destruir el movimiento de oposición armada y democrática. Muchos de esos actos fueron ocultados por los propios familiares de las víctimas, que aun hoy sienten miedo hasta de hablar sobre los mismos.

Este tipo de acciones —que a once años del fin de la guerra, permanecen en la impunidad— fueron posibles por la participación activa de agentes estatales en la organización y funcionamiento de los llamados “escuadrones de la muerte”, la tolerancia de los mismos por parte de sectores gubernamentales, por el entrenamiento que les dieron a sus miembros diversos asesores extranjeros y por el “generoso” apoyo económico que le brindaron poderosos personajes salvadoreños. Esos “escuadrones de la muerte” —que eufemística y muy tímidamente fueron bautizados, después de la guerra, como “grupos armados ilegales con motivación política”— actuaron a su antojo asesinando, torturando y despareciendo personas.

Su modo de operar seguía, en la mayoría de las veces, un patrón preconcebido que es el que pretendemos revelar con las denuncias presentadas en la Fiscalía General de la República: hombres fuertemente armados, vestidos de civil, sin identificación alguna, con sus rostros cubiertos no para evitar ser reconocidos —pues gozaban de total impunidad— sino para atemorizar a sus víctimas. En ocasiones, también señalaban públicamente a la víctima; se le anunciaba que “le habían puesto el dedo”, dándole como única posibilidad la urgente huida. En caso de no poder hacerlo, por falta de medios o contactos, la víctima —ya condenada— se enfrentaba a los cateos e interrogatorios amenazantes, así como a otro tipo de hostigamientos y al seguimiento constante. El suplicio de este proceso culminaba el día en que, finalmente, llegaban en grupo a su casa para llevársela o para matarla en el lugar. Como se demuestra en los casos de Paty Cuéllar y Carlota Ramírez, no eran actos aislados y fortuitos; eran hechos planificados que se ejecutaban sistemáticamente con el objeto de eliminar de raíz a adversarios políticos reales o posibles.

A continuación, más allá del forzado olvido oficial, que se le ha querido imponer a las víctimas, se ofrece el relato doloroso y vigente de Carlota.

En marzo de mil novecientos ochenta y dos, se presentaron a nuestra casa un grupo de aproximadamente diez hombres, vestidos de la misma forma e igual de armados que los que se presentaron el año anterior, pero acompañados esta vez de dos personas con el rostro cubierto con gorros de los que sólo se les ven los ojos. Preguntaron por mi hermano Rufino Ramírez, a quien negué otra vez. Nos sacaron de la casa, junto con mi hija Carla Deysi Ramírez, nos maltrataron, insultaron y nos amenazaron de muerte. En ese momento llegó mi papá Natividad de Jesús Ramírez, a quien encañonaron, y nos dijeron que para la próxima les tuviéramos listo a mi hermano. A los tres días llegó una camionada de soldados armados y con uniforme camuflajeado al mando de un señor gordo, moreno. Eran alrededor de las ocho de la mañana, los soldados se pusieron a registrar el terreno, encontrando un rancho donde dormíamos por la noche, el cual incendiaron. Por lo anterior, decidimos huir del lugar e irnos para la casa de mi hermano Alejandro Ramírez Hernández, donde nos quedamos a pasar la noche.

En horas de la madrugada del día diez de mayo de mil novecientos ochenta y dos, en la casa de habitación propiedad de mi hermano Alejandro Ramírez, ubicada en Cantón San Jerónimo, nos encontrábamos Herculana Hernández de Ramírez, quien era mi madre; mis hermanos Salvador, Alejandro, Francisco, todos de apellido Ramírez; Virginia Contreras, esposa de Alejandro, sus hijos Eliseo Ramírez Contreras, Joaquín Santana, Lorenzo, María Rosa, Concepción, Alejandro y Luis Alonso, todos de apellido Ramírez, de 14, 13, 10, 15, 7, 12 y 3 años de edad, respectivamente; mi persona y mi hija Karla Besy Ramírez. Nos habíamos quedado durmiendo fuera de la casa, pero debido a que llovía fuerte nos vimos obligados a entrar a la casa, cuando a los cinco minutos de esto tocaron a la puerta y mi hermano Alejandro abrió, entrando un grupo de soldados comandados por un sargento, a quien identificó por su voz y quien ordenó capturar a Alejandro, ante lo que éste preguntó el motivo de su detención y el sargento contestó porque se había robado una grabadora, habiéndose negado mi hermano; no obstante, el sargento le ordenó se vistiera porque lo iban a llevar.

Los soldados registraron la casa pero no encontraron el cuarto donde estábamos escondidos, llevándose a Alejandro, a quien intentaron ejecutar pocos metros después de haber salido de la casa, lo cual no pudo ser gracias a que mi hermano logró escapar en medio de los disparos que le propiciaron. Luego se escuchó una descarga de ametralladoras en la dirección de la casa de mi padre Natividad de Jesús Ramírez, ubicada en Cantón El Progreso, de Nueva San Salvador. Por lo que, una vez amaneció, me dirigí hacia la casa de habitación de mi padre. En el camino hacia la casa de mi papá encontré algunas velas, imaginándome que algo malo había sucedido; llegué a la casa y me encontré con los cadáveres de mis hermanos Rufino y Teresa.

Al llegar a la casa encontré a mi hermana Marta Elba Ramírez, quien nos contó que como a la media noche llegaron individuos vestidos de deportistas armados con fusiles G-3 y con pañoletas en la frente y llamaron a su hermano Rufino, quien se levantó, se hincó e hizo sus oraciones; luego lo capturaron, pero en el camino lo mataron porque se quiso escapar, ante lo cual mi hermana Teresa les reclamó a los sujetos armados y éstos la mataron. Luego procedieron a detener a mi padre Natividad de Jesús Ramírez, a Guadalupe Robles, José Elías Ramírez Cuchilla y Jorge Adalberto Ramírez Cuchilla. Por si esto no fuera bastante, el ocho de agosto de mil novecientos ochenta y dos, mi hermano Salvador Ramírez se encontraba en un lugar denominado “El Cenicero”, en el Cantón Las Granadillas, de Nueva San Salvador, donde fue capturado por sujetos vestidos de civil, que se conducían en un camión del ejército y llevado hacia el lugar conocido por “la Periquera”, ubicado también en Las Granadillas, desconociendo su paradero.

Cuba da pena
Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac secuestraron en la isla, el pasado 2 de abril del año en curso, un transbordador con varias decenas de pasajeros e intentaron dirigirse a territorio de los Estados Unidos de América. Este acto delictivo acabó sin que se hubiera producido derramamiento de sangre, tras un pulso de varios días entre las fuerzas de seguridad cubanas y los secuestradores.

Los tres hombres fueron ejecutados días después, el 11 de abril, luego de la detención masiva y el juicio sumario de —al menos 75— disidentes cubanos que en su mayoría han sido condenados a penas increíblemente largas de prisión. Las ejecuciones tuvieron lugar luego de haber sometido a los imputados a un juicio sumarísimo, dentro del cual se tramitaron —de forma superficial e inadecuada— sus apelaciones ante la Corte Suprema y el Consejo de Estado.

Esta medida fatal —la de la aplicación de la pena de muerte— es condenable ocurra donde ocurra: en Cuba, en Guatemala, en los Estados Unidos de América o en cualquier otro sitio. Por eso, el IDHUCA se suma hoy a la fuerte y contundente censura contra el régimen cubano que han realizado personas e instituciones con la suficiente solvencia moral para ello como José Saramago, Carlos Fuentes, Eduardo Galeano y Amnistía Internacional.

Son éstas voces las que, desde su dignidad, rechazan también las hipócritas críticas de quienes recientemente —en Afganistán y en Irak— ejecutaron miles de personas inocentes con sus armas de destrucción masiva, porque ni George W. Bush ni sus lugartenientes y sus “aliados” o “amigos”, que lo han apoyado en sus dos aventuras genocidas contra aquellos pueblos, tienen autoridad alguna para hablar siquiera sobre los fusilamientos en Cuba que ahora condenamos con firmeza.