Señales de agotamiento

Un Dios a la medida

En los debates en torno a la guerra que el presidente de la nación más poderosa del mundo está por lanzar en contra de Irak, hay un término bastante recurrente: el nombre de Dios. George W. Bush está seguro de que Dios le asiste en su misión de defender la democracia, la seguridad del pueblo estadounidense, y de llevar la libertad a los “incivilizados” iraquíes. Todo sería parte de un designio divino que eligió al pueblo estadounidense como instrumentos para traer tranquilidad y justicia al mundo. Por su parte, los líderes de la Casa Blanca, en virtud de ese presunto mandato divino, se creen los llamados a salvar al mundo.

La reconversión productiva del agro salvadoreño

Es más que conocida la difícil coyuntura por la que está atravesando actualmente el sector agrícola salvadoreño, que experimenta una de las más fuertes crisis de su historia. El subsector cafetalero es el que ha resultado más afectado por la crisis del sector. Para los productores de café, el gobierno ha mostrado cierta indiferencia a las diversas peticiones que han realizado con miras a reactivar el parque cafetero nacional. A escala mundial, se ha dado un incremento en la oferta de café. Ello ha llevado a que se genere una considerable baja de precios en el ámbito internacional, dejando en una mala situación a países que tradicionalmente se han caracterizado por el cultivo del otrora llamado “grano de oro”.

Inseguridad alimentaria y crisis de la caficultura

El partido político en el poder, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), caracterizado por su ideología de derecha y de corte neoliberal, ha generado una deliberada mala praxis en las políticas económicas sectoriales en torno al sector agropecuario, lo cual lo hace responsable directo de la inseguridad alimentaria y la precariedad de las condiciones de vida que abaten a la población rural, afectada particularmente por la crisis del café.

La tragedia social del café

El impacto económico y social de la crisis del café en El Salvador todavía no ha sido asumido como problema nacional. Y ello a pesar de las preocupantes carencias sociales —con muertos incluidos— que actualmente padecen los habitantes de las otrora pujantes fincas y haciendas cafetaleras. En el presente año, luego de que el denominado Foro del Café —que aglutina a productores independientes, cooperativistas y organismos como FUNDE—retomara el análisis de la crisis, se ha puesto en evidencia que las frías estadísticas económicas manejadas desde hace un par de años se traducen en un drama social: destrucción del empleo rural, reducción de los ingresos de las familias, inseguridad alimentaria en las zonas cafetaleras, migraciones hacia las zonas urbanas y Estados Unidos y, en menor grado, brotes de violencia surgidos de la desesperación y la pobreza. No obstante, el último encuentro del citado Foro fue suficiente para darse cuenta de algunas cuestiones negativas que no pueden pasar desapercibidas en la coyuntura actual.

Las disputas comerciales empañan la integración centroamericana

La semana pasada se generó una tensión que puso en aprietos la agenda de integración centroamericana. El gobierno nicaragüense insistía en seguir cobrando un arancel del 35% a los productos hondureños, medida que puso en vigor hace tres años, como represalia a diferendos limítrofes entre ambas naciones. La tensión fue superada gracias a una decisión del presidente Bolaños, que dejó sin efecto la media. No obstante, esto ilustra los peligros que acechan al proyecto de hacer de Centroamérica un área de libre comercio integrada con los Estados Unidos.

La hora de la justicia

Queremos dedicar este comentario a la memoria de Andrey Ernesto Vega Zárate, compañero de nuestra Vicerrectoría de Proyección Social que trabajaba en el área de audiovisuales. Falleció el pasado martes, cuando se encontraba realizando un reportaje en Chalatenango sobre la masacre del río Sumpul. Andrey —como todos lo conocíamos— asumió de lleno el compromiso con los derechos humanos y lo concretó hasta las últimas consecuencias en su quehacer cotidiano. Tal fue su empeño que, incluso, se había fijado como reto personal la realización de un documental que recogiera algunos de los esfuerzos paradigmáticos de lucha contra la impunidad en El Salvador, después del fin de la guerra. Se interesó, sobre todo, en los casos de la pequeña Katya Natalia Miranda Jiménez, de Ramón Mauricio García Prieto y también en el de los hermanos Carías, quienes fueron asesinados en noviembre del 2000. De hecho, ya había comenzado a recolectar información contactando con Hilda María Jiménez, mamá de Katya Natalia, y estaba a punto de reunirse con Gloria de García Prieto.

Fruto de su esfuerzo y el de todos sus compañeros en Audiovisuales de la UCA, fue el merecido premio recibido hace poco en el V Festival Audiovisual Ícaro, en Guatemala. En ese certamen se presentó a concursar un vídeo sobre la muerte del cadete Eric Mauricio Peña Carmona, otro caso en el que los padres de la víctima batallaron y continúan bregando contra enormes obstáculos para obtener justicia. Andrey fue el guionista de ese testimonio fílmico. Vaya, pues —por este medio—, nuestro sincero reconocimiento a quien supo identificarse con el dolor de las víctimas de ayer y hoy en El Salvador, para servirles con sus conocimientos y experiencia profesional haciendo suya la causa contra la impunidad.

Un día antes de ese fatal suceso, se dio un paso muy importante en la tramitación judicial del caso de la masacre en nuestra Universidad, ocurrida el 16 de noviembre de 1989. En efecto, el lunes 10 de marzo del año en curso, el IDHUCA entregó su alegato final en el Juicio de Amparo que inició hasta que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió el Recurso en tal sentido, diez meses después de su presentación en noviembre del 2001. Con ese Amparo se busca que la Sala de la Constitucional establezca la violación de los derechos constitucionales de quienes ahora reclaman justicia —transcurridos ya trece años desde los hechos— al no haberse iniciado aún el proceso penal contra los autores intelectuales de los mismos. La solicitud de los familiares de las víctimas ejecutadas y de la UCA es bien sencilla: sólo que se juzgue a quienes ordenaron la muerte de los religiosos y sus dos colaboradoras, así como a los que los encubrieron.

¿Es tan difícil realizar eso? ¿No es esa la labor elemental de todo tribunal: impartir justicia? Tal vez ese retraso, inaceptable para nosotros y para cualquiera que mantenga viva su capacidad de indignación dentro y fuera de El Salvador, sea fruto del estremecimiento que le produjo a los magistrados el tener en sus manos, por primera vez, un Recurso de Amparo en el que sin temor se señala a serviles funcionarios que sólo intentan proteger a ciertos personajes de enorme poder en el país, como lo son tanto el ex Presidente de la República, Alfredo Félix Cristiani Burkard y quienes condujeron la cúpula militar durante la mayor parte de la guerra: René Emilio Ponce, Rafael Humberto Larios, Juan Orlando Zepeda, Inocente Montano, Juan Rafael Bustillo y Francisco Elena Fuentes.

El alegato final que se ha presentado es un escrito decisivo, en el que se concentran los principales argumentos a ser consideradas por la Corte Suprema de Justicia. El objetivo es demostrar que la negativa de las autoridades para investigar y procesar a los imputados ya señalados, viola los derechos que nuestra Constitución otorga a las víctimas. La lista de los responsables de obstruir la acción de la justicia, quienes han ido construyendo un muro de impunidad en torno al caso, incluye a todas las instancias judiciales del país. Por extraño o sorprendente que parezca, ha sido suficiente sólo un caso para echar por tierra los tan afamados avances en la investigación del delito y la pretendida independencia judicial.

Entre los “arquitectos”, “maestros de obra” y “peones” que han consolidado ese vergonzante paredón destaca el Fiscal General de la República, Belisario Artiga; además, lo acompañan en esa infamante edificación la Jueza Tercera de Paz de San Salvador, la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador y la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. En su conjunto, esos funcionarios han impedido deliberadamente y contra la ley el juzgamiento de aquellos criminales de guerra.

A estas alturas, las cosas están claras: en el juicio de amparo se han establecido, sin lugar a dudas, las graves arbitrariedades cometidas por las autoridades que han conocido el caso. Las presiones a las que éstas se han visto sometidas por el poder real del país llegaron a tales extremos que Artiga y compañía ni siquiera presentaron pruebas de descargo. La UCA, en cambio, ha entregado la grabación de audio de la audiencia inicial —en la que se sobreseyó definitivamente a los imputados— junto a, por lo menos, diez documentos que suman más de 600 páginas de pruebas y comprometen al Fiscal General, a sus representantes, a la jueza mencionada y a los magistrados que se han opuesto a la realización de la justicia. Con todo lo anterior, ahora la pelota se encuentra en la cancha de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. Sus miembros deberán emitir, dentro de poco tiempo, el fallo final sobre el caso.

Y todo eso ocurre, precisamente, cuando se cumple el décimo aniversario de la publicación del Informe de la Comisión de la Verdad. Las investigaciones que ésta realizó fueron decisivas para determinar la autoría intelectual en el caso “Jesuitas”. Cinco días después de esa presentación, el 20 de marzo de 1993, los hechos más graves ocurridos durante el conflicto civil fueron cubiertos con el manto de la impunidad cuando otros cómplices de los criminales en este y otros innumerables casos aprobaron —en la Asamblea Legislativa— una aberrante Ley de Amnistía que socavó el llamado “proceso salvadoreño”. Los defensores de esa infamia la presentan como “la piedra angular de la paz”; entre éstos —que sacrificaron la justicia para decenas de miles de víctimas, en aras de esta “paz” que sólo alcanza para un grupo privilegiado— se encuentra el actual presidente de la República.

La realidad diaria nos enseña que nada de lo que ocurre en este país es fruto del azar. La casualidad en El Salvador no existe. Por eso, para mantener el “modelo” económico impuesto por el poder real —el que está de hecho sobre el de Derecho— se ha hecho necesario volver a desnaturalizar las instituciones fundamentales del Estado. Por eso, ahora estamos como estamos.

Si por algo destaca nuestro país es por la facilidad que tiene para generar víctimas de la muerte lenta y la muerte violenta; pero, además, por encubrir a los responsables de todo eso. Lo que en este caso se reclama —como en los demás— es verdad y justicia. Las mismas interrogantes —quiénes, cómo, cuándo y por qué— son lanzadas sobre el muro de la impunidad que prevalece en El Salvador. El caso “Jesuitas” se enfrenta a un poder que no admite controles ni límites. Por ello, aunque muchos gusten de afirmar públicamente lo contrario, no estamos disfrutando de la paz que nos prometieron. Sin embargo, estamos ante la oportunidad histórica de corregir el rumbo actual para construir un verdadero Estado de Derecho, en el que de una vez por todas el Órgano Judicial se encuentra libre de las ataduras que ahora lo someten.

¿Podrán con el encargo los magistrados de la Sala de lo Constitucional? ¿O se inventarán un nuevo pretexto para impedir el imperio de la ley? Procesar a personajes “intocables” y “omnipotentes” no es costumbre y por eso se asustan los juzgadores nacionales; pero actuar rectamente y conforme a Derecho, es lo que éstos prometieron cuando asumieron sus cargos. Ahora pueden demostrar que están cumpliendo con su deber. Deben saber que la población les aplaudirá cuando procedan según manda la Constitución y resuelvan procesar penalmente a quienes ordenaron matar a Ignacio Ellacuría “sin dejar testigos”. Pero también deben saber que si continúan desprotegiendo a quien sufre por la violación de sus derechos más elementales, el pueblo también sabrá —con nombre y apellido— quiénes son los causantes de tanta vergüenza judicial. Porque siempre habrá un Andrey Ernesto Vega Zárate, gente valiente y valiosa, que se encargará de acompañar a las víctimas en la recuperación de su dignidad atropellada.

Estructura del producto agropecuario

Cambios en la estructura del producto agropecuario, 1970-2000

(En porcentajes)

Subsectores                       1970               1978                1990        1995             2000       

Café Oro                                27,2                24,2                 23,4         26,6              19,6       

Algodón                                15,6                16,6                   1,9           1,3                0,1       

Granos Básicos                    13,9                13,8                 19,8         19,5              18,4       

Caña de Azúcar                      2,0                  3,3                   3,1           3,6                5,8       

Ganadería                              12,6                15,0                 17,5         17,1              17,4       

Avicultura                               3,8                  5,7                   9,4           8,9              12,8       

Silvicultura                              4,9                  4,9                   6,4           6,0                5,6       

Caza y Pesca                           4,0                  2,5                   3,7           2,9                2,8       

Otros                                      16,2                14,0                 14,9         14,1              17,6       

Total                                     100,0              100,0               100,0       100,0            100,0       

          Fuente: PRISMA, Cambio económico, empleo y pobreza rural en El Salvador.         

Destino sectorial del crédito otorgado por sectores, 1978-2000

(En porcentajes)

Sector                                      1978                 1990                1996               2000               

Agropecuario                             27,0                  14,0                 12,0                  7,0               

Manufactura                              16,0                  17,0                 21,0                23,0               

Construcción                             13,0                    2,0                   9,0                15,0               

Comercio                                    35,0                  56,0                 41,0                31,0               

Servicios                                      2,0                    1,0                   5,0                  9,0               

Otros                                            6,0                  10,0                   7,0                  9,0               

Préstamos personales              n.d.                  n.d.                   6,0                  7,0               

Total                                       100,0                100,0               100,0              100,0               

Fuente: PRISMA, Cambio económico, empleo y pobreza rural en El Salvador.   

n.d. No disponible.