PROCESO — INFORMATIVO SEMANAL EL SALVADOR, C.A.

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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

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Año 23
número 1033
enero 22, 2003
ISSN 0259-9864
 
 
 
 

ÍNDICE



Editorial: Elecciones y problemática nacional

Política: Campañas electorales, debates y medios de comunicación

Economía: Las fisuras estructurales de la economía salvadoreña

Regional: El laberinto presupuestario nicaragüense

Derechos Humanos: Caín y Abel

Documento: La situación en Centroamérica. Informe del Secretario General (I)

 
 
Editorial


Elecciones y problemática nacional

 

Obtener buenos resultados en las elecciones de marzo próximo es, en el momento actual, el principal objetivo de los partidos políticos salvadoreños y sus líderes. De lo que se trata, de aquí a marzo, es de convencer a los ciudadanos de que cada oferta política y cada candidato son lo mejor en su género, por lo cual cualquier intento de comparación entre candidatos y partidos carece de sentido. Es esta la idea que se halla detrás del abierto rechazo por parte de algunas cúpulas partidarias al debate y a la confrontación de proyectos entre los candidatos: no hay nada que debatir cuando se tiene la convicción de ser, en términos políticos, la única opción electoral viable para los salvadoreños y salvadoreñas. Esta autosuficiencia —que no deja de estar teñida de un cierto color autoritario— se traduce, no sólo en un desprecio hacia los adversarios políticos, sino en un desprecio a la inteligencia de los ciudadanos, a los que se cree poco merecedores de ver expuestas, como propuestas equivalentes, las distintas ofertas partidarias. En la lógica cuasi autoritaria que impera en algunos círculos políticos nacionales —y que no necesariamente se reducen a los ambientes oficiales—, los salvadoreños y salvadoreñas deben aceptar que sólo un partido —con los candidatos que éste promueve— es el que merece todo su respaldo y que los demás, sin necesidad de una mayor discusión o mayores pruebas, deben ser descartados como opciones viables.


Entonces, en El Salvador se ha incubado una lógica política perversa que hace que, en épocas electorales, determinados candidatos y partidos se nieguen rotundamente a debatir sus propuestas y proyectos entre sí y ante los ciudadanos, de modo que estos últimos puedan discernir, con elementos de juicio más amplios, quién o quiénes son merecedores de su confianza. Adicionalmente, esa lógica tiene unas consecuencias nefastas para la calidad de la política: ni los partidos, ni los candidatos se sienten obligados a afinar los contenidos de sus propuestas —ni siquiera a elaborar propuestas propiamente dichas—, sabedores de que no habrá espacio para que los ciudadanos examinen a fondo sus ofrecimientos, y sabedores también de que con algo de música, color y mensajes retóricos basta y sobra para atraer los votos necesarios para sobrevivir o para consolidar la trayectoria electoral previa.


Sin la presión de tener que fundamentar unas ofertas que, de ser debatidas, serían sometidas al escrutinio ciudadano, partidos y candidatos dicen las cosas más superficiales y, cuando logran una cuota de poder, hacen lo opuesto a lo que a medias ofrecieron cuando estaban en campaña. Precisamente, lo más llamativo en lo que va de la campaña electoral es la superficialidad de lo ofrecido por la mayor parte de candidatos para atraer electores a su favor. Así, se hace patente un peligroso divorcio entre la propaganda electoral y los graves problemas socioeconómicos que actualmente tiene el país y que marcarán sus tendencias en el mediano y largo plazo.


Desde la firma de la paz, comenzó a generarse un preocupante desfase entre la dinámica del sistema político y la dinámica de la sociedad: mientras que el primero ha tendido a centrarse sobre sí mismo, haciendo del control y del ejercicio del poder la principal virtud (o defecto) de sus actores, la segunda no sólo ha sido sacudida por los efectos de la privatización, los impuestos, el estancamiento en los salarios, el crimen organizado y la violencia social, sino que no ha encontrado los mecanismos institucionales idóneos para canalizar sus demandas. A la par de un deterioro creciente en sus condiciones de vida, en su seguridad y bienestar, la sociedad salvadoreña —concretamente sus sectores medios y populares— vive en una situación de frustración que se ve más agudizada en la medida en que sus demandas y necesidades no tienen una respuesta en las instituciones existentes. Esta frustración social, caldo de cultivo de la violencia cotidiana de todo tipo, de la que son víctimas y victimarios los salvadoreños de cualquier condición socioeconómica, aunque especialmente los sectores pobres, es una bomba de tiempo, presta a estallar en el momento menos previsto y con consecuencias incalculables para la misma sociedad.


Obviamente, los partidos y sus candidatos no tienen tiempo para hacerse problema con esa frustración social, a la cual ellos han contribuido con su incompetencia y sus abusos. Tampoco tienen tiempo para abordar asuntos tan graves y urgentes como el de la crisis de la salud, los incrementos a las tarifas de energía eléctrica, la corrupción o la inseguridad ciudadana. Es en torno a estos y otros temas que cabría esperar, si los políticos se tomaran más en serio su trabajo, planteamientos bien elaborados y diseñados, con líneas de acción claras, costos de implementación, resultados y tiempos de ejecución. Claro está, esto supone tanto un particular esfuerzo analítico como la toma de conciencia acerca de los ingentes problemas nacionales; sin embargo, ni una ni otra cosa parecen ser importantes para una clase política que ha puesto por encima de todo acceder al poder o conservar el poder que ya se tiene.


Es lamentable que quienes conducen los destinos del país sean los que menos conocen sus problemas más graves; lo es también —y, quizás, en mayor medida— que no asuman con responsabilidad las tareas que les corresponden. El escaso conocimiento de los problemas nacionales y la irresponsabilidad son las características más llamativas de casi todos los que hacen (o se dedican a) la política partidista en El Salvador. Ambos factores han contribuido a que el sistema político sea cada vez más ajeno a la sociedad. Los sectores más dinámicos de esta última —o, mejor aún, los más golpeados por la reforma económica impulsada por las tres administraciones de ARENA— no ven más salida que la ruptura con la legalidad vigente, lo cual ciertamente es peligroso en tanto que anuncia conflictos fuera de todo control.


Hoy por hoy, no es fácil, en El Salvador, lograr una articulación más o menos coherente entre política y sociedad, dados los déficits de la primera y la frustración de la segunda. Pero, si se quieren evitar estallidos sociales de envergadura, se tiene que hacer lo que sea necesario para que la política haga eco de las demandas e intereses de la sociedad. Para ello, la presión organizada de esta última —más que las ganas de los políticos para cambiar— será determinante para configurar un sistema político a la altura de los desafíos del país.

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Política


Campañas electorales, debates y medios de comunicación
 

Una campaña electoral es uno de los espacios —si no es el espacio por excelencia— de mayor diálogo colectivo que debería existir en la vida política. Debería ser un momento de gran interacción entre los ciudadanos y los políticos. Debería ser también el momento en que los gobernados evalúan a sus gobernantes y de discusión de los temas más trascendentales para la sociedad. En fin, de una contienda electoral se podría decir muchas otras cosas. Sin embargo, la preocupación primordial de quienes reflexionan sobre este momento cumbre en la vida democrática es evitar que se convierta tan sólo en un simple mecanismo de selección de elites o de sustitución de gobernantes. Por eso, muchos dan una decisiva importancia a la discusión seria y responsable sobre opciones, valoraciones políticas e intereses en juego durante este momento.

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Economía


Las fisuras estructurales de la economía salvadoreña

 

El panorama general de la actual coyuntura económica ostenta una doble cara. Por un lado, se impone, como eje central del accionar del aparato gubernamental, una oleada de gestiones encaminadas a multiplicar los espacios y concesiones positivas en torno al capital extranjero a partir de tratados de libre comercio. Esto revela una perfecta simbiosis con la ideología económica neoliberal de abrir nuevos espacios para la acumulación de plusvalía. Por otro, se visualiza la continuación del resquebrajamiento de la maquinaria productiva de la micro y pequeña empresa, el deterioro sistemático del sector agropecuario, un declive en el poder adquisitivo de la población de capas medias y pobres, así como una serie de factores externos que hacen más desfavorable el entorno económico necesario para el desarrollo sostenible del país.

G

 

Regional


El laberinto presupuestario nicaragüense

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) amenazó con no otorgar 1,200 millones de dólares a Nicaragua debido a que el presupuesto para el año 2003, aprobado por la mayoría de la Asamblea Nacional, va en contra de las condiciones impuestas por el organismo financiero a la nación centroamericana. Esto suscita la pregunta: ¿quién es, en última instancia, el que toma las decisiones en torno a este tema: los actores políticos internos o los organismos internacionales?

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Derechos Humanos


Caín y Abel

 

Durante los últimos diez años, mucho se ha escrito sobre el camino que —cada una por su lado— han seguido las dos instituciones consideradas por algunos como las “hijas predilectas de los acuerdos de paz”: la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Policía Nacional Civil (PNC). Pero muy poco se ha comentado sobre la estrecha relación de apoyo y colaboración que debería existir entre ambas, ni sobre lo que en realidad ha ocurrido. La creación de estas dos instituciones fundamentales para una transición real hacia la democracia, fue algo básico en la agenda de la negociación que puso fin a la guerra interna en El Salvador de los años ochenta, durante el siglo recién pasado. Dicho de otra forma: el parto de estas dos “hermanas” fue recibido con alegría por la población, sobre todo porque representaban —con su adecuado funcionamiento— una buena oportunidad para hacer de la sociedad salvadoreña una verdadera “familia”, entendida ésta como un conjunto de personas con aspiraciones compartidas. Pese a su novatez, la labor que se definió para ambas en sus respectivas “partidas de nacimiento” y que debió ser tutoreada por Naciones Unidas, no era cosa sencilla: velar por el respeto irrestricto de los derechos humanos.


La vida es un aprendizaje y las calle es la mejor escuela para ello. Eso es lo que debieron pensar tanto el organismo internacional como las partes firmantes de los acuerdos de paz; en un país como el nuestro después del 16 de enero de 1992 —es decir, en una etapa de posguerra— no hay mejor realidad que esa para formarse en la defensa, protección y promoción de los derechos humanos. Y he aquí que, dentro de tal escenario, las “hermanas” siguieron caminos distintos en su desarrollo. No hace falta decir que, como en casi todas las familias, también en este caso existió una hija bien portada y otra consentida. Así, frente a los avances y logros de la PDDH durante sus primeros años, la PNC siempre contó con la alcahuetería y el apoyo de sus progenitores pese a sus excesos y desvíos de la labor que debía cumplir.


Y así, año con año, la relación entre estas dos “hermanas” se ha ido haciendo cada vez más distante y deteriorada; eso ha ocurrido, pese a los intentos de acercamiento por parte de la PDDH hacia su excesivamente celosa “pariente”. Tanto se ha tensionado dicha relación que en la actualidad ya se encuentra en un límite intolerable e inaceptable, por el daño que le causa esa situación al pueblo que esperaba mucho de su actuar profesional y de una mutua cooperación. Como están las cosas, el escenario se asemeja al de la historia bíblica de Caín y Abel.


Precisamente cuando la PNC observó que la Procuraduría funcionaba intentando cumplir su mandato constitucional, comenzaron a surgir los problemas: reproches, ataques y castigos de la primera en contra de la segunda. Baste recordar que el mandato de la Procuradora Victoria Marina Velásquez de Avilés, entre 1995 y 1998, supuso el verdadero lanzamiento de la institución a su cargo y de buena parte de las personas que integraban su equipo de trabajo. Sin embargo, por obvias razones políticas, no se prorrogó su mandato y de esa forma se obstaculizó la continuidad de un esfuerzo competente y comprometido que hubiese permitido un significativo avance en la consolidación de una herramienta tan necesaria para la construcción —aún pendiente— del Estado de Derecho en El Salvador.


Fuera de lo que siempre consideramos un error —la decisión de participar en elecciones primarias de un partido político, tras su salida de la PDDH— a esta valiente y digna profesional no se le puede señalar otra cosa más que su entrega a la causa de la justicia y el respeto de los derechos humanos. Pero como en este nuestro país “patas arriba” —parafraseando a Galeano—, a quien trabaja mal se le premia y al que se esfuerza por hacerlo bien lo castigan, la funcionaria sólo estuvo tres años en el cargo. Es más, desde antes de finalizar su período, la Procuradora Velásquez de Avilés sabía que la Asamblea Legislativa no le renovaría el nombramiento. ¿Por qué no era aceptable para el poder real? Dos ejemplos son más que suficientes para responder.


En la resolución de esta funcionaria sobre el caso de Adriano Vilanova —un joven estudiante de Medicina ejecutado por un grupo de policías, en septiembre de 1995—, se estableció la existencia de estructuras paralelas que operaban clandestinamente dentro del Ministerio de Seguridad Pública; incluso se determinó la participación, al menos en las investigaciones sobre el crimen, de un “inspector” venezolano que no pertenecía a la PNC. En el Caso “García Prieto” —la ejecución de un joven por un “escuadrón de la muerte” salido del cuartel principal de la extinta Policía Nacional, en junio de 1994— la PDDH resolvió señalando, entre otras cosas, la violación de los siguientes derechos: a la vida, al debido proceso judicial, a la seguridad personal y al debido proceso administrativo; por tales atropellos, la institución determinó responsabilidad de “Grupos Armados Irregulares, cuyo actuar es del conocimiento y tolerancia del Estado”, de funcionarios judiciales y de la División de Investigación Criminal de la PNC, así como de la Subdelegación Antinarcóticos de la misma en el departamento de San Miguel.


Y entonces pasó lo que tenía que pasar. A la Procuradora Velásquez de Avilés la sustituyó una persona inepta para acceder al cargo e incapaz para desempeñarlo. Con ello, la PNC y sus padres o “padrinos” fueron complacidos. Tras año y medio de lucha constante impulsada desde la sociedad, con un buen apoyo de algunos sectores de la cooperación internacional y la cobertura de los medios, Eduardo Peñate Polanco abandonó el despacho. En otras ocasiones, han sido distintos los procedimientos dentro de esta inaceptable relación de las “hermanas”; pero siempre se ha buscado alcanzar el mismo objetivo: consentir a una y desprestigiar a la otra para neutralizar su actuar cuando se apega a lo establecido en la Constitución.


Destituido con mucho esfuerzo Peñate Polando, la táctica a emplear para semejante despropósito ya no podía ser la misma. Así, durante el mandato de la actual Procuradora, se volvió a utilizar un viejo mecanismo: el de la reducción a la mínima expresión del presupuesto asignado a la institución para mantenerla en “estado de coma” y de ser posible lograr su total “asfixia”. Pese a las reiteradas denuncias de su titular —Beatrice Alamanni de Carrillo— y del reconocimiento de la precaria situación económica en la que se encuentra la PDDH por parte de organismos internacionales de cooperación y de derechos humanos, el poder real en El Salvador no ceja en su perversa cruzada tendiente a sacarse esa “piedra en el zapato” a lo largo de su marcha por imponer —sin dificultad alguna— un modelo económico excluyente y generador de malestar social.


Los sectores enemigos de la institución, dentro y fuera de la administración pública, también están echando mano a otros viejos recursos para atacarla: la difamación y las amenazas. Sin embargo, haciendo frente a la escasez de recursos materiales, la PDDH ha resurgido gracias a la valiente actitud de su titular, a la integración de un eficaz grupo de trabajo cercano a la misma y a la alianza establecida con sectores sociales que la apoyan por algo muy elemental: la institución existe debido a mucha gente que entregó su vida por un mejor país y su buen funcionamiento es quizás la mejor forma de pagar ese sacrificio, además de lo que ese adecuado desempeño representa en cuanto a esperanza para el pueblo en su lucha por la vigencia de los derechos humanos.


Así las cosas, atacada desde los grandes medios —sin que se le permita enfrentar y desmentir desde esos mismos espacios las falacias en su contra— y sin recursos económicos para comprar espacios publicitarios, la PDDH necesita dar a conocer su posición ante la sociedad sin distorsiones de ningún tipo. Por ello, a continuación reproducimos —textual e íntegra— su respuesta ante un “sospechoso” ofrecimiento del Fiscal General de la República. Al respecto, la Procuradora Alamanni de Carrillo ha declarado lo siguiente:
En días recientes, el señor Fiscal General de la República dio a conocer en los medios de comunicación una carta en la cual me solicita que denuncie ante la Fiscalía las amenazas recibidas por mi familia y por mi persona, a fin de iniciar las investigaciones respectivas; además, se ofrece a interponer sus buenos oficios para reforzar mi seguridad personal, de considerarlo necesario. He recibido con suma extrañeza la publicación de los contenidos de esta comunicación, pues parece estar más motivada por la búsqueda de publicidad y como una reacción ante una petición de medidas cautelares interpuesta por esta institución a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que por la voluntad real de clarificar los hechos.


En mi respuesta privada a la carta del señor Fiscal General, le manifesté que reconocía su intención de cumplir con su mandato constitucional en la investigación del delito y en la persecución de hechos punibles cometidos contra las autoridades públicas, pero al mismo tiempo, lamenté que tal disposición se me expresase hasta el 9 de enero del presente año, pues desde hace muchos meses el Fiscal ha tenido conocimiento de primera mano de la existencia de tales amenazas y de otros hechos delictivos cometidos en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Ante la Fiscalía hemos denunciado la posible intervención telefónica de nuestra sede y registros ilegales en las oficinas de altos funcionarios de esta institución, y le he comunicado personalmente al señor Fiscal la existencia de las amenazas; sin embargo, tales gestiones no han arrojado ningún resultado ni me han notificado oficialmente los avances en las investigaciones, de haberlos. Es más, las solicitudes interpuestas en mi calidad de Procuradora para tener acceso a los expedientes no han obtenido respuesta hasta la fecha, lo cual constituye una abierta transgresión a la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.


En verdad, antes de esperar que actuase frente a las amenazas en mi contra, estaría gratamente sorprendida si el señor Fiscal cumpliera las múltiples recomendaciones realizadas por esta institución en el sentido de investigar los hechos y llevar ante la justicia a los responsables en los casos de Katya Miranda, de los Padres Jesuitas y de los recientes asesinatos en Mariona, entre muchos otros. Sólo en la medida en que existan progresos en estos casos y se demuestre que estas gestiones y recomendaciones tienen algún grado de receptividad en la Fiscalía, estaré en condiciones de valorar la utilidad de interponer la denuncia por las amenazas que ha recibido mi familia y mi persona.


Tampoco hay que olvidar el verdadero fondo de esta situación. En realidad, el problema de mi integridad personal es secundario, pues es más importante que la Fiscalía se abstenga de hacer criticas infundadas a nuestra institución y al mismo tiempo combata y reste legitimidad a los ataques sistemáticos destinados a debilitar la independencia y la eficacia de la Procuraduría. Sólo cuando todas las instituciones estatales cumplan sus funciones y promuevan el respeto a las competencias de los distintos órganos constitucionales podremos avanzar en el funcionamiento del Estado de Derecho y la Democracia.


Presentamos a continuación la “Adición” al informe del Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, “La situación en Centroamérica: procedimientos para establecer la paz firme y duradera, y progresos para la configuración de una región de paz, libertad, democracia y desarrollo”, dado a la Asamblea General de ese organismo el pasado 20 de diciembre de 2002..

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Documento


La situación en Centroamérica
Informe del Secretario General (I)

 

Adición
Resumen
En la presente adición se informa sobre el cese de la función de verificación de las Naciones Unidas en El Salvador, que la Organización ejerció desde la firma de los acuerdos de paz del país en enero de 1992. Cabe felicitar al Gobierno, al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y, en particular, a todo el pueblo de El Salvador por su espíritu visionario y su afán en dejar atrás los resabios de la guerra y construir una nueva sociedad pacífica. Su firme empeño y dedicación serán decisivos para hacer realidad los cuatro objetivos fijados por las partes en 1990 (el fin de la guerra, el pleno respeto de los derechos humanos, la democratización y la reconciliación) y para afrontar los retos que se les presenten. En la presente adición se describen algunos de esos retos. Las Naciones Unidas seguirán apoyando a El Salvador en sus esfuerzos por construir la sociedad plenamente democrática y equitativa que desea para sí.

1. La presente adición tiene por objeto informar a la Asamblea General de las medidas adoptadas por el Gobierno de El Salvador para cumplir su compromiso de otorgar prestaciones a las personas discapacitadas por los enfrentamientos y a los familiares a cargo de los combatientes de una u otra parte que perdieron la vida en el conflicto. Aunque el Fondo para la Protección de los Heridos y Lisiados a Raíz del Conflicto Armado se creó años atrás, no todas las personas con derecho a ello han recibido los pagos establecidos, en parte por limitaciones y restricciones de la base legislativa. Se recordará que, tras llegar a un acuerdo político sobre la cuestión con las asociaciones representantes de los beneficiarios del Fondo, el Gobierno se había comprometido a reabrir la lista de posibles beneficiarios para incorporar a excombatientes y familiares no incluidos hasta entonces que tuvieran derecho a recibir las prestaciones, para que pudieran comenzar a gozar de ellas. Como se indica en el informe principal, esa era la última medida sujeta a la verificación de las Naciones Unidas.

2. Para el seguimiento de la cuestión, la Secretaría de las Naciones Unidas, en cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha mantenido contactos con el Gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Una cuestión de importancia fundamental ha sido la de asegurar la sostenibilidad del programa para que los nuevos beneficiarios sigan recibiendo las prestaciones a lo largo del tiempo. Respondiendo a preguntas formuladas por la Secretaría, en noviembre de 2002 el Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador describió las disposiciones presupuestarias y jurídicas adoptadas para garantizar la continuidad del programa, así como de las consignaciones efectuadas y previstas por el Gobierno al Fondo para la Protección de los Heridos y Lisiados, de conformidad con el acuerdo político. El Ministro también destacó que la extensión de los beneficios con arreglo al programa se había promulgado en una ley, hecho que garantizaba los pagos futuros.

3. Tras superar algunas demoras iniciales, en el año transcurrido se ha avanzado en el cumplimiento del acuerdo político de diciembre de 2001 de resultas de las medidas adoptadas para mejorar las operaciones del Fondo. Los nuevos solicitantes ya han presentado sus solicitudes y se están investigando y clasificando sus casos con el apoyo técnico del PNUD y la asistencia y generosa contribución de los Gobiernos de España, México e Italia. El Banco Interamericano de Desarrollo también ha anunciado su intención de prestar apoyo adicional a las actividades del Fondo. Pese a la complejidad de determinar los derechos de los solicitantes, el proceso avanza paulatinamente y, según se espera, se beneficiará de la participación de las asociaciones que representan a los lisiados en la guerra en el Consejo de Administración del Fondo y en otras actividades. Ya se encuentra en una etapa avanzada la elaboración de la lista definitiva de beneficiarios; se prevé que esa tarea concluirá a comienzos de 2003. Poco después comenzarían a otorgarse las prestaciones.

4. Al confirmar por escrito las medidas adoptadas para cumplir sus obligaciones futuras con los nuevos beneficiarios, el Gobierno se ha comprometido firmemente a asegurar la sostenibilidad del proceso. Junto con las demás medidas adoptadas para mejorar las operaciones del Fondo, esa confirmación refuerza el acuerdo político de diciembre de 2001 y constituye un importante compromiso de atender las necesidades de un sector vulnerable de la población directamente afectado por el conflicto armado. Las entidades nacionales competentes han de seguir procurando respaldar la decisión del Gobierno de ofrecer una cobertura suficiente a los nuevos solicitantes con derecho a ella. Afrontar con eficacia los dolorosos resabios de la guerra será una forma de expresar un compromiso constante de reconciliación, uno de los principales objetivos de los acuerdos de paz.

5. A lo largo de los 11 años transcurridos desde que se firmó el acuerdo de paz, las Naciones Unidas se han mantenido en contacto con el Gobierno y el FMLN, han supervisado estrechamente el proceso de paz y han informado periódicamente acerca de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a sus amplias disposiciones. A medida que se fueron afianzando las nuevas instituciones y prácticas democráticas, la función de verificación de las Naciones Unidas fue cediendo su lugar a las instituciones nacionales competentes. Evidentemente, ninguna intervención internacional puede cumplir la función que compete a los mecanismos e instituciones nacionales. Ha llegado la hora de que esos mecanismos, así como los partidos políticos y la sociedad civil salvadoreños, supervisen plenamente la acción estatal y promuevan cuestiones de interés público, como ocurre en todas las naciones democráticas. Así pues, en vista del progreso alcanzado respecto de la cuestión de los lisiados en la guerra, la función de verificación que la Organización cumplió desde que se firmó el acuerdo de paz ha llegado a su fin.

El futuro
6. El Salvador de 2002 es un país transformado. Abandonar el conflicto y excluir el enfrentamiento violento como medio de resolver diferencias son notables adelantos. El país ha avanzado considerablemente en la vía de la democratización. El FMLN se ha integrado plenamente en la vida institucional del país. Como principal partido de la oposición, ejerce una parte considerable del poder legislativo y municipal. Hay amplia libertad de expresión, y la mayor parte de las cuestiones de interés público suscita animados debates. Las fuerzas armadas han reformado profundamente y se han retirado como institución del ámbito político. La impunidad ya no es la norma en las instituciones estatales, y aquellas creadas o reformadas en virtud de los acuerdos de paz han ganado en transparencia y fiabilidad.

7. Además, en los años posteriores a la firma de los acuerdos, El Salvador atravesó un período de considerable dinamismo y crecimiento económico. A pesar de la desaceleración económica experimentada en los cinco últimos años a causa de una combinación de factores externos y desastres naturales que frustraron las perspectivas de que continuara el crecimiento, la economía del país puede caracterizarse como una de las más estables de América Latina.

8. Aún queda mucho por hacer para lograr la plena democratización, el imperio de la ley efectivo, una sociedad equitativa y la firme consolidación de la paz que tanto costó conseguir. El Salvador atraviesa una transición delicada hacia la integración regional y hemisférica con instituciones aún frágiles, una cultura política endeble y amplias desigualdades socioeconómicas. La polarización, la profunda desconfianza y los enfrentamientos verbales entre rivales caracterizan el ámbito político. Esas actitudes suelen prevalecer sobre la voluntad de entablar deliberaciones serias y constructivas sobre propuestas sustantivas para afrontar los muchos retos que han de presentarse. Las autoridades no tienen la costumbre de someter a consulta las decisiones normativas fundamentales a nivel social o político, o suelen hacer caso omiso de los resultados de esas consultas.

9. En consecuencia, la participación popular en el proceso político y la lealtad a los partidos políticos han ido mermando. El electorado parece cada vez más desencantado de las opciones políticas a su alcance, como demostró el bajo nivel de participación registrado en las últimas elecciones, celebradas en 1999. Esa tendencia tal vez se intensifique aún más en las elecciones municipales y legislativas programadas para marzo de 2003. La disposición que permitiría votar cerca del domicilio, que entraría en vigor en 2004, y otras reformas del sistema electoral acordadas en 1995 podrían ayudar a invertir esa tendencia.

10. Las reformas jurídicas e institucionales subyacentes a los acuerdos de paz han de desarrollar todo su potencial para que los beneficios del imperio de la ley y el goce efectivo de los derechos humanos alcancen a todos los salvadoreños, problema difícil en un país que, como suele ocurrir después de un conflicto, han aumentado pronunciadamente los delitos comunes. A menudo el sistema judicial funciona con lentitud, y muchos jueces siguen siendo susceptibles a influencias políticas. El sistema de investigación y evaluación de jueces sigue necesitando una reestructuración decisiva para reducir al mínimo el desempeño deficiente o el rendimiento insuficiente del poder judicial y para garantizar que los criterios de selección de los magistrados sean la integridad, los conocimientos profesionales y el mérito y que los magistrados sean responsables de sus acciones.

Lo mismo cabe decir de las oficinas del Fiscal General y del Procurador General que, en líneas generales, carecen de los recursos y la experiencia necesarios para investigar los casos y actuar con la celeridad y precisión necesarias. De resultas de esas deficiencias, muchos delitos quedan impunes y, para un gran número de salvadoreños, el acceso efectivo a las garantías procesales se ve gravemente limitado de hecho, cuando no de derecho. Habrá que adoptar medidas decisivas para remediar esa situación, así como para satisfacer las exigencias de una población que, después de la guerra, es cada vez más consciente de sus derechos y está dispuesta a defenderlos..

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Precios Internacionales


Indicadores económicos

 

PRECIOS INTERNACIONALES CAFÉ, AZÚCAR, ALGODÓN Y PETRÓLEO

(Enero 2000-septiembre 2002)

Promedio Mensual

(En dólares de EEUU)

                       

                        CAFÉ SPOT      AZÚCAR SPOT     ALGODÓN SPOT    PETRÓLEO SPOT        ORO                        

 

                         (Quintal)    (Quintal)        (Quintal)           (Barril)       (Onza

                                                                                                                Troy)      

 

2000                                                                                                                     

Enero              117.5             5.6                52.6               27.2       286.0          

Febrero          118.3             5.6                54.9               29.0       299.8          

Marzo             111.4             5.5                57.8               30.5       284.9          

Abril                101.4             6.2                54.0               25.0       278.2          

Mayo                 98.4             7.2                58.7               27.5       275.6          

Junio                 94.0             8.9                57.6               30.5       283.1          

Julio                  99.6             9.9                53.3               29.8       279.6          

Agosto              95.6             6.4                52.7               25.3       219.4          

Septiembre      85.6             7.0                50.0               34.1       228.7          

Octubre             89.3             6.9                50.5               32.7       248.3          

Noviembre     109.9             6.7                49.3               34.3       255.8          

Diciembre      112.0             6.0                51.5               24.4       275.0          

                                                                                                                              

2001                                                                                                                     

Enero                68.5             5.6                53.4               27.6       269.2          

Febrero            69.6             5.6                54.4               29.9       265.6          

Marzo                70.5             5.3                56.0               27.4       265.0          

Abril                  70.7             8.6                46.3               27.6       239.7          

Mayo                 66.6           10.1                44.9               28.6       270.8          

Junio                 63.1             8.8                57.4               27.9       273.0          

Julio                  58.9             9.9                55.5               25.7       268.5          

Agosto              52.4           11.1                58.7               26.3       237.5          

Septiembre      49.6           10.7                59.1               22.2       293.5          

Octubre             48.1           10.9                61.3               22.3       281.1          

Noviembre       42.4             8.2                59.9               19.2       275.5          

Diciembre        46.2             8.0                61.5               20.4       277.6          

                                                                                                                              

2002                                                                                                                     

Enero                45.2             7.9                45.1               19.7       281.5          

Febrero            44.8             6.6                44.2               20.7       295.5          

Marzo                46.2             6.8                46.6               24.4       294.1          

Abril                  54.6             6.7                41.5               27.3       309.2          

Mayo                 55.0             9.5                42.1               24.7       310.8          

Junio                 52.4           10.0                43.0               26.8       320.3          

Julio                  57.5             9.0                46.6               26.5       304.2          

Agosto              55.8             9.1                44.0               26.5       304.2          

Septiembre      51.3             8.9                43.5               29.0       313.3          

                                                                     

   FUENTE: BCR e Indicadores Económicos Internacionales.

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