Persiste la crisis en el sistema nacional de salud

Discusión jurídica del Decreto 1024
 

El Decreto 1024 es el fruto de las presiones a las que médicos, sindicalistas y organizaciones de la sociedad civil sometieron al gobierno de ARENA en los últimos dos meses. Como tal, tiene un carácter eminentemente político. Muchas voces lo interpretan en el sentido de una victoria de las organizaciones sindicales y sociales sobre un estilo de gobierno donde la soberbia se ha convertido en ley en la relación con los demás actores de la sociedad. Además, el hecho de que el presidente Flores haya accedido a su publicación, no obstante las declaraciones incendiarias en su contra, es una señal bastante inequívoca de quién estaba en posición de fuerza política en el momento. Sin embargo, antes de que se logre poner en práctica el mencionado decreto, han surgido una serie de argumentos jurídicos que no harían extraño el que la Corte Suprema de Justicia lo anulara. A partir de este momento, nacen dos visiones del decreto: La de los detractores y la de los que defienden la decisión de los diputados por impedir la privatización y concesión de la salud.

Los XIX Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe: consideraciones económicas

El pasado 23 de noviembre fueron inaugurados oficialmente, con gran pompa, los XIX Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. Este es un evento histórico para El Salvador, que rompe así con un período de 68 años de ausencia de la lista de organizadores, puesto que la última única vez que los juegos se realizaron en El Salvador fue en el año 1934. No es ocioso recordar que en aquella época se estaba bajo la férrea dictadura del presidente más sanguinario que haya tenido El Salvador y los Juegos vinieron a ser una pequeña distracción en un escenario marcado por la crisis económica y la dictadura militar apoyada por la oligarquía salvadoreña de aquel tiempo.

Violencia y autoritarismo al acecho

Sindicalistas, manifestantes y policías han llevado la crisis del sistema nacional de salud hasta niveles de violencia e intolerancia que, a estas alturas, poco abonan a la construcción de espacios de diálogo. El día 27 del mes en curso, se registraron disturbios en las cercanías de los hospitales Rosales y Médico Quirúrgico del Seguro Social; posteriormente, a fuerza de golpes, un grupo de enardecidos manifestantes incursionaba al Palacio Legislativo, dejando a su paso por los pasillos de ese recinto las muestras de su repudio ante la actuación de los diputados en el marco de la crisis. Los invasores alegaban que reiteradamente habían solicitado ingresar a las sesiones legislativas sin encontrar respuesta alguna. Un día después, manifestantes se volvían a enfrentar en las calles, esta vez, en la populosa ciudad de Soyapango. El saldo de los hechos: manifestantes reprimidos, policías heridos y ciudadanos afectados por gases lacrimógenos y balas de goma.

El diálogo en el pensamiento político de Ellacuría

En los escritos políticos de Ignacio Ellacuría, el tema del diálogo como mecanismo para superar los problemas estructurales es una preocupación constante. Interesa aquí revisar esos planteamientos a la luz de lo que acontece en la actualidad. A propósito de ello, un lector de este semanario nos ha enviado varias interrogantes que se intentarán responder: ¿Cómo dialogar acerca de esos problemas si quienes tienen el poder se muestran refractarios a hacerlo? O bien, ¿cómo hacerlo, si esos sectores poderosos condicionan el diálogo a la sumisión de sus interlocutores? Una última pregunta: ¿cómo dialogar con los dueños del poder sin sacrificar los principios?

Persiste la violencia

Mientras la mayor parte de los esfuerzos en materia de seguridad están centrados en el pretendido desarrollo “pacífico” de los XIX Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2002, la realidad diaria de nuestro “terruño” nos golpea duramente con graves hechos de violencia. No vamos a hacer referencia en esta ocasión a la crisis de salud que ha desatado otra de gobernabilidad, lo que provocó la toma de las calles nuevamente por la población y que ha derivado —por el momento— en graves disturbios callejeros. De estos últimos, destaca la contundencia y exceso en el uso del “monopolio de la fuerza” por parte de su responsable directo, Mauricio Eduardo Sandoval Avilés, para reprimir y limpiar la imagen que de cara al exterior se quiere vender de El Salvador.

En esta ocasión, como decíamos —desde este nuestro espacio— queremos hacer eco de la muerte a golpes de Ricardo Edenilson Rivera, de tan sólo cuatro años de edad. Su padre, según consta a los testigos principales —hermanos del menor asesinado— fue el autor de tan indignante crimen. ¿El motivo? —si es que existe alguno— el padre dudaba de su paternidad sobre el menor. Las reacciones de indignación no se han hecho esperar, sobre todo cuando, el pasado 10 de noviembre, otro niño de seis años murió asesinado —Edwin Armando— y su padre malherido, al recibir tres disparos mientras viajaban en un microbús. Un sujeto que “quería” ocupar el asiento contiguo al del padre que cargaba en brazos a su hijo, “molesto” por no conseguir su deseo, abrió fuego contra ellos para después darse a la fuga.

Actos como estos demuestran que la violencia social persiste en nuestro país y que tiene, además, “buenas” raíces, pese a los “denodados” esfuerzos de nuestro presidente de la República por querer hacer creer al resto de países centroamericanos y del Caribe que el nuestro es “pacífico” y “seguro”. Obviamente, tras las primeras reacciones de reproche frente a este tipo de actos es necesario hacer una valoración del porqué se siguen cometiendo este tipo de crímenes. Sin duda, estamos ante uno de los puntos de los acuerdos de paz que quedan por cumplir. A ellos ya hicimos referencia (Proceso, Nº 1025), pero dada la trascendencia del tema, queremos analizar la violencia por ser uno de los puntos de “La agenda pendiente, diez años después (De la esperanza inicial a las responsabilidades compartidas)”, libro que presentamos el 14 de noviembre pasado.

La violencia ha sido, durante la década sin guerra, uno de los principales problemas para la sociedad salvadoreña. Hoy en día, El Salvador se encuentra entre los países que más destacan en este ámbito por la gravedad de su situación, dentro de una región que de por sí es considerada como muy violenta por diversos organismos internacionales. Así, en el Informe de Desarrollo Humano de 2001 del PNUD para nuestro país, se puntualizan las fallas que, si se mantienen, —afirma— seguirán impidiendo avanzar en la materia. Éstas se ubican en los siguientes aspectos: “visión de futuro; información, conocimiento e investigación; representación y participación ciudadana; exclusión social; niveles de crecimiento; distribución del ingreso; situación de la mujer; desequilibrios territoriales; cuestión fiscal; y medio ambiente”. Asimismo se asegura en el mencionado informe que “se ha desatado un fenómeno intenso de violencia y criminalidad que ha convertido al país en uno de los más violentos e inseguros del mundo”.

De la lucha armada, por múltiples razones, no se logró transitar con éxito por una etapa de posguerra para instaurar en el país una convivencia social armónica. A lo que se ha llegado, más bien, es a una situación de violencia generalizada y extrema que se expresa de diversas formas y en distintos ámbitos como —por ejemplo— la ejercida por la delincuencia común y organizada; las propuestas sociales y la respuesta policial a las mismas; la desatada entre grupos estudiantiles u otro tipo de “maras”; la que se produce dentro de la familia y en el tráfico vehicular; el ejercicio de la justicia privada y las posibles venganzas, por hechos originados en un pasado no resuelto. En su mayoría, nada de eso tiene que ver con motivaciones políticas; en buena medida es fruto, más bien, de las desacertadas políticas estatales en el ámbito de la seguridad pública y, dentro de ésta, en materia de prevención.

Las inocentes vidas de muchos niños y niñas están experimentando, de forma temprana, las consecuencias de la “cultura” violenta que se mantiene en nuestra sociedad. Una violencia que no sólo es física, sino que también es social y económica. Un análisis objetivo de las condiciones económicas del país indica que pese a la realización de algunos esfuerzos, sus beneficios no se han extendido hasta convertirse en mejoras sustantivas que eleven la calidad de vida de la población mayoritaria. Lo que prevalece es un escenario carente de oportunidades, donde las respuestas a las demandas de la gente están ausentes. Continúa el desempleo, el subempleo, los ingresos bajos o irregulares, la anulación de prestaciones sociales y los incrementos en los costos de la generación de los servicios públicos. La forma en que está estructurada la sociedad favorece la exclusión, la marginación, el hacinamiento y la violencia. Además, la falta de espacios institucionalizados para ejercer el poder social y decidir sobre sus propias condiciones de vida son circunstancias propicias para pensar —individual o colectivamente— en la violencia como la única forma posible de modificar efectivamente el entorno inmediato.

Aunque la guerra no generó el problema de la violencia en el país, obviamente sí dejó establecidas condiciones para incrementarla, exacerbarla y enraizarla. De éstas, se mencionan las siguientes: abundante cantidad de armas de fuego y “blancas” en circulación, y fácil acceso a ellas con poco control institucional; generaciones acostumbradas a utilizarlas, hasta para asuntos sin trascendencia; nula voluntad política para desarmamentizar el país; un ordenamiento social excluyente, dentro del cual predomina la imposición por encima del diálogo para la solución de los conflictos; fracaso en la incorporación de ex combatientes a una vida productiva, dentro de la legalidad. Más allá de una pretendida “naturaleza violenta” de las y los salvadoreños, dichas condiciones tienen que ver con el desarrollo y la permanencia de actitudes agresivas, conspirativas y fraudulentas que marcan las relaciones sociales en el país.

De momento, no se ha podido o no se ha querido formular desde el Estado una política integral que combata el delito de manera eficaz. Por el contrario, los esfuerzos más importantes han sido dedicados a responder reactivamente ante ciertas expresiones del problema, ignorando las causas y los agentes del mismo. La violencia actual es posibilitada, en buena medida, por los deficientes sistemas de justicia y seguridad pública. Éstos no son capaces de investigar, capturar y castigar a la mayor parte de los responsables en los delitos y actos de violencia que ocurren. De esa forma se generan altos niveles de impunidad, al no impactar con el efectivo disuasivo básico y necesario que posibilite disminuir la violencia delincuencial y la sensación de inseguridad. La Policía Nacional Civil ha sido sistemáticamente debilitada en sus importantes funciones de investigación y persecución del delito, debido al predominio de las decisiones políticas en un campo donde deberían prevalecer las decisiones técnicas. Los máximos responsables de la Seguridad Pública y de la institución policial, nunca han sido las personas más idóneas para definir las políticas globales y dirigir el accionar del cuerpo; han ocupado esos cargos por razones políticas

Como señalábamos, el sistema de justicia en su globalidad contribuye también a la impunidad, debido a la corrupción y la ineficiencia que —a pesar de los esfuerzos de modernización realizados— no han sido erradicadas del mismo. El problema de la impunidad no parece depender tanto de la legislación vigente, aunque en algunos casos ésta pueda haber contribuido, sino de la incapacidad de las distintas instituciones que integran el sistema para investigar el delito y brindar justicia rápida y apegada a Derecho, a partir de la buena calidad de sus funcionarios. Obviamente, cuando las víctimas no encuentran la justicia que buscan —incluida dentro de ella la reparación del daño causado— y cuando sus victimarios no reciben la sanción establecida que merecen, se propician condiciones muy peligrosas para el sostenimiento e incluso el incremento de la violencia.

Existen datos consistentes que sugieren que la victimización personal por la delincuencia no se ha incrementado en los últimos años. Sin embargo, la discusión del problema y el tratamiento del mismo por parte de los medios masivos de difusión y los generadores de opinión, desencadenaron —en la década pasada— un ambiente cercano a la histeria social sobre el fenómeno. Tal situación sirvió de soporte a lo que se presentó como un “clamor popular” por medidas más drásticas, que inclusive reclamaban “mano dura” por parte de las autoridades y hasta miraban con buenos ojos la realización de acciones ilegales. De este parecer es el editorial vertido por uno de los diarios matutinos nacionales el pasado martes 26, al sugerir para casos como el asesinato de Ricardo Edenilson el establecimiento de la pena de muerte y el endurecimiento de las penas privativas de libertad. Como es lógico, con tales medidas nunca se llegará al cambio del patrón cultural violento que tanto deseamos todas y todos, porque, además, tampoco se ha definido una política contra el “machismo”, que promueva la responsabilidad de los hombres.

Más aún, esta situación de injusticia, sumada a la falta de oportunidades laborales y a una agonizante crisis económica, provoca que la población se vea obligada a migrar hacia las ciudades u otro país para poder sobrevivir o avienta a masas poblacionales hacia cinturones de miseria. Quienes migran hacia las ciudades para buscar mejores oportunidades y quienes son marginados por las políticas gubernamentales soportan condiciones de vida indignas con la esperanza de que sus hijos puedan superarse. Una esperanza vana frente a la realidad que les cierra las puertas a la educación y la salud. Estas familias deben vivir en zonas marginales a las orillas de los ríos y quebradas, exponiéndose asimismo, año con año, a las inundaciones causadas por las primeras lluvias del invierno y los temporales. Hacinamiento, condiciones insalubres y falta de un empleo digno y bien remunerado son otras situaciones a las que deben enfrentarse. Encima de todo, la mayoría son hogares desintegrados por la guerra, la migración o la paternidad irresponsable.

Precisamente, esta situación de hacinamiento a la que hacemos referencia, también ha sido terreno fértil para la narcoactividad y la proliferación de maras, que son una respuesta a la exclusión y separación que experimentan las y los jóvenes que viven en familias pobres, desintegradas y violentas. Todas estas circunstancias son el “caldo de cultivo” de la violencia intrafamiliar que tanto nos indigna a quienes por la mañana desayunamos con el periódico sobre nuestra mesa con noticias de padres que matan a golpes a sus hijos. Estos actos de violencia son de por sí indignantes e injustificables. Desde todo punto de vista son repugnantes y quienes los cometen deben ser llevados ante la justicia. Lo que sí debe decirse es que esto no es gratuito ni ocasional, sino una práctica muy común mantenida en secreto por la desconfianza en el sistema judicial y favorecida por toda una construcción social que promueve la desintegración, la marginación y la violencia.

La misma Policía Nacional Civil, asegura en su sitio electrónico que la población no confía en denunciar los delitos sufridos por que no cree que se les resuelvan favorablemente. Razones les sobran a las y los salvadoreños. Razones —con nombres y apellidos— de casos que no han sido resueltos para las víctimas, exponiéndoles a las represalias de los autores. En otros casos se denuncia la violencia intrafamiliar y no se hace nada para hacer cumplir las medidas para la protección de la víctima. Basta con recordar el de una mujer asesinada junto con sus hijos en los alrededores del ex cine Apolo que había denunciado al criminal por otros actos de violencia y que pese a tener restricciones para acercarse a ella, pudo llegar lo suficientemente cerca como para matarla. Este círculo vicioso no puede verse de forma tan simplista afirmando que tiene sus orígenes en los “genes violentos” de nuestra raza precolombina. Sostener eso y mantenerlo en la página web de una institución tan importante en la lucha contra la violencia como lo es la PNC, además de ser ridículo, no contribuye en nada a la solución del problema.

Por tanto, se esté o no de acuerdo con todas, alguna o ninguna de las consideraciones anteriores sobre el fenómeno de la violencia actual en el país, tanto su dimensión y sus efectos así como las causas que la originan exigen un abordaje serio y responsable que considere —para garantizar niveles razonables y oportunos de éxito en el corto, mediano y largo plazo— dos aspectos fundamentales: por un lado, la integralidad del enfoque; por el otro, el funcionamiento de una institucionalidad fortalecida y la participación de la población.