Dinamismos pre electorales

¿Qué está pasando en ARENA?
 

El pasado domingo 31 de septiembre, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) organizó una Asamblea General Ordinaria en la que designó a buena parte de los candidatos que competirán bajo su bandera en las próximas elecciones municipales. Aparte de las curiosidades y discusiones propias del encuentro, conviene fijarse en un elemento muy importante: se trata de la anunciada candidatura para las principales ciudades de varios personajes ajenos a la militancia tradicional del partido en el gobierno. Más aún, llama la atención el hecho de que ARENA haya designado candidatos provenientes de las filas del FMLN, en algunos casos (San Francisco Gotera y Santa Ana) y, en otro caso —para disputar la alcaldía de San Salvador—, a una persona vinculada al movimiento revolucionario en la pasada guerra civil.

Primacía financiera

El sistema financiero está llamado a ser un importante sostén de iniciativas de crecimiento económico. Se supone que debe jugar un papel de intermediario entre ahorrantes e inversionistas, captando recursos de los primeros para prestarlos a los segundos, apoyando de esa forma iniciativas de desarrollo. La posibilidad de obtener lucro está abierta y es legítima, pero —dado el carácter estratégico del sector— no puede anteponerse a los grandes objetivos de intermediación financiera. Ello puede poner en peligro las oportunidades de crecimiento o, incluso, puede llevar a tomar decisiones de política económica hechas exclusivamente a la medida de este sector y en desmedro de otros.

Progreso educativo en El Salvador

En el año 2001, el Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe (PREAL) auspició la publicación del documento Quedándonos atrás: progreso educativo en América Latina, una de cuyos temas centrales era el rezago educativo del subcontinente, respecto de otras regiones del planeta. El informe recomendaba, entre otras cosas, establecer estándares educativos, otorgar mayor autonomía local, fortalecer la profesión docente y aumentar la inversión por alumno en la educación básica (Ver Proceso, 997 y 998). PREAL recomendó, adicionalmente, la preparación de informes nacionales para seguir midiéndole el pulso a la reforma educativa en cada país. En septiembre de este año, en coordinación con el Centro Alfa, se presentó en el país el informe nacional que recoge, desde una perspectiva independiente, importantes evaluaciones en torno al estado actual y el progreso de la reforma educativa en El Salvador, que, más que satisfacción, deja planteados obstáculos, retos y compromisos para los diferentes actores que intervienen en la labor educativa nacional.

La transición centroamericana

El Diccionario define la palabra palimpsesto como "Manuscrito antiguo que conserva huellas de una escritura anterior borrada artificialmente". En un sentido bastante amplio, este vocablo podría aplicarse al libro El Salvador: La transición y sus problemas (UCA Editores, 2002). No porque haya tachones sobre lo que se dijo en el pasado, sino, precisamente, porque este texto recopila los diferentes análisis que la UCA propuso para comprender la transición de posguerra. Las interpretaciones de la realidad salvadoreña que la mencionada universidad hizo durante los años noventa se han compilado en este volumen, ofreciendo una suerte de "plano general" sobre el tránsito histórico del país hasta la actualidad.

Las cuentas del PCN

La situación actual del país dista mucho de ser la que oficialmente se presenta, sobre todo en el exterior. En primer lugar, las condiciones económicas y sociales de las mayorías resultan ya intolerables, sin que se adviertan para ellas luces alentadoras al final del túnel; en segundo término, no cesan los graves hechos de violencia en diversos ámbitos y la sensación de inseguridad ciudadana crece. Asimismo, es muy alto el nivel de los cuestionamientos que —desde hace un buen rato y de forma creciente— se lanzan contra la institucionalidad del Estado; no es de extrañar que, cada vez más, surjan voces críticas provenientes de sectores que en algún momento se entusiasmaron con el proyecto político y económico impulsado, desde hace más de trece años, por la gran cúpula empresarial y el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

Sin duda, el nuestro no es un Estado de Derecho; más bien, vivimos en un “Estado calamitoso de deshecho” que sólo favorece a quienes más tienen; es decir, los menos. Ante ese “desorden en el hogar”, sus “propietarios” se han visto obligados a conseguir “utensilios de limpieza” y mucho “detergente” para que el titular del Ejecutivo y su equipo se dediquen —en lo posible— a tratar de medio arreglar o al menos disimular semejante desbarajuste.

Hoy no nos referiremos a la pobreza y la inseguridad que constituyen los problemas más agudos para la mayoría de la gente; en esta oportunidad, nuestra reflexión girará alrededor de la institucionalidad. Y para ello, antes que nada debemos tener presente que un verdadero Estado democrático y social de Derecho está siempre en permanente construcción. Sin embargo, en nuestro caso —tras diez años viviendo en esta “paz”— el “liderazgo” económico y político nacional parece actuar en sentido contrario: destruyendo lo poco o mucho que se pudo haber logrado durante los primeros años de la posguerra. Para sostener lo anterior, partimos de algo básico: esa constante evaluación y remodelación de las instituciones, cuando de un real proceso democrático se trata, sólo será efectiva si existen dentro y fuera del Estado organismos que controlen su actividad. Por supuesto hablamos de entidades realmente independientes, como una condición fundamental para garantizar su desempeño adecuado y el logro de sus fines.

Lo anterior explica que existan —en nuestra administración— la Fiscalía General de la República (FGR), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Corte de Cuentas de la República. El problema está en que, al examinar la condición presente de éstas, fácilmente se detectan acciones claras tendientes a desnaturalizar su funcionamiento y las consecuencias de dichas acciones.

En el caso de la PDDH mucho hemos opinado sobre el nada disimulado intento por aniquilarla en julio de 1998, cuando se nombró a una persona del todo inepta y sin la solvencia moral para ocupar la titularidad dentro de la institución. Gracias a la acción decidida de algunas entidades sociales, de los medios de difusión y la cooperación internacional, se logró evitar el descalabro total y en la actualidad se hacen esfuerzos por encauzar positivamente su actividad. Sin embargo, en la práctica, la institución continúa enfrentando dificultades serias en materia de presupuesto y en lo referente al deliberado menosprecio del resto de la administración pública —sobre todo, de las autoridades superiores— ante sus recomendaciones al ignorar o evadir el cumplimiento de las mismas; también se ve afectada por la falta de un presupuesto adecuado.

En lo relativo a la Fiscalía y la Corte de Cuentas, en lugar de mejorar, las cosas van de mal en peor. Tanto la entidad dirigida por Belisario Artiga, como la que preside Hernán Contreras, cuentan con más recursos económicos y sin embargo no cumplen con el mandato constitucional legal para el que fueron creadas. Es posible que existan diversas causas para ello. Desde nuestra perspectiva, detectamos una que debe destacarse: un poder económico concentrado, voraz y sin mayores escrúpulos que “moldea” a su favor las instituciones claves del Estado para mantener vigentes la corrupción y la impunidad que le beneficia. En tal sentido, de manera premeditada se nombran personas inadecuadas para conducirlas —como ocurrió en la PDDH con el tristemente célebre Eduardo Peñate Polanco— y cambian las “reglas del juego” en cualquier momento.

Así las cosas, resulta paradójico que los máximos responsables de luchar desde las instituciones estatales contra las lacras antes mencionadas —corrupción e impunidad— resulten ser obstáculos y encubridores de actos contrarios a la normativa legal. ¿Cuáles son los elementos coincidentes que han provocado la desnaturalización de estas dos instituciones? Son varios los que tendríamos que destacar, no obstante uno sobresale entre todos los demás: el Partido de Coalición Nacional, PCN.
Más allá de cualquier consideración política partidaria en el marco de una anticipada campaña proselitista de facto, de cara a las elecciones a realizarse en marzo del 2003, nuestro interés apunta a evaluar el quehacer personal o institucional que promueve o violenta los derechos humanos de la población salvadoreña. Desde ese punto de vista, al hacer un balance de lo ocurrido durante los últimos meses anteriores, es posible determinar que buena parte de las actuaciones del PCN han afectado negativamente a la colectividad. De eso, nos centraremos en dos de los casos de más reciente actualidad.

En primer lugar, están las recientes pero sobre todo indignantes declaraciones del diputado Alejandro Dagoberto Marroquín, que se regaron por el país como la pólvora. Así, entre otras cosas, el legislador dijo que “las mujeres no deberían de estar en política” pues no tenían “la capacidad (para ello) y ni periodistas deberían ser”. El diputado “pecenista” culminó su intervención con una sentencia categórica: “una mujer debe estar en su hogar cuidando de sus hijos”. La oleada de reacciones en contra no tardó, especialmente, aquéllas provenientes de las organizaciones sociales feministas que tan arduamente trabajan en este campo. Pero, asimismo, tales ofensas provocaron una curiosa reacción entre los partidos políticos que en esos momentos daban a conocer sus candidatos para las próximas elecciones, intentando justificar —de forma apresurada y poco consistente— la reducida cantidad de mujeres que aspiran a los cargos que entrarán en disputa.

El autocalificado “antifemenino” Marroquín tuvo que presentar repetidas “explicaciones” y disculpas, más por cálculo electoral que por convicción. Sin duda, metió al partido en serios problemas cuando reveló públicamente lo que parece ser a tradicional concepción de la mujer por parte de la veterana organización política. No hace falta mencionar la larga lista de normas nacionales e internacionales atropelladas con tan pocas palabras. Lo que sí debemos evidenciar es la situación provocada por este legislador, al demostrar de nuevo el actual nivel de la “clase política” salvadoreña. Al parecer, para ocupar un escaño en el Órgano Legislativo no es necesario haber leído —no hablemos de haber estudiado y entendido— la Constitución, ni la legislación secundaria, como tampoco lo es el conocer la legislación internacional suscrita por nuestro país, vigente y de efectivo cumplimiento en la actualidad.

Lo que además denotan lo dicho por este diputado es su desconocimiento total de la grave situación de la mujer en nuestro país. “Sacralizar” el derecho a la “disciplina doméstica” en una intervención pública, es un error imperdonable que legitima ?aún más? críticas situaciones como las de la violencia intrafamiliar, transformadas hoy en auténticos actos de terror.

El otro hecho a destacar de la reciente actuación “pecenista” tiene que ver con el “amordazado” presidente de la Corte de Cuentas, Hernán Contreras. Conocida popularmente como la “casa del PCN”, dicha institución permanece siempre en el “ojo del huracán” por la clara obstrucción para el despliegue de sus capacidades por parte de la conducción de la misma, en aras del ocultamiento de la corrupción en el país. Pero la noticia, esta vez, no tiene que ver con la irregularidad en el manejo de la Corte. No; en esta ocasión, lo que mueve a la crítica es el “arreglo político” entre los partidos de la bancada derechista —ARENA, PCN y la Democracia Cristiana— mediante el cual se reformó la Ley Orgánica del ente contralor, destacando lo ocurrido con el controvertido artículo 46 de la misma. Así, a partir de ahora, se impedirá que los informes de auditoría no sean públicos hasta que —en un juicio de cuentas— se emita una resolución que exonere o condene al funcionario público objeto de investigación. Dicho en palabras más sencillas: nadie conocerá los actos de corrupción, pues las investigaciones de los mismos tardarán años en ver la luz pública.

Con esta medida, no sólo se desnaturaliza por completo la labor de la Corte de Cuentas que, según el artículo 195 de la Constitución, se encarga de la “fiscalización de la Hacienda Pública”; además, queda “sellada” por completo la “cloaca” de la corrupción. Hasta hoy, se “tapaba” con la elección de su presidente escogido —durante los últimos veinte años— de las filas del PCN. Ahora, con esta medida, el gran capital del país —el auténtico primer poder en El Salvador— avanza en sus aspiraciones encaminadas a su proyecto económico. No es casual, entonces, la “mordaza” puesta a la Corte de Cuentas, ya que de su “silencio adulterado” depende el éxito de los negocios de aquél.

Como ya es tradición, sólo habrá observaciones del Ejecutivo a estas reformas del Legislativo si los grandes medios de difusión del país así se lo exigen; si no, Francisco Flores no moverá un dedo para enmendar este atropello a la razón y a la democracia. De nada servirán los reclamos de otras organizaciones sociales al respecto.

Para colmo de males, a Hernán Contreras, no le salen las cuentas y le “llueven palos” por todos lados. Además de tener que “dar la cara” ante los medios para comentar las reformas legislativas, el Fiscal Especial para el tema de los “títulos fraudulentos” de abogados señaló al funcionario como uno de los rectores de las universidades involucradas en tales hechos ilícitos. Semejante imputación serviría, en cualquier otro país medianamente decente, para su cese fulminante; acá, en cambio, se le premia colocándolo al frente de la Corte de Cuentas para que “combata” la corrupción. ¡Por favor!

En definitiva, si tal reforma se consolida, estará en juego la transparencia del Estado; pero más importante aún, se estará dando otro golpe bajo a la confianza de la ciudadanía para evitar —con premeditación, alevosía y ventaja— su involucramiento en la necesaria contraloría social. No estamos ante una simple medida para proteger a “presuntos imputados”. Nos encontramos frente a reformas autoritarias que deliberadamente perpetúan el beneficio de unos pocos, en perjuicio de la mayoría. De las reacciones y propuestas que ante estos cambios se produzcan desde la sociedad salvadoreña, depende la posibilidad de construir en el país un verdadero Estado de Derecho, respetuoso de la dignidad de sus habitantes.