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Si se hace caso
a la gran prensa y a la gran empresa privada organizada, pareciera que la
única dificultad que presentaba la Ley de la Defensa Nacional, tal como
fue aprobada por la Asamblea Legislativa, es su Artículo 25, donde ambas
veían amenazada la libertad de expresión e información. Las notas informativas,
los comentarios y los editoriales se centraron en este punto, sin fijarse
en el resto de las disposiciones de la ley, las cuales aceptan sin reparo.
La obcecación de estos grupos es tal que les impide ver más allá de su estrecho
interés particular. Pero su poder es tal que hicieron que el presidente
Flores no sólo rechazara la redacción de dicho artículo, sino que incluso
propusiera una distinta, la cual fue aceptada por los diputados de la derecha.
De todas maneras, el poder ejecutivo que propuso la ley y los diputados
de la derecha que la aprobaron tampoco parecen percatarse que, más allá
de amenazar la libertad de expresión e información, aquélla coloca al Estado
de derecho en una situación bastante precaria.
Al caer en la cuenta de que había ido demasiado lejos en sus pretensiones,
el presidente Flores devolvió la ley a la Asamblea Legislativa con casi
la mitad de sus artículos objetados. La situación es curiosa, porque él
mismo presentó el anteproyecto, a través del Ministerio de la Defensa Nacional,
y porque la derecha lo aprobó sin mayores modificaciones. Por eso, el FMLN
exigió un nuevo texto, pero la derecha legislativa se limitó a acomodar
las observaciones presidenciales al texto original. (En la sección de Documentación
de esta edición se encuentran los tres textos: el anteproyecto, la ley aprobada
el 15 de agosto y la versión modificada, a partir de las observaciones del
Presidente de la República.)
La Ley de Defensa Nacional, aprobada el 15 de agosto, sustituye la Ley Orgánica
de la Defensa Nacional de 1961, derogada en 1994, en el contexto de los
Acuerdos de Paz. Esta nueva ley surge en una coyuntura internacional intoxicada
por la lucha contra el terrorismo y dominada ?otra vez? por la seguridad
nacional, aun a costa de las libertades y los derechos fundamentales de
la ciudadanía ?tal como ya sucedió antes. Esta coyuntura ha sido utilizada
por el poder ejecutivo y los políticos de la derecha salvadoreña como fachada
para dar nuevo impulso a sus tendencias autoritarias.
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