No obstante, los dos partidos grandes han adoptado esta última opción como línea política fundamental. La política de ARENA tiene como propósito destruir al FMLN, su adversario principal, para así imponer su visión del país sin contratiempos; éste, por su lado, ha reaccionado en términos similares. Esta confrontación política mantiene a la sociedad dividida en tercios: el que simpatiza, aunque de una manera difusa, con el gobierno y ARENA; el contrario al gobierno y ARENA, el cual no se aglutina necesariamente alrededor del FMLN, pues no tiene la capacidad de su contrincante para reunir a quienes están en su contra, y el que se mantiene al margen de estas alternativas. Estas divisiones, en apariencia irreconciliables, imposibilitan cualquier acuerdo social e incluso legislativo. Este último sólo es posible por medio de la negociación de cuotas de poder, en la derecha. Aunque el acuerdo es necesario para resolver los graves problemas nacionales, los dos partidos grandes apuestan a derrotarse para imponer, desde el poder, sus ideas. Los dos se consideran mutuamente excluyentes. Así, enfrascados en su lucha, ambos dejan de lado a los más de dos millones de salvadoreños que viven en la indigencia y la pobreza.

Esta dinámica de neutralización de fuerzas y bloqueo recíproco ha hecho que El Salvador pierda la poca capacidad que había adquirido, a comienzos de la década de los noventa, para decidir sobre asuntos fundamentales. En la actualidad, cualquiera de los dos partidos grandes que pretenda la aprobación de un proyecto de ley, debe hacer alianza con los otros. Sin embargo, en la práctica, ARENA tiene el control, porque el FMLN ha mostrado no tener capacidad para hacer tales alianzas. Esta situación se presta al tráfico de votos en la Asamblea Legislativa, a cambio de cuotas de poder y dinero. Sin duda, esta situación es incómoda para ARENA, que se dispone a reconquistar su independencia en las próximas elecciones, para lo cual debe conseguir la mayoría de los escaños legislativos. Si se sale con la suya, fortalecerá su posición, pero eso equivaldría a imponer decisiones partidarias a la generalidad. La imposición será mayor si, además de controlar el poder legislativo, consigue —y tiene muchas probabilidades— retener el poder ejecutivo un nuevo periodo.

La cuestión crucial aquí no es cuál de los dos partidos saldrá victorioso de esta confrontación, sino la situación precaria de la mayoría de la población salvadoreña, la cual se debate entre la vida y la muerte. Es por eso que los problemas que la afectan deben ser sacados del contexto de la lucha política partidaria, librada por estos dos partidos, para convertirlos en tema fundamental de un gran acuerdo nacional. El mecanismo que se ofrece para ello es un diálogo con alcance nacional, tanto por su problemática, como por sus participantes y sus consecuencias. Si fue posible resolver el conflicto armado por medio de un diálogo, seguido de una negociación, hay sobradas razones de orden social, político y ético para intentarlo de nuevo; esta vez, para enfrentar la situación de pobreza e indigencia de la población salvadoreña. De lo que se trata es de hacer realidad los derechos económicos y sociales de todos. Es una cuestión básica de derechos humanos: del derecho a la vida.