La verdad secuestrada
Mientras El Salvador intenta contar con una estructura
institucional moderna y eficaz, que responda a las necesidades actuales,
en el terreno de la justicia, ha surgido una contradicción que, con el
paso del tiempo, se ha ido agudizando, entre la verdad real y la verdad
jurídica, es decir, entre los hechos y su responsable directo o
indirecto, y el convencimiento, a partir de pruebas concluyentes, de que
determinado individuo es responsable del delito que se le imputa. El
meollo de esta contradicción consiste en que, en El Salvador, lo normal
es que ambas verdades no coincidan. Lo que en los tribunales se
considera como verdad, con bastante frecuencia, tiene muy poco
fundamento en la realidad. Por lo tanto, es mentira. Es así como la
verdad ha sido secuestrada por la mentira y la ignorancia desde hace
mucho tiempo, y no puede salir a luz en los tribunales, aun cuando se
cumplan todas las formalidades establecidas por la ley. Entonces resulta
que, por lo general, no se encuentran culpables y, en consecuencia, la
impunidad sigue predominando, después de casi diez años de transición de
postguerra.
En este campo tan fundamental para la vida democrática, las
instituciones encargadas de impartir justicia han sufrido muchas
modificaciones formales, pero pocas de fondo. Se han introducido cambios
para no cambiar. La brecha que separa a la verdad real de la jurídica es
la que, en buena medida, mantiene paralizado al sistema judicial, en
cuando que éste no puede cumplir con su función primordial de impartir
justicia. En el mejor de los casos, puede que cumpla con la ley, pero lo
hace fundamentado en la falsedad. El obstáculo que hay que salvar para
transitar de una verdad a la otra es estructural.
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