Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI)
E-mail: cidai@cidai.uca.edu.sv

Universidad Centroamericana (UCA)
Apdo. Postal 01-168 Boulevard Los Próceres
San Salvador, El Salvador, Centro América
Tel: +(503) 210-6600 ext. 407
Fax: +(503) 210-6655
 

    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
     Los interesados en suscribirse a este boletín pueden dirigirse a la Oficina de Distribución de Publicaciones de la UCA. Cualquier donativo será muy bien recibido por el CIDAI. Esta publicación se puede consultar parcialmente en la página electrónica de la UCA: http://www.uca.edu.sv

Año 22
número 960
julio 18, 2001
ISSN 0259-9864
 
 
 
 

ÍNDICE

Editorial:  Pequeño entre los grandes
Política:  A seis meses de los terremotos
Economía:  Sequía: una amenaza de desastre
Región:  El guión de Sísifo
Derechos Humanos:  DD.HH.: ¿nueva oportunidad?
Documento:  Desarrollo humano en Guatemala

 NOTICIAS
 
 
 

EDITORIAL

    El gobierno de Flores celebra con alegría que su presidente haya sido invitado a la reunión de los siete países más ricos del mundo más Rusia. Tiene razones para celebrar lo que es un éxito diplomático indiscutible: haber sido admitido en este exclusivo círculo de dinero y poder —aun cuando se trate de un pequeño entre los más grandes del mundo. En estas reuniones anuales, los gobernantes de las naciones más ricas conversan sobre la marcha de sus economías, sus ganancias y sus perspectivas. Lo demás les interesa tanto cuanto pueda afectar a aquéllas. Sin embargo, en esta ocasión, han hecho una excepción y han invitado a un centroamericano, a un asiático y a dos africanos para escuchar voces del tercer mundo.

    La invitación al presidente Flores parece haber venido por medio del presidente Bush, a quien, según la prensa, impresionó sobremanera con su intervención en la cumbre de Quebec. El presidente del gobierno español es otro de los gobernantes entusiasmados con Flores, a quien considera como modelo ideal para las naciones subdesarrolladas. Está visto que el presidente salvadoreño impresiona en los foros internacionales, pero no así en su propio país, donde, según la opinión popular, dice cosas bonitas, pero poco inteligibles para quienes tienen que bregar por la sobrevivencia, en condiciones de pobreza e inseguridad.

    De todas maneras, no debe ser muy difícil impresionar a un presidente como el estadounidense, quien no tiene mucha idea sobre política exterior, ni tampoco mucha formación como para entender las realidades complicadas. Aparte de haberse caído bien, el discurso salvadoreño debe haberle impresionado por ser muy similar al suyo. Ambos se caracterizan por su simpleza neoliberal. El español tampoco se queda atrás.

    Más allá del éxito diplomático y propagandístico, qué podría decir el presidente Flores a los gobernantes de las potencias más ricas del mundo. Con toda seguridad les hablará en el único leguaje que entienden, el del neoliberalismo. Les proporcionará la versión salvadoreña del mercado libre, la privatización, la apertura, los tratados de libre comercio y el uso del dólar. Tal vez incluso se atreva a repetir una petición que ha hecho ya en otros foros internacionales: el derecho de los países subdesarrollados a encontrar mercados para sus productos de exportación, lo cual es muy importante, porque las potencias que ahí se reúnen exigen un libre comercio que ellas no practican.
 
    Sin embargo, la petición del presidente salvadoreño ha pasado desapercibida, porque éste no la ha sabido elaborar, ni la ha empujado con convicción —quizás porque tampoco sabe con certeza lo que está pidiendo. Esta petición supone una crítica a la falta de libertad de mercado y es un reclamo para que éste sea efectivo. Sin mercados, los países subdesarrollados no pueden hacer avances en su empeño por reducir la pobreza. Sin embargo, es muy poco probable que el presidente Flores hable de los pobres; en el mejor de los casos, hablará de ellos desde la perspectiva del neoliberalismo, de tal manera que sus anfitriones no se sentirán incómodos con el invitado salvadoreño.

    De todas maneras, de las simpatías que el presidente estadounidense pueda tener hacia el salvadoreño se pueden derivar algunas ventajas importantes como conseguir un estatuto más estable para la comunidad salvadoreña emigrada a raíz del terremoto, más dinero para la inversión pública y privada, su apoyo personal para convencer a los inversionistas de las bondades del neoliberalismo salvadoreño e incluso quizás el tratado de libre comercio. En todo esto, lo más probable es que el presidente Flores trate de obtener ventajas sólo para El Salvador, olvidándose del resto de Centroamérica. Esto es lo que le han recomendado sus asesores, que se olvide de la región y piense sólo en vincular a El Salvador lo más estrechamente posible con Estados Unidos. Esta actitud de aislamiento es normal en los gobernantes centroamericanos, el presidente de Costa Rica está intentando hacer lo mismo.

    En Génova, el presidente Flores será objeto de las protestas que se preparan. Habrá dos tipos de manifestantes con un mismo objetivo, protestar contra el capitalismo salvaje e inhumano que los gobernantes con quienes se reunirá promueven en el mundo. El gran lema, el cual incluso el papa suscribe, es el clamor por algo distinto a la globalización. En Génova se han dado cita los grupos que desde Seattle han obligado a hacer de estas reuniones un dolor de cabeza para las fuerzas de policía y seguridad. Los participantes deben ser prácticamente encerrados para no ser objeto de los ataques, a veces violentos de estos grupos contrarios a la globalización.

    Por otro lado, a la cita también concurrirán los grupos católicos italianos con conciencia social, quienes también, desde la enseñanza social del magisterio eclesiástico, aprovecharán la ocasión para exigir una distribución más equitativa de la riqueza mundial. Estos grupos cuentan no sólo con el beneplácito del cardenal arzobispo de la ciudad y de los obispos regionales, sino también del mismo papa. Son los mismos que el verano pasado se reunieron para rezar y cantar con Juan Pablo II, en Tor Vergata. El papa, desde su retiro de descanso, ha pedido a los gobernantes escuchar el clamor de los pobres. Los invitados del tercer mundo debieran ser los portavoces de estos clamores. Ese es el sentido de la invitación que han recibido, al menos formalmente. Pero ya se sabe, el presidente salvadoreño poco tiene que decir de los pobres, a quienes ni siquiera mencionó en su reciente informe a la nación, es como si no existieran.

    No son pocos quienes se sorprenden de estas expresiones violentas, que desde hace algún tiempo acompañan a los poderosos del mundo. En teoría, habría otras formas para expresar las propias ideas en un régimen democrático; pero, en la práctica, no es fácil responder a la cólera que los manifestantes sienten contra la globalización, el mercado libre y Estados Unidos, y a favor del tercer mundo y del protocolo de Kyoto. Y no lo es porque la ira surge de un profundo malestar cada vez más general ante la impotencia que sienten los ciudadanos de las democracias, porque desde hace algún tiempo ya no controlan las decisiones que afectan sus vidas. Tanto que es irrelevante a quién elijan como representante o gobernante. Las cuestiones importantes están fuera de su alcance. Ante esto, algunos proponen como alternativa combinar lo global con lo local, pero nadie sabe todavía cómo puede operar esta combinación.

    De momento, sólo parece quedar la protesta que con frecuencia desemboca en una ira dispuesta a destruir lo que se le ponga por delante. Ha surgido así una nueva forma de lucha contra el capitalismo y contra el imperialismo de Estados Unidos —que como siempre sorprende a los estadounidenses, para quienes estas oleadas en contra suya resultan inexplicables. La estancia del presidente Flores en Génova no será placentera, sino que experimentará las inconveniencias que causan las excesivas medidas de seguridad. Es la desventaja de estar entre los grandes, cuando en realidad se es pequeño.
 

POLÍTICA

[Extracto]

    Ante el desastre dejado por los terremotos de enero y febrero del presente año, hay un cierto consenso nacional de que la situación de pobreza se ha agudizado, y que será difícil para el país reponerse de tan duro golpe, por lo menos en un futuro cercano. Los líderes políticos de tendencias diversas reconocen tal realidad. Los grupos organizados de la sociedad civil también hacen eco del deterioro de la calidad de vida de la población  y, particularmente, de los afectados directos por los terremotos.

    La amplitud del desastre y sus posibles consecuencias sobre el nivel de desarrollo nacional está recogida en el último Informe del PNUD sobre Desarrollo Humano en El Salvador. "Tal situación —nos dice el informe— tiene implicaciones importantes de política pública para el país. Si el daño severo que los terremotos han infligido al tejido social del país no se enfrenta rápida y efectivamente, podría deteriorar en un período relativamente breve los logros alcanzados en materia de desarrollo humano y combate a la pobreza durante los [años]1990, más allá de lo que ya lo han hecho los terremotos".

ECONOMÍA

[Extracto]

    En los últimos años, el sector agropecuario ha venido sumiéndose en una profunda crisis producida por la escasa —o nula— rentabilidad de los cultivos de granos básicos. La crisis abarca ahora también al sector cafetalero, afectado por la pronunciada caída en los precios internacionales acaecida desde 1989. Lejos están aquellas épocas en las que el sector agropecuario era el más dinámico de la economía y en el cual se generaba la mayor parte de la producción, empleo, exportaciones, ingresos tributarios y demanda agregada.  Las causas de esta situación son diversas y van desde las condiciones desfavorables en los mercados internacionales hasta desincentivos creados por las políticas públicas.
 

REGIÓN

    El ambiente en el que se viene desarrollando el proceso electoral nicaragüense no permite pensar racionalmente en ninguna mejoría post-electoral. Entre otras razones, porque la gran mayoría de los actores que actúan en el escenario pre-electoral continuarán actuando en el escenario post-electoral. Un escenario de bancarrota económica.

    Nicaragua lleva doce años subiendo la pesada piedra de su empobrecida economía al monte calvario del ajuste estructural, con la esperanza de que al llegar a la cumbre se le perdone su impagable deuda externa. Pero cuando ya va llegando a la cima, la piedra rueda hacia abajo y tiene que volver a empezar. Sucedió así al final del gobierno Chamorro. Los esfuerzos hechos dentro del programa de ajuste desde 1991 hicieron agua en 1995 —también era año pre-electoral—, y el gobierno Chamorro no pudo cumplir los compromisos suscritos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y no tuvo más remedio que acogerse a un Plan Sombra, una especie de arreglo ad hoc con el FMI que evitara el corte drástico de la ayuda de las agencias multilaterales y de los países donantes.

    La ayuda no se cortó, pero la piedra rodó otra vez hasta al pie del monte anunciando que habría que volver a empezar a trepar hasta la cima. Seis años después, el fantasma de Sísifo, piedra abajo y monte arriba, volvió a hacerse presente en la última ronda de negociación entre el gobierno Alemán y el FMI.

    El rompimiento del primer acuerdo ESAF entre el gobierno Chamorro y el FMI tuvo consecuencias negativas de largo plazo para Nicaragua. El gobierno Alemán se encontró con la herencia de un déficit fiscal de proporciones considerables y además, con el Banco Nacional de Desarrollo en total bancarrota. En 1997, durante su primer año de gestión, Alemán no pudo llegar a ningún acuerdo con el FMI y se vio obligado a endeudarse aceleradamente y con altos costos para mantener la estabilidad macroeconómica del país. Ese mismo año, el Banco Central emitió una cifra récord de bonos de corto plazo que devengaban intereses superiores a los prevalecientes en el mercado internacional y local.

    Desde entonces, el gobierno ha emitido anualmente nuevos stocks de estos bonos, conocidos como CENIS, lo que ha ido reduciendo el nivel de las reservas internacionales del país. También las crisis financieras en cadena iniciadas en agosto del 2000 —resueltas políticamente y, significativamente, con sólo un responsable encarcelado, Francisco Mayorga— han sido determinantes para reducir las reservas.

    El monto de las reservas internacionales netas que el FMI le exige tener en sus arcas al Banco Central de Nicaragua es el mayor obstáculo que ha tenido el gobierno Alemán para alcanzar con el FMI un acuerdo ad hoc similar al que obtuvo el gobierno Chamorro. También exige el FMI la pronta recapitalización del BANIC, banco donde los liberales concentran sus capitales y a punto de quiebra.
Para aumentar las reservas, el gobierno liberal sabe que no tiene otro remedio que adoptar una política económica aún más recesiva que la actual.

    Desde mayo, se ha visto obligado a dar pasos en esta dirección, muy riesgosos electoralmente, y generadores de reacciones que ya no tienen capacidad de controlar. Suprimió subsidios al transporte público y los transportistas fueron a una huelga que causó millonarias pérdidas diarias y que permitió al FSLN “montarse” sobre la crisis, controlarla y sacarle provecho electoral. Reduce el horario de las instituciones estatales y profundiza su ineficiencia. Recorta drásticamente el presupuesto del Ministerio de Cultura y al cerrarse proyectos y opciones culturales, atenta no sólo contra el patrimonio nacional sino también contra el incipiente turismo, y provoca una llamativa e inédita huelga de los funcionarios de la cultura y hasta la renuncia del Ministro.

    Buscando salidas, la estrategia del gobierno Alemán ante el FMI ha combinado el compromiso de una estricta disciplina fiscal y monetaria en los próximos seis meses a cambio de que se le aumenten recursos externos adicionales para concluir su gestión. El gobierno ha basado su insistencia de “mano extendida” ante el FMI en razones estrictamente políticas, confiando en que el gobierno de Estados Unidos, tercamente empeñado en impedir que el FSLN regrese al gobierno, ejerza su poderosa influencia ante el directorio del FMI. Un capital de 250 millones de dólares sería el monto de los recursos adicionales que tendría el gobierno para la segunda mitad del 2001. ¿Llegarán a tiempo para frenar la bancarrota y para impedir el revés electoral de los liberales?.
 

Colaboración de Ramón Eugenio Rodríguez, redactor de Revista Envío de Nicaragua

DERECHOS HUMANOS

    Por fin apareció el tan esperado “humo blanco” de donde, en muchas ocasiones, sólo neblina sale. Con 83 votos a favor y una abstención, después de una larga y accidentada travesía, la doctora Beatrice Alamanni de Carrillo fue nombrada procuradora para la defensa de los derechos humanos. No faltará quién se imagine que, tras esa elección, ya quedaron atrás los desatinos de la Asamblea Legislativa en esta materia. Nosotros, con algo de experiencia al respecto, consideramos más conveniente esperar un poco antes de emitir un juicio en tal sentido. Y no porque dudemos de la doctora de Carrillo.

    Más bien dudamos, con sobrada razón, de quienes son responsables fundamentales del lamentable estado en que se encuentra —a estas alturas— dicha institución tan importante para el desarrollo democrático de nuestro país. Pero nuestro recelo no termina ahí; alcanza también para titulares e integrantes de otras instituciones estatales, sin descartar a personas o grupos fuera del ámbito público cuya corta visión les impide, para desgracia general, descubrir las bondades que una Procuraduría fortalecida y eficiente le podría brindar a nuestra sociedad.

     Pero esa merecida desconfianza que nos genera el cuestionable liderazgo nacional de nuestros días, no impide que saludemos con esperanza el nombramiento de la nueva funcionaria. Por encima de lo anterior u otra razón cualquiera, a ella le brindamos nuestro modesto apoyo pero sin renunciar a nuestra labor fiscalizadora. Dicho en otras palabras: la doctora de Carrillo puede contar con un IDHUCA dispuesto a ofrecer sus recursos y a colaborarle sin vacilación, con o sin requerimiento previo y sin esperar nada a cambio, pero manteniendo una actitud crítica en el sentido de analizar virtudes, aciertos, problemas y deficiencias, pensando siempre en proponer las medidas que favorezcan el cumplimiento de su misión constitucional.

     En ese marco, sin ánimo de imponer nada a nadie y sin pretender tener la “última palabra”, pensamos que en este momento resulta oportuno externar algunas reflexiones sobre aspectos tales como las características que desde nuestra óptica —en las actuales condiciones— deberían observarse de manera destacada en la titular. De igual forma, consideramos importante compartir ciertas acciones que, a nuestro criterio, hay que considerar como prioridades a realizar durante los tres años siguientes.

     Para el IDHUCA, la recién estrenada procuradora debería ser y mostrarse independiente. Esta es una condición esencial que se encuentra contemplada en el segundo artículo de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Independencia ante los tres órganos fundamentales del Estado y sus partes integrantes, así como frente al resto del Ministerio Público, otras entidades estatales y los gobiernos locales. Independencia —además— de cara a los partidos políticos, los grupos de poder económico, los medios de difusión masiva y la llamada “sociedad civil”.

    Nada ni nadie puede ni debe imponerle algo que le impida el cumplimiento exacto de su alta misión, determinada en el ya citado artículo: “velar por la protección, promoción y educación de los derechos humanos y por la vigencia irrestricta de los mismos”.  Pero eso no quiere decir que para nada ni con nadie debería, la procuradora, establecer alianzas que le permitan —de una manera más fácil y oportuna— la realización práctica de su mandato.

    De todo lo anterior no nos queda duda si, además, leemos el décimo artículo de la mencionada ley. En él se dice que la procuradora “actuará en forma independiente en el ejercicio de su cargo y NO PODRÁ SER IMPEDIDA NI COARTADA POR NINGUNA AUTORIDAD. En el desempeño de sus funciones podrá requerir ayuda, cooperación, informes o dictámenes a los órganos del Estado, autoridades, funcionarios civiles, militares o de seguridad pública y a cualquier persona, quienes ESTARÁN OBLIGADOS A PRESTAR COLABORACIÓN CON CARÁCTER PRIORITARIO E INMEDIATO A SUS PETICIONES Y RECOMENDACIONES”. Es obvio nuestro interés por destacar con mayúsculas los aspectos que, dentro del artículo, reafirman lo que hace tres años trataron de anular por completo con la infeliz elección de entonces.

    Por otro lado, la procuradora debería ser parcial. Pero esa parcialidad no tiene que ver con favorecer a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, sino con una opción sin regateos en favor de las víctimas. En ese marco, se plantea una imparcialidad que apunte a no diferenciar ni entre los victimarios ni entre las víctimas. Los primeros, sin distinción, deben ser objeto de recomendaciones correctivas cuyo acatamiento tiene que ser garantizado mediante un esmerado seguimiento. No importa que se trate del titular de algún órgano estatal, un funcionario medio o el secretario municipal de alguna Alcaldía; cuando lo merezca, sea quien sea, no debe quedar exento de la censura moral proveniente de la procuradora. En cuanto a las víctimas, no valen criterios discriminatorios de ningún tipo para atender sus demandas y brindarles el apoyo pertinente.

    En cuanto a las acciones prioritarias a impulsar, sin establecer ordenamiento alguno, nuestra perspectiva es la siguiente. Resultaría fundamental que contase con un diagnóstico actual de la situación nacional de derechos humanos, dentro de la cual estén considerados al menos dos grandes rubros. El primero tendría que ver con aquellos factores que influyen negativamente para el irrespeto de los mismos; hablamos acá de la violencia y la inseguridad, lo económico y social, las dificultades para obtener justicia y los obstáculos para la participación ciudadana. El otro debería referirse a la actuación de la administración pública, tanto en lo relativo a su papel de garante —qué tanto está cumpliéndolo y qué le falta para ello— como en lo que toca a los hechos de violación que se le deban atribuir.

    Asimismo, a la brevedad posible, la procuradora tendría que dignificar la institución después de tanto agravio al que se ha visto sometida. ¿Cómo? En lo personal, con un protagonismo positivo y refrescante que le devuelva a la gente la confianza que —en algún momento y con razón— depositó en la Procuraduría. Pero en este ámbito, además, tendría que echar a andar una evaluación integral y especializada de la herramienta con la que cuenta. Es necesario saber cómo se encuentra la PDDH en cuanto a personal, procedimientos, estructura y relaciones, tanto con la población —organizada o no— como con otras instituciones estatales. Teniendo en sus manos un diagnóstico de la situación nacional, lo más objetivo posible, y una fotografía certera de la institución a su cargo, la procuradora podría determinar otras acciones en aras de influir positivamente para la transformación de una realidad preocupante.

     Además de lo anterior, se nos ocurren otras ideas que podrían ser consideradas por la doctora de Carrillo. Una de ellas: lograr que el Consejo Consultivo de la PDDH, que existió hasta junio de 1998, se convierta en una herramienta eficaz y participativa. Para ello, se debería incluir explícitamente tanto en su ley como en el respectivo reglamento a fin de establecer su existencia y carácter, definiéndolo como un espacio de consulta obligatoria y asesoría permanente para la procuradora, sobre todo cuando se trate de medidas o disposiciones de trascendencia nacional.

     Sería útil, además, introducir una propuesta de reforma constitucional para garantizar la autonomía presupuestaria de la PDDH respecto del Ministerio Público. Dicha autonomía se encuentra reconocida en el artículo diecinueve de su ley, en los siguientes términos: "Para su funcionamiento, la Procuraduría tendrá un presupuesto especial y su propia Ley de Salarios. Para efectos de control presupuestario, el Procurador establecerá los mecanismos que estime convenientes, sin perjuicio de la fiscalización que corresponde a la Corte de Cuentas de la República". Lo anterior conlleva que la PDDH sea explícitamente separada del Ministerio Público, de manera que su carácter institucional independiente e interventor respecto al resto de instancias estatales sea, incluso, formalmente reconocido.

     Otra sugerencia: la creación de mecanismos efectivos para la promoción, protección y defensa de los derechos humanos en el país. Entre ellos, se deberían considerar los siguientes: emitir de forma periódica —cada tres meses, de ser posible— informes relativos a la situación nacional en la materia para su amplio conocimiento; generar y hacer operativos diversos canales permanentes con las diferentes dependencias del sector público, que le permitan actuar prontamente cuando ocurran violaciones a los derechos humanos; crear y operativizar canales idóneos y accesibles que garanticen el servicio institucional en favor de la protección y defensa de los derechos humanos a toda hora y todos los días, como lo estipula su ley, tanto en la sede central como en las delegaciones departamentales de la PDH; impulsar un programa específico de atención a las víctimas —directas e indirectas— de violación a los derechos humanos, encaminado a garantizar su reparación moral y material por todos los medios posibles; priorizar la necesidad de realizar investigaciones constantes, especializadas y públicas en materia de derechos humanos.

     Cuando desde nuestro espacio nos ponemos a soñar con una Procuraduría funcionado de forma eficaz, respondiendo de verdad a las necesidades tan urgentes de nuestra población más necesitada, se atropellan las iniciativas porque sabemos de su capacidad. Esa capacidad, teóricamente establecida en su mandato constitucional y legal, ya fue conocida y reconocida en la práctica —dentro y fuera del país— durante sus primeros seis años de existencia. Por eso “pensamos en voz alta” y proponemos, sin que sea nuestra intención imponer nada.

     Precisamente por eso y porque queremos a la institución, saludamos con esperanza la etapa que ahora inicia. Su actual titular, mujer entusiasta y profesional, nos anima aún más. Es en ese marco que reiteramos nuestra posición. En primer lugar, el IDHUCA se encuentra dispuesto a hacer todos los esfuerzos por continuar trabajando en una causa que, durante años anteriores, cobró muchas y valiosas vidas. Y ante el nombramiento de la doctora de Carrillo como titular de la PDDH, expresamos nuestra total voluntad para colaborar con su gestión. Esa institución que ahora se encuentra bajo su conducción no nació como un obsequio de nadie; es fruto de un enorme esfuerzo social que, además, ha impedido su desnaturalización total durante los últimos tres años de su existencia. Desde su espacio en la sociedad, el IDHUCA tiene claro su compromiso fundamental: el respeto a la dignidad de nuestra gente. En él, todas y todos nos podemos encontrar y caminar juntos.
 

DOCUMENTO

1. La fuerza incluyente del desarrollo humano

    El desarrollo humano constituye un proceso de ampliación de las opciones que les permiten a las personas alcanzar una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos, aprender destrezas y contar con los recursos necesarios para disfrutar una alta calidad de vida. La exclusión reduce ostensiblemente estas opciones, en especial en tres ámbitos: a) el económico, al limitar los recursos y los ingresos; b) el político-jurídico, al constreñir la participación y el ejercicio de los derechos ciudadanos; c) el social, al desconocer las identidades y particularidades de etnia, género o de cualquier otra naturaleza e impedirles a diversos grupos disponer de redes de apoyo que les faciliten enfrentar la exclusión.

    Una forma de medir la exclusión la proporciona el índice de exclusión social o pobreza humana. Este toma en cuenta indicadores de analfabetismo, consumo de agua, desnutrición y probabilidades de sobrevivencia. La aplicación de este índice confirma los contrastes observados en informes anteriores: la exclusión social es más alta en el noroccidente y en el norte de Guatemala, y luego en el suroccidente y el nororiente, mientras que en la región metropolitana es la más baja. Siendo el género una de las principales causas de exclusión, también se ha establecido un índice que mide el avance de la posición de las mujeres en la sociedad. En el caso de Guatemala, esta posición, en contraste con la de otros 70 países, la colocan en el puesto 49, lo cual significa que la brecha existente entre la posición de los hombres y la de las mujeres es muy amplia.

2. La herencia histórica de las exclusiones

    En Guatemala la estratificación étnica hunde sus raíces en el carácter de la conquista y la colonia. La Independencia no significó el abandono los rasgos represivos y discriminatorios heredados del pasado, puesto que la nación imaginada por los republicanos guatemaltecos se apoyó en la exclusión de los indígenas. Con variaciones pero sin perder su carácter fundamental, el régimen de trabajo por deudas fue el instrumento que aseguró un tipo de empleo casi forzoso y de bajo costo, desde la colonia hasta bien entrado el siglo XX, en particular a la hacienda cafetalera necesitada de fuerza de trabajo. A este hay que agregar el trabajo gratuito para hacer y reparar caminos.

    Ambos fueron suprimidos solamente después de la revolución de 1944. Sin embargo, resabios como el de la posibilidad de que los finqueros cubrieran hasta un 35% del salario con alimentos quedaron consagrados incluso en la Constitución de 1985. Estrechamente vinculada a la anterior aparece la exclusión ligada a la tierra. El despojo de los indígenas empezó desde el momento mismo de la conquista y no cesó nunca. No obstante, el que estos mantuvieran en sus manos una porción de esas tierras obedecía al interés directo de la clase dirigente por cuanto ellos eran los únicos que pagaban tributos.

    La introducción del café en la segunda mitad del siglo XIX despertó una creciente necesidad de tierras. Esta se tradujo en expropiaciones de muchas de propiedad comunal, práctica que se mantuvo incluso hasta las primeras décadas del siglo XX. Más de un siglo de expropiaciones culminaron en una elevada concentración de la propiedad agraria, lo cual fue una de las justificaciones de la fallida reforma agraria impulsada en 1952.

     Posteriormente cobró fuerza la modernización de la agricultura de exportación, con base en el algodón, el azúcar y la ganadería, especialmente en la costa del Pacífico. Este proceso modernizador tuvo efectos contradictorios, pues aumentó el empleo en las épocas de cosecha, disminuyó el número de colonos, incrementó el número de asalariados, favoreció la subdivisión de la parcela campesina, empujó la frontera agrícola hacia las zonas boscosas del noroccidente del país y estimuló las migraciones campesinas hacia esa región y el Petén.

    Aunque a partir de 1871 hubo una reforma que le quitó el control a la Iglesia en materia de educación y convirtió esta en una función estatal, laica, gratuita y obligatoria, los resultados beneficiaron solamente a una minoría de clase alta.

    Los pobres y la casi totalidad de la población indígena siguieron siendo analfabetos. En la práctica hubo una segregación educativa con base étnica: por un lado se impulsaba una política paternalista basada en la idea de “civilizar” a los indígenas y asimilarlos como productores agrícolas, y, por otro, en la realidad se favorecía una educación pública generalmente restringida a los no indígenas. Esta herencia es parte de la explicación de que uno de cada tres guatemaltecos adultos haya entrado al siglo XXI como analfabeto.

    La salud también ha sido campo de exclusiones, como en el caso del “protomedicato” institución que respondía a los intereses de los criollos y pretendía fomentar la salubridad pública y la docencia, pero con exclusión de indígenas y ladinos. También tuvo un efecto excluyente la separación entre la medicina occidental y la indígena, a la cual se ha tildado de superstición. Un ejemplo concreto y expresivo de las secuelas de la exclusión se dio a principios del siglo XX, cuando una epidemia de influenza, entre 1918 y 1919, se ensañó principalmente en la población indígena ocupada en el cultivo del café.

    Las exclusiones políticas también han formado parte de la historia guatemalteca, como sucedió con los derechos de ciudadanía (entre 1879 y 1945) reservados únicamente a varones que no eran analfabetos, a analfabetos que eran propietarios de bienes raíces valorados en más de 1000 pesos, a artesanos con talleres en cabeceras municipales y a funcionarios municipales. La lucha contra el comunismo también justificó múltiples formas de exclusión política. La discriminación por razones ideológicas y políticas es una herencia del siglo XIX, de las enconadas luchas entre liberales y conservadores. Las exclusiones violentas de la época de Carrera fueron más agudas en el largo período liberal.

    Estas se manifestaron siempre en la restricción de partidos políticos de oposición y la persecución de quienes sostenían ideas y conductas disidentes. El anticomunismo de la época de Ubico creció en los sectores opuestos a las medidas tomadas por la revolución del 44 y luego a la política agraria de Arbenz. Los regímenes posteriores a 1954 mantuvieron, utilizando la represión y la violencia, la persecución y marginación política, como ha sido documentado por la Comisión de Esclarecimiento Histórico.

3. La dimensión económica de las exclusiones a finales del siglo XX

    A pesar de algunas mejoras durante la última década del siglo  XX, la pobreza continúa siendo elevada en Guatemala. Más de la mitad de la población guatemalteca (57%) es pobre y más de un cuarto (27%) extremadamente pobres. Aunque disminuyó en términos proporcionales (de 63% en 1989 a 57% en 1998), el número absoluto de pobres se elevó en 500 mil. Por otra parte, el comparar a Guatemala con otros países pone en evidencia que la extrema desigualdad del ingreso incide claramente en el alto grado de pobreza. Las personas afectadas por el desempleo, por precarias condiciones de trabajo o por un empleo de subsistencia suman más de dos terceras partes de la fuerza de trabajo. Las mujeres, los indígenas y los trabajadores Ruz- ralees son los que padecen el mayor grado de esta exclusión.

    Con relación a cada tipo de exclusión laboral, el impacto del subempleo visible es mucho más significativo que el del desempleo abierto, especialmente en el sector informal y en el de subsistencia agrícola. Un porcentaje importante de menores trabaja en la agricultura. Lo jóvenes (52%) conforman la mayor parte de desempleados, la baja escolaridad de los trabajadores tiene lugar en casi todos los sectores, y las mujeres predominan en el sector informal y en el empleo doméstico. A lo anterior, se suma la baja productividad de los indígenas y la disminución, en los últimos años, de la proporción del total de trabajadores que se encuentran en el sector formal debido, fundamentalmente, a la reducción de plazas de trabajo en el sector público.

    Las exclusiones también se evidencian en la posibilidad de no contar con tierra y agua. En lo que se refiere a la primera, la parte de las familias rurales con un acceso directo a la tierra disminuyó del 61% al 49% en los últimos veinte años. Como contraparte, debido a la mayor presión demográfica y el debilitamiento del régimen de colonato, aumentó la de los asalariados (de 22% al 33%) y la de los trabajadores con tierras arrendadas (del 8% al 17%).

    Por otra parte, aunque no existe información completa para documentarlo con seguridad, pareciera que la concentración de la tierra no se alteró profundamente durante las últimas dos décadas. Si bien se amplió la frontera agrícola en Petén y en la región Norte, a costa del área boscosa, las grandes explotaciones en los cultivos permanentes se expandieron en las zonas de la costa y la bocacosta. A su vez, las mujeres han tenido menos oportunidades que los hombres de disponer de tierra, ya sea propia o arrendada, debido a razones estructurales de vieja data y políticas públicas discriminatorias.

    Uno de los factores que limitan el acceso al agua es que las principales fuentes de agua están ubicadas en las vertientes atlánticas, mientras que en la del pacífico, que comprende la costa, la bocacosta y el altiplano, se concentra el mayor consumo. Sólo el 67% de los hogares dispone de agua de tubería. En el área urbana este porcentaje se eleva al 91% y en la rural al 49%. Esta diferencia se acrecienta con respecto a los servicios de drenaje: el 64% de los hogares urbanos lo tienen, en contraste con el 1% en el campo. Finalmente, únicamente el 9% de la superficie agrícola cuenta con riego, y alrededor de dos terceras partes se utiliza como riego para la caña de azúcar y el banano.

    La vivienda constituye una de las más claras expresiones de exclusión social. El promedio de personas por habitación (3.6) indica que la mayoría de los hogares sufren de hacinamiento. Este es mayor en el campo y entre los indígenas. Es menor en hogares con jefatura femenina. En estos también hay una más elevada inversión en el mejoramiento de la vivienda (materiales, techos, pisos, paredes) que en el de los de jefatura masculina. Los de jefatura femenina también cuentan con más agua y servicios de alcantarillado. A diferencia de cierto estancamiento en cuanto a los servicios de agua y de drenaje, ha habido un aumento significativo en el de electricidad, en los últimos diez años. Ese aumento se ha dado sobre todo en familias rurales e indígenas.

4. Dimensiones jurídicas y políticas de la exclusión

    La ciudadanía se encuentra establecida en la Constitución de 1985, como prácticamente en todas las otras constituciones que la antecedieron. Sin embargo, en la realidad, a lo largo de la historia, ha habido fuertes exclusiones políticas y legales. Después de la firma de los Acuerdos de Paz se dan condiciones más propicias para el despliegue de la vida democrática y una mayor participación de la gente en los asuntos públicos. Sin embargo, ni siquiera la forma más conspicua y tradicional de participación, el derecho al voto, se lleva a cabo en el grado que debiera.

    En efecto, la abstención alcanza muy altos porcentajes. Según la llamada abstención primaria (número de personas que acudieron a votar en relación con el número total de ciudadanos en edad de hacerlo) en las elecciones de 1999 sólo participó un 44%. Esa votación fue del 54% si la comparación se hace (abstención secundaria) en relación con el número de ciudadanos inscritos, lo cual eleva parcialmente la participación con respecto a las anteriores elecciones. Las razones que explican estos resultados incluyen el analfabetismo, la pobreza, la ruralidad, el género, la etnia, y la edad.
 
    En particular, tres grupos revelan una menor participación política: las mujeres, los jóvenes y los emigrantes. Si se analizan estos grupos de acuerdo con variables como educación, lugar donde se vive e ingreso, las diferencias más notorias se dan entre los hombres con educación y más ingreso y mujeres analfabetas que viven en zonas rurales. Otra forma de exclusión la constituye la desprotección legal, pues en tanto el sistema judicial no funcione bien, el derecho a una justicia pronta, gratuita y eficaz se ve vulnerado. Hay exclusión legal cuando, por ejemplo, se juzga a un indígena que no habla bien el español.

    El reconocimiento de la diversidad étnica debe entenderse en este caso en dos sentidos: los indígenas deben ser juzgados en su propio idioma y su derecho consuetudinario debe ser reconocido como supletorio.

    Otra forma de desprotección es la ausencia de castigo para quienes han llevado a cabo actos de violencia intrafamiliar. El mal trato a las mujeres, a los niños y a los ancianos no se halla debidamente sancionado. El clima patriarcal y machista que todavía se vive en la sociedad guatemalteca se manifiesta en formas de minusvalía para la mujer.

5. La dimensión social de la exclusión

    La exclusión se expresa también como la restricción de las oportunidades de que las personas obtengan los beneficios del desarrollo y hagan uso de las redes de apoyo social para enfrentar situaciones de desventaja social. En este sentido, las diferencias más marcadas se encuentran, ante todo, entre quienes habitan en las zonas rurales y quienes lo hacen en las áreas urbanas y luego, entre indígenas y no indígenas. También son importantes las de género. Una disparidad que debe ser destacada es la referente a los ingresos.

    Si bien hubo una tendencia general al mejoramiento de éstos durante la década recién pasada, en el área rural, la población indígena y las familias con jefatura masculina se produjo, en comparación con el resto de los hogares, un deterioro relativo. Por otra parte, a pesar de que durante esa misma década se ampliaron las oportunidades de educación y se redujo el analfabetismo entre los indígenas, persisten bajos índices en la mayoría de la población; en promedio, no se alcanza ni siquiera los nueve años de escolaridad establecidos como mínimo en la Constitución Política. Las posibilidades de educarse siguen siendo menores para la población rural, para los indígenas y para las mujeres.

    La exclusión en el acceso a los recursos que permiten la expresión cultural es otro fenómeno generalizado en Guatemala. Incluye la limitada disponibilidad de acceso a los medios de información y comunicación (radios, televisores, teléfonos) en la población, particularmente entre la población rural e indígena. Otra manifestación de limitaciones en este campo lo constituye el hecho que la proporción del gasto que se asigna a actividades culturales y al uso del tiempo libre apenas supera el 2% del Producto Interno Bruto.

    A título ilustrativo, el guatemalteco promedio hoy día cuenta con menos de 2 probabilidades entre más de 10,000 de tener educación en el arte; sólo 2 de cada 1,000 tendrán la posibilidad de leer un artículo con cierto contenido cultural en los diarios; 3 de cada 50,000 tendrán la oportunidad de asistir a un concierto a lo largo del año; la mitad de la población no podrá leer un libro en su propio idioma. Puede afirmarse que la sociedad guatemalteca, en general, está excluida del acceso a los recursos culturales. Además de los indígenas, las mujeres y los que habitan en el área rural, existen en la sociedad otros grupos que enfrentan situaciones particulares de exclusión. Algunos las sufren por razones de edad (niñez, juventud, adultos mayores), otros, por alguna discapacidad física, mental o sensorial, por una enfermedad estigmatizada como el SIDA o por tener una orientación sexual distinta a la heterosexual.
 

NOTICIAS

 CONFERENCIA. El obispo Auxiliar de San Salvador, Mons. Gregorio Rosa Chávez, manifestó, el 15.07, su  inconformidad con los planes de reconstrucción que ha impulsado el presidente Francisco Flores. El jerarca católico criticó la participación de Flores en el grupo de los 8 países más industrializados, conocido como G-8. El mandatario asistirá, el 20.07, a la reunión previa a la cumbre, a realizarse en Génova (Italia) y cuyo tema central será el combate de la pobreza. Chávez dijo que "es una gran ocasión para lograr apoyo para una visión audaz. Yo no veo esa visión audaz todavía en los labios de los voceros oficiales", expresó en alusión al presidente salvadoreño. "Sé que tiene muy buena imagen en el exterior en comparación con los demás líderes de América Central, pero dentro del país lamentamos que todavía no haya un plan de reconstrucción", añadió. Rosa Chávez no sólo criticó al mandatario por su posible papel en la cumbre, sino también por el plan de reconstrucción y las políticas sociales ejecutados en el país, luego de los pasados terremotos. En este contexto se preguntó Chávez: "¿Estamos contentos con el país tal como está, lleno de champas indignas del ser humano o de casitas de lata que no merecen el nombre de hogar?, ¿Estamos contentos con el sistema de justicia y las políticas oficiales en el campo de vivienda, trabajo, salud y educación?". Finalmente, el obispo declaró que Flores no se había reunido con representantes de la iglesia católica ni de la sociedad civil para abordar la temática de reconstrucción y de la cumbre del G-8, a pesar de que lo habían solicitado desde marzo (Conferencia de Prensa, Radio Paz, 15.07.01).