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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 21
número 949
mayo 2, 2001
ISSN 0259-9864
 
 
 
 
 

ÍNDICE

Editorial:  Sueños gubernamentales
Política:  Divergencias en torno al ALCA (II)
Economía:  El mercado de hidrocarburos
Comentario:  El ALCA, beneficios ¿para quién?
Derechos Humanos:  El Salvador: El camino hacia la paz pasa por la justicia

 NOTICIAS
 
 
 
 

EDITORIAL

   Las reacciones salvadoreñas ante la reunión de los presidentes americanos en Canadá son todas unánimemente positivas. Los altos funcionario gubernamentales, los grandes empresarios y la prensa coinciden en dar por hecho el tratado de libre comercio continental; no prevén ninguna dificultad en su negociación, ni en sus resultados previsibles, ni en la llamada cláusula democrática. El optimismo que manifiestan es tal que sólo auguran ventajas para la economía nacional, el empleo y la democracia. Pero la realidad es bastante más complicada de lo que parece.

    Una de las dificultades más importantes ya ha sido señalada por el mismo presidente Flores, pero su reclamo ha sido pasado por alto. Por segunda vez, el mandatario salvadoreño reclama en un foro internacional a los países industrializados por mantener firmes sus barreras arancelarias y no arancelarias, las cuales impiden que el comercio sea libre y que países como El Salvador puedan exportar. En esta ocasión, Flores se quejó porque ni Estados Unidos ni Canadá habían suprimido dichas barreras, tal como lo había hecho El Salvador. En consecuencia, el mandatario no sólo pidió un trato recíproco, sino que incluso rogó a ambas potencias que ayudasen al desarrollo nacional, suprimiendo esas barreras para facilitar el aumento de las exportaciones salvadoreñas. Es cierto que el comercio no es tan libre como sus promotores lo proclaman, ni el trato es recíproco, siendo Estados Unidos el mejor ejemplo de todo ello. Sin embargo, el presidente Flores se quedó corto, porque los gobiernos con más experiencia en estas materias saben que las barreras no arancelarias, junto con los subsidios y el dumping son más dañinas para la libertad de comercio que las barreras arancelarias.

    En lo que los funcionarios salvadoreños no parecen haber reparado aún es en que a Estados Unidos y Canadá muy poco les importa el desarrollo y el estado de las exportaciones salvadoreñas. Por lo tanto, no debieran esperar consideraciones especiales con argumentos como que la economía salvadoreña está maltrecha o el país es pobre. A las dos potencias del norte lo que les importa en realidad son las grandes economías latinoamericanas, como la mexicana, la brasileña, la argentina o la chilena, lo cual se constata en la rapidez y generosidad con las que les proporcionan miles de millones de dólares para rescatar sus economías de los baches en que las meten sus políticas neoliberales. Por otro lado, lo que realmente le interesa a Estados Unidos no es el desarrollo económico salvadoreño o, para el caso, ni siquiera el latinoamericano, sino la creación de un contrapeso a la importancia creciente de la Unión Europea en la economía internacional. En la medida en que este mercado europeo se amplíe y consolide, las oportunidades estadounidenses se reducen.

    Los gobernantes salvadoreños tampoco han reparado en que Bush todavía no tiene autorización del Congreso para negociar el tratado de libre comercio, aun cuando ya ha establecido la fecha para comenzar las pláticas, ni en los escandalosos contrastes económicos y sociales existentes entre los países latinoamericanos, lo cual dificulta que el proyecto de libre comercio pueda desarrollarse de manera uniforme, ni en la ausencia de instituciones y legislación no sólo homogénea, sino también eficaz para poder aplicar lo acordado, ni en que las mayores ventajas están reservadas a las economías más desarrolladas y dinámicas, entre las cuales no se encuentra la salvadoreña. Dicho de otra manera, pareciera que los funcionarios salvadoreños están haciendo las cuentas de la lechera.

    Un tratado de libre comercio con alcance continental no es nada fácil por más que el presidente Bush lo desee y por más que algunos presidentes latinoamericanos, como el salvadoreño, quisieran apurarlo. El proyecto encontrará obstáculos difíciles de salvar en Estados Unidos, donde los demócratas no están dispuestos a aprobar una negociación por la vía rápida y, en la cual, además, quieren que se incluyan normas sobre derechos laborales y medio ambiente –cosa, por otro lado, poco grata a la gran empresa salvadoreña. El padre del actual presidente estadounidense, hace más de una década, y su antecesor inmediato Clinton iniciaron sus gobiernos con esta idea, pero la tuvieron que abandonar pronto. En el mundo latinoamericano, no todos los presidentes comparten el optimismo del mandatario salvadoreño. El de Brasil tiene reparos, porque aceptar el tratado propuesto iría en detrimento del proyecto de libre comercio del Cono Sur y de la economía brasileña. El de Venezuela también se muestra cauteloso.

    Que un tratado de libre comercio tal como se plantea sea la alternativa para las maltrechas economías latinoamericanas, es muy discutible. Para comprobarlo, basta con observar lo que ha sucedido con un tratado similar en América del Norte, el cual prometió, a comienzos de la década de los noventa, prosperidad para México, bienes y servicios más baratos para los estadounidenses y más empleos para los tres países. No obstante haber creado un gigantesco mercado único de 400 millones de personas con un producto interno bruto de 6.5 billones de dólares y haber suprimido casi la mitad de las tarifas comerciales entre México y Estados Unidos, se han perdido empleos, el medio ambiente se ha degradado y el déficit del crecimiento comercial se mantiene. Esto significa que el tratado habría fracasado en la más conservadora de las pruebas, aquella que determina que no produce daños. Sin embargo, los más optimistas alegan que México avanzó por los caminos de la democracia y la prosperidad económica y que Estados Unidos tiene ahora mayor interés y se siente más obligado con su vecino del sur.

    Brasil no firmará el tratado a menos que Estados Unidos acepte abrir por completo sus mercados. En cambio, El Salvador dirigido por los gobiernos de ARENA ha hecho precisamente lo contrario, se ha abierto sin restricciones y sin obtener ninguna compensación. El reclamo del presidente Flores por esta desconsideración de parte de Estados Unidos y Canadá fue recibido con buenas palabras y más promesas. Aun cuando el reclamo salvadoreño fuera escuchado, su falta de preparación en el campo económico e institucional no le permitirían sacar las ventajas con las que sueña. Pensar que Estados Unidos y Canadá tendrán compasión de la pequeña y subdesarrollada economía salvadoreña es una vana ilusión. De esta reunión de presidentes americanos y de otras similares una cosa debiera estar clara ya, la solución de los problemas nacionales y regionales no se encuentra tanto fuera como dentro. Centroamérica mientras tanto disputa entre sí por huevos, arroz, productos lácteos, el tamaño de sus ejércitos y sus fronteras. Hasta que esta visión cortoplacista y provinciana no sea modificada, poco se puede esperar de un tratado de libre comercio como en el que el gobierno de Flores sueña.

[EXTRACTO]

    Las pretensiones de participación y de democracia que animaron a los delegados de organizaciones sociales a protestar en contra de la reunión de los mandatarios para la promoción del ALCA tienen su razón de ser en la misma historia regional donde la participación y la opinión de la inmensa mayoría han sido siempre irrelevantes. No se suele tomar en cuenta la opinión del ciudadano común del continente en las decisiones políticas que le conciernen. Prueba de ello es que buena parte de los analistas internacionales, en sus reflexiones acerca de posibles impactos de las manifestaciones públicas en Quebec, no fueron más allá de  considerar las eventuales reacciones de la opinión pública en Estados Unidos. Se da por descontado que pese a las oposiciones en otros países de la región, se terminará imponiendo la visión de los mandatarios. El votante estadounidense, por medio de sus legisladores, es el único que puede ser considerado un posible obstáculo para la implementación del ALCA. No puede ser más clara la voluntad política de exclusión de los pueblos latinoamericanos en una decisión tan trascendental. Por lo que las aparentemente ínfimas diferencias en los términos democracia participativa y democracia representativa se tornan mucho más relevantes.

[EXTRACTO]

    Desde que se inició la liberalización del mercado de los hidrocarburos resultó claro de que la medida provocaría importantes cambios en términos de concentración económica y de ampliación en la discrecionalidad para la fijación de los precios. La privatización de la distribución de los productos derivados del petróleo en 1990 fue el primer paso tendiente a la apertura de este mercado, que luego fue seguido por otras medidas como el establecimiento del sistema de paridad de importación para la fijación de precios y, más recientemente, la eliminación de este sistema y la liberalización de los precios. Estos son ahora fijados según criterios de las compañías petroleras que controlan la importación, transporte y distribución de productos derivados del petróleo.

     La protesta de miles de personas en la Ciudad de Quebec, Canadá, lugar donde se llevó a cabo la III Cumbre de las Américas del 20 de abril, no impidió su normal desarrollo. Pero, el eje central de protesta si debe hacer reflexionar a versados y no versados, en materia económica.

     Los manifestantes que se liaron a golpes con la policía dejando un saldo de más de un centenar de heridos, incluyendo la autoridad, y más de 400 arrestados, rechazan en esencia el proceso de globalización iniciado a principios de la década pasada en el continente americano.

     De hecho, la Casa Blanca les llamó "globalifóbicos". Los términos no son casuales, puesto que los 34 mandatarios que asistieron a la Cumbre acordaron impulsar, a más tardar en el año 2005, el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) concebido como producto de proceso globalizador que a su vez es un componente básico del modelo Neoliberal.

     El comienzo de esta reflexión no es casual con la descripción de las protestas, éstas obligan a no dejar por fuera otras consideraciones acerca de los beneficios reales del ALCA. Como todo proceso globalizador, los jefes de Estado reunidos en Quebec han sostenido que el impulso de un Área de Libre Comercio en el continente americano permitirá abrir miles de fuentes de empleo. Para ser más precisos, el presidente de El Salvador Francisco Flores, dijo que este acuerdo comercial permitirá "Hacerles a nuestros sectores tradicionales más fácil la transacción".

     Estos dos puntos merecen una reflexión especial. ¿Hasta qué punto El Salvador está en capacidad de competir en mercados como el norteamericano o canadiense? El ejemplo reciente de un Tratado de Libre Comercio con México ha demostrado en poco tiempo que los empresarios e industriales salvadoreños lucen en franca desventaja con el vecino del norte. Las importaciones de México hacia El Salvador se triplican en relación a las de nuestro país a México.

     Esto tiene explicaciones lógicas. El tipo de productos, los controles de calidad y la cantidad de productos mexicanos son superiores a los salvadoreños como producto de un mercado más maduro y más fogueado en las líneas del neoliberalismo. Esto significa que el más grande se come al más chico. La cantidad exagerada de transnacionales en el país, sin tan siquiera una Ley de Libre Competencia que los regule ha difuminado cualquier intento por crecer gran parte de la industria salvadoreña.  A esto es lo que algunos economistas llaman la voracidad del mercado. Ahora bien, el fenómeno del empleo es otro de los beneficios atribuidos al ALCA. En este punto, la historia se repite. Los gobiernos del llamado tercer mundo cubren su ineficiencia en la generación de empleos a través de la apertura de sus puertas a todas aquellas empresas que desean emplear mano de obra barata, la cual en El Salvador abunda.

     Aquí el campo se limita casi sólo a la industria textil, ya que es poca la mano de obra existente, para otras industrias que requieren mano de obra más capacitada a todos los niveles. Las ganancias directas de esta manufactura nunca es dinero que ingresa a las arcas del país, puesto que es "capital golondrina" que para en otros países. En fin, la producción es donde se vería realmente las bondades de este supuesto beneficio.

     No se niega que posiblemente un pequeño grupo de empresarios que gobiernan el mercado salvadoreño podrían invertir en otros países, pero nuevamente este dinero no beneficiará a las mayorías.  Por ello, entonces, es que el segundo gran acuerdo suscrito durante la cumbre se vuelve inconsistente. Los mandatarios acordaron no permitir en el Área de Libre Comercio para Las Américas a aquellos países sin democracia, en alusión directa a Cuba.

    En este clima de opinión, la pregunta planteada es si gobiernos como el de El Salvador es suficientemente democráticos en estos foros continentales como para defender los verdaderos intereses de la colectividad. La regulación del mercado sería a lo mejor un buen ejemplo. Por hoy la pregunta sigue planteada El ALCA, beneficios ¿para quién?

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Colaboración de Douglas Avilés, Periodista.

Introducción

     La impunidad —el hecho de no llevar ante los tribunales ni castigar a los responsables de violaciones de derechos humanos— se convierte en una nueva violación de los derechos humanos de las víctimas y sus familiares. Esta cadena debe romperse para que El Salvador pueda avanzar realmente en el camino hacia la paz y la armonía, para que se haga justicia con las víctimas y para que la impunidad no se transforme en la norma para el presente.

     La impunidad tiene habitualmente su origen en una falta de voluntad política, lo que a su vez a menudo se deriva del hecho de que ha sido el propio Estado, o sus instituciones, como el ejército, el que ha cometido o fomentado esas violaciones. La impunidad puede también deberse a que los gobiernos no consideran la defensa de los derechos humanos como parte fundamental de sus programas políticos nacionales. Cualquiera que sea la causa, la impunidad significa en última instancia la negación de la justicia para las víctimas y crea un clima en el que los individuos pueden seguir cometiendo violaciones sin temor a ser arrestados, procesados o castigados.

     La lucha contra la impunidad está estrechamente ligada a principios fundamentales de los derechos humanos como son la imparcialidad, la rendición de cuentas y la justicia. Amnistía Internacional, por consiguiente, se opone a cualquier tipo de medida que suponga la amnistía de los autores de crímenes contra la humanidad y de crímenes de guerra hasta que la verdad sobre esos crímenes se determine y se conozca; hasta que a las víctimas se les haya proporcionado la reparación de que son acreedoras; o hasta que concluyan los procesos judiciales con sentencias claras de culpabilidad o inocencia.

     Se desconoce la cifra total de víctimas de violaciones de derechos humanos en El Salvador entre 1980 y 1991, aunque se calcula que unas setenta y cinco mil personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, tortura, «desapariciones» y homicidios ilegítimos. Sin embargo, sólo se ha castigado a un número reducido de personas por la comisión de estas graves violaciones de derechos humanos. Hasta la fecha ha imperado la impunidad.

     El proceso de paz y el Informe de la Comisión de la Verdad sobre El Salvador, publicado en marzo de 1993, suscitaron la esperanza de que se haría algo para investigar los delitos cometidos en el pasado. Sin embargo, todas estas esperanzas se vieron frustradas por la aprobación de la Ley General de Amnistía a los pocos días de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad.

     Durante la década de los ochenta y principios de los noventa, Amnistía Internacional pidió repetidas veces a las autoridades que investigaran las graves violaciones de derechos humanos que estaban cometiéndose en El Salvador y llevaran a los responsables ante la justicia. La organización prosiguió con su empeño al finalizar el conflicto armado. Amnistía Internacional está renovando sus esfuerzos para acabar con la impunidad porque está convencida de que la impunidad en relación con los casos del pasado fomenta la impunidad en el presente, lo que provoca un ciclo interminable.

     Algunas decisiones y recomendaciones formuladas recientemente por organismos internacionales de derechos humanos han sido desestimadas con la excusa de que hacer justicia por violaciones de derechos humanos sería contraproducente para la paz del país. Estas afirmaciones son un insulto para el sufrimiento de las víctimas y de sus familiares.  El camino hacia la paz pasa por que se haga justicia, de forma independiente e imparcial, por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado en El Salvador.

• El proceso de paz

     El proceso de paz para El Salvador comenzó en 1987 con el Acuerdo de Esquipulas II, firmado por los presidentes de cinco países centroamericanos, en un intento de lograr la paz para la región. Culminó con el Acuerdo de Paz firmado el 16 de enero de 1992 en México por el gobierno de El Salvador y el FMLN. Todo el proceso se llevó a cabo bajo los auspicios del secretario general de las Naciones Unidas.

     El 26 de julio de 1990, el gobierno de El Salvador y el FMLN firmaron el Acuerdo de San José. En el contexto de las iniciativas para poner fin al conflicto armado, se trataba del primer acuerdo que se centraba en la cuestión del respeto a los derechos humanos, e incluso se daba prioridad a la investigación de los casos de violaciones de derechos humanos y a la identificación y sanción de los responsables.

     Un paso importante del proceso fue la constitución de la Comisión de la Verdad, cuya creación se acordó en abril de 1991 para investigar las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar a partir de 1980 y para formular recomendaciones que serían vinculantes según acordaron las dos partes del conflicto.

     El informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador, titulado De la Locura a la Esperanza, la guerra de 12 años en El Salvador. Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador 1  , se publicó el 15 de marzo de 1993. El informe confirmaba lo que muchas organizaciones salvadoreñas e internacionales habían denunciado durante la guerra civil, a saber, que las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares eran responsables de matanzas, homicidios, torturas y «desapariciones» en gran escala. Concluía el informe que los escuadrones de la muerte, vinculados a estructuras del Estado, se habían convertido en un «instrumento de terror y de práctica sistemática de eliminación física de opositores políticos» y manifestaba que la judicatura tenía una gran responsabilidad en relación con la impunidad con la que se habían cometido los abusos. El noventa por ciento de los abusos que se denunciaron ante la Comisión fueron atribuidos a los militares, a las fuerzas de seguridad o a escuadrones de la muerte vinculados a ambos, pero también se responsabilizó al FMLN de un gran número de homicidios y secuestros.

     En el informe se formulaban una serie de recomendaciones, entre ellas apartar de su cargo a todos los militares y funcionarios judiciales citados en él, llevar a cabo amplias reformas en la judicatura, la policía, las fuerzas armadas y la aplicación de todas las recomendaciones de derechos humanos expresadas por la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL).2   Hasta la fecha las recomendaciones de la Comisión no se han puesto en práctica en su totalidad.

• La Ley de Amnistía de 1993

     A los pocos días de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad, la Asamblea Nacional aprobó una ley de amnistía para, en palabras del arzobispo católico de San Salvador, monseñor Arturo Rivera Damas, «esconder 12 años de atrocidades bajo la alfombra». La Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz se aprobó por  mayoría simple de los votos de los partidos de la derecha en la Asamblea. El 22 de marzo, el entonces presidente Alfredo Cristiani la sancionó. El FMLN no era entonces un partido político por lo que no intervino en su aprobación, aunque la ley también beneficiaba a sus miembros. Entre otras cosas, la ley proporcionaba una amnistía amplia, absoluta e incondicional a todos los responsables de la comisión de abusos contra los derechos humanos con anterioridad a enero de 1992, independientemente de que hubieran sido condenados o de que se hubieran iniciado procedimientos judiciales contra ellos.

     Hasta la fecha sólo se han investigado unos pocos casos destacados pero, en general, no ha habido una investigación exhaustiva e independiente. Por ello, en la inmensa mayoría de los casos no se ha llevado a nadie ante la justicia por estas violaciones de derechos humanos.
 Se presentó un recurso, que no prosperó, ante la Corte Suprema de Justicia poco después de su promulgación. Uno de los argumentos utilizados por el alto Tribunal para rechazar este recurso fue que la ley era un acto político y que, por consiguiente, excedía su ámbito de competencia.

     En diciembre de 1997 se presentó un nuevo recurso ante la Corte Suprema de Justicia, en el que se alegaba que la Ley de Amnistía era inconstitucional. En abril de 1998, la Corte aceptó revisar la cuestión. En octubre del 2000, la Corte finalmente se pronunció sobre el recurso y estableció que la ley era constitucional pero, que en los casos relacionados con el personal militar o los funcionarios civiles implicados en delitos cometidos entre 1989 y 1994 que contravenían la Constitución, serían las autoridades judiciales las que decidirían si se llevaba a cabo el procesamiento. Aunque este fallo permitía el procesamiento de algunas causas, excluía la mayoría de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado, como las matanzas de las que fueron víctimas centenares de civiles, dado que tuvieron lugar antes de 1989.

     Amnistía Internacional siempre ha argumentado que la Ley de Amnistía aprobada en 1993 sirve para escudar a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales, «desapariciones» o torturas que sufrieron miles de salvadoreños. Asimismo, conculca las disposiciones de la Constitución del país, entre ellas:

a)    El artículo 1, que establece que la organización del Estado tiene como objetivo lograr la justicia, la seguridad jurídica y el bien común.

b)    El artículo 2, que afirma que toda persona tiene, entre otros, el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad y a ser protegido en la preservación y defensa de estos derechos. También establece el principio de indemnización por daños morales.

c)    El artículo 17, que prohibe a cualquier institución, funcionario o autoridad del Estado que asuma causas judiciales pendientes, abrir juicios o procedimientos caducados.

d)    El artículo 194, que afirma que los instrumentos internacionales prevalecen sobre las leyes nacionales y que en caso de conflicto entre los dos prevalece el tratado internacional.

• El marco institucional

     La existencia de un sistema judicial que funcione debidamente es importante para combatir la impunidad, tanto en relación con las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado como con las actuales. Amnistía Internacional reconoce que ha habido avances en los cambios y reformas de las instituciones nacionales que exponían los Acuerdos de Paz y en las recomendaciones formuladas por la Comisión de la Verdad. La organización también está al tanto del proceso que está teniendo lugar en la Policía Nacional Civil, el sistema judicial y la Fiscalía General para deshacerse de los funcionarios implicados en actos de corrupción, otros actos ilegales o por su deficiente rendimiento. La crisis política e institucional que ha afectado a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en los últimos tres años también ha supuesto un retroceso para la protección de tales derechos. Es fundamental que estos procesos se completen con eficacia y rapidez de forma que tales instituciones estén plenamente operativas lo antes posible. También es imprescindible que se constituya un sistema apropiado de control para impedir que vuelvan a repetirse ese tipo de actos de forma que estas instituciones puedan desempeñar su cometido en condiciones óptimas y de modo que el pueblo salvadoreño pueda confiar plenamente en ellas.

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1 Consúltese texto en www.derechos.org/nizkor/salvador/informes/truth.html
2 ONUSAL se constituyó para vigilar el cumplimiento de los acuerdos de paz y comenzó a funcionar en El Salvador en julio de 1991. Su División de Derechos Humanos recibió el mandato específico de verificar la aplicación por ambas partes del Acuerdo de San José de 1990, que comprometía a ambas partes a erradicar las violaciones de derechos humanos y otros abusos. La División de Derechos Humanos publicó informes periódicos en el que se documentaban la situación general y los casos de violaciones de derechos humanos así como la aplicación de otros acuerdos relacionados directamente con la protección de estos derechos en El Salvador.  ONUSAL formuló numerosas recomendaciones al gobierno en relación con los casos individuales que había investigado, sobre la situación general de los abusos y sobre las reformas institucionales. Ninguno de ellas se puso en práctica.

CONFLICTO. Autoridades de El Salvador decidieron prohibir, desde el 30.04, el ingreso de los productos lácteos de Honduras como respuesta a una medida similar adoptada por ese país desde el 09.04. Honduras había prohibido la entrada de productos avícolas salvadoreños por la presunta existencia de la llamada “influenza aviar” en algunas de sus granjas. Las autoridades de ese país habían advertido, el 28.04, que acusarían a El Salvador ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) si toamba represalias injustificadas. Pero a juicio del ministro salvadoreño de Economía, Miguel Lacayo, la decisión de El Salvador se basa en motivos técnicos y no constituye una represalia. “Sencillamente, vamos a actuar en función que hay un problema con los lácteos y vamos a proceder a parar esos productos que no cumplen con las normas”, enfatizó. Por su parte, el viceministro de Agricultura hondureño, Miguel Angel Bonilla, aseguró que su gobierno adoptó la medida para proteger su patrimonio agropecuario, “nuestra actividad agrícola resultará gravemente dañada si El Salvador no controla la influenza aviar en su territorio”, concluyó el funcionario. De acuerdo al periódico hondureño La Prensa,  “el problema radica que en El Salvador los productores avícolas tienen mucho poder político y económico y están presionando a sus autoridades para que no cumplan con las disposiciones y compromisos internacionales tendientes a regular los productos vegetales y animales (EDH, 30.04.01, p.2 y 3; La Prensa de Honduras, 30.04.01).
 

EVALUACIÓN. “¡Cierro un exitoso año de labores!”, fue la frase con que resumió Ciro Cruz Zepeda, presidente saliente de la Asamblea Legislativa su gestión parlamentaria. De acuerdo al informe anual, fueron aprobados 757 dictámenes, de los cuales, el 29% corresponde a reformas de ley y el 22% lo forman ratificaciones a convenios y préstamos internacionales. Sin embargo, quedaron 1,176 expedientes acumulados, entre los que destacan, la elección del Procurador de Derechos Humanos, una ley de prevención de desastres y una ley de libre competencia, entre otras. La votación más polémica fue la aprobación de la Ley de Integración Monetaria que permitió la fijación del dólar a 8.75 colones. Zepeda defendió esta y otras iniciativas que no contaron con el respaldo de la izquierda, “creo que el país necesitaba de esos instrumentos jurídicos”, comentó. El año de gestión despertó dudas en la opinión pública sobre temas controversiales, tales como el aumento salarial a cuatro empleados legislativos cuando la misma Asamblea había congelado cualquier incremento y el intento de la Junta Directiva de restringir el acceso a la información dentro del Palacio Legislativo. Por su parte, el FMLN, mediante un comunicado, fue el partido político que evaluó con más dureza la labor parlamentaria. “La Asamblea Legislativa es el órgano más cuestionado y mal evaluado por la población, la alianza de derecha ha permitido la aprobación de leyes y otros dictámenes, en procesos inconsultos, excluyentes […] en los cuales el FMLN se ha opuesto enérgicamente”, concluyó (EDH, 30.04.01, p.10 y 12; LPG, 01.05.01, p.35).
 

 RECONSTRUCCIÓN. El presidente del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), Miguel Angel Simán, reveló, el 29.04, que la cifra de viviendas temporales listas es de 175 mil; es decir, un 95% de las viviendas que, a juicio del gobierno, son necesarias para reducir el impacto del invierno en las familias damnificadas por los terremotos. Del total, 100 mil fueron construidas por el FISDL y las restantes 75 mil por la Fuerza Armada, la organización CARE, Cruz Roja, Iglesia Católica, PNUD y FUNDASAL. “Se han logrado grandes avances, pero no hemos dicho que hemos terminado, estamos evaluando y redoblando esfuerzos”, aseguró Simán. Sin embargo, el Arzobispo de San Salvador, Mons. Fernando Saenz Lacalle,  instó al FISDL para que todas las personas afectadas tengan los materiales necesarios antes del invierno. “Después debe procurarse sustituir las viviendas temporales por definitivas”, adelantó el prelado. El presidente del FISDL añadió que en la remoción de escombros y derrumbes se han invertido $3.9 millones. Aunque algunas de las familias no temen al invierno, debido a que ya han recibido su vivienda temporal, les preocupan las condiciones de las viviendas. “Somos catorce en mi familia, en mi casita de lámina apenas caben las camas de los siete niños”, comentó Concepción Alfaro, habitante de Nuevo Tepetitán, San Vicente. El alcalde de ese municipio, Evenol Funes dijo que los habitantes se quejan de las viviendas porque “por el día parecen microondas y por la noche refrigeradoras” (LPG, 30.04.01, p.4 y 5; EDH, 30.04.01, p.6).
 

 INMIGRANTES. “Fue mejor en México. Allí había buena atención, allí daban almuerzo y merienda”, comentó Angel Bernal, un agricultor ecuatoriano de 45 años de edad, quien formaba parte de grupo de inmigrantes indocumentados detenidos el pasado 27.04. Funcionarios de migración se disponían a deportar, el 29.04, a 31 ecuatorianos, dos peruanos y un colombiano hasta sus países de origen, mientras fueron detenidos otros seis peruanos, un dominicano y dos nicaragüenses. Los indocumentados se quejaron del trato que recibieron durante su estadía en la División de Fronteras de la Policía Nacional Civil (PNC). Hacinados, los detenidos se las arreglaron para dormir en colchonetas o en el piso, compartiendo un solo servicio sanitario con escasez de agua. Ante ello, el jefe de la División de Fronteras de la PNC, Oswaldo Portillo Flores, aceptó que el patio frente a las bartolinas no es el lugar más cómodo para alojar a las personas custodiadas, pero no hay otra alternativa. Además señaló que los problemas de agua se deben al lugar y justificó la deficiente alimentación en la escasez de recursos ya que “el dinero que se podría utilizar en hacer una mejoría se está gastando en los boletos (de avión)”. Portillo aseguró que, de acuerdo al reducido presupuesto, se destinan unos tres colones ($0.35) por reo para cada tiempo de comida (LPG, 30.04.01, p.14; EDH, 30.04.01, p.8).
 

 MARCHA. Centenares de trabajadores marcharon este primero de mayo en conmemoración del 115 aniversario del día del trabajo. Altos dirigentes y diputados del FMLN, sindicalistas, y estudiantes de la Universidad de El Salvador (UES) marcharon desde la Plaza de El Salvador del Mundo hasta la Plaza Libertad. La Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM) manifestó su repudio a las políticas impuestas por los organismos internacionales y ejecutadas por el Presidente Francisco Flores y por los Consejos Municipales. Por su parte, el Partido FMLN, en un Comunicado de Prensa, expresó "que los gobiernos títeres como el de ARENA con sus medidas anti-populares y represivas no logran resolver sus problemas a la mayoría de la población". Voceros de Frente agregaron que nunca en este país ha habido tanta pobreza, prostitución, desempleo, corrupción y tantos problemas aún sin resolver. Por otro lado, supuestos estudiantes de la UES en su "desfile bufo" ridiculizaron a figuras públicas como al diputado Francisco Merino, al Presidente Flores y al Arzobispo Saenz Lacalle, entre otros. Asimismo, lamentaron que el Gobierno Central ceda tan fácilmente a las políticas internacionales y mostraron su repudio a los que consideran medidas anti-populares. Los matutinos El Diario de hoy y La Prensa Gráfica  destacaron que la marcha se desarrolló con quemas de llantas y de casetas telefónicas, interrupción del tráfico, pintas en las paredes, consignas y brotes de violencia (Radio YSUCA, 01.05.01; LPG, 02.05.01, p.8; EDH, 02.05.01, p.2 y 3).
 

 DIRECTIVA. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ciro Cruz Zepeda, manifestó que por el momento es difícil decidir a ciencia cierta el escenario más seguro dentro de la Asamblea, aunque no descarta del todo el interés de ARENA por ocupar el segundo año de la ligeslatura. Luego de la negativa del FMLN, los partidos de derecha cambiaron su discurso y consideraron colocar al frente del parlamento a un diputado de un partido pequeño, ya fuera del CDU, PSD, o PDC. Por su parte, el Vicepresidente de la asamblea y diputado arenero, Walter Araujo dijo que "para el partido no es punto de honor ocupar el segundo año de legislatura". Sin embargo, para no esperar más, los diputados realizaron, este lunes, una plenaria extraordinaria en donde se suponía habría nuevo Presidente y nuevos directivos. Pero como en política abundan las sorpresas, ahora resultó que el partido ARENA, que había asegurado que no aceptaría la Presidencia en el segundo año de gestión, tomó cargo. Walter Araujo, desde las primeras horas del 1 de mayo tomó posesión del Primer Órgano del Estado, basándose en el artículo 6 del reglamento interno, que reza que de no haber un Presidente, el cargo lo asumiría, automáticamente, el primer vicepresidente electo. (Radio YSUCA, 27.04.01; 30.04.01)
 

 DESPIDOS. Por lo menos, unos 700 empleados abandonarán sus lugares de trabajo en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como  parte de la llamada modernización de dicha institución. El proyecto que es financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID)  pretende volver eficiente el trabajo y devolver la credibilidad a la institución. Este proyecto contempla tres componentes fundamentales: la modernización del tribunal, la creación de 4 leyes y la implementación del voto residencial, con lo que buscaría aminorar el ausentismo de los votantes. Por su parte, el Presidente del Tribunal Supremo Electoral, Sergio Mena Méndez, aseguró "que debe existir voluntad política para echar a andar la modernización de una institución clave para la democracia del país". Según los magistrados, no se podrá implementar la modernización del tribunal sin antes impulsar cuatro leyes electorales, con las cuales se puedan llegar hasta el voto residencial. Los beneficios para la ciudadanía serán, entre otros, el real acceso a los procesos electorales, mayor participación ciudadana y el padrón electoral depurado, entre otros. Además, se pretende que los resultados de los comicios sean más rápidos y eficientes, lo cual daría legitimidad a los procesos electorales. Sin embargo,  de 1,400 empleados que en la actualidad laboran en el TSE, la mitad pasaría a la lista de los removidos de sus puestos (Radio YSUCA, 24.04.01;  EDH, 25.04.01, p.4).
 

COMASAGUA. Tal parece que los proyectos de reconstrucción que ejecutaba un contingente venezolano en el municipio de Comasagua, La Libertad, han quedado frustrados. El gobierno de Francisco Flores pidió, el 26.04, la suspensión de todas las tareas, según el Coronel, Douglas Loaiza, jefe de la delegación militar venezolana. Ese mismo día, el general salvadoreño Gustavo Perdomo, coordinador de las actividades de ayuda y reconstrucción "nos pidió que preparáramos las transferencias de las responsabilidades, porque ellos iban asumir la tarea", comentó Loaiza. Por si fuera poco, los traspasos ya tienen fecha: el 15 de mayo. A un mes de que los venezolanos habían fijado para retirarse del país. No obstante, el gobierno maneja distintas versiones. El jefe de prensa de Casa Presidencial, Luis López Portillo aseguró que "de acuerdo con un oficial de alto rango del Ejército salvadoreño, el contingente venezolano se marcha por su propia cuenta". Uno de los afectados, Saúl Peña dijo "ya no sabemos quién es más destructivo, si el terremoto o las medidas del Gobierno”. Por su parte, el alcalde de Comasagua, Enrique Pérez sostuvo que nunca fue informado de los proyectos que realizaría la misión. Loaiza desmintió esos señalamientos. "No es cierto lo que dice el alcalde, si inclusive, las reuniones para hablar de los trabajos se realizaban en la misma alcaldía, en presencia de él", dijo. Finalmente, la ministra de Relaciones Exteriores, María Eugenia Brizuela, confirmó que “los militares venezolanos podrán finalizar las obras” y permanecerán en el país hasta el próximo 15 de junio (LPG, 29.04.01, p.4; 30.04.01, p.6; 01.05.01, p.8; 03.05.01, p.8).
 

 ENTREVISTA. La elección del nuevo Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos continúa "en veremos". El Dr. Carlos Molina Fonseca, primer funcionario en ese cargo, luego de la firma de los Acuerdos de Paz, en una entrevista dio a conocer su opinión sobre el impase que sigue en el Pleno Legislativo, para elegir al nuevo procurador. "Esta situación se podría catalogar de un trauma que la clase política estará debatiendo y que no podrá haber una segunda equivocación", comentó. Además agregó que "la Procuraduría de los Derechos Humanos es clave en diferentes facetas, uno para consolidar el estado de derecho, en el tema de inseguridad. Es uno de los principales problemas, esto puede coadyuvar con las instituciones del aparato  de Justicia para saber cuál es el déficit en la aplicación de las leyes". La procuraduría es considerada por la población como uno de los principales logros de los Acuerdos de Paz. Sin embargo, el partido gobernante nunca ha visto con buenos ojos esta institución. Molina Fonseca comentó al respecto que  "es la única institución innata de los Acuerdos de Paz que no existía en el país […] Es posible actuar autónomamente y con decencia". Para Fonseca, el mecanismo adecuado para elegir al procurador es que "de diversas fuentes se nombran tres candidatos y se remiten al congreso de la República […] aquí no existe ningún  mecanismo". Según la opinión pública, la Procuraduría debe desempeñar un buen papel y no guiarse por criterios partidistas (Entrevista Radio YSUCA, 26.04.01).

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