Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI)
E-mail: cidai@cidai.uca.edu.sv

Universidad Centroamericana (UCA)
San Salvador, El Salvador
Apdo. Postal (01)575, San Salvador, El Salvador
Tel: +503-210-6600 ext. 407
Fax: +503-210-6655
 

    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
     Los interesados en suscribirse a este boletín pueden dirigirse a la Oficina de Distribución de Publicaciones de la UCA. Cualquier donativo será muy bien recibido por el CIDAI. Esta publicación se puede consultar parcialmente en la página electrónica de la UCA: http://www.uca.edu.sv

Año 21
número 945
marzo 28, 2001
ISSN 0259-9864
 
 
 

ÍNDICE

Editorial: Conversiones ideológicas
Política:  El primer año de la Asamblea Legislativa
Economía:  Reconstrucción y desarrollo sostenible
Región:  México y Centroamérica a puertas abiertas
Comunicaciones:  Los viajes del presidente y la prensa escrita
Derechos Humanos:  La última en el Caso Jesuitas
Noticias
 
 

EDITORIAL

    Las “conversiones ideológicas”, sean de la derecha hacia la izquierda o viceversa, por lo general siempre son polémicas.  En no pocas ocasiones lo son por la personalidad de los conversos, sobre todo si se trata de talantes recios, forjados integralmente en el marco de una doctrina con la cual están –o al menos eso se supone— plenamente identificados. En otras, la polémica se desata por el lugar que ocupa el converso en el seno de una determinada organización o partido. Si se trata de un líder indiscutido, es claro que su viraje hacia la postura antaño combatida generará no pocos vituperios entre sus antiguos camaradas, así como resquemores y desconfianza en las filas de sus nuevos cofrades. Finalmente, un tercer foco de discusiones encendidas se producirá en torno a las nuevas ideas del converso, especialmente si este las defiende y proclama con más ardor que sus voceros tradicionales.

    En El Salvador no han sido infrecuentes las conversiones ideológicas. En los momentos previos al estallido de la guerra civil, personalidades recias, renunciando a tradiciones y compromisos de clase, dieron giros dramáticos hacia opciones de izquierda. Pero no sólo eso: alguna de esas figuras no sólo ocuparon puestos de primera importancia en las organizaciones que los acogieron, sino que defendieron hasta las últimas consecuencias sus nuevos credos ideológicos y políticos.

    Durante la guerra civil y en la posguerra también han sido frecuentes los giros hacia la derecha. Personalidades quizás no tan recias, pero de peso en sus organizaciones de origen, han transitado, a veces con relativa facilidad, el camino que los separaba de sus antiguos rivales. Las condenas de sus ex compañeros no han faltado; tampoco ha faltado la desconfianza de los nuevos. Obviar las primeras no ha sido difícil, pues ha bastado con abanderar la acusación de dogmatismo y de resistencia al cambio y a la renovación ideológica.

    Con los segundos ha sido necesario emplearse más a fondo. Ha sido necesario demostrarles no sólo que se acepta sin reparos el credo ideológico y político de la organización que tan generosamente ha abierto sus puertas al “arrepentido”, sino que se está dispuesto a defenderlo a capa y espada más allá de toda prudencia y razonabilidad. Esto explica por qué las posiciones del converso de izquierda (hacia la derecha) son tan agresivas, tanto o más que las de sus defensores tradicionales. Quiere convencer a propios y extraños de la seriedad de su compromiso, de la solidez de sus convicciones. No le importa cometer deslices imperdonables, con tal de ser considerado un buen "hijo pródigo". A toda costa, tiene que hacer realidad el lema que dice que no hay peor enemigo de izquierda que el izquierdista converso.

    Durante la guerra, hubo un reconocido  ex comandante  del FMLN que se encargó de hacerle la vida imposible a sus antiguos compañeros, con costos muy graves tanto para él como para los militantes efemelenistas que cayeron en manos de la Fuerza Armada. En la posguerra —y sin implicaciones mortales como en el pasado—, la tarea la ha asumido, desde Oxford, Inglaterra, Joaquín Villalobos, el ex comandante “Atilio”.

    Cosa muy de Villalobos esa de querer deslegitimar al FMLN como alternativa política, debido —como él dice— a su "criticismo exacerbado" y a su desconfianza "histórica". Asunto muy del FMLN el de demostrarle a Villalobos —y a quienes se suman a sus deseos— de que el partido de izquierda puede llegar a convertirse una opción de gobierno. El problema es que Villalobos, en su afán por deslegitimar al FMLN, se lleva de encuentro aspectos importantes de la realidad del país. Claros ejemplos de ello se encuentran en su artículo "Rezar, organizarse y no estorbar", publicado en El Diario de Hoy, el miércoles 21 de marzo de 2001.

    Después de señalar que el "proceso de desradicalización de la derecha" ha avanzado más rápido que el de la izquierda —lo cual ha permitido a la primera "preservar el gobierno"—, Villalobos arremete contra la "catarsis" prevaleciente en el país y que se refleja, en su opinión, en polarización política, agresividad verbal, protestas violentas, entrampes legislativos y en la crítica hacia las instituciones. De todas esas expresiones de la catarsis, al columnista de El Diario de Hoy le preocupan dos: las protestas violentas y la crítica a las instituciones.

    El ejemplo de crítica institucional que trae a cuento en su artículo es la que se hace a la policía por su fracaso en el combate de la delincuencia. Dice Villalobos de esta crítica: "frente a la delincuencia considera más importante criticar a la Policía, que promover el rechazo a los delincuentes, con lo cual sin quererlo se apoya a los delincuentes". Craso error lógico: de la crítica  a la policía no se sigue el respaldo a los delincuentes. Pero el error de Villalobos no es sólo lógico, sino empírico: hay evidencias muy serias de que el mundo del crimen ha invadido las estructuras policiales. Y precisamente muchas de las críticas que se han hecho a la institución policial han ido encaminadas a poner de manifiesto ese déficit institucional. Aunque discutible, no es descabellada la suposición de que una policía invadida por el crimen va a tener serios fallos en su lucha contra la delincuencia. ¿No son acaso estas críticas un abierto rechazo a la delincuencia?

    Para las protestas violentas, Villalobos tiene una recomendación: "tenga paciencia y autocontrol, no use la organización que ha creado para protestas violentas, de nada le servirá agarrarse a pedradas con la Policía. Después de once años de guerra civil, las protestas violentas no harán al país mejor, sino peor". ¿Chantaje cívico-moral? ¿Sabiduría del adulto que ya sabe lo suficiente de la vida? Vaya uno a saber cuál es la motivación que ha dado pie a  estos "consejos".

    La gran trampa es su presupuesto: que quienes protestan son los violentos, los que agreden a la policía. Puede que se así en algunos casos, pero la generalización de Villalobos —sus maestros ingleses saben bien de eso—  es peligrosa. Por ejemplo, en le protesta del 27 de febrero los agentes de la UMO iban con la abierta disposición a agredir a los manifestantes y la situación seguramente se hubiera tornado distinta —como sucedió en otros lugares del país con protestas similares o con la protesta pública de los importadores de vehículos del día 15 de marzo— de haber sido otra la actitud policial.

    Es cierto, las protestas violentas no harán un país mejor, sino peor. Al igual que lo harán peor la violencia estatal y los grupos criminales dentro de la policía.

[EXTRACTO]

    La importancia de la Asamblea Legislativa para el funcionamiento del Estado de derecho está recogida en la Constitución política que, precisamente, la consagra como el Primer Órgano del Estado salvadoreño. Lo de Primer Órgano se debe a la representatividad popular que ostenta y a su mandato de fiscalización de los demás poderes estatales en aras de velar por el bienestar de la nación. Sin embargo, la gran pregunta es la que atañe a la relación de esta instancia estatal con el sistema político y la eficacia y prontitud con la que responde a  las demandas de la sociedad, tanto en materia de participación como de resolución de sus problemas básicos.

    La Asamblea Legislativa ha sido noticia durante las últimas semanas. Desde la última ofensiva de los grupos oficialistas en torno a las negociaciones y cabildeos para la aprobación del Presupuesto General de la Nación, no había trascendido información de mayor relevancia para la vida política acerca del trabajo legislativo. La celebración del primer año de su investidura ha coincidido con el resurgimiento de  algunos viejos temas, tales  como la usencia de un procurador para los derechos humanos, las denuncias de corrupción y el vicio legislativo de querer estar presentes en todos los problemas sociales, menos en los que son de su estricta incumbencia.

[EXTRACTO]

     Los retos para el desarrollo sostenible en El Salvador del siglo XXI parecen ser ahora más ingentes de lo que lo eran a finales del siglo XX, no solamente por los efectos de los terremotos y desastres de 2001, sino también porque todo el optimismo económico que había prevalecido durante la década de 1990 ha perdido sus bases de apoyo: las tasas de crecimiento tienen cinco años de estarse reduciendo, los déficits comercial y de las finanzas públicas se acrecientan todos los años, los retos de la etapa pos terremotos obligan a incurrir en mayor endeudamiento externo y a postergar nuevas inversiones, y el mercado internacional del café sugiere la inviabilidad de este cultivo en El Salvador.

     Sin lugar a dudas, un escenario nada envidiable, que requiere de una intervención firme y definida de parte del Estado. Obviamente, ello requiere de un plan de desarrollo que vincule las diferentes ramas de acción sectorial del gobierno en materia económica, social y ambiental.

[EXTRACTO]

     El presidente mexicano, Vicente Fox Quezada, ha planteado a los gobernantes centroamericanos uno de los tantos proyectos integracionistas en la región: el Plan Puebla-Panamá. La propuesta de Fox busca, en principio, vincular física y económicamente los siete países del área con los Estados del Sur-Sudeste mexicano (Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo). El Plan es ambicioso: para dinamizar las economías de ambas regiones pretende impulsar inversión en infraestructura (transporte, comunicaciones, energía, turismo, gestión de riesgo, desarrollo urbano, sistema de carreteras, vías férreas, puertos y aeropuertos); acciones de políticas públicas y sociales; y fomento a la inversión privada.
 

     No se sabe a ciencia cierta qué tanto dependen los medios informativos (y de comunicación, en general) de las fuentes gubernamentales. Sí se sabe que las instituciones públicas producen gran parte de las informaciones que cubre la prensa en cualquier país del mundo. Como fiscalizadores del poder público, los medios deberían sentirse obligados a monitorear permanentemente las decisiones estatales que afectan a las sociedades donde operan. Por tanto, es ese sentido crítico (y no el criterio de obediencia ciega o de ‘relleno’) el que debería guiar la cobertura de la prensa.

    Además de proveer a los medios con hechos noticiosos, las fuentes gubernamentales también son importantes clientes de publicidad, un rubro que puesto en la balanza pesa mucho más de lo que representan las entradas por venta de ejemplares en un periódico, por ejemplo. También las empresas privadas ejercen gran influencia sobre los medios por la vía del suministro de anuncios y de noticias (o pseudo-noticias).

    Tomando en cuenta estos aspectos, parece difícil creer que los medios de comunicación puedan guardar su lealtad a otros actores que no sean ni el gobierno ni los grupos de poder de un país. Ya decía Herberth Altschull, un norteamericano estudioso de los medios de difusión, que “la prensa es el flautista y la tonada que toca la componen quienes pagan al flautista”.

     Para analizar cómo se manifiestan las influencias y ataduras de los medios de prensa, este artículo estudió la cobertura periodística que los dos principales matutinos salvadoreños dieron a los viajes del presidente Francisco Flores a Washington y a Madrid, durante el mes de marzo. Durante esta coyuntura, se observó cuán ‘eficientes’ fueron las presiones ejercidas desde Casa Presidencial para que la prensa suavizara las críticas en contra del desempeño gubernamental tras los terremotos.
Tales presiones fueron más evidentes cuando el noticiero del Canal Doce y su director, Mauricio Funes, bajaron su perfil crítico durante algunas semanas, posteriores al segundo terremoto. Esto sucedió precisamente después de que el 13 de febrero el presidente Flores dijera que “(el Canal Doce) se dedicó a desprestigiar al país, diciendo que no íbamos a utilizar bien la ayuda”. Este señalamiento público evidenció aún más los intentos del gobierno por silenciar cualquier señal de disconformidad, en los momentos en que los damnificados por los terremotos exigían más eficiencia en la distribución de ayuda de emergencia.

    En la cobertura de los dos diarios matutinos salvadoreños, se observó —con ciertos matices— cómo el gobierno manejó casi a su antojo la información sobre sus gestiones ante la administración del presidente estadounidense y ante el Grupo Consultivo. En ambos casos, tanto El Diario de Hoy como La Prensa Gráfica siguieron muy de cerca la agenda gubernamental y enviaron a sus propios periodistas a cubrir tales eventos.

    En lo que respecta al viaje a Washington, los dos matutinos destacaron los objetivos de las gestiones presidenciales: el Estatus de Protección Temporal, la ayuda para la reconstrucción y el tratado de libre comercio (de esto último, poco se dijo al final). En general, la cobertura periodística no hizo más que trasladar aspectos del viaje que ya se sabían con mucha anterioridad. Por ejemplo, se sabía que el estatus especial (TPS, en inglés) para los salvadoreños duraría un período de 18 de meses y su aprobación era inminente. La Prensa Gráfica hizo una labor de contextualización importante al incluir en sus notas datos de procedimiento para aplicar al TPS y otros detalles históricos de las ocasiones, en las cuales los salvadoreños en Estados Unidos han sido beneficiados con iniciativas similares (3 de marzo, 2001).

    En El Diario de Hoy, faltó más contextualización, pero hubo más esfuerzo por consultar a fuentes distintas del gobierno salvadoreño. Una de las noticias de este periódico, por ejemplo, daba cuenta de las opiniones y expectativas que tenían algunos salvadoreños residentes en Washington con la visita del presidente Flores (3 de marzo, 2001). A juzgar por la cobertura hecha por ambos diarios, el envío de reporteros locales no era tan necesario, pues mucha de la información remitida podría igualmente haber sido proveída por fuentes locales de Casa Presidencial o de la embajada estadounidense en nuestro país. Los enviados especiales de los periódicos (en este y otros casos) aprovecharían mejor sus viajes, si, de alguna manera, tuvieran garantizado el acceso a fuentes distintas de las locales. Ello enriquecería más la información disponible y ampliaría la perspectiva de los lectores.

    La cobertura periodística dada a la reunión del Grupo Consultivo en Madrid fue mucho más reveladora que la de Washington, en cuanto a las prácticas periodísticas. Siguiendo su tradición informativa, La Prensa Gráfica fue muy diligente en la presentación de datos (de la CEPAL y del gobierno) y en la consulta de fuentes (el gabinete de gobierno, la iglesia católica, el PNUD, la Comisión Europea).

    Al final de la reunión de Madrid, La Prensa Gráfica dio a los lectores la información ‘pura’ que salió del Grupo Consultivo, pero hubo muy poca interpretación y análisis de lo que significaba, por ejemplo, el hecho de que sólo 300 millones de dólares (de los 1,300 ofrecidos) fueran donaciones. Salvador Samayoa lo decía en su artículo del 15 de marzo pasado, publicado en El Diario de Hoy: “Con mucha amabilidad y respeto, pero con claridad meridiana nos dijeron que era insatisfactorio el esfuerzo fiscal que estábamos poniendo”.

    A las noticias de La Prensa Gráfica les faltó profundidad y quizá se habría logrado si su enviado especial hubiera tenido acceso a fuentes representativas de los países contribuyentes, reunidos en Madrid. Incluso habría bastado con que el reportero consultara a miembros de la misión salvadoreña, que no pertenecieran al círculo del presidente Flores. El mismo problema fue evidente en la cobertura de El Diario de Hoy. El apoyo incondicional de este periódico a las gestiones del gobierno fue extremadamente obvio en las páginas que escribió su enviado especial desde España. No se trata de que este medio escrito (o cualquier otro) se opusiera a los objetivos que el gobierno perseguía en Madrid. Sin embargo, no es la labor de la prensa adular y levantar la imagen de nadie en este país. Para ello, existen los editoriales, pero, inexplicablemente, El Diario de Hoy no dedicó ninguno a este tema y se puso a editorializar en las páginas informativas.

    La reunión del Grupo Consultivo comenzó el 7 de marzo y El Diario de Hoy continuó otorgando un importante espacio a las noticias derivadas de allí hasta el 14 de marzo. De entrada, el enviado especial de este matutino comenzó la cobertura del evento con un reduccionismo peligroso: “El Salvador se juega el todo por el todo” o “El futuro se decidirá hoy”. Visto con los ojos de este periodista, por tanto, nuestro país lo habría perdido todo (hasta el futuro), a juzgar por las pocas donaciones que salieron de Madrid.

    Fueron también comunes las frases que hablaban de las ‘grandezas’ de la administración Flores y de las ‘cualidades’ del mismo presidente en la gestión de las ayudas internacionales, sin atribuir tales afirmaciones a ninguna fuente. No habría ningún problema si tales halagos aparecieran en los boletines de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia. A un periódico no se le pueden perdonar esos excesos.

    El peligro de insistir tanto en la bondad del sistema es que un periodista, en principio, no debería comprometerse tanto con las autoridades de un país. Dice el periodista español Carlos González Reigosa que “el periodista y el político deben seguir enfrentados, en el buen sentido. Es lo que corresponde que sea en una sociedad democrática. No deben compartir cama, ni cuando están en la oposición ni cuando están en el poder”.
 
 

     Otra característica notable en la cobertura de El Diario de Hoy sobre el viaje del presidente Flores a Madrid fue el énfasis que se puso en descalificar cualquier postura disidente. En una noticia, se decía que “el gobierno español está preocupado” y que “la policía madrileña está en alerta”, mientras a los funcionarios salvadoreños “algo les huele mal”. Tanto escándalo (al menos eso se deducía de la nota de El Diario de Hoy), se debió a una supuesta protesta que preparaba la izquierda española frente a la sede donde se reunía el Grupo Consultivo. Tal protesta nunca se realizó, pero sí quedó en la mente de los lectores salvadoreños la imagen de que grupos de la izquierda querían “interferir” en  los esfuerzos del gobierno por obtener ayuda para la reconstrucción.

     La versión de El Diario de Hoy sobre la reunión de Madrid y el desempeño de la delegacion gubernamental padecía también de algunas contradicciones fundamentales en cuanto al tema de la dolarización. El reportero de este periódico insistió en que “El destino le jugó una mala pasada al presidente Flores: su principal apuesta económica y social —el proceso de dolarización del país— aunque no desvanecida, apenas duró, sin sombras encima, las primeras dos semanas del año”. La contradicción está en que El Diario de Hoy fue de los medios que más duramente criticó la decisión del presidente Flores de dolarizar la economía. En un editorial del 4 de enero sobre “la historia secreta de la dolarización”, se decía: “Estando el gobierno en plena y exclusiva posesión de la verdad, se volvió necesario impedir que otros opinaran, debatieran, contradijeran y, en cualquier forma, estorbaran la puesta en marcha de una medida, cuya profunda sabiduría sólo unos pocos podían captar y entender”. No es lógico, entonces, para un asiduo lector de este periódico, ver que en un mes se cuestiona, desde todos los ángulos, la adopción de la denominada ley de integración monetaria, y meses después se alaba la medida y a quienes la promovieron.

     En general, la cobertura de La Prensa Gráfica fue bastante balanceada durante los viajes del presidente Flores, aunque tuvo sus puntos débiles en cuanto a profundidad y análisis. Respecto a El Diario de Hoy, la información remitida por su enviado especial, especialmente el de Madrid, se adhirió claramente a la postura gubernamental y se dedicó a llenar de adjetivos y frases halagadoras para la gestión del presidente Flores.

     Como antesala a sus misiones internacionales para solicitar ayuda, el presidente Flores increpó directamente al Canal 12 por criticar la forma en que el gobierno estaba distribuyendo ayuda a los damnificados de los terremotos. La crítica entonces se enfrió y el enfriamiento fue más obvio en el  mencionado canal. Las consecuencias, al parecer han sido desastrosas para esta estación televisiva, de acuerdo a lo que se puede oír en los editoriales de Mauricio Funes de las últimas semanas. El pasado 20 de marzo, Funes se preguntaba: “¿No es mordaza también prohibir la inversión publicitaria con fondos públicos en aquellos programas de opinión que difunden esta visión del riesgo sísmico?”. También cuestionaba: “¿No es mordaza promover acciones concertadas con determinados grupos empresariales para asfixiar económicamente a aquellos medios de comunicación que ofrecen una visión alternativa al discurso oficial?”.

      Los últimos desastres que sufrió el país, por tanto, han sacudido también las relaciones entre la prensa y los grupos de poder. No hace falta mencionar ya hacia dónde se ha ido la lealtad de los medios de comunicación en esta coyuntura.
_____
Colaboración de Xiomara Peraza, Departamento de Letras y Comunicaciones de la UCA

DERECHOS HUMANOS

    No hay donde perderse. En nuestro país no termina de asombrarnos la capacidad del aparato estatal encargado de impartir justicia, para hacer hasta lo imposible en aras de no cumplir el papel que le corresponde. Eso lo sabe la mayoría de la población, tanto la que a diario resulta víctima de sus arbitrariedades como aquella que —debido a su propia experiencia o a lo que conoce, de vistas u oídas, sobre la escasa o nula calidad de sus servicios— prefiere no utilizar esa vía para resolver sus conflictos. También lo sabemos en el IDHUCA, desde donde intentamos servirle a esa población golpeada por la injusticia frustrante y desalentadora, no sólo a través del acompañamiento y la asesoría legal sino también mediante la búsqueda de soluciones alternativas o con una esforzada labor de convencimiento para que crea en algo que la realidad le niega: la posibilidad de satisfacer sus demandas usando las instituciones.

     La UCA también ha padecido por ese mal endémico que para desgracia del país no se ha podido superar, pese a la inmensa cantidad de recursos humanos y materiales invertidos con ese objetivo. Como es sabido de forma amplia, desde hace casi un año nuestra Universidad ha hecho casi todos los intentos por hacer que funcione ese cuestionado sistema. ¿Cómo? Demandando por la vía legal la investigación, el juzgamiento y la sanción de los autores intelectuales en la matanza ocurrida dentro de su campus, el 16 de noviembre de 1989.

    Desde finales de marzo del 2000, uno tras otro se han presentado sólidos argumentos jurídicos a la Fiscalía General de la República y a diversas instancias del Órgano Judicial. Una tras otra hemos recibido declaraciones públicas sin sustento legal, pero sí muy políticas. Por un lado, las de funcionarios altos de estatura física y nivel jerárquico o de sus subordinados medios y mediocres, algunos de muy poca coherencia intelectual y articulación verbal; por el otro, aquellas arrojadas desde ciertos medios de difusión, por boca de una especie de bufón palaciego que creíamos extinta.

    Con todas ellas, se ha querido confundir y asustar a la población afirmando que no tenemos ninguna base para nuestra demanda y sosteniendo que —de proseguir adelante— vendrá otra guerra.
Esas, las públicas, no nos sorprenden; las esperábamos y hasta las imaginábamos casi literalmente. También esperábamos las otras: las respuestas “jurídicas” provenientes de nuestras —vergüenza nos produce decirlo así— autoridades fiscales y judiciales. Pero estas últimas sí nos sorprenden por algo: por la forma en que, dentro de ellas, se hace evidente la incapacidad teórica y el servilismo político. Prueba de ello es la última “resolución” judicial a nuestra solicitud de revocatoria de la decisión emitida por la jueza tercero de paz de San Salvador, mediante la cual ésta sobreseyó definitivamente a las personas que señalamos —con base a lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— como presuntos responsables de la masacre antes citada.

    A continuación reproducimos, íntegra y textual, la mencionada “pieza de antología” con todos sus errores de forma y de fondo, de “dedo” y de “cabeza”.

“LA SUSCRITA OFICIAL MAYOR DE LA CAMARA TERCERA DE LO PENAL CERTIFICA: la notificación que DICE:

CAMARA TERCERA DE LO PENAL DE LA PRIMERA SECCION DEL CENTRO: San Salvador, a las nueve horas y cinco minutos del día veintidós de marzo del año dos mil uno.
Agréguese a sus antecedentes los anteriores escritos presentados por los Licenciados Eduardo Cardoza Rodríguez, Carlos Alfredo Méndez Flores Cabezas y Francisco Martín Santos Castaneda, firmados y sellados por los mismos y por los Licenciados José Angel Gómez Larios, Juan Hector Larios  Larios, Doctor Carlos Alfredo Méndez Flores y José Raúl Méndez Castro, en calidad de defensores, en correspondencia a lo ordenado en el auto de fs. 89 del presente incidente.

Y sobre el recurso de recovatoria interpuesto por la parte querellante,  Licenciado Pedro José Cruz Rodríguez, esta Cámara previo a su resolución CONSIDERA:

Que la persona humana es sustancia individual de naturaleza racional, es un ser dotado de inteligencia, racionalidad, libertad y conciencia individual, su ética y autonomía moral debe prevalecer frente a interferencias o presiones alienantes y manipulaciones que pretendan  convertirla  en cosa o instrumento en perjuicio de la observancia obligatoria de restricciones formuladas en consideración al derecho de petición; lo anterior ha sido violentado en forma flagrante y sobre todo preocupante por el Abogado querellante Licenciado Pedro José Cruz Rodríguez al momento del ejercicio de tal derecho, pues las expresiones poco felices contenidas en su escrito de revocatoria y recusación, no solo van en contra del art. 160-A de la Ley Orgánica Judicial, si no también con su conducta ignora completamente el contenido del art. 1242 Pr C., la que este Tribunal disculpa en vista de lo manifestado por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia en su interlocutoria de fecha nueve de los corrientes, en cuanto manifiesta que “ no se puede obviar  mencionar, el desconocimiento de la Ley que denota el querellante en su petición de revocatoria…”, por lo que este Tribunal de conformidad al art. 415 Pr. Pn. RESUELVE:

Advierte esta Cámara que los argumentos expuestos por el impetrante como fundamentos jurídicos de la pretensión que lo motiva no se encuentran conforme a derecho, pues si bien el proceso se ventila dentro de los parámetros de la nueva normativa procedimental penal, es procedente no  solo considerar que la institución de la prescripción como figura extintiva de la posibilidad de persecución penal, tenía su propia regulación en la ya extinta normativa penal, así como también que por tal razón y  “por ser lo mas favorable al reo” se hace necesario aplicar en lo que respecta a dicha figura el Principio de Retroactividad de Ley, como extensión de su vigencia o bien de la norma en relación al tiempo (como es considerado en la  Dogmática Jurídica en cuanto se refiere a subsumir ciertas situaciones de hecho que estaban reguladas por normas vigentes al tiempo de su existencia dentro del ámbito regulativo de las nuevas normas creadas, pues los hechos ocurrieron el día dieciséis de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve cumpliéndose para el caso los presupuestos circunstancias y exigencias plasmadas en el texto mismo de la norma que los conceptualiza de manera que, como se habrá advertido no es como el querellante ha considerado que este Tribunal haya ignorado lo dispuesto en el artículo 37 ins. 1 Pr. Pn., en cuanto a que el término de la prescripción no debe entenderse de manera irrestricta ni tampoco que su transcurso es inevitable pues esta Cámara no desconoce dichas circunstancias como tampoco se desconoce que un periodo puede sufrir una paralización en la nueva normativa procesal penal, siempre que la persecución no pueda ser promovida o perseguida; mas sin embargo, si se aplicase la tesis de la parte querellante y se accediese a sus pretensiones mediante la aplicación del precepto invocado, no solo se desnaturalizaría la esencia misma del art. 21 de la   Constitución si no el espíritu del Legislador consagrado en él, pues al no existir un supuesto interruptivo de prescripción en la antigua normativa Penal, (en los términos invocados por el querellante), su consideración y aplicación es una realidad que no se puede obviar por ser lo mas favorable a los imputados.

 También manifiesta el Abogado querellante, que este Tribunal no tomo en cuenta con precisión sus argumentos cuando sostiene que el delito que se investiga es un delito oficial, así como también que analizó inadecuadamente las violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señalados en la misma apelación, consideraciones que esta Cámara no comparte pues el criterio adoptado en la Interlocutoria de mérito no solo fue producto del análisis y valoración de las circunstancias mencionadas con anterioridad si no también que su no asentimiento  no implica de manera alguna ni imprecisión ni mucho menos un análisis inadecuado en su valoración, sin perjuicio que a la fecha no se han aportado nuevos elementos que  valorar y que también es importante evitar que quede gravitando sobre la sociedad la incertidumbre de la persecución judicial por tiempo indefinido.

 POR TANTO: Con base en las razones expuestas, disposiciones legales señaladas y arts. 514 y sig. Pr. Pn., DIJERON: A) SIN LUGAR el recurso de revocatoria interpuesto por el Licenciado Pedro José Cruz Rodríguez en calidad de querellante en el proceso penal instruido en contra de los imputados ALFREDO FELIX CRISTIANI BURKARD, RENE EMILIO PONCE, JUAN RAFAEL BUSTILLO, JUAN ORLANDO ZEPEDA, INOCENTE ORLANDO MONTANO, FRANCISCO ELENA FUENTES Y RAFAEL HUMBERTO LARIOS,  procesados por atribuírseles la autoría intelectual en la comisión del delito de ASESINATO en perjuicio de varias personas, art. 154 del antiguo Código Penal B) En consecuencia de lo anterior, estése a lo resuelto a fs. 2-7 fte. y vto. del presente incidente, para lo cual certifíquese lo conducente al Tribunal de origen y líbrese el oficio respectivo. NOTIFÍQUESE”.

     Suscriben la “resolución” los magistrados Salinas Mira y García Araniva, integrantes de la Cámara en cuestión. La actuación de esos dos funcionarios y los demás que —dentro y fuera del Órgano Judicial— han impedido investigar la autoría intelectual en el caso jesuitas, nos indica qué tan lejos estamos de una sociedad civilizada, donde se respeten las reglas del juego. Sin duda, lo más difícil en este país es conseguir justicia cuando se ha sido víctima de una arbitrariedad por parte de algún tipo de poder. No faltará quien se pregunte por qué ocurre eso, fruto de su ingenuidad o confusión al no discernir si el problema tiene que ver con ignorancia, incapacidad o corrupción. A final de cuentas, eso resulta irrelevante pues hay ocasiones en las cuales hasta se combinan los tres factores.

    Mientras intentamos construir un país mejor, pese a lo duro y difícil que resulta, recomendamos a los dos magistrados que lean y analicen los avances generados sobre la materia, dentro y fuera de la región. Por ejemplo —al considerar un caso peruano— la Corte Interamericana de Derechos Humanos “considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extra legales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos." Por si no lo sabían, esto también vale para El Salvador.

 AREVALO. El secretario general de la Fiscalía General de la República (FGR), Mario Salamanca, pidió, el 23.03, quitar el fuero constitucional al diputado Orlando Arévalo por el delito de privación de libertad. Salamanca afirmó que existen pruebas suficientes en contra de Arévalo que confirman la existencia de delito. Las voces acusadoras han salido a la luz pública. El diputado del FMLN, Salvador Sánchez Cerén, dijo que "a lo largo del proceso, la Fiscalía tiene que escuchar a las partes involucradas para determinar si procede quitarle el fuero (a Arévalo) y abrir la causa para el antejuicio". Similar posición demostró Julio Gamero, legislador de ARENA. "Hay que seguir el debido proceso, de manera que el diputado Orlando Arévalo se sienta satisfecho de que se le ha tratado con justicia", puntualizó. La cúpula de ARENA tomó la decisión de agilizar el proceso de expulsión de Arévalo, considerado como el “diputado rebelde” por contradecir los lineamientos principales del partido. Por otra parte, Carlos Borja Letona, presidente de la Comisión de Economía, reconoce que "sería atractivo para ARENA recuperar el voto de Orlando Arévalo... pero no es el fondo del asunto", El legislador empezó a perder simpatías dentro de ARENA en septiembre pasado cuando, haciendo serios cuestionamientos en contra de su fracción legislativa y del Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA (COENA), tildó de mafias a los líderes de su partido. En octubre pasado, Arévalo encabezó una protesta de ex patrulleros, quienes retuvieron por varias horas en sus recintos a un nutrido grupo de empleados públicos (EDH, 24.03.01, p.3; LPG, 24.03.01, p.4;  27.03.01, p.12).

 RENOVADORES. "Creo que este es el momento (de formar parte de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa) para detener el oportunismo de los mismos partidos políticos", expresó el dirigente renovador del FMLN, Francisco Jovel. El jefe de la bancada legislativa efemelenista, Salvador Sánchez Cerén, dijo, el 23.03, no tenía ninguna incidencia "que un grupo de diputados se reúna para decidir subir a la Junta Directiva de la Asamblea. Es decisión del partido”. El ala renovadora del FMLN debate el problema de integrar los puestos que le corresponde dentro de esa instancia del Congreso. Una fuente del grupo renovador, que pidió el anonimato, reveló que entre los diputados que tienen intenciones de asumir los puestos destinados para el FMLN en la Junta Directiva se encuentran Ileana Rogel, Celina de Monterrosa, Fabio Villalobos, Francisco Jovel, Wilber Serrano, Mauricio Estrada y Jorge Escobar, entre otros. En ese orden, salió a la luz pública que cualquier diputado efemelenista que suba a esa instancia sería expulsado del partido. La coordinadora adjunta del FMLN, Irma Amaya, aseguró que los diputados que desatiendan la norma “van a renunciar por su propia cuenta... el FMLN no tendrá necesidad de sacarlos, puesto que ellos solos se habrán excluido por su propia decisión" El año pasado, ARENA, PCN y PDC decidieron —para abortar la presidencia del dirigente ortodoxo Jorge Schafik Händal— que el cargo de presidente de la Asamblea correspondiera cada año a una de las fracciones mayoritarias (EDH, 24.03.01, p.2; LPG, 27.03.01, p.10).

 CONMEMORACION. "Si le doy de comer a los pobres... me llaman santo; pero si pregunto ¿por qué hay pobreza? Me llaman comunista". Así dice en alguno de sus escritos Monseñor Óscar Arnulfo Romero,  quien siendo Arzobispo de San Salvador, fue asesinado el 24 de marzo de 1980. Diversos sectores de la Iglesia Católica conmemoraron, el pasado 24.03, un aniversario más del asesinato de Mons. Romero. Durante una misa celebrada en la capilla de la UCA, el padre Rodolfo Cardenal expresó que "la voz de Monseñor Romero vive porque la injusticia aún existe, tal como lo revelaron los terremotos recientes". Las palabras pronunciadas por el mártir hace dos décadas una vez más hicieron presencia en la comunidad San Carlos Lempa, celebrando y compartiendo los recuerdos vivos con la gente a través del evangelio y al compás de danzas y tambores. Por ejemplo, Irene Majano, de 68 años, humilde mujer del campo, recuerda al profeta porque "fue un sacerdote que hablaba de la realidad que se viven en las comunidades", y sobre todo, porque ofrendó su vida por su pueblo. "Lo vamos a recordar hoy humildemente, eso es lo importante, no hay que olvidarlo", concluyó. Candelaria, Cojutepeque fue uno de los pueblos golpeados por los terremotos; allí se realizó una misa, concelebrada por Monseñor Ricardo Urioste, quien  dijo: "hemos llegado a Candelaria pese a las limitantes en la carretera, pero la gente ha hecho de esto una celebración, un júbilo, una alegría, en nombre de Monseñor Romero" (DL, 24.03.01, p.2 y 4).
 

Envíenos sus comentarios y sugerencias

---

Mayor información:
Tel: +503-210-6600 ext. 407, Fax: +503-210-6655

---