El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 21
Número 931
Diciembre 13, 2000
ISSN 0259-9864

ÍNDICE

Editorial El gobierno ante la seguridad ciudadana
Política El Órgano Judicial en cuestión
Economía El paquete de medidas económicas del gobierno
Sociedad Nuevo retiro voluntario en ciernes
Comunicaciones Periodistas que escriben cuentos
Derechos Humanos La Declaración Universal de Derechos Humanos, aquí y ahora
 
 

EDITORIAL

    Tras la finalización de la guerra civil (1992), en El Salvador se han generado agudas manifestaciones de violencia social, siendo las más llamativas las actividades del crimen organizado —materializadas en secuestros, narcotráfico y contrabando de vehículos—, así como las actividades realizadas por delincuentes comunes, los ex patrulleros, los conflictos entre las "maras" y las batallas estudiantiles. El impacto social de esas actividades ha sido tal que los gobiernos de ARENA —desde los esfuerzos de la administración de Armando Calderón Sol por integrar un Consejo de Seguridad Pública, hasta la Alianza por la Seguridad de Francisco Flores— han tenido que hacerse cargo del problema.

    Desde las esferas gubernamentales, el problema de la seguridad ciudadana ha sido visto como un problema de seguridad pública, es decir, como algo que es de la competencia del gobierno central. En ese marco, el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad Pública, se ha convertido en protagonista en la tarea de garantizar la seguridad pública. Mientras tanto, la Policía Nacional Civil (PNC) ha sido preparada para cumplir con su misión reactiva en el combate contra el crimen, en lo cual ha sido respaldada por el sistema judicial —encargado de aplicar las sanciones penales. La dimensión preventiva ha tenido un lugar secundario, al igual que la dimensión correctiva (como lo ponen de manifiesto las precariedades del sistema carcelario salvadoreño). Demás está decir que la reacción gubernamental ante las prácticas criminales ha adolecido de severas limitaciones institucionales, entre las cuales la que más ha sobresalido es la proclividad de algunas de ellas —concretamente, la PNC— a ser invadidas por peligrosas y poderosas redes criminales.

    Obviamente, el problema de la seguridad pública no se agota en esos vacíos institucionales. Hay por lo menos dos ejes adicionales que hacen más compleja la situación: la dimensión psicosocial —es decir, el modo como los ciudadanos viven subjetivamente el problema de la seguridad—; y la dimensión criminal propiamente dicha —es decir, la relacionada con las acciones efectivas del crimen organizado, la delincuencia común y la violencia privada.

    De las actividades criminales, son los secuestros los que más incidencia pública han tenido durante el presente año, de tal forma que se han convertido en el centro de atención de los medios de comunicación social. Ciertamente, aunque graves y preocupantes, los secuestros no lo son todo. Datos consolidados para 1997 —cuyas tendencias se han mantenido durante los dos años siguientes— arrojan una tasa aproximada de homicidios de 134 por cada 100 mil habitantes, 17 mil delitos contra el patrimonio —robos, hurtos, daños a propiedades—, la mayoría de ellos con uso de la violencia. Si a ello se suman las actividades de narcotráfico que involucran a redes criminales centroamericanas, los desafíos de la seguridad pública se vuelven todavía más problemáticos.

    No cabe duda de que la convivencia social en El Salvador está siendo fuertemente socavada por el crimen, la violencia y la impunidad. Hasta ahora, no aparecen en el horizonte señales que indiquen un cambio de rumbo, sino más bien todo lo contrario. Así las cosas, el país se encamina hacia un mayor deterioro en el tejido social, del que sólo podrá salir a partir de un cambio drástico en los usos y costumbres de quienes, al amparo de unas instituciones poco sólidas, han hecho de la fuerza, la prepotencia y el abuso una forma de vida. Un cambio de esta naturaleza forzosamente debe articularse —y ser sostenido— por un cambio institucional que deberá estar regido por las normas y valores de la democracia. Y es que el problema de la seguridad ciudadana es inseparable del problema de la construcción de un orden democrático, al cual debe responder tanto en sus requisitos particulares como en su globalidad.

    ¿Qué se entiende por democracia? Básicamente, un régimen político fundado en la competencia partidaria, las elecciones periódicas, la separación de poderes, el pluralismo ideológico y el respeto a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Es a partir de esto último que la democracia entronca con la seguridad ciudadana: bajo un ordenamiento democrático, se trata de garantizar que los miembros de la sociedad no sólo vean salvaguardados sus bienes y sus personas de las amenazas externas —sea por efecto de desastres naturales o por obra de otros hombres—, sino también que ellos mismos sean capaces de participar activamente en esa defensa.

    Así pues, la seguridad ciudadana en una democracia no es una seguridad conseguida a cualquier precio o impartida exclusivamente desde arriba —desde el poder estatal—, sino algo en lo que, al menos en teoría, deben involucrarse los diversos sectores sociales. Una seguridad ciudadana sin participación social fácilmente se puede decantar hacia estilos de seguridad autoritarios, en los cuales se termina por socavar aquello que se dice defender. La doctrina de la seguridad nacional asumida por los gobiernos militares en El Salvador, desde finales de los años 60, debe convertirse en un referente contra esas visiones de la seguridad que ven en el aparato estatal a su garante exclusivo. La principal limitación de estas visiones es que desembocan en una concepción "centralista" de la seguridad, es decir, en una concepción según la cual es desde el gobierno central de donde deben emanar las líneas maestras para la consecución de la seguridad ciudadana.

    Hasta ahora, ha sido este "centralismo" el que ha predominado en el tema de la seguridad ciudadana. La debilidad de las instituciones gubernamentales responsables de la seguridad de los salvadoreños —ya sea por haber sido penetradas por el crimen o ya sea por sus propias deficiencias técnicas y administrativas— se ha convertido en un factor adicional de inseguridad ciudadana. De seguir así las cosas, el país va directo al despeñadero social. Por tanto, el momento es crucial para una transformación sustantiva en la concepción de la seguridad ciudadana manejada por el gobierno. Es indudable que, como paso previo, debe iniciarse un proceso de reflexión a fondo de los vacíos y debilidades de la concepción de seguridad predominante. Sin esta reflexión previa, viejos lastres mentales (de tipo autoritario) seguirán obstaculizando la formulación de un esquema de seguridad ciudadana que sea acorde con los valores y normas de la democracia.
 
 

POLÍTICA

[Extracto]

    Fácilmente se puede estar de acuerdo en la importancia de un sistema judicial eficaz y transparente en toda sociedad que se quiere llamar democrática. En la medida en que los ciudadanos perciban que las instituciones adscritas a dicho sistema funcionen con criterios de imparcialidad e independencia de intereses de grupos o de sectores, puede hacerse más armoniosa la vida social. Desde esta concepción del rol fundamental del Órgano Judicial como garante de la vida social, es indudable que este necesita tanto de apoyo social y político, así como de instituciones auxiliares para desempeñar con eficacia su función.
 
 
 

ECONOMÍA

[Extracto]

    El intenso debate generado alrededor del tema de la dolarización ha creado las condiciones para que otras iniciativas de legislación económica hayan pasado prácticamente desapercibidas, pese a que también tienen un importante contenido e impacto económico. Por ejemplo, leyes relacionadas con el Fondo Vial y el Tratado de Libre Comercio con México (en el cual también se incluirían Guatemala y Honduras) han sido aprobadas recientemente por la Asamblea Legislativa, mientras que se proyecta aprobar un nuevo Código Tributario y una Ley de Registro de Importadores, de las cuales poco o nada se conoce hasta ahora.
 
 
 

SOCIEDAD

[Extracto]

    Tal parece que el gobierno de Francisco Flores se ha tomado en serio la tarea de “recomponer” el rumbo del país, aunque ello no implique necesariamente una mejoría en la situación de la población salvadoreña. Hace pocos días, el gabinete económico de Flores se anotó una contundente victoria al conseguir la acelerada aprobación de una Ley de Integración Monetaria, su versión particular del postergado proceso de dolarización de la economía. Casi a la par de este significativo hecho, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) sorprendió a más de tres mil empleados de rangos menores al introducir con éxito a la Asamblea Legislativa un decreto que les obligaba a apresurar su jubilación o a renunciar. José Ángel Quirós, titular del ramo, justificó su decisión con un argumento bastante utilizado por los gobiernos areneros de los últimos once años: es necesario modernizar el Estado, hacer más eficientes a las instituciones que lo componen y, en el caso particular del MOP, optimizar el ingreso de fondos que supone la puesta en marcha del FOVIAL.
 
 
 

COMUNICACIONES

    En las aulas de las universidades, no es extraño que los profesores les digan a los estudiantes de periodismo que “las noticias no son cuentos” o que “las noticias no son literatura”. Quizá alguna vez alguien le dijo lo mismo a Hemingway o a García Márquez. No se concibió, durante mucho tiempo, que un texto noticioso tuviera los atributos de un texto literario. Hoy en día, sin embargo, el estilo periodístico ha cambiado lo suficiente como para reformar la arcaica “pirámide invertida”, que por un tiempo fue para los periodistas tan sagrada como las construcciones egipcias para los faraones y sus súbditos.

    Con el uso de la pirámide invertida a principios del siglo XX, los periodistas comenzaron a organizar la información que recogían en orden descendente de importancia. Las cosas han cambiado tanto desde entonces que la antigua fórmula ha sido superada con creces, especialmente en los círculos de la prensa escrita. En El Salvador, aunque sigue siendo utilizada, los periódicos salvadoreños han explorado otros estilos que denotan más creatividad y elaboración.

    En este artículo, veremos cómo El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica están rompiendo esquemas en el estilo periodístico local. En esto, El Diario de Hoy parece llevar la delantera, como se verá en los dos ejemplos que hemos escogido para analizar: las coberturas de prensa de la intoxicación por licor adulterado y la del juicio que le siguió un tribunal estadounidense a los generales José Guillermo García y Eugenio Vides Casanova por su responsabilidad en el asesinato, en 1980, de cuatro monjas norteamericanas.

    En el primero de los ejemplos, un texto de El Diario de Hoy del 5 de octubre contó la historia de un machete, que se había perdido y que una de las víctimas de la intoxicación, Jesús Elías López (“La Avispa”), le había heredado a uno de sus pocos amigos, Antonio López, de 70 años. Como en una versión de cuento, el texto describe personajes, lugares y situaciones que ilustran la angustia legada tanto por la intoxicación en masa como por la pérdida del machete, lo único que dejó “La Avispa” para el amigo que le dio techo durante unas dos décadas.

    La historia tiene hasta fin (muy pocas veces trabajado por los periodistas salvadoreños con tanta gracia): “El muerto (‘La Avispa’) pronto sería enterrado, mientras los que sobreviven de la legión pelean por lo poco que dejó. Miseria y soledad”. A juzgar por su publicación en la página número dos con una foto de casi media página, El Diario de Hoy dio a esta historia una gran importancia, incluso más que a la noticia de la página siguiente, donde se daba cuenta de la información “dura” de esta tragedia en San Vicente.

    Sobre la intoxicación que cobró sus primeras víctimas entre los clientes de las cantinas de San Cayetano Istepeque, San Vicente, La Prensa Gráfica informó de acuerdo a los estándares de la tradición periodística, es decir, con textos que daban datos “puros”. Nadie cuestiona aquí el valor informativo de las noticias que se publicaron por varios días: el conteo de las muertes, el “perfil del intoxicado”, la persecución de los culpables de adulterar el licor, detalles de la “ley seca” y otros pormenores. La creatividad, sin embargo, no salió a relucir en la cobertura de este caso por La Prensa Gráfica.

    En este artículo, no se toma en cuenta el estilo de redacción de las revistas dominicales Vértice de El Diario de Hoy ni Enfoques de La Prensa Gráfica. Es indiscutible que en ambas se hace un gran esfuerzo por escribir de la realidad salvadoreña —no sólo actual—- con mayor profundidad y con un estilo notablemente distinto al de la cobertura diaria de ambos matutinos.

    En cuanto al tratamiento del juicio seguido a los generales Vides Casanova y García en Estados Unidos, El Diario de Hoy también explotó con más armas estilísticas lo que podía salir de una fría y gris sala de una corte federal de Miami. El reportero de este matutino, el día en que fueron elegidos los miembros del jurado, retrató el ambiente interior de la sala, donde “nada se movía” y lo contrastó con los fuertes vientos que soplaban en las calles y movían semáforos y señales de tránsito.

    La nota sacó mucho provecho a cada movimiento de los generales frente al juez, al atuendo de los participantes, a la decoración de la sala (incluidos sus paneles de caoba que facilitaban una resonancia óptima) y el hecho de que ningún familiar de los enjuiciados los hubiera acompañado en el primer día del juicio.

    La Prensa Gráfica se quedó un poco corta en este sentido, aunque en información “pura” rebasó a su competencia. Siguiendo el criterio de la relevancia y la actualidad, La Prensa Gráfica inició su nota del 11 de octubre diciendo que había un nuevo testigo, uno de los guardias condenados por el caso de las monjas, quien rechazaba que mandos superiores del Ejército estuvieran involucrados en el crimen. Prevalecieron, entonces, los datos novedosos sobre el color y la ambientación.

    En los últimos años, se ha impuesto un estilo más libre en el periodismo mundial, que privilegia la originalidad del lenguaje sobre la rigidez de las famosas preguntas (qué, quién, cuándo, cómo, dónde) que antes había que responder en el primer párrafo de una noticia. Los recursos estilísticos no hacen ni más ni menos “objetivo” un texto. Es tan parcial una noticia que se apega a la pirámide invertida como la que explota más el ingenio literario. Como muestra, un botón. En la revista semanal Time que publica El Diario de Hoy, salió recientemente un reportaje sobre el recrudecimiento de los enfrentamientos entre árabes e israelíes en octubre pasado. La entrada decía: “Eran las últimas horas de la mañana cuando el general Gadi Aizenkott se presentó con las terribles noticias en el despacho de su jefe, el primer ministro israelí Ehud Barak. Dos soldados de la reserva israelí habían entrado por error en la ciudad de Ramallah, en Cisjordania, y habían sido linchados por una masa de palestinos exaltados...”

    Hasta aquí todo era información “dura”, pero luego agregaba: “Barak había luchado por evitar una escalada que pusiera en peligro su misión más preciada: un proceso de paz capaz de poner fin definitivo a semejante caos”. A los palestinos nunca se les atribuyeron tan sanas intenciones en todo el texto.

    Unos párrafos más abajo, el reportero describía con lujo de detalles el incidente de los soldados israelíes y, sin atribuírselo a ninguna fuente, decía (hablando de los palestinos): “Es difícil imaginar un mayor despliegue de inhumanidad atávica que el de estos actos”. Las preferencias del reportero de la Time, por tanto, eran evidentes.

    Dado que la redacción es fundamental en la prensa escrita y las imágenes son la “sal y pimienta” de un texto, mal hace cualquier periódico si no recurre a ellas. El apego a la realidad, de todos modos, no puede atarse al uso de un lenguaje o de un estilo determinado, como arguyeron por décadas los defensores de la pirámide invertida y de la tempestividad informativa.

    Ese periodismo “objetivista”, que privilegiaba la aplicación de fórmulas cerradas, la simple repetición de lo dicho por las fuentes de información y la ausencia tanto de creatividad en la escritura como de investigación por iniciativa propia, comienza a ser cosa del pasado. Ahora, según unos autores españoles, se ha caído en la cuenta de que no debió haberse cortado por completo el cordón que, en sus inicios, unió al lenguaje periodístico con el literario.

    “Después de que durante casi un siglo los periodistas han intentado liberarse de la ganga literaria para adecuarse a las estructuras lógicas propias de los mensajes que busca la comunicación de datos, en este momento estamos descubriendo que hay que dar marcha atrás si queremos dejar a salvo lo que el periodista tiene de verdadero y útil para la condición humana”, sentenciaba J.L. Martínez Albertos en uno de sus manuales de reporterismo.

    El ingenio literario es útil tanto para el periodismo informativo como para el de opinión. Cristian Villalta, de El Diario de Hoy, iniciaba una de sus columnas sobre la ola de muerte entre alcohólicos de “renta baja” diciendo que “Reírse de la muerte es cosa vieja. Tan vieja como la muerte. Rulfo y Lope de Vega lo intentaron con desigual forma. Otros, como Allan Poe o Baulelaire le guardaron respeto a la dama de la guadaña, otorgándole categoría de temible musa”. Y continuaba, “acá no tenemos un solo escritor de ese calibre, pero sí decenas de burócratas y moralistas de baja ralea que, en franco desprecio por la vida, siguen trivializando la mortandad de los alcohólicos”.

    El periodismo escrito, si quiere sobrevivir a la competencia de las imágenes televisivas, debe dar lo que pocos medios electrónicos han logrado dar hasta ahora: profundidad y análisis. Estos dos elementos, sin embargo, son inútiles sin esa “sal y pimienta” de la que hacen uso hasta periodistas especializados en economía para hacer más “digeribles” los números, porcentajes y estadísticas.

    Tampoco se trata de caer en el sensacionalismo, sentimentalismo o amarillismo de ciertos programas, como la tele-revista Cuatro Visión o Primer Impacto, para captar la atención de los escasos lectores. El arte de decir las cosas con originalidad es difícil de aprender, pero no le caería mal al muchas veces escueto y superficial periodismo salvadoreño, que raramente recurre a los sarcasmos, la ironía o el humor.
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Colaboración de Xiomara Peraza. Departamento de Letras, Comunicaciones y Periodismo de la UCA.
 
 

DERECHOS HUMANOS

    El pasado lunes 11 de diciembre, un grupo de instituciones estatales y sociales realizaron un acto especial para conmemorar el quincuagésimo segundo aniversario de la aprobación de este trascendental documento. En esa ocasión, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) aprovechó para entregar la primera edición de un reconocimiento anual a entidades que —a criterio de un comité creado expresamente para tal fin— lo merecían por su labor en favor de la educación, la difusión amplia, la protección y la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Junto a la Procuraduría General de la República, el Diario Co-Latino, el Canal 12 (televisión) y la Radio Maya Visión, el IDHUCA resultó favorecido con esa distinción. Más allá de la satisfacción que pueda producir cualquier galardón de este tipo, lo que nos provoca este hecho es una disposición mayor a cumplirle a la gente que espera mucho de nuestro trabajo para recibir justicia y hacer valer su dignidad. Pero no es ese el tema al cual nos queremos referir. Nuestra intención, ahora, es la de reflexionar sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el nivel de respeto a su contenido en nuestro país.

    Y para ello, se debe empezar afirmando que la batalla por hacer de este mundo un lugar decente para que en él vivan con dignidad todas las personas, sin diferencia alguna. Esa encomiable labor tuvo un momento destacado en las luchas de finales del siglo XVIII, plasmadas textualmente en las declaraciones de “los derechos del hombre y del ciudadano”, fruto de la revolución francesa, y de independencia de los Estados Unidos de América; también se reflejaron en las revoluciones de México y Rusia a principios del siglo XX. Pero desde antes, existían ya documentos al respecto. Ha sido, pues, un proceso de constante evolución aunque no siempre haya disfrutado sus resultados quienes verdaderamente entregaron todo o casi todo por tan noble causa. Sin embargo, a fin de cuentas, se ha avanzado mucho en el reconocimiento de los derechos y las libertades humanas.

    Parte fundamental de ese notable reconocimiento formal quedó plasmado en la Declaración Universal adoptada el 10 de diciembre de 1948 por, precisamente, 48 estados entre los cuales se encontraba el salvadoreño. Esa positivización continua junto a las luchas de los pueblos por conquistar mejores niveles de vida en lo político, económico, social y cultural han sido una de las principales características de la humanidad durante la segunda mitad del siglo XX, quizás sólo abajo —paradójicamente— de la violencia bélica y las graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

    Tal vez lo que más destaca en la innegable falla que se advierte al observar la distancia entre el profuso reconocimiento retórico de los derechos humanos y su grave irrespeto en la vida cotidiana de los pueblos, es el desinterés y —sobre todo— el incumplimiento de sus obligaciones por parte de los estados; más aún, su franca participación como principal violador de los mismos. Y eso ha tenido que ver, sin lugar a dudas, con la colocación de conveniencias particulares grandes o pequeñas, de personas o grupos, por encima del bien común. Así las cosas, el resultado ha sido un verdadero “mal común” para la mayor parte de la humanidad; es decir, sufrimiento y muerte independientemente de que ésta sea lenta, por la pobreza, o violenta por la guerra. En ese marco, durante los últimos 52 años, los derechos humanos han sido más un buen listado de aspiraciones que —para una inmensa parte de la humanidad— continúa colocado a una buena distancia de su realización concreta.

    Todo lo dicho antes, no significa que estemos contra la Declaración Universal y los pactos u otros instrumentos universales o regionales aprobados antes o después de ella. Sin temor a equivocarnos, la misma significó y significa una notable y brillante muestra de indignación ante la barbarie de la guerra y la injusticia que —hasta 1948— tuvieron su mayor expresión en la tragedia ocurrida con la segunda guerra mundial; eso quedó plasmado con todas sus letras en los 30 artículos que la integran, como también quedaron recogidos dentro de ellos los más nobles anhelos de dignificación para la humanidad entera. Así, pues, ahí también quedó registrada la paradoja a la cual nos referimos antes. Pero a lo que sí nos oponemos con fuerza es al uso interesado de éste y otros documentos, incluido entre ellos el acuerdo de paz salvadoreño, para enriquecer los discursos del poder económico y político que buscan “maquillar” un estado de cosas intolerable para la mayor parte de la gente. Porque, como bien ha dicho un privilegiado cantautor español, “ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam”.

    De esa situación, El Salvador no se puede abstraer. Al contrario, es un buen ejemplo del poco éxito que han tenido estos esfuerzos realizados en el marco de eso que llaman “comunidad internacional”, cuando internamente el poder económico y político somete al poder del pueblo; en otras palabras, cuando los poderosos ricos se colocan encima de los poderosos pobres, cuando se logra —por los peores medios— que valgan más el dinero y las influencias que la fuerza de la lucha social organizada. A lo largo de ese medio siglo más dos años de vida que ahora cumple la Declaración Universal, en nuestra tierra se ha apelado —para ello— al garrote, el fraude electoral, la guerra, la compra y venta de voluntades, la corrupción de otro tipo, la impunidad y la hipocresía cómoda que —junto a una tolerancia irresponsable de algunas personas y algunos sectores, dentro y fuera del país— nos tienen como estamos en la actualidad: con instituciones “nuevas” igual o más atrofiadas que las de antes del acuerdo de paz, con una población igual o más desencantada que antes y con niveles de pobreza y violencia igual o más altos que los de antes del conflicto político que arrancó sobre todo en los años sesenta y que desembocó en la confrontación armada.

    Una buena aproximación al estado de cosas que predomina en la actualidad, la hizo el procurador para la defensa de los derechos humanos en funciones cuando inauguró el evento reciente mencionado al principio de estas líneas. Entre otras cosas, Marcos Valladares habló sobre todo del drama social que se vive en el país por la insatisfacción de necesidades básicas. Desde su perspectiva institucional, las condiciones de la mayoría de la población se han agravado; no avanza en lo relativo a los derechos económicos y sociales, que continúan siendo la cenicienta de los derechos humanos. “Nos merecemos —afirmó— empleos y salarios justos. El incremento del IVA es injusto y el incremento en los servicios públicos así como las tasas e intereses municipales, también”. En ese campo y en otros más, Valladares señaló que las promesas gubernamentales están lejos de cumplirse y se refirió a la necesidad de que existan oportunidades para el desarrollo humano integral de todas las personas. Asimismo, puso el dedo en la llaga al denunciar la impunidad y sus efectos negativos en la sociedad; por ello, reclamó una eficaz impartición de justicia.

    Ese diagnóstico es bastante objetivo porque —fuera de las fuentes gubernamentales y sus “voceros de izquierda”— nadie puede negar con solvencia que en nuestro país existe una escandalosa concentración de riqueza y una distribución notable de la pobreza; se mantiene un déficit social sobre todo en materia de educación, salud, vivienda y empleo. No hay en él espacios políticos reales para la participación en la transformación de esa realidad dura para las mayorías, porque las caricaturas de partidos políticos existentes no dan para mucho; se sigue utilizando la violencia como el recurso fundamental y privilegiado para resolver cualquier tipo de conflictos, incluso los generados por esa resistencia a la transformación política y social, teniendo en la impunidad el mecanismo característico para neutralizar el reclamo de las víctimas y su búsqueda de justicia. Esta última —como decía monseñor Romero que le dijo un campesino— sigue siendo una serpiente que sólo pica al descalzo. Ese es El Salvador de la época de antes del conflicto armado y lo sigue siendo en la actualidad.

    En este nuestro país, pues, la Declaración Universal sigue siendo —en buena medida— adorno de las peroratas oficiales y aspiración no cumplida para la mayoría de sus habitantes. Es cierto que —según informe reciente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo— existen 1,200 millones de pobres en América Latina y que 2,400 millones viven en condiciones insalubres; es cierto, también, que 250 millones de niños trabajan, que 90 millones de niños no van a la escuela y que diariamente mueren 30 mil por causas previsibles. Ese panorama resulta a todas luces impresionante e indignante. ¿Pero qué? Nos quedamos a lamentarnos y auto consolarnos con ese dicho que habla del “mal de muchos” o nos decidimos de una vez por todas, dejando atrás a esos iluminados politiqueros que tanto daño le han hecho al país y su gente, a trabajar de verdad por hacer realidad los derechos contenidos en la Declaración Universal. Ese es el dilema: o hacemos esto último, o las cosas van a empeorar.

    Las autoridades de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, por este medio, hacen del conocimiento público su posición ante la resolución emitida por el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador el día de ayer, martes 12 de diciembre, sobre los ocho asesinatos ocurridos en nuestras instalaciones el 16 de noviembre de 1989.

1. Recibimos con agrado la confirmación judicial de nuestro argumento sostenido desde el inicio de la demanda presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), al establecer que las personas señaladas como responsables en el caso no pueden ser amnistiadas.

2. Pese a no compartir el sobreseimiento definitivo otorgado mediante dicha resolución, consideramos importante que es hasta ahora cuando se empieza a discutir el caso —seria y responsablemente— en el terreno que corresponde: el jurídico. Esta resolución nos abre las puertas para debatir con fundamentos sólidos en las instancias correspondientes y nos posibilita acercarnos más a la verdad, la justicia y la reconciliación que buscamos para toda la sociedad.

3. Corroboramos una vez más la indefensión en que aún se encuentran las víctimas de la delincuencia —de cualquier tipo— y de la impunidad, al no contar con una Fiscalía General de la República capacitada, diligente y honesta en el cumplimiento de sus dos funciones principales: investigar los actos contrarios a la ley y perseguir penalmente a sus responsables.

4. Consideramos necesario destacar que ni entre los pobres argumentos presentados por la FGR para solicitar el sobreseimiento definitivo de las personas señaladas en nuestra denuncia, ni en la razonamientos contenidos en la resolución judicial emitida el día de ayer, se cuestiona la existencia de indicios reales para establecer las responsabilidades del caso como ha sido erróneamente consignado en algunos medios de difusión masiva.

5. Asumimos con cierto optimismo que —pese a las fuertes resistencias que aún existen— con el trámite y debate del presente caso se está propiciando un funcionamiento real de la institucionalidad del país.

6. Por último, reafirmamos nuestra decisión de continuar adelante porque este caso —al igual que muchos otros— no es del pasado. Es un caso de una impunidad que sigue presente y que debemos erradicar, si realmente queremos construir un futuro mejor.

San Salvador, 13 de diciembre del 2000.
 
 

NOTICIAS

DOLARIZACIÓN. Luego de que 49 de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa aprobaran, el pasado 30.11, la Ley de Integración Económica que introduce al país un bimonetarismo voluntario, se ha configurado un ambiente de discusión en torno a la constitucionalidad y las implicaciones de la referida normativa. La prolongada discusión —que duró unas nueve horas— y la oposición de 35 diputados puso de manifiesto, en primer lugar, la seriedad de la medida, debido al rumbo que se espera tome la economía nacional y, por otro lado, la división de la opinión de los diversos sectores de la sociedad salvadoreña en torno a la ley presentada por el Ejecutivo. En efecto, cuando la nueva ley entre en vigencia, a partir del 1 de enero del 2001, todo tipo de transacciones podrán hacerse en colones o en dólares. "El dólar tendrá curso legal irrestricto con poder liberatorio ilimitado para el pago de obligaciones en dinero en el territorio nacional", reza el artículo 3 de la nueva normativa. Además, se fijó el tipo de cambio (US$1 = 8.75 colones), se estableció que todas las operaciones del sector financiero se registrarán desde el próximo año en dólares y se podrá contratar obligaciones monetarias en cualquier moneda de circulación legal en el exterior. La empresa privada y el sector financiero han iniciado una carrera de preparación ante la medida. El equipo económico de gobierno celebró la aprobación de la ley. Sin embargo, el FMLN y el CDU presentarán ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva política monetaria gubernamental (EDH, 01.12.00, p.2, 3, 8 y 60).

TLC. Los partidos ARENA, PCN, PAN y un diputado del PDC sumaron 45 votos para aprobar, el pasado 07.12, el Tratado de Libre Comercio (TLC) con México. El FMLN, el CDU y el diputado Orlando Arévalo se abstuvieron de votar. El TLC, que entrará en vigencia desde el 1 de enero de 2001, fue suscrito por los presidentes de México y de los países del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), el 29 de junio del presente año. El Tratado dejará el 72% de los 6,000 productos del Triángulo Norte y el 60% de los 12,000 productos mexicanos con arancel cero. Además, de acuerdo al programa de desgravación arancelaria, el 78% de los productos industriales de El Salvador que se exportan hacia la nación azteca gozará de un arancel cero desde la entrada en vigencia del TLC. No obstante, casi el 80% de los productos agropecuarios salvadoreños quedaron excluidos totalmente del TLC ante el subsidio que México concede a sus agricultores. La empresa privada manifestó su apoyo a la ratificación del TLC. "No podemos negarnos a una realidad económica mundial", expresó Tony Saca, vicepresidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP). Sin embargo, el diputado Roberto Lorenzana, del FMLN, rechazó la ratificación. "El TLC no tiene nada de libre comercio, sino que es una negociación de productos que van a tener desgravación arancelaria", sentenció. El coordinador del FMLN, Fabio Castillo, dijo que su partido presentará un recurso de inconstitucionalidad en contra del TLC ya que este no permite reservas ni declaraciones interpretativas a la Asamblea Legislativa que lo ratifica (LPG, 08.12.00, p.4 y 5; 09.12.00, p.30 y 31).

REFORMAS. Los diputados de la Asamblea Legislativa planean aprobar una serie de reformas en la sesión plenaria del 14.12. El primer punto a tratar está a cargo de la Comisión de Hacienda; se trata de la aprobación de un Código Tributario y una Ley de Registro de Importadores, normativas que tienen como finalidad aumentar la recaudación fiscal. La misma comisión deberá aprobar el Presupuesto Extraordinario de Inversión (de 3 mil 150 millones de colones) y 30 reformas a la Ley de Licitaciones que pretenden aumentar la autonomía municipal en los procesos de licitación. Del Presupuesto Extraordinario se destinarán 2 mil millones 333 mil colones para Obras Públicas, 200 millones para la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y 138 millones de colones para Salud. Las iniciativas de la Comisión de Hacienda tuvieron el apoyo unánime en todas las fracciones. Por otro lado, las Comisiones de Seguridad Pública y de Legislación esperan emitir dictámenes favorables para la aprobación de la Ley de Servicios Privados de Seguridad y un conjunto de reformas penales propuestas por ARENA y apoyadas por el PCN y PAN. Estas reformas al Código Penal están orientadas a la tipificación de nuevos delitos, entre ellos disparar al aire con arma de fuego, conspiración para secuestro, conducción de mercancía de dudosa procedencia y tráfico ilegal de inmigrantes. "Son reformas favorables para el país que están llenando algunos vacíos", justificó el subjefe de fracción de ARENA, Rodrigo Ávila. El FMLN demandó más discusión del tema antes de la aprobación (EM, 12.12.00, p.3; LPG, 13.13.00, p.10).
 
 

Fe de errata Por un error involuntario, en el análisis "Consideraciones en torno al impacto social de los secuestros" (Proceso No, 929, pp. 8-9) se dice que, en el caso del secuestro de un miembro de la familia Zablah, estaría implicado un empresario de espectáculos, cuando tal situación se dio en el caso del secuestro de un miembro de la familia Saca. Rogamos a nuestros lectores tomar nota de ello, para evitar ulteriores confusiones.