Año 20

número 880

noviembre 24

1999

ISSN 0259-9864

 

Editorial Los problemas en el ISSS

Política El último escándalo en el centro político

Economía Situación actual de la tenencia de la tierra

Regional La fatuidad de la Cumbre Iberoamericana

Regional Agustín Jarquín y las presiones del FMI

Derechos Humanos Un Segundo más para la esperanza (II)

Noticias

Los problemas en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) no son nuevos. Durante la década de los años 80, los sindicalistas de la institución dieron muestras, en circunstancias adversas, de su disposición para correr los mayores riesgos. En aquel entonces eran inocultables los motivos políticos que animaban a los dirigentes sindicales de la institución. Sin embargo, esos motivos políticos coexistían con intereses estrictamente laborales, las cuales eran, en definitiva, las que hacían que la mayoría de trabajadores del seguro social simpatizara e incluso apoyara a los sindicalistas.

Al nivel de interpretaciones es donde más irrumpe el tema de los usuarios. La prensa escrita no ha escatimado esfuerzos por hacer ver —informar le llaman— lo mucho que sufren quienes no son atendidos prontamente por unos empleados negligentes. El gobierno no duda en hacer a los trabajadores del seguro social responsables por al daño a la salud de los salvadoreños que provocan sus acciones. El diputado de ARENA Norman Quijano afirma que su partido siempre ha abogado por la salud del pueblo salvadoreño. La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) se pronuncia en defensa "de nuestros trabajadores", privados del derecho de salud que les asiste debido a los "intereses de unos pocos". En fin, todo un cúmulo de apreciaciones que, en conjunto, están dominadas por una misma lectura del problema: los trabajadores del seguro social anteponen sus intereses —pocos se preguntan con objetividad cuán legítimos son— a la salud de los salvadoreños. Conclusión: los trabajadores del seguro social son unos irresponsables que merecen nuestra condena más absoluta. ¿Y la responsabilidad del gobierno? Pareciera que en las interpretaciones que predominan sobre el problema del seguro social el gobierno es, por enésima vez, víctima de una conspiración desestabilizadora.

El último escándalo en el centro político

Más tardó el diputado Juan Ramón Medrano en protestar por la publicación de "El caprichoso CDU" en el semanario Proceso (Proceso, 875), que el CDU en empezar a resquebrajarse estrepitosamente. Vayamos un poco atrás. La publicación contra la que reaccionó Medrano, además de cuestionar la supresión del apoyo del CDU —coalición a la que pertenece su partido, el PD— a la reelección de Héctor Silva, terminaba preguntando a cuál coherencia y cuáles planteamientos eran a los que apelaba el CDU cuando, en un comunicado de prensa, quiso explicar el fracaso de la alianza con el FMLN para respaldar a Silva. En un intento por parte de Medrano de responder a esos cuestionamientos surge su artículo "¿El caprichoso CDU o el prepotente FMLN?", publicado en La Prensa Gráfica el 12 de noviembre recién pasado.

Lo curioso es que, días antes de la publicación de esa respuesta, el PPL, otro de los partidos que conforman el CDU, ya había dado el primer paso de lo que hoy es el más reciente conflicto entre los partidos de centro. Ese primer paso fue ejecutado por Ernesto Vilanova, cabeza del PPL, quien el 8 de noviembre acudió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en busca de autorización legal para apropiarse del nombre y la simbología de la coalición. Que el PPL "se madrugó" al PD y a la CD —tercer partido miembro del CDU— fue lo que empezó a anunciar la prensa nacional. Y el mismo Vilanova no dudó en reconocerlo cuando, en una entrevista realizada por El Diario de Hoy, argumentó que Rubén Zamora, líder de la CD, "quiso apropiarse del nombre del CDU, pero no tuvo las suficientes agallas". "Hay un gato más vivo que otro, si lo quieren ver de esa manera —confirma el político—, pero no le hemos robado el nombre a nadie".

Si de robos legales se tratara, en eso último tendría razón Vilanova, porque, de acuerdo a la legislación electoral, el nombre y los símbolos de una coalición valen cuando esta compite con los demás partidos en una contienda electoral, pero una vez culminada tal coyuntura la coalición oficialmente desaparece. Es en esto en lo que pretende ampararse el PPL cuando su secretario general afirma que el "CDU no es de nadie" y que no hubo un compromiso escrito por parte de los partidos que lo conforman que prohibiera a uno de ellos apoderarse de su simbología.

Lo que sí había, y esto es un hecho que el razonamiento de Vilanova no logra poner en duda, era un compromiso verbal; es decir, una confianza en la palabra de los demás miembros de la coalición. Después de los últimos comicios presidenciales, en los que el CDU obtuvo un ventajoso tercer lugar, el PD, la CD y el PPL, junto al movimiento FE, decidieron continuar trabajando unidos con el fin de participar de nuevo como coalición en las elecciones de marzo del próximo año. Este compromiso es lo que el PPL está violando al tramitar para su partido el nombre y la bandera del CDU.

En diversas oportunidades, hemos llamado la atención sobre la fragilidad que suele caracterizar a las iniciativas unificadoras de los partidos pequeños. Concretamente sobre el CDU, más de una vez se han planteado serias dudas sobre las coincidencias ideológicas entre los partidos que lo integran. Nunca ha habido un intento de sus líderes por aclarar qué es exactamente lo que tienen en común el PD y la CD, más allá del interés de impulsar una "alternativa de centro" que "contribuya a la despolarización" del país. Aún más reservas despertaba la naturaleza del nexo entre esos dos partidos y el PPL, cuyos miembros parecen tender ideológicamente hacia la derecha.

Con su reciente "viveza", lo único que ha conseguido Vilanova es abonar a esa perenne confusión. Que él mismo explique que el PD y la CD planeaban "echar" al PPL de la coalición para conformar una nueva alianza de corte socialdemócrata, no es sino la confirmación de que los fundamentos en los que se pretendió erigir el CDU eran sumamente endebles. Y ello con independencia de la veracidad o falsedad de las afirmaciones de Vilanova.

Cuando Proceso preguntaba por los planteamientos concretos y la coherencia a la que aludían los dirigentes del CDU en su comunicado, se refería exactamente a lo que ahora está ilustrándose con claridad meridiana: a que no hay una propuesta alternativa firme capaz de aglutinar a los partidos de la coalición (¿o acaso puede verse en la última jugada sucia del PPL un resquicio mínimo de coherencia?). Pero la respuesta de Medrano ante tal señalamiento desconoce los hechos y desvía la pregunta hacia ámbitos ajenos al problema. Argüir que el fortalecimiento del CDU en las últimas elecciones se debió a "los planteamientos de la no-polarización del país, la unificación de las fuerzas moderadas de oposición, y la posición de concertación nacional sin ofrecimientos demagógicos", evade la pregunta de fondo.

En primer lugar, cabe recordar que el aumento del caudal de votos a favor del CDU en los comicios presidenciales tuvo más que ver con el descontento de los simpatizantes de izquierda hacia el FMLN, que con una clara identificación de los electores con un proyecto de "no-polarización" o con su convencimiento ciego en los ofrecimientos no demagógicos de Zamora.

En segundo lugar, lo de la "unificación de las fuerzas moderadas de oposición" se cae por su propio peso ante los hechos. No hay unificación. Y no la hay porque en el fondo no hay nada que la justifique, excepto el miedo de los "pequeños" a desaparecer de la palestra política. Lo que ahora está sucediendo con el PPL desencanta todavía más, pero no sorprende. Fue Vilanova el que se adelantó esta vez, pero igual hubiera podido hacerlo cualquiera de los demás líderes de la coalición.

Otra afirmación airada de Medrano señala que "hay una clara intencionalidad de «analistas políticos» ligados a una u otra posición de extrema que insisten en negar la viabilidad de una tercera opción para el país, y pintan un mundo político en blanco y negro, es decir izquierda o derecha radicales y lo que no está con uno de los dos, es atacado en campañas de desprestigio". De nuevo, los últimos hechos desmienten sus afirmaciones. No es que existan "campañas de desprestigio" contra la "viabilidad de las opciones de centro", es que la realidad ha mostrado en sobradas ocasiones —la reciente crisis del CDU es una más de ellas— que ni las preferencias electorales ni, mucho menos, el accionar común a los partidos de centro posibilitan esa opción intermedia que el diputado dice defender.

Ese accionar común puede resumirse básicamente en dos puntos: (a) los partidos de centro no nacen de iniciativas de sectores sociales interesados en ofrecer verdaderas alternativas a los electores frente a los partidos mayoritarios, sino que son escisiones de estos últimos, cuyos líderes parecen más interesados en obtener cuotas de poder que en convertir a sus partidos en propuestas políticas atractivas; (b) frente a su escasa acogida, estos partidos pequeños se ven obligados a coaligarse, pero la ambición de poder de cada uno de sus líderes hace de las coaliciones algo sumamente endeble y poco fiable. Son estas las razones que hacen inviable al centro político y no una campaña exógena que en todo caso carecería de sentido. Que los partidos pequeños viven cavando su propia tumba es algo que los medios de comunicación constatan cada vez que se aproxima una nueva contienda electoral. Para verlo no es necesario ser radical ni simpatizar con las extremas que tanto gustan a los abanderados del centro.

Situación actual de la tenencia de la tierra

Desde la abolición de la propiedad comunal a mediados del siglo XIX, el tema de la tenencia de la tierra se ha convertido en uno de los que más conflictos e inestabilidad social han ocasionado, como lo evidencia la guerra civil sostenida entre 1979 y 1992, para citar el caso más reciente. La reforma agraria de 1980 y el Programa de Transferencia de Tierras (PTT), aplicado luego de la finalización de la guerra civil, pretendieron aliviar las tensiones sociales originadas por la concentración de la propiedad de la tierra.

Aunque no puede negarse que ambos programas modificaron sensiblemente —al menos en términos jurídicos— la propiedad de la tierra, datos recientes siguen dando cuenta de una extensa difusión de las tierras trabajadas en calidad de arrendamiento y de un creciente número de trabajadores sin tierra. Al mismo tiempo, la realidad del agro muestra que actualmente el problema de la pobreza rural se mantiene prácticamente inalterado, mientras que el deterioro ambiental ha alcanzado niveles insostenibles. En este escenario es importante revisar cuál es la situación actual de la tenencia de la tierra después de la reforma agraria y del PTT de los Acuerdos de Paz, así como el comportamiento de los trabajadores agropecuarios sin tierras, para notar cómo han afectado la realidad del agro.

De acuerdo a datos del último estudio del sector agropecuario, elaborado en 1987 por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, cerca de un 85% de las explotaciones estaban en calidad de propiedad; sin embargo, datos más recientes sugieren otra estructura de tenencia de la tierra no tan dominada por las formas privadas de propiedad de la tierra. Si tenemos en cuenta cuál es la condición en la que los trabajadores agropecuarios trabajan la tierra podemos aproximarnos más a la situación real de la tenencia de la tierra, pues se obtienen datos sobre las formas concretas en que aquélla se está trabajando. En primer lugar, destaca el hecho que, de un total de 581,661 trabajadores del sector agrícola, solamente 217,289 tenían acceso a tierras; es decir, únicamente un 37% aproximadamente.

Adicionalmente, de acuerdo a los datos del cuadro anexo, para el año 1991-1992 buena parte de los trabajadores (un 48% en total) con acceso a tierras las trabajaban predominante bajo formas de posesión indirecta, de modo que 42.2% alquilaban, 4.9% eran aparceros y 0.9% trabajaban la tierra como colonos. En cambio, las propiedades heredadas y en posesión de las cooperativas alcanzaban un 36.2% del total de trabajadores con acceso a la tierra.

Por otra parte, llama la atención el hecho de que, aun para 1991-1992, se encontraban formas de uso libre de la tierra, pues un 10.8% de los trabajadores la explotaban bajo esa forma de tenencia, en parte porque en ese momento existía una creciente tendencia hacia su ocupación forzosa. Es difícil aventurar hipótesis sobre las implicaciones de la propiedad de la tierra sobre el uso de las mismas, pues los datos existentes no son claros al respecto. Generalmente, se ha planteado que el arrendamiento de la tierra genera dinámicas negativas para los recursos naturales (por ejemplo, la sobreexplotación de la tierra), pero datos recientes muestran que también en casos de explotaciones bajo formas privadas de propiedad existen tendencias hacia su sobreexplotación. Un indicador de lo anterior es el hecho de que el cultivo principal tanto de arrendatarios como de propietarios beneficiarios de la reforma agraria son los granos básicos, los cuales suponen un uso intensivo de los recursos naturales si se compara con cultivos permanentes, como el café, por ejemplo. Ateniéndose a esta evidencia, parece que la forma de utilización de los recursos naturales no depende solamente de la forma de tenencia de la tierra.

No existen datos recientes sobre la evolución del número de familias sin tierras, pero puede señalarse que su crecimiento ha sido bastante elevado durante las últimas décadas. Entre 1961 y 1971, durante la época de oro del cultivo del algodón, las familias sin tierras habrían pasado de 30,541 a 112,108, mientras que, para 1980, ya alcanzaban las 220,000 familias. Los datos de trabajadores agropecuarios citados más arriba no son directamente comparables, pero muestran que cerca de 364,000 trabajadores agropecuarios no tenían acceso a tierras. Evidentemente, el problema del acceso a tierras en El Salvador se relaciona con la elevada densidad poblacional y con el hecho de que no existen suficientes tierras para satisfacer la demanda de la población agrícola, aun en el caso hipotético de que se distribuyera equitativamente.

El arrendamiento es la principal forma de tenencia de la tierra en El Salvador, pese a la reforma agraria y el PTT, sugiriendo con ello que los cambios legales en la tenencia de la misma solamente afectan la terminología bajo la cual se ejercen las formas indirectas de posesión, pero no las formas concretas de tenencia.

El tipo de uso que se hace de la tierra no parece estar relacionado con las formas de propiedad, ya que tanto arrendatarios como propietarios se dedican mayoritariamente al cultivo de granos básicos. Adicionalmente, es importante considerar que la mayoría de los trabajadores agropecuarios no tienen acceso a la tierra, y que ello se constituye en un ingente obstáculo para cualquier estrategia que pretenda la reducción de la pobreza rural a través del fomento de la producción agropecuaria.

Finalmente, de cara a la experiencia salvadoreña, resulta claro que el cambio en las formas de tenencia no es la panacea para el problema de la pobreza rural, pues ésta persiste aun cuando se han alterado legalmente las formas de tenencia. Más bien debe explorarse su relación con otros aspectos como el acceso al crédito, la asistencia técnica y los precios de los productos agropecuarios.

Fuente: MIPLAN, Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples 1991-1992.

Tomado de: Seligson, Mitchel. "Treinta años de transformación en la estructura agraria de El Salvador", en revista Realidad, UCA, No. 41, 1994: 699-745.

La fatuidad de la Cumbre Iberoamericana

Una nueva Cumbre Iberoamericana (hoy más fragmentada que nunca) despidió el milenio de la mano del régimen cubano, la llamada última dictadura de Latinoamérica. La oportunidad de echar a andar una nueva reflexión acerca de las penurias y asperezas del desarrollo económico de la región se vio soslayada por la ausencia oficial de algunos países y, más concretamente, por el tentador aperitivo de la democracia de los isleños —violada por el dictador— y de las naciones hispano-parlantes —violada por la injerencia extranjera. 20 países que respiran libertad y justicia, dos reyes que sirven de emblema viviente para las transiciones políticas, rebeldes con causa llenando rollos de película fotográfica y millones de latinoamericanos ignorantes del evento que más llamó la atención en los días recientes: todo junto constituyó el escenario perfecto para un espectáculo menguado por la teatralidad de sus participantes.

Así las cosas, la IX Cumbre Iberoamericana, cuyo tema central era la situación financiera de la región de cara a una sociedad globalizada, dejó poco menos que desazón para los millones de personas allá —en teoría— representados. Poco menos que desazón, no hay duda, porque de esta cumbre no se aprovechó otra cosa que la oportunidad de "echar flores" a la oficialidad gubernamental, a su supuesto compromiso con la igualdad, la justicia y la libertad de los pueblos. Se abanderó, además, el ataque a las prácticas antidemocráticas que impulsan los dinosaurios del poder cubano. En consecuencia, otras posiciones más realistas y coherentes con la realidad que atraviesa el continente, no salieron a relucir tanto como la desgracia de un pueblo aislado por mares y autoritarismos, demonizados en la mente de algunos de los dignatarios asistentes.

No cabe duda de que a Castro le van quedando pocas razones para mantenerse firme en la cabeza del Estado cubano. Y bien se ha hecho en reconocer la existencia y la lucha de aquellos que piensan, desde la experiencia de la revolución, a favor de los cambios políticos dentro del país. Pero el ambiente que rodea a la Cumbre dice tan poco de los gobiernos latinoamericanos como lo hace la disidencia isleña del régimen de Castro. Un breve recuento podrá echar luz sobre lo que aquí se plantea: el gobierno de Alberto Fujimori en Perú fue fustigado por el Senado de EE.UU., varios de cuyos miembros lo reconocieron —por fin— como un dictador empecinado contra la libertad de expresión y la representación política pluralista. Hugo Chávez hace lo suyo desde la Constituyente en Venezuela, sembrando incertidumbre hacia fuera y algo parecido a la esperanza hacia dentro.

Los gobiernos de Centroamérica no terminan de abandonar la súplica por la reconstrucción post-"Mitch" (nunca consumada ni iniciada), y más bien dejan tras de sí esa penosa estela de incapacidad estratégica frente a todo tipo de desastre en el Istmo. Por su parte, Argentina y Chile pecan de caprichosos al defender a reconocidos violadores de los derechos humanos por medio del boicot a la Cumbre. El rechazo a la injerencia extranjera, acordado en la declaración definitiva del cónclave, calma sus conciencias de cómplices y, a la vez, fortalece su negativa a la necesaria reconciliación con justicia que necesitan sus pueblos, antítesis de la "libertad sin ira" acuñada en la España de la transición y que fundamenta el "perdón y olvido" que pesa en la historia reciente del continente. En Colombia, la satanizada industria del narcotráfico alimenta con miseria y peligro a muchos y enriquece a otros pocos. En Ecuador el estallido social no cesa. Y así sucesivamente...

Mientras tanto, EE.UU. no deja de meter su barba en los asuntos que tendrían que ser de exclusiva preocupación de Latinoamérica. Como es por todos conocido, buena parte del rechazo que se gestó poco a poco entre los participantes de la Cumbre hacia el régimen cubano tuvo como inspiración el oportuno consejo del tío Sam. En un acto "desvergonzado" (como lo llamara el ministro de relaciones exteriores de Cuba), altos funcionarios del gobierno estadounidense se tomaron la libertad de recomendar a los mandatarios que hicieran de la Cumbre una plataforma para protestar contra la permanencia de Castro en la isla. Hablaron de convertir el encuentro en una actividad "de bajo nivel" en virtud de que se realizaba en suelo profano para cualquier nación democrática. Empero, esto no evitó que no sólo lo asistentes a la Cumbre sino también la misma Asamblea General de la Naciones Unidas condenara —esta última por octavo período consecutivo— la imposición estadounidense del embargo económico a la nación caribeña.

Con esto no se trata de salvar el dudoso legado que cuarenta años de dictadura están dejando sobre Cuba. ¿Cómo ignorar la represión sistemática que, día a día, sufre toda opinión contraria al régimen? ¿Cómo despreciar el gesto —más loable de parte de los mismos disidentes que de los ampulosos dignatarios que lo protagonizaron— de reconocer el trabajo de hormiga que se realiza dentro de la misma isla por construir un mejor futuro para los cubanos? Sin duda alguna, quiérase o no aceptar, este es uno de los aportes más importantes que la Cumbre ha podido ofrecer a un pueblo que, tarde o temprano, deberá enfrentarse a una dura y difícil transición en todos los aspectos de su vida, y de la que hoy sólo presenciamos sus manifestaciones más tempranas.

Obviamente, no es esto lo que se intenta sentar aquí. Lo que se pretende es desvelar la fatuidad de una reunión en la que se buscaba definir posibles caminos para el desarrollo futuro de toda una región. En tanto que Castro imponía un título Honoris Causa al trabajo profesional de Fujimori y José María Aznar señalaba sin concesiones la impunidad con la que le son negados sus derechos civiles a la población de la isla, los más críticos no veían en la Cumbre más que un show bien montado desde lujosos atriles. Mientras esto sucedía, la población del continente apresura su crecimiento desmedido y amenazador, la pobreza se incrusta cada vez más en la vida de amplios sectores de la población latinoamericana y la violencia, de toda fuente, se fortalece como modelo de vida y de resolución de carencias estructurales. Lo que es más lamentable aún, esos disidentes que fueron entrevistados, fotografiados e internacionalizados por un apretón de manos "oficial", ahora contemplan con dolor y temor como se apagan las luces y se retira el set, parafraseando al periodista y líder opositor cubano Raúl Rivero.

Frente a la soberbia de la oficialidad latinoamericana reunida en La Habana —cuya lección para un futuro mejor es exigua—, la sociedad civil tiene al menos un motivo para inclinarse, en cierta medida, hacia el rechazo de todo tipo de imperialismo que pretenda hincar sus raíces en lo profundo de Latinoamérica, tíldese a este de "norteamericano", "socialista" o internacionalista. Por eso es que las críticas hacia el régimen cubano salen sobrando en un contexto como el que vive actualmente la región: de este lado de océano ya contamos con representantes de verdaderas dictaduras que utilizan a la democracia como un instrumento para pasar por encima de las exigencias de los pueblos. Legitimados por un voto dudosamente representativo, nuestros líderes políticos hacen del sistema una concha en cuyo interior no hay nada más que aire. Hacia esos ejemplos de "antidemocracia", cómodamente instalados en sus nichos de poder, hubo que dirigir las críticas. Es contra sus prácticas de autoritarismo e incapacidad que hay que combatir.

Agustín Jarquín y las presiones del FMI

La escandalosa sentencia de cárcel dictada y consumada el 10 de noviembre en contra del contralor general, Agustín Jarquín, puede analizarse en el contexto de las últimas presiones internacionales sobre el gobierno del presidente Arnoldo Alemán y donde pactos entre el FSLN y el partido gobernante (PLC) maquillan la gobernabilidad para salir del paso de esas presiones.

A un año del paso del huracán "Mitch", cuando las huellas de aquella catástrofe siguen casi todas ahí —casi ninguna cicatrizada—, el gobierno de Nicaragua recibió una inesperada advertencia de parte del FMI. Por primera vez, el FMI no le planteaba al gobierno únicamente un tema macroeconómico (déficit fiscal, balanza comercial o reservas internacionales). Por primera vez, le interpelaba —y le condicionaba— con el tema de la gobernabilidad, el de la transparencia y el de la erradicación de la pobreza.

Leonardo Cardemil, el más alto representante del FMI para América Latina, llegó a Nicaragua con una misión a finales de septiembre. Recién había pasado la insensata fiesta con la que el gobierno celebró que el FMI hubiera admitido a Nicaragua en el club de los países muy pobres y muy endeudados para la condonación de una parte de nuestra deuda externa en los próximos años dentro de la iniciativa HIPC. Para las fechas de la visita de Cardemil, la Corte Suprema de Justicia llevaba dos semanas paralizada, polarizada y sin directiva por las burdas presiones —públicas y privadas— que el presidente Alemán estaba ejerciendo para lograr una directiva de su agrado. Para esas fechas, la Superintendencia de Bancos permanecía desde hacía tres meses sin dirección.

La Contraloría General de la República continuaba bajo asedio en los tribunales y en los medios. En los tribunales, un error de Agustín Jarquín era usado desde abril por la Presidencia para desprestigiar a la Contraloría y lograr la destitución y hasta el encarcelamiento del Contralor. En la campaña radial y televisiva pagada por el partido gobernante con estos mismos fines se había gastado ya más de medio millón de dólares.

Para las mismas fechas de la llegada de la misión del FMI, el gobierno de Nicaragua continuaba sin siquiera diseñar una estrategia detallada y concretada en programas destinada a erradicar la pobreza que padece la mayoría de la población. Aunque el escenario era convulso, ninguna de las situaciones era totalmente nueva o excepcional. La abierta injerencia del Presidente en otros poderes del Estado, su guerra contra la Contraloría y la falta de una política social eficiente que permita superar las ya viejas pero aún abiertas heridas de la guerra de los 80, han sido constantes en los tres años del gobierno del PLC. Lo nuevo fue el reclamo del FMI en temas no estrictamente económicos.

El FMI devolvió el memorándum de políticas financieras y económicas que el gobierno le había enviado, al detectar vacíos en estos temas fundamentales, condicionando por primera vez el apoyo para la condonación de la deuda externa a que el gobierno garantice instituciones independientes, freno a la corrupción y más equidad. Tras la presión del FMI, el PLC suspendió la masiva propaganda de radio y TV contra el contralor Jarquín y la subcontralora Claudia Frixione, ordenó a sus diputados en el Parlamento aplaudir al Contralor cuando éste presentó su informe anual en el Legislativo, e inició reuniones de "acercamiento institucional" entre altos funcionarios del Ejecutivo y de la Contraloría General de la República. Tardía rectificación en la propaganda: es una realidad que la campaña ha surtido efectos y que la imagen de la Contraloría y del Contralor se ha visto seriamente erosionadas por seis meses de guerra de desgaste y de calculada manipulación.

La sentencia contra Agustín Jarquín vino precedida por los primeros fracasos en las reuniones entre el Ejecutivo y la Contraloría para el "acercamiento institucional" que ordenó el FMI. Los delegados del Ejecutivo pidieron que el Contralor no estuviera presente en los encuentros, no aceptaron consensar con la Contraloría una agenda común, y la agenda que presentaron tenía como meta la revisión —y eventual rectificación— de las resoluciones de la Contraloría que han afectado y señalado de corrupción a altos funcionarios del gobierno, incluido el propio Alemán. Después de esto, tras ocho meses de ires y venires, una jueza dictó sentencia de prisión contra Jarquín, cumpliendo así uno de los deseos más conocidos del Presidente: que el Poder Judicial estableciera que el Contralor es un delincuente y, por tanto, sin autoridad para combatir institucional y legalmente la corrupción.

Es evidente que el impulso presidencial para lograr esta sentencia viene desde mucho antes de que se hiciera pública la inesperada presión del FMI. Y es evidente la torpeza con la que el Presidente ha manejado las relaciones internacionales de su gobierno, y la impunidad con que actúa. Ambas tendencias explican la desafortunada sentencia contra el Contralor. Sin embargo, no deja de sorprender la "osadía" de Alemán al "meter las patas" de forma tan obvia y mandar a la cárcel a Jarquín estando tan recientes los reclamos internacionales.

Después de que el Contralor fuera sentenciado a prisión, fue notorio que la jueza no ordenara inmediatamente su captura, sino hasta dos días después. Esta nueva contradicción ratificó el carácter político de la sentencia y el objetivo de los ocho meses de proceso judicial: desgastar a Jarquín, erosionar la imagen de la institución que preside, calificar "oficialmente" al Contralor como "delincuente" y preparar así el camino para su destitución en la Asamblea Nacional, bajo el supuesto de que carece de "calidad moral" para ejercer su cargo.

A ningún actor de la cooperación internacional le queda duda de que, desde el primer momento, la trama que condujo a esta sentencia se fabricó en el propio despacho del presidente Alemán. En este contexto, el futuro de la Contraloría —en peligro por el pacto entre liberales y sandinistas— y el futuro del Contralor y de la Subcontralora —que podrían ser destituidos sin necesidad ya de colegiar la Contraloría, como lo establece ese mismo pacto— serán el test fundamental que nos permitirá conocer hasta dónde las presiones internacionales sobre el gobierno serán realmente "hechos y no palabras".

¿Garantizan los permanentes juegos de poder en los que vive Nicaragua gobernabilidad y transparencia? ¿Qué juicio sobre nuestra historia y sobre nuestras capacidades implican las condicionalidades que se imponen y las que se reducen a declaraciones de intenciones que quedan en meras formalidades? No puede olvidarse que también existe falta de transparencia y de gobernabilidad en las poderosas instituciones internacionales que presionan a nuestros malos gobiernos y que los funcionarios extranjeros encuentran entre los altos funcionarios de estos malos gobiernos cómplices y hasta secuaces...

Celebrar la nueva presión internacional es justo. Se trata de una novedad que puede traer consecuencias positivas. Pero confiarse a esta presión es irresponsable. El nada alentador escenario nacional —agravado aún más por la sentencia y captura de Jarquín— puede reducir los resultados potencialmente positivos de cualquier presión internacional bien dirigida a una simple operación de imagen, de fachada, de maquillaje, a la vez que puede profundizar los aspectos más negativos de nuestra tradicional dependencia.

En fin de cuentas, hacer de Nicaragua una nación equitativa, gobernable y con una gestión transparente es responsabilidad de los nicaragüenses, y sólo se logrará con la voluntad de los nicaragüenses. Ese es el análisis más de fondo que exige la presión del FMI y de los demás cooperantes internacionales, quienes de manera cada vez más abierta han declarado que la sentencia contra Jarquín pone en peligro la ayuda internacional —especialmente la europea— a Nicaragua.

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Colaboración Equipo Envío, Nicaragua

Un Segundo más para la esperanza (II)

Jon Sobrino (JS): Montes solía decir, en parte jocosamente y en parte en serio, que el subdesarrollo es integral. Pero, en serio, ¿qué quería decir él? Indudablemente hay un subdesarrollo económico; pero eso, ¿qué produce? Pues una cosa que él estudió mucho: las migraciones a los Estados Unidos. Se dice pronto y estamos acostumbrados. Indudablemente, se analizan esas migraciones en cuanto se traducen en divisas; esas remesas estabilizan la economía. Pero hablamos de un veinticinco por ciento del país que tiene que salir; que a lo mejor le va bien, a lo mejor le va mal... a lo mejor le va espantosamente mal. Montes era como sensible a esas cosas y por eso gozaba cuando los de Colomoncagua solían venir. Por ejemplo con lo del "Mitch". No hace falta ser un analista: ¿por qué siempre los mismos y en el mismo lugar? Yo creo que también Montes apuntaría a esas cosas. Yo no sé si a él le dio por analizar lo de las "maras", pero mi olfato me dice que se hubiese interesado; no sé cuánto pudiera haber hecho. ¿Qué quiero decir? Montes sí tuvo esa visión.

IDHUCA: Jon dijo hace un rato que se debe hacer pensar a la Asamblea ¿Será posible eso? Nosotros creemos que la única forma de hacerlos pensar es que la gente asume su papel y le cobre las facturas por los errores que comete, por no pensar o por pensar sólo en grupos y no en todo el país. Nosotros creemos que en El Salvador de ahora, después de la firma de los acuerdos de paz o del fin de la guerra y en la etapa de posguerra por la que estamos pasando —no de paz, que es lo que nos quieren vender en medio de tolerancias irresponsables e hipocresías cómodas— Montes estaría realmente indignado. Pero él pasaba de la indignación a la acción. En ese marco, a nosotros nos siguen sonando en la cabeza las palabras que escribió en su último análisis sobre la situación de los derechos humanos durante los meses del gobierno de Cristiani en 1989, que apareció publicado en la Revista ECA después de su muerte. Decía más o menos —no es textual— que en El Salvador al hablar del tema no podíamos cantar victoria, pero tampoco era tiempo para la desesperanza. ¿Qué le mueven a uno esas palabras?

JS: Muchas cosas. En este país estamos a favor de la tolerancia porque antes nos mataban por las ideas; pero de la tolerancia a la indiferencia, hay un peligro. Y ante el África y los grandes lagos no se puede ser tolerante; y ante los diez mil muertos u ocho mil de la violencia no se puede ser tolerante, porque ser tolerante ahí significa ser indiferente y hacerse inhumano. ¿Qué creo yo que está pasando en el país? Voy a terminar diciendo lo que me parece a mí y que creo que por ahí anda la cosa. Después de los acuerdos de paz, en el país en conjunto se ha procurado usar instrumentos positivos; por ejemplo, convertir en partido político a la guerrilla y la creación de ciertas instituciones nuevas. No quiero ser masoquista, hay cosas que van para bien; pero desde mi forma de ver las cosas, no se están utilizando todavía los grandes recursos que tiene este país y que es lo mejor de su tradición reciente.

Dicho en palabras sencillas: la bondad grande de estas personas —muchas de las cuales están muertas— y la gran creatividad de esta gente. Eso llama la atención; yo lo digo así, aunque suene a demagogia. Los grandes poderes de este país, empezando por la Fuerza Armada, la oligarquía, la Asamblea —con algunas excepciones—, los gobiernos, las universidades... ¿cuándo han dicho una palabra de agradecimiento a toda esta gente, no sólo que dio su vida —que ya sería motivo para agradecer— sino que dejó en este país una herencia de bondad, creatividad y honradez? ¿cuándo les van a agradecer? Y no sólo agradecer, ¿cuándo van a usar eso? ¿o es que creen que la historia empieza ahora con la globalización y la privatización, y que antes no pasó nada?

Con esto, ¿qué quiero decir? Pues que tenemos un potencial y lo tenemos que poner a producir; y eso no se arregla declarando en la Asamblea el día de los mártires. Para eso —repito— universidades e iglesias, sobre todo, debieran ponerse a producir más ¿Qué ocurre si se pone a producir eso? Ya que soy teólogo voy a parafrasear a un teólogo alemán para decir que no todo lo que pasado en este país es ocasión de esperanza; pero sí da esperanza el saber que han habido centenares y miles de personas que por amor prefirieron arriesgar su vida, entregar su vida que guardársela para sí. Eso me parece a mí que es fundamental. Dice don Pedro Casaldáliga que a un país le pueden tirar todo. Los pobres son la muestra: de pasar de comer cuatro tortillas a tres les costará, pero eso lo pueden aguantar. Pero si les quitan la esperanza, ya no saben qué hacer. Ahora, ¿qué está ocurriendo con la esperanza en este país y en todo el tercer mundo? Hay una batalla alrededor de la esperanza.

Los grandes sistemas económicos y políticos de este mundo quieren arrebatar la esperanza, eso es lo que quieren arrebatar de los pueblos: que no tengan esperanza. Por eso, lo que querían de El Salvador y de Nicaragua, ¿qué era? Que fracasaran las revoluciones. No porque estos países tenían mucha importancia estratégica, sino porque tenían este gran valor de expresar esperanza. Si se hubiese mostrado que era posible cambiar, eso hubiese generado más esperanza y por eso la han combatido. Hay gente que quiere combatir la esperanza y arruinarla; pero habemos otros y aquí estamos, modestamente, queriendo ponernos a dar la batalla por la esperanza.

El país es pequeño y no hay que ser triunfalistas; a mí, al menos, no me gusta eso. Tenemos muchas cosas en contra; es lo que quiero decir. Ojalá a la iglesia no la tengamos en contra, pero también creo yo que desde el Vaticano pudiera empujarse esto para poner a la iglesia salvadoreña en una dirección más parecida a la anterior. Tenemos muchas cosas en contra; no es fácil, pero si hay esperanza la gente sigue y como digo —sin ser triunfalista— el que siga luchando por el respeto a sus derechos humanos sin tener muchas cosas a favor, el que siga lo que antes llamaban "teología de la liberación"; el que siga en las escuelas de teología, que 700 personas sencillas todos los sábados se junten; el que sigan los movimientos de ecología, el que sigan las delegaciones que vienen aquí y que van a ver las tumbas de monseñor Romero y de los mártires, y el que cada año se celebren más los mártires locales... Todo eso, da esperanza.

Yo estaba en Tailandia cuando mataron a mis compañeros. Al día siguiente estaba obviamente afectado y me preguntaron, con delicadeza, si quería decir unas palabras en la Eucaristía. Hablé y me salió del corazón lo siguiente. "Tengo una mala noticia que darles: han asesinado a toda mi familia; y tengo una buena noticia que darles: he tenido el privilegio, el gusto de haber vivido con gente buena, con gente que ha dicho la verdad, con gente de misericordia, con gente de justicia". Yo creo que si mantenemos vivo eso entre todos, esa bondad que ha habido y que hay en el pueblo salvadoreño, eso va a dar esperanza y eso nos va a hacer seguir adelante.

IDHUCA: Más de 24 millones de personas han visitado una de las páginas de Internet dedicadas a monseñor Romero. Eso hace que El Salvador exporte la esperanza. Muchas gracias de verdad, Jon, por estar y por animarnos a seguir en este esfuerzo esperanzador y que genera esperanza.

JS: Yo me considero parte del IDHUCA y de la UCA. Sólo quisiera añadir con verdad que cada año noto que las raíces de bondad y esperanza de las que hemos hablado son más fuertes. Recuerda a Israel. Se dice en el Antiguo testamento: recordad cuando estaban Ustedes esclavos en Egipto y hubo una liberación. Yo creo que eso debemos recordar y eso nos va a animar para seguir adelante. Veo que todas estas gentes que vienen a visitar la UCA y el centro Romero o que van al hospitalito, a veces lloran pero salen con más esperanza que la que tenían cuando entraron.

Comunicado de prensa de la señora Hilda María Jiménez sobre el caso de su hija Kathya Natalia

Durante las últimas semanas he hecho público mi reclamo de justicia en el horrendo crimen de mi pequeña hija, quien fuera salvajemente violada y asesinada en abril del año en curso, mientras se encontraba con su familia paterna en la playa.

A raíz de esa denuncia numerosas personas particulares, organizaciones de derechos humanos y periodistas me han brindado un apoyo de incalculable valor, que ha servido para aumentar mi decisión de superar la impunidad en el caso de mi hija y me está dando las fuerzas necesarias para seguir adelante, pese a lo difícil y peligroso que puede representar en este país exigir justicia, cuando los principales sospechosos están vinculados a estructuras de poder dentro del Estado.

Como fruto de esta primera etapa de mi esfuerzo quiero manifestar al pueblo salvadoreño, a nombre propio y de mi familia, mi extensa gratitud por la solidaridad mostrada. Asimismo, deseo comunicar lo siguiente:

1. Que las más altas autoridades del país reconocieron ya que organismos extraños a la Policía Nacional Civil (PNC) y a la Fiscalía General de la República (FGR), realizaron investigaciones sobre el asesinato de mi pequeña hija. Eso demuestra que no estábamos equivocadas cuando señalamos el involucramiento del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) en el caso, aunque hasta el momento sólo se le haya reconocido un papel marginal. Ese reconocimiento oficial es un pequeño avance frente a lo que no podían seguir negando; además, demuestra que tenemos razón en pensar que ha existido alguna manipulación extra legal que impide el esclarecimiento del crimen de Kathya.

2. Que a raíz de mi denuncia, la FGR ha reiniciado con cierto interés la investigación del caso. Por ello, estaré a la expectativa de los avances en la misma y daré un compás de espera, necesario y prudencial, mientras finaliza. También le tomo la palabra al señor director de la PNC y ex director del OIE, esperando que en quince días presente resultados coherentes y fundamentados en el caso de mi hija.

3. Que tras esta primera fase de denuncia pública, comunico al pueblo salvadoreño mi decisión de emprender —junto con diversos componentes de la sociedad civil del país— una serie de actividades religiosas y de solidaridad, las cuales iniciarán el próximo sábado 27 de noviembre de 1999 con una vigilia por la memoria de Kathya, para que se haga justicia en nuestro caso y en el de todos los niños y niñas víctimas de la violencia en nuestro país. Para ello, invito a participar a todos los niños y niñas de El Salvador así como a sus padres y todas las personas e instituciones que quieran acompañarnos.

Atentamente,

María Hilda Jiménez

San Salvador, 22 de noviembre de 1999.

HUELGA. Pese a que la huelga del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) fue declara ilegal por el juzgado Tercero de lo Laboral, los sindicalistas del centro de salud continuaron con el paro laboral que mantienen desde el pasado 15.11. El Sindicato de Trabajadores del ISSS (STISSS) anunció, el 17.11, la suspensión de las consultas externas a nivel nacional, según ellos, debido a que no han encontrado una respuesta gubernamental a sus exigencias. "El presidente [Francisco Flores] debe buscar una solución a este problema. Estamos pidiendo personas que medien este conflicto", afirmó el secretario del STISSS, Óscar Aguilar, explicando que se ha hecho una petición para que se conforme una comisión de alto nivel. Aguilar agregó que los sindicalistas harán caso omiso a la resolución del juez, quien había establecido como plazo hasta el 17.11 para que se reincorporaran a sus labores. Sin embargo, Flores fue enfático al decir que no creará ninguna comisión. El Presidente ha dicho que aplicará la ley a los huelguistas, "por mantener una actitud delincuencial", al tomarse por la fuerza los locales y privar de atención médica a los usuarios. "Están gritando que van a matar a la directora del Seguro Social, en sus consignas, de manera que ya estamos ante un comportamiento totalmente delincuencial", dijo el mandatario (LPG 18.11 p. 4 y 5).

DESCUENTOS. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) aplicó lo primeros descuentos a los trabajadores que han participado en las huelgas. Quienes no laboraron los días 28 y 29 de octubre pasado, se les aplicó tres días de descuento y a quienes incumplieron uno se les descontó dos días. Los descuentos son efectivos en el pago de noviembre, según lo confirmó el subdirector de la institución, Emilio Velasco. El funcionario no detalló a cuántos empleados se les ha descontado ni a cuánto asciende el monto de la sanción. "En esta circunstancia es un tanto difícil manejar números absolutos. Aquí lo que se trata de ser lo más justo posible para que los menos pecadores no sean afectados", dijo Velasco. El descuento de la presente huelga será aplicado en el mes de diciembre. Por su parte, los sindicatos de trabajadores y médicos del Seguro, STISSS y SIMETRISSS, manifestaron que no darán marcha atrás a pesar de las sanciones. El secretario del STISSS, Óscar Aguilar, dijo "que la constitución nos faculta para defender los derechos consagrados en el contrato colectivo". Mientras que para el secretario del sindicato de médicos, René Zapata, "no es correcto que haya descuentos o despidos cuando no estamos en paro. Estamos atendiendo emergencias, ancianos y niños" (LPG 19.11 p. 4).

EMERGENCIA. El Consejo Directivo del Seguro Social declaró, el 23.11, estado de emergencia en esa institución; es decir, el Gobierno buscará alternativas para brindar los servicios de salud ante la suspención de labores que mantienen los sindicalistas desde el 15.11. Así lo declaró el presidente del Consejo y actual ministro de Trabajo, Jorge Nieto. "El interés público tiene primacía sobre el interés particular y estamos ante una situación de un servicio público de carácter obligatorio", sostuvo Nieto. Por su parte, el viceministro de Salud, Herbert Betancourt, dijo que los hospitales nacionales están preparados para una emergencia nacional en caso de que se incremente la demanda por pacientes que no sean atendidos en el ISSS. En este sentido, el mismo día, Ana Vilma de Escobar, directora de la institución, anunció que "los derechohabientes que lo requieran, podrán pasar consulta con médicos particulares". Los gastos en los que incurran los asegurados por estas consultas serían retribuidos por el ISSS, hasta por un monto de 175 colones. Según la funcionaria, esta medida de emergencia obedece a las múltiples demandas de los asegurados que no han sido atendidos. La medida de emergencia no tendrá efectos retroactivos y permitirá la presencia de agentes de la PNC dentro de los centros médicos del ISSS (LPG 23.11 p. 4 y EDH 24.11 p. 2).