Año 19
número 855
mayo 19
1999
ISSN 0259-9864
Editorial Política disfrazada de técnica
Política ¿El ocaso de Umaña?
Economía ¿Crecimiento y estabilidad económica?
Regional El "NO" de Guatemala
Derechos Humanos Niñas y niños desaparecidos
Política disfrazada de técnica
La designación del nuevo gabinete y de los otros altos cargos del nuevo gobierno está siendo presentada como una decisión eminentemente técnica, bien pensada, bien discutida y atendiendo sólo a las necesidades del país. Los escogidos serán personas muy bien preparadas, sensibles a la problemática nacional y compenetradas con los planteamientos del gobierno de las alianzas. En consecuencia, podríamos esperar un gobierno capaz, eficiente y tal vez incluso honesto y brillante. La política salvadoreña necesita una buena dosis de tecnicismo para contrarrestar la manera ligera e irresponsable con la que son tomadas la mayoría de las decisiones importantes. En este sentido, el aporte de los técnicos no sólo es bienvenido, sino que también es muy necesario.
Pero la conformación de un gobierno no es sólo una cuestión técnica, sino también política. Con frecuencia es más política que técnica, y, por lo general, sólo es política. El gobierno de Flores no será la excepción. Al menos así parece confirmarlo el nombramiento del nuevo Director de la Policía Nacional Civil que, según fuentes autorizadas, recaerá en el actual Director del Organismo de Inteligencia del Estado.
La única que desconoce aún como se integrará el gobierno de Flores es la opinión pública. La prensa maneja algunos nombres, pero no les da seguimiento. En los círculos de ARENA, del poder económico y de los diplomáticos circulan listas con los nombres de los designados por Flores. Sus decisiones se discuten en el seno de estos ámbitos de poder y algunas de sus opiniones, sin duda, son escuchadas y tomadas en cuenta. Postergar la información oficial hasta finales del mes es añadir un halo de misterio a lo que las élites ya conocen.
Desde un punto de vista técnico, el nombramiento de Mauricio Sandoval como Director de la Policía Nacional Civil es incomprensible. Ningún especialista en asuntos de seguridad y policía colocaría al frente de una institución policial con pretensiones democráticas a una persona entrenada y familiarizada con la guerra sucia y quien, además, en los últimos años ha estado al frente de un organismo dedicado al espionaje político, incluyendo la violación del derecho a la privacidad. Las actividades de la Oficina de Inteligencia del Estado se encuentran, en el mejor de los casos, en la frontera de la legalidad. No sería nada extraño que estuviera implicada en actividades delictivas y muy probablemente en el encubrimiento de toda clase de crímenes. Por alguna razón muy especial no del todo clara, el presidente Calderón Sol ha mantenido destacado en dicha Oficina a uno de sus hermanos.
La Oficina de Inteligencia del Estado sólo da cuentas al Presidente de la República y éste no da cuentas a nadie. Al reparar, tardíamente, en que la Oficina nunca ha rendido informe ante la Asamblea Legislativa, tal como lo hacen cada año las otras dependencias del poder ejecutivo, y en que su director está a punto de asumir la dirección de la policía, el FMLN ha solicitado su comparecencia para pedirle cuentas. A pocos días de que concluya el segundo gobierno de ARENA, lo más seguro es que su petición sea engavetada.
El Director de la Policía Nacional Civil no puede estar vinculado a los antiguos cuerpos de seguridad, ni a sus métodos, ni a la extrema derecha de ARENA. El Director de la Policía Nacional Civil no puede ser la misma persona responsable de la cadena nacional de radio que durante la ofensiva de noviembre de 1989 del FMLN azuzó los asesinatos de Ignacio Ellacuría y los otros mártires de la UCA, los del arzobispo de San Salvador y su obispo auxiliar y los de los políticos de la oposición. La dirección de una policía con pretensiones democráticas no puede confiarse a un funcionario vinculado de forma directa con el asesinato y la impunidad. El juez de la causa no quiso llamarlo a declarar. El Director de la Policía Nacional Civil no debe estar relacionado con un organismo de inteligencia, cuyas actividades, por su propia naturaleza, se desarrollan en la frontera de la legalidad, son secretas y atentan contra los derechos de la población. Tampoco puede ser Director de la Policía Nacional Civil quien no tenga un título universitario, aun cuando esto puede solventarse consiguiéndole uno, cambiando la ley o simplemente violándola.
El nombramiento de Sandoval para este cargo tan delicado y complejo daría continuidad a la línea del Ministro de Seguridad actual, quien hasta el final de su gestión se ha mantenido firme en su creencia de que la solución para la delincuencia son los cuerpos de seguridad disueltos. Es la misma línea dura y autoritaria que ha mostrado ser tan ineficiente para contener tanto a la delincuencia como al crimen organizado. Continuar con esta política de seguridad satisfacería, no cabe duda, a la extrema derecha de ARENA y a una parte importante de la opinión pública, azuzada por la gran prensa, pero no sería más eficaz que lo que ha sido el Ministro de Seguridad actual en cinco años.
Sería un craso error pensar que el gobierno de Flores va a ser más eficaz en el combate contra la delincuencia y el crimen organizado si hace coincidir la dirección de la Policía Nacional Civil y la Oficina de Inteligencia del Estado. Esto significaría volver a unir lo que los Acuerdos de Paz separaron, creíamos que para siempre: la policía y la inteligencia. Unir de nuevo sus funciones equivaldría a repetir un error del pasado, causante de innumerables violaciones a los derechos humanos y de miles de víctimas. Si lo que se busca es disminuir el gasto público, además de suprimir el Ministerio de Seguridad, el país podría prescindir sin mayor problema de la Oficina de Inteligencia del Estado. Sería una ironía que el pasado regresara de la mano de un gobierno que se presenta a sí mismo como muy moderno e innovador, en una área tan sensible para la tranquilidad de la población.
La decisión de colocar a Sandoval al frente de una Policía Nacional Civil que exige un nivel profesional mucho más elevado, mucha mayor honestidad y mucha mayor cercanía a la población es eminentemente política. Aunque no se puede juzgar a todo el equipo del nuevo gobierno por este nombramiento, que ya se da por seguro, éste es un paso en falso. La confianza que el equipo de técnicos que asesora al nuevo Presidente pudo despertar se cae por tierra con esta decisión tan desafortunada. Lo peor del caso es que querrán hacer creer que este nombramiento y los que sigan son los más adecuados para El Salvador de los próximos cinco años. Intentarán disfrazar de tecnicismos decisiones que son exclusivamente políticas.
Desde que Ronal Umaña se hizo de la Secretaría General del PDC no hay noticia referida a ese partido que no lo convierta en un protagonista vergonzoso. La última información difundida a cerca de este oscuro personaje se convertiría, de ser cierta, en la prueba más contundente de un secreto a voces harto conocido: que el único interés de Umaña en la política es el dinero. Resulta que los ex compañeros de partido del que también —e inexplicablemente— es vicepresidente de la Asamblea Legislativa lo acusan de haberse apropiado de una deuda política de 4.8 millones de colones, producto de las elecciones de 1997. En ese año, Umaña habría depositado en su cuenta bancaria dicha suma sin haber ofrecido ningún informe a los dirigentes democristianos.
En teoría, el Departamento de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) exige de todos los funcionarios de gobierno una declaración jurada de sus bienes con el fin de controlar sus ingresos mientras ocupan cargos públicos. Esta declaración está siendo solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) a la CSJ para determinar si Umaña ha incurrido en el delito de enriquecimiento ilícito. Además, los disidentes del PDC han asegurado que Umaña tiene acciones en varios negocios —entre ellos un motel y una universidad— sobre los cuales no ha efectuado las declaraciones de la renta correspondientes. Ante tal acusación, la FGR ha solicitado al Ministerio de Hacienda un informe sobre las declaraciones de renta de Umaña de 1997 y 1998.
Una interrogante surge frente a tales hechos: ¿por qué las investigaciones de la Fiscalía dan inicio dos años después de ocurrido el presunto robo? Para empezar, hay que decir que en nada contribuye la prensa a esclarecer esta duda, pues, ocupada como está en justificar su irrefrenable tendencia a hacer de los asuntos de interés público un negocio, muy poco es lo que ha dicho sobre este tema. Especulando pues, pueden plantearse dos hipótesis: (a) que las acusaciones que ahora recaen sobre Umaña no son más que una nueva estrategia de sus enemigos para sacarlo de la dirección del PDC —de ahí lo tardío de la denuncia—; y (b) que tales acusaciones son verdaderas y que por una razón difícil de adivinar no se habían hecho públicas antes.
En relación a la primera hipótesis, cabe recordar que los "antiumañistas" han estado dispuestos a todo con tal de arrebatarle al actual secretario general la dirección del partido. Última muestra palpable de ello fue la realización de una convención extraordinaria en la que buscaban destituirlo, el mismo día en el que, en otra convención, Umaña nombraba a Rodolfo Parker candidato a la presidencia. Pero aun teniendo en cuenta este tipo de antecedentes, es difícil pensar que los disidentes del PDC se arriesgarían a acusarlo de robo sólo como parte de un ardid para resquebrajar el poder que ha adquirido dentro del partido.
Con respecto a la segunda hipótesis, nada en la trayectoria política de Umaña convierte en sorprendentes los señalamientos que hoy pesan sobre él. Contrario a eso, era de esperar que un hecho tangible como ese se diera a conocer para corroborar que la imagen que del pedecista se ha hecho la opinión pública tiene un fundamento real. Su apoyo incondicional a ARENA en la Asamblea; el favoritismo del Tribunal Supremo Electoral en su beneficio en casos que nunca terminaron de aclararse; el nombramiento de Peñate Polanco en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; la arbitraria eliminación de las elecciones primarias en el PDC... son hechos que ponían en alerta roja a la opinión pública con respecto a Umaña, pero que no probaban nada en su contra.
Así pensadas las cosas, una tercera hipótesis puede aventurarse: en su afán por buscarle el pierde a Umaña, los disidentes han encontrado verdades que a muchos en el poder convenía no sacar a la luz. Eso explicaría el porqué lo tardío de la acusación. Era necesario que alguien pusiera el dedo en la llaga de la conducta ilícita de Umaña para que se abriera el caso. No hay que perder de vista que éste —en virtud de la turbia alianza que sostiene con el partido oficial— ha gozado siempre de la protección de ARENA. Probablemente, esa protección se haya extendido hasta la Fiscalía, impidiendo que dicha institución lo investigara antes.
Un hecho más viene a sumarse a todo lo anterior: días antes de publicada la nota que involucraba a Umaña en un acto de corrupción, éste anunció, ante los dirigentes del PDC, su intención de renunciar a la secretaría general del partido. Es difícil no pensar que ese inusitado interés no tenga algo que ver con las denuncias que hoy tiene en su contra. No parece descabellado pensar que, previendo un posible escándalo, Umaña haya decido ausentarse de la dirigencia de su partido. Y no porque le aflija verse envuelto en un escándalo —se ha visto ya que eso le importa poco— o por miedo a perder una reputación que no tiene, sino por simple conveniencia.
A pesar del sensible deterioro que ha sufrido en los últimos años, el Partido Demócrata Cristiano sigue teniendo fuerza. Eso quedó demostrado con el cuarto lugar que ocupó en los últimos comicios. Pero también en ellos quedó claro que la estrecha relación entre Parker y Ronal Umaña restó muchas posibilidades a ese instituto político de obtener un mayor respaldo electoral. Por otra parte, no hay indicios de que Umaña tenga intenciones de abandonar el orbe de la política. Siempre que vea allí oportunidades de lucrase con facilidad, permanecerá en él. Y siendo el PDC una plataforma idónea para seguir obteniendo recompensas por "cooperar" con ARENA, extrañaría que no quisiera quedarse en el partido.
Ahora bien, como ciertas cosas han cambiado, como la opinión pública parece estar empezando a abrir los ojos ante la nefasta realidad de la corrupción, que una persona cuyo nombre está tan manchado ya, como es el caso de Ronal Umaña, continúe ocupando un cargo de tanta notoriedad en uno de los partidos políticos de mayor relevancia no deja de ser problemático. Lo que más convendría entonces, puede haber pensado Umaña, es dejar la Secretaría General del partido, apelando a una "consulta" con los distintos sectores del mismo. Esto, claro está, no excluye la posibilidad de seguir manejando los hilos del poder pedecista tras bambalinas y obteniendo de ello los beneficios de siempre.
En definitiva, de que en la Fiscalía esté abierto el expediente de Umaña y de que éste haya manifestado sus intenciones de abandonar el liderazgo oficial del PDC no puede deducirse necesariamente que algo bueno vaya a suceder al interior de esa institución. En primer lugar, habría que ver si la FGR puede proceder honesta y objetivamente en este caso. En segundo lugar, que Umaña deje de ocupar el cargo que ostenta en el partido no significa en lo absoluto que su margen de influencia vaya a disminuir.
Si es verdad que Umaña es culpable de haberse valido del aparataje partidario para enriquecerse ilícitamente —algo nada improbable—, lo más seguro es que tal delito quede impune. Si es verdad que está dispuesto a dejar de ser la cabeza del partido nada garantiza que no pueda seguir vendiéndolo a cambio de acrecentar sus cuentas bancarias personales. Lamentablemente, ninguna de sus convulsiones le abre nuevos horizontes a la Democracia Cristiana. El PDC se ha quedado estancado entre las pugnas internas y la ambición que carcome a la dirigencia actual.
Se ha vuelto rutinario que los representantes del Banco Central de Reserva (BCR), de forma simplista, califiquen el desempeño de la economía como de "crecimiento con estabilidad macroeconómica". Desde inicios de la presente década los informes económicos anuales del gobierno han destacado aspectos como las tasas de crecimiento económico, la reducción de la inflación, el incremento de las exportaciones y el incremento de las reservas internacionales netas. Sin embargo, la valoración de estos resultados no puede hacerse al margen de consideraciones básicas como la orientación del crecimiento, el comportamiento de las importaciones o las principales entradas de capital, la situación de las finanzas públicas, los efectos de las políticas monetarias, etc.
Los datos oficiales sobre los resultados económicos de los dos primeros meses de 1999 muestran nuevamente esta tendencia. Así, para las actuales autoridades del BCR, este año el "crecimiento y la estabilidad macroeconómica se ha mantenido", tal como lo reflejarían sus estadísticas del Indice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE), tasa de inflación, exportaciones y crecimiento de las Reservas Internacionales Netas (RIN). A continuación se reseñan los principales resultados económicos dados a conocer por el BCR, las reacciones de representantes del sector empresarial frente a ellos y algunos elementos que buscan contextualizar la aparente bonanza económica de El Salvador.
Ateniéndose a los datos del BCR, durante los primeros dos meses del año se habrían tenido resultados destacables, comenzando por un incremento del IVAE en relación a los mismos meses de 1998, pues pasó de 4.1% a 5.5%. Los sectores que habrían experimentado las mayores tasas de crecimiento habrían sido la industria, la construcción, el sector financiero y el sector transporte, todos los cuales habrían crecido a tasas superiores al promedio del IVAE.
Al mismo tiempo, las informaciones del BCR destacan que la tasa de inflación interanual para el mes de abril pasado fue de 0.1%: la "inflación más baja que el país ha tenido en los últimos 27 años".
En lo que respecta al sector externo, los datos del BCR establecen que, durante el primer trimestre de 1999, las exportaciones, excluyendo las del café, crecieron a una tasa de 4.7%. Se menciona, además, que las de "maquila, en particular, aumentaron en marzo 15.1%, con lo que las acumuladas al trimestre alcanzan un crecimiento del 6%". Por otra parte, en relación a las importaciones, la información se limita a señalar que las importaciones de bienes de capital se incrementaron en 34% debido a la "inversión de los sectores privatizados". Finalmente, se señala que las remesas familiares alcanzaron los 317 millones de dólares durante el primer trimestre del año, lo cual permitió que las reservas internacionales netas crecieran en 68 millones de dólares. En total, las reservas internacionales netas alcanzaron los 1,833 millones de dólares, lo cual es suficiente para financiar 6.6 meses de importaciones.
Cada uno de los datos mencionados presenta una contraparte que no puede dejar de considerarse al momento de valorar el contexto macroeconómico. La reducción de la tasa de inflación hasta niveles insólitos tiene como contrapartida el hecho de que se ha incrementado el encaje legal al sistema financiero, se ha limitado la expansión del crédito, se ha provocado incrementos en la tasa de interés y se ha desestimulado la inversión.
Las estadísticas oficiales de crecimiento, por otra parte, han llegado a ser objetadas por los sectores industrial y de la construcción y, más importante aun, el supuesto repunte de las tasas de crecimiento se contradice con la contracción de las recaudaciones fiscales (ver Proceso, 847). Para algunas gremiales empresariales, como la Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO) y la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), las cifras oficiales de crecimiento son muy cuestionables de cara a la experiencia de sus agremiados. Según representantes de CASALCO, las cifras del gobierno levantan serias dudas sobre la posibilidad de alcanzar la meta de crecimiento del PIB (3.5%) proyectada por el BCR para 1999. Por otra parte, de acuerdo a lo expresado por la ASI, la industria se encontraría en crisis debido a que enfrenta problemas tales como la competencia desleal, los elevados costos de operación, la delincuencia y las deficiencias en infraestructura que no permiten que "la industria salvadoreña crezca". Paradójicamente, para el BCR este es uno de los sectores que más habría crecido en enero-febrero.
En lo relativo al sector externo, es importante notar que en las exportaciones que se consideran para el cálculo de su tasa de crecimiento se excluye a las exportaciones de café, lo cual es un artificio que se traduce en una tasa más elevada. En realidad, la tasa de crecimiento de las exportaciones ha sido menor debido a la caída en los precios del café y el azúcar y a la desaceleración de las exportaciones de maquila. Esta situación viene a agudizar la tendencia hacia el desequilibrio de la balanza comercial, cuyo déficit se incrementó en 7.6% sólo entre 1997 y 1998 y se espera que experimente un incremento adicional de 7.1% para finales de 1999.
Lo único que explica el crecimiento de las RIN es la afluencia de remesas y capitales, pues entre ambas cubren los déficits de balanza comercial y cuenta corriente. Sin embargo, la situación ya no se presenta tan alentadora ni siquiera en las proyecciones elaboradas por el BCR, pues éstas revelan que el incremento de las RIN ha venido decayendo. De hecho, pasaron de 3,200 a 2,600 millones de dólares entre 1997 y 1998 y se espera que, para 1999, únicamente alcancen los 600 millones. Esto es resultado de proyecciones menos optimistas sobre el crecimiento de las remesas familiares y de los flujos de capital, especialmente del privado.
Sobre el comportamiento del déficit fiscal, el informe de coyuntura del BCR no proporciona datos, pero en el programa monetario y financiero de 1999 se señalaba de antemano que se esperaba un incremento del déficit fiscal, tanto en su monto como en la proporción del PIB que representa. Del déficit fiscal, excluyendo donaciones, se espera que se incremente desde 2,149 a 2,975 millones de colones entre 1998 y 1999, lo cual implica que pasaría de representar un 1.2% del PIB a representar un 2%.
Las proyecciones de incremento de las RIN y del déficit fiscal ya de por sí reflejan un escenario macroeconómico no tan bonancible. Pero el panorama se complica más si consideramos que tanto en el mercado externo como en el interno existen señales que apuntan, por un lado, a una reducción de los precios de los principales productos de exportación y a la desaceleración de la maquila y, por el otro, a una reducción de las recaudaciones fiscales que incluyen al Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual debió haber crecido de forma coherente con el supuesto incremento del PIB. Sin embargo, éste decreció en un 0.9% entre los períodos enero-febrero 1998 y enero-febrero 1999.
En su conjunto, el panorama macroeconómico, aunque todavía estable, comienza a mostrar señales de no ser sostenible, dado que depende más de factores exógenos que de la política económica. Por ello, es importante que las nuevas autoridades económicas del país abandonen la postura del supuesto éxito económico que se ha mantenido hasta ahora y adopten políticas más realistas de fomento de la producción, el empleo y el bienestar de la población.
Los hechos del domingo 16 de mayo han dejado poco menos que conmoción en Guatemala: en la Consulta Popular convocada para aprobar o rechazar 50 enmiendas a la Constitución de la República —y así dar seguimiento a los Acuerdos de Paz— ganó el temido "NO". Los sectores que hicieron frente a favor de las reformas —entre ellos la otrora organización guerrillera URNG— han tenido que replegarse consternados por su derrota. Por su parte, aquellos que arremetieron en contra de las modificaciones constitucionales se han apropiado a sus anchas de la opinión pública, la cual, según ellos, les habrían dado la razón en todas las objeciones interpuestas desde el 2 de marzo. En ambos casos, la posición ante los resultados de la Consulta es la misma: en ella se ha delegado todo el poder de decisión sobre esta crucial etapa del proceso de pacificación guatemalteco.
Poco menos que conmoción, sin duda alguna. Las consecuencias negativas de los resultados de la Consulta han sido oportunamente aminoradas gracias a que la balanza de la preferencia de voto nunca se inclinó a favor de ninguna de las dos opciones. Desde que inició el proceso de redacción de las reformas, seguido por la discutida legalidad de la convocatoria y de su mecanismo de realización, estaba claro que las fuerzas que se entregarían con todo a la defensa de sus concepciones del país tenían la fuerza suficiente como para mantenerse a raya. Ahora, concluido el referéndum, esta tensión se ha resuelto por el poder de un voto que, más allá de haber definido el rumbo del proceso de transformación nacional, fortalece políticamente a aquellos que propugnaron incesantemente por su estancamiento.
¿Han ganado en verdad los sectores opositores a las reformas? Atendiendo a la forma como éstos han pretendido adueñarse de la opinión pública, cualquiera podría pensar que así es. Los partidos de derecha con representación en el Congreso (acompañados por miembros del oficialista Partido de Avanzada Nacional, PAN), el influyente Comité Coordinador de Cámaras Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la red de organizaciones cívico-democráticas que interfirieron en casi la totalidad del proceso, junto con los medios de comunicación social más conservadores; todos estos actores han articulado un discurso de victoria en el que se exalta la soberanía popular, la palabra incuestionable de la población y los ideales de unidad e igualdad nacional. Eso es lo que, a su juicio, ganó Guatemala con la Consulta.
Al otro lado del escenario, la ex guerrilla y recién formado partido político URNG, la Coordinadora de Organizaciones del Pueblo Maya de Guatemala (COOPMAGUA), diversas organizaciones católicas y de derechos humanos, algunos partidos del centro-izquierda y el mismo Gobierno, con el rabo entre las patas, han demostrado su preocupación por el futuro del proceso de pacificación, buscando en fantasmas o entes intocables la responsabilidad de la derrota. El mismo presidente Alvaro Arzú ha dicho sentirse "triste" por el triunfo del "NO", mientras que en el Congreso ya se alistan a modificar la agenda legislativa, haciéndole honores a la inapelable voluntad popular expresada el 16 de mayo.
Pero el asunto es que esta Consulta no posee todo el peso que reformistas y opositores le han querido conferir. Con más de 11 millones de habitantes, un sistema de voto domiciliar obsoleto, un padrón de 4 millones 85 mil 832 empadronados, esos 757 mil 940 votantes que expresaron una "voluntad" que hoy unos sufren y otros aplauden no constituyen más que un 6.89% de la población total. De esos votos, el aclamado "NO" ganó con sólo el 50.6% de los votos; es decir, el 3.49% de la población de todo el país sirvió para, según ganadores y perdedores, poner en jaque el cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Según la información que hasta la fecha se ha difundido, el alto nivel de abstencionismo (81.5% de los votantes) se nutrió principalmente de la indecisión e ignorancia de la población indígena que habita en el interior del país, donde las condiciones de transporte y acceso a los medios de comunicación son precarias, si no nulas.
En este sentido, tanto el derrotismo mostrado por el Gobierno y sus aliados, como el entusiasta triunfalismo con que sus opositores recibieron la noticia del rechazo a las reformas, tiene una base poco auténtica. Primero, porque, en virtud del escaso número de votantes que a ella asistió, no hubo tal ejercicio de voluntad popular en la Consulta del 16 de mayo. Además, porque ese bajo porcentaje de votantes ni siquiera recogía significativamente la opinión de los sectores que más se beneficiarían, al menos a mediano plazo, con las pretendidas reformas. Finalmente, y tal vez más importante, porque la negativa plasmada en las urnas no sólo siembra dudas sobre el futuro de Guatemala hacia adentro. Buena parte de la ayuda comprometida de naciones amigas para los próximos años pretendía cimentar justamente eso que se negó en la Consulta: el fortalecimiento del poder civil, la participación y el reconocimiento igualitario de todos los habitantes del país y las reformas económicas necesarias para darle estabilidad al proceso.
Las dudas acerca del proceso también se esparcen hacia el exterior y, seguramente, calarán duro en las metas que poseen hasta la fecha los países que colaboran con la pacificación. Puede que quienes hoy se agencian el patrimonio de la verdad lleguen a tal conclusión saboreando de antemano los beneficios políticos que les suponen los resultados del referéndum: en las elecciones generales, convocadas para noviembre de este año, esta puede ser una demostración de influencia difícil de igualar por las demás fuerzas políticas. Pero, de llegar a agenciarse al menos el poder ejecutivo, esa victoria les traería muchos más problemas ahora que nunca, pues no habrían reformas encaminadas.
Las enmiendas constitucionales, aunque así lo quiera hacer creer el Presidente y sus comparsas del Congreso, están muy lejos de haber muerto por el "NO" de una minoría. Todavía queda por ver la composición del Legislativo que se desprenda de las elecciones de noviembre. Esta será la nueva catapulta para esos cambios y, sea quien sea el que deba enfrentarse a esa posible nueva composición de fuerzas, su tranquilidad no durará más allá del día de los comicios. Por lo tanto, no hay derrotismos que valgan. Ahora la responsabilidad de que las reformas se reincorporen al camino de la paz está en manos de todas las organizaciones que vieron en ellas una oportunidad para identificarse con las causas de aquellos que más las necesitaban. El desempeño de esas organizaciones de cara a las elecciones generales será, pues, mucho más crucial para determinar el destino de las transformaciones planteadas en los Acuerdos de Paz.
Quienes ven en el rechazo a las modificaciones constitucionales motivo suficiente para asegurar que el pueblo ha expresado su voluntad, y creen que esa voluntad pone en peligro el proceso de paz, sin duda poseen poca visión y astucia política. Los resultados han sido impugnados no por la ley, sino por la realidad: una vez más, la Consulta fue impopular y el mandato soberano que de ahí se desprendió provino de la porción de la población que se siente a gusto con el status quo y que, por ende, está más temerosa del cambio. Son estos sectores de la población los que, apoyados por las organizaciones políticas, religiosas y profesionales que los representan, quieren y pueden poner en peligro la marcha de la pacificación en Guatemala. Darle la razón a ese insustancial "NO" del 16 de mayo es la verdadera derrota que se le puede dar al proceso de paz de este país.
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A continuación ofrecemos un resumen ejecutivo de la investigación de PRO-BUSQUEDA sobre la situación de este sector de la población salvadoreña y sus familiares, así como la intervención de Benjamín Cuéllar, director del IDHUCA, durante el 55º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, el jueves 15 de abril del año en curso (Punto 13 de la agenda: derechos de la niñez). |
La Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos (PRO-BUSQUEDA) surgió en agosto de 1994, como una iniciativa de sus familiares y defensores de los derechos humanos para emprender la búsqueda de los niños desaparecidos como consecuencia del conflicto armado y promover la reintegración familiar. En la actualidad, PRO-BUQUEDA es una asociación sin fines de lucro formalmente constituida con personería jurídica, que representa a más de 450 familias afectadas por la desaparición de sus niños.
El hecho de la desaparición forzada de niñas y niños en el contexto de la guerra civil en El Salvador llegó a ser, en algunos momentos, una práctica sistemática. Por un lado, se dio como un elemento y modo adicional de reprensión masiva de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) hacia la población civil en zonas conflictivas, en operaciones militares de gran envergadura. Por el otro lado, la persecución a los integrantes de estructuras clandestinas de las organizaciones político-militares en las ciudades dejó como saldo decenas de niños desaparecidos. También miembros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) tuvieron responsabilidad en la desaparición de niñas y niños de sus familias, ejerciendo presiones sobre éstas para que se separaran de sus niños. Las mismas circunstancias de la guerra, como los traslados masivos y la fragmentación de las familias en su búsqueda de seguridad y refugio, conspiraron para hacer de la separación involuntaria de niños y niñas de sus familias una problemática que afectó y afecta miles de salvadoreños.
Después de su desaparición, las y los niños estuvieron expuestos a muchos atropellos de distinto tipo. No se hicieron los esfuerzos necesarios para localizar y reintegrar al niño con su familia biológica; por el contrario, se dio un proceso de alteración de la identidad de los niños, cambiando en muchos casos su nombre, su edad, su lugar de origen y su historia personal. Los destinos de los niños después de su desaparición han sido variados. La investigación de PRO-BUSQUEDA ha podido detectar algunos patrones generales. Algunos de los niños, hoy jóvenes, que se encontraron habían vivido desde su desaparición en distintos orfanatos dentro del país. En muchos otros casos los niños fueron dados en adopción "legalmente" a familias extranjeras pero con una identidad parcial o totalmente alterada. Otros niños desaparecidos fueron víctimas de apropiaciones ilegales o de tráfico de niños con fines de lucro. Dos jóvenes fueron encontrados después de haber pasado la mayor parte de su niñez y juventud en la base militar donde fueron llevados tras su desaparición.
La búsqueda es un proceso largo y difícil. La posibilidad del encuentro depende, en gran medida, de la colaboración que se pueda obtener de testigos, de informantes y de las instituciones involucradas. La falta de colaboración de las instituciones del Estado y de algunas entidades privadas ha sido el principal obstáculo para los familiares y para los investigadores de PRO-BUSQUEDA. Las consecuencias psicológicas de la separación forzada han sido muy fuertes y duras tanto en los niños, hoy jóvenes, como en sus familiares. El proceso de reintegración familiar requiere de un acompañamiento profesional continuo, para asegurar que los resultados sean óptimos en la medida de lo posible. Hay que tener en cuenta que el dolor latente y las heridas que ha dejado la guerra están muy presentes en los niños y sus familiares.
En el contexto de la guerra existió una despreocupación tanto social como estatal por salvaguardar los lazos filiales de los niños desaparecidos y su origen. Pese a lo estipulado en las Convención sobre los Derechos del Niño y el Derechos Internacional Humanitario, en ningún momento el Estado salvadoreño o las instancias privadas encargadas hicieron los esfuerzos apropiados para conocer la suerte y el estado de sus familiares. Hoy en día, el Estado salvadoreño sigue violando los derechos elementales estipulados en la Constitución de la República y en las normas internacionales de derechos humanos al permitir que impunemente se les suspenda y prive de sus derechos a centenares de niños desaparecidos y sus familiares. La respuesta del Estado salvadoreño ante la problemática de los niños desaparecidos varía según las diferentes entidades e instituciones del Estado.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha llamado a una integración de la problemática en la agenda nacional, a partir de la resolución del expediente SS-0449-96, donde señala claramente la responsabilidad institucional en los casos de niños desaparecidos. La Fuerza Armada ha minimizado la problemática e incluso ha llegado a encubrir sus acciones para evitar la colaboración con las autoridades judiciales y de la PDDH. Las posiciones de las otras instituciones estatales no han sido suficientemente claras y enérgicas para poner la problemática al descubierto. En su conjunto la respuesta estatal ante la problemática de los niños desaparecidos pone en entredicho el funcionamiento de un Estado de Derecho en El Salvador.
Ante esta situación, PRO-BUSQUEDA propone al Estado salvadoreño una serie de medidas para beneficiar a los niños desaparecidos y a sus familiares, acorde al espíritu de reconciliación que ha demostrado la sociedad entera a partir de los acuerdos de paz y dentro del marco de la construcción de un Estado de Derecho en nuestro país. Estas medidas se encaminan a una resolución integral de la problemática en cuanto a su prevención, su esclarecimiento y su reparación, dentro de las posibilidades de nuestra realidad nacional. La propuesta de PRO-BUSQUEDA incluye la creación por decreto legislativo de una Comisión Nacional para la Búsqueda de Niños Desaparecidos, el restablecimiento de la identidad jurídica a los niños desaparecidos y la facilitación de su reintegración familiar. Además, señala la necesidad de la incorporación de legislación preventiva, la necesidad del reconocimiento oficial de la problemática y una indemnización adecuada para las víctimas y sus familiares.
AL momento de la elaboración de las estadísticas (abril de 1999), PRO-BUSQUEDA se encuentra trabajando con 520 casos de niños desaparecidos. A través de la búsqueda se han localizado a 98 de ellos, hoy jóvenes. Estos datos son cambiantes. En el futuro se sumarán nuevos casos de niños desaparecidos a la investigación y se espera también encontrar mas jóvenes.
Las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario afectaron, en general, a todos los sectores de la población durante más de una década. En ese marco, a partir de 1980 se comenzaron a desarrollar grandes operativos militares en las zonas rurales; dentro de ellos, la práctica de la desaparición forzada de niñas y niños fue parte de la masiva represión ejercida por razones políticas contra la población civil.
Finalizados los enfrentamientos armados, algunos padres y familiares —que nunca dejaron de intentar ubicar el destino de sus menores— crearon la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos, conocida como PRO-BUSQUEDA. Así, desde ese espacio, se han esforzado por conocer el paradero de sus familiares; pero también han enfrentado enormes dificultades, principalmente la falta de colaboración gubernamental para brindarles información y cualquier otro tipo de cooperación. Eso se comprueba, por ejemplo, con el procedimiento iniciado a partir de la denuncia presentada ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en mayo de 1996; se trata de un expediente con 145 casos de niñas y niños separados de sus padres durante operativos de la Fuerza Armada de El Salvador o en medio de combates militares entre ésta y la guerrilla.
A la fecha, en ninguno de esos casos se ha hecho justicia. Pero la anterior administración de la Procuraduría —a partir de una investigación individualizada— resolvió, al menos en ocho casos, estableciendo la violación al derecho a la vida por su desaparición forzada. Ese es el único resultado por la vía cuasi-jurisdiccional; como señala en su documento la anterior administración de la Procuraduría, "difícilmente se obtendrían resultados de una investigación judicial hecha en serio si —tal como ha sucedido en determinados momentos con estos casos— la Fuerza Armada no colabora con ella de manera amplia y transparente".
En consonancia, esa institución recomendó al Alto Mando militar ordenar "las necesarias investigaciones para que, posteriormente, sus resultados sean presentados a las autoridades judiciales correspondientes y se determinen las responsabilidades penales". Tales investigaciones debían encaminarse a conocer el paradero de las y los menores desaparecidos de manera forzada", así como a "resarcir en lo posible a las víctimas por los daños materiales y morales que les causaron". Al Organo Judicial le recomendó "aplicar la Constitución y las leyes internas e internacionales que protejan los derechos de las familias ofendidas"; pero tampoco han trabajado en esa dirección las autoridades de justicia. Todo eso y más, lo incluyó el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU en su informe a esta Comisión durante el actual período de sesiones. Como respuesta, el gobierno salvadoreño únicamente "reiteró su disposición a cooperar con las investigaciones de las desapariciones".
Prácticas como ésta —ocurridas en el marco de la violencia política generalizada y la guerra— quedaron oficialmente archivadas; esa fue la intención, al aprobar una amnistía general cinco días después de presentado el informe de la Comisión de la Verdad. Esa amnistía ha sido condenada por las víctimas y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Particularmente, con esa disposición —contraria a la legislación nacional e internacional— se impidió cumplir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad tendientes a la reconciliación nacional, sobre todo en lo relativo a la reparación moral y material de las víctimas.
En El Salvador de hoy —presentado ante el mundo como un modelo de pacificación— son grandes los peligros que amenazan a su población: destaca, en primer lugar, una violencia insoportable que lo ubica con el mayor índice de homicidios en América Latina; y en segundo término, una institucionalidad sumamente frágil e incapaz de garantizar justicia y respeto a la dignidad de las personas. Esto último se agravó con la decisión legislativa, adoptada en julio de 1998, de nombrar Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos a un funcionario judicial condenado por la anterior administración de la Procuraduría, precisamente por violaciones al debido proceso judicial.
Es en este terreno donde los familiares de las niñas y niños desaparecidos desarrollan una encomiable y valiente labor, de la cual se han recogido importantes frutos: 98 ya fueron encontrados. Es un escenario cada vez más complejo y peligroso: la impunidad siempre ha protegido a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos por razones políticas en el pasado y ahora protege a los responsables de otras violaciones que, en la mayoría de los casos, responden a otras motivaciones; esa impunidad se ha fortalecido tras los acuerdos de paz y la verificación internacional, por la imagen que del país se proyecta y por el deterioro de las instituciones nacionales que deberían proteger a las víctimas.
Por ello, es necesario considerar la situación salvadoreña a fin de culminar el significativo esfuerzo realizado por la comunidad internacional. Así se evitarán consecuencias fatales y se podrá alcanzar una verdadera paz fundada en la participación democrática, el funcionamiento institucional, el desarrollo social y el respeto a los derechos humanos.
FMLN. Aún no ha sido elegida la dirigencia efemelenistas y ésta ya está causando debates. No se tiene claro cuánto tiempo durará la gestión de la Comisión Política que se elija en julio. Por ahora, se tienen dos interpretaciones: según la primera, la dirección de julio es transitoria, de existencia limitada, que tendrá vida hasta el último trimestre del presente año. En palabras de Shafick Hándal, de la línea ortodoxa, "yo lo que creo es que habrá elección a fin de año y que el período que durará es este período. Es sólo complemento [de la actual] hasta octubre, noviembre o diciembre". La segunda, que la nueva Comisión Política completará el mandato inconcluso de Facundo Guardado, ex coordinador del FMLN, y asumirá el nuevo período, el cual terminará en el 2001. Así piensan las renovadoras Violeta Menjívar y Nidia Díaz. "Algunos pensaríamos que se mantuviera en firme y se ratificara la nueva Comisión en octubre", afirmó Díaz. Pero, al final, Menjívar es la encargada de aclarar la polémica: "No hay claridad...lo único que está claro es que quedan tres meses hasta octubre para ver qué se hace". Los estatutos efemelenistas vigentes no contemplan la sustitución de un organismo de dirección antes de terminar el período para el cual fue elegido, lo que plantea un nuevo debate, pues cualquier tipo de procedimiento ilegal podría ser invalido para el Tribunal Supremo Electoral (LPG 13.05 p.18).
PRESUPUESTO. Continúan los debates en torno al Presupuesto General de la Nación, esta vez por el desequilibrio causado por un exceso de 96 mil 230 colones en el rubro de ingresos. El artículo 226 de la Constitución de la República exige que el Organo Ejecutivo conserve el equilibrio del presupuesto. Precisamente, el desbalance es responsabilidad de la Dirección General del Presupuesto, dependencia del Ministerio de Hacienda. Julio Gamero, presidente de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, reconoce la falla. "El equipo técnico [de analistas] es nuevo. Estamos expuestos a cometer errores", aseveró. "Todo se resolverá con reconocer la equivocación y enmendarla", añadió. Esta posición no es compartida por Hugo Molina, diputado del FMLN, que afirma que "no importa la cantidad. El presupuesto está desequilibrado. Podría ser diez o cien colones...el asunto es que no cuadra a nivel global". El presidente Calderón Sol aún no ha sancionado el decreto legislativo. Si el presupuesto entra en vigencia tal como está, es decir desequilibrado, se violaría la Constitución. "Puede ser que haya habido un lapsus o error. Tendríamos que solucionarlo o ver las posibilidades de seguir estudiándolo detenidamente", manifestó el mandatario (DH 14.05 p. 8).
OBSERVACIONES. Se espera que el presidente Calderón Sol envíe el Presupuesto General de la Nación a la Asamblea Legislativa, para que, a más tardar la última semana de mayo, sea aprobado. El mandatario explicó que lo enviará con algunas observaciones más de forma que de fondo. "Son detalles de aritmética, unas sumas que no cuadran", expresó. A raíz de esos errores, añadió, no lo había enviado al Congreso. Los diputados deberán enmendar esos fallos para que el Ejecutivo pueda sancionar de una vez el presupuesto. No obstante, el FMLN piensa mantenerse opuesto. Han asegurado que enviarán un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de emisión de bonos ante la Corte Suprema de Justicia (DH 19.05 p.6).
REFORMAS. La posibilidad de aprobar este mes casi un centenar de enmiendas a los Códigos Penal y Procesal Penal se diluyó, el 17.05, cuando los diputados anunciaron que esperarán la opinión de los jueces, lo que implica dos semanas más de estudio. A solicitud de magistrados de la cámara y jueces de segunda instancia, se darán 15 días para el análisis de las 97 enmiendas discutidas por los legisladores. El presidente de la Comisión de Legislación, Abraham Rodríguez, lamentó el retraso, pero aseguró que aprovecharán esos días para citar a los abogados de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) (LPG 18.05 p.19).
CASINOS. La Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES) se reunió, el 13.05, para definir su posición oficial con respecto al funcionamiento de casinos en San Salvador. En los últimos días, el debate ha girado en torno a la legalidad o ilegalidad de las casas de juego. Algunos alcaldes alegan que son legales, ya que el Código municipal los faculta para autorizar ese tipo de negocios. "La autorización y funcionamiento de casas de juegos, como loterías, rifas y otros similares, es potestad del concejo. Entonces, claro, si nosotros nos apegamos al Código Municipal, pues creo que estamos dentro del marco de la ley", sostuvo el alcalde de Santa Ana, Carlos Macall. Sin embargo, diferentes juristas consideran que los casinos son ilegales, porque los prohiben tres diferentes leyes vigentes. Durante la reunión, se decidió consultar a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la República sobre la legalidad de estos negocios, para después elaborar las dos preguntas que incluirá el plebiscito. El alcalde Héctor Silva, sin embargo, informó que se prevén algunas dificultades en las consultas a las entidades gubernamentales, y por eso se contempla extender la consulta a otras instancias. De preferencia, dijo el edil, se consultará a abogados independientes y organismos no gubernamentales (DH 14.05 p.16 y LPG 14.05 p.24).
DETENCION. Una jueza de Paz decretó, el 14.05, la detención provisional con instrucción formal para tres de los once implicados en el secuestro de una mujer de 24 años de edad y una menor. Tres de los imputados, a quienes capturaron recientemente, fueron sobreseídos definitivamente, mientras los otros cinco quedaron libres, pero deberán presentarse cada 15 días al Tribunal y no podrán salir del país por su condición de implicados con instrucción formal. Esto debido a la supuesta carencia de pruebas que los involucren en los secuestros. Los supuestos cabecillas de la banda, conocida como "Los Gordos", son los únicos que permanecerán detenidos, mientras continúan las investigaciones. Ante tal resolución, la Fiscalía General de la República se prepara para apelar el fallo. Los fiscales de la Unidad de Delitos Especiales expresaron: "definitivamente no nos sentimos satisfechos, ya que [con las libertades condicionales] consideramos que no se van a dar las garantías necesarias para que el proceso tome un curso normal, porque pueden ponerse en riesgo a los testigos". Por su parte, el presidente Calderón Sol reaccionó con toda indignación al conocer la libertad decretada para la mayor parte de la banda. "En este caso, los esfuerzos de la Fiscalía y de la Policía se echan al traste y la sociedad queda indefensa", dijo (LPG 15.05 p.8 y DH 16.05 p.6)
UMAÑA. El jefe de la bancada legislativa democristiana, René Aguiluz, informó, el 14.05, que el secretario general del PDC, Ronal Umaña, pretende presentar la renuncia al cargo, posiblemente en la Convención a realizarse en junio. Aguiluz explicó que Umaña anunció ante la dirección política que ha iniciado una fase de consultas con los distintos sectores del partido en torno a la posibilidad de su renuncia. El directorio político del partido se encargará de poner en marcha los preparativos para la convención y conocer los informes de las distintas unidades de acción pedecista. Aguiluz aseguró que Umaña "no puede renunciar sino hasta junio, porque el artículo 15 de las atribuciones de la Convención estipula que debe hacerlo ante quienes lo eligieron". Simultáneamente a la supuesta renuncia de Umaña, se rumoró que Aguiluz lo sustituirá. Este se limitó a decir que, si el partido tiene pensado nombrarlo temporalmente para ese cargo, tendría que aceptarlo como una responsabilidad de afiliado. No obstante, Umaña descartó la posibilidad de la renuncia cuando aseguró que concluirá su periodo en el año 2000. Umaña habría prometido a la directiva abandonar el cargo durante la Convención a cambio de una candidatura "ganadora" en la planilla de diputados del próximo año (LPG 15.05. p.21 y DH 15.05 p. 6).
DEFENSA. Los representantes legales de un grupo inversionista que pretende instalar casinos en el país demandaron, el 15.05, derechos de igualdad económica. El presidente de la empresa internacional Crown Group, Jozesef Arguedas, expresó su preocupación por las críticas hechas contra esos negocios, al tiempo que negó que dentro de ellos exista —o sean promotores de— prostitución, tráfico de drogas o violencia, como se ha argumentado. En el país operan cinco casinos y desde su instalación, hace dos años, no se han presentado anormalidades por su funcionamiento, aseguró Arguedas. Aldo Conde Siliézar, representante legal de la empresa, sostiene que prohibir la instalación de las casas de juego significaría negar la libertad económica que existe en el país (LPG 16.05. p.4).
COMISION. El bloque de diputados de Centro Democrático Unido (CDU) propuso, el 13.05, crear una comisión para elegir a los funcionarios de segundo grado y establecer un plazo para definir la selección. La propuesta, que implica reformar el reglamento interno de la Asamblea, también demanda que los candidatos no respondan a partido político alguno. Los funcionarios de segundo grado son aquellos que dependen del voto de los diputados para llegar a ocupar sus cargos, como es el caso del Fiscal General y el Presidente de la Corte de Cuentas, por ejemplo (LPG 14.05 p.18).
GABINETE. El hermetismo sobre quiénes conformarán el nuevo gabinete aún no se rompe. Sin embargo, el vicepresidente electo, Carlos Quintanilla, expresó, el 16.05, que el proceso de elección está casi finalizado. "Bueno, dijéramos que ya el presidente Flores, en su gran mayoría, tiene propuestas específicas para cada caso", señaló. Aun así, declinó revelar nombres y confirmar o negar aquellos que actualmente se manejan como posibles candidatos a ostentar diversas carteras de Estado. Al respecto, afirmó que "quien va a confirmar o negar es el presidente Flores". Recordó que no pueden revelarse detalles del próximo gobierno, sino hasta el 29 de mayo, cuando el nuevo mandatario lo dé a conocer. "Ya el presidente Flores tiene propuestas en cada uno de los cargos y será el que —de acuerdo con la calendarización— va a proseguir para definir, al final, las personas que serán nombradas en cada una de las carteras", insistió. Asimismo, afirmó que los cargos serán ocupados por personas que cumplen con el perfil definido por el equipo técnico. Su afirmación la respaldó mencionando la dinámica de trabajo adoptada: qué quieren de los ministerios y cómo deben ser sus titulares. "Primero definimos qué tipo de funcionario queremos y, después, buscamos nombres dentro de todo nuestro banco de datos para definir, entonces, cuáles son esas personas (LPG 17.05 p.18).
EXONERADOS. La jueza de Ejecución de Medidas de San Miguel, Berta Nohemí Reyes, "exoneró" de cargos, el 17.05, a los medios de comunicación que publicaron imágenes del delincuente juvenil conocido como "El Directo". Sin embargo, amenazó con promover acciones judiciales contra los medios que vuelvan a revelar la identidad de los menores delincuentes. La jueza, durante un rueda de prensa, manifestó que no cuestionaba las publicaciones de los medios al momento de la fuga de "El Directo", sino el "sensacionalismo" que se dio luego de su captura, lo cual fue lo que violentó el estado de Derecho. "Por mi independencia judicial y con base a la sana critica, yo prefiero que se eduque a la sociedad y no imponerles la sanción" fue el argumento de la jueza para justificar la exoneración de los medios. Sin embargo, según explicó, si los medios continúan revelando la identidad de los menores, no sólo serán responsables penalmente, sino que, además, cargarán con el surgimiento de nuevos menores delincuentes peores que "El Directo". "Están creando una mala imagen, si hoy este joven mató a 17 personas, habrá otro que si quiere ser famoso va a matar a más" afirmó la jueza (DH 18.05 p.14).
