Año 19

número 833

diciembre 2

1998

ISSN 0259-9864

 

 

Editorial Los salvadoreños ante el pasado

Política Partidos pequeños, ¿verdaderas alternativas?

Economía Impacto económico de la depresión tropical "Mitch"

Sociedad Situación de la violencia intrafamiliar

Derecho De la igualdad jurídica (II)

Derechos Humanos El otoño del general (I)

Noticias

Los salvadoreños ante el pasado 

Partidos pequeños, ¿verdaderas alternativas? 

Antes de un análisis a cerca del modo en el que está configurándose la campaña electoral que desembocará en los comicios presidenciales de marzo de 1999, conviene detenerse en la observación del comportamiento de los partidos minoritarios en esta fase por la que ahora atravesamos. Resulta a todas luces evidente que la mayor parte de los institutos políticos "pequeños" se ha dejado llevar por la improvisación a la hora de definir sus fórmulas presidenciales. Muestra de ello es que, a pocos días de finalizar el mes de noviembre, cuando ya había dado formalmente inicio el período proselitista, ni el PCN ni PUNTO, por un lado, habían designado candidato a la vicepresidencia, ni el recién inaugurado partido LIDER ni el Centro Democrático Unido (CDU) —integrado por la CD, el PD, el Partido Popular Laborista (PPL), el Movimiento de Unificación Demócrata Cristiano (MUDC) y el partido en formación Fe y Esperanza—, por otro, habían decidido siquiera a quién postularían para competir por la silla presidencial.

Así las cosas, es muy poco lo que cabe esperar de la calidad de las estrategias electorales que cada uno de estos partidos va a llevar a cabo a lo largo de la campaña. No es difícil concluir que la ligereza y falta de planificación con la que los "pequeños" han parecido asumir el reto de consolidarse como alternativas viables en un espectro político polarizado, repercuta —además de haberlo hecho ya en la elección de la fórmula— en el nivel de seriedad que requiere el diseño integral de la carrera hacia las elecciones. Si el fracaso electoral de muchos de los partidos minoritarios en los comicios de 1997 pudo explicarse en ese entonces apelando a la desventaja económica que éstos padecieron a lo largo de la contienda, la negligencia y falta de previsión de las que en esta oportunidad han hecho gala impide justificar ahora su bajo perfil en las encuestas recurriendo a la excusa de un bajo presupuesto.

Hasta hace poco, LIDER, por ejemplo, no había terminado de decidir si participaría o no en las elecciones. Finalmente decidió hacerlo, pese al peligro de que el bajo número de votos que probablemente obtendrá en los comicios amenace con hacerlo desaparecer. Los dirigentes de PUNTO, por su parte, no se tomaron la molestia de investigar a la persona que habían elegido como candidata a la vicepresidencia y, debido a ello, se vieron obligados a pasar por la deshonrosa obligación de enfrentar el arresto de ésta, a causa de su presunta participación en un caso de falsificación de documentos.

En este marco se ubica el CDU, producto de una alianza cuya estabilidad resulta bastante dudosa debido, entre otras cosas, a lo mucho que se extendió el proceso de su consolidación. Y es que es comprensible que la Convergencia Democrática haya tenido reparos a la hora de aliarse con los malogrados Partido Demócrata y Movimiento de Unificación Demócrata Cristiano. Es evidente que la ideología a la que éstos se adscriben es tan difusa que no termina de verse claro cuáles son, a nivel ideológico, los puntos de coincidencia entre los tres partidos. De los demás se sabe demasiado poco y no es difícil suponer que ese desconocimiento constituye otro obstáculo para la alianza. Aquí surge la pregunta: si un partido no ha estructurado una identidad propia, si ante la opinión pública aparece sin una plataforma ideológica consolidada —como es el caso del PPL y del grupo Fe y Esperanza—, ¿sobre qué base puede establecer una alianza? ¿qué se puede esperar de ella?

Otro instituto político a considerar en este recuento es el eternamente convulsionado PDC. Como ya es tradición, Ronal Umaña se salió nuevamente con la suya en la designación del candidato presidencial: convocó a una asamblea partidaria a la que asistieron más de diez mil correligionarios y allí, satisfecho, ratificó a Rodolfo Parker en una candidatura decidida prácticamente a dedo. Pero en esta ocasión las cosas no le resultaron tan fáciles a Umaña. No hay que olvidar que existe un grupo de detractores del secretario pedecista que ha venido cuestionando su autoridad a lo largo de toda su gestión. Como era de esperarse, las tensiones en ese instituto político se agudizaron nuevamente llegado el momento de elegir la fórmula presidencial. Los opositores de Umaña no han dejado de cuestionar duramente la eliminación de las plenarias, medida de la que éste tuvo que valerse para imponer al candidato de su preferencia. Según sus detractores, tal procedimiento convierte a Umaña en un violador de los estatutos del partido y, por ende, deslegitima su permanencia en la Secretaría General del mismo.

Así fue como los disidentes pedecistas decidieron, además de llevar a cabo una convención partidaria el mismo día en el que Parker fue ratificado en la candidatura, iniciar conversaciones con la coalición FMLN-USC con el objeto de apoyarla en la contienda electoral. Y es que los opositores de Umaña parecen incansables cuando de socavar el poder de éste se trata. Ante esto hay que decir que sería casi un disparate asegurar que no tienen razones de peso para cuestionar la labor de aquél al frente del partido. Lo que sí habría que preguntarles es que si ese cuestionamiento debe implicar necesariamente el desgaste y el desprestigio que ha tenido que pagar el partido a lo largo del período de Umaña.

Pocos dudarían de que Umaña está dispuesto a todo para satisfacer sus necesidades particulares. Pero si ya en este año hubo antes un intento formal de destituirlo realizando una asamblea pedecista "no oficial", si ya en dicho evento se había nombrado un nuevo Secretario General que —por razones bastante dudosas— el TSE no quiso legitimar, ¿será en plena campaña electoral el momento adecuado para dar continuidad a los esfuerzos de remover a Umaña? ¿No será posible crear en el PDC mecanismos internos que permitan dirimir las diferencias y llegar a acuerdos, antes de que los problemas se ventilen públicamente?

Si es cierto que a los detractores de Umaña les preocupa genuina y desinteresadamente lo que pasa al interior de su partido, deberían esforzarse por buscar nuevos canales que les permitan manifestar sus desacuerdos y enarbolar sus protestas. Pero la promoción de una doble dirigencia, la realización de una doble convención partidaria y la declaración de apoyo decidido —y, por lo demás, repentino— a un partido que en otras circunstancias difícilmente apoyarían, son estrategias de los disidentes que perjudican seriamente al PDC, en tanto que disminuyen cada vez más su ya bajo nivel de institucionalidad.

En definitiva, el panorama con respecto a las opciones frente a los partidos mayoritarios resulta bastante desalentador hasta ahora. No deja de ser contradictorio que, a pesar de que todos los institutos políticos "pequeños" proclamen la necesidad que tiene el país de encontrar alternativas de centro, a la hora de esforzarse por convertirse en una se queden tan cortos. Ya no vale a estas alturas recurrir al razonamiento de que El Salvador es, sin más, un país polarizado, porque la inconformidad de muchos con la gestión de ARENA y la resistencia de otros a votar por el FMLN hubieran podido ser capitalizadas por el partido minoritario que decidiera tomarse en serio la oportunidad que estas elecciones les presentaban a todos.

Impacto económico de la depresión tropical "Mitch" 

Una vez pasada la etapa de la emergencia resultante de la depresión tropical "Mitch", la atención se ha centrado ahora en sus implicaciones sobre el crecimiento económico y sobre la cuantificación de sus pérdidas. Tanto el gobierno como las gremiales empresariales pertenecientes al sector agropecuario han presentado ya sus cifras preliminares y el Presidente de la República, Armando Calderón Sol, ha presentado su propuesta para la reconstrucción de las zonas afectadas.

Resultan destacables las divergencias entre las valoraciones de gremiales de la empresa privada y del gobierno e inclusive entre las mismas cuantificaciones del gobierno que plantean, por un lado, que las pérdidas son cercanas a los 1,159 millones de colones, pero, por el otro, plantean que las necesidades de reconstrucción estarían cercanas a los 11,800 millones de colones.

La coyuntura actual ha dado paso a una mayor receptividad hacia el tema de la conveniencia de invertir en la prevención de desastres en lugar de afrontar pérdidas que superan la inversión en prevención y que, sobre todo, provocan innecesarias pérdidas humanas y un empeoramiento de las condiciones de vida de la población pobre. Más allá de la insatisfacción de las necesidades básicas, una de las facetas de la pobreza a la que se le presta poca atención es la elevada vulnerabilidad frente a riesgos naturales, tal como ha quedado recientemente demostrado en el área centroamericana.

Una evaluación preliminar postdesastre muestra con claridad que las dimensiones de las pérdidas bien pueden afectar seriamente el comportamiento de la producción y de otras equilibrios macroeconómicos. De hecho, así lo ha reconocido el Presidente Armando Calderón Sol al anunciar su propuesta de reconstrucción. En este marco, interesa revisar las estimaciones de pérdidas económicas para luego revisar las líneas generales del plan de reconstrucción anunciado por el Presidente Calderón Sol.

De acuerdo a datos recolectados por el Comité de Emergencia Nacional (COEN), los daños totales del desastre estarían cercanos a los 1,159 millones de colones, y las mayores pérdidas se han concentrado en los cultivos, en vías terrestres y en infraestructura escolar. Este estimado contrasta fuertemente con estimaciones de gremiales agropecuarias, quienes fijan las pérdidas en 1,400 millones de colones solamente en los cultivos de exportación, mientras que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) fija las pérdidas en cerca de 800 millones de colones en el sector agropecuario. Esto implicaría que las pérdidas directas totales fácilmente superarían los 2,000 millones de colones, cerca de un 2% del Producto Interno Bruto de 1998.

Según voceros del Banco Central de Reserva (BCR), para el próximo año se espera que el crecimiento económico alcance una tasa de un 3.5% y no de 4% como se proyectaba a principios del año. De cara a las pérdidas de producción, esta estimación podría incluso estar sobreestimada; sin embargo, aceptando esta cifra, se tendría que las pérdidas indirectas por reducción de la producción estarían cercanas a los 500 millones de colones. La situación será más drástica en el caso del sector agropecuario, en el cual se esperaba un crecimiento de 3.9% y solamente lo hará en un 0.2% en el mejor de los casos.

Frente a este panorama, el Director General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda anunció que será necesaria una inversión cercana a los 11,800 millones de colones. Muy por encima de los 1,159 millones que se afirma alcanzaron las pérdidas. Por su parte, el Presidente Calderón Sol anunció la implementación de medidas concretas para proceder a la rehabilitación de las zonas afectadas, para lo cual se proponen cuatro medidas generales: primero, la dotación de un "paquete solidario" para diez mil familias, el cual incluye materiales básicos para reconstrucción de viviendas, dotación de alimentos y enseres del hogar; segundo, se contempla la entrega de semillas, fertilizantes, aperos y asistencia técnica para cultivar tierras que "quedaron impregnadas de humedad"; tercero, estructuración de un fondo económico para el desarrollo agrícola; y, cuarto, la rehabilitación de la infraestructura vial.

El programa de atención del desastre pasaría, una vez cumplida la fase de rehabilitación, a la ejecución de un plan de reconstrucción con tres líneas principales: programa de viviendas populares, incluyendo reubicación de asentamientos humanos hacia zonas de menor riesgo; reparación de escuelas, puestos de salud y red vial; y, finalmente, reconstrucción de la infraestructura productiva.

Lo primero que llama la atención de la propuesta presidencial es que incluye algunas medidas estructurales tendientes a la reducción de los desastres, tales como el fomento de la producción agropecuaria, reconstrucción de la infraestructura de salud y educación, y mejoramiento de las condiciones habitacionales. Estas políticas en realidad habían sido ya anunciadas en planes gubernamentales que nunca fueron ejecutados: el plan de desarrollo agropecuario y el plan de desarrollo social. Cuando menos el discurso presidencial muestra que existe mayor comprensión sobre las verdaderas causas de los desastres y las formas de prevenirlos, pero es de lamentar que el retraso en la implementación de los programas de desarrollo anunciados haya impedido iniciar desde antes la reducción de la vulnerabilidad.

Los costos de la depresión tropical "Mitch" aún son objeto de debate, pero en cualquier caso justifican ampliamente la adopción de políticas de prevención que partan de la necesidad de ordenar el uso agrícola y promover la satisfacción de las necesidades básicas de la población más vulnerable.

* Sólo café y caña de azúcar

COEN: Comité de Emergencia Nacional.

AC: Asociación Cafetalera

ACES: Asociación de Cañeros de El Salvador

Situación de la violencia intrafamiliar 

Por violencia se entiende, generalmente, el uso extremo de la fuerza contra alguien o algo. Ahora bien, según la "Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer", la violencia contra las mujeres debe ser entendida como "la violencia sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de niñas en el hogar, la violación por el marido, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación". Es violencia contra la mujer "la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el acoso y la intimidación sexual en el trabajo, la trata de mujeres y la prostitución forzada". Los efectos máximos de estos tipos de violencia son variados. El maltrato hacia las mujeres y los menores se ejerce a través de golpes, quemaduras, heridas fracturas, etc. y éstos, a su vez, se traducen en daños, muchas veces irreversibles, como traumas psicológicos, abortos e incluso muertes.

Siendo El Salvador un país eminentemente violento, no es extraño que la violencia intrafamiliar sea algo común y cotidiano en muchos hogares. Algo que conviene señalar es que la violencia, más que una cuestión de actos y actitudes, es un fenómeno sistemático y procesual; es decir, es producto de complejos dinamismos sociales que hasta ahora son incontrolables. Como otras sociedades, la salvadoreña se halla dividida en diferentes segmentos de clase, sexo, religión, ingreso económico, intereses políticos, etc., a partir de los cuales los individuos asumen un rol determinado y un status específico ante los demás. El orden y la jerarquía propios de la sociedad salvadoreña no son ajenos a la fuerza y el nivel económico que son capaces de movilizar los grupos que la conforman. Esta escala desigual de poderes está socialmente aceptada y legitimada. Cada grupo conforma una institución social, unos con mayor poder e influencia que otros, pero formando a la vez un macrosistema, donde lo que cada uno realice individualmente afectará directa o indirectamente a los demás.

Este ordenamiento jerárquico de la sociedad es en sí mismo violento y forma una estructura violenta que se reproduce al interior de las instituciones. La violencia es, pues, un proceso enraizado en todas las esferas sociales, donde las diferencias entre los grupos, y dentro de ellos, permiten que se generen relaciones de dependencia que dan paso al uso y abuso de poder de unos sujetos sobre otros. Es aquí donde se puede traer al caso una de las instituciones sociales más básicas y no exenta de dinamismos violentos: la familia.

También dentro de este grupo existe una jerarquización, fundamentada en el género y, muchas veces, en la dependencia económica. El hombre, socioculturalmente aventajado, ejerce dentro de la familia un poder en las relaciones cotidianas. Un poder otorgado por una larga tradición de culto al género masculino, por la fuerza física biológicamente natural que supera a la fuerza femenina y por una cultura laboral y económica que lo ampara, entre otras cosas. El hombre es, por ello, uno de los principales agentes de la violencia intrafamiliar. El, a efecto de imponer su poder, se ha permitido —y las mujeres se lo han permitido— hacer uso de su fuerza, pues "debe quedar claro quién es el jefe de la familia".

La violencia familiar es un proceso físico, social y simbólico que representa el histórico dominio de los hombres sobre las mujeres. Para ir un poco más allá de la retórica, hay que tomar en cuenta que, ya en la práctica, la violencia intrafamiliar se ha convertido en un tema que involucra de lleno la problemática de los derechos humanos. El tema se ha convertido en objeto de debate, luego de que algunos países latinoamericanos impusieran leyes para castigar a los responsables de la violencia intrafamiliar. La primera ley emitida al respecto fue aprobada en Puerto Rico, en 1989; luego de ello, 14 naciones más crearon mecanismos similares para contrarrestar el mal.

Asimismo, se legalizó el "Día Internacional de la Mujer", celebrado cada año el 25 de noviembre. Podría decirse que actualmente esta fecha sirve como un recordatorio de la existencia de un mal social, el cual está lejos de tener un lugar fundamental en las agendas nacionales. Ese día es oportuno para que las distintas instituciones feministas y de derechos humanos apunten los logros y retrocesos en cuanto al tema. En El Salvador, este año se celebró la fecha no con logros, sino más bien con pérdidas y fracasos. Paradójicamente, en el "Día de la no violencia contra la mujer", los titulares de los periódicos nacionales anunciaban: "Aumenta violencia intrafamiliar", una noticia particularmente inversa a los objetivos de la fecha conmemorativa.

Mientras que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) se pronunciaban en contra de la violencia intrafamiliar y a favor de erradicarla, los periódicos nacionales explicaban que, entre 1997 y 1998, han muerto 26 mujeres a causa de aquélla. Revelaban que el Instituto de Medicina Legal, entre enero y junio de 1998, reportó 800 casos de violencia intrafamiliar; la Fiscalía General de la República recibe de 10 a 12 denuncias diarias y el Instituto de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) tuvo 1,060 casos en únicamente tres meses. No obstante, eso no es lo más alarmante. El mismo día, se publicó una noticia que explicaba que en algunas zonas rurales (cantones, caseríos alejados de cabeceras departamentales) la atención de los casos de violencia es inexistente. Y es que en esos lugares no existen oficinas de denuncias y la Policía Nacional Civil, los Tribunales de familia y la PDDH no muestran intenciones de superar este problema.

Prevenir y sancionar la violencia contra la mujer y los menores está en manos de algunas instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Existe, por ejemplo, el Programa Escuela para Padres y Centros de Asistencia Psicológica. Tal como explicó un vocero de la Corte Suprema de Justicia, "actualmente nuestros esfuerzos se orientan a promover la educación y capacitación de jueces y demás operadores del sistema de justicia... en la problemática de violencia intrafamiliar, para asumir en forma más efectiva la responsabilidad de administrar una justicia más equilibrada y justa".

Pues bien, el tema de la violencia en el hogar es, hasta cierto punto, nuevo en cuanto a legislaciones y castigos. El Código Penal salvadoreño la contempla desde apenas el mes de abril de 1998. En base a esto se podría explicar el porqué del aumento de la violencia intrafamiliar en el país. Sin embargo, es notable que el asunto no parece ser lo suficientemente relevante. El problema, junto a muchos otros sobre derechos humanos, está olvidado dentro de los planes de gobierno de los candidatos a la presidencia, lo cual ya da un primer indicio de las dificultades para enfrentarlo. En preciso, entonces, hacer conciencia de la situación de la violencia en el hogar; no basta con limitarse a tomar datos y tenerlos registrados. Es obvio que el método de prevención que se está aplicando en nuestro país no es el mejor, pues no hay hasta ahora programas ni estudios serios enfocados a ese objetivo.

De la igualdad jurídica (II) 

La discusión de fiscales y abogados sigue en la sentencia del 4 de septiembre de los corrientes. El tribunal se muestra más seguro en esta sentencia: en lugar de hablar de vacíos normativos, alude a una falta de previsión del legislador que debe entenderse como negación. El tribunal interpreta por tanto que la oportunidad para intervenir como parte no letrada debe estar basada en una autorización con expresión literal del legislador. Una manifestación de autorizaciones expresas del legislador aparece en el art. 63 letra ch, del Código Procesal Penal derogado, en el que se permitía la intervención de estudiantes de derecho —bajo condiciones de tiempo y modo— ejercer la defensoría; y de igual manera en el art. 375 del Código de Trabajo, en materia procesal laboral.

El tribunal es enfático al acudir al espíritu de la nueva legislación que impide la tolerancia de personas legalmente incapaces de representar al Fiscal. La sentencia del cuatro de septiembre dice que "el espíritu de la reforma en el nuevo proceso penal: hacer que los sujetos procesales que intervienen sean técnicos, en razón del principio de oficialidad y del subprincipio de estatalidad. Técnico en derecho es únicamente aquel autorizado como abogado". La razón para exigir que sean abogados los fiscales está en función de las formas en que debe actuar el Estado, atendiendo a solemnidades que rescatan los canales oficiales y no los que adoptan caracteres informales. El tener que ser abogado para los fiscales es la aplicación del Estado que se aboca al proceso penal, y lo hace cumpliendo con los requisitos de seguridad jurídica que permiten identificar que efectivamente se está actuando a nombre del Estado y en representación del Fiscal General de la República. Según el Tribunal de San Vicente, desautorizar esta exigencia sería viciar al nuevo proceso penal con un nuevo sistema inquisitivo derogado en el anterior Código Procesal Penal.

El tribunal tampoco absolutiza su verdad interpretativa, al reconocer una posible fabilidad del tribunal. Por eso recuerda a las partes afectadas que tienen la libertad de hacer uso de los recursos correspondientes. Las consecuencias de la imposibilidad de intervención en este proceso, llevó al tribunal a establecer la nulidad del proceso por vicios de inexistencia. Es oportuno señalar que se ordena la libertad del imputado si no se interpusiere recurso alguno; y la orden de certificar al Fiscal General la resolución para que en el futuro se haga representar por personas letradas. El tribunal ordena igual acción para que sea conocida la situación por la Comisión Coordinadora del Sector Justicia, con el fin de que "interpongan sus buenos oficios en aras de lograr una coordinación interinstitucional sobre el punto decidido; y se encuentre una solución jurídica al más corto plazo y evitar que en el futuro se produzcan nulidades como la declarada en el presente caso".

Una sentencia adicional que ha llegado a nuestras manos es la del uno de octubre del corriente año, siempre del tribunal de San Vicente. En ella trata de confirmar sus opiniones jurisdiccionales, interpretando el Art.193 fracción 5ª de la Constitución en tanto que la atribución allí contenida es personal. Con ello el Tribunal termina suponiendo que el ejercicio del antejuicio y de la acción penal son atribuciones intuito persona y no conferidas a un Organo Institución. El estimar de manera contraria la interpretación, sostiene el tribunal, permitiría "el nombramiento de agentes auxiliares de personas no letradas, y los habilitaría a procurar en virtud del principio de unidad institucional".

Por otra parte, el Art. 116 regula la asistencia de no letrados a las partes, pero no debe entenderse que los agentes auxiliares puedan también ser no letrados, ya que éstos sólo pueden hacer tareas accesorias, "pero no sustituir a personas que asisten a actos propios de su función". Se deriva, entonces, que los fiscales no tienen la oportunidad de acceder al proceso en sus carácter de no letrado. De aquí en adelante el Tribunal de San Vicente seguirá insistiendo en los mismos argumentos de anteriores sentencias.

Es inevitable terminar reconociendo que los argumentos razonados son bastante sólidos, muy bien elaborados, con mucho cuidado y tino, inmersos en una escuela técnica autorizada en el derecho. Los que no aceptan el fallo del Tribunal de San Vicente obedecen a sus sentimientos o emociones en su mayor parte, con lo que se falla en la primera exigencia de la interpretación jurídica que manda el cumplimiento de la objetividad.

Otros detractores del fallo argumentan que no es necesario exigir que los fiscales sean abogados, sobre la base que los hechos de la realidad salvadoreña así lo disponen. La realidad es que hay fiscales que aún no se han graduado, así como hay estudiantes de medicina que operan en algunos hospitales del país. De la misma forma que ningún tribunal de la República —o muy pocos— ha impedido el ejercicio de la representación fiscal, hay una cantidad de estudiantes de medicina que ingresan a mesas de operaciones, más que como observadores, como sujetos activos. Existe también una especie de comodismo utópico en algunos razonamientos de rechazo a la sentencia, en cuanto que tan capaces serían los no graduados como algunos graduados autorizados como abogados. Algunas otras críticas tratan de empañar la sentencia señalando un pretendido autoritarismo judicial, visible en la advertencia del tribunal, que menciona a las partes el deber de respetar las reglas que éste impone. Esto, sin mayor detenimiento, nos parece con poco fundamento. Baste recordar que el último eslabón de la fuerza del derecho frente a su desobediencia está en el papel de los jueces como operadores jurídicos autorizados, como órganos de aplicación de la legalidad.

Una posición que ha tenido bastantes entusiastas es la que argumenta que hasta qué punto no se cometen mayores daños a la sociedad civil al entrampar los procesos con puros formalismos procesales —en este caso, la exigencia de que los fiscales sean abogados—, cuando hay un querella contra un presunto violador que quedará libre por el tecnicismo judicial. En definitiva, tienen razón, suponiendo que el acusado, previa comprobación de su conducta antijurídica, fuera condenado y saliera libre, pero tienen razón en un razonamiento de corto plazo. Sin embargo, a mediano o largo plazo, ello únicamente adquiere la complacencia para la cual los estatus, las anomalías, la permisión de una "ilegalidad manifiesta" en la intervención de los no autorizados, no impiden que en otros muchos casos la sociedad salga burlada cuando efectivamente se comprobó en los hechos el acto antijurídico. Es bueno comentar que a veces la experiencia se impone, el conocimiento también, y lo menos que el juez o un tribunal debe hacer es tolerar la falta de diligencia de las partes que intervienen en los asuntos con manifiesta negligencia o sin la propiedad debida de una autorización legal. Por último nos llama la atención la advertencia del carácter inquisitorio que puede imponer una persecución estatal sin la debida autorización técnica. Por el momento, sólo cabe esperar que resuelva el tribunal superior, ya sea manteniendo o cambiando el criterio interpretativo del tribunal de San Vicente.

El otoño del general (I) 

Hoy resulta que incomoda no sólo a sus víctimas, sino que a casi todo el mundo. Hasta las personas que viven en el lugar al que acaba de mudarse —donde, en concepto de alquiler mensual, pagará la "modesta" suma de dieciocho mil dólares— ya comenzaron a preocuparse por su llegada. La misma administración estadounidense ha ofrecido entregar documentos inéditos, realmente comprometedores, que revelan detalles sobre sus acciones criminales dentro y fuera del país que enlutó durante casi dos décadas; es más: la administración Clinton anunció que dentro del paquete que pondrá a disposición de la justicia española se incluye material de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la misma que —según se ha sostenido a lo largo de todos estos años— le ayudó a asaltar el poder legítimamente constituido e interrumpir la vida democrática en su país allá por septiembre de 1973. Evidentemente estamos hablando de Augusto Pinochet Ugarte, de quien su esposa dijo —tras el golpe de Estado que dirigió— lo siguiente: "Cuidado con mi marido, tiene la mano muy dura".

Mucho se ha comentado acerca de la situación en que se encuentra quien, fruto del típico humor negro chileno, ahora empieza a ser conocido como "el paciente inglés". Dependiendo del lugar que ocupa cada quien en la sociedad según sus recursos económicos y/o sus principios —que no son excluyentes, pero que tampoco van de la mano— se toma partido: de rechazo o de condena, según sea el caso, al proceso judicial iniciado en España y a las acciones derivadas de éste, que han tenido lugar principalmente en Inglaterra. Es comprensible: a la persona que Pinochet le devolvió los privilegios que le fueron reducidos con el gobierno socialista de Salvador Allende, el general es un héroe y hasta casi un ser sobrenatural; para quien la dictadura militar le arrebató a su familiar, desapareciendo sus restos y negando incluso haberlo detenido de manera forzada e injusta, es un criminal que debe pagar sus delitos contra la humanidad.

Por nuestro compromiso con la justicia y el respeto a la dignidad de la persona humana, nuestra posición al respecto es una y clara: estamos con las víctimas de las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos; y lo estamos también —en cualquier tiempo y espacio que estos atroces hechos hayan ocurrido— con sus familiares, que legítimamente reclaman el reaparecimiento con vida de sus víctimas o la entrega de sus cadáveres, el conocimiento exacto de la verdad, la sanción de los responsables materiales e intelectuales de tales actos, y la reparación del daño que les causaron.

Pero más allá de recordar lo que ya se ha dicho y dejar bien clara una postura institucional alrededor de la polémica, nuestro interés ahora es el de dar a conocer aspectos fundamentales que se encuentran a la base de la discusión y que —por diversas razones— no han sido suficientemente conocidos. Nos referimos a ciertos detalles de lo que fue la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y de la llamada "Operación Cóndor", así como de la demanda inicial presentada ante el tribunal español y de los fundamentos para que ésta haya avanzado hasta el lugar donde ahora se encuentra.

El 18 de junio de 1974, la Junta Militar chilena creó oficialmente la DINA mediante el Decreto-Ley 521, cuyo primer artículo la definió como un organismo militar "profesional, dependiente directamente de la Junta, y cuya misión será la de reunir toda la información a nivel nacional proveniente de los diferentes campos de acción, con el propósito de producir la inteligencia que se requiera para la formulación de políticas, planificación y para la adopción de medidas que procuren el resguardo de la seguridad nacional y el desarrollo del país".

En el siguiente artículo quedó establecido que su dirección estaría a cargo de "un oficial general o superior en servicio activo de las Fuerzas de la Defensa Nacional, designado por Decreto Supremo". Este organismo podía contratar, "con autorización presidencial", personal ajeno a la milicia. Sin el mínimo respeto a los formalismos más elementales, los artículos 9, 10 y 11 del mencionado Decreto-Ley fueron incluidos en un "Anexo Restringido" del Diario Oficial; eso significa que tuvieron vigencia sin haber sido publicados, lo cual no debe extrañar pues era parte de la lógica dictatorial: dentro de ellos se contemplaba la realización de allanamientos y aprehensiones sin sometimiento a autoridad judicial.

En ese marco, el 30 de septiembre de 1974 un comando de la DINA activó una carga explosiva de alto poder bajo el vehículo del general Carlos Prats González, jefe del ejército chileno y vicepresidente de la República durante el gobierno socialista. El atentado ocurrió en Buenos Aires, falleciendo a consecuencia del mismo el general Prats y su esposa. En noviembre de ese mismo año, en circunstancias sumamente oscuras, murió el general Augusto Lutz mientras permanecía incomunicado en un Hospital Militar; en enero de 1975 perdió la vida el general Óscar Bonilla, cuando se estrelló el helicóptero en el que viajaba. Cabe aclarar que estos dos últimos oficiales participaron en el golpe de Estado encabezado por Pinochet, pero posteriormente se opusieron a su gestión.

Estos son algunos de los ejemplos más notables del accionar inicial de la DINA, la cual estuvo —desde el principio— en manos del general Manuel Contreras Sepúlveda. Además, dicho oficial fue el "cerebro" de la antes citada "Operación Cóndor"; la cual se diseñó para cumplir un objetivo: "La recolección, el intercambio y el almacenamiento de datos de inteligencia relacionados con los activistas de izquierda, los comunistas y los marxistas, con el fin de eliminar a los terroristas marxistas y sus acciones en la zona". Este militar —hombre de confianza de Pinochet— recorrió Argentina, Bolivia, Paraguay, Venezuela y Estados Unidos, para "vender" su proyecto en "defensa de la democracia".

Uno de los interlocutores de Contreras en esta "cruzada contra el marxismo" fue el general Ramón Camps, jefe de la Policía de Buenos Aires, quien en algún momento —tras admitir que en su país no quedó viva ninguna de las personas desaparecidas— dijo, soberbio: "Asumo toda la responsabilidad y me siento orgulloso". Otro argentino que participó en la operación fue el general Iberico Saint Jeant, interventor de la misma corporación policial, quien expresó al instaurarse la dictadura en su país lo siguiente: "Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, luego a sus simpatizantes, luego a quienes permanezcan indiferentes, y por último, a los indecisos." Fuera de Argentina, el jefe de la DINA chilena conversó con Vernon Walters, cuando éste era director adjunto de la CIA, y con Rafael Rivas, mientras dirigía la inteligencia venezolana; asimismo, se entrevistó con los generales paraguayos Benito Guanes Serrano, jefe de inteligencia del Estado Mayor, y Francisco Brites, alto jefe policial.

Los principales compromisos adquiridos por los servicios secretos de estos países fueron: facilitar el desplazamiento clandestino de sus agentes y la realización de operativos conjuntos para la represión de personas presuntamente involucradas en actividades de oposición a dichos regímenes; integrar equipos especiales para actuar en cualquier continente, a fin de aniquilar sus "enemigos" que tan exacta y ampliamente definió el general Saint Jeant. Estas fueron las condiciones básicas que posibilitaron innumerables acciones criminales, muchas de las cuales aparecieron documentadas en lo que se conoció como "los archivos del terror", descubiertos casualmente en Paraguay cuando, en diciembre de 1992, un funcionario judicial de ese país investigaba el caso de un profesor secuestrado y torturado en Asunción a mediados de la década de los setenta.

"Cuando lo descubrimos —declaró dicho juez a un periódico chileno, a principios de 1993— era tanta la cantidad de documentos que era imposible dejarlos a disposición de la policía porque podrían destruirlos, quemarlos. Así que con la ayuda de un camión del Diario Noticias de Asunción los llevamos a mi despacho, y luego a un depósito del Palacio de Justicia". En medio de todo ese material aparecieron pruebas contundentes confirmando que, como parte de esos acuerdos de colaboración para el impulso del terrorismo interestatal en América del Sur, se realizaron múltiples violaciones a los derechos humanos. Entre éstas destacan las cometidas contra Orlando Letelier, ministro de Asuntos Exteriores durante la administración de Allende, quien fue ejecutado en Washington; Juan José Torres, general y ex presidente de Bolivia, asesinado en Argentina; Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, parlamentarios de Uruguay también asesinados; y el paraguayo Agustín Goyburú, dirigente del Movimiento Popular Colorado.

La "Operación Cóndor" llegó a ser tan "exitosa" que logró el reconocimiento de la administración estadounidense. Así, durante la época, el mismo Departamento de Estado —en boca de Patricia Derian, subsecretaria para Asuntos de Derechos Humanos en América Latina— se atrevió a decir: "Los servicios de inteligencia del Cono Sur se han reunido y tienen un programa claro de ayuda mutua. La policía secreta anda por el mundo con gran libertad. En América Latina el sistema funciona casi a la perfección".

Hoy, el general Contreras se encuentra detenido. Bien merecida tiene esa sanción, por haber sido jefe de la DINA y por haber jugado un papel tan determinante en la ejecución de la "Operación Cóndor". Pero este militar, cuando rindió su declaración en calidad de imputado ante la Corte Suprema de Justicia chilena, dejó bien claros los niveles de responsabilidad más importantes: el suyo y el de su jefe. La DINA —página 53 del proceso— era "un organismo militar... dependía primero directamente de la Honorable Junta de Gobierno (conducida por Pinochet) y posteriormente del Presidente de la República (Pinochet)". En la página 59 aparece que el 12 de noviembre de 1973 —a dos meses del golpe de Estado— fue "nombrado a cargo de la Comisión DINA por la Junta Militar de Gobierno... Augusto Pinochet Ugarte, presidente de la Junta de Gobierno, lo nombra Delegado". En la página 60 se lee que el 1 de enero de 1975, el "señor presidente de la República me ordenó verbalmente que me quedara en la Dirección de Inteligencia Nacional. Nunca se me designó director por Decreto Supremo como lo establecía el Decreto Legislativo 521. Sólo mantuve permanentemente mi calidad de delegado del Presidente"

A folios 70 se cita la "Hoja de vida" del general Contreras, correspondiente al período comprendido entre el 1 de agosto de 1975 y el 31 de julio de 1976. Dice: "Diariamente informa el jefe del Estado de las novedades nacionales, exposición que realiza con acuciosidad, claridad y con fundamento... Su señalada colaboración ha evitado toda clase de agresión y tentativas de personas contrarias al Gobierno" Firma: Augusto Pinochet Ugarte.

En la página 259 quedó registrado lo dicho por Contreras, en el sentido de que —como delegado de Pinochet— siempre le informaba a éste "de cualquier actividad o hecho que se produjera, al momento y diariamente. Al mismo tiempo se puede apreciar mi absoluta subordinación y dependencia del señor presidente de la República... Siempre cumplí... conforme las órdenes que el señor presidente de la República me daba...Trabajaba subordinado directamente al presidente de la República y Comandante en Jefe del Ejército, sin mando intermedio".

A folios 261, aparece lo siguiente: "Mi dependencia directa de la Junta de Gobierno y posteriormente del presidente de la República, avalan totalmente mi correcto y disciplinado proceder ya que el presidente sabía exactamente lo que hacía y no hacía la DINA y su delegado y director ejecutivo... El ejercer el mando pleno en una institución militar no involucra ser independiente, por cuanto todos los comandantes tienen un mando superior del cual dependen, al cual deben rendirle cuenta permanente del cumplimiento de sus misiones y de las órdenes recibidas. En mi caso particular, ése era el presidente de la República y es por eso que digo que yo no me mandaba solo, y cualquier misión a cumplir tendría que haber venido, como siempre vino, del presidente de la República".

TENORIO. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Eduardo Tenorio, no atendió el primer llamado hecho por la Asamblea Legislativa, el pasado 29 de octubre. Esta convocaba a reunión programada para el 24.11, que tenía el propósito de interrogar a Tenorio sobre su presunta influencia en las decisiones de algunos jueces en ciertos procesos judiciales, especialmente en las investigaciones de varios secuestros. Actualmente, la Asamblea ha girado una nueva invitación para el 18 de diciembre; de no corresponder a ésta, Tenorio podría verse obligado a asistir por la Policía. Y es que, según la Comisión Especial que investiga los fallos de la CSJ, se ha comprobado que Tenorio violó la Constitución al modificar el cuestionario que sería enviado al ex comandante guerrillero Joaquín Villalobos. Algunos diputados dieron su opinión al respecto. Kirio Waldo Salgado, del PLD y presidente de la Comisión Especial, acusó a Tenorio de "desobediente". Por su parte, Dagoberto Marroquín, del PCN, coincidió con Salgado al decir que Tenorio "está obligado a comparecer". Según ellos, ya no se trata de una invitación, sino de una comparecencia fundamentada en el artículo 132 de la Constitución de la República. Además del citatorio, se envió otra solicitud a la CSJ para que envíe una copia del acuerdo tomado para modificar el cuestionario de Villalobos (LPG 25.11 p.24).

RESPUESTA. Ante el ultimátum interpuesto por la Asamblea Legislativa para hacer responder al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Tenorio, éste aseguró que no comparecerá ante los diputados de la Comisión Especial. "No nos sentimos obligados a aceptar este tipo de invitaciones. El tipo de atribuciones que tiene esa Comisión son, a juicio nuestro, no constitucionales", manifestó, a la vez que dijo contar con el apoyo de los magistrados de la Corte. Esto es, según él, motivo suficiente para no asistir a la interpelación. Al respecto, el diputado Kirio Waldo Salgado, del PLD, expresó que esta actitud podría significar una variación en el curso de las investigaciones de la Comisión. Agregó que, de comprobarse que la modificación del cuestionario que se enviaría al ex comandante guerrillero Joaquín Villalobos fue firmada por todos los magistrados, todos ellos serían acusados de violar la Constitución de la República. "Como ciudadano sí puedo ir, pero en la condición de presidente del Órgano Judicial y de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional, no", argumentó Tenorio. Asimismo, dijo que un grupo de diputados no tiene el poder de juzgar las actuaciones, fallos y autoridad de otro Órgano del Estado, calificando la actitud de los diputados como "absurda" (DH 27.11. p.6).

VIOLENCIA. En el marco del "Día Internacional de la no Violencia contra las Mujeres", celebrado el 25.11, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) informó que, entre 1995 y 1997, los efectos máximos de la violencia intrafamiliar se triplicaron. Según explicó, aunque la cifra de muertes por agresiones disminuyó, la de golpes y daños psicológicos aumentó. Por su parte, el director del Programa de Saneamiento de la Relación Familiar (PSRF), Enrique Valdez, afirmó que desde que se inauguró este programa, en marzo de 1995, hasta agosto del presente año, se han atendido 36 mil 884 víctimas de la violencia intrafamiliar en estado crítico; tres de cada cuatro de estas víctimas son mujeres. Estas, generalmente, denuncian violencia física y psicológica, mientras que en los menores las agresiones son de tipo sexual. Existen también casos de hombres víctimas de violencia física. Se sabe que San Salvador y Soyapango son los municipios en los que reside el mayor número de agresores. El PSRF, coordinado por el ISDEMU, trabaja con un sistema multidiciplinario e interinstitucional que involucra a 12 entidades gubernamentales. "Muchos creen que es por la vía legal por donde se deben solucionar estos problemas, pero la experiencia nos ha demostrado que es por vía social", explicó Valdez (LPG 25.11 p.4).

ARENA. El partido ARENA continúa su campaña proselitista, esta vez el candidato presidencial por este partido, Francisco Flores, visitó a los ciudadanos de San Pedro Perulapía, para exponer la segunda parte de su plan de gobierno. Flores comentó que uno de sus principales propósitos es la descentralización de los servicios de agua, luz, telefonía y vivienda. Esto, según dijo, se logrará promoviendo la mayor participación de las comunidades; fomentando la participación directa de la ciudadanía, la empresa privada y las Organizaciones no Gubernamentales. Flores dijo que su plan enfoca especialmente el problema del agua. Según él, se necesita una organización institucional diferente a la actual. "Creemos que ANDA [Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados] debe convertirse en un ente que haga la política del agua"; es decir, que ANDA deje de ser quien administre y distribuya el líquido. El candidato aseguró que no se trata de una privatización, sino que la nueva política definirá las zonas en las que "es mejor que [el agua] la administren las comunidades, el gobierno, los privados". Por otro lado, Flores ofrece impulsar la promulgación de la Ley del ordenamiento Territorial y un Política de Vivienda. "Debemos ponernos de acuerdo sobre el uso del territorio . Qué es lo que irá a vivienda o a medio ambiente", afirmó Flores (LPG 27.11. p.28).

DONACION. La primera dama de México, Nilda Patricia de Zedillo, donó a los gobiernos de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala $9.6 millones, de los cuales $1.4 millones (equivalentes a más de 13 millones de colones) fueron destinados a El Salvador. Honduras recibió la cantidad de $4 millones; Guatemala $1.4 millones, mientras que Nicaragua obtuvo $2.9 millones. Dichos montos fueron entregados en concepto de ayuda a los damnificados por el huracán "Mitch". La primera dama organizó en su país una campaña de solidaridad denominada "México ayuda a Centroamérica", que se llevó a cabo del 11 al 25 de noviembre. Esta sirvió, además, para la distribución de 30 mil alcancías en las escuelas y se emitieron bonos deducibles de impuestos. Según explicó Zedillo, junto a la primera dama salvadoreña, Elizabeth de Calderón Sol, "más de dos millones de dólares fueron aportados por la niñez mexicana, a través de la red de escuelas públicas e infantes de bajos recursos". Por otra parte, Zedillo declaró: "por experiencia propia conocemos el valor de la ayuda solidaria", refiriéndose a las tragedias naturales que han azotado a México. El Presidente de la República, Armando Calderón Sol, durante las palabras de bienvenida , exaltó "la disposición incondicional de la señora de Zedillo durante las actividades de recaudación" (LPG 28.11 p.5 y DH 28.11 p.6).

FMLN. El candidato presidencial por la coalición FMLN-USC, Facundo Guardado, se reunió, el 28.11, con la directiva y el alcalde municipal de la ciudad de Soyapango, para promover los propósitos de su plan de gobierno. Guardado reafirmó ser "la opción del cambio", a la vez que expresó que "el candidato arenero viene ofreciendo más de lo mismo y la gente ya no quiere otros cinco años de ARENA". Facundo aseguró que "cada centavo pagado en impuestos les será devuelto [a los salvadoreños] en educación y salud". El coordinador del FMLN, Francisco Jovel, dijo que son estos dos rubros los que presentan más demanda de la población. "Estamos promoviendo un carácter gratuito de estos rubros", expresó. Por su parte, José Antonio Guardado, de la USC, dijo que su compromiso está centrado en "erradicar la pobreza, combatir la delincuencia y los delitos de cuello blanco". Asimismo, se centrarán esfuerzos en la juventud, el sector femenino, la seguridad ciudadana y la aplicación de la ley con severidad. El alcalde de Soyapango por el Frente, Manuel Aguilar, expresó que para cambiar la situación actual del país "se necesita un gobierno descentralizado que le dé empuje al pueblo salvadoreño". Según él, el FMLN tiene "la fórmula presidencial para satisfacer las necesidades de la gente". Aguilar dijo que esta reunión fue el inicio del proselitismo en ese municipio (DH 29.11 p.6).