Año 18

Número 810

Junio 10

1998

ISSN 0259-9864

 

Editorial El pensamiento único

Economía Reestructuración de la CEL

Regional Desmilitarización en Honduras (II)

Internacional Maquilas en la frontera norte de México

Opinión Pública Los Salvadoreños evalúan el desempeño del Ejecutivo, de la Asamblea y de la Alcaldía capitalina (II)

Derechos Humanos Dos informes (I)

Noticias

En la sección final del discurso presidencial del 1 de junio —a la cual, por cierto, no se ha prestado ninguna atención— se exponen algunas ideas que pueden ayudar a entender el tono idealista del texto y el planteamiento general que el gobierno tiene sobre el país. Ahí, el Presidente Calderón Sol afirma estar convencido de que El Salvador avanza "inexorablemente hacia la realización de su grandioso destino". Esto quiere decir al menos dos cosas: que ninguna fuerza le impedirá alcanzar ese destino y que éste le está garantizado, siempre y cuando se continúe aplicando la política actual. Sin embargo, el discurso no describe el contenido de ese destino ni su grandiosidad. Se limita a referirse a él utilizando una fórmula muy genérica: "Nuestro nuevo El Salvador". Es necesario especificar en qué consiste esa novedad para saber si es lo que conviene a las mayorías salvadoreñas.

Reestructuración de la CEL

Uno de los componentes más notables del proceso de privatización durante 1998 ha sido la venta de las compañías distribuidoras de energía eléctrica. A partir de lo anterior, no resultaba descabellado esperar una profundización de la privatización en el sector energía eléctrica, pasando de la distribución hasta la generación.

Esta posibilidad fue descartada recientemente por el Presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Guillermo Sol Bang, quien anunció una reestructuración institucional que, según él, no necesariamente implica su privatización. De acuerdo a la misma fuente, lo que se pretende es cumplir con el mandato de la Ley General de Electricidad de modernizar la institución, mejorar su eficiencia y disminuir los precios para el consumidor final.

Según la propuesta de reestructuración de CEL, se crearían cuatro empresas diferentes que manejarían los recursos con que cuenta CEL, así: Bajo Lempa, que comprende las represas 5 de noviembre y 15 de septiembre; Alto Lempa, que comprende las represas de Guajoyo y de Cerrón Grande; Parque Térmico, que comprende los generadores de Acajutla, Soyapango y San Miguel; y el Parque Geotérmico, con pozos en los municipios de Berlín y de Ahuachapán. CEL sería siempre la propietaria de las cuatro empresas, pues, de acuerdo a Sol Bang, "no tenemos ningún plan de privatizar la generación, que es a lo que se va a quedar CEL"; agregó, además, que "si la decisión política de privatizar se da, va a ser mucho más fácil. Sería un caso similar al que se dio con las distribuidoras."

Sin embargo, según el funcionario, los asesores de CEL recomendaron "que el gobierno no se deshaga jamás de su generación (de energía eléctrica) con recursos naturales"; es decir, los medios geotérmicos e hidráulicos. Esto implicaría que la privatización de la generación por estos medios es desaconsejable, aun desde el punto de vista de los asesores en materia de privatización de CEL.

Cabe aclarar a este punto que la reestructuración de CEL no implica en realidad que se estén cerrando las puertas para la entrada del sector privado al negocio de la generación eléctrica. De hecho, según la misma CEL, existen al menos tres compañías extranjeras interesadas en venir al país a invertir en la generación eléctrica por medios térmicos; es decir, con plantas a base de combustibles derivados del petróleo. De hecho, ya existe en El Salvador una empresa privada de generación de este tipo.

Al margen de las posturas de los asesores de CEL, pueden señalarse dos elementos que dificultarían la venta de las empresas generadoras: primero, la escasa vida útil que les resta a las represas hidroeléctricas; y, segundo, que la concesión del uso de los recursos naturales implica privatizar los beneficios de la generación eléctrica y socializar sus elevados costos sociales y ambientales. De acuerdo a estudios elaborados a principios de la década de 1990, la principal represa construida en el río Lempa, la de Cerrón Grande, experimentaba un azolvamiento anual promedio de 13.6 millones de metros cúbicos, lo cual implicaba una vida útil restante de 18 años. Similar o peor situación enfrentarían las restantes tres represas construidas en el curso del río Lempa, debido a que no ha existido de parte de CEL un plan de manejo de las riberas de los embalses tendientes a disminuir los flujos de sedimentos y preservar los recursos naturales. CEL ha observado, más bien, una práctica legalizada de depredación indiscriminada de los recursos naturales para la generación de electricidad.

Por otra parte, pretender vender los recursos de generación hidráulica y geotérmica sería una iniquidad, porque trasladaría a manos de unos pocos beneficios que se han conseguido en base a elevados costos económicos, sociales y ambientales que han sido pagados por la sociedad en su conjunto. Las represas, por ejemplo, han implicado, entre otras cosas, endeudamiento externo, pérdida de tierras fértiles, pérdida de recursos forestales, pérdida de infraestructura, desplazamientos poblacionales y empeoramiento de las condiciones de vida de la población local.

Dando por ciertas las declaraciones de Sol Bang, según las cuales, al menos por el momento, no se proyecta la privatización de las empresas generadoras de energía, cabe hacer algunas reflexiones sobre las implicaciones que sobre los precios al consumidor podría tener el plan de reestructuración de CEL. Aun cuando con la reestructuración de la autónoma se lograran reducir los precios de la energía eléctrica, no existe garantía de que los precios al consumidor final observen el mismo comportamiento, ya que existen distribuidoras de energía, recién privatizadas, que son las que al final fijan el valor del servicio de energía eléctrica. Estas podrían ampliar sus márgenes de ganancia manteniendo sus precios al consumidor constantes y pagando un menor precio a las empresas de CEL. Pese a que la ley regula estos márgenes de ganancia, la posibilidad de manejos fraudulentos continúa latente. De hecho, se han dado casos recientes de alzas injustificadas en las tarifas de energía eléctrica por parte de las distribuidoras recién privatizadas. Peor aún, existen planes elaborados para elevar sustancialmente las tarifas (Proceso, 808).

La modernización anunciada por CEL está en clara contradicción con las prácticas que se han desarrollado en el caso del sistema financiero, los ingenios, activos del INCAFE y, más recientemente, las distribuidoras de energía eléctrica. En estas últimas, la consigna ha sido la venta de los activos sin considerar —ni de lejos— la posibilidad de modernizar la administración de las empresas estatales. Así, en la práctica, los gobiernos de ARENA han equiparado el concepto de modernización al de privatización.

Muy probablemente, los que dogmatizan la privatización y la consideran como la panacea para el subdesarrollo, estarán en franco desacuerdo con que CEL mantenga sus activos, pues la defensa de la privatización supone aceptar que el Estado es ineficiente por naturaleza. Lo cierto es que el proceso de reestructuración de CEL es la primera medida adoptada por el gobierno que apunta hacia una modernización del Estado más amplia.

Hasta ahora el gobierno no había considerado la posibilidad de que las empresas estatales pudieran reestructurarse de manera que se volvieran más eficientes, sin necesidad de ser trasladadas a manos privadas. En realidad, es altamente cuestionable que el gobierno se haya deshecho de empresas rentables como las distribuidoras de energía eléctrica, los ingenios y hasta el mismo sistema financiero, y que, en la actualidad, pretenda deshacerse de otras, como por ejemplo la encargada de las telecomunicaciones.

La anunciada reestructuración de CEL es un buen momento para desideologizar el proceso de privatización, porque podría revelar que es posible que el Estado opere eficientemente sus empresas, ofrezca bajos precios al consumidor y, a la vez, genere ingresos no tributarios para el mismo Estado. Falta por ver, empero, si existe verdadera voluntad política en ARENA para implementar un verdadero proceso de modernización en CEL o si su reestructuración responde solamente a una estrategia preelectoral que no implica un abandono de las posturas ideológicas propias del partido de gobierno.

Desmilitarización en Honduras (II)

En Honduras, al igual que en todos los países del istmo donde los cuerpos de seguridad estuvieron bajo las órdenes del ejército, los índices delincuenciales se mantuvieron bajos por temor a un aparato represor institucionalizado, que contaba con la presencia de sectores militares en la dirección de los principales organismos del Estado. De hecho, no existían las condiciones, ni económicas ni políticas, que dieran paso al establecimiento de un estado de bienestar social que frenara desde sus raíces al problema de la delincuencia; en este contexto, mucho menos se podían hacer viables las garantías mínimas de seguridad ciudadana que generaran confianza hacia dichas instituciones. En este marco, por un lado, los delincuentes corrían el riesgo de recibir el mismo trato aplicado a cualquier "subversivo" que cayera en las manos de la justicia; y, por el otro, quienes dirigían los cuerpos policiales se dedicaban a organizar "argollas", familiares y de amigos, alrededor de los puestos que ocupaban.

En este sentido, la relación que algunos analistas independientes de Honduras establecen entre el aumento de la delincuencia (especialmente el crimen organizado) y el traspaso de los cuerpos de seguridad a manos del poder civil parece no ser antojadiza: el hecho de que dichas instituciones estuvieran bajo las órdenes del ejército hizo que sus funciones prioritarias apuntaran hacia la persecución y represión de los focos de insurgencia política o armada. La atención hacia los problemas de corrupción, presentes en todas las instituciones del Estado, pasó desapercibida para las autoridades, puesto que quienes se llenaban los bolsillos participando de actividades al margen de la ley eran, en su mayoría, militares de alto rango. Es en este escenario que cobra relevancia la instalación e institucionalización de la Policía Nacional Civil (PNC) como único cuerpo de seguridad encargado, al margen del poder militar, de velar por el mantenimiento del orden.

Cuando el nuevo cuerpo policial inició su funcionamiento, en octubre de 1997, el Congreso nacional, el Poder Ejecutivo y representantes de la sociedad civil iniciaron un proceso de debates acerca de la creación de una normativa legal que regulara tanto el nivel administrativo como el operativo de la institución. Dicha ley no debería descuidar la meta central del proceso de institucionalización de la PNC: crear una policía independiente del poder militar y subordinada al poder ejecutivo. Hasta el momento, el anteproyecto que contempla la unificación de la policía bajo la administración de un Ministerio de Seguridad Pública aún por formarse, no ha logrado disipar los reclamos de varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, que ven en las reformas planteadas una maniobra para cederle el control a los militares sobre las nuevas instituciones policiales.

En principio, el anteproyecto se ha elaborado a partir de tres borradores presentados por el jefe de las Fuerzas de Seguridad Pública, antiguo cuerpo policial subordinado al control militar. Todavía no se ha dicho nada acerca de la relación que existirá entre el Ministro de Seguridad y el Consejo Superior del ejército. Además, con la unificación de los cuerpos policiales se podría estar dando un golpe bajo a la recién formada Dirección de Investigaciones Criminales (DIC) —unidad adscrita al Ministerio Público y considerada por muchos como la policía más confiable del país—, que sustituyó a la controvertida División de Inteligencia Nacional, luego de que a esta última se le relacionara con crímenes cometidos durante los años 80. Sumado a esto, todavía existen desacuerdos en torno a la persona que ocupará la titularidad del Ministerio de Seguridad. Todo parece indicar que existe un sector radical del ejército empeñado en obtener el cargo, sector que estaría presionando fuertemente al Presidente Carlos Flores Facussé.

Por el momento, nada asegura que las influencias del sector militar no van a ser encauzadas a través de un nuevo tipo de estructura gubernamental, sólo en apariencia sometida al mandato presidencial. En este sentido, lo primero que hay que poner al descubierto en el proceso de desmilitarización en Honduras es la influencia y privilegios que poseen los altos mandos del ejército. Ello hace perentoria la depuración de elementos del ejército, activos o retirados, que se mantienen dentro del aparato estatal y que desde allí obstaculizan el proceso de civilización de la sociedad hondureña.

Maquilas en la frontera norte de México

El Proyecto de Industrialización de la Frontera, dio inicio, en 1965, a la construcción de un sector de maquiladoras en la frontera EEUU-México. Desde la devaluación del peso en 1994, el número de maquiladoras se ha doblado y en la actualidad, hay más de un millón de trabajadores empleados en el sector.

No obstante, la inexistencia de regulaciones ambientales y laborales en la industria fronteriza de la maquila ha dado pie tanto a la degradación del medio ambiente como a la explotación de los trabajadores. Estos últimos experimentan problemas de salud y seguridad a causa de las precarias condiciones de trabajo en las que se desempeñan. Asimismo, los salarios pagados en ellas son más bajos ahora que en 1982. En promedio, los obreros ganan entre $25 y $35 dólares a la semana.

A lo anterior hay que añadir que, de acuerdo a una opinión muy generalizada, los sindicatos de México no representan los intereses de los trabajadores. Empero, para entender el sindicalismo en las maquilas hay que entender cómo funcionan los sindicatos en México: muchos de ellos pertenecen a la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) que es un instrumento del Partido Revolucionario Institucional (PRI) —el partido político que ha gobernado México desde 1938.

Sin embargo, los sindicatos de las maquilas varían en su eficacia y en su autonomía respecto del PRI. En el oeste de la frontera (Sonora y Baja California), los trabajadores sostienen que los sindicatos son "fantasmas", porque los afiliados pagan las cuotas, pero no conocen al delegado ni al representante del sindicato. En el medio de la frontera, hay sindicatos que tratan de representar a los obreros, pero no enfrentan las políticas del Estado que mantienen los sueldos bajos. En el este (Tamualipas) hay sindicatos, aun de la CTM, que han presionado para mejorar los salarios; con todo, no han tenido mucho éxito en mejorar las condiciones de trabajo en las plantas maquileras.

Como puede verse, la situación de los trabajadores en la frontera norte de México es grave. Ciertamente, las condiciones son difíciles, pero existen algunos esfuerzos orientados a enfrentar los problemas. Algunos grupos de trabajadores, a veces con el apoyo de ONG's, grupos internacionales y grupos de base, han desarrollado algunas estrategias de resistencia, las cuales dependen de cómo perciben el contexto especifico en el que se mueven, el nivel de organización de los trabajadores y su relación con grupos defensores de sus derechos.

Una cosa es indiscutible: los obreros saben que la mayoría de los sindicatos no representan sus intereses. Por eso, buscan formas de mejorar su condiciones del trabajo directamente a través de actos coercitivos: presionan a sus supervisores y a la gerencia a respetar la ley federal de México; forman grupos de resistencia que desarrollan estrategias para la defensa de sus derechos, sin arriesgar su empleo; y se unen para reclamar mejoras laborales en la maquila.

En algunos lugares, los obreros han decidido presionar a su sindicato para que éste les represente mejor. Por ejemplo, obreros en Matamoros presionaron a su sindicato para aumentar los salarios y, en 1983, éste otorgó aumentos en los salarios para todos los obreros en el sector maquila de la ciudad. Esto fue posible porque el líder de este sindicato no tenía que enfrentar al PRI, aunque era dirigente de un sindicato afiliado al CTM, y porque es la única ciudad de la frontera en la que los empleos de las maquilas son controlados, conjuntamente, por el sindicato y los administradores de las fábricas.

Otros grupos de trabajadores han tratado de formar un sindicato independiente para representar sus intereses. En algunos de estos casos, los obreros han buscado apoyo de defensores internacionales. Así, en Piedras Negras, fue creado un sindicato independiente en la maquila Carrizo, en la cual se ganan los mejores salarios de la ciudad. Ahora mismo, en la maquila Han Young, en Tijuana, los trabajadores están luchando por formar un sindicato independiente. Este esfuerzo es apoyado por el Frente Auténtico de Trabajadores (FAT), que fomenta el establecimiento de sindicatos independientes en la frontera. Reciben, además, apoyo de sindicatos de Canadá y los Estados Unidos.

Ante las precarias condiciones laborales en las maquilas, los trabajadores buscan estrategias para mejorar su situación. Es indudable que cualquier estrategia para mejorar las condiciones laborales en las maquilas tanto en México como en América Latina en general debe plantearse los siguientes aspectos: 1) ¿Cómo es el contexto político local? Por ejemplo, ¿de qué naturaleza es la relación entre los sindicatos y el gobierno? 2) ¿Qué tanto están organizados los trabajadores? y 3) ¿Cómo se integran grupos internacionales en sus estrategias?

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Colaboración de la investigadora estadounidense Kati Griffith. Universidad de Arizona.

Los Salvadoreños evalúan el desempeño del Ejecutivo, de la Asamblea y de la Alcaldía capitalina (II)

El sondeo también dedicó una parte a evaluar el trabajo de la Alcaldía Municipal de San Salvador por su primer año de gestión. Para ello, la pesquisa incluyó una sobremuestra de 361 entrevistas en el municipio de San Salvador que se procesaron aparte de la encuesta nacional.

Algo más de la mitad de los capitalinos, el 54.8 por ciento, evaluó de forma positiva el trabajo de la Alcaldía de San Salvador; una cuarta parte, el 24.4 por ciento, lo calificó de regular y de 20.5 por ciento lo señaló como malo o muy malo. Sin embargo, cuando se preguntó a los vecinos de la capital si el Concejo Municipal de San Salvador está cumpliendo o no sus promesas de campaña, la encuesta encontró una opinión relativamente dividida al respecto: el 51.8 por ciento considera que el Concejo no cumple sus ofrecimientos, mientras que un 43.8 por ciento dijo que sí los está cumpliendo y el resto se abstuvo de contestar.

Finalmente, se preguntó a los ciudadanos que residen en San Salvador sobre el principal problema que debería resolver la Alcaldía de San Salvador. Las respuestas más frecuentes señalan el ordenamiento de las ventas ambulantes del centro de la ciudad (28.8 por ciento), la adquisición de un buen relleno sanitario (20.2 por ciento), el mejoramiento de los servicios municipales (14.7 por ciento) y el mejoramiento del sistema de recolección de basura (14.1 por ciento), entre otras respuestas.

En síntesis, la encuesta de la UCA revela que la evaluación que los salvadoreños hacen de las autoridades nacionales y locales al cumplir un período más en funciones no es la misma. Basados en una escala de 0 a 10, se pidió a los ciudadanos que pusieran una nota para calificar al presidente, a la Asamblea Legislativa y al alcalde de San Salvador. Los salvadoreños contestaron adjudicando una nota promedio de 5.14 al presidente Armando Calderón Sol; la Asamblea Legislativa fue calificada con una nota levemente superior: 5.74. Finalmente, los residentes del municipio de San Salvador asignaron un promedio de 6.32 al alcalde Silva.

Aparte de la evaluación de las autoridades del país, el IUDOP dedicó parte del sondeo para medir las preferencias políticas de los ciudadanos en la actualidad, esto es, a finales del mes de mayo de 1998. Preguntados de forma abierta sobre el que consideran el mejor candidato a la presidencia de la república para las elecciones de 1999, la mayor parte de los consultados, el 65.9 por ciento, no quiso o no pudo identificar a un personaje. Entre los mencionados destaca Francisco Flores con 12.9 por ciento; seguido de Victoria de Avilés, con un 4.7 por ciento; Armando Calderón Sol, con 3.2 por ciento, Rubén Zamora, con 2.7 por ciento y Alfredo Cristiani, con 2.4 por ciento, entre otros personajes. Se debe destacar que esta pregunta se hizo de forma abierta y sin vincular a los nombres con algún partido político, ello porque sólo existe un candidato designado formalmente para competir en las elecciones próximas.

También se preguntó a los salvadoreños sobre su preferencia partidista si las elecciones tomaran lugar el "próximo domingo". Los ciudadanos muestran un virtual empate entre los partidos más grandes, mientras que el resto de partidos no recogen opciones de manera significativa. El 23.6 por ciento de los consultados votaría por ARENA; en cambio, el 23.4 por ciento lo haría por el FMLN y un 4.4 por ciento lo haría por cualquier otro partido. Sin embargo, persiste un importante porcentaje de la población que no votaría por partido alguno (23.7 por ciento) o que no sabe por cual votaría (24.9 por ciento). La misma encuesta de la UCA reveló que la gente piensa que los dos partidos más grandes tienen iguales probabilidades de ganar las elecciones.

En resumen, la opinión de los salvadoreños sobre el cuarto año de gestión de Armando Calderón Sol no presenta grandes novedades respecto a compulsas anteriores. Los salvadoreños siguen sin ver cambios positivos de importancia en el país como producto de la administración del Ejecutivo; más bien, la última encuesta del IUDOP de la UCA muestra a una población más preocupada por la responsabilidad del gobierno en la atención a los grandes problemas del país, aspectos en los cuales no ven mejora o incluso ven deterioro. Aunque en términos comparativos y generales, el gobierno recibe opiniones más favorables que en años anteriores, persisten las declaraciones de reprobación en los aspectos concretos, sobre todo en la economía, y eventos como las Base para el Plan de nación fueron completamente ignorados a la hora de juzgar el comportamiento gubernamental.

De alguna forma los datos muestran que los juicios más severos en contra del gobierno han pasado ya –éstos alcanzaron su máxima expresión entre los años 95 y 96-; pero tampoco se encuentran opiniones consistentes que hagan pensar que los ciudadanos se encuentran satisfechos con lo que hace el Ejecutivo.

Por otro lado, la Asamblea Legislativa recibe una evaluación más favorable; aunque frente a los ojos de la gente común su desempeño no parece destacarse respecto a parlamentos anteriores.

Por su parte, la actual administración de la Alcaldía de San Salvador tampoco se destaca por las opiniones positivas de los capitalinos. Pese a que recibe las evaluaciones más altas de las tres instancias evaluadas en el sondeo de la UCA, los datos revelan que los residentes de la capital no encuentran grandes logros como tampoco hallan grandes fracasos en el primer año de gestión de Héctor Silva. Más bien, los consultados se presentan a la espera de las acciones del Concejo Municipal actual, sobre todo en lo que respecta al ordenamiento del centro de San Salvador y al mejoramiento de los servicios prestados por la alcaldía.

Finalmente en el ámbito de las preferencias políticas, la mayoría de los ciudadanos sigue mostrando indiferencia. Más de la mitad de los salvadoreños no está pensando en los posibles candidatos a la presidencia del 99 y alrededor de la mitad de los consultados no escogen un partido de preferencia. Francisco Flores, Victoria de Avilés y algunos políticos que ya han jugado a ser candidatos presidenciales son los que evocan los salvadoreños al consultarles de forma abierta sin sugerir nombres. ARENA y el FMLN mantienen una cerrada disputa por las preferencias de los salvadoreños interesados en la política, equilibrio que podría romperse dependiendo de la definición de las fórmulas presidenciales de cada uno de los partidos.

San Salvador, 29 de mayo de 1998.

Dos informes (I)

El recién pasado lunes 1 de junio, el doctor Armando Calderón Sol rindió cuentas a la Nación por cuarta vez desde que asumió la presidencia de la República. De esa manera, durante sesión solemne celebrada en el "Salón Azul" de la Asamblea Legislativa y a lo largo de los casi treinta minutos que duró su intervención, pudimos confirmar una cosa: no cabe duda que, por encima de los esfuerzos que realizó su equipo de asesores para maquillar lo sucedido a lo largo del año comprendido entre junio de 1997 y mayo de 1998, al mandatario le resultó imposible ocultar una realidad que ciertamente es bastante distinta.

Exactamente un mes antes, el viernes 1 de mayo, tuvimos la oportunidad de escuchar el informe sobre otra gestión gubernamental, sólo que a un nivel más local: la del señor Guillermo Rodriguez Chávez, en ocasión de cumplirse el primer año de su labor al frente de la comuna municipal en Nombre de Jesús, departamento de Chalatenango. Consideramos pertinente, desde la perspectiva de los derechos humanos, compartir nuestros comentarios sobre estos dos eventos.

Un buen argumento para sostener que existe cierto distanciamiento entre la retórica propia del ritual protocolario y lo que la gente se encuentra padeciendo es precisamente eso: la percepción de esta última. En ese sentido, un claro y actual indicador de la sensación popular al respecto son algunos de los resultados que arrojó la última encuesta realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (IUDOP); en ella se observa nítidamente que la mayoría de las personas abordadas no logró ubicar mejorías significativas a lo largo del penúltimo año del actual período presidencial. En esta nueva evaluación del público, Calderón Sol recibió un 5.14 de calificación. Si bien es cierto que ahora experimentó un muy leve incremento en relación a la nota que las y los salvadoreños le impusieron a su actuación del año anterior, el mandatario no logró obtener el visto bueno de la mayoría de la población que contestó el cuestionario.

En ese marco, de los pocos y verdaderos logros sustantivos que se le pueden adjudicar a la gestión de este Ejecutivo se encuentran, en primer lugar, algunos aspectos relacionados con el campo educativo. A ello sólo se agrega la bonancible situación del país en lo macroeconómico, aplaudida casi sólo por quienes resultan realmente favorecidos por ella; sin embargo y con sobrada razón, este aspecto es objeto de una crítica central bastante generalizada: el que no se haya logrado traducir en un bienestar real para la mayoría de la gente. Mientras tanto, se sigue apelando a la paciencia y el estoicismo de un pueblo que --entre los principales intentos para consolarlo y apaciguarlo-- únicamente escucha expresiones tales como: "hay que esperar que el rebalse de la riqueza llegue a los más pobres", "si no se hubiese controlado la inflación, la gente estaría en peores condiciones", "el problema es la destrucción de los terroristas durante la guerra"...

Para alivio del mandatario y su gabinete así como para la tranquilidad del partido político al cual pertenecen, acaba de comenzar el mundial de fútbol y con él tendrán más de un mes de respiro durante el cual la mayor parte de las personas --en el país y el mundo-- difícilmente estará pendiente de otra cosa que no sean las angustias por el triunfo de tal o cual selección, por lo que pudo haber sido este evento si hubieran participado Romario y Maradona, por las posibilidades de Brasil y Argentina de llevarse la copa o por la capacidad de los franceses para organizar esta justa, más comercial que deportiva. Mientras tanto, en el marco de una desmovilización ciudadana acentuada debido a la época, los mismos partidos políticos de siempre ya discuten en la Asamblea Legislativa la demagógica y peligrosa posibilidad de decretar un estado de emergencia para "enfrentar la delincuencia".

Y es que ciertamente es éste, junto con el problema económico, el mayor "talón de Aquiles" de la administración Calderón Sol. Al menos, así lo siente la población que no observa ninguna política gubernamental atinada --por integral y efectiva-- para minimizar los indicadores de violencia y criminalidad que la afectan y le impiden disfrutar el bienestar al cual aspira desde hace tanto tiempo. Así pues, entre lo que se conoce como "sociedad civil", la gente ubica el incremento de la delincuencia como el segundo mayor fracaso de este gobierno.

En medio de tantas promesas y frustraciones, sobresale cuando se le ofreció a las y lo salvadoreños que la caducada "Ley transitoria de emergencia contra la delincuencia y el crimen organizado" resolvería en buena medida la problemática; sin embargo, digan lo que digan, ahora estamos peor. Al respecto, el mandatario volvió a ofrecer más de lo mismo, pues dijo en su discurso que su gobierno estaba "fortaleciendo el combate a la delincuencia, aplicando la ley con el rigor que demandan las circunstancias y exige justamente la ciudadanía". Ese fue el tono de los tres párrafos que le dedicó al tema: es un serio problema y combatirla es un objetivo prioritario, firmeza para hacer cumplir la ley, etc.

Pero, cabe preguntarse, ¿cuáles han sido los resultados de esa "firme decisión"? No sabemos, porque no los mencionó; más aún, ni siquiera mencionó algo acerca de las causas identificadas por su administración para que estemos así. De esa manera, no estando enterados de cosas tan fundamentales como éstas, al referirnos a este tema sólo lo podemos hacer con lo que tenemos a la mano. Y eso nos arroja un saldo muy desfavorable en cuanto a la gestión del Ejecutivo, sobre todo en lo relativo a ciertos aspectos que atañen al cuerpo encargado constitucionalmente de garantizar el orden, la seguridad y la tranquilidad pública: la Policía Nacional Civil (PNC).

A partir de nuestra experiencia en la atención, asesoría y acompañamiento de casos concretos de violencia y violación a los derechos humanos, hemos podido constatar a lo largo del año y desde mucho antes las graves y preocupantes anomalías que --a pesar de todo-- subsisten dentro de la investigación policial; es más, quizás algunas de ellas se han hecho mucho más graves en la medida que transcurre el tiempo y crece el número de elementos sin que se adopten las medidas necesarias para superar dichos males.

Y hablamos, fundamentalmente, de los famosos "paquetes" que se "arman" al interior de la división especializada en esta materia o en otros espacios de la institución, obedeciendo determinados intereses particulares o en un afán irresponsable de resolver rápidamente el hecho, a veces quizás bajo la presión de los medios masivos de difusión; dentro de esa práctica destaca la utilización de "informantes" o "fuentes confidenciales" mediante las cuales hunden en la cárcel a personas inocentes y protegen a los verdaderos delincuentes.

Dentro del cuerpo o en la cartera ministerial encargada de la seguridad pública, seguramente no faltará quien se pueda molestar por lo anterior. Y como tenemos base para afirmarlo, no nos inquietan esas manifestaciones; lo que sí nos preocupa es, precisamente, que esa sea la respuesta que se acostumbre dar pues esa es otra parte del problema: las reacciones viscerales a las demandas que surgen y se presentan dentro o fuera de los tribunales, debido al deficiente o ilegal funcionamiento policial.

Así, pues, primero tenemos que se ordenan o toleran investigaciones fraudulentas; además, vemos que éstas no son investigadas adecuadamente por los mecanismos internos de control, ya sea por incapacidad de los mismos o porque no inspiran mayor confianza; y, por último, observamos que cuando esos fraudes procesales son descubiertos y denunciados por las víctimas y los organismos sociales que les sirven se cierran filas, se activa el espíritu corporativo y se recurre hasta la amenaza para evitar que prospere la posibilidad de hacer justicia.

No estamos hablando de nada nuevo pues a juicio del secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, con la PNC "se tomaron atajos que la situaron peligrosamente cerca de las prácticas del pasado". Eso lo dijo en su evaluación que hizo de los cinco años transcurridos desde que acabó la guerra; además, afirmó que "la reacción de las autoridades a la crisis causada por la ola delictiva no siempre fue caracterizada por una adhesión firme al fortalecimiento de la nueva fuerza policial". Y todavía más: "Se alentó la investigación de delitos por grupos situados al margen de la estructura institucional de la Policía Nacional Civil, en tanto que el Departamento para la Investigación del Crimen Organizado --una de las iniciativas más prometedoras de los esfuerzos de la Policía Nacional Civil para combatir la impunidad-- se vio considerablemente debilitado".

Por estas razones y otras propias de los problemas explicables que tiene la PNC debido a lo reciente de su creación y las condiciones en las que ésta ha tenido lugar, no se cuenta con una herramienta fundamental para enfrentar el fenómeno delincuencial y el crimen organizado. En ese marco, el Ejecutivo tiene en sus manos la posibilidad de enderezarle el rumbo que, poco a poco, se lo han ido desviando; de no hacerlo, se corre el peligro de llevarla hasta un lugar peligroso, muy lejos del espíritu y la letra del acuerdo de Chapultepec, de la Constitución de la República y de su ley orgánica. Ese es un gran desafío frente al cual el mandatario no estuvo a la altura durante su cuarto año de gobierno; le quedan menos de doce meses para encararlo de la mejor manera posible.

Desde la perspectiva de los derechos económicos y sociales, el juicio de la población es implacable: más del 50% de las opiniones recogidas por el IUDOP se inclinan a decir que, con el actual gobierno, la situación del país es peor que antes; en relación a la situación económica familiar, casi el 43% de las personas encuestadas sostiene que ha empeorado con la administración Calderón Sol. Pero esa percepción no coincide con la del señor presidente, para quien este país está lleno de oportunidades; lástima grande que la mayoría de las personas en él —sin mayores recursos económicos o sin ninguno, y sumida en el temor— no se encuentre en condiciones de aprovechar tales oportunidades.

Es cierto que al actual mandatario no le correspondió intervenir directamente en el cumplimiento del compromiso asumido por las partes firmantes del acuerdo de paz, relativo al Foro de Concertación Económica y Social. Con esa iniciativa y mediante el concurso de representantes gubernamentales, laborales y empresariales, se pretendía "lograr un conjunto de amplios acuerdos tendientes al desarrollo económico y social del país, en beneficio de todos sus habitantes". Como el Foro dejó de existir a finales de 1993 sin hacer mayor cosa para alcanzar ese gran objetivo, es obvio que la necesidad de su realización continuaba vigente y que la administración Calderón Sol debía hacer algo en ese sentido. Pero no fue así y, por ello, esa es la otra gran deuda no saldada que --junto con la violencia e inseguridad-- no impide la plena realización de los derechos humanos en nuestro país.

Sin duda, también en este rubro habrá quien salte para defenderse de lo que consideran un ataque injusto pues --desde la comodidad de sus despachos muy bien acondicionados-- consideran que en nuestro país ha habido una notable mejoría en lo que toca a la situación económica y social. Sin embargo, para comprobar lo contrario basta con salir a la calle con un sueldo mínimo en la mano a comprar los víveres para la subsistencia mensual de una familia salvadoreña promedio, para después regresar a distribuir lo que sobra en el pago de vivienda, salud, educación y vestido sin pretender disfrutar "lujos" tales como diversión y cultura; o basta con platicar un rato con las personas desempleadas que, desesperadas y sin mayor esperanza, no le ven salida a su situación. Para bien de todas y todos, no se deben seguir rechazando las críticas y los señalamientos o queriendo inútilmente maquillar la realidad, ya que eso equivaldría a --como bien dijo alguien-- "enojarse con el médico porque nos diagnosticó una grave enfermedad".

PRESTAMO. El préstamo de 58 millones de dólares destinado a invertir en la educación media fue ratificado, el 05.06, por la Asamblea Legislativa con 78 votos de todas las fracciones políticas, excepto del PLD y de los diputados independientes Julio Samayoa y Jorge Barrera, ambos del PDC. Los diputados del FMLN y la USC levantaron el veto que mantenían, tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Educación. Dicho acuerdo consiste en que los fondos serán destinados a la construcción de seis institutos nacionales —además de los 12 previstos en el convenio original— y la ampliación del número de becas, de 2 mil 340 a 3 mil 350, para estudiantes de escasos recursos. Este arreglo fue criticado por otros partidos. El secretario general del PLD, Kirio Waldo Salgado, acusó al FMLN de conformarse con mil becas más y seis institutos, olvidándose del endeudamiento externo que abanderó como razón para no apoyar la ratificación anteriormente. "Me confunde que Shafik Handal [jefe de fracción del FMLN] esté conforme, a no ser que exista algo más de fondo en esta negociación y que el resto de partidos desconocemos", agregó Salgado. Por su parte, la viceministra de Educación, Darlyn Meza, expresó que "el Ministerio se siente satisfecho del apoyo que brindaron los partidos políticos y del interés que mostraron las fracciones del FMLN y USC..." (LPG 04.06 p.5 y 05.06 p.5).

CEL. Como parte del proceso de reestructuración de la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL), cuatro sociedades anónimas operarán la generación de energía eléctrica en el país. Según el presidente de la institución, Guillermo Sol Bang, y el director ejecutivo de la misma, José Oscar Medina, el objetivo de la reestructuración de CEL es aumentar la eficiencia de la Comisión, para que pueda competir con el sector privado en el mercado energético. Asimismo, los funcionarios descartaron que entre los planes se contemple la privatización de CEL, aunque dijeron que "esa es una decisión política que no depende de nosotros sino del próximo gobierno". Sol Bang agregó que los asesores de la empresa han recomendado quedarse con el método de generación de energía por medios naturales, por lo que no se privatizará. Actualmente, CEL opera como "una sola cosa, con una sola producción y un solo ingreso", afirmó el presidente de la institución. Lo que se pretende es separar las cuatro "unidades de generación" para que empiecen a funcionar con sus propios presupuestos, agregó. Así, el 06.06, la transformación de la CEL fue oficializada y Sol Bang confirmó que la institución se deshará a corto plazo de las empresas distribuidoras para convertirse en "un ente puramente generador de energía eléctrica" (LPG 07.06 p.10 y 04.06 p.30).

PROCURADOR. La Comisión Política de la Asamblea Legislativa aumentó a 12 la lista de nombres de posibles candidatos para ocupar el cargo de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Según dijeron varios diputados, lo único que hace falta es un método para la elección, lo cual todavía está en discusión con cuatro propuestas para definir dicho método. Entre las personas que integran la lista se encuentran Gloria de Gavidia, Silvia Barrientos, Alvaro Campos, Mirna Castaneda, María Hortencia Cruz, Luis Dominguez Parada, Agustín García, Enrique Hayem Moreno, Eduardo Peñate y Marcel Orestes, entre otros. Rubén Zamora, diputado de Convergencia Democrática, explicó que los candidatos tienen la cualidad de contar con el apoyo de todas las fracciones políticas. Aparentemente, lo que se podría hacer con los doce nombres de la lista es reducirlos a dos, los cuales disputarán una final ante la consideración del pleno legislativo; si uno de ellos alcanza los 56 votos, este será el nuevo procurador. De no alcanzar ninguno de los dos el apoyo mínimo requerido por la ley, el FMLN y la USC se deben comprometer a respaldar al que haya obtenido el mayor número de votos. Otra opción para llegar a la elección sería apoyar entre todos los partidos a uno de los candidatos y llevarlo a votación en el pleno (LPG 04.06 p.4 y 05.06 p.4; DH 04.06 p.3).

AFECTADOS. Los afectados del fraude financiero de FINSEPRO-INSEPRO irrumpieron, el 04.06, en las instalaciones del edificio, como una nueva medida de protesta. "Ladrones, abran las puertas, todo lo que hay ahí adentro es nuestro, lo compraron con nuestro dinero", gritaban los presentes. Margarita de Orellana, una de las protestantes, declaró que su descontento se debía a una supuesta malversación en los fondos del fideicomiso creado para recuperar el dinero estafado. "Estamos seguros de que hay personas trabajando en este lugar y están ganando más de 40 mil colones de sueldo, están gastando casi medio millón de colones en sueldos, que bien nos podrían reintegrar", denunció Orellana. Los afectados le exigieron a la Corte de Cuentas de la República que efectúe una auditoría para saber qué está sucediendo con el dinero del fondo fiduciario. Un día después, los protestantes invadieron los predios del edificio de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). Una comisión de afectados se reunió con el superintendente, Francisco Bertrand Galindo, aunque, según informaron, no se obtuvieron mayores resultados. "No hemos avanzado mucho, sólo nos reiteraron que están buscando los bienes que ellos tienen, seguramente, en el exterior", declaró uno de los miembros de dicha comisión (DH 05.06 p.10 y 06.06 p.16).

FINANCIAMIENTO. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) modificó, el 08.06, los términos de un préstamo destinado a la inversión en las municipalidades, lo cual facilitará la ratificación de los fondos por parte de la Asamblea Legislativa, informaron fuente políticas. La reforma está orientada a que los alcaldes tengan la facultad de manejar directamente el capital, que corresponde al complemento del seis por ciento del Presupuesto General de la Nación. Complemento que será proporcionado en calidad de préstamo por el BID, con 3.6 millones de dólares, y por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con 24.4 millones de dólares. Los dos financiamientos forman parte de un paquete de créditos externos que aún no han sido aprobados por la Asamblea Legislativa. Los recursos de los préstamos serán asignados por el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), lo cual ha sido objetado por los diputados de oposición. Según el alcalde de Olocuilta y director de asuntos políticos de la Corporación de Municipalidades del El Salvador (COMURES), Marco Antonio Funes, con la modificación se propone delegar a las municipalidades y sus comunidades el manejo de 3.6 millones de dólares. Por su parte, el FISDL deberá ser el encargado de proporcionar asesoría técnica a los municipios en la elaboración de carpetas técnicas y en proyectos de infraestructura (LPG 09.06 p. 4).

SALUD. La Comisión Tripartita de los médicos del Seguro Social y la Comisión del gobierno, integrada por representantes del Ministerio de Salud Pública, iniciaron, el 08.06, la preparación de una agenda de trabajo y la creación de comisiones para discutir las soluciones a los problemas planteados en las pasadas negociaciones. Ambas comisiones se comprometieron a realizar tres reuniones semanales y a crear cinco comisiones que trabajen en recursos humanos, financiamiento, infraestructura, revisión de normas programáticas, entre otros. El representante de la Comisión Tripartita, Melvin Guardado, dijo que preguntaron a la Comisión gubernamental si el poder ejecutivo tiene la capacidad de resolver la problemática, para "no estar perdiendo tiempo". Las Comisiones acordaron algunos puntos, como las acciones inmediatas que tienen que ejecutar y los proyectos a los que les dedicarán más tiempo, para hacer propuestas nacionales. Guardado y el representante de la Comisión gubernamental, Carlos Rosales, afirmaron que las actitudes ahora serán enfocadas a un equipo de trabajo y no a oposiciones institucionales, en pro del propósito primordial que es "mejorar el sistema de salud de todo el país". Guardado opinó que lo más urgente son los medicamentos y equipo moderno para los hospitales (LPG 09.06 p.10).

EMERGENCIA. Los diputados de la Asamblea Legislativa impulsaron una propuesta para declarar estado de emergencia nacional por la ola de delincuencia que vive el país. Las fracciones políticas, en su mayoría, reclamaron la salida del Ejército a las calles para que combata a la delincuencia junto a la Policía Nacional Civil (PNC). El PDC solicitó a la Asamblea Legislativa, por medio de una pieza de correspondencia, que interceda ante el Organo Ejecutivo para que aplique planes a corto plazo en los que intervenga la Policía y la Fuerza Armada. Según explicaron los pedecistas, existe la posibilidad de capacitar a los militares para que acompañen a la PNC en la lucha antidelincuencial. Diputados de ARENA manifestaron su apoyo la idea del patrullaje combinado entre estas dos entidades. Por su parte, el FMLN se opone a involucrar a la Fuerza Armada, argumentando que la seguridad pública es, por mandato constitucional, responsabilidad exclusiva de la PNC. El ministro de Seguridad, Hugo Barrera, deberá explicar ante la Comisión de Seguridad si cuenta con un programa antidelincuencial de emergencia; en base a esto, y a otros puntos, se decidirá si el Ejército toma parte o no. Los diputados también pedirán al funcionario que especifique las acciones que se han adoptado para encarar los asaltos bancarios, violencia de maras, robo y otros delitos menores (LPG 10.06 p.6).