UCA

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Semanario Proceso

© 1997 UCA Editores


 



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Año 17

número 740



enero 8

     1997



ISSN 0259-9864





El informe de mitad de periodo del Presidente 

Armando Calderón Sol

El papel del sistema financiero en la economía nacional

A propósito de la crisis peruana

La firma de la paz en Guatemala

Pistas para la reconciliación y la paz

Acuerdo de paz firme y duradera

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El informe de mitad de periodo del Presidente 

Armando Calderón Sol

        

        El 1 de enero de 1997 el Presidente Armando Calderón Sol

se dirigió a la nación para evaluar el desempeño de

su gobierno a dos y medio de gestión estatal. Cuando

todavía los efectos del desvelo de la noche de fin de año

no habían pasado y cuando todavía resonaban en el ambiente

los mejores deseos que para el nuevo año amigos y familiares se

habían profesado al concluir 1996,  los salvadoreños

tuvimos que volver abruptamente la vista a la realidad del país,

pues el discurso presidencial lo hizo inexorable. Y ello no porque el

ciudadano presidente estuviese haciendo un balance objetivo de los

complejos problemas nacionales,  sino porque en sus palabras sólo

se dejaban escuchar logros y conquistas en los campos económico,

político y social, obviando  graves problemas que la segunda

administración de ARENA ha sido incapaz de enfrentar en la

primera mitad de su mandato.    

        En el campo político Calderón Sol volvió

una vez más sobre los Acuerdos de Paz, insistiendo en su

cumplimiento.  Asimismo, no olvidó, en este punto, el tema de la

■profundización del modelo democrático■, cuyo logro

más relevante es que ■hemos llegado a conformar una sociedad con

un alto grado de libertad■. Ni una palabra sobre la postergada reforma

económica  ni sobre los conflictos potenciales que la no

realización de la misma  puede encerrar ni sobre el bloqueo

empresarial a la instauración del Foro de Concertación

Económico Social ni, menos aún, sobre la incompetencia

gubernamental para contener la voracidad empresarial. Tampoco el

Presidente de la República creyó oportuno mencionar los

peligrosos obstáculos que ha enfrentado el proceso de

instauración democrática; obstáculos que, en gran

medida, han provenido de las propias esferas estatales desde las cuales

se han promovido comportamientos autoritarios de la más diversa

naturaleza.

        A nivel jurídico, lo más importante es el

■fortalecimiento del Estado de derecho■,  lo cual requiere ■hacer de la

Policía Nacional Civil una institución que verdaderamente

proteja a la población, con estricto apego a las leyes■. 

¿Cómo se ha logrado esto? Pues el Presidente Calderón

Sol explica que ello se ha logrado aumentando el número de

efectivos policiales, enfrentando drásticamente a la delincuencia 

y cumpliendo los compromisos internacionales en el campo del respeto a

los derechos humanos. Sobre este último punto las dudas sobran,

puesto que las obreras en las maquilas o los niños de la calles -

cuyos derechos han sido y son violentados cotidianamente sin que el

Estado haga algo para defenderlos- ponen de manifiesto la debilidad del

discurso del Presidente de la República. 

        Pero si con la bandera de los derechos humanos el gobierno no

queda en buen pie, peor queda cuando asocia el fortalecimiento del

Estado de derecho con el crecimiento de la PNC y con lo eficaz de la

lucha contra la delincuencia. La policía puede crecer y ser

eficaz en el combate de la delincuencia, pero de ello no se sigue, ni de

lejos, un fortalecimiento del Estado de derecho. Para que ello sea

así la policía, como sostiene Calderón Sol, tiene

que proceder con apego a la ley. Mas no sólo eso: también

tiene que estar impregnada de valores democráticos. Y ello,

ciertamente, no puede darse por seguro. Los excesos de violencia que han

caracterizado a la PNC, así como la presumible existencia de

organismos paralelos en su interior, hacen sospechar de su

vocación democrática. Empero, el Presidente de la

república no dijo ni una palabra sobre esto, al igual que

pasó de largo sobre la corrupción en el seno del

órgano judicial, lo cual es un impedimento  para avanzar en la

consolidación de un Estado de derecho.  

        Sobre la situación económica, el Presidente

Calderón Sol, tras tener un atisbo de sinceridad -al reconocer

que 1996 ■fue un año difícil, ya que hemos sufrido un

periodo de desaceleración■- volvió a uno de los lugares

comunes de las valoraciones oficiales: ■a pesar de la

desaceleración, la economía creció 3 por ciento en

1996, y todos los indicadores económicos muestran resultados

positivos■.  Por supuesto, no podía faltar la alusión al

ejemplo por excelencia de la bonanza económica nacional:  el

sistema financiero, de cuya fortaleza -según el ciudadano

Presidente- debemos sentirnos orgullosos todos los salvadoreños,

■los trabajadores, los campesinos y los empresarios■. Esto último

es hasta risible, porque ni los trabajadores ni los campesinos tienen

razones para enorgullecerse de un modelo económico que los hunde

en la miseria; y también lo es porque los grupos empresariales no

se han beneficiado en conjunto y por igual de los logros

económicos, como lo han puesto en evidencia las protestas y

presiones de los agricultores y los industriales. 

        En el  campo social,  donde el compromiso del gobierno de

Calderón Sol dice ser ■más profundo■, los éxitos de

los que hace alarde el Presidente de la República se ubican

únicamente en el sector educativo.  Indudablemente es en esta

área en donde sí se puede hablar de un desempeño

encomiable de una instancia estatal, lo cual dice mucho del trabajo y de

la capacidad de la Ministra de Educación, sin cuyo empeño 

la reforma educativa no hubiera visto la luz. Justamente la experiencia

del Ministerio de Educación es la excepción que confirma

la regla de un desempeño gubernamental francamente ineficiente. 

        Como muestra de ello están la Administración

Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y el Ministerio de Obras 

Públicas (MOP). De la primera el Presidente Calderón Sol

enumera los proyectos que ha ejecutado y la cobertura de las obras de

agua y alcantarillado. Olvida, sin embargo, el grave hecho de la

contaminación del agua, así como también el del

agotamiento de los recursos hídricos, sobre lo cual ANDA se ha

mostrado totalmente incompetente para dar una solución adecuada.

Del  MOP Calderón Sol menciona las obras en carretera realizadas

y en proyecto de realizar, pero no dice una palabra sobre lo inservible

de las carreteras del país ni porqué muchas obras

comenzadas han sido abandonadas una y otra vez. 

        En otro apartado de su discurso,  el Presidente de la

República  habló de la ■transformación

institucional■, aludiendo a una reforma del sector público que

■satisfaga las demandas de una sociedad libre, participativa y

solidaria■.  Al respecto, se refirió a la aprobación de la

Ley de la Superintendencia  de Telecomunicaciones, los preparativos para

la venta de ANTEL y la reforma al Sistema de Pensiones. De las tres

medidas mencionadas, la más discutida ha sido la que estuvo

encaminada a vender ANTEL. Y ello porque, en el marco de un discurso

oficial que ha identificado modernización con

privatización, el gobierno se ha empeñado obstinadamente

en la venta de la institución de telecomunicaciones, haciendo

caso omiso de las apreciaciones de quienes han señalado el

impacto negativo de un proceso de privatización  que tiene en la

mira beneficiar exclusivamente a los sectores empresariales. 

        Ciertamente, la reforma del sector público en El

Salvador no se ha encaminado a satisfacer las demandas de la sociedad,

sino más bien se ha traducido en desempleo -como lo muestra la

aplicación del decreto 471- y en un encarecimiento creciente de

los servicios básicos. Por supuesto, el Presidente de la

República obvió referirse a ello, porque parece suponer

que las demandas sociales son demandas de servicios eficientes y que, en

consecuencia, ello se resuelve recortando el número de empleados

en el sector público y trasladando los activos estatales a manos

privadas.  Sin duda, este es un grave desatino del mandatario y sus

asesores, pues las demandas sociales no son esencialmente por mejores

servicios, sino demandas por empleo, alimentación básica,

vivienda y educación; pero, aunque sí lo fueran, no  es

automáticamente seguro que con la reducción de empleos y

la privatización de las entidades públicas ello se logre. 

         Por último, no podía faltar en el discurso

presidencial la visión hacia el futuro, un futuro ■con

expectativas favorables■. En los principales ámbitos de la

realidad socio-económica las perspectivas son favorables, y sus

frutos comenzarán a percibirse en 1997, ■en beneficio de todo el

país, que se encamina hacia la modernización■. Siendo

así las cosas, ■es importante dejar de escuchar al pesimismo, que

sólo pretende ver lo malo y no quiere reconocer las virtudes, el

esfuerzo y trabajo que día a día realizan los

salvadoreños, trabajadores, campesinos y empresarios, de los que

saben crear riqueza, empleos y bienestar■.

        Este llamado del Presidente Calderón Sol a dejar a un

lado el pesimismo, pues el mismo estaría motivado por un

afán de ver lo malo -descuidando las virtudes y bondades del

desempeño de su gobierno-, está lleno de malicia. Y ello

porque sugiere que las evaluaciones del desempeño gubernamental

que centren su atención en las debilidades del gobierno, en sus

yerros y su incompetencia, lo harán más por mala voluntad

que por un afán de objetividad y realismo. Sin embargo,

más allá de las simpatías que despierte

Calderón Sol y su gobierno,  es claro que los logros presentados

por el primero son más bien ínfimos cuando se examinan a

la luz de los graves problemas irresueltos que tiene el país a

principios de 1997. 

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El papel del sistema financiero en la economía nacional



        En El Salvador la reprivatización de la banca a partir de

la década de 1990 ha dado paso a dinámicas económicas

novedosas,  aunque no por ello favorables, para la consecución del

desarrollo tales como el descollante crecimiento del sector financiero, del

crédito y, con este, de las actividades terciarias. Una

evaluación del comportamiento económico durante el año

1996, empero, sugiere que recientemente se ha suscitado un claro

empeoramiento en relación a las condiciones imperantes en 1995,

especialmente por aspectos como la caída del crecimiento

económico y la ampliación del déficit fiscal. 

        Lo anterior apunta a que el estilo de crecimiento económico

experimentado no es sostenible ni siquiera en el mediano plazo, pues

está fundamentado en un desmedido incremento de la actividad y de

las márgenes de utilidad del sistema financiero. Entre  1991 y 1995

la actividad de este sector se incrementó en un 82.8%, lo cual lo

ha convertido en el sector económico más dinámico de

la década de los 90. Aún y cuando durante 1996

disminuyó la tasa de crecimiento económico general, el sector

financiero continuó siendo el de mayor crecimiento al grado de que

su índice de actividad se incrementó en 18.7% en un momento

en que el índice general lo habría hecho en sólo 0.6%.

Por otra parte, como se demuestra más adelante, inclusive en

momentos de disminución de las tasas inflacionarias y de

restricción al crecimiento del crédito, se ha experimentado

un incremento en los niveles de utilidad del sistema financiero.

        El comportamiento del sector financiero afecta el nivel de

crecimiento económico no sólo debido a su aporte para el

total, sino también por su papel de intermediario entre ahorrantes

e inversionistas. Las políticas de captación de

depósitos y, especialmente, de asignación del crédito

tienen mucho que ver con la actividad económica de los restantes

sectores económicos. En atención a lo anterior, en las

siguientes líneas se hace una evaluación del comportamiento

económico de los últimos años, contrastándola

con el comportamiento de los montos crediticios otorgados por el sistema

financiero.

        Cabe tener en cuenta que, al tiempo que el sector financiero ha

sido el de mayor crecimiento durante los últimos años, ha

sido sometido a un proceso de saneamiento y reprivatización de sus

activos. Durante toda la década de  los 80, la banca

permaneció en manos del Estado dando lugar a prácticas

ineficientes del más variado signo; sin embargo,  en la

década anterior, en que se encontraba en manos privadas, el sistema

financiero enfrentó serios problemas de eficiencia tanto nivel

microeconómico, macroeconómico y social, que se agravaron

durante el siguiente decenio. 

        En la actualidad, y a juicio de instituciones financieras

internacionales calificadoras de riesgo para la inversión, la

economía salvadoreña presenta muy condiciones atractivas para

la inversión, especialmente porque el sistema financiero

reprivatizado presenta niveles de rentabilidad que inclusive superan los

niveles observados en bancos de los Estados Unidos. Lo anterior se refleja

en el  nivel de crecimiento sectorial como en el comportamiento del

crédito y de las tasas de interés.

        Hasta 1995, el incremento del crédito de bancos y

financieras alcanzó niveles superiores al 30% anual, privilegiando

especialmente el crédito hacia los sectores comercio y

construcción, los cuales entre los años 1992 y 1995

habrían visto incrementarse su asignación crediticia en un

99.3 y un 35.3 por ciento, respectivamente; el sector industrial en cambio

incrementó su participación en solamente 5.8%; mientras que

el sector agropecuario redujo su monto otorgado de crédito en un

13.3% durante los mismos años. 

        Desde mediados de 1995, el Banco Central de Reserva (BCR) ha

aplicado una política anti-inflacionaria de restricción del

crédito que habría provocado que al mes de octubre pasado el

crédito solamente hubiera crecido en un 14.9%. Consecuentemente, la

actividad de sectores que durante los últimos años

habían sido los principales receptores del crédito

están experimentando en la actualidad las mayores caídas de

su actividad. El índice del mayor receptor del incremento del

crédito, el comercio, decayó en 2.9%, entre los meses de

septiembre de 1995 y septiembre 1996.

        No cabe duda de  que el sistema financiero ha desempeñado

un papel activo en la configuración de nuevas características

del modelo económico del país por dos razones fundamentales:

ha contribuido a profundizar la crisis del sector agropecuario y se ha

convertido en el principal polo de acumulación económica de

los últimos años. En efecto, al revisar la composición

del Producto Interno Bruto (PIB), resulta que la mayor participación

ya no es la del sector agropecuario, sino la del sector industrial, pese

a que este último ha experimentado tasas de crecimiento bajas en

relación al comercio y el sector financiero. Este último ha

experimentado las mayores tasas de crecimiento no sólo por el

crecimiento del crédito, sino también debido al manejo de las

tasas de interés, las cuales han llegado a niveles

injustificadamente altos durante los últimos años.

        Hasta 1995, la elevada demanda crediticia sobredeterminó

que las tasas de interés se elevaran considerablemente, en un

año en el que los índices inflacionarios se redujeron.

Posteriormente, las tasas de interés promedio han experimentado

tendencias hacia la disminución, pasando las tasas activas de corto

plazo desde un nivel de 19.53%, en octubre de 1995, a otro de 17.31%, en

el mismo mes de 1996, lo cual supone una disminución de 2.21 puntos

porcentuales. Las tasas pasivas de corto plazo, por otra parte,

experimentaron una disminución mucho mayor pasando desde 14.95% a

11.70% en el mismo período, lo cual implica una disminución

3.25 puntos porcentuales.

        La consecuencia principal del comportamiento reciente de las tasas

de interés es una ampliación del diferencial entre tasas

activas y tasas pasivas y, evidentemente, una ampliación del margen

de utilidades obtenidos por el sistema financiero nacional; y esto en un

año de recesión económica y bajo nivel inflacionario.

En octubre de 1995, la mencionada diferencia era de 4.58 puntos

porcentuales, mientras que para el mismo mes de 1996 fue de 5.61 puntos

porcentuales, lo cual supone un incremento porcentual de 22.5% en los

ingresos brutos provenientes de las operaciones bancarias.

        Los criterios de asignación del crédito aplicados

por la banca privada han mostrado tener sesgo en contra de los sectores

productivos de la economía. Si antes de su nacionalización

el sistema financiero concentraba el crédito en las actividades

más dinámicas (industriales y agropecuarias), actualmente

este continua haciéndolo aunque con la diferencia de que los

sectores privilegiados se encuentran ahora en el sector terciario, el cual

no genera bienes exportables ni divisas.

        En el mediano y largo plazo, esta situación podría

comprometer la aparente situación privilegiada del país en

materia de estabilidad macroeconómica, pues -suponiendo ausencia de

remesas familiares y de cualquier otro ingreso externo- se

suscitarían, por ejemplo, desequilibrios de balanza de pagos,

pérdida de reservas internacionales, devaluación de la moneda

e incrementos de la tasa de inflación debido a que no existe un

sector productivo capaz de generar las divisas que proporcionan las remesas

familiares y que actualmente sostienen la economía nacional.

        La privatización del sistema financiero ha restaurado

nuevos campos de acumulación para los grandes inversionistas al 

tiempo que limita el desarrollo de actividades con potencial de generar

empleo productivo, exportaciones y disminución de la dependencia de

las remesas familiares para mantener una macroeconomía estable. El

manejo del crédito y de las tasas de interés parecen estarse

constituyendo en dos escollos para el desarrollo, mismos que han surgido 

exclusivamente del actual estilo de manejo del sistema financiero privado.

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A propósito de la crisis peruana



        La violencia, su ejercicio o uso con fines políticos, es

una realidad compleja dentro del entramado de las relaciones

internacionales. El calificarla como execrable, como un

manifestación del más bárbaro de los terrorismos, o

como inevitable y necesaria depende de uno o más de los

siguientes factores: de la adscripción ideológica, del

grupo étnico o cultural al que se pertenece y de la

posición que se ocupa dentro de los intereses político-

económicos mundiales.

        El uso de la violencia fue considerado legítimo, por

ejemplo, cuando se utilizó para apresar y llevar a la justicia

estadounidense al ex hombre fuerte de Panamá, Manuel Noriega; el

pasar por encima de vidas civiles y dejar cuantiosos daños

materiales en la infraestructura del país fue visto como

necesario para ponerle paro a un personaje que había afirmado en

reiteradas ocasiones su disposición de recuperar el control

administrativo del canal marítimo que atraviesa su país,

algo absolutamente intolerable y lesivo para los intereses del orden

mundial en la región. Nadie condenó tampoco usar la

violencia para mantener el control de la zona del cercano oriente, aun

cuando ello implicara que Israel aprobara legislativamente el uso de la

tortura contra sus enemigos apresados por el Shin Bet o diera mano libre

para que sus aguerridos soldados dispararan sus fusiles de asalto contra

adolescentes palestinos armados de piedras y garrotes.

        La oposición a estos hechos, el condenar este tipo de

violencia, está fuera de la racionalidad que impera en la comuna

internacional. Aquel que muestra su rechazo a esta lógica es

visto como un sospechoso simpatizante de la facción terrorista a

combatir; por lo cual, candidato a sanciones o a la marginación

internacional -el ejemplo más ilustrativo y actual de ello es el

veto estadounidense contra la candidatura a la presidencia de la ONU de

Boutros Ghali, funcionario que contra la voluntad de los Estados Unidos

emitió una resolución de condena por el bombardeo de

helicópteros israelitas sobre objetivos civiles.

        Esta discrecionalidad internacional que tipifica el uso de la

violencia de acuerdo a criterios foráneos a los derechos humanos

más básicos divide a las facciones en pugna en dos bandos:

los terroristas o delincuentes, los que se mantienen fuera de la norma

aceptada en los tres factores ya mencionados, y los guardianes-

castigadores, aquellos que se mantienen dentro de lo aceptado

internacionalmente y que cuando se ven atacados o amenazados por los

primeros pueden ejercer la fuerza legítimamente y sin oprobio.

        No es de sorprenderse, pues, que el calificativo de terroristas

haya sido patrimonio exclusivo de los grupos revolucionarios de

América Latina y otras partes del mundo; mientras que las

facciones militares contrarias, las pertenecientes a los

regímenes gubernamentales, se hayan visto excluidas de ello. Lo

que en definitiva diferenció y diferencia a los dos grupos es que

el primero, cometa o no actos que violenten los derechos humanos de la

población civil, es terrorista a priori -su violencia es

injustificada y, por ende, condenable por no ser medio para alcanzar la

norma internacional que rige-, mientras que los segundos, incluso

cometiendo actos de barbarie y terrorismo a ultranza, incluso atentando

contra los valores que dicen defender, se ven librados de cualquier

crítica y son premiados por no dejarse victimar por los que se

mantienen al margen de lo establecido política y socialmente.

        Lo hasta aquí dicho es útil para evaluar y

comprender uno de los sucesos internacionales que más

atención ha acaparado durante el último mes: la toma de la

embajada de Japón en Perú a manos del Movimiento

Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).



Perú, la democracia en crisis

        La toma de la embajada japonesa en Perú, el 17 de

diciembre de 1996, es un hecho que ha sacudido a la opinión

pública mundial por dos razones. La primera, la acción del

MRTA se da en el marco de un proceso en el cual los movimientos

guerrilleros izquierdistas latinoamericanos o se han extinguido al

entrar sus integrantes a la legalidad política o mantienen un

perfil bajo donde las acciones militares a gran escala han pasado a ser

sustituidas por la negociación y el diálogo; en este

sentido, el audaz asalto del MRTA ha hecho revivir los operativos

guerrilleros que fueron comunes en las décadas de los 60 y 70.

        La segunda, la toma, además de involucrar a personajes

de la diplomacia internacional y altos jerarcas del estado peruano,

acaece después de que el Presidente Alberto Fujimori se

había mofado nacional e internacionalmente de poseer un aparato

de seguridad e inteligencia lo suficientemente eficiente como para

llevar cerca del exterminio a los dos grupos guerrilleros del

país: el MRTA y Sendero Luminoso. Los miembros del Túpac

Amaru, a la vez que mostraban con contundencia su capacidad

logística y operativa, ponían en jaque a un gobierno que

hasta la fecha había hecho todos los alardes de fuerza que

permite la arrogancia del poder casi absoluto.

        Aunque las exigencias puestas por el escuadrón

emerretista para liberar a los rehenes que todavía restan (un

poco más de 100) han ido ablandándose conforme han pasado

los días y se ha inflexibilizado la posición oficial del

gobierno peruano (el cual se niega a la concesiones y exige la

liberación de los rehenes y la rendición de los

guerrilleros), hay un punto central que se mantiene: el reconocimiento

internacional del grupo como una organización que lucha por

reinvindicaciones sociales -lo que implica no ser tratados como

terroristas- y un cambio en la política neoliberal y autoritaria

de Fujimori. Sobre ambas cosas es necesario realizar algunas

reflexiones.

        Aunque pretendan argumentar lo contrario los dirigentes del

MRTA, la toma de la embajada no es solamente una acción

política, es también un acto calculado de terrorismo, pues

en él se han visto involucrados objetivos que no pueden ser

considerados -desde ninguna perspectiva- militares. Sin embargo, la

prensa y la opinión mundial no han reparado en lo que de

político tiene el ataque, en lo que de la realidad peruana dice

una acción tan extrema. Tanto la OEA, la ONU y los países

industrializados no han dudado en calificar el hecho como un ■ataque a

la democracia■, pero es obligatorio preguntarse antes ¿cuál

democracia? ¿acaso existe una mínima democracia en

Perú?

         No deja de ser contradictorio el que países de la

comunidad internacional exijan al gobierno peruano no reconocer a los

miembros del MRTA como más que simples terroristas y delincuentes

para los cuales la respuesta idónea es la más

drástica, cuando han pasado por alto que Fujimori ha anulado, si

no aniquilado por completo, las instituciones democráticas

básicas de su país con el fin de mantenerse en el poder.

En consecuencia, el asalto a la embajada sólo puede entenderse

como una coyuntura que obedece a un proceso de años

indiscutiblemente ilegítimo y atentatorio contra la democracia;

la acción del MRTA no es en sí misma una simple crisis que

basta con solucionarla mediante la fuerza o la negociación, es

más bien la expresión de la crisis democrática

peruana que con el silencio internacional ha sido avalada por

años.

        Es importante, pues, preguntarse si había otro mecanismo

en Perú para hacerse escuchar y obligar al mundo a reparar en el

hecho de las asfixiantes condiciones democráticas del estado

peruano. Si bien la acción del MRTA es a todas luces el estertor

de un grupo perdido en los esquemas guerrilleros de décadas

pasadas, ello no debe servir de justificación para contemplar al

gobierno de Fujimori como una víctima inocente de una violencia

desproporcionada.       

        En definitiva, el operativo del MRTA es perfectamente

comprensible en un país en el cual la democracia es el

instrumento y pretexto para afianzar un poder feudal. A su manera, tanto

la violencia del MRTA como el romanticismo del EZLN muestran que en

Latinoamérica el fantasma de los grupos guerrilleros no puede ser

exorcizado mientras la democracia sea simplemente un alegato y una

fachada para disimular las más nefastas prácticas de los

dictadores modernos. Sí, el MRTA es un movimiento de expresiones

terroristas, pero ¿no es también un terrorismo de Estado el

privar a los ciudadanos de medios de expresión alternativos a las

tomas de rehenes o el sabotaje? 

        

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La firma de la paz en Guatemala

            Una de las noticias importantes al final del año 1996

nos anunciaba la firma de los acuerdos de paz en Guatemala, con lo que

llegaban a su fin a 36 años de conflicto armado. La

finalización de la guerra y los esfuerzos por solucionarla pueden

evaluarse como una señal positiva de cambios prometedores para el

vecino país. 

        Desde el primer acuerdo básico suscrito en Oslo, el 30 de

marzo de 1990, hasta el acuerdo final en Ciudad de Guatemala, el 29 de

diciembre de 1996, pasaron seis años y se firmaron trece acuerdos

entre los que sobresalen la situación de los pueblos

indígenas, reasentamientos para la población desplazada por

el conflicto, el papel del ejército frente a la sociedad

guatemalteca, la investigación sobre graves hechos de violaciones

a los derechos humanos, así como reformas al sistema electoral,

reinserción de los ex combatientes de la Unidad Revolucionaria

Nacional Guatemalteca (URNG) y el cese de fuego definitivo.

        Es necesario reconocer que en los ámbitos en los  cuales

se lograron acuerdos éstos son difíciles de implementar en

sociedades como la guatemalteca, dirigida durante décadas por

dictaduras militares. Precisamente, la imposición del poder militar

rompió con las aspiraciones democráticas iniciadas por Jacobo

Arbenz en la década de los cincuenta y desembocó luego en uno

de los conflictos más antiguos de América Latina.

        Al examinar los acuerdos firmados el 29 de diciembre pasado,

podemos observar coincidencias con el proceso de paz salvadoreño.

Ciertamente, las figuras jurídicas y políticas pueden ser

diferentes, pero básicamente comparten el objetivo central: sentar

las bases para sociedades democráticas con participación de

amplios sectores y la subordinación del poder militar al civil.

        La lectura de los acuerdos de paz en Guatemala podría

conducir a la falacia de que es un proceso idéntico al

salvadoreño. No se puede negar, en este punto, que tienen similitud

de procedimiento técnico; sin embargo, los alcances respecto al

fortalecimiento de la sociedad civil apuntan más a la continuidad

de un proceso para una paz firme y duradera que a unos compromisos

meramente coyunturales. 

        La estructura de los acuerdos suscritos entre la URNG y el

gobierno de Guatemala podrían evaluarse desde tres elementos

constitutivos: a) acuerdos coyunturales (reconversión,

reasentamiento de la población desplazada por el conflicto, etc.);

b) parte dogmática (redefinición del papel del

ejército); y c) nuevo andamiaje para la vida institucional y

política de Guatemala (el uso de lenguaje multilingüe en la

administración de justicia, la incorporación de compromisos

y acuerdos dirigidos a sectores altamente marginados y excluidos:mujeres

e indígenas)     

        Precisamente en este tercer elemento hay que considerar las

proyecciones que sobre las atribuciones y misiones de la Asamblea

Legislativa se determinan en los acuerdos : "el debate público de

los asuntos fundamentales", "la representividad del pueblo" y "las

responsabilidades que le corresponden de cara a los otros organismos del

estado". Un paso altamente significativo es la incorporación del rol

de la mujer en la sociedad civil, así como de sus organizaciones.

        En lo que se refiere al papel del ejército al frente de la

sociedad y la reducción de sus efectivos, los casos

salvadoreño y  guatemalteco comparten algunas coincidencias.  En el

caso de Guatemala, la reducción de los efectivos del ejército

en un 33%, tomando como base su "tabla de organización y equipo

vigente" y la reorganización de su despliegue en el territorio

guatemalteco,  es importante ya que establece límites y propone

algunos frenos para el despliegue excesivo de poder por parte del estamento

militar. Sin embargo, las atribuciones que se le otorgan al Presidente de

la República para el uso del ejército, cuando la seguridad

pública no pudiese ser garantizada, es  peligroso  para la

incipiente democracia, pues el acuerdo deja abierta la posibilidad para

interpretaciones y acciones un tanto antojadizas del poder ejecutivo.

        Para Héctor Rosada, ex negociador gubernamental, el cambio

es sólo superficial, "Yo siento que cosméticamente el

ejército se lava la cara" . " Tenemos un ejército debilitado,

dolido, que ganó militarmente y que perdió todo el poder

político". agregó. De este modo, las apreciaciones del

negociador gubernamental levantan sospechas sobre la voluntad del

ejército para adecuar su estructura a la nueva coyuntura

guatemalteca.

        Con todo, el optimismo está en el ambiente y el hasta ese

momento Secretario General de las Naciones Unidas, Boutros Boutros Ghali,

mostró su satisfacción por los resultados del proceso

negociador, señalando que los alcances del mismo son a largo plazo

y garantizan la transición hacia una nueva Guatemala. Ghali se

refirió al mismo como el marco de referencia para el fortalecimiento

de las bases de un estado democrático".

        Las transformaciones de orden institucional para permitir la

integración de los ex guerrilleros a la vida civil se presenta con

características similares a los sucedido en El Salvador. Asimismo,

una de las similitudes -y que podría convertirse en el mayor reto

para la URNG- es la creación de un partido político, pues la

reconversión guerrillera podría tener sus sorpresas; la

experiencia salvadoreña ya ha dado muestras de estos errores; resta

esperar que no sea este el caso de Guatemala.

        Por otra parte, un elemento diferencial con el proceso

salvadoreño es la incorporación a los acuerdos, como punto

específico, del tema de la "Identidad y Derechos de los Pueblos

Indígenas". No cabe duda de que el reconocimiento de los derechos

de esta parte mayoritaria de la población guatemalteca es producto

de la lucha de Rigoberta Menchú y quienes con ella han luchado y

luchan por los derechos de los indígenas. El acuerdo es importante

y representa un avance en cuanto que pretende integrar a la

multifacética población de Guatemala. La definición

del estado guatemalteco como un estado multilingüe, multiétnico

y pluricultural puede señalarse como un primer indicador de este

esfuerzo integrador. Sumado a esto, hay que señalar la reforma del

sistema de justicia para que el mismo se  modernice e incluya un

funcionamiento multilingüe, que de paso a una  aplicación

más equitativa de la justicia.

        Los acuerdos parecen prometedores, pero no se puede obviar que la

cultura de la confrontación, luego de un poco más de tres

décadas de guerra civil, será un obstáculo para la

consecución de una paz duradera. La experiencia salvadoreña

ha mostrado deficiencias, errores de cálculo, falta de

previsión frente a los acontecimientos. Nuestra propia cultura

política esta dificultando el proceso de cambios. La falta de

participación activa de la población, por las propias trabas

del sistema o por la apatía frente a la política, muestran

las dificultades de la transición hacia la democracia.

        El drama de la guerra, y esto lo sabemos por nuestra propia

experiencia, dejó en nuestras sociedades huellas permanentes e

imborrables. Los acuerdos entre las partes pueden sentar un

fructífero precedente para encaminar a la sociedad guatemalteca

hacia un cambio radical en las propias visiones de futuro de su

país. La llegada de la paz a Guatemala es trascendental, compartimos

su satisfacción por este logro y deseamos patentizar nuestra

congratulación por ello. 

        Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, momentos antes

de la firma del acuerdo sobre cese del fuego definitivo afirmó que

"lo más importante ahora es reconstruir Guatemala". "Esta es una paz

en la que todos nosotros, de una manera u otra estamos involucrados,

algunos como víctimas otros como parte en el conflicto",

agregó. Las palabras de esta luchadora de Guatemala son

símbolo de esta visión sobre el futuro de este territorio

multifacético, centroamericano y latinoamericano, así como

de todos los que creemos que es posible crear sociedades

democráticas, justas y más humanas.-----



Pistas para la reconciliación y la paz



        El pasado domingo 5 de enero inició en nuestro país

la XXX Jornada Mundial de la Paz que, en esta oportunidad, fue denominada:

"Ofrece el perdón, recibe la paz". Este es un evento que --a

iniciativa de la Santa Sede-- es organizado acá por las

máximas autoridades eclesiales de la arquidiócesis de San

Salvador. Como en años anteriores, en él participan personas

e instituciones de la llamada "sociedad civil"; además, fueron

invitados e invitadas representantes de los sectores político,

gubernamental, religioso, humanitario, gremial y popular, con el objeto de

analizar el mensaje papal elaborado especialmente para la ocasión.

En esta oportunidad, Juan Pablo II reflexiona --de cara al siglo XXI-- en

torno a un mundo que "anhela la curación", sobre la base del

perdón. 

        Sin embargo, en el esfuerzo por darle cumplimiento a esa

legítima aspiración en nuestra tierra, nos encontramos que

el camino no es tan sencillo para algunas personas pues, sin duda, el

proceso de acercamiento a una sociedad verdaderamente reconciliada y en paz

--después de todo lo sucedido-- tiene sus exigencias. La primera de

ellas gira alrededor de la verdad y su conocimiento público.

Así lo dice el Papa en el texto citado: "El perdón, lejos de

excluir la búsqueda de la verdad, la exige". Pero además,

existe otra: la justicia. "El perdón --añade en el documento-

- no elimina ni disminuye la exigencia de la reparación, que es

propia de la justicia". 

        Luego de haber conocido los hechos, reconocido los errores

aplicando la ley para hacer justicia y reparar el daño, es posible

pensar en alcanzar un perdón que nos permita vivir dentro de una

sociedad reconciliada. Pero preocupa que en El Salvador, urgido de un

sincero esfuerzo en ese sentido, se hayan desperdiciado valiosas

oportunidades para ello y no se esté haciendo mucho en la actualidad

a fin de caminar por ese sendero. Con la difícil situación

económica y política que impera actualmente, se corre el

riesgo de que se produzcan peligrosos enfrentamientos, tal como lo menciona

la carta del Pontífice al señalar que una aparente paz puede

llevar a nuevas explosiones de violencia.

        Junto a este mensaje, que resulta ser un buen documento para

orientar el esfuerzo hacia la construcción de una sociedad distinta,

en nuestro país también contamos desde hace casi cuatro

años con otra herramienta: el informe de la Comisión de la

Verdad. Como es sabido por las personas que tuvieron el privilegio de

conocerlo --ya que desde el poder se hizo todo lo posible para

descalificarlo y ocultarlo-- dentro de él aparecen diversas

recomendaciones que resultan ser una agenda aceptable en relación

a las medidas que se deben adoptar en este impostergable esfuerzo, el cual

se enfrenta a la necedad propia de quienes --por cargar sobre sus espaldas

una buena parte de responsabilidad en lo que toca a la tragedia vivida

recientemente por el pueblo salvadoreño-- pretendieron dar por

cerrado el tema con un cuestionable "borrón y cuenta nueva". 

        Con ese informe en unas manos dispuestas a transformar realmente

el país, se podrían empezar a cumplir las recomendaciones

incluidas en el apartado que la Comisión tituló: "Medidas

tendientes a la reconciliación nacional". Hay quienes opinan que se

debía atender primero aquella que trata sobre el impulso del "Foro

de la verdad y la reconciliación", mediante el cual se buscaba

analizar el citado informe, sus conclusiones y recomendaciones, así

como los avances producidos en la materia. 

        Dicho análisis --según la Comisión--

debía ser realizado "no sólo por el pueblo salvadoreño

como un todo", sino también por "una instancia especial, donde se

reúnan los sectores más representativos de la sociedad y que,

además de los señalados objetivos, alcancen a hacerle

seguimiento al estricto rigor con que se cumplan las recomendaciones". De

haber trabajado plenamente en ese sentido o al menos cumplido lo referente

a la difusión y discusión del documento, se habría

actuado en sintonía con el reciente mensaje papal destinado a

iluminar la construcción de un sociedad distinta, reconciliada y en

paz.

        Pero no se quiso avanzar en ese sentido. Tampoco se intentó

hacer otras cosas que sugería la Comisión. No se

construyó, por ejemplo, el "monumento nacional en San Salvador con

los nombres de todas las víctimas del conflicto, identificadas".

Sí acaban de inaugurar uno al soldado salvadoreño; pero

esperemos que el mismo esté dedicado a aquellos que, en su

mayoría, fueron también víctimas por el reclutamiento

forzoso, por la mala preparación que recibían y con la cual

eran enviados rápidamente al combate, por la mala

alimentación que se les proporcionaba, por los malos tratos de sus

jefes, etc. A esos soldados también hay que incluirlos entre las

víctimas, pero hay que distinguirlos de los oficiales que fueron

responsables de ello y también de haber causado tanto dolor entre

la población civil no combatiente que sufrió los embates de

la guerra. 

        Ni siquiera se decretó --feriado o no-- un día

nacional para recordar a las víctimas de la confrontación

violenta vivida en el país durante casi dos décadas, en sus

diferentes expresiones. Mucho menos se cumplió con algo que, desde

nuestra perspectiva, está por encima de todas las cosas: el

reconocimiento oficial y público "de la honorabilidad de las

víctimas y de los graves delitos de los que fueron víctimas".

Ese reconocimiento no cuesta dinero; sólo requiere de una buena

dosis de voluntad política de aquellos y aquellas que se dicen

cristianos, que reciben al Papa con "bombo y platillo", que gastan enormes

cantidades de dinero para ello, pero que --en la práctica-- hacen

caso omiso de sus orientaciones. 

        Tras todo lo anterior, es lógico que no se haya indemnizado

a las víctimas por el daño que se les causó

injustamente, pese a que la Comisión de la Verdad sugirió un

mecanismo para financiar el cumplimiento de esa obligación. Y no

podía ser de otra forma, pues los mismos que llenaron el país

de una irracional violencia política e impulsaron la guerra --cada

uno responsable de lo que se hizo desde su lado-- coparon todos los

espacios existentes para intentar alcanzar la paz y los viciaron. En ese

marco se aprobó la amnistía del 20 de marzo de 1993, que fue

el instrumento ilegal mediante el cual se autoperdonaron --por

acción u omisión-- los responsables de tanto dolor y evitaron

que las personas ofendidas pudieran recibir cualquier tipo de

reparación, fuera ésta moral o material. 

        Sería bueno y saludable, para alcanzar el perdón

social según lo señalado por el Papa, volver a discutir sobre

ese aberrante decreto y lograr que se declare su inconstitucionalidad para

tumbar así el muro que impide, a las víctimas o a sus

familiares, iniciar las acciones legales correspondientes para recibir

justicia. Porque los dolorosos hechos que golpearon a tanta gente en El

Salvador no podían ser amnistiados, según el derecho

internacional de los derechos humanos y del derecho internacional

humanitario. Hacerlo significó una bofetada al rostro de la

humanidad entera y continuar aceptándolo --sin hacer nada--

representa cierto grado de complicidad con los criminales.

        Las prácticas amplias o sistemáticas de

crímenes tales como el asesinato y la tortura, cometidos en contra

de población civil durante un conflicto armado de carácter

nacional o internacional, o hasta en tiempo de paz constituyen --

según su definición básica-- los crímenes de

lesa humanidad. A ella deben agregarse otros crímenes

específicos: el genocidio, el "apartheid" y la desaparición

forzada. De éste último tipo de delitos, fueron más

de 8 mil las víctimas en El Salvador; asesinadas y torturas, la

cifra sobrepasa las 100 mil personas. Pero, además, en el territorio
nacional se produjeron numerosos crímenes de guerra. Dichos

crímenes, en conflictos armados de carácter no internacional

como el que se dio acá, son aquellas violaciones serias del

artículo 3 común de los convenios de Ginebra de 1949 y del

protocolo adicional II de Ginebra de 1977. 

        El mencionado artículo protege a "las personas que no

participen directamente en las hostilidades, incluso los miembros de las

fuerzas armadas y las personas que hayan quedado fuera de combate por

cualquier otra razón". Todas ellas "serán, en toda

circunstancia, tratadas con humanidad y sin distinción alguna de

índole desfavorable". 

        Según el artículo 4 del Estatuto para el Tribunal

Penal Internacional en Ruanda, cuando se habla de "violaciones serias" nos

estamos refiriendo a lo que sigue. "Estas violaciones incluyen, pero no se

limitan, a las siguientes: (a) violencia contra la vida, salud o bienestar

físico o material de personas, así como los tratos crueles

tales como la tortura, la mutilación o cualquier forma de pena

corporal; (b) castigos colectivos; (c) toma de rehenes; (d) actos de

terrorismo; (e) atropellos contra la dignidad personal, en

específico tratos humillantes y degradantes, violación

sexual, prostitución forzosa y cualquier forma de asalto indecente;

(f) saqueos; (g) sentenciar y ejecutar sentencias sin fallo previo de un

tribunal debidamente constituido, con todas las garantías judiciales

que se reconocen como indispensables por pueblos civilizados; (h) amenazas

de cometer cualesquiera de los actos antes mencionados". 

        Y, como dice el canto maya citado por la Comisión de la

Verdad en su informe, "todo esto pasó entre nosotros". Y los

responsables de todo eso --de los crímenes de lesa humanidad y de

guerra-- se autorperdonaron pese a que, según el derecho

internacional, no podían hacerlo. Por ejemplo, en los principios de

cooperación internacional en la identificación,

detención, extradición y castigo de los culpables de

crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad --

adoptados por la asamblea general de las Naciones Unidas mediante

resolución 3074 (XXVIII), del 3 de diciembre de 1973-- se dispone

que esos actos, "dondequiera y cualesquiera que fuera la fecha en que se

hayan cometido, serán objeto de una investigación, y las

personas contra las que existan pruebas de culpabilidad en la

comisión de tales crímenes serán buscadas, detenidas,

enjuiciadas y, en caso de ser encontradas culpables, castigadas". 

        Además, en la citada resolución, se agrega los

Estados no adoptarán "disposiciones legislativas ni tomarán

medidas de otra índole que puedan menoscabar las obligaciones

internacionales  que hayan contraído con respecto a la

identificación, la detención, la extradición y el

castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes

de lesa humanidad". 

        Al reflexionar sobre todo lo anterior, no cabe duda que la

sociedad salvadoreña se encuentra ante un gran desafío si es

que realmente quiere llegar a lograr que en ella prevalezca la verdad sobre

la mentira y la justicia destierre por fin a la impunidad en la que se

escudan muchas y muchos. Y en ese marco, sobre todo tras el mensaje de su

Santidad, a la iglesia católica le corresponde desempeñar un

rol importante rol pues la mayoría de la población --su

"rebaño"-- vive desencantada; a cinco años de la firma de la

paz, no tiene en qué ni por qué creer en nada. Las y los

salvadoreños han ido perdiendo la poca confianza que tenían,

tanto en el gobierno como en los diferentes institutos políticos que
más que un símbolo de reconciliación lo son de una

confrontación permanente, interna y externamente, por ambiciones

particulares de poder. 

        Por eso, es necesario animar a la participación de la gente

y --más que a nadie-- le corresponde a la arquidiócesis

asumir un liderazgo real y efectivo en ese sentido, por contar entre su

rico pasado con experiencias tan fructíferas como las de Luis

Chávez y González, Oscar Arnulfo Romero y Galdámez,

y Arturo Rivera y Damas, quienes fueron coherentes con el mensaje de Juan

Pablo II al dedicar su vida a fomentar la verdad, la justicia y el

perdón, buscando una paz fundada en el respeto a los derechos

humanos de toda la población.

-----

Transcribimos a continuación el documento final del proceso de

diálogo-negociación entre la URNG y el Gobierno de Guatemala,

suscrito el 29 de diciembre de 1996. 

        

Acuerdo de paz firme y duradera

        

        

        CONSIDERANDO

        

             Que con la suscripción del presente Acuerdo se pone

fin a mas de tres décadas de enfrentamiento armado en Guatemala,

y concluye una dolorosa etapa de nuestra historia,

        

             Que a lo largo de los  últimos años, la

búsqueda de una solución política al enfrentamiento

armado ha generado nuevos  espacios de diálogo y entendimiento

dentro de la sociedad guatemalteca,

        

             Que de aquí en adelante empieza la tarea de

preservar y consolidar la paz, que debe unir los esfuerzos de todos los

guatemaltecos,

        

             Que para ese fin el país dispone, con los Acuerdos

de Paz, de una agenda integral orientada a superar las causas del

enfrentamiento y sentar las bases de un nuevo desarrollo,

        

             Que el cumplimiento de estos acuerdos constituye un

compromiso histórico e irrenunciable,

        

             Que para conocimiento de las generaciones presentes y

futuras, es conveniente recoger el sentido profundo de los compromisos

de paz,

        

             El Gobierno de la República de Guatemala y la

Unidad

        Revolucionaria Nacional Guatemalteca acuerdan lo siguiente:

        

                                  I. CONCEPTOS

        

        1. Los Acuerdos de Paz expresan consensos de carácter

           nacional.

        Han sido avalados por los diferentes sectores representados en

la Asamblea de la Sociedad Civil y fuera de ella. Su cumplimiento

progresivo debe satisfacer las legitimas aspiraciones de los

guatemaltecos y, a la vez, unir los esfuerzos de todos en aras de esos

objetivos comunes.

        

        2.   El Gobierno de la República reafirma su

adhesión a los principios y normas orientadas a garantizar y

proteger la plena observancia de los derechos humanos, así como

su voluntad política de hacerlos respetar.

        

        3.   La población desarraigada por el enfrentamiento

armado tiene derecho a residir y vivir libremente en el territorio

guatemalteco.

        

        El Gobierno de la República se compromete a asegurar su

retorno y reasentamiento, en condiciones de dignidad y seguridad.

        

        4.   Es un derecho del pueblo de Guatemala conocer plenamente

la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos y los hechos de

violencia ocurridos en el marco del enfrentamiento armado interno.

Esclarecer con toda objetividad e imparcialidad lo sucedido,

contribuirá a que se fortalezca el proceso de conciliación

nacional y la democratización en el país.

        

        5.   El reconocimiento de la identidad y derechos de los

pueblos indígenas es fundamental para la construcción de

una nación de unidad nacional multiétnica, pluricultural y

multilingue. El respeto y ejercicio de los derechos politicos,

culturales, económicos y espirituales de todos los guatemaltecos,

es la base de una nueva convivencia que refleje la diversidad de su

Nación.

        

        6.   La paz firme y duradera debe cimentarse sobre un

desarrollo socioeconómico participativo orientado al bien

común, que responda a las necesidades de toda la

población. Dicho desarrollo requiere de justicia social como uno

de los pilares de la unidad y solidaridad nacional, y de crecimiento

económico con sostenibilidad, como condición para atender

las demandas sociales de la población.

        

        7.   Es fundamental para lograr la justicia social y el

crecimiento económico, la participación efectiva de los

ciudadanos y ciudadanas de todos los sectores de la sociedad.

Corresponde al Estado ampliar estas posibilidades de

participación y fortalecerse como orientador del desarrollo

nacional, como legislador, como fuente de inversión

pública y proveedor de servicios básicos, como promotor de

la concertación social y de la resolución de conflictos.

Para ello el Estado requiere elevar la recaudación tributaria y

priorizar el gasto hacia la inversión social.

        

        8.   En la búsqueda del crecimiento, la política

económica debe orientarse a impedir que se produzcan procesos de

exclusión socioeconómica, como el desempleo y el

empobrecimiento, y a optimizar los beneficios del crecimiento

económico para todos los guatemaltecos. La elevación del

nivel de vida, la salud, la educación, la seguridad social y la

capacitación de los habitantes, constituyen las premisas para

acceder al desarrollo sostenible de Guatemala.

        

        9.   El Estado y los sectores organizados de la sociedad deben

aunar esfuerzos para la resolución de la problemática

agraria y el desarrollo rural, que son fundamentales para dar respuesta

a la situación de la mayoría de la población que

vive en el medio rural, y que es la mas afectada por la pobreza, las

iniquidades y la debilidad de las instituciones estatales.

        

        10.  El fortalecimiento del poder civil es una condición

indispensable para la existencia de un régimen

democrático. La finalización del enfrentamiento armado

ofrece la oportunidad histórica de renovar las instituciones para

que, en forma articulada, puedan garantizar a los habitantes de la

República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz

y el desarrollo integral de la persona. El Ejercito de Guatemala debe

adecuar sus funciones a una nueva época de paz y democracia.

        

      11. La incorporación de URNG a la legalidad en condiciones

de seguridad y dignidad constituye un factor de interés nacional,

que responde al objetivo de la conciliación y del

perfeccionamiento de un sistema democrático sin exclusiones.

        

        12. Las reformas constitucionales contenidas en los Acuerdos de

Paz, constituyen la base sustantiva y fundamental para la

conciliación de la sociedad guatemalteca en el marco de un Estado

de derecho, la convivencia democrática, la plena observancia y el

estricto respeto de los derechos humanos.



        13. Las elecciones son esenciales para la transición que

vive Guatemala hacia una democracia funcional y participativa. El

perfeccionamiento del régimen electoral permitirá afianzar

la legitimidad del poder público y facilitar la

transformación democrática del país.

        

        14.  La implementación de la agenda nacional derivada de

los Acuerdos de Paz, constituye un proyecto complejo y de largo plazo

que requiere la voluntad de cumplir con los compromisos adquiridos y el

involucramiento de los Organismos del Estado y de las diversas fuerzas

sociales y políticas nacionales. Este empeño supone una

estrategia que priorice con realismo el cumplimiento gradual de los

compromisos, de forma tal que se abra un nuevo capítulo de

desarrollo y convivencia democrática en la historia de Guatemala.

        

          

                     II. VIGENCIA DE LOS ACUERDOS DE PAZ

        

        15. Al presente Acuerdo de Paz Firme y Duradera quedan

integrados todos los Acuerdos suscritos con base en el Acuerdo Marco

sobre Democratización para la Búsqueda de la Paz por

Medios Políticos,  suscrito en la Ciudad de Queretaro,

México, el 25 de julio de 1991 y a partir del Acuerdo Marco para

la Reanudación del Proceso de Negociación entre el

Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca,

suscrito en la Ciudad de México el 10 de enero de 1994. Dichos

acuerdo son: 

        

             -    El Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, suscrito en

la  Ciudad de México el 29 de marzo de 1994;

        

             -    El Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones

Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado, suscrito en Oslo el 17 de

junio de 1994;

        

             -    El Acuerdo sobre el Establecimiento de la

Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las

Violaciones a los          Derechos Humanos y los Hechos de Violencia

que han          Causado Sufrimiento a la Población Guatemalteca,

suscrito          en Oslo el 23 de junio de 1994;

        

             -    El Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos

Indígenas, suscrito en la Ciudad de México el 31 de marzo

de 1995;

        

             -    El Acuerdo sobre Aspectos Socieconómicos y

Situación Agraria, suscrito en la Ciudad de México el 6 de

mayo de 1996;

        

             -    El Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y    

     Función del Ejército en una Sociedad

Democrática, suscrito en la Ciudad de México el 19 de

septiembre de1996;

        

             -    El Acuerdo sobre el Definitivo Cese al Fuego,

suscrito en Oslo el 4 de diciembre de 1996;

        

             -    El Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y

Régimen  Electoral, suscrito en Estocolmo el 7 de diciembre de    

     1996;

        

             -    El Acuerdo sobre Bases para la Incorporación

de URNG a la  Legalidad, suscrito en Madrid el 12 de diciembre de 1996;

        

             -    El Acuerdo sobre Cronograma para la

Implementación,  Cumplimiento y Verificación de los

Acuerdos de Paz,  suscrito en la Ciudad de Guatemala el 29 de diciembre

de          1996.

        

        16.  Con excepción del Acuerdo Global sobre Derechos

Humanos, que está en vigencia desde su suscripción, todos

los acuerdos integrados al Acuerdo de Paz Firme y Duradera cobran formal

y total vigencia en el momento de la firma del presente Acuerdo.

        

                               III. RECONOCIMIENTO

        

        17.  Al culminar el histórico proceso de

negociación para la búsqueda de la paz por medios

políticos, el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria

Nacional Guatemalteca dejan constancia de su reconocimiento a los

esfuerzos nacionales e internacionales que han coadyuvado a la

conclusión del Acuerdo de Paz Firme y Duradera en Guatemala.

Resaltan el papel de la Comisión Nacional de

Reconciliación, de la Conciliación, de la Asamblea de la

Sociedad Civil, y de la Moderación de las Naciones Unidas.

Valoran asimismo el acompanamiento del Grupo de Países Amigos del

Proceso de Paz de Guatemala, integrado por la República de

Colombia, el Reino de España, los Estados Unidos de

América, los Estados Unidos Mexicanos, el Reino de Noruega y la

República de Venezuela.

        

                            IV. DISPOSICIONES FINALES

        

        Primera.- El Acuerdo de Paz Firme y Duradera entra en vigencia

en el momento de su suscripción.

        

        Segunda.- Se dará la más amplia

divulgación al presente Acuerdo, en especial a través de

los programas de educación.

        

        Ciudad de Guatemala, 29 de diciembre de 1996.

        

        

                          POR EL GOBIERNO DE GUATEMALA

        

        Gustavo Porras Castejón

        

        Otto Pérez Molina, general de Brigada.

        

        Raquel Zelaya Rosales.

        

        Richard Aitkenhead Castillo.

        

        

        POR LA UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA

        

        Ricardo Ramírez de León, (Comandante Rolando

Morán)

        

        Jorge Ismael Soto García, (Comandante Pablo Monsanto)

        

        Ricardo Rosales Román (Carlos González)

        

        Jorge Edilberto Rosal Meléndez

        

        

        POR LAS NACIONES UNIDAS

        

        Boutros Boutros Ghali.