UCA

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Semanario Proceso

© 1996 UCA Editores


 



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Año 17

número 739



diciembre 18

          1996



ISSN 0259-9864







1996: un año de transformaciones postergadas

Balance político

Balance económico

Balance socio-laboral

Balance regional

La opinión pública en 1996: los problemas nacionales y la

crisis institucional

Los derechos humanos en 1996

Cronología de 1996



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1996: un año de transformaciones postergadas

        

        A finales de 1991 la primera administración de ARENA y

el FMLN ultimaban detalles para firmar los documentos que

terminarían con doce años de guerra civil y que

sentarían las bases para una reforma política y

económica que contribuyera a superar los desequilibrios

estructurales generadores de los más violentos conflictos que ha

padecido El Salvador en el siglo XX.  En enero de 1992 los Acuerdos de

Paz fueron firmados por las partes en conflicto y se inauguró una

de las fases más difíciles del proceso de

transición iniciado a principios de la década pasada. 

        A los estudiosos del proceso no se les escapaba que la

■solución intermedia■ conseguida en la negociación dejaba

puntos importantes pendientes. Sin embargo, al calor del protocolo

negociador, el optimismo fue la nota característica del momento,

un optimismo especialmente notorio en la izquierda que en ese momento se

sentía triunfadora en lo que se dio en llamar la

■revolución negociada■. Ahora sí -se pensaba en los

círculos que se sentían comprometidos con la justicia y la

igualdad- el país se estaba poniendo en la ruta de los cambios

estructurales tan largamente esperados, por los que tantas vidas se

habían sacrificado y los que tantas frustraciones habían

dejado en el pasado: la llegada de la izquierda al escenario

político y su acceso a una cuota significativa de poder eran los

requisitos básicos para avanzar hacia aquellos cambios. 

        Desmontando las bases del ■autoritarismo militar■ y

consolidando los logros de la reforma política el camino

estaría despejado para realizar transformaciones a nivel socio-

económico. Esta era la apuesta del FMLN; fue también una

apuesta compartida por muchos de sus seguidores y simpatizantes para 

quienes los logros sustantivos de la negociación sólo se

verían después de la consolidación política

del FMLN.

        Mientras tanto, la derecha no celebraba con la algarabía

con la que lo hacía la izquierda. No era que se sintiera

■perdedora■ en la ■revolución negociada■, sino que, al parecer,

desde los últimos preparativos para la firma de la paz ya era

consciente, al menos en aquellos de sus miembros de más olfato

político, que los cambios estructurales se pospondrían ad

calendas graecas, puesto que la batalla de la izquierda por alcanzarlos

tendría que sortear obstáculos institucionales,

ideológicos y económicos no previstos por ella cuando

suscribió los Acuerdos de Paz. La derecha quizás era

consciente  de que la paz era su victoria; por ello su alegría

tenía más fundamento,  aunque fuera menos notoria que la

del FMLN y sus seguidores y simpatizantes. 

        A cuatro años de firmados los Acuerdos de Paz, la

derecha se alza como la gran ganadora de la postguerra. Pese a las

fricciones internas, políticas y económicas, que han

aparecido en su seno, la amenaza de cambios estructurales en el acceso a

la propiedad y a la riqueza ha desaparecido de su horizonte. Los

enemigos de la derecha son sus propios intereses y la voracidad con la

que los mismos son defendidos; aparte de ello, en la actualidad no tiene

a quien temer, como en las décadas de los 70 y 80 cuando la

legitimidad de sus riquezas y poder estaban el centro de la

discusión.

        Si, en la terminología del FMLN,  la ■correlación

de fuerzas■ fue lo que llevó a ambas partes a la mesa de

negociación y lo que condicionó que el FMLN dejara en el

tintero sus exigencias de reforma social y económica para

más adelante, en la postguerra la correlación de fuerzas

se ha ido inclinando a favor de la derecha económica y

política al punto de permitirle enriquecerse sin mayores

impedimentos y apuntalar sus bastiones de poder para intentar una

involución autoritaria. 

        En un escenario como el descrito, el optimismo que

predominó inmediatamente después de la firma de los

Acuerdos de Paz se ha transformado en un pesimismo desalentador. Los

cambios estructurales quedaron nada más como una bandera y un

sueño  del pasado; la confianza en quienes los llevarían

adelante se ha perdido; y la esperanza en un futuro más digno

para los marginados de El Salvador se ha vuelto cada vez más

lejana. Parecería, pues, que de nada sirvieron las dos

décadas de sacrificio popular, los miles de asesinados y

desaparecidos y la destrucción humana y material de doce

años de guerra. ¿Son las cosas así de

dramáticas? ¿O acaso hay que moderar el balance y centrar la

atención en aquello que antes no se tenía y que

sólo después de la guerra se ha vuelto -o comienza a

hacerse-  realidad en El Salvador?

        Si se revisan detenidamente los Acuerdos de Paz, así

como los documentos preparatorios de los mismos, queda claro que la

reforma política y judicial ocupó un lugar central en la

negociación, mientras que la reforma económica sólo

fue abordada como tema secundario y en aquellos aspectos que

tenían que ver directamente con la transferencia de tierras en

zonas de conflicto y reinserción de los desmovilizados de ambos

ejércitos. Por consiguiente, de lo que se trata es de evaluar

hasta qué punto se ha avanzado en la reforma política y

judicial, y si lo alcanzado es suficiente para dar por consolidada la

institucionalidad democrática que se pensaba iba a lograrse una

vez concluida la ejecución de los Acuerdos de Paz.

        En lo que atañe a la reforma política,  por

más que uno de sus logros iniciales haya sido la inserción

del FMLN en el sistema de partidos y su participación en las

elecciones de 1994, no se ha profundizado lo suficiente como para dar al

traste con viejos vicios del pasado, como el ejercicio político

demagógico y oportunista, la compra-venta de favores, la

corrupción y el verticalismo partidarios. 

        Los partidos políticos se han mostrado escasamente

competitivos y pocos dignos de crédito ante el electorado,

así como incapaces de elaborar y proponer proyectos de alcance

nacional. Sus liderazgos son obsoletos y están carcomidos por

intereses de la más baja especie. El pluralismo en el sistema

político no se ha traducido  en una mayor calidad de las opciones

electorales, sino que más bien es expresión de divisiones

partidarias motivadas por protagonismos de individuos respaldados por

camarillas ansiosas de obtener beneficios materiales.  Es decir, los

partidos no han dado señales claras de haberse embarcado en un

proceso de democratización interna, paso necesario para el

fortalecimiento del sistema político y para el fortalecimiento de

una institucionalidad democratica, sin la cual es imposible pensar,

siquiera para un futuro lejano, en las reformas estructurales pendientes

desde el fin de la guerra. 

        La reforma judicial también deja mucho que desear.

Dejando de lado el irresuelto problema de la depuración judicial,

es indudable que aquí el punto sensible es el de la seguridad

ciudadana y el papel que juega la Policía Nacional Civil (PNC) en

la misma. La respuesta violenta de la institución policial a

demandas de la sociedad civil ha levantado serias dudas sobre su papel

como sostén importante de la transición

democrática. Con todo, mayores dudas ha levantado la sospecha

fundada en pruebas de que al interior del organismo policial existen

grupos de inteligencia y espionaje al margen de sus instancias de

dirección legalmente establecidas. Y es que si estas instancias

paralelas en el seno de la PNC concentran el suficiente poder y

responden a las órdenes de grupos o individuos ansiosos de una

involución autoritaria nada bueno se puede esperar para el

país. 

        El año de 1996 fue escenario no sólo del

agotamiento formal de los Acuerdos de Paz, declarados oficialmente como

totalmente cumplidos, sino también de la fortaleza creciente de

los grupos de poder político y económico, los cuales han

consolidado posiciones de fuerza que les están permitiendo

amenazar el avance de la institucionalización democrática.

Qué duda cabe que ya en los Acuerdos de Paz  fue postergada la

reforma de las estructuras socio-económicas. Se trató, sin

embargo, de una postergación temporal hasta que la izquierda

canalizara electoralmente el apoyo de quienes la apoyaron durante la

guerra y de quienes se hicieron presentes en la Plaza de los

Mártires (en el centro de San Salvador) para celebrar el cese de

las hostilidades militares. 

        Pese a lo anterior, en 1996,  como en ningún otro

año desde la firma de la paz, se han sentado las bases para que

esa reforma se postergue ad infinitum. Pero también la reforma

política y judicial se ha estancado en aspectos sustantivos como

la depuración de los jueces, la democratización de los

partidos y el fortalecimiento del sistema político. La

superación de estas taras políticas y judiciales

tendrá que esperar para 1997. Quedan como puntos pendientes, cuya

postergación no sólo favorece a quienes se han

atrincherado en posiciones autoritarias, sino que debilita las voces  de

quienes desde la sociedad civil rechazan legítimamente el

atascamiento del proceso de cambios políticos y económicos

largamente esperado.     

        Por último y como complemento esencial de lo anterior,

no se puede dejar de señalar que otro punto irresuelto en 1996 es

el de los supuestos ecológicos de los modelos de desarrollo que

se implementan o se pretenden implementar en el país.  Hasta

ahora, la ecología ha sido considerada como una ■variable

externa■ en los proyectos de desarrollo económico social; sin

embargo, El Salvador está llegando acelaradamente a sus

límites ecológicos, más allá de los cuales 

es imposible el sostenimiento de cualquier modelo de desarrollo. Dicho

de otra forma, la ecología debe de ser integrada como una

variable fundamental en cualquier propuesta política y

económica con un mínimo de seriedad, pues es ella la que

condicionará en el futuro inmediato las posibilidades de la

economía, la política y la sociedad en nuestro

país.   

        Los empresarios ciertamente seguirán buscando acumular

riquezas; los políticos seguirán buscando la ansiada cuota

de poder; y la sociedad seguirá luchando por sobrevivir a  la

voracidad empresarial, la incompetencia estatal y la violencia, pero

cada uno de esos grupos estarán luchando por nada una vez que el

país colapse ecológicamente. Es por evitar este colapso

por el que tenemos que luchar todos los salvadoreños; esta es una

lucha que sí vale la pena, puesto que en ella se juega la vida

nuestra y la de las generaciones venideras. Esta lucha no puede esperar

a ser postergada por un año más.   

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Balance político



        El año de 1996 ha sido un año particularmente

difícil para el proceso de instauración democrática

en El Salvador. Los Acuerdos de Paz, sin haber satisfecho totalmente las

expectativas que en ellos se pusieron, fueron oficialmente clausurados,

con lo cual la responsabilidad verificadora de las Naciones Unidas

prácticamente llegó a su fin. Asimismo, mientras que el

gobierno del Presidente Armando Calderón Sol celebraba la

ejecución de lo  acordado en Nueva York y Chapultepec, otros

sectores de la sociedad se mostraron más pesimistas con el rumbo

tomado por la transición, llegando incluso a formular la

hipótesis de una posible ■involución autoritaria■ del

proceso salvadoreño. Y ello no fue gratuito, pues a lo largo del

año se generaron diversas situaciones en las que el alarde de

fuerza y la matonería por parte de las autoridades

gubernamentales fueron la nota característica. 



Las tensiones de la transición 

y el rol del sistema político

        La transición salvadoreña se juega en la

tensión y articulación de los ejes economía de

mercado, sociedad civil y sistema político. Ciertamente, los dos

primeros ámbitos tienen una autonomía y una lógica

propias que muchas veces,  por su misma dinámica interna, pueden

entrar en fuerte conflicto entre sí. Es así que se hace

necesario el tercero de ellos para hacer de mecanismo de

intermediación y de resolución de conflictos. Un orden

democrático, en sus mínimos términos, requiere

indudablemente de una economía de mercado fuerte y eficiente, con

la autonomía y la capacidad de innovación que los cambios

en el entorno mundial exigen como conditio sine qua non para alcanzar

una inserción exitosa en el sistema económico mundial. 

Pero también requiere de una sociedad civil organizada en sus

diversos niveles de complejidad y de intereses, capaz de hacer sentir

sus demandas de un modo coherente, consciente de sus derechos y

responsabilidades ciudadanas. 

        Como eje articulador, el sistema político debe hacer eco 

de las demandas la sociedad civil, dándoles el cauce

institucional pertinente, presionando para que el aparato estatal

responda adecuadamente a las mismas.  Es decir, el sistema

político tiene asignado un rol decisivo en la

consolidación de un orden democrático en El Salvador. Esto

fue reconocido en los mismos Acuerdos de Paz, cuyo contenido esencial

apuntaba a una reforma política en la cual se sentaran las bases

de una institucionalidad democrática para el país. 

        Sin embargo, el sistema político, para jugar el rol que

le compete en la transición -en lo que la misma reclama de

institucionalización de reglas y mecanismos democráticos- 

tiene que llenar una serie de requisitos básicos que lo

fortalezcan y vuelvan eficientes y transparentes sus relaciones con la

sociedad civil.  Sin esos requisitos, la consolidación

democrática no sólo no avanzará en la

dirección requerida, sino que estará tanto a marced de las

presiones de los grupos de poder, ya sea que actúen legal o

ilegalmente, como de las amenazas disruptivas de quienes, siendo pobres

y marginados, no encuentren más que en la protesta violenta el

mecanismo idóneo  para hacerse escuchar. Y todo ello, obviamente,

hará rondar sobre el proceso la sombra del autoritarismo,

abanderado por quienes, desde las esferas estatales y privadas, estimen

que la coerción simple y contundente es la mejor salida para

garantizar el orden social.



La institucionalización democrática: los requisitos del

sistema político

        Cuando se firmaron los Acuerdos de Paz, uno de los

propósitos perseguidos con los mismos era el de terminar con el

autoritarismo militar, para lo cual se consideraba fundamental iniciar

un proceso de institucionalización democrática. Esta

institucionalización exigía una serie de transformaciones

políticas que, una vez alcanzadas, no sólo hicieran

imposible un retorno del autoritarismo, sino que se convirtieran en

requisitos básicos para avanzar en la transición

democrática.  

        Ciertamente, uno de los requisitos esenciales que debe poseer

un sistema político capaz de potenciar la transición y

capaz de hacer resistencia a la amenaza autoritaria es el pluralismo de

los proyectos políticos que lo constituyen. Para ello es clave la

apertura de aquel a las distintas ofertas ideológicas dispuestas

a insertarse en el mismo y dispuestas a confrontarse competitivamente

entre sí en procesos electorales periódicos, transparentes

y donde cada ciudadano pueda ejercer, sin coacciones ni limitaciones de

ninguna especie, su derecho a votar aquella propuesta que más le

satisfaga. 

        De este modo, el pluralismo tiene dos caras: aquella que ve

hacia los oferentes (los partidos), los cuales pueden adscribirse a

cualquier ideología o doctrina política, y la que ve a los

compradores (los votantes) que pueden elegir la propuesta

política e ideológica de su preferencia. Los partidos,

pues, en sus diferentes adscripciones ideológicas, son la

expresión de una de las caras del pluralismo. Los votantes son

quienes, al estar en condiciones de optar libremente por uno o varios de

ellos, constituyen la otra. 

        Pero el pluralismo es insuficiente para apuntalar

sólidamente un orden democrático. Hace falta que el mismo

sea complementado por consultas periódicas (elecciones) que

permitan someter los proyectos políticos a la decisión de

los ciudadanos acerca de cuál de ellos por separado (o en

coalición) es el más adecuado para llevar la

conducción del ejecutivo y tener determinado número de

asientos en el parlamento. Esas consultas, además de ser

periódicas, deben estar respaldadas por mecanismos

técnicos y legales que garanticen que las decisiones ciudadanas

en materia de votación serán respetadas lo más

fielmente posible. Una vez conseguido esto, se tendrán asegurados

los requisitos básicos de un orden democrático, aunque

ello no quiere decir, ni mucho menos, que se hayan agotado todas sus

exigencias, por más que haya quienes reduzcan la democracia a

aquellos elementos.

        La democratización interna de los partidos

políticos constituye un aspecto de la institucionalización

democrática al que conviene darle la relevancia debida. Sin una

reglamentación interna que garantice una relaciones horizontales

y una renovación de los cuadros y los liderazgos partidarios en

base a los méritos y la capacidad, los partidos estarán

sometidos a la discrecionalidad de los dirigentes más antiguos o

más ambiciosos, los cuales terminarán sometiendo el

aparato partidario a sus propios intereses, socavando con ello la

legitimidad de la institución e incubando en su seno rivalidades

egoístas y sin sentido. 

        Como parte de esta democratización, además, se

tiene que resolver el problema tanto de las relaciones existentes entre

los partidos y sus miembros en el parlamento como las que establecen 

los partidos políticos entre sí.  Sobre lo primero, es

cada vez más aceptado que la independencia de los diputados

respecto de los dictados del partido es algo que tiene que potenciarse,

pues de lo contrario aquéllos terminan desnaturalizando su

función como representantes de los intereses ciudadanos. Sobre lo

segundo, es necesario que los partidos respeten entre sí su

autonomía e independencia, cuidándose cada uno de no

inmiscuirse en los asuntos internos de  los demás, por más

que ello les pudiera resultar beneficioso. En caso de darse lo

contrario, las penalizaciones legales no debieran faltar,

aplicándose con contundencia y rigurosidad. 

        Por último, como parte imprescindible de la

democratización de los partidos -y en consecuencia del

fortalecimiento del sistema político- deben redefinirse y

potenciarse la relaciones de aquéllos con la sociedad civil.   

Si el sistema político tiene que hacer de correa de

transmisión entre el aparato estatal y las organizaciones

sociales, los partidos deben salir del ámbito estatal en el que

concentran sus actividades e imbuirse de los problemas cotidianos de los

ciudadanos. Indudablemente se tienen que evitar las tendencias

clientelísticas, así como las prácticas de tipo

populista, puesto que ellas son contrarias a la necesaria

autonomía de los ciudadanos y sus organizaciones. Ello no obsta,

sin embargo, para que las relaciones partidos-sociedad civil se vuelvan

más estrechas, con lo cual ambos -si son bien llevadas esas

relaciones- terminarían fortaleciéndose en su

especificidad.

        En definitiva, el sistema político y los partidos que lo

constituyen están llamados a jugar un importante papel en el

proceso de institucionalización democrática

salvadoreño. Para ello, sin embargo, deben cumplirse los

requisitos mínimos señalados antes, sin los cuales ese rol

será jugado de un modo defectuoso o, lo que es peor, se

propiararán desde los mismos partidos y desde el sistema

político  condiciones que hagan posible el estancamiento o la

reversión del proceso de instauración democrática. 



Sistema político, partidos y sociedad civil

        En El Salvador, durante 1996, han sido inocultables las

debilidades de los partidos y del sistema político. Este

último ha sido incapaz de hacer de intermediario entre las

demandas de la sociedad civil y la capacidad estatal para respoder

adecuadamente a esas demandas. Es decir, ha sido notorio el divorcio

entra el sistema político y  la sociedad civil, la cual -como los

demuestran persistentemente los sondeos de opinión

pública- no sólo desconfía de los políticos

y la política, sino que reclama mecanismos ajenos a éstos

para resolver sus problemas. Ese divorcio se ha reflejado tanto en los

sondeos de opinión como en la fragilidad de las relaciones entre

los partidos y la sociedad civil, lo cual se ha traducido en la escasa o

nula resonancia de los problemas de esta última en el quehacer

político. 

        En un año preelectoral como el que está a punto

de finalizar, los actores políticos han estado más

ocupados en definir sus posiciones de poder al interior de los partidos

que en desempeñar eficazmente su función de interlocutores

de la sociedad civil. De hecho, 1996 ha sido un año en el cual

los recambios en las cúpulas partidarias han estado a la orden

del día. Las figuras políticas de siempre han aparecido en

las principales disputas y conflictos que han marcado la vida interna de

los partidos durante el año, sin que, en muchos casos -como en el

PDC e incluso en ARENA-,  esas disputas y conflictos hayan dado

señales claras de haberse resuelto definitivamente.

        Estos ■reacomodos■ partidarios, por estar sobredeterminados por

las ansias de poder y afán de protagonismo de líderes

desgastados políticamente, han puesto de manifiesto cómo

los partidos están más en función de lo que deciden

o esperan sus cúpulas de dirección que en función

de las necesidades de la sociedad; es decir, han puesto de manifiesto

una verdad irrecusable: que los partidos políticos en El Salvador

viven de espaldas a la realidad social, contentándose con que sus

líderes estén satisfechos de su papel como

políticos tradicionales, gozando de buena salud y de los

beneficios que, por negociar entre sí, puedan conseguir. 

        Cada vez que al interior de las cúpulas no ha habido

acuerdos básicos sobre el reparto de los beneficios a los que se

puede acceder desde la política, en ese momento los conflictos

han estallado, saliendo a la luz pública como recambios

intrapartidarios que o bien nunca llegan a buen término -como en

la democracia cristiana- o bien terminan (temporalmente) con la

subordinación o exclusión de los perdedores -como en el

caso de ARENA con la salida del COENA de Juan José Domenech y la

salida del partido de Víctor Antonio Cornejo Arango-. 

        La consecuencia obvia de una dinámica política-

partidaria como la descrita ha sido el descrédito de los partidos

ante la sociedad. Y es que si los partidos políticos viven

centrados sobre sí mismos y no ocultan los intereses mezquinos

que se defienden desde ellos, difícilmente la sociedad va a

confiar en los mismos como instancias representativas de los intereses

ciudadanos. Justamente ese descrédito es una de las dimensiones

de la ruptura entre los partidos y el sistema político y la

sociedad civil: si esta última desconfía de los

políticos y la política no intenta en lo absoluto

canalizar sus demandas a través de éstos, sino que opta

por mecanismos alternos para ello,  el  sistema político  (y los

partidos) correrá el riesgo de volverse irrelevante como

instancia mediatizadora, con el subsiguiente debilitamiento de la

instauración democrática. 

        Porque, en efecto, si el sistema político, por su

descrédito y falta de legitimidad ante la sociedad, no es

percibido como el mecanismo mediador por excelencia en la lógica

■demandas sociales-respuesta institucional■, entonces se está

incubando una falla sustantiva en el proceso de instauración

democrática, falla que de no ser corregida -por ser de la

naturaleza que es- estará abriendo una fisura para que las

demandas sociales se canalicen a través de mecanismos disruptivos

y que las respuestas estatales a las mismas no sean ■traducidas■ por el

sistema político, sino que en directo se canalicen a

través de instancias estatales de control social.      

        Otra de las dimensiones de la ruptura existente entre los

partidos y el sistema político y la sociedad civil es la que

atañe a la debilidad institucional de los primeros,  los cuales

no han encontrado los modos más adecuados y eficaces para

acercarse a la sociedad. Por una parte, los partidos han mostrado

algún tipo de interés por vincularse a la sociedad 

motivados por un afán meramente instrumental, es decir, buscando

■bases■ que puedan ser movilizadas electoralmente cada vez que los

partidos (o sus dirigencias) así lo han estimado conveniente. Los

problemas reales de  los ciudadanos y del país -los que tienen

que ver con la probreza creciente, el deterioro ecológico, el

crimen organizado y la violencia- o bien han quedado fuera de las

agendas partidarias o bien han sido asumidos retóricamente o han

sido tomados en cuenta con el fin de reforzar (como ha hecho ARENA con

el tema de la violencia) las tendencias autoritarias presentes en muchos

de ellos. 

        Por otro lado,  el desinterés partidario por los

problemas reales de la sociedad ha sido coherente con unas estructuras

organizativas en las que el verticalismo y la concentración de

las decisiones en manos de una élite dirigente han impedido la

apertura de los partidos no sólo a expresiones divergentes en su

seno, sino hacia propuestas, sugerencias  o críticas provenientes

de la sociedad. Es decir, por su propia organización interna, los

partidos han sido incapaces de relacionarse creativamente con esta

última; han sido incapaces de ver a las organizaciones sociales

como interlocutoras a las cuales se debe prestar atención, con

las que deben dialogar y a las que debe potenciar en su autonomía

y especificidad.  Si ha habido algún tipo de relación, la

misma ha estado marcada por las pretensiones siempre presentes en los

partidos de manipular y someter a las organizaciones de la sociedad

civil a sus propios intereses.

        El año de 1996 ha puesto de  manifiesto cómo los

partidos políticos no han mostrado la menor preocupación

por el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil.

Pareciera que ven en ello una amenaza para sus propias aspiraciones de

poder. Este ha sido uno de los errores más graves cometidos por

los partidos, puesto que la debilidad de la sociedad civil (o la

resistencia de ésta a vincularse con ellos) los ha privado de un

interlocutor necesario no sólo para potenciar sus aspiraciones de

acceder a una cuota significativa de poder, sino para enriquecer sus

propuestas y proyectos económicos, políticos, sociales y

ecológicos. Los partidos han sido incapaces de asumir los

desafíos planteados por la sociedad civil, con lo cual no

sólo han establecido una brecha entre ellos y ésta, sino

que han perdido la oportunidad de salir del letargo al que los ha

conducido su persistente autocontemplación. Es decir, han perdido

la oportunidad de transformarse en las instituciones políticas

que la instauración democrática reclama: competitivas, con

liderazgos honestos y capaces, y abiertas responsablemente a los

desafíos que plantea la compleja realidad social de El Salvador

de fines de siglo.



Las elecciones en perspectiva 

        A fines de 1996, los dinamismos preelectorales se hicieron

sentir con particular fuerza, sobre todo por los ajustes partidarios

previos a las elecciones de 1997. Se generó, pues, un escenario

socio-político en el cual las apuestas partidarias comenzaron a

decantarse en torno a las estrategias de propaganda más

adecuadas, así como en torno a la selección de las figuras

políticas que podrían garantizar unos resultados

electorales favorables. Y en partidos como el PDC, ARENA y el PCN todas

estas discusiones y readecuaciones se han dado en el marco de crisis

internas insuficientemente resueltas.

        Como quiera que sea, en la mira de los partidos está,

antes que democratizarse o fortalecer sus relaciones con la sociedad

civil, el lograr resultados que les sean favorables en las elecciones

del próximo año; lo demás o ha pasado a segundo

término o ha sido -y será- utilizado para potenciar la

campaña electoral.  Por consiguiente, habrá que esperar 

que las coyunturas preelectoral y electoral se cierren para que los

partidos sí decidan en serio preocuparse por otra cosa que no

sean los beneficios que se obtienen desde el poder. En el futuro

inmediato, pedir a los partidos que introduzcan en sus agendas temas de

discusión en verdad importantes, aunque sea lo más

razonable y lo más deseable, constituye un sin sentido

práctico, dada la forma de proceder seguida hasta ahora por los

mismos.          Las elecciones del próximo año y sus

resultados pueden convertirse en un importante punto de partida para que

los partidos políticos se replanteen con honestidad y seriedad su

función dentro del orden democrático que se busca

construir en  El Salvador. Como paso previo tienen que valorar con

sinceridad el papel que han desempeñado hasta ahora; asimismo,

tienen que reconocer lo lejos que han estado de desempeñar el rol

que les compete en una sociedad que busca afanosamente ser

mínimamente democrática. Si los partidos no hacen este

necesario ajuste de cuentas consigo mismos, no van a estar dando

señales positivas de estar superando los lastres que los han

marcado durante 1996: la corrupción, el compadrazgo, la compra-

venta de favores y las disputas entre camarillas.  

        La reconversión de los partidos políticos en la

dirección que hemos señalado -y tomando en cuenta los

requisitos a los que hemos aludido a lo largo de estas notas- es una

necesidad imperiosa para lograr una institucionalización

democrática en El Salvador. Sólo a partir de esa

reconversión es que los partidos podrán dar paso a un

sistema político consistente, legítimo, creíble y

capaz de cumplir eficazmente sus funciones de intermediación

socio-política. De  no avanzar por este camino, El Salvador

correrá el riesgo de decantarse peligrosamente hacia la violencia

social disruptiva y el autoritarismo, con lo cual todos perderemos,

especialmente las generaciones venideras a las que dejaremos un

país sin recursos materiales y sin las mínimas tradiciones

de convivencia pacífica y de respeto a la dignidad humana.

        En materia electoral, ciertamente, aún queda mucho que

avanzar en El Salvador. Todavía no están suficientemente

depurados los mecanismos técnicos que garantizarán a los

ciudadanos y a todos los partidos por igual que los resultados de las

elecciones serán respetados y que, mejor aún, el proceso

electoral será transparente y limpio. Desde este punto de vista,

los partidos de oposición -especialmente el FMLN- están

forzados a participar en una contienda electoral cuyos componentes

técnicos no son totalmente confiables y, en consecuencia, no

ofrecen las garantías básicas, primero, para que voten

quienes deban hacerlo; segundo, para que lo hagan con la mayor

facilidad; y, tercero, para que los resultados electorales reflejen lo

más fielmente posible su opción política. Las

dificultades para realizar un empadronamiento confiable -del cual hasta

ahora no se tienen cifras globales- y la no implementación del

voto domiciliario constituyen ejemplos importantes de lo mucho que falta

por avanzar en la implementación de un sistema electoral

técnicamente confiable. 

        Sin embargo,  las dificultades técnicas, con ser

importantes, no son lo más difícil de sortear, puesto que

en lo fundamental se trataría de dotar de mejores y mayores

recursos financieros y humanos a las instituciones responsables de ello.

Lo que hasta ahora ha entorpecido la instauración de un sistema

electoral confiable son los intereses políticos de ARENA,

institución que se ha valido de las artimañas más

diversas para impedir no sólo una competencia más

igualitaria entre los partidos políticos, sino que ha bloqueado

aquellas reformas políticas que democratizarían los

resultados electorales, determinando más equitativamente para

cada partido la cuota de poder en el parlamento y los municipios

según hayan sido los votos obtenidos. Es decir, una de las

batallas de ARENA ha sido contra la representación proporcional,

a la cual teme por considerar quizás que una vez implementada se

traducirá en una merma de poder parlamentario y municipal

        A la par de esa batalla, ARENA ha impulsado otras luchas

complementarias como el bloqueo al voto domiciliario, lo cual  es

fácilmente comprensible, pues -en los cálculos de este

partido- el abstencionismo es una ganancia, sabiendo que cuenta con un

voto duro que, de mantenerse como en el pasado, puede hacer la

diferencia con otros partidos. Es decir, ARENA como un partido fiel a

las tradiciones conservadoras de la derecha teme a la

participación popular masiva,  aunque sea solamente para

depositar un voto en las urnas. Además es un partido consciente

de su desempeño gubernamental; consciente de lo nefasto para los

intereses populares de muchas de las medidas económicas y

sociales implementadas por sus dos administraciones; consciente, en fin,

del desgaste que acompaña a un partido de gobierno con las

características del suyo, sumado todo ello a la

corrupción, el tráfico de influencias y los conflictos

internos que han salido a la luz pública a lo largo del

año.

        Así las cosas, los asesores políticos de ARENA

seguramente esperan un ■voto de castigo■ por parte de los sectores

mayoritarios del país. Si este es la lectura, una buena

solución para el partido -aunque no para la

institucionalización democrática del país- es

bloquear la participación electoral masiva de estos sectores. A

la par de esta salida, está otra de mayor alcance: bloquear la

representación proporcional, puesto que de darse ambas los

resultados electorales podrían amenazar la cuota de poder que

ARENA ha logrado mantener desde 1989. Y si ambas no se dan -esa es la

apuesta de ARENA- todo estará bajo control, y en los comicios de

marzo de 1997 no sucederá nada que llene de sobresaltos a la

derecha.   

        En el otro extremo del espectro político, el FMLN ha

abanderado la lucha por favorecer una participación electoral

masiva de los ciudadanos, así como en implementar la

representación proporcional. Sus cálculos son precisamente

los opuestos a los de ARENA: el FMLN espera que entre más

ciudadanos participen en las elecciones mayores serán sus

posibilidades de hacerse de una cuota de poder en los municipios y el

parlamento, sobre todo si esa votación a su favor se traduce en

una representación proporcional. Pero dados los obstáculos

que tiene ante sí la participación masiva de los

ciudadanos en las elecciones, el FMLN -por lo menos en San Salvador-

parece haber caído en la cuenta que tiene ir a lo seguro, es

decir, a sus ■votantes tradicionales■ para hacer frente a ARENA. 

        Como quiera que sea,  todo parece indicar que los resultados

electorales de 1997 se jugarán entre ARENA y el FMLN, y que el

resto de partidos ocuparán los lugares de siempre, no

quedándoles más alternativa que sobrevivir aislados o

vincularse subordinadamente a los dos partidos mayoritarios. Estos, por

su parte, parecen confiar en sus ■votantes tradicionales■ para lograr

resultados favorables: ARENA por desconfiar de una participación

masiva de los ciudadanos y el FMLN por los obstáculos existentes

para que esa participación se haga efectiva. No es seguro que

como están las cosas -dado el descrédito de los partidos y

sus líderes ante la sociedad, y dado el desempeño

político del FMLN-, de darse las condiciones propicias para ello,

los ciudadanos avalen masivamente el proyecto de este último. Es

seguro que no lo harán con ARENA, y eso lo saben sus dirigentes,

pero ello no quiere decir que lo hagan con el FMLN, aunque sus

dirigentes crean fervientemente lo contrario. No basta con que un

partido se proclame como alternativa a un partido desgastado para que

los votantes, a pie juntillas, se decidan por el mismo. Para ello no

sólo tienen que formular proyectos políticos consistentes,

sino convencer al electorado de que esos proyectos se podrán en

marcha.  Y en este terreno el FMLN tiene aún mucho que hacer

todavía.

        Queda en pie la pregunta de si los ■votantes tradicionales■ de

ARENA y el FMLN -así como los de los demás partidos- se

comportarán electoralmente como siempre. Si ello es así,

los cálculos políticos serán más o menos

atinados para cada bloque partidario. Si ello no sucede, las sorpresas

se harán presentes, con los debates postelectorales a que las

mismas darán paso. Asimismo, queda como punto pendiente si, pese

a lo bloqueos de ARENA, se va a ampliar la participación

electoral de los salvadoreños,  incluyendo tanto a quienes se han

ubicado en las últimas elecciones -pese a no tener mayores

dificultades para asistir a las urnas- entre los abstensionistas como a

quienes se han incorporado recientemente al padrón electoral.

Todo ello puede introducir novedades importantes en los resultados

electorales de 1997. Habrá que esperar hasta entonces para

evaluar en qué medida esas elecciones fueron más de lo

mismo o si se suscitaron cambios en su realización y

consecuencias.      

        -----



Balance económico



        Una revisión del comportamiento macroeconómico

durante el año 1996 muestran tendencias que, en algunos casos,

marcan una clara ruptura con las observadas a lo largo de la década.

Resultan especialmente notables en este contexto la caída del

crecimiento de la actividad económica, la ampliación del

déficit fiscal y la sorprendente reducción del déficit

de la balanza comercial. Por otra parte, en el ámbito social la

situación no ha cambiado notablemente, pues el presupuesto para las

instituciones sociales decayó para 1996, mientras que los

indicadores de desarrollo social mostraron tendencias negativas.

        La coyuntura actual muestra signos de agotamiento del esquema de

crecimiento económico experimentado a lo largo de la presente

década y, a la vez, es reflejo de una organización social que

opone obstáculos al desarrollo. Este esquema de crecimiento se ha

fundamentado especialmente en el sector terciario de la economía,

específicamente en las finanzas financiero, el comercio y la

construcción, descuidando la atención de los sectores

agropecuario e industrial los cuales han crecido a tasas inferiores al

promedio.

        En gran medida, el crecimiento económico de los años

pasados ha sido posible por la elevada capacidad de consumo resultante del

envío de remesas familiares y del incremento del crédito

otorgado por el sistema financiero. En lo fundamental el incremento del

consumo estimuló el crecimiento de las importaciones de bienes de

consumo realizadas por el sector comercio, sin afectar notablemente la

actividad económica de los sectores industrial y agropecuario. El

sector externo también ha reflejado el ingreso de las remesas

familiares, ya que estas han contribuido a mantener saldos positivos en la

balanza de pagos, aún y cuando -hasta 1995- habría existido

una clara tendencia hacia el crecimiento del déficit de la balanza

comercial.

        En el presente balance se expone una visión coyuntural de

la economía salvadoreña para el año 1996, a partir del

examen de la evolución de variables principales tales como

producción, precios, balanza de pagos, déficit fiscal y las

relacionadas con el sector monetario-financiero; sin embargo,

también interesa poner en perspectiva los resultados en materia

macroeconómica, contrastándolos con dos aspectos del

desarrollo que usualmente están excluidos de los balances

económicos, aún y cuando es convencionalmente aceptado que

son dos de los principales obstáculos para el desarrollo: el

desarrollo social y la protección del medio ambiente. 

        De hecho, en la actualidad, las concepciones de desarrollo

normalmente aceptadas pregonan por el "desarrollo sostenible", el cual

tiene cuatro postulados básicos: alto consumo per cápita por

un tiempo indefinido, lo cual implica un nivel óptimo de

utilización de los recursos naturales; equidad en la

distribución del ingreso; protección ambiental; y,

finalmente, la participación de todos los sectores de la sociedad

en la toma de decisiones. 

        Tomando en cuenta lo anterior, a continuación se presenta

una evaluación macroeconómica del año 1996 para luego

proceder a examinar cual ha sido el comportamiento de algunos indicadores

sociales durante el mismo año, así como la situación

del medio ambiente y su relación con el proceso de desarrollo.



Producción y empleo

        De acuerdo a los datos del Banco Central de Reserva (BCR) el

crecimiento económico para el año 1996 no será tan

bonancible como el experimentado durante 1995, pues para finales de

año se espera alcanzar una tasa de crecimiento de aproximadamente

3%, lo cual representa solamente la mitad de la obtenida en 1995, cuando

fue de 6%. Sin embargo, de acuerdo al Indice de Volumen de la Actividad

Económica (IVAE) las expectativas de crecimiento podrían ser

mucho menores. Considérese que los últimos datos disponibles

consignan que el IVAE general se incrementó en 0.6% entre los meses

de septiembre 1996 y septiembre 1995, mientras que para el período

septiembre 1994 y septiembre 1995 lo habría hecho en un 8.6%.

        Todos los sectores económicos han experimentado una marcada

reducción del crecimiento de su índice respectivo, aunque

algunos sectores aún observan tasas considerables de crecimiento.

Los sectores que mayor crecimiento habrían experimentado son el  

financiero, electricidad y, por primera vez, el agropecuario; mientras que

los sectores que han experimentado una contracción son el comercio

y la administración pública.

        En lo tocante al comportamiento del empleo, el BCR se conforma con

presentar el comportamiento de la cantidad de afiliados al Instituto

Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), los cuales no constituyen un

indicador confiable del nivel de empleo de la economía, porque el

mismo no depende solamente del nivel de producción, sino

también de su cobertura, la cual es esencialmente urbana. Sin

embargo, aún ateniéndose al comportamiento del número

de afiliados al ISSS, resulta claro que durante 1996 se ha experimentado

un incremento mucho menor al observado entre 1995, pues se ha pasado de una

tasa de crecimiento de 8.3% a otra de 0.5%. En términos absolutos,

durante 1996 el número de afiliados solamente al ISSS creció

en 1,788 personas mientras que, de acuerdo a las cifras y tasas de

crecimiento poblacional consignados en el IV Censo de Población, la

Población Económicamente Activa (PEA) urbana se

incrementó en aproximadamente 10 veces esa cantidad (17,798

personas) durante este período. Evidentemente estaríamos ante

un incremento de cerca de dos puntos porcentuales en el desempleo urbano.



Precios y salarios

        Al igual que la producción, los precios han evidenciado un

comportamiento notablemente diferente al evidenciado durante el año

pasado al disminuir notablemente su tasa de crecimiento, al menos hasta el

mes de noviembre que es para el último mes que se conocen datos. Sin

embargo cabe apuntar que este tendencia ha resultado de las reducciones en

el Indice de Precios al Consumidor (IPC) experimentados a partir del mes

de septiembre pasado.

        De acuerdo a datos de la Dirección General de

Estadística y Censos (DIGESTYC) para el pasado mes de agosto la tasa

de inflación acumulada habría alcanzado ya el 8.3%, con lo

cual esta se habría colocado a niveles similares a los observables

para el mismo mes del año pasado y dentro del rango establecido por

el gobierno en su programa monetario-financiero (de 8% a 10%). Teniendo en

cuenta la experiencia de años pasados, lo que cabía esperar

a ese momento sería que a final del año la inflación

superara a la observada en 1995, la cual fue de 8.3%. Empero, la realidad

es que durante los meses siguientes el comportamiento del IPC cambió

totalmente e inició una etapa de decrecimiento tal que en septiembre

el IPC cayó en un -0.6%, en octubre se incrementó en un 0.1%

y en noviembre experimentó una nueva disminución de -0.6%.

Lo anterior implicó una reducción de 1.2% en la

inflación acumulada que determinó que para el mes de

noviembre la misma fuera de 7.1%.

        La interpretación oficial de este comportamiento se centra

en la marcada reducción de los precios de los alimentos

experimentada durante los últimos meses; pese a ello, aún

puede argumentarse que en realidad los alimentos son los que más

incrementos de precios han experimentado durante el año. Hasta el

mes de noviembre, las tasas de inflación acumulada de los diferentes

componentes del IPC fueron los siguientes: vivienda 5.2%, vestuario 1.4%,

misceláneos 5.4%; y alimentos 10.9%. 

        Esta dinámica no es nueva porque, a excepción de

1995,  los últimos cuatro años ha sido notable el mayor ritmo

de crecimiento de los precios en el rubro de alimentos; ello se evidencia

con mayor claridad a partir de una revisión del crecimiento de los

índices de los diferentes rubros que componen el IPC durante el

período diciembre 1992-octubre 1996: vestuario y servicios

relacionados creció un 21.5%; misceláneos 32.3%; vivienda

44.8%; y alimentos, bebidas y tabaco 62.2%. El comportamiento de estos

rubros y su participación ponderada en el IPC determinaron que la

inflación general del período fuera de 46.4%.

        Como contrapartida, los salarios mínimos se han mantenido

inalterados durante el presente año, pese a que no se experimenta

un incremento en este rubro desde el mes de agosto de 1995. Desde esa fecha

a la actualidad, los salarios mínimos reales han continuado

deteriorándose a causa de la inflación pasando desde un valor

de 8.75 a otro de 7.94 para noviembre último. Lo anterior implica

que ha habido un deterioro de 4.9% en los salarios mínimos reales.

        La situación empeora aún más si se considera

que la mayoría de trabajadores que reciben un salario mínimo

se encuentran en situación de pobreza, lo cual implica que la mayor

parte de sus salarios (o la totalidad) se dedica a la adquisición

de los productos que enfrentan los mayores índices inflacionarios:

los alimentos; consecuentemente, el deterioro de los salarios

mínimos reales es mayor que el que puede estimarse a partir del IPC

por reflejar este menores tasas de inflación que el rubro alimentos. 





Sector externo

        El hecho más desconcertante en esta área ha sido sin

lugar a dudas la reducción del déficit de la balanza

comercial reflejado en las últimas cifras disponibles y

correspondientes al mes de octubre. Lamentablemente, esta no es ninguna

señal alentadora, pues como se establece a continuación la

reducción del mencionado déficit obedece más bien a

los efectos de la caída de la tasa de crecimiento de la

producción.

        Entre los períodos enero-octubre 1995 y enero-octubre 1996

se reportó una reducción de aproximadamente 12.8% en el saldo

de la balanza comercial, resultado atribuible primordialmente a una

contracción de las importaciones en -1.6%. La disminución del

déficit habría sido mayor si las exportaciones hubieran

observado un comportamiento similar al de años anteriores cuando se

reportaban incrementos del orden de 30%, pero la realidad es que entre los

períodos mencionados solamente hubo un incremento de 9.5% en las

exportaciones. 

        Al examinar la composición de las importaciones resulta

notable que estas han disminuido fundamentalmente debido a la caída

de las importaciones de bienes de capital, los cuales cayeron en 17.1% lo

cual equivale a un monto de 109 millones de dólares, las

importaciones de bienes intermedios disminuyeron en un 0.4% que equivale

a 4.3 millones de dólares y los bienes de consumo disminuyeron en

0.2% equivalentes a 1.1 millones de dólares. Así puede

afirmarse que la reducción de las importaciones totales no ha sido

provocada por una reducción de las importaciones de bienes de

consumo, sino por una caída de las importaciones de bienes de

capital y, consecuentemente, de la inversión.

        Las exportaciones, por su parte, tampoco ofrecen perspectivas

alentadoras para la economía nacional: las exportaciones

tradicionales sólo crecieron 0.2% (500 mil dólares); mientras

que las no tradicionales lo hicieron en 3.6% (17.3 millones de

dólares); el mayor incremento de las exportaciones fue aportado por

la maquila, pues el incremento de sus exportaciones fue de 19.2% (103.4

millones de dólares). Lo anterior implica que la maquila

explicó un 85% del incremento de las exportaciones.

        No se cuenta con datos actualizados de la balanza de capital, pero

se sabe que para 1996 se espera un nuevo incremento en las Reservas

Internacionales Netas del BCR y de las remesas familiares, lo cual

estaría reflejando que, pese a la permanencia del déficit de

la balanza comercial, existe un elevado nivel de transferencias (remesas)

y un superávit de la balanza de capital que permiten compensarlo.



Sector público

        El déficit del sector público ha experimentado un

impresionante crecimiento entre los meses enero-octubre de 1995 y los

mismos meses de 1996 pasando de un nivel de 252.1 millones de colones a

otro de 929.6 millones de colones, lo cual implicaría un incremento

de 470.2%. Este comportamiento ha obedecido al mayor incremento

experimentado por los egresos totales, especialmente en relación a

los ingresos totales. Estos últimos crecieron en un 6.7%,  es decir,

643.6 millones de colones; mientras los egresos crecieron en 19.4%, es

decir, 1824.3 millones de colones.

        Cabe destacar que los ingresos totales perdieron su

dinámica de crecimiento debido en gran parte a la caída de

la actividad económica. Esto explica el porque pese a que se

incrementó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 10% a 13%, durante

este año no se ha reportado un incremento sustancial en las

recaudaciones de este impuesto. Entre enero-octubre 1995 y enero-octubre

1996, únicamente se ha registrado un incremento de 17.2% (652.9

millones de colones), mientras que entre los mismos meses de 1994 y 1995

se reportó un incremento de 43.2% (1143.4 millones de colones).

        Por otra parte los impuestos a las importaciones han seguido una

tendencia similar a la experimentada por las importaciones, esto es, hacia

la disminución. Entre enero-octubre 1995 y los mismos meses de 1996

se reportó una disminución de -15.8% (225.3 millones de

colones), lo cual contrasta con el hecho de que entre los mismos meses de

1994 y 1995 se reportó un incremento de 16.7% (203.8 millones de

colones). 

        En lo tocante al comportamiento de los egresos es importante notar

que pese a que estos mantuvieron una dinámica de crecimiento en

relación a 1995, llegando a observar un incremento de 19.4%. Esta

última situación añadida a la caída de los

ingresos es lo que explica la ampliación del déficit fiscal.



Evolución de algunos indicadores sociales

        En lo tocante a la situación social su evolución

tampoco llenaría las expectativas del desarrollo debido

principalmente a que los indicadores de desarrollo humano y gasto social

muestran un comportamiento negativo mientras que, por otra parte, la

pobreza sólo ha podido ser aliviada a través de una masiva

emigración hacia los Estados Unidos y el envío de remesas

familiares. Cabe mencionar aquí que el Indice de Desarrollo Humano

(IDH) es un indicador del estado de la salud y educación en los

diferentes países del mundo para un momento determinado, para lo

cual evalúa variables como la esperanza de vida, la tasa de

alfabetización de adultos, la tasa de matriculación y el

Producto Interno Bruto real per cápita. 

        De acuerdo a los dos últimos informes del Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), El Salvador no avanzó ni

retrocedió en la clasificación de desarrollo humano, pues se

mantuvo en la misma posición: la 115. Sin embargo, si consideramos

que según el informe de 1994 la posición ocupada por El

Salvador era la 112, es evidente que se ha suscitado una notable

caída en el nivel de desarrollo humano. El Salvador se encuentra

así cada vez más cerca de ser clasificado como uno con un

desarrollo humano bajo, e incluso se considera menos desarrollado que otros

países centroamericanos como Costa Rica, Guatemala y Honduras que

ocupan los lugares 31, 112 y 114 dentro de la clasificación del IDH.

        Por otra parte, el gasto social para 1996 reflejó una

disminución en relación a 1995, pasando desde un nivel de

25.63% a otro de sólo 24.35%. Es decir, todos los rubros

considerados dentro del área de desarrollo social sufrieron

disminuciones exceptuando el de Trabajo y Previsión Social. Areas

de interés crucial como la Educación, Salud y Vivienda vieron

reducirse su participación en el total del presupuesto de la

nación para 1996.         

        En lo tocante al comportamiento de la pobreza es insoslayable el

hecho de que, de acuerdo a estadísticas oficiales, durante los

años 1994 y 1995 se habría registrado una reducción

promedio de 6.09% en la pobreza total, 1.1% en la relativa y de

aproximadamente 4.99% en la absoluta. De esta forma la pobreza relativa

para 1995 fue de 29.30%, la pobreza absoluta fue de 18.23% y la pobreza

total alcanzó el 47.53% de las familias. Considerando que para 1994

la pobreza total fue de 52.42%, estaríamos ante una reducción

de cerca de 5 puntos porcentuales en la pobreza.

        Desafortunadamente este comportamiento se explica más en

función de cambios en la metodología para el cálculo

de la pobreza que en cambios en la dinámica de exclusión

económica que ha caracterizado históricamente al país.

La inclusión de las remesas familiares dentro de los ingresos

conlleva la clara intencionalidad de reducir las cifras de pobreza.

Así las Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples

incluyeron desde 1993 el rubro de "remesas familiares" dentro de los

ingresos familiares, con lo cual se registró una disminución

inmediata de los niveles de pobreza en el país que se ha prolongado

a lo largo de los años en la medida que la remesas familiares

tienden a aumentar. De hecho la citadas encuestas reconocen que el objetivo

general del módulo "remesas familiares" es "Mejorar la

captación del Ingreso y medir el peso que las remesas tienen en la

Economía Familiar" agregando que "permite conocer la

distribución de las remesas en la adquisición de bienes de

consumo... subsanando en gran medida las necesidades de muchos hogares y

dinamizando la economía salvadoreña."



Situación económica y medio ambiente

        A diferencia del desarrollo social, una temática que ha 

sido tradicionalmente aislada del ámbito de la evaluación

económica ha sido la protección del medio ambiente.

Aún con las actuales tendencias internacionales por incorporar este

tema en el campo del desarrollo en El Salvador, su importancia aún

no es considerada en su verdadera dimensión.

        En El Salvador existen indicadores que dan cuenta de altos niveles

de deterioro de los suelos, disminución de la cobertura forestal,

contaminación y agotamiento de los mantos acuíferos,

polución del aire, etc.; los cuales sin lugar a dudas inciden sobre

la salud de la población y pueden llegar a incidir sobre las

diferentes variables macroeconómicas. Las formulaciones

teóricas para incorporar el deterioro del medio ambiente al

análisis económico han dado paso al surgimiento de

planteamientos microeconómicos que relacionan la calidad ambiental

con la producción y a la teoría de las "cuentas verdes" que

persigue incorporar los recursos naturales a la contabilidad nacional. 

        Un claro ejemplo de la relación entre economía-medio

ambiente en El Salvador, aunque no el único, puede encontrarse en

el caso del cultivo del algodón en donde la alteración del

ecosistema de la planicie costera dio paso a la proliferación de

plagas, al uso intensivo de pesticidas, a la contaminación de los

recursos naturales y, posteriormente, a la inviabilidad del cultivo del

algodón. Lo anterior afectó negativamente la

producción, el empleo, las exportaciones y la balanza comercial.

        En la actualidad la forma en que se utilizan los recursos

naturales podría llegar a inviabilizar muchas actividades

económicas como la agricultura, la generación de electricidad

e inclusive aquellas que se desarrollan en el ámbito urbano y que,

por cierto, son las que han impulsado el crecimiento económico

durante la presente década. La construcción irreglamentada,

por ejemplo, contribuye al deterioro del suelo y de los recursos forestales

a la vez que impermeabiliza los mantos acuíferos de los cuales se

abastece la capital.

Conclusiones

        Durante 1996, el ámbito macroeconómico se ha

caracterizado por tendencias encontradas: en primer lugar una

reducción del crecimiento económico y un incremento del

déficit fiscal que contrastan fuertemente con dinámicas

aparentemente más positivas como la reducción del

déficit de la balanza comercial y de la tasa de inflación.

Sin embargo, en general el balance del comportamiento macroeconómico

es negativo, pues la reducción del déficit de la balanza

comercial obedece a la caída del crecimiento económico, a la

reducción de las importaciones de bienes de consumo mientras que en

realidad los precios de los alimentos han sufrido incrementos mucho mayores

que los reflejados por el IPC.

        Por lo anterior, parece claro que el crecimiento basado en los

sectores comercio, financiero y construcción ha demostrado ya su

inviabilidad en el mediano y largo plazo no sólo porque compromete

la estabilidad macroeconómica, sino también porque tampoco

da señales de ser una solución para las problemáticas

de la exclusión social y la dinámica de degradación

ambiental; más bien amenaza con potenciarlas.

        Es importante destacar que hasta ahora la única fuente

sólida de crecimiento con estabilidad ha sido el envío de

remesas familiares; más aún puede afirmarse que estas han

contribuido también a aumentar el consumo de las familias más

desfavorecidas. Así, puede afirmarse que en un contexto de

liberalización económica las remesas familiares han orientado

en gran medida el comportamiento de los sectores económicos,

estimulando el consumo importado y las actividades conexas al mismo.

        La liberalización económica no debe concebirse como

un objetivo superior al desarrollo; más bien debería

considerarse como un medio para alcanzarlo. Consecuentemente, en el caso

de El Salvador es de principal interés fomentar un modelo

económico que no solamente busque liberalizar la actividad

económica y mantener la estabilidad macro sino también que

persiga los grandes objetivos del desarrollo sostenible para lo cual es

totalmente necesaria la participación activa del Estado.





                                    INDICADORES ECONOMICOS SELECCIONADOS

                                                      

-----------------------------------------------------------------

                                                 1995         Var.     

1996     Var.

-----------------------------------------------------------------

Actividad económica

Septiembre

Indice de Volumen de la 

Actividad Económica IVAE      155.0     8.6     156.0       0.6



Trabajadores cotizantes 

ISSS                                             383,382   8.3     

385,160     0.5



Precios

Noviembre

Inflación acumulada           11.2                        7.1    

     



Sector público

Octubre

Ingresos fiscales             9,641.4   22.3       10,285.0     6.7

Gastos más concesión

préstamos                                      9,390.3   15.0  

11,214.6    19.4

Superávit o déficit

global                                   251.1    -190.1  -929.6    -470.2



Sector externo

Octubre

Saldo balanza comercial      -1390.5   32.1    -1212.8    -12.8

Exportaciones totales         1387.6   34.8     1520.1      9.5

Exportaciones tradicionales    370.9   30.6     382.7       3.2

Exportaciones no tradicio-

nales y maquila                       1016.7   36.4     1137.4     11.9

Importaciones totales         2778.1   33.4     2732.9     -1.6

Bienes consumo                 646.2   37.3      645.1     -0.2

Bienes intermedios            1026.5   24.3     1022.2     -0.4

Bienes de capital                         696.5   32.1     577.1     -17.1

Maquila                                   408.9   58.3     488.5     19.5

-----------------------------------------------------------------

Fuente: Banco Central de Reserva. Indicadores Económicos de Corto

Plazo. Noviembre de 1996.

        

        -----



Balance Socio-laboral



        Tomando en cuenta las tendencias de 1995, en lo que al

área socio-laboral respecta, era de esperarse que para el

año recién finalizado la dinámica del proceso de

privatización y modernización del Estado pasara a ser el

centro de atención de la vida pública del país. Si

bien la violencia delincuencial era ya desde 1995 un asunto obligatorio

a tratar, todo apuntaba a que en 1996 la confrontación entre las

gremiales de las instituciones estatales a ser privatizadas y el

gobierno en funciones se agudizaría aún más por la

puesta en marcha del proyecto de privatización heredado de la

administración  Cristiani. 

        Sin embargo, la temática en cuestión fue excluida

y sustituida de las agendas de discusión por el tópico de

la lucha en contra de la delincuencia común y organizada

emprendida por el gobierno a lo largo del año. No es que no

existieron manifestaciones públicas de las gremiales sindicales

en contra del avance del proceso de privatización; al contrario,

la dinámica sindical en contra de la misma llegó a su

máxima expresión con la formación de la

■Coordinadora popular■ a finales de año. El punto es que si bien

el proceso de privatización de las más importantes

entidades estatales entró durante 1996 a una fase

difícilmente reversible, la actividad desarrollada por las

organizaciones sindicales para denunciar las negativas consecuencias

laborales y económicas que de él se desprenderían a

futuro quedó totalmente sepultada y minusvalorada por la

intensificación de la violencia delincuencial, la minuciosa

cobertura que a ella prestaron los medios y las polémicas

soluciones que al problema de la delincuencia pretendió dar el

gobierno.

        Tanto la administración Calderón Sol  como los

medios de comunicación, al reducir sus listas de temas a tratar

en discusión pública, lograron que durante 1996 el

único problema aparentemente visible, y por lo tanto el

único al que hubo que buscar inmediata solución, fuera el

de la delincuencia generalizada, alejando con ello de la palestra

pública otros puntos con efectos tal vez no tan a corto plazo

como éste, pero sí con graves repercusiones para la

sociedad en general al mediano y largo plazo.

        Para el gobierno, las ventajas políticas de esta

desviación de la atención pública hacia un solo

punto en el horizonte de la vida de la sociedad civil salvadoreña

son más que evidentes. Por un lado, las manifestaciones de

repudio por parte de algunos actores sociales ante los proyectos en

marcha del gobierno (las maquilas, por ejemplo) han pasado casi

desapercibidas; por el otro, los conatos de solución llevados a

cabo en 1996 para frenar la delincuencia han permitido en cierto grado

aliviar la crisis de legitimidad y credibilidad por las que ha

atravesado y está atravesando el gobierno a raíz de los

continuos escándalos de corrupción y la aplicación

de medidas económicas lesivas para los intereses de las

mayorías populares.

        Así, lo que pudo haberse convertido en un triunfo para

la administración arenera, se constituyó en una de las

más evidentes manifestaciones de su ineptitud para llevar a buen

término las expectativas de la sociedad salvadoreña. Lo

que pretendía ser un triunfalista combate contra la delincuencia

se transformó en realidad en un tortuoso itinerario de medidas

equivocadas, peligrosas y de matices claramente autoritarios.

        Ciertamente, sería disparatado realizar un

análisis de la importancia y gravedad del problema delincuencial

en relación con el éxito o fracaso de una campaña

gubernamental que buscaba ganar o recuperar capital político; la

delincuencia y sus expresiones son reales, de ello dan cuenta las

abultadas cifras de asesinatos, asaltos y secuestros de 1996. Empero,

por las consecuencias que para la sociedad en general ha significado el

yerro o acierto de esta campaña es necesario reparar en este

punto, sin dejar de lado por ello las problemáticas que de una u

otra manera la campaña anti delincuencial volvió

secundarias. En las siguientes líneas se analizarán,

además de aquella, los puntos que en el año que ha

finalizado fueron de mayor trascendencia para la sociedad

salvadoreña, a saber: la posición de los sindicatos en

torno a la privatización, la corrupción gubernamental y la

problemática del medio ambiente.



Desatinos en la lucha contra la delincuencia 

        Ya en 1995 era innegable que el problema de la delincuencia se

cernía como una mancha voraz que amenazaba con hundir a la

sociedad salvadoreña en un mare magnum de violencia e inseguridad

ciudadana. Los esfuerzos de la incipiente Policía Nacional Civil

(PNC) podían poco o nada contra una violencia delincuencial

desatada a toda escala y en todo lugar. A tal grado esta

situación que ya a principios de 1996 en el imaginario colectivo

del país se había cimentado la idea -propiciada por las

reiteradas afirmaciones de los funcionarios del gobierno y la labor de

los medios de comunicación en la difusión de los hechos

delincuenciales- que la delincuencia era un problema de proporciones

gigantescas generado espontáneamente después de la guerra.

Con ello empezaba a tomar cuerpo una justificación

axiomática que luego determinaría las

características de las soluciones que se aplicaron para tratar de

dar respuesta a la situación: el extremismo de las medidas a

tomar para erradicarla estaba justificado por el extremismo de una

violencia delincuencial sin causas y orígenes visibles.

        Como es evidente, desde un inicio quedó fuera de

discusión el tema de las causas de la delincuencia; el

delincuente quedó definido como un ser que surgiendo ex nihilo 

atacaba con irracional violencia a hombres y mujeres con independencia

de su extracción social y edad. Contra él, al estar

apartado de la ley de la sociedad civil y el Estado, era pues

absolutamente legítimo y válido actuar sin contemplaciones

o matices. Cualquier tipo de responsabilidad con las causas

estructurales que permiten y generan la delincuencia en general

quedó de raíz descartado.

        Teniendo en cuenta el anterior marco, una fecha clave para

entender la serie de palos de ciego que como respuesta a la delincuencia

dio el gobierno es el 4 de marzo. En esta fecha, en una medida adoptada

por consenso, los empresarios y comerciantes de Usulután

anunciaron que, como forma de presión para que el gobierno

prestara atención a la problemática, tomaban la

decisión de realizar de manera irrevocable un paro de labores

generalizado. En los días posteriores, el paro, primer precedente

de una manifestación civil organizada contra la negligencia del

gobierno en la lucha contra la creciente criminalidad, fue apoyado por

los sectores empresariales y agricultores de los departamentos de San

Miguel, La Unión, Morazán y San Vicente, así como

por la Sociedad de Comerciantes e Industriales Salvadoreños.

        Las respuestas emanadas del sector gubernamental ante el paro

de los comerciantes perfilaron lo que a lo largo del año

sería la mentalidad oficial frente a la delincuencia: primero, la

solución al problema pasaba por el incremento en el número

del cuerpo policial y el endurecimiento de las leyes; segundo, los

actores sociales podían ser reducidos a tres: los ■buenos■ -el

gobierno y las entidades encargadas de combatir la delincuencia-, los

■malos■ -los que delinquen- y las ■víctimas■ de los delincuentes

que en un ■frente común■ podrían ser incluidos dentro de

los primeros. En menos de un mes y gracias a la manifestación de

los empresarios -que para muchos analistas no fue más que un

chantaje contra la administración de Calderón Sol- se

inició un ■clamor popular■ -canalizado a través de la

prensa escrita y la televisión, y sustentado por la mentalidad

simplista y maniquea oficial- que exigía la puesta en

práctica de medidas tajantes y contundentes, entre ellas: la

movilización del ejército a las calles y las áreas

rurales, la formación de grupos de vigilancia vecinal, la

aprobación de leyes emparentadas con la Ley del Talión y

la restauración de la pena de muerte.

        El primer fruto del paro empresarial en occidente fue la no

menos que vertiginosa y apresuradísima formulación y

aprobación, el 19 del mismo mes, de la ■Ley transitoria de

emergencia contra la delincuencia y el crimen organizado■; quedando en

espera la aprobación de la ■Ley de Defensa Social■, la cual fue

finalmente abandonada por sus aberraciones constitucionales y dejos

abiertamente persecutorios y totalitarios. 

        El alegato utilizado por los responsables de la

aprobación de la Ley de Emergencia fue que el sistema judicial

salvadoreño necesitaba de mecanismos que permitieran, e incluso

volvieran obligatorio, el apresuramiento de los procesos en contra de

los delincuentes con la finalidad de emitir de forma rápida y

eficaz sanciones condenatorias y así poner tras las rejas a

■todos los delincuentes del país■. A pesar del júbilo

general con que dicha ley fue recibida, no tardaron en surgir voces

críticas  -como la Procuraduría para la Defensa de los

Derechos Humanos, el FMLN e incluso los jueces- que señalaron la

incongruencia de la novel ley y la realidad judicial salvadoreña,

la inconstitucionalidad de muchos de sus artículos y lo poco

efectivo que ella sería al largo plazo.

        Habiendo transcurrido nueve meses desde la aprobación de

la ley, la complicada realidad delincuencial del país ha mostrado

la magnitud del desatino gubernamental, ya que no sólo no se

freno la intensidad de ella, sino, lo que es peor, el desconocimiento y

difícil aplicación de la ley atascó el de por

sí ineficiente sistema judicial salvadoreño. La

inexperiencia de policías casi adolescentes, la cruda

situación de los centros penitenciarios, el cúmulo de

procesos penales pendientes fueron factores que al no ser tomados en

cuenta impidieron el funcionamiento de una ley formalmente

inconstitucional y prácticamente irreal.

        Sólo la magnitud de las expectativas puestas por la

población en el desempeño del gobierno en lo que a la

solución de la delincuencia respecta permiten explicar el

porqué, a pesar de las dificultades y vacíos

intrínsecos de la ley de emergencia, no se retrocedió en

su aplicación. Haberlo hecho habría significado aceptar un

burdo error de apresuramiento y falta de visión política;

es decir, habría significado aceptar la ineptitud de los

funcionarios gubernamentales y sus pocos velados intereses de satisfacer

el vox populi aun cuando ello solamente llevara a un escandaloso fracaso

y al retroceso en la débil instauración democrática

del país.

        Habiendo tropezado en su primer intentona sólida de

aplacar el fenómeno delincuencial, las entidades de seguridad

pública dieron un siguiente paso: la puesta en marcha del

proyecto de Juntas de Vecinos, mismo que en teoría buscaba, entre

otras cosas, la prevención del delito a través de la

colaboración de los ciudadanos con los cuerpos policiales.En su

momento, el grueso de las críticas en su contra se centró

en la posibilidad de que las juntas de vecinos se transformaran en

estructuras de control político a la manera de la desaparecida

Organización Democrática Nacionalista (ORDEN),

organización paramilitar de extrema derecha, fundada y controlada

por el gobierno pecenista en la década de los setentas.

        Para evaluar la validez de las críticas de los

principales detractores del proyecto, mismas que llevaron -apoyadas

fundamentalmente por los señalamientos de la Organización

de las Naciones Unidas para la Verificación de los Acuerdos de

Paz (ONUV)- a la cancelación definitiva del mismo, es útil

hacer una revisión somera de algunos de los documentos

fundacionales del proyecto y resaltar los puntos que por su

interpretación pudieron prestarse a dotarlo de matices represivos

y persecutorios.

        En los documentos se definen las Juntas de Vecinos como

■organizaciones cívico-sociales formadas por personas naturales

de reconocida honradez y responsabilidad, trabajadoras y de buena

conducta, de preferencia aquellas que permanecen más tiempo en su

residencia■. La justificación de las juntas se encontraba en ■el

crecimiento delincuencial que azota nuestro país■ que

hacía necesario ■que la ciudadanía participe activamente

en este tipo de organizaciones... las cuales estarán coordinadas

por el Viceministerio de Seguridad Pública a través de la

PNC■. Los objetivos a buscar por la Juntas de Vecinos eran: ■1) que el

ciudadano con su participación, contribuya a la seguridad y

tranquilidad de su familia y conservación de sus bienes; 2) que

con la participación ciudadana la seguridad pública

esté en una permanente revisión para su buen

funcionamiento; y 3) que la seguridad pública a través del

proceso sea: servicio, orden y seguridad para la ciudadanía (el

énfasis es del documento).

        A lo anterior se añade que las redes entre las distintas

juntas de los departamentos ■son la base para el control e

información que la Junta de Vecinos aporta a la Seguridad

Pública■ y que la estrategia a seguir es la de ■comunicar

inmediatamente a la autoridad competente sobre: a) sospechosos o

hechores de delitos;[...] b) movimientos sospechosos en contra de la

Seguridad del Estado; c) listado de personas anti-sociales de la

comunidad■.

        Analizando lo anterior, es de señalar, en primer lugar,

que en los documentos se dejaba a libre interpretación lo que

había de entenderse por personas ■honradas y de buena conducta■;

teniendo en cuenta que desde cánones conservadores -los que

tienden a regir en nuestro medio- una persona de este tipo se identifica

con los empresarios y los comerciantes, y con aquellos individuos que

guardan una relación de absoluto respeto -por no decir de

sumisión y apoyo- con los dictámenes emanados del gobierno

central, el perfil hubiera sido llenado exclusivamente por los sectores

de derecha y pro gubernamentales de la comunidad. Además, hablar

de personas que puedan permanecer en sus residencias es hablar de los

sectores pudientes de las comunidades. El ideal de la agrupación

era, en este sentido, política y económicamente

excluyente.

        En segundo lugar, que las juntas tuvieran como uno de sus

objetivos principales el mantener un orden y una seguridad

pública no definidos previamente, pudo haberse convertido en la

práctica en la persecución, o al menos en el control, de

aquellas personas o agrupaciones cuyas actividades políticas

estuvieran al margen de la ideología tolerada por el gobierno. Si

a esto se añade el que una de las tareas de las juntas hubiera

sido el  comunicar y elaborar listados sobre personas non gratas para la

comunidad, de ■comportamiento nocivo■, es claro que en el documento se

sentaban las bases, aunque de manera no explícita, para la

formación de una organización de inteligencia y espionaje

capaz de penetrar en cada uno de los municipios del país. 

        En definitiva, pese a lo que de buena voluntad pudo haber en el

proyecto, su cancelación definitiva, más que un mal para

una sociedad sumida en la crisis por la delincuencia -como expresaron el

Ministro de Seguridad Pública, Hugo Barrera, y el Presidente

Calderón Sol-, constituyó el certero aborto de una

criatura que pudo haber derivado hacia los esquemas represivos de la

extinta ORDEN; ello no sólo por los vacíos y

ambigüedades del proyecto o por el precedente mismo de aquella

organización, sino en mayor medida por el récord

autoritario con que ha tendido a manejarse el gobierno de

Calderón Sol frente a sus adversores y críticos.

        Mientras una de las soluciones propuestas por el gobierno

había sido abandonada en la antesala de su aprobación,

otra seguía siendo obstina e ineficazmente tratada de llevar a la

práctica y una tercera cancelada por su potencial persecutorio,

la sociedad salvadoreña se veía sacudida por una

seguidilla de dantescos crímenes colectivos y la salida a la luz

pública del secuestro de Andrés Súster, miembro de

una de las familias más pudientes del país. En este clima

de exacerbación de la violencia y el temor ciudadano, el

■ejemplo■ guatemalteco del fusilamiento de dos individuos acusados de

asesinato y violación permitió llevar a discusión

oficial el asunto del restablecimiento de la pena capital para castigar

delitos mayores. Con la anuencia de los sectores de derecha del

país y el bochornoso apoyo de un clamor popular ansioso de

venganza y soluciones tajantes, en octubre de este año, con la

aprobación legislativa de la reforma constitucional necesaria

para llevar a efecto la pena de muerte, era cerrado con broche de oro un

proceso de lucha anti delincuencial absolutamente miope, separado de la

realidad y de gravísimo potencial de reversibilidad contra la

sociedad salvadoreña.



Movilización social y privatización

        En una tendencia que tiende a incrementarse, durante 1996 el

número de manifestaciones públicas y la actividad misma de

sindicatos o gremiales  de trabajadores paso casi desapercibida. Con

esto no se afirman que no existieron paros o bloqueos de calles y

carreteras convocados por grupos específicos con intereses muy

particulares, porque sí que los hubieron (las acciones de hecho

de AEGES, por ejemplo). Lo que se afirma es que la manifestación

pública continuada en pos de exigencias laborales o

reinvindicaciones de amplio beneficio social ha casi desaparecido de la

vida social del país.

        Un ejemplo de la extinción de este tipo de

movilización social es el ocurrido con la radical

disminución de la actividad de los sindicatos de las maquilas. La

dura política aplicada por el gobierno para frenar y restar

méritos a las denuncias de violaciones sistemáticas a los

derechos de los trabajadores de las maquilas, el revés sufrido

por el movimiento sindical ante el súbito cambio de bando de los

dirigentes de FENASTRAS (hasta principios de 1996 el principal sindicato

que operaba al interior de las zonas francas) y el fracaso rotundo de

las dos comisiones estadounidenses que pretendían comprobar in

situ las denuncias de abusos laborales, enmudecieron, hasta casi llevar

al silencio absoluto, las voces de los agremiados a los sindicatos. En

el caso de las maquilas, al contrario de lo pretendido por el gobierno,

el cese de las denuncias de las paupérrimas condiciones laborales

se debió menos a una elevación de la calidad de

éstas que a la incapacidad de los sindicatos de encontrar maneras

alternativas de reagruparse y reformular sus estrategias de lucha

sindical.

        Al margen de intentos aislados o provenientes de grupos

extranjeros defensores de los derechos laborales, los sindicatos

salvadoreños de las maquilas se han visto rebasados por una

escala de negociación obrero-patronal que ha vuelto obsoletas las

antiguas estrategias sindicales de expresión. Por ejemplo, no se

ha comprendido aún que en la negociación es casi

inútil discutir con el maquilador extranjero o nacional en lugar

de hacerse presente, del modo que sea, en el país de origen de la

transnacional para la cual estos trabajan; no han sabido tomar

experiencias de países en los cuales ante los abusos de los

maquiladores se ha sustituido el tradicional piquete o huelga en las

puertas de la maquiladora por la publicación de una página

de denuncia en Internet, un medio donde los riesgos de la

represión policial o el silenciamiento por parte de la prensa

oficial nacional se vuelven inexistentes.

        La única muestra más o menos consistente de una

movilización social que no se redujera a una situación

coyuntural (como fue el caso de la huelga en el sistema judicial) o a

una búsqueda de los intereses de la propia agrupación (los

arrebatos histéricos y egoístas de AEAS a lo lardo del

año) es la que se ha dado en torno al agresivo plan de

privatización de las entes estatales emprendido por el gobierno

desde el 95 y que para fines del 96 se encontraba ya en la fase de venta

de activos de ANTEL. 

        En lo que se refiere a la respuesta de los sindicatos ante la

privatización, se pueden observar dos tendencias: una de

protesta, la de los sindicatos y organizaciones agrupadas bajo la

Unión Nacional de Trabajadores Salvadoreños (UNTS) y otra

de aprobación, la de los sindicatos de orientación pro

gubernamental y más cercana a las líneas empresariales,

entre ellos: FESINCONSTRANS, ACOPAI Y OSILS.

        Al observar la manifestación convocada por la UNTS, el

Comité para el Debate Nacional por la Paz (CPDN) y la

Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El

Salvador (FEASIES) en conmemoración del primero de mayo,

más que de una afluencia masiva que superara a la de 1995, puede

hablarse de una manifestación rica en diversidad y

pluriparticipación. En ella fue posible observar como

participantes a organizaciones tan variadas como FENASTRAS, ASTTEL,

ATCEL, ATMOP, ANDES, el FMLN y ANPECOVAL, entre otros; entidades que a

finales de 1996 conformaron una agrupación que de manera conjunta

colaborarían para luchar contra el proceso de

privatización..

        A pesar de esta diversidad de agrupaciones, el grupo que las

unifica manifestó dos puntos comunes a todas. En primer lugar, un

reclamo al gobierno por la caída en el nivel de vida de los

salvadoreños y por el aumento de la pobreza, los que

tendrían por causas: bajo poder adquisitivo como efecto de la

inflación, reducción en la calidad de los servicios

públicos y aumento de los niveles de subempleo y desempleo

(según la UNTS, un 51% de la fuerza laboral se ubicaría

dentro del sector informal de la economía y un 15% estaría

desempleada). En segundo lugar, una protesta por la pretensión

gubernamental de privatizar ANTEL, lo cual, según las distintas

organizaciones, redundaría en una elevación de las tarifas

cobradas por el servicio y en la perdida de un patrimonio público

que generaba ganancias en las suficientes proporciones (se habló

de 500 millones de colones en ganancias netas al año) como para

reinvertir eficazmente en proyectos de desarrollo social.

        En definitiva, se denunció la venta de una

institución que le pertenecería al pueblo y no a sus

gobernantes; proponiéndose como alternativa, por una parte, la

modernización de la institución y no su

privatización y, por otra, la sustitución de un manejo

político de la misma por uno responsable y coherente con las

expectativas y necesidades del pueblo salvadoreño. Este discurso,

aunque con pequeñas matizaciones, fue el mismo para todas las

organizaciones participantes en el grupo en cuestión.

        Por su lado, el sector sindical de línea pro

gubernamental y pro empresarial se posicionaba, a través de un

comunicado de prensa emitido en el mismo mes, por una defensa de la

privatización de las entidades públicas, "entendiendo que

esto [la privatización] es fundamental e indispensable para el

desarrollo de nuestro país y para enfrentar con éxitos la

inserción de nuestro país en la globalización

económica", y por la "reconversión" de los distintos

actores sociales hacia la formación de un "instrumento de unidad"

que lleve a feliz término lo primero. Se señalaba,

además, la necesidad de establecer mecanismos que hicieran

posible la transparencia en el proceso de privatización,

así como la ratificación de convenios de trabajo que

garantizaran el equilibrio y la falta de conflicto entre los sindicatos,

los empresarios y el gobierno en la búsqueda conjunta del

desarrollo y el bienestar del país.

        Como es fácil observar, el anterior discurso a la vez de

repetir la consabida argumentación oficial del gobierno para

llevar a cabo la privatización, pretendía plantear

soluciones a la conflictividad laboral desde la colaboración y

unificación de criterios entre los empresarios, los sindicatos y

el gobierno. Lo que de crítica pudo contener este discurso se

diluyó en la falta de observancia del impacto real que

podría tener en el nivel de vida de los salvadoreños la

privatización de los servicios públicos y en el plantear

el proceso como una necesidad de primer orden, por lo cual ineluctable.

Sumado a lo anterior, se dio por supuesto que la privatización,

la lógica empresarial y la gestión del actual gobierno

coinciden en el interés por el bienestar de las mayorías

de El Salvador, haciendo énfasis por ello sólo en la

adecuación e inteligencia de los mecanismos para lograrlo y no en

lo posibles intereses ocultos en éstos.

        Con todo y lo bien intencionada que pudo tener la

movilización abanderada por la UNTS en contra de la

privatización, es obvio que sus denuncias han ido perdiendo vigor

ante el apabullante y aparentemente indetenible proceso en

mención. La incipiente ■Coordinadora popular■ emerge a la luz en

un momento en que ya poco o nada se puede hacer frente a la

privatización de ANTEL; su tarea, por lo tanto, deberá

enmarcarse en el señalar oportuna y eficazmente las desviaciones

de la cristalinidad prometida por el gobierno en el proceso de venta de

activos de la entidad estatal, y en el asegurarse de que si la venta de

las empresas del Estado continua se esté presto a recoger

experiencias de la apertura a la inversión privada de ANTEL con

el fin de evitar y corregir errores en la privatización de las

que restan. De lo contrario, la nueva organización estará

destinada a la infuncionalidad y la mera argumentación

retórica.



Corrupción y proteccionismo gubernamental

        Uno de los ganchos electorales con los cuales se impulsó

la campaña a la presidencia de Calderón Sol  fue la de la

lucha frontal y sin distingos de ninguna especie contra la

corrupción. Sin haber pasados aún dos años

después de su elección, en enero de 1996 se iniciaba un

proceso judicial en contra de cinco funcionarios municipales, todos

pertenecientes a ARENA, por cargos de falsedad ideológica y

falsificación de certificaciones. La captura y conato de

procesamiento judicial contra estos cinco imputados fue el primero de

una serie de hechos similares en los que ediles areneros eran

señalados  de cometer actos de corrupción (con pruebas

contundentes y verificables, según las declaraciones de la PNC y

la Fiscalía de la República), capturados y posteriormente

liberados por supuestas irregularidades en los procedimientos

policiales. 

        Hasta finales de 1996 se habían contabilizado más

de 30 alcaldes contra los que se levantaban cargos de corrupción

y ejercicio ilícito de funciones. El hecho de que ninguno de

ellos pudiera ser llevado a juicio, pese a las numerosas acusaciones,

testigos y evidencias materiales, dio por sentado que ARENA

prefería optar por sus intereses políticos en desmedro de

la justicia y los bienes de la comunidad. ARENA a lo largo del

año no sólo se afanó en proteger a sus funcionarios

acusados de corrupción mediante la obstaculización de los

procesos que se les seguían (léase hermetismo,

ocultamiento de pruebas y presiones a la Corte Suprema de Justicia y la

PNC), sino que, yendo aun en contra de las más elementales normas

de justicia y democracia, aprobó un polémico decreto

gracias al cual todos los miembros de los concejos municipales pasaban a

gozar de fuero constitucional; es decir, quedaban exentos de que les

fueran aplicados los procedimientos judiciales y policíacos

normales sin la mediación previa de la Corte Suprema de Justicia.



        Con la aprobación del decreto el partido ARENA

mató dos pájaros de un sólo tiro: por un lado,

silenció las acusaciones de persecución política

que habían emitido los alcaldes capturados en contra de la

cúpula de la institución política; se

mantenía artificialmente, pues, la unidad granítica de la

que se había hecho gala desde los inicios del partido. Por otro

lado, se aseguraba que ningún funcionario municipal pudiera ser

capturado sin aviso previo, garantizándose así que los

hechos no salieran a la luz pública o que cuando menos el

imputado pudiera ser puesto sobre aviso y el partido preparara la

situación a su conveniencia. El decreto si bien puso a salvo a

una multitud de ediles sospechosos de corrupción fue

también una explícita aceptación de culpa y, peor

aún, una muestra de que la aplicación de la justicia

encontraba sus límites en los terrenos políticos de ARENA.



        Sin embargo, es necesario hacer énfasis en el hecho de

que la aprobación del decreto no se dio sino después de

pasados cuatro meses de la captura y liberación de los primeros

cinco funcionarios municipales y la acusación pública de

corrupción sobre tres más de ellos. Es decir, el decreto

no surgió, como en primera instancia se podría creer, de

un afán de proteger a los ediles (tómese en cuenta que en

un principio los principales funcionarios areneros dieron su

aprobación y mostraron su beneplácito ante las primeras

capturas); el decreto surgió más bien para evitar que se

desatara una tormenta de mutuas acusaciones de corrupción al

interior del mismo partido. 

        El decreto se constituyó, por ende, en una manera de

enfriar los ánimos de un grupo de funcionarios areneros que

habían afirmado explícitamente su intención de no

servir de chivos expiatorios de una corrupción gubernamental que

alcanzaba a altas e importantes personalidades del partido; por lo

tanto, no sólo se acepto la culpabilidad de la mayoría de

los ediles en actos de corrupción, sino también la de

otras personalidades claves de la administración arenera. Desde

ese momento la corrupción se presentó como un vicio

enclavado en lo más hondo de la administración de ARENA y

cuyo destape significaba el desentrañar una práctica

generalizada y de grandes proporciones.

        Los casos de corrupción sucedidos en el otorgamiento de

la licitación de la elaboración y mercadeo de los

directorios públicos en ANTEL, a mediados de 1996, y el desfalco

millonario del FIS a manos de su presidenta, Norma de Dowe, a finales

del mismo, mostraron contundentemente que el caso de los ediles no era

único ni excepcional, así como también que la

justificación arenera de que las acusaciones de corrupción

obedecían a un afán de difamación de enemigos

políticos externos al partido era más que falsa. Tanto en

el caso de ANTEL como en el del FIS las acusaciones de

administración fraudulenta y peculado recayeron sobre dos

personajes que hasta el momento se consideraban sin tacha y ajenos a las

vicisitudes y mezquindades de la lucha política; sobre personajes

de relevante vida pública y sobre los que se había

depositado la máxima confianza.

        Si en los procesos en contra de los ediles fue posible

argumentar errores de escogitación por desconocimiento de la

persona que ocupaba el cargo, en estos dos casos fue imposible. La

corrupción en las altas esferas del partido ARENA, aún en

los individuos de más sólida reputación, se

consolidó como un hecho innegable y, para desgracia de los

intereses del partido, inocultable. Como se hizo costumbre durante 1996,

los procesos de investigación en torno a estos dos nuevos casos

fueron rápidamente congelados, silenciados y olvidados.



Medio ambiente

        Como en años anteriores, durante 1996 el tema del

problema ambiental estuvo casi totalmente ausente de la agenda

gubernamental de prioridades, a no ser como una manera de utilizar el

asunto con fines puramente electorales y políticos (y aun en este

caso se atentó más contra el medio ambiente de lo que se

le protegió; sirva de ejemplo el proyecto del Parque de los

Pericos). 

        Este descuido estatal del problema ambiental contrasta con el

casi apocalíptico estado de los recursoso naturales de nuestro

país. Sirvan de muestra los siguientes datos: cada año

desaparecen aproximadamente 4 mil 500 hectáreas de bosque

producto de la urbanización y la tala de árboles con fines

comerciales, agrícolas y de uso doméstico (tómese

en cuenta que la tasa de reforestación ronda las 560

hectáreas por año, de las cual menos del 60 por ciento

fructifica); en tan sólo 40 años se generó el 67

por ciento de la deforestación del país; únicamente

un 12 por ciento de El Salvador posee cobertura boscosa, de la cual,

según el Programa Salvadoreño de Investigación

sobre el Desarrollo y el Medio Ambiente, habría que restar un 6

por ciento compuesto por vegetación arbustiva y cultivos de

café; se estima que en 26 años la población total

del país se duplicará, en 8 las zonas boscosas

habrán desaparecido y antes del 2020 los mantos acuíferos

se agotarán.

        Pese a que este desastre no es nuevo ni desconocido, sin

embargo ha sido hasta este año que se han empezado a presentar

conflictos sociales serios por la posesión o explotación

de recursos naturales, siendo el caso más alarmante el del agua. 

        Como es evidente, la calidad y la cantidad de agua con que se

cuenta para suplir el servicio depende directamente de la

preservación de la vegetación y las áreas boscosas,

el caudal y la pureza de los ríos y la precipitación

pluvial de la estación de lluvia de todos los años. Si a

los datos de deforestación ya presentados se añade el

hecho de que más del 60 por ciento de los ríos del

país han sido declarados "muertos" (sin posibilidad alguna de

explotación) o poseen un elevado grado de contaminación,

es evidente que la situación ha pasado hace mucho tiempo de ser

preocupante a ser gravísima y desastrosa. Muestra de ello es el

hecho del permanente estado de racionamiento del servicio de agua

potable que experimentan gran parte de los salvadoreños.

Contrario a las declaraciones de ANDA, la escasez del líquido

obedecería más al acelerado agotamiento y

contaminación de sus fuentes naturales, que a problemas

técnicos y de conexión. Puesto que de no ser así,

tendría ANDA que explicar cómo es que supuestas tareas de

reconexión y mantenimiento que exigen la suspensión

temporal del servicio hacen casi permanente la falta de un servicio

ininterrumpido en la mayoría de barrios y colonias de clase media

y baja. El intento de justificar la mala calidad del servicio de agua

potable desde aspectos puramente técnicos y económicos

(superables de una forma u otra a corto o mediano plazo) estaría

obviando la causa más estructural del problema, por ello la

más difícil y cara de solventar. 

        No hace falta ser alarmista, la realidad ya lo es en suficiente

grado, para prever los dramáticos efectos sociales que el

próximo agotamiento de los mantos acuíferos traerá

consigo. Como un posible adelanto de ellos basta hacer memoria del

violento enfrentamiento entre la Policía Nacional Civil y un

grupo de pobladores del municipio de San Ramón, Cuscatlán,

que se oponían a que el manantial de su lugar de residencia fuera

utilizado por ANDA para abastecer a cuatro poblaciones vecinas. Muestra

de que esta situación no es un caso aislado, sino la

generalización de un problema, es que las disputas en torno a la

posesión y derecho de uso de los manantiales de agua potable son

cada vez más frecuentes; por ejemplo, los casos del "Pescadito de

Oro" en Sonsonate y el de la usurpación de la Zona de Recarga El

Playón.

        Como ha sido posible observar a lo largo del año, el

problema ambiental, lejos de ser algo que aguarda amenazador en un

futuro lejano, es una realidad a la cual tuvo que habérsele

buscado solución hace mucho tiempo atrás. El olvido y el

desinterés por sanearla empiezan a dar sombríos frutos. La

hora cero del medio ambiente en El Salvador, y con ella la de los

salvadoreños, está a punto de llegar. Su retraso, o cuando

menos la disminución de la magnitud de sus consecuencias,

dependerá de la implementación de un plan global y

técnicamente acertado de reforestación y protección

de los recursos naturales; de la aprobación sin postergaciones de

una Ley Ambiental que responda realmente y sin retrasos a la

situación del país; y de una inversión seria, por

parte del gobierno y la empresa privada, en el medio ambiente

salvadoreño, es decir, en la viabilidad del país



Conclusiones

        Este ha sido un año sombrío para la sociedad

salvadoreña y la instauración de la democracia en ella.

Por una parte, los esfuerzos gubernamentales por frenar una galopante

delincuencia no sólo obtuvieron poco o ningún resultado,

sino que conmovieron e hicieron tambalear el proceso de

instauración democrática. Medidas tales como la Ley de

Emergencia contra la Delincuencia o la reinstauración de la Pena

de Muerte son muestras de la inexistencia de un plan integral y apegado

a la realidad para combatir la delincuencia en general. En un ansia

populista de satisfacer las exigencias de fuego y sangre de un pueblo

atemorizado y desválido ante un enemigo formidable, el gobierno

se lanzó a una carrera a tientas en la cual el autoritarismo y la

revancha más burda fueron caballos de batalla. El fortalecimiento

de mecanismos disciplinarios al interior de la PNC, la rápida

solución de la sobrepablocación de los centro penales, la

persecusión de la violencia no simplemente delincuencial, sino en

todos sus espectros, fueron puntos que o no se pudieron visualizar para

combatir la delincuencia o se evitó verlos para proceder por la

vía fácil del garrote y la masmorra.

        Por otra parte, la matonería y prepotencia mostrados por

el gobierno para resolver las exigencias emanadas de la sociedad civil

hicieron que este año la mayoría de las agrupaciones

sociales se avocaran a las medidas de hecho (tomas de edificios,

huelgas, obstaculización de arterias) como primer mecanismo para

hacerse escuchar. El diálogo y la concertación fueron

sustituidos por la presión y la justa de fuerzas. De continuar

esta tendencia, no sería desatinado esperar para el 97 que la

violencia mostrada por AEGES y la anarquía de AEAS pasaran a ser

calcadas por otras organizaciones, perdiéndose así la poca

estabilidad social lograda después de la guerra.

        Finalmente, aunque bochornosos, los casos de corrupción

que salieron a la luz pública este año no sorprendieron a

nadie. En especial si se toma en consideración que ellos son

naturales cuando un partido se mantiene por períodos consecutivos

en la presidencia, posee la propiedad de la mayoría de los

poderes estatales, se enfrenta a una endeble oposición

política y su estructura interna incentiva el hermetismo y el

verticalismo. Pero es de consideración la abultada cifra de

funcionarios areneros que pudieron ser identificados con datos y

señas por su participación en hechos ilícitos; ello

da pie a pensar o que la corrupción es tan generalizada que es

imposible ocultarla o que los mecanismos investigativos de la

Fiscalía  General de la República y la PNC han alcanzado

la madurez necesaria como para hacer vulnerable al instituto

político. Para bien de la sociedad sería ideal lo segundo,

pero su constatación se dará hasta el momento en que se

logre emitir una sanción condenatoria contra algún

funcionario arenero acusado de corrupción; meta que aún

está muy lejos de realizarse.-----

        

Balance regional



        Al concluir el año de 1996, la región

centroamericana ha sido escenario de constantes cumbres presidenciales,

visitas de algunos jefes de Estado y presidentes de fuera del área.

En buena medida, ello ha estado motivado por el interés de

fortalecer el proceso de integración regional, el cual

posibilitaría mejores condiciones de vida para los habitantes del

Istmo y el reforzamiento de la estabilidad alcanzada en los últimos

años.

        

El año de las cumbres

        Entre las reuniones celebradas, merece especial atención

la XVIII Cumbre de Presidentes de Centroamérica, celebrada en

Montelimar, Nicaragua, los días 8 y 9 de mayo, cuya finalidad era

la de acordar una serie de medidas para hacer del Istmo un atractivo

destino turístico para el resto del mundo. A la misma, además

de la participación de los mandatarios centroamericanos,

asistió como invitado especial el Presidente de Alemania, Roman

Herzog.                        

        Dentro del plan de acción surgido en esta cumbre, uno de

los puntos de mayor relevancia es el de convocar, en un plazo de 90

días, a un foro de alto nivel a las máximas autoridades de

Turismo, Migración, Aduanas, Salud, Agricultura y Policía,

con el fin de plantear recomendaciones para la facilitación del

turismo en la región. 

        En el contexto de la cumbre, los empresarios del sector

turístico salvadoreño dieron a conocer a los presidentes del

área una propuesta para incentivar el turismo en la región.

En ella plantearon, entre otros puntos: una política de cielos

abiertos y un recorte en las tarifas de viajes aéreos. Hasta el

momento, tal propuesta no ha prosperado y, por el contrario, los

mandatarios han guardado absoluto silencio sobre la misma. En la misma

línea, meses después de finalizada la cumbre se

conoció que la aerolínea española IBERIA estaba

solicitando a TACA International se le concediera recoger pasajeros de

Miami con destino a El Salvador, pero tal petición no obtuvo una

respuesta favorable. Ante lo sucedido es importante destacar que lo que

hasta ahora ha existido en la región es un monopolio hegemonizado

por la comapañía TACA International -que a su vez aglutina

al resto de compañías centroamericanas en una

corporación-, lo cual le ha permitido a ésta sacar el mayor

provecho posible no sólo con una política de cielos

restringidos, sino también con tarifas sumamente elevadas que no

corresponden con la distancia o el tiempo de vuelo hacia los lugares

respectivos.

        Empero, pese a lo antes señalado, se conoció que en

el primer Foro de Política Aérea Centroamericana, celebrado

entre el 28 y 30 de noviembre en Tegucigalpa, Honduras, los cinco

representantes de gobierno y de los sectores turísticos del

área, decidieron abrir los cielos centroamericanos al turismo

internacional, condicionando tal apertura a un acuerdo recíproco por

parte de otras naciones y a la firma de acuerdos bilaterales entre el Istmo

y los países interesados. 

        Entre los acuerdos alcanzados están los siguientes: a)

cielos abiertos entre Centroamérica, Estados Unidos y Canadá;

b) cielos abiertos en reciprocidad con otros países; c)

liberación de vuelos charters; d) concesionar puertos y aeropuertos;

e) creación de una política turística; f)

uniformación de las políticas aéreas de la

región; g) desregulacción el mercado aéreo

centroamericano; y h) participación del sector privado en el

diseño de las políticas aéreas.   

        Otra de las Cumbres que merece especial atención es la de

Tuxtla Gutiérrez II, en la que los mandatarios de

Centroamérica y México se reunieron en San José, Costa

Rica, los días 15 y 16 de febrero, para discutir la creación

de una zona de libre comercio en Mesoamérica con el fin de propiciar

un desarrollo sostenible en el conjunto de países de la

región.

        La finalidad de esta reunión ya se había establecido

en la Cumbre de Tuxtla Gutiérrez I, celebrada en enero de 1991, en

Chiapas, México, en donde se estabeció, como fecha para

alcanzar la meta señalada, el 31 de diciembre de 1996. Fecha que no

va a ser cumplida debido a que se distorsionó el espíritu de

Tuxtla I, cuando se posibilitó que algunos países negociaran

bilateralmente. Este fue el caso de Costa Rica, quien suscribió un

tratado con México desde el 1 de enero de 1995, y Nicaragua, que a

la fecha en que se celebró la cumbre de Tuxtla II ya tenía

negociado el 95% de su convenio. Por lo tanto, habrá que esperar

hasta que todos los países de la región hayan negociado con

México sus tratados comerciales; éstos serán

unificados en uno solo en fecha todavía pendiente.

        En lo que respecta a los logros alcanzados, están los

siguientes: a) impulsar novedosas facilidades de pago y la reducción

de la deuda a varios países de la región; b) atender, bajo

una perspectiva integral, las causas y manifestaciones del fenómeno

migratorio -a partir del reconocimiento de su dimensión regional y

de los factores estructurales de carácter económico y social

que lo generan-; y c) avanzar hacia nuevas formas de cooperación

entre los países del área para combatir la pobreza, el

narcotráfico y delitos conexos, el tráfico de armas y el

crimen organizado que tanto afectan a la región. Asimismo, para

hacer realidad lo acordado, la declaración de Tuxtla II contempla

el compromiso por parte de los gobiernos de las naciones de reunirse cada

dos años, eligiendo para ello una sede distinta dentro de la

región.

        En lo que toca al supuesto beneficio que traería consigo

Tuxtla II -a saber, el que Centroamérica tenga acceso directo a un

mercado de 92 millones de habitantes y a su vez México a uno de 30

millones-, la realidad apunta hacia otra dirección, ya que el

intercambio comercial entre ambas partes siempre ha sido deficitario para

el Istmo centroamericano, y después de los acuerdos de Tuxtla

Gutiérrez I ese desequilibrio se ha vuelto aún más

adverso para la región.

        Según revelan estudios de la Comisión

Económica para América Latina (CEPAL), la inversión

mexicana hacia Centroamérica ha sido mucho mayor en los

últimos cuatro años que en los 30 anteriores. Es decir, en

los años comprendidos entre 1960 y 1989 la inversión

ascendió a 100.26 millones de dólares, mientras que en el

período 1990-1994 ésta fue de 124.10 millones de

dólares, para llegar a un total de 224.36 millones en 1995. Ello

apunta a que el mayor beneficiado del intercambio comercial entre las

partes ha sido siempre México (Proceso, 710).      

        

Avances y retrocesos del proceso de integración   

        Por otra parte, el tema de la integración centroamericana

fue uno de los más importantes en este año, ello no

sólo por la fuerza que ha venido tomando a partir del año de

1990, sino porque de la integración depende en gran medida el futuro

económico, político, social y cultural de la región.

        Uno de los avances experimentados en torno a este tópico

fue la firma del Tratado sobre Seguridad Democrática en

Centroamérica, suscrito en Tegucigalpa, en diciembre de 1995, con

notables reparos de Costa Rica y Panamá, los que abogaron por

reducir las fuerzas armadas y los presupuestos militares.

        Un segundo avance que merece ser mencionado lo constituyen los

acuerdos en materia de cooperación suscritos por la región

y los gobiernos de Canadá, Chile, Japón y Corea del Sur,

así como también el financiamiento de un proyecto para

resolver el problema de la eliminación de minas dejadas en la

región como secuelas de los conflictos centroamericanos, el cual

será auspiciado por Canadá y Japón. Además de

lo apuntado, se logró que Chile y Corea del Sur aceptaran

incorporarse al Banco Centroamericano de Integración

Económica (BCIE) como socios extraregionales. Por su parte, Chile

lo hizo abriendo una línea de crédito de 20 millones de

dólares al BCIE. Respecto a Corea del Sur, no se precisó el

monto de su participación en tal institución, mas resta

esperar que su aporte sea significativo y que pueda traducirse en un mayor

interés de las empresas coreanas no sólo en el desarrollo

económico y social de centroamérica, sino en el modo en que

sus capitales operan en empresas como las maquilas (Proceso, 725).

        En lo referente a los obstáculos que experimenta la

integración del Istmo, no debe olvidarse lo planteado por la

Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales

Centroamericanas (FECAICA), quienes presentaron en octubre, a los

cancilleres y Ministros de Economía, un documento de ocho

páginas. En el mismo, los empresarios piden no proseguir con el

proceso de desgravación en el techo arancelario, ya que a su

criterio los mandatarios no han precisado otras fuentes de recursos

alternativos que puedan paliar la reducción de los ingresos fiscales

como consecuencia de la desgravación arancelaria. Asimismo, aseguran

que el 20% de la tarifa arancelaria no representa en modo alguno una

protección efectivamente alta, y ello porque la producción

centroamericana básicamente está representada por materias

primas e insumos, cuyos niveles arancelarios oscilan en 5, 10 y 15%.

        Un segundo obstáculo es el concerniente al comercio de la

región y las exportaciones a países que presentan graves

problemas en las aduanas, pues esto demanda una interconexión vial,

integración de puertos y la modernización de las aduanas con

normas más o menos armonizadas. Actualmente, en lo que atañe

a transporte, la región centroamericana se encuentra en una gran

desventaja, precisamente porque -en comparación con otras regiones-

se encuentra por debajo de los estándares mundiales. Con respecto

a los problemas de aduanas, se debe buscar armonizar los sistemas

centroamericanos con los mejores del mundo, porque en las aduanas

centroamericanas se tardan entre 5 horas y dos días para dejar pasar

a un furgón, mientras que en otros países dicho

trámite se hace en menor tiempo.

        Centroamérica se encuentra con otro reto a superar; este

consiste en hallar la manera de formular la integración regional de

modo que se asegure la conservación ecológica. Este ha sido

un compromiso asumido por los presidentes de la región en lo que se

llamó la Alianza para el Desarrollo Sostenible, suscrita en Managua,

en 1994. Sin embargo, hasta este momento, no se está dando respuesta

a tal problema de manera eficiente. Asimismo, en la XX Reunión de

la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD),

celebrada en Panamá y que concluyó el 14 de junio, organismos

de cooperación internacional  como la Unión Europea (EU),

Holanda, países escandinavos, México y Estados Unidos se

comprometieron a dar a Centroamérica unos 400 millones de

dólares en los próximos tres años para programas de

conservación de la biodiversidad. Mientras tanto, el gobierno

mexicano comunicó su decisión de ofrecer al Istmo el 20% de

la factura petrolera que paga a ese país para proyectos de

conservación ambiental. Estas ayudas deberán ser invertidas

en la conservación de los bosques por medio de un "corredor

biológico" que se extenderá desde México hasta

Panamá.

        Pese a lo apuntado, se debe enfatizar que los esfuerzos anteriores

no son suficientes para solucionar el problema de la conservación

del medio ambiente, puesto que además se debe tomar conciencia y

medidas en torno a la contaminación que genera la basura, el

plástico y otros materiales que no son biodegradables.

Adicionalmente, la producción y contaminación de la basura

tiende a afectar los mantos acuíferos; y esa contaminación

en su gran mayoría es provocada por las grandes fábricas que

forman parte del sector industrial. Además de la necesidad de

ejercer un control sobre las fábricas que producen desechos

tóxicos, es ineludible el regular el desmedido crecimiento de la

construcción de viviendas que ya se ha llevado consigo gran parte

de los bosques o áreas que pudieran haberse considerado como reserva

ecológica (Proceso, 714).

         Por otro lado, cierto es que la integración regional tiene

que ser potenciada, pero la misma debe garantizar el desarrollo para todos

y no para unos pocos como ha sido hasta ahora. Por el contrario, organismos

como la Secretaría Permanente del Tratado General de

Integración Económica Centroamericana (SIECA), lejos de

proteger los intereses de los sectores industriales al interior de la

región, han planteado una integración que es poco

cuestionadora del capital transnacionalizado, el cual, a través de

las grandes instituciones financieras internacionales como el BM y el FMI,

impone las reglas del juego económico, con los consecuentes

condicionamientos políticos y culturales. No obstante las

críticas hechas al planteamiento de la SIECA, lo cierto es que el

Istmo ha experimentado un crecimiento macroeconómico, pero ello no

significa que tal crecimiento sea equitativo, es decir, que beneficie a las

grandes mayorías que viven en la región. 

        En definitiva, de lo que sí se puede estar seguro es que

si bien hay que admitir la existencia de cierto crecimiento

económico, éste más bien ha redundado en la

concentración de la riqueza en pocas manos y, por ello, en la

obstaculización de la democracia económica y social.



Guatemala: elecciones y paz

        En Guatemala, el año de 1996 se vio marcado por dos

procesos fundamentales: primero, el electoral; y, segundo, el de

pacificación. Las elecciones presidenciales se cerraron el 7 de

enero, en 2a. ronda electoral, resultando ganador el candidato Alvaro

Arzú del Partido de Avanzada Nacional (PAN), quien obtuvo el 51.22%

de los votos válidos (671,354 votos); a diferencia de él, su

oponente Alfonso Portillo, del Frente Republicano Guatemalteco (FRG),
logró el 48.78%,  esto es 639,404 votos. Como evidencian el

número total de votos escrutados, las elecciones estuvieron

caracterizadas por el abstencionismo, cuyo índice, según el

Tribunal Supremo Electoral (TSE), fue de 65.31%, frente a una asistencia

de 34.69%, cifras que superaron las obtenidas en la 1a. ronda electoral.

        En el proceso de pacificación, se avanzó sobre los

últimos "temas sustantivos" como son: a) el acuerdo sobre la

"situación socio-económica y agraria en Guatemala"; b)

acuerdo sobre el "Fortalecimiento del Poder Civil y el Papel del

Ejército en una Sociedad Democrática" (Proceso, 728). El

gobierno de Alvaro Arzú anunció, el 28 de octubre, el

aplazamiento de la ronda de diálogo-negociación que

había de realizarse el 29 del mismo mes en la ciudad de

México, luego de conocerse que la Unidad Revolucionaria Nacional

Guatemalteca (URNG) era responsable del secuestro de la empresaria Olga

Alvarado de Novella. Reanudándose las conversaciones el 9 de

noviembre. Posteriormente, se firmaron los siguientes acuerdos operativos

de la agenda: a)"cese al fuego definitivo"; b) ■Reformas Constitucionales

y Régimen Electoral"; y, c) "Reinserción de los combatientes

a la vida legal".                

        En el proceso de pacificación es de rendir méritos

a la notable y firme decisión del presidente Arzú de concluir

con la guerra. Esto se ha manifestado en los esfuerzos que el mandatario

guatemalteco ha realizado desde el inicio de su administración.

Salta a la vista la fuerza y la seriedad con la que se ha manejado el

diálogo-negociación por parte de su gobierno.        

Honduras: depuración militar 

        El panorama hondureño estuvo caracterizado por el proceso

judicial que se inició en julio de 1995, a manos de la

Fiscalía de los Derechos Humanos, en contra de diez militares,

acusados de haber participado en la desaparición y asesinato de seis

estudiantes universitarios en 1982; así como también por la

misteriosa muerte de seis presuntos agentes de inteligencia militar (G-2)

que se presume participaron en violaciones a los derechos humanos en el

pasado. Pese a las pruebas existentes, la Corte de Apelaciones de

Tegucigalpa consideró a los imputados como amparados por la

amnistía aprobada en 1991. Resta esperar el fallo que emitirá

la Corte Suprema de Justicia en el sentido de si confirmará o

revocará la resolución, es decir, si se favorecerá la

impunidad militar o se hará justicia a las víctimas. De ello

dependerá el grado de credibilidad que la institución

jurídica tenga en el presente y futuro de la nación y en el

resto de la región centroamericana.



El Salvador: problemas fronterizos

        Por otra parte, en la región fronteriza de Honduras con su

vecino El Salvador no dejaron de suscitarse incidentes que generaron

ciertas tensiones entre ambas naciones. De hecho, se dio a conocer que la

Procuraduría salvadoreña instaló una oficina

provisional en una zona de los ex bolsones con la finalidad de conocer la

problemática relacionada con los derechos fundamentales y el

abandono de que han sido objeto las familias salvadoreñas. Por lo

demás, se conoció que en la reunión sostenida en marzo

entre las Comisiones Jurídicas Binacionales de El Salvador y

Honduras hubo un retroceso en la solución a que eventualmente se

había llegado, debido a que la Comisión de Honduras

presentó una propuesta que contradice los consensos logrados en

reuniones previas, al reconocer únicamente los derechos de aquellos

que tengan la nacionalidad hondureña por nacimiento o

naturalización. Esto es contrario a los avances logrados en la

reunión de octubre de 1995 en Tegucigalpa, en la que se había

acordado, por consenso de El Salvador y Honduras, que los pobladores de

seis ex bolsones podían elegir libremente su nacionalidad.

        

Nicaragua: privatización y elecciones

        El año de 1996, se caracterizó en Nicaragua por dos

temas: la privatización y el proceso electoral. El primero de ellos

toca directamente a las instituciones que, como el caso de la empresa

estatal de telecomunicaciones de Nicaragua (TELCOR), serán

privatizadas. El argumento del que se ha valido el gobierno de ese

país para justificar la privatización de las instituciones

estatales es que ello traerá consigo grandes beneficios para el

pueblo nicaragüense. La privatización de TELCOR forma parte de

un proyecto de globalización que se apoya en buena medida en el

desarrollo de las telecomunicaciones, pues éstas facilitan

transacciones entre agentes económicos ubicados en diferentes partes

del mundo.

        El segundo de los temas es el proceso electoral, el cual estuvo

marcado por: a) los obstáculos que enfrentó el proceso de

cedulación ciudadana, con el cual se pretendía elaborar el

registro electoral; b) el retraso en la definición de los candidatos

y las alianzas entre los partidos políticos; c) el incumplimiento

por parte del ejecutivo de otorgar a los institutos políticos la

asignación monetaria correspondiente para desarrollar la

campaña electoral, que tenía como límite el mes de

julio y que se les entregó hasta en agosto; d) las elecciones

celebradas el 20 de octubre para elegir al Presidente y Vicepresidente de

la república, diputados nacionales, departamentales y al Parlamento

Centroamericano, entre otros. 

        Cerca de 2.4 millones de ciudadanos en capacidad de emitir su voto

eligieron a las nuevas autoridades que han de gobernar durante los

próximos años ese país. Resultando ganador y, en

consecuencia, próximo presidente de Nicaragua el liberal Arnoldo

Alemán. Estas elecciones estuvieron caracterizadas por muchas

anomalías; sin embargo, fueron legitimadas por los observadores

internacionales, quienes en ningún momento cuestionaron el proceso.



Costa Rica: crisis económica y laboral

        Al finalizar 1996, el panorama costarricense estuvo marcado por

la crisis económica y laboral. La crisis que enfrentó la

economía de ese país se caracterizó por el mayor

estancamiento que ha experimentado desde 1982. La prueba de ello se refleja

en el Producto Interno Bruto (PIB), el cual si bien creció en 2.5%

en 1995, este año apenas creció en 1%; contrastando ambos

datos con el 4.5% alcanzado en 1994, tal como lo señaló la

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

(CEPAL) en su informe titulado: "Costa Rica: evolución

económica durante 1995".

        Por lo anterior, es claro que la economía costarricense

sufrió un estancamiento que lejos de apuntar hacia su

recuperación se encaminó hacia una mayor agudización,

precisamente en la medida en que el país se alejó de la meta

inicial de reducir el déficit fiscal en 0.5 %, establecida por el

gobierno en convenio con el FMI, en el cual además se

proyectó un déficit que oscilaría entre 3 y 3.4 % al

finalizar 1996.

        Por otra parte, la administración de José

María Figueres enfrentó una realidad de conflictos laborales,

de manera particular los ocurridos en la provincia de Limón; en

donde la policía mantuvo desde una fuerte vigilancia hasta varios

enfrentamientos con la finalidad de evitar paros generales por parte de los

sindicatos y las organizaciones populares, quienes exigieron al gobierno

que cumpliera con los compromisos de mejoras sociales y económicas.

Resta esperar que estas y otras situaciones que se han dado en Costa Rica

puedan ser superadas, no olvidando que están en juego los intereses

de las grandes mayorías de ese país.



Reflexión final                                            

        En definitiva, en 1996 la realidad centroamericana se ha mostrado

en toda su complejidad económica, social, política y

cultural. Cada país en particular ha tenido que enfrentar

obstáculos importantes en la difícil tarea de la

pacificación y la democratización; y en su conjunto, la

región se las ha visto con el permanente desafío de la

integración, misma que se crucial para los países

centroamericanos se encaminen por la ruta del desarrollo económico-

social. 

        Un logro indudable es la conciencia cada vez más

generalizada entre las clases dirigentes y la sociedad civil de que la

integración es un requisito ineludible para que los países

del área avancen firmemente hacia mejores niveles de crecimiento y

de equidad; es decir, que sin la cooperación intrarregional el

futuro de los países de la región no tiene mayores

perspectivas de ser mejor que en la actualidad. Ciertamente, todavía

hay resistencias absurdas, sobre todo aquellas que apelan a nacionalismos

trasnochados para entorpecer la puesta en marcha de aquellos mecanismos que

viabilizarían la integración; hay también recelos bien

fundados sobre la voracidad de los grupos empresariales de algunos

países, los cuales verían en la integración una

oportunidad más para enriquecerse.  

        Con todo, la integración, si fundamenta en criterios de

equidad para los países del área, apuesta por un

desarrollo ecológicamente sostenible y tiene como meta

última el bienestar de los sectores mayoritarios  de la

región, será una meta a alcanzar antes del fin del

milenio. En 1996 apenas se ha comenzado a despejar el camino para que

ello sea una realidad; empero, falta mucho por hacer, faltan muchos

intereses por superar y falta mayor determinación de quienes,

desde el poder político y económico, pueden impulsar el

proceso.

        -----



La opinión pública en 1996: los problemas nacionales y la

crisis institucional



        En términos de pensamiento social y de opinión

pública, hay que decir que 1996 se destacó en tres

áreas, dos de ellas por su predominio generalizado  en la

opinión ciudadana y una de ellas por su casi ausencia de la

consideración pública - al menos a nivel del

salvadoreño común. Así, los  dos temas que

dominaron la agenda salvadoreña durante 1996 son  los ya

clásicos problemas de violencia y economía.  De hecho,

estas cuestiones no son privativas del período que acaba de

terminar sino que, dadas las condiciones en que se ha desarrollado el

país desde la firma de los Acuerdos de paz,  vienen estando

presentes en la conciencia salvadoreña por largo tiempo. Lo que

caracterizó 1996 fue más bien un aumento en la

percepción de tales problemas, dejando poco espacio para la

consideración de otras problemáticas nacionales -

probablemente no menos importantes - , y mucho menos para el

interés de la dinámica política salvadoreña,

aún a pesar de que 1996 constituía un año pre-

electoral. Este constituye el otro lado de la moneda, en el sentido de

que  la mayoría de los ciudadanos no parecieron interesarse en

absoluto por la política, lo cual ha tenido efectos especialmente

contundentes  en el nivel de  apoyo de la población a sus

instituciones políticas y hacia  su gobierno. 

        En todo caso, durante el último año bisiesto del

milenio, los salvadoreños estuvieron más preocupados por 

la capacidad económica de su bolsa que, a juicio de la

población  y contrario a las versiones gubernamentales,

pareció disminuir;  a la vez que estuvieron asustados a causa de

una creciente percepción sobre la violencia delincuencial en la

sociedad urbana y rural  salvadoreña.  Estas circunstancias no

sólo  mantuvieron  alejada la atención de los ciudadanos

de la dinámica política del país sino que

contribuyeron a profundizar un peligroso desdén por la

institucionalidad política, la cual alcanzó el nivel

más bajo de simpatía  popular de la postguerra y

probablemente de la historia moderna de El Salvador.



La violencia delincuencial

        El porcentaje de salvadoreños que identificó la

delincuencia o alguna de sus manifestaciones como el principal problema

del país,  alcanzó  casi el 65 por ciento en 1996, esto

es,  dos de cada tres ciudadanos señalaron al crimen de manera

espontánea como la principal dificultad nacional (ver Proceso

710) . Esta constituye la más alta proporción de

respuestas asignadas a la delincuencia en la historia los sondeos de

opinión pública del IUDOP. Dicha tendencia  refleja el

nivel de ansiedad   que ha alcanzado la población por un problema

muchas veces percibido como irresoluble. Sin embargo, el mismo sondeo de

opinión cursado en el mes de mayo del año que

recién finaliza señaló que la relación de

familias víctimas de hechos delincuenciales habría

disminuido en comparación con  mediciones hechas en años

anteriores. Efectivamente, el 26.4 por ciento de las familias

consultadas a mediados de 1996  dijo haber sido víctima del

crimen en comparación con el 35 por ciento promedio obtenido en

años pasados.  Estos  resultados sugieren que - sin dejar de ser

un problema grave - lo que ha crecido para 1996 no es la delincuencia en

sí misma sino más bien la percepción que los

salvadoreños tienen de ella como problema.  Aunque  no se puede

negar que la violencia en este año adoptó modalidades

terribles en la recurrencia  a las masacres de grupos familiares enteros

(una forma que recuerda a  los operativos bélicos)  y en los 

enfrentamientos callejeros de jóvenes pandilleros,  el cambio

fundamental en la dinámica de violencia de este año parece

haberse dado más a nivel cualitativo que en un aumento de la

misma a nivel cuantitativo.

        En tal sentido, en el aumento de la percepción de la

violencia criminal como problema compartido durante 1996 estarían

actuando otros factores más allá de la simple prevalencia

del fenómeno. Y es que el año  en cuestión fue un

período especialmente fértil para cierto tipo de

periodismo nacional que encontró en la  crónica roja un

campo muy productivo en la tarea de  atraer a  las masas, ya asustadas

por las condiciones de inseguridad ciudadana. 

        A pesar de que la criminalidad  comenzó a ser

señalada como un asunto de preocupación nacional  por los

salvadoreños justo desde la firma de la paz, parece que  los

medios de comunicación no repararon en la misma sino hasta hace

un par de años,  luego  de que la agenda política

perdió rentabilidad en términos de audiencia noticiosa. En

1996, la página roja ocupó la titularidad de la mayor

parte de noticieros y  publicaciones informativas del país,

muchas veces exacerbando la noticia y añadiendo un morbo

sensacionalista que inclusive estuvo ausente en   la noticias durante la

guerra.  Un análisis de las encuestas realizado a mediados del

año  sobre la influencia de la prensa en la opinión

pública mostró, a diferencia de otros temas,  que los

periódicos y los noticieros de televisión influyen

directamente en la percepción que tienen los salvadoreños

sobre la gravedad del problema delincuencial. En otras palabras,  entre

más atención se preste a las noticias, la

percepción sobre la violencia delincuencial será mayor. 

Esto implica que mucha de la ansiedad que predominó en la

opinión pública salvadoreña en 1996 ciertamente  ha

estado  fundamentada sobre una base real, pero ha sido aumentada hasta

niveles de casi desesperación gracias al decidido  y constante 

ejercicio de la prensa. 

        En esta campaña de alarma  toma parte también la

administración gubernamental. Frente al problema del crimen ,

1996 se caracteriza por ser  el año en que el gobierno lleva a

cabo una cruzada antidelincuencial subrayando la gravedad del problema

en una sucesión de medidas - la mayor parte descoordinadas entre

sí -,  que inicia con la campaña para aprobar la Ley de

Emergencia contra la Delincuencia y el Crimen Organizado y termina con

la aprobación del primer paso para reinstalar la pena de muerte

en el país; medidas  que al final sólo consiguen dar la

impresión a la ciudadanía de que el problema de la

violencia no tiene solución. Las disposiciones para combatir la

delincuencia se toman apelando al ■clamor popular■, el cual ciertamente

es masivo pero superficial.  La mayoría de los

salvadoreños estuvo  de acuerdo con la promulgación de las

medidas para combatir el crimen pero no todos esperaban que las mismas

fueran efectivas para contrarrestar el problema; ello indicaba que 

muchos ciudadanos se sentían en la obligación de apoyar

cualquier cosa que se presentara como alternativa para detener la

agobiante ola criminal  aunque no estuvieran seguros de su eficacia. Al

apoyo de tales medidas, sin duda, contribuyeron también hechos

que impactaron en la opinión pública: el secuestro del

joven Súster, la aplicación de la pena capital para dos

condenados en Guatemala, las repetidas masacres de familias,

etcétera. El mismo paro de labores en Usulután como

protesta por los niveles de delincuencia fue un suceso que surge de la

ciudadanía. Todos estos hechos  fueron hábilmente

manejados por las autoridades para justificar la promulgación de

las medidas antidelincuenciales. 

        Sin embargo, la ausencia de un plan maestro para combatir la

violencia que integre, dé sentido y metas claras a las

políticas  del gobierno y la dependencia de la conciencia

pública de la prensa, provocó  que al final del año

1996  fuese percibido como un período perdido en la lucha contra

la delincuencia. De hecho, en el sondeo de evaluación anual,

más del 80 por ciento de los salvadoreños afirmó

que la violencia delincuencial había aumentado en  1996;

además, la misma investigación  reveló que un

porcentaje importante de la ciudadanía considera el mantenimiento

del crimen como uno de los principales fracasos del actual gobierno. 

        Estas percepciones sobre la situación de criminalidad en

El Salvador no sólo tuvieron repercusiones sobre los sentimientos

compartidos de inseguridad pública, sino también

alentaron. mantuvieron y justificaron en ciertos sectores de la

población, actitudes en contra de la institucionalidad del

país. Actitudes que mucha gente piensa que son cosa del pasado en

virtud del proceso sociopolítico por el que ha atravesado la

nación, pero parecen haberse revitalizado en la dinámica

social del 96. 

        La ansiedad por la percepción de una escalada sin freno

de la violencia delincuencial y la sensación de  un agotamiento

de los recursos convencionales para hacerle frente han provocado que

muchos ciudadanos en 1996 acentúan sus convicciones de que las

formas institucionales  no son útiles para resolver los

problemas. En un sondeo cursado en agosto de 1996, casi la mitad de los

consultados estuvo de acuerdo con que ■la gente tiene el derecho a tomar

la justicia por su propia mano■ cuando el gobierno no proporciona

justicia y seguridad; es más, otros resultados de la misma

encuesta señalaron que más de un 40 por ciento de los

salvadoreños desobedecería una ley con la cual no

está de acuerdo y resolvería sus problemas antes que

esperar por soluciones legales  (ver ECA, 576). En este sentido, hay

razones para pensar que al terminar 1996, frente a la percepción

de la inoperancia de las instituciones para resolver uno de los

problemas más graves,  cada vez hay más ciudadanos

tentados a pasar por alto las normas de la precaria institucionalidad

salvadoreña.

        Estos datos no sólo ilustran unas posturas que parecen

haber crecido en el año que recién termina, sino

también ayudan a explicar las dificultades que ha encontrado el

gobierno para someter a ciertos sectores  e impartir justicia  en otras

áreas en su intento por imponer cierto nivel de orden urbano y

social. 



La economía

        La visión de la  economía salvadoreña como

un problema grave  es un producto exclusivo de la opinión

popular; algo que definitivamente no es compartido por el gobierno. Si

algo caracterizó a 1996 es la creciente y  profunda brecha de

contradicción entre el discurso gubernamental y la opinión

popular sobre la economía del país. Mientras la

administración de Calderón Sol utilizaba sus mejores

recursos para presentar las posibilidades del ■milagro económico■

salvadoreño, los ciudadanos señalaban con más

intensidad la gravedad del problema financiero en los aspectos de

inflación, desempleo y pobreza, como su principal

preocupación sólo después de la delincuencia.  En

un sondeo cursado a mediados de 1996 para evaluar la gestión del

gobierno después de dos años de trabajo, el 61 por ciento

de los consultados afirmó que la situación del país

había empeorado con la gestión gubernamental;  y el 40 por

ciento identificó aspectos de índole económico

entre los principales fracasos del gobierno. Para finales del

año, la encuesta de evaluación de 1996 reveló que

más de la mitad de los salvadoreños considera que su

economía familiar ha empeorado  durante el período que

finaliza.

        Contrario a su comportamiento respecto al problema de la

delincuencia, frente al cual el gobierno afirmó actuar siguiendo

el clamor popular, el Ejecutivo hizo caso omiso a las constantes

peticiones públicas para que revisara su política

económica. Un ejemplo de eso ha sido  la política de

privatización de ciertas entidades públicas. Una encuesta

del IUDOP reveló en junio que sólo el 25 por ciento de la

población apoyaba la privatización de las administraciones

de telecomunicaciones y electricidad; en cambio,  un 55 por ciento

estaba en contra y un 20 por ciento no tenía una opinión

al respecto. 

        Esta indiferencia del gobierno  para someter su política

económica a discusión y cambios, cuando no su triunfalismo

hablando de los logros en materia financiera nacional, ha sido

interpretada por la población como una señal

inequívoca de que la política económica no va a

modificarse sustancialmente y que su situación financiera

particular  probablemente empeore en el futuro. En respuesta, en 1996 

muchos salvadoreños comenzaron a retirar su simpatía y 

lealtad de las instituciones políticas que eligieron para

gobernar al país  y  han acrecentado el conjunto de

población que se siente defraudada por el sistema

político, al cual no ven capaz de resolver sus inveterados pero

urgentes problemas.  Quizás de manera no tan conciente, los

salvadoreños han estado asumiendo el hecho de que sus

políticos, de que su  sistema y de que la institucionalidad

existente, no son muy útiles para  consolidar un proyecto

nacional que realmente resuelva  los grandes problemas nacionales y

lleve al país al tan ansiado desarrollo; esto porque las

decisiones no dependen  siquiera de quienes ellos escogieron para

gobernarlos sino de sectores o fuerzas que no terminan de estar claras a

los ojos de la población. Todo ello lleva a la desconfianza en la

mayoría de las instituciones nacionales.  En estas

circunstancias, para muchos ciudadanos más vale asegurar los

intereses propios e inmediatos y desatenderse de los proyectos

nacionales que hacer presencia en un sistema que sigue dando muestras de

favorecer sólo a ciertos intereses.



La institucionalidad política 

        Al igual que los puntos anteriores, el fenómeno de

desconfianza en las instituciones del país y el desinterés

ciudadano por la dinámica política del país, no son

aspectos que hayan aparecido precisamente en el año que termina.

Más bien, la particularidad de 1996 es que durante este

período, las actitudes de indiferencia hacia la esfera

política nacional  y de  escepticismo hacia las instituciones

políticas y gobernantes encontraron un campo muy fértil en

la conciencia del salvadoreño promedio. 

        Frente a la percepción de la incapacidad del sistema

social, en su conjunto, para lidiar con los problemas más

agobiantes que se le  han venido planteando a la sociedad

salvadoreña, los ciudadanos han ido convenciéndose - no

sin mucha inquietud -  de que sus instituciones políticas, sobre

todo las que están más vinculadas con el statu quo son las

que merecen menos credibilidad de todas. Los sondeos realizados por el

IUDOP a lo largo de 1996 mostraron que la confianza en la mayoría

de las instituciones salvadoreños alcanzó los niveles

más bajos en la historia de medición de la opinión

pública en este país centroamericano. La presidencia, la

Asamblea Legislativa,  los partidos políticos y la Corte Suprema

de Justicia - precisamente aquéllas instituciones vinculadas con

la dirección del Estado y el país -   reciben los

más bajos puntajes de confianza popular;  mientras que  entidades

como la iglesia católica, los medios de comunicación, y la

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos -

instituciones no vinculadas directamente al Estado - , aunque no reciben

una opiniones completamente favorables, acogen un nivel de confianza

mucho mayor que las instituciones oficiales. La simpatía popular,

entonces, no está dirigida a las instituciones que de alguna

manera representan a los ciudadanos, o que ellos eligieron para hacerlo, 

sino que está depositada en las entidades que, de una u otra

manera, han sido vistas como más capaces de entender y ayudar a

la población con sus problemáticas más

básicas.

        Esto ha planteado un problema muy serio de legitimidad del

sistema a los ojos del ciudadano común. En la última

encuesta del año, la UCA preguntó a los

salvadoreños sobre el rumbo del país: cerca del 85 por

ciento de los consultados dijo que el país necesita un cambio y

sólo el 11 por ciento afirmó que la nación va por

un buen camino.  En estas condiciones, no es extraño entonces

encontrar que cada vez más ciudadanos pasarían por alto

las normativas sociales y los preceptos legales para solucionar sus

cuestiones.

        La crisis de credibilidad en las instituciones del país

ha tenido también un concordante impacto en la disposición

ciudadana a participar políticamente, al menos como lo dispone el

sistema. El año que recién finaliza ■tropezó■ con

el nivel más alto de indiferencia hacia los partidos

políticos y hacia el proceso electoral que tomará lugar en

1997.  No sólo mucha gente no quiere saber de las próximas

elecciones, ni le interesa el resultado de las mismas, sino que mucha

gente que durante años se ha presentado como militante muy activa

de sus instituciones partidarias ha comenzado a abandonarlas sin tener

claro o siquiera interesarse por acudir a otro partido. 

        Lo anterior explica que a finalizar el año y cuatro

meses antes de las elecciones legislativas y municipales,  casi dos

terceras partes  de la población no tengan un partido

político  de preferencia y que, a pesar de una amplia gama de

oferta partidista, sólo dos instituciones retengan las mayor

parte de las intenciones de voto. Lo anterior explica  también

que el partido gobernante, con una amplia capacidad electoral en los

últimos diez años, se encuentre a finales de 1996 

tratando de mantener  precariamente su ventaja, no por efecto de un

crecimiento de otros grupos partidarios, sino por un considerable

desgaste como producto de su gestión al frente del gobierno. 

        Los salvadoreños parecen haber finalizado el año

sin encontrar razones que les estimulen a participar en un sistema que,

a su forma de ver y a pesar de la intensidad de los problemas

nacionales, no ha sido capaz de proporcionar la seguridad ciudadana y la

justicia necesarias para asegurar cierta estabilidad; que ha sido

indiferente a los reclamos por cambiar una política

económica que es vista como causante de la incapacidad

doméstica y nacional para alcanzar mejores  niveles de vida.

Muchos ciudadanos quedaron convencidos en 1996 de que su sistema

político no favorece a nadie más que a los

políticos mismos  y, por tanto, ya no están dispuestos a

seguir apoyándolo. El problema es que con lo anterior se pueden

crear para los períodos venideros, las condiciones para el

surgimiento de alternativas de dirección nacional que, surgidas

de la pretendida transición democrática y con el apoyo

pasivo de la población, se conviertan en un sistema que niegue

parte de los logros alcanzados con la consecución de la paz.

        Muchos ciudadanos  están convencidos de que el

país ■tocó fondo■ en 1996 y se les hace difícil

pensar que el estado de cosas pueda empeorar aún más en

los años subsiguientes. Aunque esa visión pueda ser muy

discutible, lo cierto es que tal forma de percibir la situación

probablemente contribuya a que los salvadoreños decidan que es el

momento de tomar el control sobre su propio destino y que lo hagan

teniendo presente la historia compartida que ya no debe volver a

repetirse. Todo depende de la medida en que los salvadoreños

hayamos comprendido  el valor  de la paz con justicia y democracia. --

---

        

                                      Los derechos humanos en 1996



Introducción

        Caracterizado más por las sombras que por sus luces en lo

que al respeto a los derechos humanos se refiere, el año que acaba

de finalizar debe ser examinado con mucho cuidado. ¿Por qué?

Pues porque a estas alturas --cinco años después de haber

terminado la guerra-- ya deberían estar funcionando en forma

aceptable las tres instituciones que el venezolano Pedro Nikken, desde el

primero de sus informes como experto independiente de las Naciones Unidas

para El Salvador, calificó como "vitales" para el desarrollo de una

convivencia armónica en nuestro país. Pero, lastimosamente,

las cosas no han caminado en ese sentido y aún nos encontramos muy

lejos de poder presumir ante el mundo de contar con un cuerpo de seguridad

pública verdaderamente confiable y un sistema judicial en marcha. 

        Les falta mucho, aún, a la Policía Nacional Civil

(PNC) y al órgano Judicial para generar los necesarios niveles de

confianza entre la población que la animen a ser parte de su proceso

de consolidación, mediante el uso constante de dichas instituciones.

Lo que sí destaca de manera positiva son los esfuerzos que --desde

la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)--

realiza la doctora Victoria Marina Velásquez de Avilés, pese

a que éstos han tenido que enfrentar la injustificable actitud de

aquellos sectores, oficiales o no, que equivocadamente se empeñan

en verla como una adversaria cuya labor debe ser impedida o, en el "mejor

de los casos", controlada. 

        Vista de manera conjunta, esta fragilidad de la institucionalidad

salvadoreña en la materia no es un buen augurio para 1997 y lo que

falta para arribar al nuevo siglo, sobre todo cuando la observación

internacional en nuestro territorio se redujo a su mínima

expresión durante el último mes del año que

terminó hace unos días. 

        Quizás todo lo anterior no ameritaría un juicio tan

severo si no viniéramos de donde venimos y en el país no

estuvieran sucediendo los hechos graves que, a lo largo de 1996,

mantuvieron a casi toda la población en una situación

totalmente insoportable e inaceptable, tanto por la cantidad de brutalidad

que se produjo como por todo lo que en él se ha invertido --antes

y después de la guerra-- para intentar hacerlo diferente. Pero como

creemos que todavía sigue siendo posible intentar cambiar el rumbo,

consideramos que la contribución de este balance anual debe darse

mediante el examen objetivo de lo que realmente está sucediendo en

el país y la capacidad actual de las tres instituciones para

enfrentar con éxito los desafíos que se les plantean.



1. Violencia y violaciones a los derechos humanos 

        Independientemente de lo que sostengan en el exterior quienes se

esfuerzan por incrementar todavía más sus ya enormes

ganancias, la mayor parte de las y los salvadoreños vivió --

durante todo el año pasado-- sumida  en la angustia diaria de

pensarse potencialmente la siguiente víctima de una espiral de

violencia incontenible, en medio de una situación de inseguridad que

trascendió la esfera de lo personal para llegar a sentirse realmente

mal también en lo económico, político y legal si es

que alguna vez hubo cierta mejoría en estos últimos niveles.

        Fuera de aquellas personas que por su nivel económico

pudieron comprar una relativa seguridad personal --pagando guardias

privados o utilizando su poder para que el Estado vigilara sus zonas

residenciales, negocios, centros educativos y lugares de diversión--

casi toda la gente en El Salvador no pudo disfrutar de una verdadera

tranquilidad a lo largo del año. Ello debido a que se enteró

--por haberlo conocido directamente o por el "amarillismo" de la prensa--

sobre alguno o algunos de los cerca de ocho mil homicidios que como

promedio anual se cometen en el país de 1994 a la fecha,

según datos proporcionados por la Fiscalía General de la

República (FGR). Quizás durante 1996, al observar lo

sucedido, podría esperarse una cantidad mucho mayor de este tipo de

muertes; a eso habría que agregar las personas lesionadas o

amenazadas de cualquier forma y por cualquier motivo. 

        A todo lo anterior se refirió de manera clara y con

suficiente razón la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES)

cuando iniciaba el año, en la víspera de la segunda visita

del Papa a nuestro país. Sobre la misma problemática que

abordaron en enero de 1996, durante el mes de octubre los jerarcas

católicos volvieron a hacer pública su preocupación

pero en un tono notablemente más intenso, a raíz de las

matanzas realizadas en esos días después de que

paradójicamente --argumentando que era la única manera de

frenar la violencia-- el Parlamento dominado por el partido Alianza

Republicana Nacionalista (ARENA) acababa de ampliar la aplicación

de la pena de muerte a ciertos delitos graves del fuero común, en

espera de su ratificación por parte de la siguiente legislatura y -

-sobre todo-- de los votos que en las próximas elecciones le hacen

falta para seguir controlando la Asamblea Legislativa y el país. 

        Sin duda, vale la pena recordar lo que dijeron los obispos en sus

dos cartas pastorales. En enero expresaron lo siguiente: "Los problemas

sociales persisten con dramática gravedad, haciendo muy

difícil la vivencia cotidiana de la paz. Porque no podemos estar en

paz cuando la extrema pobreza, la inseguridad y el desempleo golpean con

tanta crueldad a tantas hermanas y hermanos... No es posible vivir en paz

si la muerte acecha en los recodos de los caminos y en las calles de la

ciudad". En octubre, la CEDES se pronunció con una claridad

superior. "Si en aquel momento de entusiasmo por la inminente visita de

Juan Pablo II --dijeron los integrantes de la Conferencia-- nuestras

palabras pudieron parecer exageradas, lo sucedido durante las

últimas semanas indicaría más bien que nos quedamos

cortos. En efecto, los hechos que atentan contra la paz y la tranquilidad

de las familias, desafían nuestra esperanza". 

        Lo anterior resulta ser el marco global de una situación

que, sin duda, es muy poco alentadora para una población que viene

de sufrir una generalizada violación a sus derechos fundamentales

durante las décadas de los setenta y ochenta, debido a la crisis

política y la guerra que la golpearon de maneara inmisericorde. Ante

el fenómeno tan grave y complejo como el que estamos viviendo en la

actualidad, no podemos ni debemos seguir "explicándonos" las cosas

con argumentos tales como el de las "secuelas del conflicto armado" o sus

"tendencias inerciales", como acostumbran a sostener personajes que no han

ayudado en nada a enderezar el rumbo del país en lo que al respeto

a los derechos humanos corresponde. 

        Continuar sosteniendo tesis como las anteriores resulta demasiado

arriesgado, sobre todo cuando la realidad nos está mostrando y

demostrando que --además de los hechos de violencia común e

independientemente de las razones-- en el país se continúan

cometiendo violaciones a los derechos y libertades de las personas,

principalmente desde las instituciones estatales que deberían ser

sus garantes. De ello dio cuenta la señora procuradora para la

defensa de los derechos humanos cuando, en cumplimiento de su

obligación constitucional, presentó ante el Parlamento su

informe de labores correspondiente al período comprendido entre el

1 de julio de 1995 y el 30 de junio de 1996.

        Cuando se refirió al registro y verificación de las

denuncias que se recibieron en la institución, dentro del

capítulo del citado documento dedicado a la tutela de los derechos

humanos, la doctora de Avilés sostuvo que la cantidad de las quejas

"recibidas y el número de actos ilegales o arbitrarios registrados

desde el último informe presentado a la Asamblea Legislativa a la

fecha, han dejado al descubierto la fragilidad de los avances logrados en

los últimos años en materia de protección legal de las

personas y lo imperioso que es para el Estado salvadoreño continuar

realizando esfuerzos que tiendan a fortalecer las instituciones que, como

esta Procuraduría, tienen atribuciones de tutela de los derechos

humanos".

        Cabe destacar que --según ese informe-- entre junio de 1995

y marzo de 1996, la PDDH registró 3 mil 577 denuncias de las cuales

187 tenían que ver con violaciones al derecho a la vida, 901 con

violaciones al derecho a la libertad personal, 861 con violaciones al

derecho a la integridad personal, 730 con violaciones al derecho a un

debido proceso legal y 354 contra la seguridad y privacidad personales. Las

544 denuncias restantes tenían que ver con violaciones a otro tipo

de derechos. 

        Durante el período en cuestión, las

responsabilidades estatales quedaron establecidas de la siguiente manera:

2 mil 50 expedientes abiertos contra agentes de la PNC, 777 contra miembros

del órgano Judicial y 370 contra elementos pertenecientes al

órgano Ejecutivo, con la inclusión de las entidades

autónomas dentro de este último. Cabe señalar que,

además, la PDDH señala la responsabilidad de "sujetos no

identificados pertenecientes a grupos ilegales armados" en 115 ocasiones.

        Pese a que aún no existe un documento oficial en nuestras

manos, la PDDH hizo un esfuerzo por dar a conocer --al cierre del

año-- datos objetivos que terminan de ilustrar lo que está

sucediendo en nuestro país a estas alturas, después de tanto

dinero y esfuerzos invertidos en él. Según informes de

prensa, la institución recibió --entre enero y octubre de

1996-- 11 mil 277 denuncias de las cuales solamente 3 mil 721 fueron

admitidas; las 7 mil 556 restantes fueron objeto de orientación y

acompañamiento que, según voceros de la Procuraduría,

en la mayoría de los casos se convirtieron posteriormente en

violaciones los derechos humanos en lo que al debido proceso administrativo

se refiere. 



2. La Policía Nacional Civil

        En diciembre de 1995, con el apoyo de la Unión Europea y

la colaboración del Instituto Universitario de Opinión

Pública (IUDOP), el IDHUCA impulsó la realización de

una encuesta en diciembre de 1995. De la valoración hecha entonces

sobre la PNC en su lucha contra la delincuencia, surgieron cosas como las

siguientes: entre muy mala y mala el 24.3%, regular para el 26.7% y buena

según el 41% de las respuestas; el 3.6% se inclinó por

calificarla de muy buena. Desde nuestra perspectiva, el panorama no estaba

del todo mal pero tampoco era para echar "las campanas al vuelo" sin

más: en conjunto, de buena para arriba la calificó el 44.6%

y de regular para abajo el 51%. Cuando las personas entrevistadas

compararon al actual cuerpo de seguridad con la extinta Policía

Nacional, apareció esto: mejor el 48.6%, igual el 26.3% y peor el

18%. 

        Dicha encuesta reveló además, entre otros

resultados, dos apreciaciones que consideramos sumamente interesantes. La

primera: el 37.9% de las respuestas tendían a considerar que sus

agentes eran honestos, el 35% sostenía que eran corruptos y un 2.7%

decía que dentro del cuerpo habían de ambas clases de

elementos. La segunda: que las dos acciones más importantes para

mejorar la situación actual de la institución debían

ser elevar la calidad de la formación de sus miembros (38.8%), por

un lado, y, por el otro, su depuración inmediata (11.6%); estas dos

opiniones sumaban más del 50% y únicamente el 8.7% de las

personas encuestadas se inclinaron por aumentar el número de

agentes.

        Lo anterior es el resultado de lo que la gente podía

percibir a partir del accionar cotidiano de la PNC durante 1995. Qué

más quisiéramos que estar, a estas alturas, afirmando con

certeza que las cosas mejoraron en relación a lo que sucedió

en ese año. Y es que, al menos desde nuestro lugar en la sociedad,

todavía queremos tener un cuerpo de seguridad que --tal como se

establece en el primer artículo de su ley orgánica-- proteja

y garantice "el libre ejercicio de los derechos y las libertades de las

personas"; que prevenga y combata "toda clase de delitos"; que mantenga "la

paz interna, la tranquilidad, el orden y la seguridad tanto en el

ámbito urbano como rural, con estricto apego a los derechos

humanos". 

        Pero no; en 1996 la situación no se modificó para

bien; por el contrario, quizás empeoró. Siguiendo con el

balance de la PDDH, nos encontramos con lo que a continuación se

detalla. De las 3 mil 721 denuncias que admitió la

Procuraduría, 2 mil 86 se referían a hechos presuntamente

cometidos por elementos de la PNC. De esa forma, se debe entender que el

56.06% de la responsabilidad en las violaciones cometidas y registradas por

la PDDH a lo largo de 1996 se adjudican a ese cuerpo que, teórica

y legalmente, debería garantizar el respeto a los derechos y

libertades fundamentales de la población. Cabe destacar que 113 de

las denuncias contra la PNC tenían que ver con violaciones al

derecho a la vida; de ellas, 45 tratan de muertes consumadas, 28 de muertes

fallidas y 40 tienen que ver con amenazas de muerte. 

        De por sí preocupante lo anterior, la situación se

agrava al observar la actitud de la cúpula de la seguridad

pública frente a los señalamientos que se le hacen. Hasta

quien es considerado el más moderado de los jefes policiales y

formalmente el principal de ellos --Rodrigo ávila-- dedica mucho de

sus esfuerzos a intentar justificar lo injustificable. Testigos somos de

su autoproclamación, durante un evento público organizado por

la Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo

Social (FUNDASPAD) en enero de 1996, como el "defensor general de la PNC"

frente a lo que el considera "ataques injustos contra la

institución". 

        Fiel a ese papel, el joven ingeniero --metido ahora a director

general de la PNC-- salió al paso de los señalamientos hechos

por la PDDH al final del año y sostuvo que, en algunos de ellos,

podía estar involucrado personal que ya había sido puesto a

la orden de los tribunales.  Según ávila, "la mayoría

de los casos de denuncias de violaciones a los derechos humanos contra la

Policía, son interpuestos por delincuentes que han sido detenidos

o sorprendidos in fraganti y con eso tratan de atenuar su situación"

(La Prensa Gráfica, 20.12.1996, p.46-A).

        Lástima grande que este funcionario piense y actúe

así pues, por citar un solo ejemplo, William Antonio Gaitán

Ayala no era ningún delincuente y el señor Carlos

Gaitán, su padre, tampoco.  Este último, honesto y ejemplar

ciudadano, fue quien denunció ante la PDDH la violación al

derecho a la vida de su hijo. ¿Por qué? Porque el 4 de enero

de 1996, William Antonio murió abatido por los disparos que le

hicieron miembros de la PNC en San Salvador. Desde entonces, este padre de

familia se encontró --solo y lleno de dolor-- ante un camino del

cual tenía algunas referencias pero que nunca había

transitado: el de la mentira, la impunidad y la arbitrariedad

institucionales. 

        En su resolución sobre este caso, emitida a finales del mes

de julio, la señora procuradora dio "por establecida la

violación al derecho humano a la vida, por muerte arbitraria

consumada en perjuicio de William Antonio Gaytán Ayala".

Además, afirmó que se había establecido "la

violación al derecho humano al honor y a la dignidad en perjuicio

del joven Gaitán Ayala y su familia". En el mismo documento,

señaló "como responsables directos de la violación y

cesación del derecho humano a la vida de la persona mencionada al

agente Miguel Hageo Palacios Contreras y al motorista Narciso Gabriel

Escamilla, ambos de la Unidad de Emergencia 121 de la Policía

Nacional Civil de esta ciudad (San Salvador), y a la Policía

Nacional Civil en lo que institucionalmente le corresponde, siendo

ésta asimismo responsable de la violación al derecho al honor

y a la dignidad".

        Además de los señalamientos anteriores, la

señora procuradora hizo diversas y atinadas recomendaciones sobre

el caso. Al juez quinto de lo Penal, encargado de la causa, le pidió

"agilizar la  depuración del proceso..., analizando a fondo las

circunstancias del delito y sus partícipes, para emitir una

ajustada, objetiva e imparcial valoración..." Cabe mencionar que

este funcionario judicial tipificó el crimen como un homicidio

culposo cuando, a todas luces, se trató de una ejecución

arbitraria. Entre otras cosas, la doctora de Avilés también

recomendó que la PNC entregara a la familia doliente una justa y

debida indemnización, cosa que hasta la fecha no se ha realizado.

Es más; los autores del crimen disfrutan de una absoluta impunidad

que los ampara, al punto que --según testimonio del padre de la

víctima-- continúan laborando en la institución.

        En el marco de los cuestionamientos hechos a la PNC durante 1996,

cabe señalar que en el mes de diciembre se conoció

públicamente un informe elaborado por un "grupo de asesores

internacionales" al servicio de la institución, en relación

a  las deficiencias de su división de investigación criminal

(DIC). Dentro de las fallas que se incluyen, destacan las siguientes: no

se aplica un plan estratégico; no existen procedimientos adecuados,

tanto en lo referente a su organización interna como en lo que toca

a sus operativos; es muy poco el apoyo que recibe de la dirección

general del cuerpo y de la subdirección general operativa. 

        Además, en ese documento se advierte que existen problemas

de personal en cuanto a su reclutamiento y estabilidad de su destino; hay

poca coordinación interinstitucional con la FGR y el órgano

Judicial; no existe suficiente calidad  para lograr un verdadero y eficaz

liderazgo de sus mandos medios; se observan limitaciones serias en la

formación profesional; no se elabora y centraliza la

información como es debido, ni se transmite al resto de las

divisiones operativas; se adoptan decisiones basadas en razones

políticas y no técnicas; es poca relación y

coordinación con la Academia Nacional de Seguridad Pública.

        El estudio mencionado también incluyó una serie de

recomendaciones, dentro de las cuales resaltan las que a

continuación se detallan: formar un equipo que conduzca la

reorganización de la DIC; diseñar un plan estratégico

para ello y desarrollarlo; elaborar el "Manual de Política y

Procedimientos"; crear canales, fluidos y permanentes, de

comunicación con la dirección general y la

subdirección general operativa; establecer el perfil del

investigador y de sus jefes;  volver a evaluar el personal actual y evaluar

al que se incorpore en adelante. 

        Frente a esos señalamientos, el ingeniero ávila

adoptó la actitud acostumbrada: se puso a la defensiva.

Descalificó el documento por ser "viejo" y acusó a un miembro

de la institución por haberlo --según él-- entregado

al periódico que lo publicó; esto último, fue

desmentido por el rotativo. Pese a la posición de ávila, el

último informe de quien fue secretario general de las Naciones

Unidas hasta el 31 de diciembre de 1996, Boutros Boutros-Ghali, coincide

en mucho con los cuestionamientos que aparecieron en el periódico

el 3 de diciembre y que el director general de la PNC desautorizó;

cabe destacar que el documento de la ONU trata sobre el examen que los

representantes del organismo internacional hicieron en torno a la

situación del país durante un período muy reciente:

entre el 1 de mayo y el 30 de noviembre de 1996.

        Ghali también se refirió a la necesidad de

establecer "una capacidad de investigación criminal, profesional y

científica en las divisiones y los departamentos especializados de

la Policía Nacional Civil, la División de

Investigación Criminal y el Departamento para la

Investigación del Crimen Organizado". Además, para el ahora

ex secretario general de la ONU, se deben "reforzar las instituciones del

sector de la seguridad pública  mediante una amplia

reestructuración que confiera una mayor  coherencia a las

políticas gubernamentales"; dicha reestructuración

debería tener "presente que la eficacia de las fuerzas de

policía depende de un estricto proceso de selección y

capacitación de los aspirantes a ingresar en la Academia (Nacional

de Seguridad Pública), y de la capacitación evaluación

y selección permanentes de los agentes que prestan ya sus servicios

en los órganos especializados de la Policía Nacional Civil".

        Un tema al cual se ha referido de manera reiterada Ghali,  es el

del fortalecimiento de los mecanismos de control interno de la PNC. En ese

marco, dentro de su último informe sobre El Salvador, éste

dijo lo siguiente: "Las medidas destinadas a revitalizar la Oficina del

Inspector General de la Policía Nacional Civil, de conformidad con

las recomendaciones de los consultores técnicos internacionales,

permitirán que el órgano ejerza una supervisión

efectiva de la PNC, promoviendo con ello el respeto del público

hacia las fuerzas de policía". Por ello, al momento de dar a conocer

el documento, personeros de la Oficina de las Naciones Unidas para la

Verificación --conocida como ONUV-- dijeron que estaba pendiente un

pronunciamiento del inspector general de la PNC sobre estos temas. 

        Víctor Valle, quien ocupa ese cargo, respondió

inmediatamente que no tenía nada que contestar a los funcionarios

internacionales. Consideramos que eso no es cierto; pero si no le responde

a ellos, al menos debería decirle algo a la gente que no ve en

él a la persona capaz de cumplir con un papel decoroso al frente de

la inspectoría. Su perfil, a lo largo de 1996, ha sido "belicoso"

en lo que a las y los periodistas se refiere, por ejemplo, pero muy

tímido para enfrentar con energía los problemas al interior

de la institución.

        Rápidamente la población ha ido perdiendo su

confianza en él, sobre todo después de los hechos que

tuvieron que ver con su publicitada "amenaza" de renuncia en junio, cuando

pretendió mostrarse "digno" ante el subdirector general de la PNC

y sólo consiguió devaluar la figura de la inspectoría.

De esa manera, no ha sido posible que desde esa importante

institución se vigilen y controlen eficientemente "las actuaciones

de los servicios operativos y de gestión del cuerpo, así como

lo referente a los derechos humanos, procurando la observancia de los

mismos en todo procedimiento o servicio policial", tal como reza el segundo

artículo de su reglamento. 

        No obstante las repetidas críticas que ha recibido el

cuerpo policial a lo largo del año, sus responsables informaron que

durante ese período fueron desmanteladas 107 bandas de delincuentes

que operaban de manera organizada en todo el país. De las

estadísticas ofrecidas por la PNC, se desprende que ésta

realizó 28 mil 519 capturas; de ese total, según la

institución, alrededor de mil personas pertenecían a las

mencionadas bandas.  Sería beneficioso, tanto para el cuerpo

policial como para la población que la observa, dar a conocer los

detalles de este esfuerzo que debería recibir el reconocimiento del

público pero también tendría que ser verificado por

la sociedad para evitar que --en el desarrollo del mismo-- se cometan

arbitrariedades contra las personas que, independientemente de las

circunstancias, tienen derechos que deben ser respetados por la

Policía según su mandato constitucional. 

        Especial atención debería brindarse a la

recomendación de Ghali incluida en su último informe, en el

sentido de poner fin al régimen de acuartelamiento del personal

policial pues --en palabras del hoy ex secretario general de la ONU--

ésta medida "será una contribución especialmente

válida al fortalecimiento del carácter civil de las fuerzas

de policía, y a la mejora de las relaciones entre la policía

y la comunidad". Ello, sobre todo cuando --en una encuesta realizada por

el IUDOP entre julio y agosto de 1996-- descubrimos que la opinión

de la gente coloca  a la PNC como la institución que mejor defiende

sus derechos humanos en la comunidad (21.1%), en un marco en el cual la

mayoría (59%) se inclina por decir que ninguna lo hace o que no

sabe. 

        

1. El órgano Judicial

        Según el artículo 172 de la Constitución,

concierne "exclusivamente a este órgano la potestad de juzgar y

hacer ejecutar lo juzgado en materia constitucional, civil, penal,

mercantil, laboral, agraria y de lo contencioso-administrativo, así

como en las otras que determine la ley". Para el cumplimiento de las

funciones que legalmente se encuentran establecidas, el órgano

cuenta con la Corte Suprema de Justicia (CSJ), las cámaras de

segunda instancia, los juzgados de primera instancia y los juzgados de paz.

De tal manera que, en este tema, no se puede decir que las cosas mejoraron

sólo por el hecho de que se integró --hace más de dos

años-- una nueva Corte, bajo reglas del juego diferentes; tampoco

se debe afirmar que no ha cambiado nada por el hecho de que en la

"llanura", la población usuaria del sistema judicial continúa

quejándose de su ineptitud, corrupción y burocracia.

        La percepción de la gente encuestada entre julio y agosto

por el IUDOP en relación a esta materia, debe ser considerada al

momento de hacer esta parte del balance anual. Un 35.9% respondió

que estaba muy satisfecha o algo satisfecha con el trabajo de la CSJ; poco

o nada satisfecha se encontraba el 51.4% y el resto --12.8%-- dijo que no

sabía. Al intentar conocer cuán justas eran las decisiones

de la Corte, el resultado fue el siguiente: el 38.1% dijo que no lo eran;

el 34.7% dijo que sí; el 14.4% no quiso responder y el 12.8% no se

decidió por ninguna de las opciones. Frente al 47.1% que sostuvo que

el sistema judicial salvadoreño era corrupto, sólo el 11.2%

se inclinó por decir que era honesto; el 32.1% afirmó que

habían funcionarios de ambos tipos y el 9.2% dijo que no

sabía. 

        Según el sondeo, el 60% de las personas sostuvo que las y

los jueces del país se encuentran controlados por el poder

político; apenas el 14.7% expresó que no; del resto, el 20.2%

prefirió no responder y el 5.1% no se decidió. Consecuencia

lógica y preocupante de todo el panorama anterior --dentro del cual

destaca el elevado porcentaje de personas que desconfían de la

administración de justicia nacional-- es el hecho de que el 46% haya

respondido afirmativamente cuando se le preguntó si estaba de

acuerdo con "hacer justicia por su mano propia", ante la incapacidad

gubernamental; el 44.4% dijo que no estaba de acuerdo y el 9.7% se

ubicó entre quienes no respondieron o que no se decidieron por una

u otra postura. 

        En un estudio realizado a finales de 1996, se establecieron los

principales vicios que --a estas alturas-- han colocado a la

administración de justicia salvadoreña en una

situación que sólo puede tipificarse como crítica y

que, sin duda, inciden mucho para generar la visión negativa que de

ella tiene la población mayoritaria. El primero: el de la impunidad

que se produce cuando en la sociedad se cometen delitos de diversa

índole sin que sus autores sean ubicados y debidamente sancionados.

El segundo: los numerosos formalismos que, en lugar de agilizar,

obstaculizan y estancan el desarrollo de los procesos. El tercero: la

morosidad; es decir, cuando los encargados de hacer cumplir la ley no

acatan los términos establecidos por ésta para realizar

determinadas actuaciones. El quinto: el congestionamiento de expedientes

acumulados sin que éstos sean tramitados. 

        A lo anterior, deben agregarse otras deficiencias que --sin ser

propias del órgano Judicial-- afectan y dificultan el impulso de una

pronta y cumplida impartición de justicia en El Salvador.

éstas son: el celo institucional, la confusión de la

prioridad en la investigación y las dificultades legales para

impulsar dicha investigación en forma adecuada. El mencionado "celo"

incidió mucho y muy negativamente en esta materia durante 1996,

principalmente en lo que toca al desarrollo de la dirección

funcional de la investigación del delito por parte de la FGR frente

a la poca disposición de la PNC para permitirlo; también tuvo

expresiones públicas y poco edificantes --sobre todo en octubre--

a través de las repetidas y cada vez más agrias

recriminaciones lanzadas por el ministro de seguridad pública al

órgano Judicial y las reacciones de algunos funcionarios de  este

último ante los señalamientos que les hacían. 

        En el citado informe de Ghali sobre la situación

salvadoreña, éste destacó la aprobación de "las

reformas constitucionales y jurídicas". Asimismo, se

manifestó esperanzado por la pronta aprobación de un nuevo

Código Procesal Penal, sin imaginar que ello se logró el 3

de diciembre sólo después de haberle introducido al documento

final varios cambios en relación al proyecto que se venía

discutiendo previamente.

        Pero, por diversas razones, el optimismo del aún secretario

general de la ONU era muy relativo al momento de elaborar su informe. Al

referirse a las reformas en materia penal, sostuvo que --pese a que

consideraba que se habían cumplido algunas recomendaciones de la

Comisión de la Verdad con ellas-- éstas "no serán

completas hasta tanto no se hayan aprobado el nuevo Código Penal y

la Ley Penitenciaria (norma que aportaría soluciones a la

difícil situación de los establecimientos penitenciarios del

país)". Y abundó de la siguiente manera: "es  de esperar que

antes de que finalice la actual legislatura se habrá conseguido

cumplir plenamente las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.

Asimismo, está pendiente la aprobación por la Asamblea de la

Ley de Procedimientos Constitucionales, la Ley Orgánica Judicial y

los nuevos códigos penales militares".

        "El éxito de las reformas --sostuvo Ghali después

de haberle dado seguimiento al proceso salvadoreño desde que se

firmó la paz hasta el final de su mandato-- dependerá en alto

grado de los progresos en la depuración de jueces y oficiales

judiciales, que todavía es insuficiente. Se observa también

una persistente falta de coordinación entre los jueces, los fiscales

y los agentes de policía. Este problema, que tiene efectos nocivos

para el funcionamiento del sistema judicial en general, ha empeorado

durante el período a que se refiere el informe por los repetidos

enfrentamientos entre el sector judicial y el Ministerio de Seguridad

Pública". 



4. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

        Ya lo manifestamos al principio: de las tres instituciones

examinadas, es ésta la que genera entre la población un

sentimiento mayor de confianza. Lo decimos desde el IDHUCA a partir de

nuestra cercanía con un trabajo de la PDDH que --por encima de

algunas deficiencias y limitaciones que existen y son reconocidas-- se

identifica poco a poco, cada vez más, con el  encomiable esfuerzo

de la persona que se encuentra al frente de la institución desde

marzo de 1994: la doctora de Avilés. Pero lo más importante

es que también lo reconocen las y los salvadoreños;

así lo confirman los datos que a continuación ofrecemos,

extraídos de la encuesta que realizó el IUDOP entre julio y

agosto de 1996. 

        Al ser preguntada sobre el trabajo desarrollado por la PDDH, el

67.3% de las personas entrevistadas expresó una opinión

favorable; desfavorable dijo el 9.3% y el 23.4% no respondió o no

se decidió en ningún sentido. Cuando se le interrogó

sobre la calidad de las declaraciones hechas por la PDDH, el 54.5% dijo que

sí eran justas; el 18.9% contestó que no; el 18.9% no

respondió y el 12% no se decidió. Finalmente, el 21.7% de la

población entrevistada dijo que tenía mucha confianza en la

institución; el 31.3% sostuvo que tenía algo de confianza;

el 26.2% que era poca la confianza que le inspiraba y el 10.4% no

tenía nada de confianza en ella. 

         Lo dicen, además, las personas que sólo en ese

lugar han encontrado una luz de esperanza en su doloroso esfuerzo por

vencer la impunidad que se mantiene en el país. Un ejemplo de ello

es el caso de las familias García Prieto, Gaytán y Vilanova

cuyos hijos fueron arrebatados de forma violenta y arbitraria, en hechos

acaecidos entre 1994 y 1996 con la participación directa o indirecta

de agentes del Estado, ya sea policiales o judiciales. 

        Estas personas dolientes estuvieron el pasado jueves 19 de

diciembre en el despacho de la señora procuradora, para expresarle

su gratitud y sobre todo brindarle un reconocimiento explícito y

público por la labor que, al frente de la institución,

está desarrollando. De igual manera, le manifestaron el deseo que

tienen de apoyarla en su valiente gestión contra la impunidad y en

favor de la legalidad, e hicieron un llamado a la población para que

denuncie en la PDDH cualquier hecho que afecte el goce de sus derechos y

libertades fundamentales.

        El esfuerzo que desde hace casi dos años desarrolla la

doctora de Avilés, también fue reconocido de diversas formas

por la comunidad internacional de diversas formas a lo largo de 1996. Lo

hizo el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos;

también el Centro Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo

Democrático al entregarle, el 19 de noviembre y por medio del nuevo

embajador de Canadá en El Salvador, la mención

honorífica del premio "John Humphrey a la libertad"; de igual

manera, lo reconocieron los "defensores del pueblo" de Latinoamérica

y el Caribe, quienes la instalaron en el consejo directivo del Instituto

Internacional del Ombudsman para que los  represente; finalmente,

funcionarios de Suecia, Noruega, Dinamarca y Holanda estuvieron presentes

en la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en San

Salvador, el 5 de diciembre, durante la primera reunión del llamado

"Grupo de amigos de la procuradora para la defensa de los derechos

humanos".

        El mismo Ghali, en el informe citado, sostiene que antes de

éste había señalado la lentitud que percibía

en los progresos que se estaban dando dentro de la PDDH en lo referente a

"la elaboración y publicación de resoluciones"; sin embargo,

durante "los últimos meses --afirma-- se han logrado notables

avances en este campo, y es de esperar que se complementen mediante un

mecanismo idóneo que dé seguimiento al cumplimiento de las

resoluciones" emitidas por la institución. Con esta

apreciación  del ahora ex secretario general de la ONU, el IDHUCA

coincide plenamente: se ha mejorado cuantitativa y --sobre todo--

cualitativamente en lo que a la emisión de resoluciones se refiere,

pero a la PDDH le falta todavía profundizar su capacidad de

seguimiento en lo que corresponde al cumplimiento de las mismas por parte

de las y los funcionarios que han recibido recomendaciones puntuales.

        También se debe expresar que la doctora de Avilés

enfrenta el reto de institucionalizar el funcionamiento de la PDDH; sabemos

que se están haciendo esfuerzos, pero queda mucho camino por andar.

Eso se advierte en los resultados de la encuesta que realizó el

IUDOP entre julio y agosto del año recién finalizado. Cuando

en ella se preguntó a la gente sobre la institución que mejor

defiende los derechos humanos a nivel nacional, la Procuraduría

resultó ser la que ocupó el primer lugar con un 28.7% de las

opiniones a su favor; cuando se preguntó cuál era  la

institución que mejor defendía los derechos humanos a nivel

de las comunidades, la PDDH apareció colocada en el tercer lugar con

el 11.5%. Esos datos --desde nuestra óptica-- revelan que ha sido

muy grande el impacto que ha tenido, a través de los medios masivos

de difusión, la destacada actuación de la señora

procuradora; pero también nos muestran que a la institución

todavía no ha hecho sentir de forma plena su presencia cotidiana y

eficiente en las localidades. 

        Otro de los retos que se le plantean a la señora

procuradora y a su institución, es el de romper esa especie de cerco

o aislamiento que algunos funcionarios estatales les han tendido o han

pretendido tenderles. A eso se refiere Ghali en su documento, cuando

sostiene que es importante que la PDDH "actúe de manera coordinada

y complementaria con otros órganos del Estado".  Pero no se queda

ahí; además, agrega lo siguiente: "Es de esperar que

también otros funcionarios públicos hagan todo lo  posible

para entender la legitimidad y la pertinencia de esta institución

para el fortalecimiento del Estado de Derecho".



Conclusión

        El año que finalizó hace unos días,

además de lo apuntado antes en este balance, no fue muy favorable

para la mayor parte de la población en otros aspectos. A lo largo

de 1996 observamos cómo se publicitaron indicadores de un

crecimiento macroeconómico que, en la vida diaria de esa

población, no se tradujeron en beneficios reales y --por el

contrario-- para algunos sectores sociales generaron más pobreza.

También fuimos testigos de la imposición de leyes

demagógicas o contrarias a los intereses mayoritarios, fruto de un

quehacer legislativo cada vez más parecido a las prácticas

autoritarias que en el pasado cerraron espacios y abrieron puertas a la

confrontación violenta. De igual manera recordamos --porque se

dieron de nuevamente-- aquellas sucias maniobras oficiales para favorecer

a determinada fuerza política, pensando y maquinando de cara a las

próximas elecciones.

        ¿Qué nos queda? Lo que menos podemos hacer es

cruzarnos de brazos, pretender aislarnos o no sentirnos parte de una

situación que --de no corregirse a tiempo-- se puede agravar de una

manera muy peligrosa. Nos corresponde, entonces, participar consciente y

activamente para conocer las instituciones estatales que son fruto de la

experiencia dolorosa de un pueblo que --sin duda-- no puede volver a vivir

otra tragedia similar o peor que la que acaba de pasar, la cual se

superó mediante el diálogo y la negociación apoyados

por la comunidad internacional. 

        Al dar a conocer las misiones y el funcionamiento de la PNC y de

su inspectoría general, de la PDDH y del órgano Judicial,

estaremos más cerca de lograr que la población se acerque a

estas instituciones, las utilice para solucionar sus conflictos y logre que

--poco a poco-- sus miembros se mantengan dentro del marco de la legalidad

para convertirlas en la base de una  institucionalidad legítima,

capaz de garantizar la vigencia real de los derechos y libertades

fundamentales de toda la gente, independientemente de su posición

social, sexo, religión o edad. 

        En esa búsqueda, no podemos permitir que se amenace

constantemente a la persona que intenta con valentía --al frente de

la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos-- contribuir

a que en El Salvador exista una administración pública

respetuosa de la persona humana; tampoco es posible aceptar que, por esa

actitud inclaudicable, se le "castigue" recortándole el presupuesto

de la institución que preside en rubros tan sensibles e importantes

como son los de sus resoluciones y la labor educativa. La paradoja es esa:

mientras la señora procuradora recibe reconocimientos dentro y fuera

del país por su encomiable labor, el gobierno decide estrangular

económicamente a la PDDH. Es esa una triste prueba de lo mucho que

falta por andar para acercar lo que se dice en los discursos y lo que se

hace en la práctica. 

        Ya casi se acaba el acompañamiento especial que, desde

finales de los años setenta, la comunidad internacional le ha

brindado al país en materia de derechos humanos. A estas alturas

cabe citar, nuevamente, a Pedro Nikken. "La búsqueda de la paz --

concluía en su último informe como experto independiente de

la ONU en nuestra tierra-- se tradujo en una obra de dimensión

histórica, que ya no pertenece a quienes la diseñaron y

negociaron, sino que es patrimonio común del pueblo

salvadoreño". Es cierto: las nuevas instituciones o aquellas que

fueron renovadas son nuestras y de nadie más; para terminar de

derrotar la guerra y ganar de verdad la paz, apropiémonos de ellas

y hagamos que funcionen pues --de ahora en adelante-- va a ser muy

difícil que vengan de fuera a "regañar" a quienes, en favor

de un interés particular o de grupo, pretenden

arrebatárnoslas.

        -----

        

                Cronología de 1996

        



Enero

03.     El Tribunal Nacional de Honor del Partido Demócrata

        Cristiano expulsa al Secretario General, Ronal Umaña y

        suspende por un año a seis altos dirigentes.



04.     Unos 150 ex trabajadores del Ministerio de Obras Públicas -

        encabezados por sindicalistas de la Asociación de

        Trabajadores del Ministerio de Obras Públicas (ATMOP)-

        ocupan las instalaciones de la Catedral Metropolitana de San

        Salvador en protesta por la aplicación del decreto 471. 



10.     Miembros de la División de Investigaciones Criminales

        (DIC), arrestan a 3 alcaldes y un ex-jefe edilicio del oriente del

        país, a quienes se les imputan los cargos de falsedad

        material al extender documentos públicos.



11.     Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) cierran el

        portón de catedral sitiado por miembros de la

        Asociación de Trabajadores de Obras Públicas

        (ATMOP).



12.     Luego de negociaciones, los sindicalistas de ATMOP desalojan la

        Catedral Metropolitana.



13.     Miembros del Tribunal de Honor del PDC impiden a los miembros de

        la "nueva clase política", encabezada por Ronal

        Umaña, el ingreso a su sede del partido.



16.     18 jefes municipales de La Unión inician un paro indefinido

        de labores, en solidaridad con sus colegas de oriente acusados de

        actos fraudulentos. 



17.     Un equipo de abogados designados por el Organo Ejecutivo y el

        Consejo Ejecutivo de ARENA (COENA) trabaja en la

        elaboración de una legislación que impida a la

        policía capturar alcaldes con prepotencia e irrespeto.



19.     Los miembros del directorio nacional del PDC integran un tribunal

        de honor específico para que conozcan la resolución

        emitida por el Tribunal Nacional de Honor, que suspendió

        al Secretario General, Ronal Umaña, y sancionó a

        otros dirigentes. 



23.     La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia

        ordena levantar las órdenes de detención giradas

        contra tres alcaldes y un ex jefe edilicio del oriente del

        país.



25.     Ex empleados del Ministerio de Obras Públicas (MOP),

        afectados por la aplicación del Decreto 471, obstaculizan

        el  paso vehicular frente a la Feria Internacional para protestar

        por el retraso del pago de sus indemnizaciones. 



31.     El staff de médicos residentes del Hospital Rosales pide

        la destitución de su Directora, Mabel Fisher, dadas las

        reformas que pretende implementar a la ley de salud. La

        petición es apoyada por estudiantes de la Universidad de

        El Salvador, quienes ocupan un tramo de la 25 Avenida Norte. 



Febrero



02.     Legalizan el Partido Demócrata (PD) ante el Tribunal

        Supremo Electoral (TSE).



03.     La Conferencia Episcopal de El Salvador realiza varios cambios en

        el Seminario Mayor, siendo destituido como rector el P. Luis

        Alonso Coto, así como los principales miembros del cuerpo

        de formadores sacerdotales.



05      Inauguran el ejercicio militar "Fuertes Caminos 96", en el cual

        participan miembros del ejército de los Estados Unidos y

        El Salvador.



08.     Llega el Papa Juan Pablo II a El Salvador. 



11.     El Arzobispo de San Salvador, Mons. Fernando Sáenz Lacalle,

        asegura que él como pastor de la Iglesia Católica

        local tiene el compromiso de lograr la paz social, para dar

        continuidad al mensaje de paz del Papa Juan Pablo II.



12.     El Presidente del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ),  Jorge

        Eduardo Tenorio, revela que de un total de 63 jueces de Paz

        evaluados por esa instancia más de la mitad serán

        suspendidos en sus cargos y otros 11 serían removidos por

        una serie de anomalías.



-       El Obispo auxiliar de San Salvador, Mons. Gregorio Rosa

        Chávez revela que los gastos invertidos en la visita del

        Papa Juan Pablo II podrían ascender a unos 8.8 millones de

        colones.



-       En visita evaluatoria de la ejecución de los Acuerdos de

        Paz, el Subsecretario de Asuntos Políticos de la ONU,

        Alvaro de Soto, dijo sentirse alentado por los avances observados

        en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, salvo en el punto  de

        la reinserción de ex combatientes a la vida civil y

        productiva. 



15.     Sale a la luz pública la disputa de tres asociaciones de

        ex agentes de la desaparecida Policía Nacional (PN) por la

        administración de 6 inmuebles valorados en 10 millones de

        colones, actualmente en manos del Ministerio de Defensa.



16.     Un grupo de magistrados de Cámara, jueces de lo Penal y de

        Paz del país externa a la Corte Suprema de Justicia (CSJ)

        su disposición de renunciar masivamente, poniendo a

        disposición sus cargos a efecto de viabilizar el proceso

        de depuración judicial.



18.     El Partido de Renovación Social Cristiano (PRSC), realiza

        su convención general para elegir a las nuevas autoridades

        que regirán el nuevo instituto político, nombrando

        a Abraham Rodríguez, como Presidente, y al rector de la

        Universidad Tecnológica, Mauricio Loucel Director Nacional

        General.



19.     Miles de habitantes de Sonsonate se ven afectados con un paro de

        transporte realizado por empresarios de autobuses

        interdepartamentales, quienes protestaron por el exceso de

        competencia desleal por parte de microbuses y pick ups.



-       Jueces de paz de San Salvador, Sonsonate y La Libertad piden a la

        Corte Suprema de Justicia que la evaluación realizada por

        el Consejo Nacional de la Judicatura se declare sin valor.



20.     El Presidente de la República, Armando Calderón Sol,

        anuncia un programa de reforzamiento de infraestructura carcelaria

        que incluye la rehabilitación de los penales de

        Metapán y Cojutepeque.



-       Un grupo de 856 reos de la Penitenciaría Occidental de

        Santa Ana inicia una huelga de hambre como medida de

        presión para exigir mejoramientos en sus condiciones. A la

        vez, amenazan con incendiar el penal y tomarse como rehenes a las

        visitas. 


-       Los empresarios de autobuses interdepartamentales de Sonsonate

        levantan su paro de labores. 



-       La Asociación de Empresarios de Transporte de Pasajeros

        (ATP) realiza un paro para presionar al Viceministerio de

        Transporte a que realice un control de microbuses piratas y pick

        ups y reasignación del subsidio del diesel, entre otros.



23.     La Asociación de Transportistas de Pasajeros (ATP) pone fin

        al paro de transporte.



25.     El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Warren Christopher,

        llega al país en el marco de una gira latinoamericana.



27.     Warren Christopher concluye su visita a El Salvador,

        después de revelar que la Administración Clinton

        contempla dar paridad a las naciones de la Cuenca del Caribe,

        respecto a los beneficios que ofrece el Tratado de Libre Comercio

        de Norteamérica (NAFTA).



28.     El secretario general de la "nueva clase política" del PDC,

        Ronal Umaña, pide al Tribunal Supremo Electoral, excluir

        al magistrado Eduardo Colindres del debate en torno a la pugna que

        existe en ese instituto político.



-       Altos funcionarios del gobierno salvadoreño rechazan un

        posible condicionamiento de un donativo de diez millones de

        dólares de la Agencia para el Desarrollo Internacional

        (USAID) a El Salvador a cambio de reformas en la

        legislación electoral.  



29.     La Asamblea Legislativa ratifica un polémico

        préstamo de 215 millones de dólares destinados a

        proyectos de expansión de CEL.





Marzo



04.     El Tribunal Supremo Electoral (TSE) respalda un dictamen  emitido

        por el Tribunal Nacional de Honor del PDC de suspender a siete

        miembros de la Comisión Política Nacional, entre

        ellos a Ronal Umaña.



06.     Carlos Romero Alfaro, alias "Zaldaña", presunto implicado

        en el asesinato del ex comandante del FMLN, Francisco Velis, es

        llevado al Juzgado Segundo de lo Penal, después de haber

        sido extraditado desde Estados Unidos.



13.     El Presidente de la República, Armando Calderón Sol,

        se reune de emergencia con los tres órganos del Estado para

        revelarles la política estatal en contra de la

        delincuencia. 



14.     Los sectores comercial, agropecuario y de transporte de

        Usulután realizan un paro de labores como medida de

        protesta  ante la creciente criminalidad.



15.     El presidente de la República, Armando Calderón Sol,

        propone la Ley de Emergencia contra la Delincuencia y Crimen

        Organizado.



17.     El Arzobispo de San Salvador, Mons. Fernando Sáenz Lacalle

        apoya la Ley de Emergencia propuesta por el gobierno para combatir

        la delincuencia.



19.     Con los votos de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Partido

        de Conciliación Nacional (PCN), Partido de

        Renovación Social Cristiano (PRSC), Convergencia

        Democrática (CD) y Movimiento de Unidad (MU) es aprobada

        la Ley Transitoria de Emergencia contra la Delincuencia y el

        Crimen Organizado. 



20.     La Asociación de Juezas de El Salvador adversa las nuevas

        leyes para frenar la delincuencia, por considerar que las mismas

        transgreden las convenciones internacionales .



26.     La Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El

        Salvador (MINUSAL) manifiestan su oposición ante la Ley de

        Emergencia.



27.     La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

        objeta la aprobación de la Ley de Emergencia.



-       El Presidente Calderón Sol desestima las críticas

        contra la legislación antidelincuencial, asegurando que

        ésta responde a las exigencias de la ciudadanía.



28.     El presidente de la Fundación Salvadoreña para el

        Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Jorge Zablah-

        Touché, muestra su apoyo a la legislación

        entidelincuencial aprobada por el gobierno.



30.     Entra en vigencia la nueva Ley de Protección al Consumidor.



Abril



09.     El PD acusa al Gobierno de la República de imcumplir el

        Pacto de San Andrés, anunciando su inclusión al

        bloque de partidos que buscan convertirse en una opción de

        centro.



10.     La policía desaloja con gas lacrimógeno a 156

        familias que integraban la comunidad Nuevo Amanecer, en San

        Bartolo, Ilopango.



14.     El Comisionado Presidencial para la modernización del

        sector público, Alfredo Mena Lagos, presenta ante la

        Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Privatización

        de Entes Estatales.



16.     Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) detienen al

        coronel retirado René Ernesto Auerbach Ortiz

        presumiblemente involucrado en la venta y legalización de

        autos robados.



-       La Presidenta del Organo Legislativo, Gloria Salguero Gross,

        informa que el partido ARENA está dispuesto a pagar una

        multa de 10 mil colones impuesta por el Tribunal Supremo Electoral

        (TSE) por haber utilizado un arreglo musical con el tema de "La

        Macarena" con fines propagandísticos antes de iniciar la

        campaña electoral.



-       Un centenar de agremiados a la Asociación de Trabajadores

        de Telecomunicaciones (ASTTEL), obstaculiza el tráfico

        vehícular frente a las instalaciones de ANTEL San Miguelito

        para mostrar su desacuerdo con la privatización de la

        institución.



17.     Más de 40 empresarios salvadoreños, miembros de ASI,

        ANEP, UDES y la Asociación Cafetalera, hacen pública

        la conformación del Movimiento Patriótico contra la

        Delincuencia (MPCD). 



18.     El gobierno salvadoreño anuncia la exención del 65%

        de la deuda agraria y crediticia de más de 80 mil

        campesinos.



-       El jefe de la Misión Reducida de Observadores de Naciones

        Unidas (MINUSAL), Ricardo Vigil, anuncia la salida irrevocable del

        organismo para el 30.04.96.



19.     Miembros del Frente Farabundo Martí para la

        Liberación Nacional (FMLN) presentan un recurso de

        inconstitucionalidad contra la Ley de Emergencia.



25.     Estalla un coche bomba sobre la Residencial Sierras de Santa

        Elena, lugar de residencia del ex presidente Alfredo Cristiani.



26.     Miles de campesinos de los sectores reformado y tradicional

        bloquean varias calles de San Salvador para exigir la

        condonación total de la deuda agraria.



29.     Se hace efectiva sin violencia la orden administrativa de captura

        contra Dagoberto Adolfo Araujo, alcalde de La Libertad (por el

        Partido ARENA,) sobre quien pesan los cargos de negociaciones

        ilícitas y usurpación de atribuciones.



30.     Es conformada la Oficina de Naciones Unidas para la

        Verificación (ONUV), en sustitución de la

        Misión de Naciones Unidas en El Salvador (MINUSAL).



Mayo



1.      Se conmemora, con manifestaciones y concentraciones      de

   organizaciones sindicales y partidos políticos, el Día

        Internacional del Trabajo, siendo el rechazo del proceso        

                de privatización la principal proclama de los

   trabajadores.                              



     

-       El Secretario General de la Organización de las Naciones

        Unidas (ONU), Boutros Ghali, formula objeciones a la Ley de

        Emergencia contra la Delincuencia y el Crimen Organizado.       

              



-       La Fiscalía General de la República pide la

        detención de la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán,

        Zoila Navas de Aguilar, al encontrarse un faltante de más

        de medio millón de colones en su alcaldía.



04.     Las fuerzas armadas de Honduras anuncian el refuerzo de sus tropas

        en la frontera con El Salvador.                                 

                                                  



-       Un reporte del Instituto de Medicina Legal señala que 

durante el primer trimestre del año se reportaron un      promedio

de 22 personas muertas por día en nuestro         país en

acciones violentas.                 

                             

07.     El Ministro de Defensa, Jaime Guzmán Morales, descarta que

        el desplazamiento de tropas hondureñas hacia la frontera

        constituya una amenaza a nuestro territorio.



08.     Arriba al país el presidente de Argentina, Carlos Menem. 



1.      El Presidente Menem y el Presidente Calderón Sol  suscriben

   una declaración conjunta y firman acuerdos en  materia de

   integración latinoamericana.      

                            

14.     Diputados de la Comisión de Legislación y Puntos

        Constitucionales de la Asamblea Legislativa deciden reformar el

        artículo 415 del Código Procesal Penal, con lo cual

        los alcaldes municipales podrán gozar del privilegio

        procesal.



-       Pequeños empresarios de San Miguel realizan una marcha de

        protesta por las principales calles de la ciudad, en protesta en

        contra un supuesto "acoso fiscal"  por parte del Ministerio de

        Hacienda.



16.     La Asamblea Legislativa aprueba, con los votos de ARENA, PDC y PCN

        un fuero especial para los alcaldes y miembros de los concejos

        municipales que se vean involucrados en delitos oficiales.

19.     La "vieja guardia" del PDC elige tres nuevos organismos de

        dirección y a Carlos Ernesto Claramount como su Secretario

        General.



20.     Unos mil trabajadores y campesinos marchan por las principales

        calles de San Salvador, en protesta por la privatización

        de ANTEL. Los sindicalistas son acompañados por comunidades

        que respaldan a la Asociación de Radios y Programas

        Participativos (ARPAS), que reclaman la legalización de 11

        emisoras comunales.



23.     Explota una bomba que daña el edificio de Seguros e

        Inversiones (SISA), compañía cuyo accionista

        mayoritario es el ex presidente Alfredo  Cristiani. 



26.     Mons. Fernando Sáenz Lacalle  condena el atentado

        terrorista suscitado en el edificio de Seguros e Inversiones

        (SISA). 



27.     La Asociación de Empresarios de Autobuses

        Salvadoreños (AEAS) y la Asociación de Empresarios

        del Transporte de Pasajeros (ATP) llevan a cabo un paro de

        transporte.





Junio



01.     El Presidente Calderón Sol anuncia doce medidas

        económicas relacionadas con política tributaria,

        crediticia y de inversión pública, en el marco de

        su segundo año de gobierno.



05.     El Presidente Calderón Sol revela que el Banco

        Interameriano de Desarrollo (BID) financiará parte de los

        mil millones de colones que su gobierno invertirá en la

        construcción de obras de infraestructura pública,

        anunciadas durante el discurso del segundo año de gobierno.

        

13.     Alrededor de 115 procesos judiciales e investigaciones

        administrativas en los Tribunales de Hacienda y Fiscalía

        General de la República permiten detectar un faltante

        superior a los 15 millones de colones en varias alcaldías

        municipales.



16.     Capturan a 4 estudiantes de la Facultad de Derecho de la

        Universidad Nacional (UES), a quienes se les atribuye ser los

        responsables de los atentados en la Residencial Santa Elena y el

        Edificio SISA.



-       La Federación Nacional Sindical de Trabajadores

        Salvadoreños (FENASTRASS) acusa a Estados Unidos de estar

        detrás de las denuncias sobre violaciones de los derechos

        laborales en las empresas maquileras instaladas en la

        región centroamericana.



17.     Reos del penal de Santa Ana anuncian la "lotería de la

        muerte" e inician una huelga de hambre en protesta por el

        hacinamiento.

-       6 supuestos miembros de la Sombra Negra, implicados en varios

        ajusticiamientos de delincuentes, son puestos en libertad mediante

        una resolución de la Cámara Segunda de lo Penal de

        San Salvador.



18.     El Subsecretario Adjunto para Asuntos Políticos de las

        Naciones Unidas (ONU), Alvaro de Soto, completa una apretada

        agenda de trabajo para evaluar el cumplimiento de los Acuerdos de

        Paz.



19.     El Inspector General de la Policía Nacional Civil (PNC),

        Víctor Valle, presenta su renuncia, por supuestas

        diferencias con el Subdirector de Operaciones de la

        institución policial, Rolando García.



20.     La Asamblea Legislativa ratifica cinco reformas constitucionales,

        que se refieren al habeas corpus, detención administrativa,

        indemnización por errores judiciales y función de

        Policía Rural de la PNC.



-       El alcalde de La Libertad, Dagoberto Adolfo Araujo Funes, queda

        en libertad, luego de cancelar una fianza por medio millón

        de colones.



-       La Fiscalía General de la República manifiesta su

        desacuerdo con la decisión del Juzgado Segundo de Hacienda

        que deja en libertad al alcalde de La Libertad, Dagoberto Araujo. 



25.     Líderes de los reclusos del Penal de Santa Ana muestran

        encapuchados a cuatro reos elegidos con la "lotería de la

        muerte", amenazando con ajusticiarlos si el gobierno no atiende

        sus demandas para mejorar las condiciones del centro

        penitenciario.



26.     Un grupo clandestino, identificado como Fuerza Nacionalista "Mayor

        Roberto D'Abuisson" (FURODA), emitie un comunicado en el que acusa

        de "desestabilizadores" a miembros de partidos políticos

        de oposición, de la Iglesia y de organizaciones civiles.



1.      Los reclusos de la penitenciaría "La Esperanza" se unen a

   las protestas de sus compañeros del  penal de Santa    Ana, y

   piden a la Corte Suprema de Justicia y a la   Asamblea Legislativa que

   busquen una solución pronta a          sus demandas. 





28.     Los diputados de la Asamblea Legislativa aprueban con dispensa de

        trámite, hasta un año para que entren en vigencia

        todas las disposiciones contenidas en los reglamentos de

        Tránsito y Transporte.



-       Víctor  Valle revoca su renuncia, decidiendo mantenerse al

        frente del organismo verificador de la actividad policial.



29.     Los partidos ARENA, PDC y PCN ratifican como  Presidente de la

        Corte de Cuentas a Rafael Hernán Contreras.





30.     Mons. Fernando Sáenz Lacalle pide a los reclusos del penal

        de Santa Ana que abandonar su amenaza de practicar la "loteria de

        la muerte".



Julio



02.     La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), a

        través de su Presidente, Ernesto Vilanova, presenta el

        Manifiesto  salvadoreño.



03.     Ocho reos de la penitenciaría de Santa Ana se cosen los

        labios para radicalizar la huelga de hambre general,

        sumándose a aproximadamente 800 reos que protestan porque

        no les han sido atendidos sus planteamientos.



-       Más de un centenar de ex paramilitares, aglutinados en la

        Asociación de Ex Combatientes y Víctimas de Guerra

        (AEGES), ocupa las instalaciones del Departamento de

        Atención a Desmovilizados y Lisiados de la Fuerza Armada

        (DADELIFA) exigiendo la inclusión de los patrulleros

        cantonales y defensa civiles en los beneficios de los Acuerdos de

        Paz.



04.     El Presidente  Calderón Sol advierte que no cederá

        ante las demandas de los reclusos de Santa Ana.



05.     Desconocidos asesinan al cafetalero Mauricio Alberto Ruffatti

        Ruffatti.



07.     Agentes de la PNC decomisan las armas de guerra que estaban en

        poder del personal de vigilancia de ANTEL.



08.     Elementos de seguridad de ANTEL ocupan las instalaciones

        Administrativas, en el Centro de Gobierno, en protesta por el

        decomiso de sus armas.



-       Los reclusos del penal de Santa Ana suspenden temporalmente las

        medidas de presión, luego de que el Organo Ejecutivo se

        comprometiera a elaborar el anteproyecto de ley en el que se

        contemplan la media pena, libertad condicional y la

        agilización de los procesos.



09.     Más de 200 miembros de la seguridad de ANTEL, que fueron

        previamente desarmados por la PNC, reciben el anuncio de su

        despido.



-       Manuel Córdova Castellanos es nombrado como nuevo Fiscal

        General de la República, en sustitución de Romeo

        Melara Granillo.



11      El gobierno salvadoreño lamenta la decisión del

        Departamento de Estado de Estados Unidos de cancelar la visa de

        ingreso a ese país al presidente de Colombia, Ernesto

        Samper. 



12.     Francisco Elías Valencia, Director de CoLatino es capturado

        por agentes de la PNC, haciendo efectiva una orden de captura en

        su contra por el delito de difamación en perjuicio del

        policía Rafael González Garciaguirre. 

-       El Presidente de la Asociación de Periodistas de El

        Salvador (APES), Renán Alcides Orellana, condena la

        detención de Francisco Elías Valencia.



-       Los presidentes de Centroámerica y Chile acuerdan en Costa

        Rica crear una comisión de "alto nivel" que comience a  la

        mayor brevedad negociaciones para un acuerdo de libre comercio de

        bienes y servicios, incluyendo turismo, promoción de las

        inversiones y cooperación.



15.     Un grupo de supuestos militares jóvenes

        salvadoreños, denominado "Comando Estratégico de

        Liberación Nacional Juventud Militar Arce", amenaza con dar

        un golpe de Estado al Presidente Calderón Sol si

        éste no destituye a varios funcionarios que, según

        la advertencia, están implicados en el "crimen

        internacional". 

 

16.     Más de un centenar de estudiantes de Medicina de la

        Universidad de El Salvador (UES), que se encuentran prestando

        servicio externo, ocupan por varias horas la calle frente al

        Hospital Rosales.



18.     Con 69 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa aprueban

        por unanimidad la Ley de la Carrera Policial.



23.     Diferentes organizaciones no gubernamentales juramentan a 150

        promotores electorales.



26.     Miles de simpatizantes del FMLN, se concentran en el Gimnasio

        Nacional ■Adolfo Pineda■ para inaugurar el Foro de Sao Paulo,

        coordinado por este instituto político.



29.     Graves disturbios se suscitan en las cercanías del parque

        Hula Hula, cuando vendedores ambulantes apoyados por miembros de

        maras y huelepegas se enfrentaron con la Policía Nacional

        Civil (PNC).





Agosto



02.     Se recibe una llamada anónima en el edificio de Credomatic

        en la que se advierte de la existencia de una bomba en sus

        instalaciones.



03.     Se recibe una llamada anónima sobre la existencia de bombas

        en el Almacén Simán, de la colonia Escalón,

        Juzgados de Paz de Ahuachapán, edificio de SISA y en la

        Despensa de Don Juan de La Libertad.



-       La fracción legislativa de ARENA presenta una pieza de

        correspondencia al pleno legislativo para que los fondos asignados

        por el gobierno a la deuda política sean auditados y se

        ejerza un control que impida el movimiento de dinero proveniente

        del narcotráfico al interior de los partidos

        políticos.



04.     Se recibe una llamada anónima sobre la existencia de una

        bomba en las instalaciones de Canal Dos de televisión.



05.     Se recibe una llamada anónima sobre la existencia de una

        bomba en el hospital de Pro-Familia.



06.     Se recibe una llamada anónima sobre la existencia de bombas

        en los hospitales de San Bartolo, Zacamil, Militar,

        Salvadoreño, San Rafael y San Juan de Dios.



-       El Sistema Nacional de Emergencia (SISNAE) procede a la

        evacuación del personal médico, paramédico

        y enfermos, de ocho hospitales públicos y privados, luego

        que se recibieran diversas amenazas de bomba. 



08.     El Coordinador General de ARENA, Victor Antonio Cornejo Arango,

        pide  en conferencia de prensa, la renuncia del presidente del

        Comité Ejecutivo de ARENA (COENA), Juan José

        Domenech. 



09.     Es presentado al pleno de la Asamblea Legislativa el proyecto de

        Ley de Telecomunicaciones, que incluye un controversial

        Régimen Especial para Radio y Televisión. 



10.     El Coronel Sigifredo Ochoa Pérez confirma la existencia de

        división al interior de Alianza Republicana Nacionalista

        (ARENA), al tiempo que califica al COENA de verticalista. 



11.     Mons. Fernando Sáenz Lacalle declara que no existe

        división al interior de la Iglesia Católica,

        atribuyendo las separaciones de instructores y estudiantes del

        seminario sacerdotal San José de la Montaña a

        "problemas artificiales".



13.     La Juventud del PCN exige la renuncia del Secretario General de

        ese instituto, Ciro Cruz Zepeda.



15.     Una petición para que se retire el fuero constitucional al

        Presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Domingo

        Méndez, es presentada a la Asamblea Legislativa por el

        apoderado legal de Mauricio Antonio Valiente Berdugo, quien

        responsabiliza a Méndez por la pérdida de 18

        millones de colones. 



18.     Miembros de ARENA, autodenominados "areneros puros", se reunen en

        una finca, ubicada en las cercanías de Ilobasco,

        Cabañas, para externar su descontento con la

        actuación de la dirigencia de ese instituto

        político.



20.     El Presidente de ARENA, Juan José Domenech, asegura que no

        serán reformados los estatutos del partido.



21.     Se da a conocer un Informe del Secretario General de las Naciones

        Unidas, Boutros Ghali, sobre el Estado de la Aplicación de

        los Acuerdos de paz.



-       El Ministro de Seguridad Pública, Hugo Barrera, califica

        de "inexacto e incompleto" el informe de Boutros Ghali, en el que

        advierte su preocupación porque la PNC se encamine  hacia

        el "autoritarismo". 



22.     La petición de antejuicio formulada a la Asamblea

        Legislativa contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia,

        José Domingo Méndez, fue denegada por

        decisión unánime de todas las fracciones

        políticas.



25.     El FMLN realiza una convención departamental para elegir

        a los candidatos a diputados por San Salvador.



28.     El Alcalde capitalino, Mario Valiente, pide la aplicación

        de la pena de muerte a los secuestradores del jóven

        Andrés Abraham Súster.



29.     Con 54 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprueba el Decreto

        de Ley de Veda Nacional que pretende propiciar en el país

        áreas naturales que posibiliten la investigación

        científica, la recreación y turismo, además

        de contribuir a la regulación del clima y

        preservación de los mantos acuíferos.



31.     El Ministro de Seguridad Pública, Hugo Barrera, juramenta

        22 juntas de vecinos de igual número de municipios del

        departamento de San Miguel, que tendrán como fin ayudar a

        combatir la delincuencia colaborando con la PNC.





Septiembre



01.     La Procuración de la Fiscalía General de la

        República da a conocer la falsificación y

        duplicación de billetes de lotería elaborados tanto

        con el papel de seguridad como en la propia máquina

        impresora de la Lotería Nacional de Beneficencia.



02.     El Presidente Calderón Sol juramenta al vocero

        presidencial, Eduardo Torres, y el secretario privado para asuntos

        jurídicos, Guillermo Avila Qüehl.



-       Directivos de la Asociación de Industriales

        Químicos-Farmacéuticos de El Salvador se presentan

        a la Asamblea Legislativa para reunirse con la Comisión de

        Protección al Medio Ambiente y Salud Pública, a fin

        de denunciar la creciente ola de contrabando y

        falsificación de medicamentos.



04.     El Obispo de Santiago de María, Rodrigo Orlando Cabrera,

        revela que un vehículo BMW que utilizó durante meses

        el Presidente del COENA, Juan José Domenech, ingresó

        en forma fraudulenta al país.



-       Al menos cien trabajadoras de la empresa maquiladora GABO se

        concentran frente a la Embajada de Corea para exigir la

        intervención de esa sede diplomática, a fin de que

        les cancelen un mes de salario, que la empresa les adeuda, luego

        de cerrar las instalaciones.

-       Llegan al país dos miembros del Buró de Asuntos

        Internacionales del Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos,

        con el fin de analizar las condiciones laborales en las maquilas

        textileras. 



05.     Los empresarios de las rutas de autobuses que viajan hacia el

        departamento de Sonsonate piden al Viceministerio de Transporte

        que les autorice un alza tarifaria de un colón, aduciendo

        que el mal estado de las vías les ocasiona gastos

        adicionales.



-       La periodista de La Prensa Gráfica, Liliana Fuentes Monroy,

        denuncia en San Miguel, ante la Procuraduría para la

        Defensa de los Derechos Humanos, haber sido ofendida por Juan

        José Domenech, durante el entierro del empresario Sigfred

        Guth.



-       El Banco Mundial aprueba un préstamo a El Salvador por

        211.2 millones de colones, como parte de la financiación

        de un plan de reforma burocrática.



06.     El Secretario General del Partido Liberal Democrático

        (PLD), Kirio Waldo Salgado, afirma que la justicia de Guatemala

        realiza investigaciones judiciales contra Juan José

        Domenech. 



08.     Juan José Domenech pone su cargo a disposición del

        COENA), asegurando que existe una conspiración

        internacional en su contra.



11.     La Asociación de Empresarios del Transporte Público

        de Pasajeros (ATP) decide romper la alianza suscrita en mayo con

        la Asociación de Empresarios de Autobuses

        Salvadoreños (AEAS), por considerar que ésta

        última defiende únicamente sus intereses y no los

        del sector de transportistas.



-       Con 44 votos es aprobada la Ley de Telecomunicaciones. 



13.     La fracción legislativa de ARENA declara que lanzará

        el reto a los partidos de oposición para que respalden la

        reinstauración en el país de la pena de muerte.



15.     La residencia del hijo del militar retirado, Sigifredo Ochoa

        Pérez, es atacada por un sujeto, que en estado de ebriedad,

        disparó tres veces contra la puerta, sin dejar

        víctimas.



17.     El Presidente Calderón Sol se pronuncia a favor de la

        aprobación e implementación de la pena de muerte.



18.     El Ministerio de Defensa devuelve, por orden judicial, 5 inmuebles

        valorados en unos 50 millones de colones a dos cooperativas de los
        desmovilizados de la extinta Guardia Nacional.



19.     El Secretario General de las Naciones Unidas para Asuntos

        Políticos, Alvaro de Soto, informa que el Presidente

        Armando Calderón Sol, se comprometió a disolver y

        suspender las denominadas "Juntas de Vecinos".



21.     El Movimiento Patriótico contra la Delincuencia (MPCD) y

        el Club Rotario de San Salvador inica una campaña a nivel

        nacional que pretende despistolizar al país, ofreciendo

        bienes de consumo a cambio de armas de fuego.



-       La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador se muestra

        cautelosa ante la propuesta de la pena de muerte.



23.     El Presidente Calderón Sol ratifica el compromiso adquirido

        ante las Naciones Unidas de disolver las juntas de vecinos.



24.     Se realiza en San Salvador el XI Congreso Nacional de Alcaldes

        organizado por la Corporación de Municipalidades de la

        República de El Salvador (COMURES).



26.     Una comisión de la Asociación de Trabajadores del

        Organo Judicial (ASTOJ) asiste a las instalaciones de la Corte

        Suprema de Justicia con el fin de ser recibidos por los

        magistrados y discutir un aumento salarial.



27.     Hugo Barrera afirma que el  Presidente Calderón Sol nunca

        prometió al Subsecretario de las Naciones Unidas que las

        juntas de vecinos serían disueltas.



29.     En Asamblea General Ordinaria, los miembros del COENA, nominan

        oficialmente a las diputadas, Mercedes Gloria Salguero Gross y

        Carmen Elena Calderón de Escalón, como Presidenta

        y Vicepresidenta del COENA, respectivamente. Mientras se efectuaba

        la asamblea, unos 200 simpatizantes de Víctor Antonio

        Cornejo Arango, incluyendo ex funcionarios y alcaldes se

        concentraron en las afueras del Hotel El Salvador para exigir su

        ingreso al evento, petición que les fue negada.



Octubre



04.     Luego de un operativo realizado por la PNC, fueron capturados 39

        presuntos delincuentes pertenecientes a 4 bandas, dos de ellas

        conocidas como "El Chino" y "La Niña". Mientras tanto, el

        Ministro de Seguridad Pública, Hugo Barrera,

        responsabilizó a la Corte Suprema de Justicia por los actos

        perpetrados por las bandas.



06.     Las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) colocan la

        mayoría de sus cuadros en las planillas de alcaldes y

        diputados, juramentados durante la Cuarta Convención

        Nacional del FMLN. 



08.     Docentes de la Universidad de El Salvador (UES) inician un paro

        indefinido de labores, debido a la negativa de aumento salarial,

        pese a lo acordado previamente con el gobierno.



-       Es asesinado el ex dirigente del FMLN, Francisco Antonio

        Manzanares Mojarás, por elementos de la Policía

        Nacional Civil (PNC).



10.     Es aprobada la ampliación de la  Pena de Muerte con 48

        votos a favor.



-       La Corte Suprema de Justicia resuelve en Corte Plena el declinar

        la invitación del Presidente Calderón Sol para que

        los miembros de la Sala de lo Constitucional se reunieran con

        magistrados del Consejo de Seguridad, a fin de aclarar posibles

        diferencias.



14.     El Presidente Calderón Sol acepta oficialmente la renuncia

        de la directora de la Secretaría de Reconstrucción

        Nacional (SRN) y del Fondo de Inversión Social (FIS), Norma

        de Dowe.



15.     El jefe del Departamento de Investigación del Crimen

        Organizado (DICO), Subcomisionado Armando de Jesús

        Ramírez Martínez, y otros tres miembros de esa

        institución fueron detenidos por agentes de la

        Delegación Centro por estar acusados de diversos delitos

        en perjuicio de un comerciante y una mujer.



-       El diputado Alfonso Aristides Alvarenga se autoproclama como

        Secretario General del PDC, asumiendo la responsabilidad de

        unificar el partido y resolver pronto la crisis interna del

        instituto político.



16.     La Corte de Cuentas de la República revela un informe en

        el que se responsabiliza al consejo de Administración del

        FIS de utilizar ilegalmente 18 millones de colones.



-       La Presidenta del FIS, Norma de Dowe, refuta el contenido del

        informe de auditoría presentado por la Corte de Cuentas de

        la República.



17.     Un grupo de desmovilizados del ejército y de la guerrilla

        se enfrentan con agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden

        de la Policía Nacional Civil (PNC) en las inmediaciones de

        la Asamblea Legislativa, en el marco de una marcha para exigir del

        gobierno beneficios derivados de los Acuerdos de Paz. 



18.     Se disipan las diferencias surgidas entre el ministro de Seguridad

        Pública, Hugo Barrera, y el Presidente de la Corte Suprema

        de Justicia, Domingo Méndez, a raíz de los

        señalamientos del primero en contra del Organo Judicial.



21.     El Presidente Calderón Sol juramenta a María Teresa

        de Rendón como Directora del Consejo Directivo del Fondo

        de Inversión para el Desarrollo Local de El Salvador, nueva

        corporación estatal que sustuirá al FIS. 



22.     Miembros de la División de Investigación Criminal

        (DIC) capturan a Mauricio Arnulfo Cornejo Rivas acusado de robar

        mobiliario de oficina, valorado en más de 100 mil colones,

        propiedad de la Fundación de Veteranos de Guerra.



24.     El Ministro de Agricultura y Ganadería, Oscar Manuel

        Gutiérrez, presenta su renuncia.  



25.     El Viceministro de Justicia, Raúl Somoza Alfaro, presenta

        su renuncia.



28.     El Presidente Calderón Sol juramenta como nuevo Ministro

        de Agricultura y Ganadería a Ricardo Quiñónez

        Avila.



29.     El Jefe del Departamento de la Academia de  Seguridad

        Pública, Subinspector Luis Alonso Vizcarra, es asesinado

        por sujetos desconocidos.



-       El Presidente del Instituto Nacional del Azúcar (INAZUCAR),

        Jaime Alvarez Gotay, presenta su renuncia.





Noviembre



04.     El Presidente Calderón Sol anuncia posibles incrementos en

        el combustible, los cuales se aplicarán con el objeto de

        ampliar la cobertura de subsidio de diesel para las unidades de

        buses del transporte público. 



-       El Presidente Calderón Sol juramenta a Vilma Isabel

        Hernández de Calderón como Viceministra de

        Agricultura y Ganadería; a José Luis Trigueros como

        Viceministro de Hacienda; a y Roberto Alejandro Sorto Fletes como

        Viceministro de Inversión y Crédito público,

        dependencia de Hacienda.



09.     El jefe del Departamento de Investigación contra el Crimen

        Organizado (DICO), Subcomisionado Armando de Jesús

        Ramírez Martínez, es puesto en libertad.



12.     Dos de los secretarios generales del Partido Demócrata

        Cristiano anuncian una tregua de 12 días, hasta eligir

        nuevas autoridades.



-       Víctor Antonio Cornejo Arango renuncia a ARENA con el

        propósito de incorporarse al PCN.



14.     El Tribunal Supremo Electoral abre expedientes al Alcalde de San

        Salvador, Mario Valiente, a los partidos FMLN y PRSC y a 6

        candidatos, a quienes se les investigará si han violado o

        no el Código Electoral al difundir propaganda antes del

        plazo legalmente estipulado.



18.     El Presidente Calderón Sol niega un aumento para la Fuerza

        Armada en el Presupuesto General de la Nación para 1997.



-       Miembros del sindicato de trabajadores del Ministerio de Hacienda

        inician un paro de labores en protesta por la detención de

        6 empleados de dicha cartera de Estado, acusados de participar en

        la supuesta legalización de automóviles robados. 



19.     El Alcalde de San Salvador, Mario Valiente, es proclamado como

        candidato de ARENA para reelegirse en ese cargo.



-       La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia

        desestima los procesos de amparo promovidos por Ronal Umaña

        y otros dirigentes del PDC, reconociendo a Carlos Claramount como

        Secretario General del partido.



21      La Asamblea Legislativa destituye al Magistrado del Tribunal

        Supremo Electoral (TSE), Eduardo Colindres, del PDC.



22.     La mayoría de fracciones legislativas, excepto el FMLN,

        aprueban una serie de reformas al Código Electoral.



24.     El PDC realiza una Convención Nacional para elegir a su

        Secretario General.



-       El partido Convergencia Democrática celebra su

        convención departamental de delegados de San Salvador, para

        elegir a sus candidatos a alcaldes y diputados a participar en las

        elecciones de marzo.



25.     El Presidente Calderón Sol presenta el plan gubernamental

        de reforma al sistema de pensiones. 



27.     El Ministro del Interior, Mario Acosta Oertel, denuncia la

        "existencia del crimen organizado en el Organo Judicial". 



28.     Unos 5 mil 600 trabajadores de ANTEL paralizan sus labores en

        protesta por la posible aprobación de la Ley de

        Privatización.



29.     Es aprobada la Ley de Privatización de ANTEL.



-       El empresariado salvadoreño reacciona con

        satisfacción ante la aprobación de la Ley de

        Privatización de ANTEL.



-       La Corte Suprema de Justicia rechaza "enfáticamente" las

        denuncias del Ministro Acosta Oertel, sobre nexos del Poder

        Judicial salvadoreño con el crimen organizado y pide a la

        Fiscalía General que inicie una investigación al

        respecto.



30.     El Ministro de Obras Públicas, Jorge Sansivirini, presenta

        su renuncia.



-       Un grupo de pedecistas proclama a Ronal Umaña como

        Secretario General del PDC. 





Diciembre



01.     En Convención realizada en la sede del PDC, Carlos

        Claramount es nominado Secretario General del partido.



02.     Dirigentes de las asociaciones de radiodifusores y publicistas

        advierten que presentarán un proceso de

        inconstitucionalidad contra algunas disposiciones del

        Código Electoral.



-       Un informe elaborado por un grupo de asesores internacionales no

        identificados revela deficiencias en el interior de la

        División de Investigación Criminal (DIC).



-       El ex magistrado del TSE, Eduardo Colindres, presenta un recurso

        de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema

        de Justicia.



3.      El Viceministro de Seguridad Pública, Jorge Alberto

        Carranza, y el Director de la Academia Nacional de Seguridad

        Pública (ANSP), Mario Bolaños, hacen públicas

        sus objeciones ante el informe de los asesores internacionales

        sobre deficiencias al interior de la  DIC.



-       Varias decenas de miembros de la Asociación de Empresarios

        de Autobuses Salvadoreños (AEAS) se desplazan por las

        arterias de mayor circulación en San Salvador como medida

        de presión para mostrar su desacuerdo con la

        discusión del nuevo Reglamento de Transporte Terrestre.



-       Los empleados judiciales del Centro Judicial de San Salvador

        inician un paro de labores en protesta por el incumplimiento de

        la entrega de un bono equivalente a 3 mil 300 colones aprobado

        previamente por la Corte Suprema de Justicia.



-       El Viceministerio de Transporte concede a las gremiales de

        transporte público de pasajeros un plazo de 30 días

        para estudiar el Reglamento de Transporte Terrestre.



4.      El PCN revela que 7 diputados de ARENA, entre propietarios y

        suplentes, más de 40 alcaldes y algunos gobernadores

        departamentales pasarían a engrosar sus filas. Empero ARENA

        niega dicha información.



-       Es aprobado el Código Procesal Penal.



-       El Tribunal Supremo Electoral (TSE) revela que los dueños

        de los medios de comunicación y agencias de publicidad

        están exentos de sanciones por difundir propaganda

        electoral ilegal, descartando otra reforma al Código

        Electoral.



5.      Con 54 votos a favor, los diputados de ARENA, PDC y PCN aprueban

        el Presupuesto General de la Nación y la Ley de Salarios

        correspondientes a 1997.



-       El coronel Sigifredo Ochoa Pérez visita a la Presidenta de

        ARENA, Gloria Salguero Gross, para conversar sobre su posible

        reactivación dentro de ARENA.



-       Mediante un comunicado oficial, la Corte Suprema de Justicia (CSJ)

        anuncia sanciones para aquellos empleados del Organo de Justicia

        que se encuentran en paro.



08.     El FMLN autoriza a los miembros de la junta municipal de San

        Salvador a pactar alianzas estratégicas con otros

        institutos políticos buscando ganar la alcaldía de

        San Salvador.



09.     El director de la PNC, Rodrigo Avila, asegura que los

        únicos que podrían salir beneficiados con el paro

        de labores en los tribunales de justicia son los delincuentes.



10.     Los partidos Frente Farabundo Martí para la

        Liberación Nacional (FMLN), Convergencia Democrática

        (CD) y Partido Demócrata Cristiano (PDC) anuncian su apoyo

        al ex diputado Héctor Silva para lanzarlo como candidato

        a la alcaldía capitalina.



11.     Los casi 300 trabajadores de los tribunales de justicia de Santa

        Ana levantan el paro de labores que mantenían en apoyo a

        ASTOJ.

        



13.     Finaliza el paro en el Ministerio de Justicia, luego de diez

        días de suspensión de labores, tras el compromiso

        del Ministro José Domingo Méndez de reunirse con 

        los trabajadores y atender  sus demandas.



-       Es aprobada la nueva ley de Educación Superior, como parte

        del proceso de reforma educativa, con los votos de todas las

        fracciones legislativas representadas en la Asamblea Legislativa.



-       Gloria Salguero Gross es ratificada por el Tribunal Supremo

        Electoral (TSE) como nueva Presidenta del Consejo Ejecutivo de

        ARENA (COENA).



14.     Asamblea Legislativa aprueba nuevas reformas electorales, entre

        las que se encuentran la supresión de las franjas de

        propaganda electoral, así como la postergación de

        la fecha para inscribir coaliciones.



15.     El Presidente Calderón Sol informa que la presencia de la

        Oficina de Naciones Unidas para la Verificación (ONUV) ya

        no es necesaria en el país y que esta se retira al final

        del presente mes.



-       Empleados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) inician un paro de

        labores de carácter indefinido por la falta de pago de

        horas extras.



16.     El presidente Calderón Sol pide una investigación

        en el Ministerio de Salud por irregularidades en el mismo durante

        la gestión de Lisandro Vázquez Sosa.



17.     El Tribunal Supremo Electoral (TSE) reconoce a Ronal Umaña

        como Secretario General del PDC.



21.     El Partido Demócrata (PD) efectúa un acuerdo

        electoral con el PDC para las elecciones de diputados y alcaldes.



-       Es aprobada Ley de Pensiones con los votos de ARENA, PDC y PCN.



22.     El TSE rechaza recurso de inconstitucionalidad de Carlos Ernesto

        Claramount en el que éste solicita revisión de las

        resoluciones que reconocen a Ronal Umaña como Secretario

        General del PDC.



27.     Son definidas tres coaliciones de partidos políticos para

        las elecciones de diputados y alcaldes. 



29.     FMLN presenta su nómina de candidatos a diputados por el

        departamento de La Libertad, así como para consejos

        municipales.



31.     La ONU cierra la oficina de ONUV en el país cuando

        aún falta por cumplir parte de los acuerdos de paz en

        materias de reinserción de ex combatientes a la vida civil,

        programa de transferencia de tierras y los asentamientos humanos.