UCA

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Semanario Proceso

© 1996 UCA Editores


 



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Año 17

número 736



noviembre 27

          1996



ISSN   0259-9864





¿Reacomodos políticos  o  crisis institucional? 

Los problemas de la democracia intrapartidaria

La privatización de ANTEL en perspectiva

La muerte de Manzanares Mojarás: ¿hecho

político o  delincuencial?

Obstáculos y avances en el  proceso de diálogo-

negociación  en Guatemala

Sobre política criminal





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¿Reacomodos políticos  o  crisis institucional? 



         La coyuntura electoral de 1997 dio inicio desde hace varios

meses.  La misma ha configurado un escenario sobre el cual vale

la pena reflexionar en orden a ir ganando claridad sobre ese

importante plano de la realidad nacional que es el ámbito

político.

         Ante todo, una dinámica que ha cobrado relevancia  y

que seguramente la cobrará aún más  es la

que atañe a la propaganda electoral. En efecto,  pese a

las disposiciones del  Tribunal Supremo Electoral (TSE)  sobre la 

materia,  ARENA  no desaprovechó oportunidad para hechar 

a andar,  al  margen de la legislación electoral,  su

campaña política.  Así,  el partido de

derecha, aprovechando sus estrechas vinculaciones con el gobierno

y con la celebraciones que éste debe sancionar 

oficialmente,  ha venido haciendo una campaña electoral

ilegal  que lo ha puesto en ventaja sobre el resto de partidos

políticos que o bien no se dieron cuenta de la maniobra 

de ARENA  o fueron cómplices de la misma o  bien  estaban

más ocupados en sus conflictos internos como para prestar

atención  a  la  voracidad  política de  la 

derecha.

         Pese a las acusaciones que se hicieron a otros partidos,  en

el terreno de la propaganda electoral, ARENA  ha sacado la mayor

ventaja  que le ha sido posible con anterioridad a los plazos 

estipulados  por el TSE. Esa ventaja  seguramente se

fortalecerá  una vez que se inicie  el periodo legal de

propaganda electoral  y cuando ARENA, sin cortapisas de ninguna

especie, pueda inyectar todos los recursos a su alcance para

■convencer■ al electorado de que  el cambio para mejorar ofrecido

en los pasados comicios  no fue un fraude.  Habrá que

esperar una saturación política de los medios de

comunicación, cuyos espacios van a ser copados  por el

despliegue de  colores  y la  música pegajosa de ARENA  y

, en menor medida,  por la propaganda más gris y menos

sofisticada de los partidos de oposición. 

         Vaya desafío el  de los partidos que pretender ser

alternativa de cambio político: tienen que  crear espacios

publicitarios  atractivos  desde criterios estrictamente

mercadotécnicos  con  un partido que puede contratar a los

mejores especialistas en marketing y que cuenta para ello con

recursos ilimitados.  Y aquí no hay nada más que

hacer, sino jugar  con esas reglas: es la dimensión

mercantil de la democracia política  que quienes han

aceptado como  mecanismo de acceso a una cuota de poder

político no pueden evadir.  

         Sobre el trasfondo de una campaña política

iniciada antes de lo legalmente establecido,  se han venido

suscitando una serie de cambios institucionales en los partidos

políticos,  los cuales pudieran ser leídos como

reacomodos partidarios en vistas de las próximas

elecciones.  Es decir,  la dinámica interna de los

partidos -marcada por disputas en los  liderazgos,  renuncia a

determinadas militancias e incorporación  a otras, 

convenciones y  congresos-  serían algo normal y no

tendrían nada de extraño en una coyuntura

electoral.   

         Sin embargo, visto más críticamente,  la

dinámica partidaria en nuestro país no parece

obedecer primariamente a las exigencias que plantea la  coyuntura

política,  sino a una crisis interna de los partidos

políticos que expresa, más allá de las

disputas de poder y los compadrazgos entre camarillas,  una

crisis institucional del sistema político.  Es este

último el que debe sometido a un profundo examen tanto

para evaluar sus debilidades más sustantivas como para

haciendo aquellas correcciones que sean necesarias.

         Como paso  previo para ello es preciso  caer en la cuenta de 

lo obsolteto de las estructuras de los partidos políticos. 

Son obsoletas reglas de organización interna y

también los son sus liderazgos.  La centralización 

excesiva de poder en manos de camarillas que se rotan en los

puestos de dirección y que en virtud de ello gozan de los

privilegios del poder intrapartidario  es algo que tiene que ser

denunciado  y corregido.  De esto no escapan ni  los partidos de

derecha ni los de centro ni los de izquierda:  es urgente renovar

las dirigencias y crear mecanismos de acceso a los puestos de

dirección que faciliten la llegada de quienes tienen

mejores capacidades y habilidades, y que al mismo tiempo impidan

que quien llega a un puesto de dirección pueda y quiera

enquistarse  aeternum. 

         Las agudas crisis por las que han pasado ARENA  y el PDC se

explican en buena medida por lo premoderno de sus estructuras

organizativas y por  la disputa  de cuotas de poder entre

camarillas.  Y si bien el primero de estos partidos ha logrado

sortear temporalmente sus conflictos y el segundo no da

señales de salir del impasse en que se encuentra,  ambos -

al igual que los demás  institutos políticos-

tienen pendiente el problema de su democratización

interna.         

         Asimismo,  la democratización de los partidos

políticos pasa por una clarificación de la

relación entre los diputados y la institución

partidaria a que pertenecen.  Al menos en teoría,  los

diputados deberían mantener una cierta autonomía

respeto de sus partidos a la hora de tomar decisiones que

atañen a la sociedad y en la cuales su criterio

último debería ser el bien común.  En la

realidad suceden las cosas más absurdas: o los diputados

obedecen ciegamente los dictados del partido, como sucede con los

parlamentarios de ARENA, o  diputados de otros partidos se alejan

de las directrices de estos últimos no para reafirmar su

independencia, sino para someterse a los dictados de otro

partido, generalmente de ARENA,  que les ofrece mayor seguridad y

beneficios políticos y económicos.

         Si los partidos políticos no superan estos y otros

vicios,  el sistema político no podrá cumplir a

cabalidad su función de intermediación entre las

demandas de la sociedad civil, las instancias estatales

responsables de atender esas demandas y los grupos empresariales,

quienes no sólo plantean sus propias demandas, sino que

pueden aportar recursos para los sectores sociales más

desprotegidos.

         Ante ello se impone la necesidad de que tanto la

oposición política como el sector obrero adopten

estrategias que estimulen la discusión, formulación

y adopción de esquemas de modernización del Estado

que ofrezcan alternativas a la privatización y que persigan

no solamente seguir tendencias mundiales, sino la promoción

del desarrollo económico y social.-----



La muerte de Manzanares Mojarás: ¿hecho

político o  delincuencial?



Los hechos

         El 9 de octubre los medios de comunicación informaron

que el día anterior había sido asesinado el ex

dirigente del FMLN Francisco Antonio Manzanares Mojarás. De

acuerdo a las primeras declaraciones brindadas, el día de

los hechos, por presuntos testigos, Manzanares Mojarás y el

sargento de la PNC, Edgar Barahona -presunto amigo de la

víctima-, se encontraban en las proximidades de una cabina

telefónica, cerca de la residencia del primero, en la

colonia Satélite del departamento de San Miguel, cuando

aparecieron dos automóviles con vidrios polarizados y las

placas cubiertas. De los automóviles se bajaron 5 hombres

vestidos de civil, con chalecos antibalas y botas militares,

identificados por los testigos como miembros de la División

de Investigación Criminal (DIC) de la PNC, quienes sitiaron

a Manzanares. Repentinamente uno de ellos, sin mediar palabras,

disparó contra éste, ocasionándole la muerte,

y dejando herido a su acompañante. Asimismo, los testigos no

sólo revelaron que un miembro de la DIC grabó el

hecho con una cámara de video, sino que sus

acompañantes les advirtieron que "no fueran a declarar". 

         La DIC reportó el suceso como un accidente de

tránsito y procedió a llevar al cadáver de

Manzanares al Instituto de Medicina Legal, donde los forenses

indicaron que la muerte del ex combatiente se debió a un

disparo en la región occipital derecha del cráneo

producto de un disparo de un fusil M-16. 

         El mismo día, Rolando García, Subdirector de

Operaciones de la PNC, viajó a San Miguel y explicó

que los agentes investigaban un caso de extorsión ocurrido

en Ahuachapán y que, en la colonia Satélite, se

había programado la entrega del dinero por parte de las

víctimas. Según el funcionario policial, los miembros

de la DIC habían montado un operativo encubierto para

capturar a los extorsionistas y cuando descubrieron que

éstos recogían el paquete con el dinero les ordenaron

detenerse, pero aparentemente hubo resistencia por parte de los

sujetos dando lugar a que los agentes les dispararan. Según

García Herrera, la confusión sobre la forma en que

ocurrió el hecho se debió a que en el Hospital San

Juan de Dios, cuando llevaron al occiso, también

habían varias personas víctimas de un accidente de

tránsito y los médicos creyeron que Manzanares

Mojarás era pasajero de uno de los vehículos. 

         El 11, el cabo Guillermo Ernesto Linares Carranza (miembro de

la DIC) compareció ante el tribunal 1o. de Paz de San Miguel

como presunto asesino de la víctima, el detenido sostuvo que

disparó en defensa propia porque Manzanares Mojarás

lo amenazaba con un arma de fuego. "Yo admito que la

reacción fue rápida, pero si no disparaba, me iba a

matar", declaró. Mientras tanto, la viuda de Manzanares,

Rosa Aminte de Manzanares, afirmó que su esposo le

había comentado que desde hacía 3 meses varios

policías habían llegado a buscarlo a su casa y que

había recibido amenazas. Por su parte, el padre del muerto,

Francisco Manzanares, aseguró que la muerte de su hijo se

debió a motivos políticos.

         Las últimas pesquisas han incluido una serie de

citatorios de testigos presenciales del hecho y miembros de la

policía a los tribunales, así como el vídeo

presentado por la Policía; las mismas, empero, lejos de

esclarecer el hecho le han llevado a un mayor estancamiento.                                                 



Consideraciones

         El caso, aún no esclarecido, ha generado una serie de

polémicas en cuanto a si debe ser visto como el "lamentable

final de una investigación y un procedimiento policial" -tal

como en sus declaraciones ha sostenido hasta ahora el Subdirector

de la PNC- o si, por el contrario, el mismo debe entenderse como

una ejecución sumaria con motivaciones políticas. 

         Más allá de las razones que pudieron llevar a la

consumación de los hechos, lo cierto es que el uso de la

prepotencia y la fuerza al desarrollar un operativo policial parece

haberse vuelto la regla y no la excepción. De ser cierto que

sin mediar palabras el agente de la DIC le disparó a

Manzanares Mojarás, la víctima habría muerto

desconociendo los cargos que se le imputaban. Más

aún, si el disparo del agente de la DIC fue en defensa

propia ¿por qué disparar a la cabeza y no a las piernas

u otra parte del cuerpo a fin de inmovilizar al "delincuente"? 

         Lo preocupante de todo esto es en manos de quién

está la sociedad, pues por un lado miembros de la PNC

parecen estar involucrados en un caso de extorsión, mientras

que, por otro lado, ellos mismos se las arreglaron para tomar la

justicia en sus manos, debilitando aún más la

confianza que la población pueda tener en el cuerpo

policial. A la confusión que han puesto de manifiesto los

medios en torno al caso, se ha sumado la confusión -real o

ficticia- existente en los organismos de justicia del país.

Como se ven las cosas, la impunidad parece ser la sombra que

terminará por dejar en el olvido este violento asesinato.  



         

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         Obstáculos y avances en el  proceso de diálogo-

negociación  en Guatemala



         Luego de conocerse que la Unidad Revolucionara Nacional

Guatemalteca (URNG) era responsable del secuestro de la acaudalada

empresaria Olga Alvarado de Novella, el gobierno de Alvaro

Arzú anunció, el 28 de octubre, el aplazamiento de la

nueva ronda de diálogo-negociación que se

realizaría entre el gobierno y la URNG el 29 de octubre en

la ciudad de México. Y que la continuidad de este quedaba

sujeto hasta que la guerrilla diera una explicación

justificada del hecho.

         Por su parte, la comandancia de la guerrilla admitió en

un comunicado que hizo público en México la

participación de un comando de la Organización

Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA), grupo perteneciente a la

URNG, en el secuestro de la empresaria.

Asimismo, el  7 de noviembre se supo que horas después de

que Gaspar Illom, cuyo verdadero nombre es Gonzalo Asturias,

anunciara su retiro de la mesa de negociaciones, el Presidente

Arzú decidió reanudar las reuniones de diálogo

aplazadas. De ese modo, entre el 9 y 11 de noviembre se reanudaron,

en México, las conversaciones entre el gobierno de Guatemala

y la URNG. En la reunión se trató,

básicamente, la búsqueda de un acuerdo sobre el cese

de fuego definitivo. 

         El 23 de noviembre, Ismael Fernández, de 76

años, fue asesinado por un grupo de quince hombres armados

que incursionaron en su hacienda, ubicada en Colomba Costa Cuca,

Quezaltenango,  y se identificaron como miembros de la URNG.

Demás está decir que este asesinato se suma a cerca

de doce denuncias registradas por la prensa de ataques perpetrados

en los últimos días por presuntas organizaciones

guerrilleras.

         La justificación que presentó la URNG ante la

necesidad de explicar los hechos ocurridos en torno al secuestro de

la empresaria, fue puesta de manifiesto a través de un

comunicado, en el que atribuyó el secuestro a Rafael

Valdizón, ahora ex "comandante Isaías", quien al

mando de una unidad urbana perpetró el "repudiable" hecho

sin  autorización ni conocimiento de la 

organización. Además, la URNG confirmó en el

comunicado "su compromiso indeclinable de seguir actuando de buena

fe y con plena responsabilidad en el proceso de

negociación", reconociendo "la madurez y seriedad con que ha

actuado el gobierno".

         Entre tanto, el Presidente Arzú reunió a su

gabinete de seguridad el 30 de octubre, para estudiar el comunicado

de la URNG. Luego de esta reunión, como miembro del gabinete

de seguridad, el coordinador de la gubernamental Comisión

para la Paz (COPAZ), Gustavo Porras, afirmó que las

negociaciones de paz con la URNG continuarán "aplazadas, no

suspendidas". Sobre éste mismo punto, el mediador de

Naciones Unidas en las negociaciones de paz, el francés Jean

Arnault, consideró que éste es el momento "más

delicado" que ha enfrentado el proceso de diálogo, aclarando

que aun cuando "en los últimos días hemos pasado

momentos sumamente difíciles... existe la voluntad de

superar los diferendos".

         En un gesto de aparente voluntad política,  Gonzalo

Asturias renunció para superar el aplazo del diálogo-

negociación y que de esta manera se pudieran reanudar las

conversaciones con el gobierno, "conciente de que la

situación creada con motivo del secuestro de la

señora de Novella ha supuesto un gran golpe a la

credibilidad del proceso y afectado el clima de confianza entre las

partes".  "Como comandante en jefe de la ORPA, e integrante de la

comandancia general de URNG, en medio de esta tormenta, con toda

libertad y serenidad, he planteado ante mis hermanos de la

comandancia general, y ellos lo han aceptado, mi retiro de la mesa

de negociaciones, como un gesto de mi parte para contribuir a

allanar dificultades y garantizar condiciones ecuánimes y

favorables en la culminación del proceso",

añadió Asturias.

                         El mismo día en que fue conocida la

decisión de Gonzalo Asturias, la administración 

Arzú, en un comunicado oficial de ocho líneas enviado

a los medios de prensa, señaló que teniendo presente

que existían las condiciones políticas indispensables

para el retorno a las conversaciones y que era su decisión

continuar con las mismas. En el comunicado hizo un llamado a la

COPAZ para que solicitara al moderador de la ONU, Jean Arnault,

para que convocara a una nueva ronda de conversaciones "a la mayor

brevedad posible". De esta manera, quedaba superado uno de los

mayores obstáculos que ha enfrentado el diálogo-

negociación guatemalteco.

         En la reunión celebrada entre el 9 y 11 de noviembre se

logró avanzar en las negociaciones para la búsqueda

de un acuerdo sobre el cese de fuego definitivo. La reunión

se desarrolló sin mayores obstáculos, según lo

declarado por el moderador de la ONU, quien sostuvo que "en la mesa

de negociaciones existe muy buen ambiente para continuar el

diálogo de paz y no se ha registrado ningún

problema". Sobre este mismo punto, Pablo Monsanto afirmó que

"en la URNG estamos satisfechos porque hemos reiniciado la

negociación con buen ánimo y ésta ha sido

altamente positiva".

         En lo que se refiere al asesinato de Ismael Fernández

del que  se responsabiliza a la guerrilla, el Departamento de

Información y Divulgación del Ejército (DIDE)

dijo desconocer el hecho. Incluso, el Ejército descarta que

se trate de un grupo guerrillero y que más bien se puede

tratar de grupos de delincuentes comunes que se aprovechan del

momento político que vive Guatemala. Mientras que la URNG,

el 25 de noviembre, a través de Pablo Monsanto,

rechazó la participación y responsabilidad de la URNG

en dicho asesinato, y señaló que hay grupos

interesados en obstaculizar el proceso y desprestigiar a la

guerrilla.

         Ante la explicación dada por la URNG sobre el secuestro

de la empresaria guatemalteca, no es válido recurrir al

argumento que el mismo es responsabilidad del ex "comandante

isaías", quien habría actuado sin su

autorización y conocimiento. Ello pone en peligro la

credibilidad política que en alguna medida ha ganado en la

mesa de negociaciones la URNG. Más aún, esta

organización debería de preocuparse por ganar mayor

credibilidad, pues la misma les hace falta no sólo dentro

sino fuera de Guatemala.  

         Probablemente, en ciertos sectores de la URNG no existe la

firme convicción y la suficiente decisión de acabar

con la guerra. Ello explicaría porqué algunos

miembros al interior de sus filas no pueden ser controlados, y

gozando del amparo  de la organización recurren al secuestro

o se involucran en  otro tipo de actividades violentas que no hacen

más que dañar la tan deteriorada imagen de la URNG. 

         Teniendo esto presente, la justificación dada por la

guerrilla ha sido insuficiente.  Afortunadamente, se logró

salvar la situación por la que atravesó el

diálogo-negociación, porque  con la renuncia de

Gonzalo Asturias se propició el camino para que se retornara

a la mesa de negociación. Esto debe interpretarse como una

decisión política oportuna, que puso de manifiesto su

deseo de las partes para que el proceso pueda llegar a felíz

término. 

         A lo anterior hay que añadir la notable y firme

decisión del presidente Arzú de concluir con la

guerra. Esto está avalado no solamente por lo  acontecido

últimamente, sino por los esfuerzos que el mandatario

guatemalteco ha hecho desde el inicio de su administración.

Salta a la vista la fuerza y la seriedad con la que se ha manejado

el diálogo-negociación por parte de su gobierno.

         En fin, en lo que respecta a la búsqueda de un acuerdo

sobre el cese al fuego definitivo, no debe olvidarse que en este

punto las partes han venido desarrollando, desde marzo del presente

año, un esfuerzo a iniciativa de la URNG de cese de fuego

unilateral que gradualmente ha sido respetado por el

Ejército. Aunque el acuerdo sobre el cese al fuego

definitivo será firmado el 4 de diciembre en Oslo, Noruega.

         Sobre los últimos acontecimientos de asesinatos y

extorsión a los hacendados que se han venido produciendo a

manos de hombres armados  -quienes se han hecho pasar por

militantes de la URNG-, existe la presunción que

éstos pertenecen a grupos de delincuentes comunes que operan

aprovechandose de la situación que se vive en Guatemala; o

en el peor de los casos podrían ser parte de aquellos

sectores descontentos del Ejército y/o las llamadas

Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), que están

empeñados en que los acuerdos de paz no funcionen, dejando

en mala posición a la URNG y entrampando

políticamente al gobierno.    -----



                                       Sobre política criminal



Hace unos días, la doctora Victoria Marina Velásquez

de Avilés dijo --en una entrevista por televisión--

que en nuestro país es necesario contar con un

diagnóstico objetivo sobre el fenómeno criminal que

ahora aflige a la población mayoritaria y que,

además, se debe diseñar una política nacional

adecuada para enfrentarlo. El conductor del programa le

comentó a la señora procuradora para la defensa de

los derechos humanos que, según el ministro de Seguridad

Pública, eso ya existe; la funcionaria le respondió

que, a su entender, en la actualidad sólo se cuenta con un

documento que acaba de ser elaborado por el Consejo Nacional de

Seguridad Pública (CNSP) y que, recientemente, fue entregado

al señor presidente de la República. Pese a las

grandes posibilidades que tiene de aportar en la materia, por la

especificidad de su cargo, la doctora de Avilés aún

no conoce ese texto; con mayor razón, nosotros tampoco lo

conocemos.

         Sobre la "defensora del pueblo" en El Salvador --a

propósito de su figura, por cierto cada vez más

importante-- cabe traer a cuenta la paradoja en la que le toca

vivir: dentro del país se le amenaza a ella y a su familia;

fuera de éste, recibe merecidos reconocimientos. Sin dudar,

sostuvo que esos intentos por intimidarla no la harán

retroceder en su compromiso con la población, ya que cuenta

con la "protección" de ésta y el apoyo de la

comunidad  internacional. Para muestra, tenemos la mención

honorífica del premio "John Humphrey a la libertad",

otorgado por el Centro Internacional de Derechos Humanos y

Desarrollo Democrático, que le entregó el

recién acreditado embajador de Canadá en nuestro

país el pasado martes 19 de noviembre. 

         Además, la doctora de Avilés acaba de ser

seleccionada para integrarse al consejo directivo del Instituto

Internacional del Ombudsman, representando a Latinoamérica

y el Caribe. Finalmente, se sabe que Suecia, Noruega, Dinamarca y

Holanda han formado el llamado "Grupo de países amigos de la

procuradora para la defensa de los derechos humanos", cuyos

delegados llegarán al país en los próximos

días a fin de oficializar ese esfuerzo mediante el cual se

busca secundar el valioso trabajo que desarrolla la funcionaria y

garantizar en lo posible su seguridad. 

         Comentado lo anterior, volvamos al tema que nos ocupa. Que no

estemos enterados de la propuesta del CNSP sobre algo que nos

interesa a todas y todos, por tratarse de una materia tan sensible,

no tiene que extrañarnos; así se acostumbra decidir

si se hacen o no las cosas en El Salvador: sin contar con la

participación de la gente. Si nos lamentamos

públicamente por ello o se nos ocurre reclamar, no faltara

quien diga --para "consolarnos" o intentar callarnos-- que la

misión de dicha instancia es la de "aconsejar" al

mandatario. Y es correcto; sin embargo, ello no excluye la

posibilidad de fomentar el mayor involucramiento posible de la

sociedad salvadoreña, principalmente cuando la

discusión tiene que ver con la tranquilidad y el verdadero

desarrollo humano de sus integrantes.

         Sabemos que el secretario de las Naciones Unidas para Asuntos

Políticos, doctor Alvaro de Soto, durante su última

visita a El Salvador en septiembre declaró lo siguiente: "El

presidente (de la República) me ha informado que acaba de

recibir un documento muy serio y ponderado que ha sido elaborado

por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual

contiene un diagnóstico y un programa de trabajo en donde se

establecen las bases para una estrategia de seguridad

pública..." Pero hasta ahí. De Soto también

dijo que "en este esfuerzo deben involucrarse todas las fuerzas

vivas del país". 

         Por un "desconocimiento de causa" --involuntario, por cierto--

y porque coincidimos con el funcionario de la ONU en lo que

respecta a la necesidad de participar para construir una

convivencia social diferente, partimos de que en nuestra tierra

aún no existe una política criminal adecuada y que,

desde nuestro espacio, debemos aportar en ese sentido. Para ello

nos apoyaremos, fundamentalmente, en importantes reflexiones hechas

sobre el tema por Alberto Martín Binder, catedrático

de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales  de la Universidad de

Buenos Aires.

         El doctor Binder ha formulado y respondido lo que él

considera las diez preguntas básicas sobre política

criminal, que ahora socializamos. La primera y más elemental

de ellas: ¿qué es? "La política criminal --

sostiene el experto argentino-- es un sector de las

políticas que se desarrollan en una sociedad,

predominantemente desde el Estado. Ella se refiere al uso que

hará ese Estado del poder penal; es decir, de la fuerza o

coerción estatal en su expresión más radical.

La política criminal es, en síntesis, el conjunto de

decisiones, instrumentos y reglas que orientan el ejercicio de la

violencia estatal (coerción penal) hacia determinados

objetivos". Cuando se interroga si es una ciencia o no, encontramos

que es "una política o un conjunto de políticas" que,

sin embargo --por ser parte de la realidad-- "es posible una

aproximación científica  a ella". 

         ¿Para qué sirve? Como señala Binder, al

igual que "toda política, la política criminal se

orienta según finalidades, objetivos y metas. La

política criminal nunca tiene objetivos totalmente

independientes; en realidad, ella es una política de segundo

nivel ya que sirve de soporte o para fortalecer a otro tipo de

políticas (económica, social, ambiental, familiar,

etc). No obstante, también existen ciertos objetivos

autónomos de la política criminal: ellos se

relacionan con los límites al poder penal y se fundan en la

necesidad de establecer una política criminal respetuosa del

ser humano. Por eso, la política criminal tanto desarrolla

como limita la coerción penal. En la síntesis que se

produzca entre las necesidades de desarrollo del poder penal y los

límites autoimpuestos a ese poder penal, la política

criminal adquiere su verdadera configuración

política". Cuando la política criminal desarrolla,

cumple su función expansiva; cuando limita, cumple su

función de contención.

         ¿Cómo regula al poder penal? "Fundamentalmente, la

política criminal determina los conflictos en los que

intervendrá el poder penal y regula la intensidad de ese

poder (principio de selectividad), así como los instrumentos

y el modo (reglas) como esos instrumentos se utilizarán

(principio de múltiple articulación)". Y,

¿cuál es el principio de selectividad? "El Estado no

usa o reacciona con el poder penal en todos los conflictos; al

contrario, siempre el poder penal se utiliza menos que otros

recursos y se preconiza la «mínima» utilización

posible del poder penal (principio de mínima

intervención o «ultima ratio»). El poder penal es selectivo

y la política criminal orienta esa selectividad". Entre los

ejemplos de esa selectividad, Binder incluye los siguientes:

"sólo algunas conductas están tipificadas como

delitos y otras no, aun cuando pueden ser dañosas; el

proceso penal sólo se ocupa de ciertos casos y de otros no;

la policía investiga algunas denuncias y otras las

desestima; los presos son tratados de diversos modos, etc."

         Otra pregunta sobre la materia: ¿qué es la

múltiple articulación de la política criminal?

"El poder penal --sostiene el catedrático argentino-- se

manifiesta de diversos modos. En principio se articula mediante

canales directos y manifiestos (penas, procesos, policía,

cárceles, etc). Este es el sistema penal manifiesto.

También se articula a través de muchos canales

indirectos aunque esos canales indirectos son también

manifiestos  (por ejemplo: medios de comunicación ,

políticas administrativas, registros de antecedentes,

controles informales difusos, etc). Este es el sistema penal

indirecto. Por último, puede ocurrir que el poder penal se

canalice a través de prácticas ilícitas

(torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales,

policía de "gatillo fácil", etc). Este es el sistema

penal oculto. La política criminal, a través de sus

dos funciones básicas (expansión y contención

del poder penal) se vincula con estas múltiples

articulaciones del poder penal".

         ¿Se puede hablar de sólo una política

criminal en determinada sociedad? Depende, dice Binder. "El uso del

poder penal --explica más ampliamente-- está sometido

a las reglas de la puja política Los distintos grupos y

sectores políticos tratarán de influir en la

«formulación» y en la «configuración» de la

política criminal, cada uno de ellos según sus

propios objetivos, finalidades y concepciones políticas. En

este sentido, se puede hablar de diferentes políticas

criminales, según los distintos grupos sociales que las

promuevan. En cambio, si nos referimos a la síntesis final

que resulta de esa puja (síntesis  que surgirá de los

acuerdos políticos o de la hegemonía de un sector)

sí podemos hablar de una sola política criminal".

         ¿Qué se quiere decir cuando se habla de

"formulación" y "configuración" de la política

criminal? La respuesta: Son los niveles en los que se instala "la

puja política por la utilización del poder penal". El

de la formulación es donde se define "en qué casos y

qué medios utilizará el poder penal, cuáles

serán sus instrumentos y sus reglas (por ejemplo: cuando se

discute si tal conducta debe ser penada o no y con qué

intensidad). El de la "configuración" es el nivel que se

refiere al "funcionamiento concreto de las instituciones encargadas

de canalizar el poder penal (policía, justicia,

cárceles, etc)". Sostiene Binder que "nunca coinciden

enteramente la formulación y la configuración de la

política criminal, y ellas están en una

relación dialéctica de mutua influencia".

         Cuando pregunta cómo se relaciona la política

criminal con la democracia, nos encontramos con la siguiente

contestación: "Tiene una relación directa, ya que el

modo como el Estado haga uso del poder penal es uno de los

indicadores más precisos de la profundidad del sistema

democrático en una sociedad y el grado de respeto a la

dignidad de todas las personas, que es la base esencial del

concepto democrático". Relacionada con lo anterior,  la

última de las diez interrogantes se refiere a los

indicadores de una política criminal democrática.

¿Cuáles son?

         Según el jurista, los principales son los que a

continuación se detallan. En primer lugar, tenemos lo que se

llama el "principio de mínima intervención": la

"restricción del uso del poder penal a los casos

verdaderamente graves"; o sea: "aquellos que causan el mayor

daño social o afectan bienes reconocidos universalmente como

básicos para el desarrollo de la persona humana". En segundo

lugar, habla del "reconocimiento de límites  absolutos para

el ejercicio del poder penal": el "principio garantístico"

para los ámbitos penal, procesal y penitenciario. 

Después menciona, como un indicador importante, la

"transparencia en el ejercicio del poder penal", lo que debe

entenderse como "la lucha proscripción y lucha contra el

sistema penal oculto". 

         Debe agregarse, también, la "máxima

judicialización del ejercicio del poder penal"; es decir: el

"monopolio jurisdiccional" de éste. Además, las

instituciones que ejercen dicho poder penal deben estar sometidas

a un control específico y dentro de ellas tienen que existir

mecanismos de participación ciudadana. Finalmente, Binder

establece otro indicador fundamental: el trato humanitario a los

presos. 

         Es a la luz de todos los elementos anteriores que debe

abordarse la discusión en torno a la existencia o no de una

política criminal en El Salvador, así como la calidad

de la misma desde la perspectiva de un Estado democrático de

Derecho fundado en la vigencia real de los derechos humanos. Como

se puede observar, en nuestro país hay mucha tela que cortar

al respecto y pensamos que así como están las coasas

--mientras no se propicie una discusión seria y responsable

entre la sociedad sobre el tema-- el futuro de sus habitantes corre

mucho peligro.-----

ARANGO VA AL PCN. Víctor Antonio Cornejo Arango, miembro del

partido ARENA, renunció al mismo para incorporarse al

Partido de Conciliación Nacional  (PCN), revelaron fuentes

políticas el 12.11. Cornejo Arango dijo que su

dimisión fue obligada, debido a que la dirigencia de ARENA

no tomó en cuenta sus planteamientos que a su juicio eran

para el beneficio del partido. "Lamento salirme de ARENA pero me vi

obligado", insistió. Antes de dejar ARENA, el disidente

había dado un plazo de 15 días al COENA, para que lo

incorporaran a esa instancia. El plazo venció el 09.11.

También se retira del partido el ex director de la

Secretaría Ejecutiva del Medio Ambiente, Horacio

Ríos, y varios alcaldes, quienes acusaron a ARENA de

verticalismo en la toma de decisiones y  carencia de mecanismos

para consultar las bases. La Vicepresidenta de ARENA, Carmen Elena

Calderón de Escalón, felicitó a Cornejo

Arango, por su decisión de retirarse de ese instituto

político y buscar albergue en otro. Este último

había conversado, antes de ingresar a las filas del PCN, con

los secretarios generales del Partido Liberal Democrático

(PLD), Kirio Waldo Salgado, y Movimiento de Solidaridad Nacional,

Edgardo Rodríguez. Mientras tanto, el PCN confirmó el

13.11 la incorporación de Víctor Antonio Cornejo

Arango a este instituto político. El Secretario General del

PCN,  Ciro Cruz Zepeda, dijo que el ex miembro de ARENA y su grupo

se incorporan al partido en forma incondicional, es decir, sin

exigir ningún puesto en el cuadro de dirección.

Además aseguró que el ingreso de los disidentes de

ARENA se produce porque no hay espacios en los otros institutos

políticos y porque son "pecenistas" que vuelven al partido,

debido a que muchos de ellos se fueron para ARENA en años

anteriores (LPG 13.11 p.9-a, DH 13.11 p.3, EM 12.11 p.3).-----

AMENAZAS DE MUERTE. Las amenazas de muerte de las que ha sido

objeto la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos,

Victoria Marina de Avilés, provienen de sectores que no

creen en la paz, declaró el 20.11 el Director de la PNC,

Rodrigo Avila, quien, además, aseguró que se

redoblará la seguridad de la funcionaria. Avila

manifestó sentirse preocupado por las amenazas de muerte

hacia la funcionaria de los Derechos Humanos, quien la segunda

semana de noviembre denunció tales hechos. Las amenazas

consistieron en llamadas telefónicas a la Procuradora

advirtiéndole de secuestrar y violar a dos de sus hijas, o

atentar contra sus empleados, incluyendo delegados departamentales

distribuidos a nivel nacional. Mientras tanto, la Presidenta de la

Asamblea Legislativa, Gloria Salguero Gross,  lamentó tal

situación e insistió en la aplicación de la

pena de muerte, como única salida al flagelo de la

delincuencia. La presidenta del Parlamento dijo que esas acciones

son cosas del pasado, las cuales ya no tienen espacio en el nuevo

sistema democrático que se intenta construir en el

país. Salguero Gross sostuvo que sólo con la

implementación de la pena de muerte se lograría

paralizar el alto índice delincuencial y las violaciones

verbales y de todo tipo que tienen alarmada a la población.

Asimismo, la Federación de Asociaciones y Sindicatos

independientes de El Salvador (FEASIES) manifestó su apoyo,

reconocimiento y solidaridad a la  Procuradora y a su grupo

familiar, e invitó a la Comunidad Internacional a generar un

mayor acercamiento y vigilancia sobre el acontecer diario que viven

los salvadoreños (DL 21.11 p.3).-----

DESTITUYEN A COLINDRES. Con el apoyo de los diputados de ARENA, la

fracción legislativa del PDC destituyó mediante

votación el, 22.11, al representante del Tribunal Supremo

electoral, Eduardo Colindres. La votación se efectuó

durante la sesión plenaria, en la cual se obtuvieron 51

votos a favor, 41 correspondientes al partido ARENA. La

moción para destituir a Colindres fue presentada por

Mélida Villatoro, del PDC, quien expuso que la

destitución era necesaria debido a que éste ha

sostenido una conducta errática en su cargo. Según

Villatoro, Colindres ha utilizado empleados del TSE para otros

fines y ha ejercido parcialidad durante su gestión, en

detrimento de los asuntos internos del PDC. Mientras tanto, Carlos

Claramount, del PDC, expresó que la destitución de

Colindres viene a dar al traste con los deseos de

reunificación del partido. Para Claramount, el apoyo de

ARENA a la moción del PDC evidencia que el partido de

gobierno "ha dejado de ser un actor tras bambalinas en los asuntos

internos", del PDC. El político no descartó que en el

futuro haya medidas disciplinarias contra los miembros del partido

que propiciaron la destitución de Colindres. Por su parte,

el magistrado del TSE, Félix Ulloa, señaló que

el hecho siembra incertidumbre al interior del Tribunal, por cuanto

la Asamblea Legislativa tomó una decisión arbitraria

en contra de un miembro de este organismo independiente sin haberlo

sometido primeramente a un juicio justo o a una evaluación

de su trabajo. Técnicos del TSE consideraron que el apoyo de

ARENA en la destitución de Colindres tiene que ver con un

respaldo decidido a Umaña (LPG 23.11 p.6-a, EM 22.11 p.3).-

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LEY DE TELECOMUNICACIONES. Miembros del partido Frente Farabundo

Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y de

organizaciones no gubernamentales presentaron el 25.11 un recurso

de inconstitucionalidad de la Ley de Telecomunicaciones, aprobada

recientemente por diputados de ARENA. Orlando Quinteros, diputado

por el FMLN, dijo que la presentación del recurso se da

porque en esencia la ley viola el artículo 110 de la

Constitución de la República en el que se

señala que es obligación del Estado "regular y

vigilar los servicios públicos prestados por empresas

privadas y la aprobación de sus tarifas". A juicio de

Quinteros, los artículos 4, 7, 19 y 20 de la Ley de

Telecomunicaciones contradicen este mandato constitucional, pues

dan libertad a los operadores a negociar libremente los recursos

esenciales en cuanto a precios, condiciones e interconexión.

Martínez señaló que las tarifas por el

servicio telefónico, aun sin haber pasado a manos privadas,

se ha incrementado en un 100%. El político también

señaló que la mayoría de la población

no sólo debe absorber este incremento, sino que está

expuesta a más aumentos en las tarifas, conforme se

consolide la privatización de la Administración

Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL). El FMLN señala que

esta ley, al dar base a las privatizaciones y sobre todo, la de

ANTEL, violenta el Artículo 101 de la Constitución,

que impone al Estado la obligación de hacer leyes en favor

de los intereses y el bienestar económico de todos los

salvadoreños, cuando se garantiza "que el orden

económico debe responder esencialmente a principios de

justicia social, que tiendan a asegurar a todos los habitantes del

país" (DL 25.11 p.3, LPG 26.11 p.28-a y DH 26.11 p.13).-

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REFORMA A PENSIONES. A través de cadena nacional de radio y

televisión, el Presidente de la República, Armando

Calderón Sol, presentó, el 25.11, el plan

gubernamental de reforma al sistema de pensiones. El Presidente

presentó los resultados de un diagnóstico realizado

al actual sistema previsional "en crisis", así como  la

"solución histórica" diseñada por su gobierno.

En su discurso, Calderón Sol aclaró que el proceso de

reforma no contempla la eliminación ni la

privatización de los actuales regentes, INPEP e ISSS. El

mandatario puntualizó en que la adopción de las

reformas es urgente en vista de las "tristes realidades del sistema

actual de pensiones". Asimismo, hizo alusión a la supuesta

quiebra en que se encuentra al sistema previsional, el cual, en sus

26 años de funcionamiento, ha atravesado por 119

modificaciones que no han sido suficientes para solventar los

problemas creados por el factor demográfico que amenaza con

establecer, en los próximos 7 años, una

relación de 5 trabajadores por cada pensionado. El

mandatario aseguró además que con los cambios

aumentarían las pensiones mínimas, que se

establecerían ajustes anuales para todo pensionado y que

extenderían los aumentos de pensiones a los familiares de

los jubilados fallecidos. La ley contempla, sin embargo, que las

pensiones más grandes disminuirán su monto.

Aclaró, sin embargo, que la reforma de pensiones no

implicará modificaciones para los pensionados actuales o los

que están próximos a jubilarse, pero a éstos

les prometió que seguirán recibiendo sus pensiones.

(LPG 26.11 p.8-a, DH 26.11 p.2, 26 y 27).-----

DESMIENTE INCREMENTO. El presidente de la República, Armando

Calderón Sol, dijo, el 18.11, que en el Presupuesto 1997 no

aparece ningún aumento para la Fuerza Armada, como lo han

venido especulando algunos sectores. Calderón Sol, sin

embargo, no entró en detalle sobre algunas críticas

de la oposición en lo que respecta al rubro militar. "Decir

que se está incrementando el presupuesto de la Defensa no es

correcto ni es la verdad", reiteró Calderón Sol.

Diputados de diferentes partidos políticos expresaron

recientemente que existen posiciones favorables hacia otorgar una

asignación extra a los 885.6 millones de colones que

contempla el presupuesto para el próximo año, con la

condición que dicho aumento sea empleado para incrementar el

salario de los soldados, excluyendo de ello a los mandos medios y

altos de la institución castrense. No obstante,

Calderón Sol recalcó que la voluntad del Gobierno se

expresa en el monto asignado, tal y como lo ha presentado el

Ministerio de Hacienda. "Todos conocen la voluntad del Gobierno y

la aceptación de los diputados (sobre el presupuesto)", dijo

el mandatario al reiterar que el rubro asignado al Ministerio de

Defensa es "exactamente igual al del año pasado y del

antepasado". "No es cierto (lo del incremento), la

información es inexacta", dijo. Por otro lado, al ser

consultado sobre la pena de muerte ligado con el VII aniversario de

los jesuitas, congregación que a pesar del asesinato de 6 de

sus miembros objetó la ley, Calderón Sol dijo que

había que definir dos situaciones, calificando el caso de

los jesuitas como "un vulgar asesinato, condenable, que no tiene

nada que ver con la intención de los que quieren la pena de

muerte" (LPG 19.11 p.22-a y DL 18.11 p.1).-----

POLEMICAS REFORMAS. El 22.11 la mayoría de fracciones

legislativas, exceptuando al FMLN, aprobaron una serie de reformas

al Código Electoral. Entre las reformas electorales

aprobadas figura la que se refiere a cancelar la deuda

política a todos aquellos institutos nuevos que presenten el

total de votos válidos autorizados por el TSE después

de las elecciones. Partidos políticos como PUNTO y PLD

indicaron, el 22.11, que desde el momento que fueron aceptados como

partidos legalmente inscritos ante el TSE, entre los derechos que

adquirieron se encuentra implícito el acceso a la deuda

política. En este sentido, argumentaron que es

inconstitucional la reforma al Código Electoral, por medio

de la cual restringen el acceso a la deuda política a las

nuevas instituciones que carezcan de representantes en la Asamblea

Legislativa y Concejos Municipales. Mientras tanto, para el

secretario general del Movimiento Unidad, Jorge Martínez,

"con las enmiendas aprobadas se pretende cerrar la

participación de la población en política, lo

que pone en riesgo la credibilidad de los procesos electorales".

Por su parte, Juan José Martell, de Convergencia

Democrática, criticó la forma precipitada y

atropellada en que se tomaron las decisiones, mientras que el

representante de ese instituto político ante la Asamblea,

Jorge Villacorta, fue uno de los que respaldó que se impida

el acceso de partidos nuevos a la deuda política.

Finalmente, Roberto Lorenzana del FMLN se pronunció ante el

pleno legislativo porque se concediera el adelanto de la deuda

política a los partidos inscritos recientemente, calificando

de un error político el hecho que a las puertas de las

elecciones se tome una decisión de tal magnitud (LPG 23.11

p.4-a). -----

CONVENCIONES PARTIDARIAS. El Partido Demócrata Cristiano

(PDC) realizó, el 24.11, una Convención Nacional para

elegir sus nuevas autoridades. Mediante votación se

pretendía elegir al Secretario General,  Carlos Claramount

logró 114 votos, Ronal Umaña 108 y Arístides

Alvarenga 5. Debido a que ninguno de los candidatos alcanzó

los dos tercios que demandan los estatutos. Claramount y

Umaña reflejaron una igualdad de fuerzas al interior del

partido y después de sostener conversaciones a puertas

cerradas, acordaron suspender la convención y dejarla

abierta para el 01.12. La convención se caracterizó

por histéricos debates, señalamientos personales y

una serie de calificativos denigrantes. Una de las figuras

criticadas fue la diputada Rosa Mélida Villatoro, al parecer

por impulsar la destitución del Magistrado por el PDC ante

el Tribunal Supremo Electoral, Eduardo Colindres,

disposición que contó con el respaldo de ARENA.

Mientras tanto, el partido Convergencia Democrática

celebró, el 24.11, su convención departamental de

delegados de San Salvador, para elegir a sus candidatos a alcaldes

y diputados a participar en las elecciones de marzo. Durante el

evento, no se eligió el candidato a la Alcaldía de

San Salvador, a la espera que se conforme un bloque de

oposición que presente un candidato único que

enfrente a Mario Valiente, de ARENA,  según explicó

el miembro del directorio de la Convergencia Democrática,

Irvin Rodríguez. Este último sostuvo que actualmente

se están realizando conversaciones con el FMLN, Movimiento

de Unidad y PD para elegir a un solo candidato capaz de competir

con Valiente, añadiendo que se estudia la posibilidad de

apoyar la candidatura de Herman Schlageter que ya fue electo por el

Movimiento de Renovación (LPG 25.11 p.6-a, DH 25.11 p.15, EM

25.11 p.2).