UCA

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Semanario Proceso

© 1996 UCA Editores


 



año 17

número 733



noviembre 6

      1996

ISSN 0259-9864





Elecciones cuestionadas

Situación de la industria maquilera

Los medios y la difusión de la violencia

Evaluación de la Integración Centroamericana

Los retos para combatir la violencia

¿Quién le cree a la PNC?



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                    Elecciones cuestionadas



     Las recién pasadas elecciones en Nicaragua cuestionan

seriamente la creencia de que este mecanismo democrático

estaba logrado en la región después de décadas

de guerras internas. Se daba por hecho que las elecciones

podían garantizar la alternancia en el poder del Estado en

los países centroamericanos. Pero las elecciones

nicaragüenses muestran que lo que se pudo haber avanzado en la

consolidación de este mecanismo ha retrocedido a la

década de los setenta. Paralelamente, los índices

económicos también han retrocedido varias

décadas.

     No obstante las declaraciones de los organismos

internacionales encargados de vigilar el proceso, que aseguran su

limpieza, los triunfadores no emergen claramente. Sobre el proceso

electoral pesan múltiples señalamientos de fraude,

desde el funcionamiento irregular de las mesas receptoras de votos

hasta el hallazgo de votos válidos en poder de uno de los

contendientes principales. Las irregularidades han sido tantas que

dos semanas después de los comicios aún no ha sido

posible declarar firme ningún resultado.

     El fracaso del proceso electoral para determinar

democráticamente quiénes gobernarán Nicaragua

en los próximos años se debe no sólo a la

incapacidad evidente del órgano responsable de organizar las

elecciones, sino a algo todavía mucho más grave: a no

permitir el acceso al poder del Estado a aquellos partidos

considerados de izquierda, que puedan poner en peligro el orden

establecido. Estos partidos pueden participar, pero no triunfar. El

poder real del Estado no estaría en disputa en las

elecciones. Así, las elecciones corren el peligro de

convertirse en un mecanismo para legitimar el ejercicio del poder

por parte de aquellos partidos que representan a los  grandes

intereses económicos nacionales e internacionales,

aceptables para los organismos financieros multilaterales y para el

gobierno de Estados Unidos. Las elecciones son buenas para

legitimar a la derecha y excluir a la izquierda, de la misma manera

que en el pasado sirvieron para legitimar a las dictaduras

militares y excluir a la oposición. Al no haber posibilidad

o disposición para dirimir el ejercicio del poder real del

Estado, son unas elecciones antidemocráticas.

     Los observadores internacionales y Estados Unidos constataron

el sinnúmero de irregularidades que pone en entredicho la

legitimidad de las elecciones nicaragüenses, pero no lo pueden

reconocer, porque eso significaría repetir un ejercicio

engorroso y caro y sobre todo porque no desean que los sandinistas

accedan al poder del Estado. Las elecciones nicaragüenses

fueron organizadas de tal manera que el Frente Sandinista de

Liberación Nacional no  pudiera triunfar. Pareciera que para

ello, cualquier recurso fue considerado válido.

     Estados Unidos rompió su neutralidad formal e intervino

abiertamente en los asuntos internos de Nicaragua al declarar

repetidamente que el candidato sandinista no era demócrata

y, por lo tanto, si era electo, resultaría inaceptable para

Washington. Los nicaragüenses han experimentado en carne

propia lo que es un gobierno inaceptable para Estados Unidos.

     Otro que rompió con su neutralidad también

formal fue el arzobispo de Managua, el cardenal Obando, quien

aparte de bendecir públicamente al candidato liberal de sus

preferencias, utilizó el púlpito para advertir que

los sandinistas eran traicioneros y asesinos como la serpiente que

ataca mortalmente a quienes cuidan de ella. Las intervenciones del

arzobispo son extremadamente importantes porque es la persona con

mayor prestigio y credibilidad de Nicaragua. El arzobispo de

Managua puso su inmenso poder social -ampliamente reconocido,

cultivado y venerado- al servicio del partido político

respaldado por Washington y el gran capital.

     Comprensiblemente, Estados Unidos, el arzobispo y los

observadores internacionales dan por válidas las elecciones

nicaragüenses aun sin conocer los resultados oficiales y

pasando por alto las irregularidades y el fraude verosímil.

No es necesario ser sandinista para reconocerlo. En realidad, los

sandinistas no son ni mejores ni peores que el Partido Liberal de

Alemán. En cuanto partido legítimamente reconocido,

el FSLN tiene los mismos derechos electorales que cualquier otro.

La emotividad no debe impedir juzgar objetivamente el proceso

electoral, aun en el caso de que la derecha hubiese ganado

legitímamente.

     Lo que es bueno para los intereses del capital y de Estados

Unidos y para salvar la imagen de los organismos internacionales

dedicados a verificar elecciones no lo es para la democracia, la

cual está demostrando sus límites, pues no todos

pueden acceder al poder del Estado, sino sólo aquellos que

gozan del beneplácito de los grandes poderes mundiales. La

voluntad popular es un simple pretexto que hay que tomar en cuenta

sólo cuando coincide con tales intereses. En nombre de una

estabilidad mal entendida se está socavando uno de los

pilares del régimen democrático y con ello se

está abriendo de nuevo la puerta a soluciones no

democráticas ni políticas.

     Aunque en nuestro país la institución electoral

tiene más peso que en Nicaragua, las elecciones en este

último país no deben pasar desapercibidas. El

gobierno y su partido se negaron a reformar el sistema electoral,

contrario a lo que habían prometido, para no favorecer el

voto mayoritario de la ciudadanía, que considera una amenaza

potencial para su continuidad en el poder legislativo y municipal.

La organización de las elecciones del 16 de marzo

próximo muestra retrasos, presupuesto insuficiente y falta

de transparencia. La desorganización electoral es un

elemento que también favorece a los partidos mayoritarios.

     Hay, pues, indicios preocupantes que cuestionan la limpieza

del proceso electoral salvadoreño. Por eso, el FMLN anuncia

que no aceptará la participación de observadores

internacionales que únicamente sirven para legitimar la

falta de transparencia y las prácticas

antidemocráticas del gobierno y ARENA. No obstante que las

elecciones puedan ser legítimas, lo más probable es

que sean poco democráticas y quienes resulten electos

tendrán, de hecho, una representatividad muy limitada. ARENA

podría retener el poder en la asamblea y en los gobiernos

locales, pero la democracia no saldrá bien parada.



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            Situación de la industria maquilera





     Durante los últimos años la maquila de ropa ha

pasado a ser uno de las principales actividades económicas

del país y a la vez una de los principales sectores

generadores de exportaciones. Al mismo tiempo, la maquila es

producto de los primeros pasos en el proceso de apertura

económica del país y que en realidad tiene

dimensiones mundiales.

     Una de las facetas de la globalización es el

surgimiento de inversiones transnacionales que se orientan hacia el

aprovechamiento de las ventajas comparativas con las que cuentan

los diferentes países. En el caso de El Salvador, este

proceso se ha concretizado en el aprovechamiento de la mano de obra

en actividades que no requieren de altos niveles de

calificación laboral, especialmente aquellas relacionadas

con la maquila de ropa.

     Es así como en la presente década se ha

registrado una marcada tendencia hacia el incremento de la

producción, empleo y exportaciones de la maquila, aunque

conjugada con un marcado incremento de los conflictos laborales

originados por el irrespeto de las leyes laborales vigentes en el

país. Esta situación ha provocado ya la visita de al

menos dos misiones del Departamento de Trabajo de los Estados

Unidos. En ambos casos ha sido factor común la necesidad de

constatar las condiciones de trabajo en las empresas de maquila de

ropa y muy especialmente la presencia de mano de obra infantil.

     En la actualidad fuentes relacionadas con la industria de la

confección sostienen que se ha experimentado una

disminución de la actividad de la maquila, similar a la

experimentada por los restantes sectores económicos. Lo

anterior plantearía severas restricciones para el modelo de

liberalización económica que el gobierno pretende

implementar, al sugerir que inclusive la aparente ventaja

comparativa derivada de la mano de obra abundante y barata en

realidad no existe. Lo anterior debido a que existen otros

países en los cuales la mano de obra con baja

calificación es más barata que la salvadoreña.

     En las siguientes líneas se busca presentar una

evaluación coyuntural de la industria de la maquila

mostrando algunos posibles factores explicativos de la misma y

además destacando como esta situación refuerza la

hipótesis de la necesidad de reorientar la política

de fomento de las exportaciones y la política

económica en general.



Importancia de la maquila

     Desde su resurgimiento a principios de la presente

década la actividad de la maquila ha experimentado un ritmo

ascendente que la ha llevado, de representar un 18.3% de las

exportaciones en 1991, a representar un 39.5% en 1995. Por otra

parte, en esta industria también se ha experimentado un

marcado incremento de la demanda de mano de obra, al grado que los

puestos de empleo se han multiplicado hasta llegar a representar

cerca de un 3% de la Población Económicamente Activa

del país.

     Estos dos factores son, sin lugar a dudas, los dos aportes

más importantes que pueden atribuirse a la actividad de la

maquila: generación de exportaciones y puestos de empleo.

Pero existen algunas restricciones de estos aportes. En primer

lugar, debe tomarse en cuenta que los puestos de trabajo generados

por la maquila son de baja remuneración (perciben el salario

mínimo aproximadamente) y ofrecen condiciones de trabajo

inestables; en segundo lugar, los efectos de la actividad de la

maquila sobre el sector externo en realidad no se limitan a la

generación de exportaciones, sino también de

importaciones. En relación a lo anterior, datos del Banco

Central de Reserva (BCR) establecen que en 1995 la maquila

exportó 5,475 millones de colones, pero al mismo tiempo

importó 4,366.1 millones de colones, lo cual implica que la

maquila significó una entrada de divisas de sólo

1,108.9 millones de dólares.

     Por otra parte, en lo tocante a las finanzas públicas

las maquilas en realidad representan un sacrificio fiscal para el

Estado, pues este deja de percibir los impuestos que normalmente se

impondrían a una industria común (impuesto sobre las

ganancias, IVA, impuesto a las importaciones, etc.).



Desaceleración de la maquila y escenario externo

     De acuerdo a personeros de la Asociación

Salvadoreña de la Industria de la Confección (ASIC),

en el transcurso de 1996 la maquila ha disminuido notablemente su

ritmo de crecimiento al grado que habría pasado de 46% en

1995 a sólo 12% en los primeros diez meses de 1996.

Aparejada a esta situación habría estado una

reducción de los puestos de trabajo en el sector que

habría implicado pasar desde un nivel 65,000 empleos en 1995

a sólo 45,000 en 1996; es decir, una reducción de

aproximadamente 20,000 empleos equivalentes a un 1% de la

Población Económicamente Activa.

     De acuerdo a las mismas fuentes esta situación obedece

al traslado de varias empresas hacia países que cuentan con

"mano de obra más barata, como Honduras y México"; al

grado que mientras en El Salvador la mano de obra se cotiza en

U$1.10 la hora, en México sólo llega a U$0.48,

mientras que en Honduras a U$0.50. Según la ASIC, en el

último año, mientras en el país la

población empleada por la maquila se redujo en 20,000

personas, en el sur de México se crearon 125,000 nuevas

plazas en esta misma actividad económica.

     Adicionalmente al menor costo de su mano de obra, El Salvador

se ve en clara desventaja en relación a países que

han sufrido devaluación de su moneda y que presentan una

situación geográfica que facilita el acceso al

mercado de los Estados Unidos. 



Conclusiones

     Hasta 1995, la maquila se había convertido en una de

las principales fuentes de generación de empleo. En la

actualidad, esta tendencia se habría revertido al grado de

haber disminuido drásticamente su personal empleado y haber

experimentado una disminución en su crecimiento. La

desaceleración de la maquila no responde a la

política económica del gobierno, sino más bien

a la cambiante situación del mercado internacional; ante la

cual la política de promoción de exportaciones tiene

muy poco que aportar.

     Considerando las condiciones de nuestros competidores

externos, resulta claro que en el mediano plazo la reducción

en la actividad de la maquila podría ser inclusive mucho

mayor que la experimentada hasta ahora. Ateniéndose a la

lógica neoliberal, la forma de mitigar la emigración

de la inversión en la maquila sería proceder a una

devaluación del colón y a una reducción del

salario mínimo; lo cual obviamente provocaría mayor

inflación, menores salarios nominales, caída de los

salarios reales e incremento de la pobreza. Resulta claro, pues,

que el modelo de globalización económica

podría en realidad resultar sumamente desventajosa de ser

aplicado sin mayores contemplaciones, tal y como el gobierno

pretende.

     Un plan de desarrollo fundamentado en las posibilidades de la

apertura económica plantea elevados niveles de incertidumbre

que incluso pueden llegar a poner en peligro el crecimiento y la

estabilidad económica. Aún y cuando no se trate de

inversiones financieras especulativas, la inversión

internacional es sumamente sensible a cambios en las ventajas

comparativas de los países. 

     Los casos exitosos de inserción en la economía

mundial (países del sudeste asiático) han pasado por

diferentes estadios antes de adoptar medidas más radicales

de apertura económica. Por ejemplo, los niveles de

educación de la población trabajadora se elevaron con

el objetivo de atraer inversiones en actividades que requieren

mayor calificación de mano de obra y, por lo mismo, son

mejor remuneradas. En cambio, en El Salvador se ha procedido

primero a la apertura económica para luego promover la

superación educativa de la población.

     La situación actual de la maquila y de la

economía en general sugieren que es necesario reorientar la

política económica hacia polos de crecimiento

más estables tales como la agricultura e industria lo cual

supondría sin duda revertir o al menos retrasar el proceso

de apertura económica.

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Los medios y la difusión de la violencia



     En menos de tres semanas han ocurrido tres asesinatos

colectivos que han consternado y preocupado a gran parte de la

población salvadoreña. El hecho de que estos se

hayan sucedido en tan poco tiempo y que en cada uno de ellos se

utilizara una violencia totalmente desmedida y brutal (con claras

muestras de sadismo) ha causado una generalizada ola de

opiniones, en la cual la percepción de fondo es que la PNC

posee poca o nula capacidad para encontrar a los hechores de

actos criminales y refrenar una violencia que ya ha llegado al

paroxismo. 

     Los tres casos, ocurridos entre la última semana de

octubre y las primeras de este mes, arrojan un saldo total de 19

muertos, entre ellos nueve menores de edad. Pese a la diferencia

de localidades (el primero en San Salvador y los dos

últimos en Sonsonate) los asesinatos tienen varias cosas

en común. En primer lugar, las circunstancias no permiten

suponer que el móvil primario fuera el robo, al cual le

correspondería el homicidio como medio, sino más

bien ha sido éste último el fin de la actividad de

los hechores (se ha especulado mucho sobre la posibilidad de

"vendettas" personales). 

     En segundo lugar, teniendo como referentes los arrestos de

ex-combatientes de guerra sospechosos de haber participado en

asesinatos colectivos anteriores y la forma en que han operado

los autores de los casos en mención, cabe la posibilidad

que los grupos que cometieron estos homicidios estén

compuestos en su mayoría por veteranos del conflicto

armado, tanto de la guerrilla como de la fuerza armada. 

     Finalmente, la manera violentísima e indiscriminada

en que fueron atacados niños y ancianos no deja de

recordar la manera en que operaban los batallones élites

de la Fuerza Armada contra la población civil sospechosa

de apoyar o formar parte de los asentamientos guerrilleros

durante la guerra; es decir, la saña y el grado de

violencia utilizada por los hechores en estos casos

podrían ser interpretadas como una herencia directa del

conflicto armado en El Salvador. 

     En las líneas que siguen se analizará el papel

que han jugado los medios en la difusión de estos hechos y

la  responsabilidad que ellos tendrían en la manera en que

es percibida por los espectadores.

     Desde que la delincuencia y los hechos de violencia hicieron

su irrupción en la vida del país luego de la

guerra, se ha discutido mucho sobre el papel de los medios en su

cobertura y difusión. Se ha criticado el que los medios,

tanto escritos como televisivos, no sólo se limitan a

informar al público sobre este tipo de situaciones (algo

en sí legítimo), sino que lo hagan dotando a los

hechos de un matiz de morbosa y sangrienta teatralidad. Se ha

señalado que los prensa escrita y los noticieros

televisivos se han obsesionado por notificar minuciosamente sobre

los casos más truculentos, pasando con ello de la labor

periodística seria y objetiva al amarillismo y

sensacionalismo más burdos. Se ha acusado a los medios,

pues, de buscar en la violencia cotidiana que experimenta el

país un instrumento para provocar el morbo y la insana

curiosidad popular y así elevar las ventas y los ratings

de audiencia.

     Como respuesta a lo anterior, el jefe de información

de uno de los principales rotativos del país

publicó, a raíz de las masacres, un artículo

en el que pretendía defender el derecho de los medios a

dar cobertura y amplio despliegue a los asesinatos y hechos

violentos que se dan continuamente en la sociedad. Por ser uno de

los primeros intentos -si no el primero- de justificar

explícitamente la labor de los medios con respecto a la

violencia, es útil mostrar las flaquezas argumentativas

del artículo.

      En primer lugar, el articulista parte de que los medios

"transmiten no crean los hechos de sangre", por lo que su

cobertura no sería negativa; sin embargo, obvia que el

problema no está en el hecho de la transmisión,

sino en el cómo se transmiten: una cosa es notificar que

un hombre fue asesinado en un atraco armado y otra describir

cuantas puñaladas recibió, en que partes del

cuerpo, cual era la expresión de su rostro, etc. El autor

no parece percatarse que la transmisión de los hechos que

realizan los medios dista mucho de ser inmediata; parece no saber

que la transmisión está mediada por criterios

editoriales, por la selección misma del hecho, por los

adjetivos utilizados para describir o narrar una

situación, entre otros.

     En segundo lugar, se afirma que esta cobertura obedece a dos

objetivos: el de informar al público y el de ejercer

presión sobre la PNC y los procesos judiciales que se le

siguen a los criminales arrestados para la rápida

resolución de los casos. Añadiendo que para cumplir

este último es de alguna manera válido -aquí

se acentúa la confusión del artículo-

añadir "algunas gotas de amarillismo que dan mayor

realismo pero que, además, provocan aversión y

repudio, pero no con la intención de provocar...la

morbosidad y mucho menos 'naturalizar' el crimen". Es decir, a

criterio del autor, el amarillismo manifestado en los medios -que

realmente está lejos de ser administrado en "gotas"-, se

justifica por la inoperancia del sistema policial y de justicia;

empero el autor no logra aclarar de qué manera este

amarillismo supuestamente dosificado cumpliría con el

objetivo de ejercer presión y no provocaría, por el

contrario, la naturalización del crimen y "'llevar a

cierto protagonismo■ a los asesinos".

     Por descuido o por ignorancia el autor pierde de vista dos

cosas importantes: a) que estudios realizados en el país

de los mass media, Estados Unidos, indican que el sensacionalismo

de los medios ha provocado la naturalización de la

violencia en los adolescentes y niños, y que,

además, esta obsesiva cobertura de los asesinatos y sus

hechores ha llevado a que ello sea utilizado por algunos

individuos para escapar del anonimato propio de las grandes

urbes; el asesinar a alguien ha sido el medio preferido de

ciertos desequilibrados para acaparar fugazmente la

atención de miles de ojos ávidos de la violencia

que exponen los noticieros, el medio adecuado para alcanzar la

subjetividad que niega una sociedad fría y

despersonalizada. En este sentido, los medios estarían

generando indirectamente -o al menos incitando a cometer- los

hechos que tan ávidamente buscan informar.

     b) Que una tarea informativa verdaderamente constructiva

para el estado de la justicia en el país no se logra a

través de la presión al sistema mediante el

amarillismo, sino más bien por medio de un ejercicio

periodístico que ahonde en los orígenes y causas de

la violencia, que descubra las modalidades de ésta a nivel

político, laboral y económico (las políticas

económicas que exacerban las condiciones de pobreza de

buena parte de la población, por ejemplo), que se preocupe

por presentar las opiniones y propuestas de todos los sectores de

la sociedad para solucionarla.

     Hasta el momento los medios, tal vez pretendiendo presionar

al sistema tal como afirma este articulista, han logrado hacer

cuajar la idea en la población de que el actual clima de

violencia es insolucionable, por lo cual las medidas extremas

como por ejemplo la pena de muerte o los linchamientos populares

(algo que tarde o temprano habrá de hacer su

aparición) son alternativas a las que irremediablemente

hay que recurrir. Los medios con su incesante bombardeo y con su

muy particular forma de retratar la violencia han deformado,

pues, el fenómeno. El insistir en la inutilidad de la PNC

y los órganos encargados de aplicar la justicia lleva a

que la solución a la violencia se busque de manera alterna

a estas dos instituciones; es en este sentido que la labor ha

sido más destructiva que constructiva.

     En definitiva, los recientes asesinatos colectivos han

servido para que los medios ratifiquen la supuesta necesidad de

medidas radicales; al presentarse la situación y la

actividad de los hechores como algo completamente irracional y

espontáneo se deja a un lado que estas prácticas

podrían provenir de la falta de interés en impulsar

programas que rehabilitaran psicológicamente a los

combatientes instruidos en el exterminio indiscriminado de

personas; se deja de lado que estas prácticas

podrían ser el reflejo magnificado de la negativa de los

agentes sociales a dialogar y ser tolerantes con posiciones o

intereses contrarios a las suyos. 

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           Evaluación de la Integración

Centroamericana



     Entre el 15 y 16 de octubre se celebró, en San

Salvador, una Reunión de cancilleres y Ministros de

Economía de Centroamérica a la que asistieron los

cancilleres de Honduras, Delmer Urbizo; Nicaragua, Ernesto Leal;

Costa Rica, Fernando Naranjo; el Ministro de Relaciones

Exteriores de Guatemala, Eduardo Stein; y el Viceministro de

Relaciones Exteriores de El Salvador, Victor Manuel Lagos. Los

Ministros de Economía de Guatemala, Mauricio Wurmser;

Honduras, Fernando García; El Salvador, Eduardo Zablah;

Costa Rica, León Desanti; y el Viceministro de

Economía de Nicaragua, Eduardo Belli. El secretario

general del Sistema de la Integración Centroamericana

(SICA), Roberto Herrera; y el de la Secretaría Permanente

del Tratado General de Integración Económica

Centroamericana (SIECA), Haroldo Rodas Melgar.

     La reunión trató, entre otros puntos, los

siguientes: evaluar el proceso de negociación de los

países de la región, para el establecimiento de

tratados de libre comercio con México y Chile, así

como las relaciones entre la Comunidad de Estados del Caribe

(CARICOM); la cooperación que los gobiernos de

Centroamérica sostienen en forma recíproca; definir

la posición que Centroamérica llevará a la

Cumbre Iberoamericana de Presidentes y jefes de Estado, que se

realizará el 10 y 11 de noviembre en Chile; y la Cumbre de

las Américas sobre el desarrollo sostenible, que

será celebrada del 5 al 7 de diciembre, en Bolivia;

conocer un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y

de la Comisión Económica para América Latina

(CEPAL) sobre el proceso de integración centroamericana.

     En esta misma reunión, los presidentes de las

cúpulas industriales del área, que forman la

Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales

Centroamericanas (FECAICA), entregaron a la asamblea un documento

de ocho páginas, en el que afirman claramente los graves

males que ha traido consigo el manejo que se ha hecho con la baja

de aranceles.    



Avances y obstáculos

     Dentro de los avances alcanzados que se deben considerar

está el acuerdo de los Ministros de Economía, que

apunta a la unificación de criterios para el Tratado de

Libre Comercio con Chile, tal como lo reveló el Ministro

de Economía salvadoreño, Eduardo Zablah, quien

además señaló que no se hará efectivo

a corto plazo porque "los recursos humanos de los Ministerios de

Economía no son tan amplios como para tener tantos frentes

abiertos a la vez". Sobre ese mismo tema, el canciller de

Honduras, Delmer Urbizo Panting, manifestó que la

región centroamericana debe acelerar su espacio

geográfico para establecer el libre comercio con

países como México y Chile, porque "con la

globalización que se está experimentando, no

podemos quedarnos a la zaga". Todo lo cual se ha hecho en aras de

incorporar a la región como bloque ante el concierto de

naciones. 

     En lo que se refiere a los obstáculos del proceso de

integración, es importante señalar que los informes

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la

Comisión Económica para América Latina

(CEPAL) recomiendan la necesidad de reducir los organismos

creados en el contexto de la integración. De hecho, el

estudio fue realizado a pedido de los Presidentes

centroamericanos, que buscan según manifestó el

Ministro Zablah, "revisar cuántas organizaciones y

oficinas existen en Centroamérica que tienen que ver con

la integración, y definir cuantas son necesarias y

cuáles hay que arreglar y cuáles no". Al respecto,

el canciller de Costa Rica, Fernando Naranjo,

señaló que "hay que revisar los organismos de la

integración porque muchos de ellos nacieron hace muchos

años en condiciones políticas y económicas

diferentes y hay que actualizarlos y simplificarlos".

     Por su parte, en el documento de FECAICA se afirma que un

obstáculo en materia de integración es la baja de

aranceles. En el mismo, los empresarios piden "no proseguir con

el proceso de desgravación en el techo arancelario".

Más aún, para éstos, los mandatarios no han

precisado otras fuentes de recursos alternativos que puedan

paliar la reducción de los ingresos fiscales como

consecuencia de la desgravación arancelaria. Asimismo,

aseguran que el 20% de la tarifa arancelaria no representa en

modo alguno una protección efectiva alta, y ello porque la

producción centroamericana básicamente está

representada por materias primas e insumos, cuyos niveles

arancelarios oscilan en 5, 10 y 15%.

     En esa misma perspectiva, FECAICA no sólo

destacó que los aranceles juegan un papel importante en

las negociaciones que Centroamérica realiza con terceros

países, especialmente con México, sino que hizo un

llamado para que se tome muy en cuenta el papel que juega el

arancel en materia económica, evitando así las

"distorsiones competitivas". Los industriales insistieron en que

la apertura comercial que se realizó entre los años

1990 a 1993 trajo consigo consecuencias negativas para las

economías de la región, lo cual se constata tanto

en la crisis que enfrentra gran parte del sector productivo, como

en el crecimiento de la brecha comercial. En ese período,

el déficit de la balanza comercial de Centroamérica

creció en 1,922 millones de dólares, esto es,

sufrió un incremento del 93%.



Consideraciones

     En lo señalado por el Ministro Zablah no es

válido argumentar solamente que son pocos los recursos

humanos con los que cuenta la región, sino se trata de

tener presente que, si se va a negociar con México y

Chile, se debe tener claro en qué condiciones se negocia,

porque si ello ciertamente abre nuevos mercados para las

economías de la región, no quiere decir que

automáticamente todo se convierte en un beneficio para los

países centroamericanos.     

     En esa misma perspectiva, no debe tomarse a la ligera lo

expresado por el canciller hondureño Urbizo Panting,

referente a la aceleración de las economías de

Centroamérica para incorporarlas a la globalización

y que no se queden en la zaga, pues no se trata solamente de

incorpar nuestras economías a la globalización para

avanzar automáticamente en el desarrollo económico

y social. Lo mismo cabe decir de la integración, sobre la

cual pesa una pespectiva reduccionista-economicista que deja de

lado que los mayores beneficiados son los sectores financiero y

comercial, mismos que están ligados al capital

transnacional. 

     Ciertamente, la integración regional tiene que ser

potenciada, pero la misma debe garantizar el desarrollo para

todos y no para unos pocos. Por lo demás, organismos como

la SIECA, lejos de proteger los intereses de los sectores

industriales al interior de la región, nos han planteado

una integración que es poco cuestionadora del capital

transnacionalizado, el cual, a través de las grandes

instituciones financieras internacionales como el BM y el FMI

imponen las reglas del juego económico, con los

subsiguientes condicionamientos políticos y culturales.

     En definitiva, la forma en que se ha manejado la apertura

comercial en Centroamérica ha puesto a los sectores

productivos en completa desprotección. Queda la tarea a

los organismos responsables como la SIECA de realizar un estudio

técnico completo que evalúe con la mayor seriedad

posible las consecuencias que ha traído consigo la

apertura comercial en las relaciones desarrolladas con sus socios

y no socios comerciales.-----





              Los  retos para combatir la violencia.



    A juzgar por las informaciones de la prensa nacional y por

las declaraciones de los políticos, las autoridades

públicas y los líderes de opinión

pública, pareciera que nadie, o al menos muy poca gente en

este país,  sabe qué hacer con el problema de la

violencia. Esto es especialmente cierto en el caso del gobierno

cuya Cruzada Nacional contra la Delincuencia y sus acciones en

dirección de aprobar la pena de muerte y de endurecer las

leyes en contra de los delincuentes constituyen las únicas

medidas, o al menos las más visibles,  diseñadas

para contrarrestar la violencia. Sin embargo, ni el gobierno ni

aquéllos que escribiendo o criticando en los espacios de

opinión afirman que lo que hace falta a nuestra sociedad

es "recuperar los valores perdidos", han dedicado tiempo a un

estudio sistemático del problema de la violencia en El

Salvador. Más bien, la mayoría de cosas que se

proponen públicamente parten del sentido común

más olímpico, muchas veces impregnado por un

revanchismo social al estilo del "ojo por ojo" y sin mayores

razones que las de acabar con todo lo que pudiera resultar

peligroso. 

    Es impresionante encontrar cómo aún

después de cuatro años de que los

salvadoreños comenzaran a señalar crecientemente el

problema de la violencia, no existen siquiera registros fiables y

sistemáticos sobre la prevalencia de la violencia y los

delitos, ya no se de diga estudios o investigaciones 

epidemiológicas o sencillamente de magnitud de la

violencia. Y más impresionante aún es la facilidad

con la cual se promulgan decretos -que son presentados como parte

de un plan- sin ninguna base comprobada y sin proyecciones de

consecuencias.

    En estas condiciones es necesario recordar y subrayar -por

enésima vez-  que el problema de la violencia en el

país no se reduce a la cantidad de personas asaltadas a lo

largo del territorio nacional; el problema de la violencia tiene

que ver con un estado de agresividad exacerbada que permea todos

los ámbitos sociales de la vida nacional y cuyas

expresiones más terribles se están convirtiendo en

algo habitual, tanto como cotidiana sigue siendo la muerte en

esta sociedad.

    Por ello, el combate de la violencia debe partir de acciones

sistemáticas, planificadas y controladas, no de

expresiones de buenos deseos o "buenos valores". El primer reto,

ya impostergable, para combatir la violencia en este país

lo constituye, como ya se ha señalado en este semanario,

la implementación de estudios exhaustivos  sobre la

violencia y sus manifestaciones. Ello implica la creación

de instrumentos eficientes de seguimiento epidemiológico,

de identificación de los factores de riesgo para cada zona

geográfica del país y de los entornos urbanos;

implica también un examen riguroso de los registros de

violencia de tal manera que permita su validación  y

estandarización bajo criterios e indicadores medibles; el

estudio de la violencia significa también una

estimación de los recursos y programas que efectivamente

se invierten en el combate de la violencia misma, lo que gastan

los salvadoreños de manera pública o privada en

protegerse y cuánto de eso es realmente efectivo para

detener la violencia y cuánto de eso en realidad

sólo contribuye a subir un escalón más en la

espiral de agresiones sociales. Un estudio sistemático

sobre el problema permitiría vislumbrar qué zonas

del país necesitan una atención más

eficiente en términos de recursos de protección y

de seguridad pública y qué tipos de recursos con

los más adecuados para cada zona. Por ejemplo, una

investigación objetiva sobre un programa de combate a la

delincuencia probablemente señalaría el

índice de efectividad de los números

telefónicos para denuncias en un país con un 80 por

ciento de la población sin teléfono. Asimismo,

señalaría la conveniencia de destinar recursos 

para la protección de la población en una zona

plagada de masacres  antes que destinarlos para proteger cosechas

agrícolas.

    La importancia de estudiar el problema se fundamenta en su

potencial  para la definición de políticas

efectivas en contra de la violencia y   constituye un reto

primordial en una sociedad que no ha logrado comprender  a la paz

como un estilo de vida a todo nivel, no sólo

político. Sin embargo, esperar a cumplir con el primer

reto no puede justificar la falta de acciones más

coherentes para atacar la violencia. Los estudios realizados en

otros lugares señalan una serie de aspectos que usualmente

están asociados a la violencia dentro de una sociedad. Un

examen rápido -pero no menos riguroso- sugiere que tales

aspectos están presentes también en el

fenómeno salvadoreño. Estos son: un sistema de

marcada marginación y exclusión social, un entorno

psicosocial que posibilita la agresión, la falta de

eficiencia en los sistemas de seguridad pública y

justicia, la permisividad hacia el uso y portación de

armas, y el  elevado consumo de alcohol y drogas. Así, los

retos para combatir la violencia se deberían encaminar

hacia la atención de esos aspectos bajo una visión

integral. 

    La violencia no se combate reduciendo la pobreza per se,

mucho menos se combate confinando o eliminando a los pobres; la

violencia se enfrenta reduciendo la  marginación social de

las mayorías. La violencia se combate en la medida en que

la sociedad abre espacios de participación legal y

legítima que permitan a los ciudadanos tener un control

aceptable sobre su entorno y sobre su destino social. Ciertamente

la marginación está ligada a la pobreza, pero

está comprobado que la violencia como la que vive el

país en la actualidad, no surge como un intento de obtener

recursos financieros para vivir, sino como un intento de

recuperar espacios de poder social que  permitan tener cierto

nivel de control sobre la vida y que de otra forma no se

obtendría. Este es un gran reto, el cual está

ligado a la tarea de que los salvadoreños "des-aprehendan"

que el uso de la violencia es efectivo para resolver conflictos y

para lograr sus metas. Ello está ligado al problema de la

salud psicosocial de la población: un entorno injusto que

excluye a muchos y que  beneficia a pocos genera mecanismos

ideológicos  de descalificación que mutila, que

deshabilita a las mayorías para poder sostenerse.  

    El siguiente reto es, entonces, re-habilitar 

psicosocialmente a la población, no en el sentido de

terapia ocupacional sino en el sentido de devolverle su valor

como personas con derechos, intereses y necesidades propias que

deben ser satisfechas desde la base. En esto participa

también las posibilidades de justicia en la sociedad. Ante

todo, es necesario erradicar la impunidad de los sistemas de

seguridad pública y de justicia. Todos los ciudadanos

deben tener en la práctica los mismos derechos y el Estado

debe garantizar eso por todos los medios, más aún

con los débiles y desposeídos. Es ilusorio pensar

que medidas como la pena de muerte van a ser efectivas en

combatir la delincuencia si el sistema no es capaz de atrapar a

los que cometen los delitos más graves en contra de la

sociedad; en estas condiciones el Estado terminará matando

sólo a los que puede agarrar quienes son los que

cometieron los delitos menores y que  tienen menos recursos para

evadir el sistema. 

    Los anteriores son los retos estructurales -puestos de

manera simple-,  pero existen otra serie de aspectos que hay que

enfrentar y son fundamentales en la lucha contra la violencia.

Estos elementos son quizás más tangibles de

abordar, pero no dejan de ser temas duros. En primer lugar, hay

que despojar a los civiles del armamento. Es ridículo que

mientras se desarrolla una campaña de recolección

de armas de fuego a través de un intercambio, se

estén instalando nuevas armerías para proveer  a la

gente de recursos de armamento en buenas condiciones. Al final se

está creando un círculo de reciclaje de armamento

del que sólo se benefician los comerciantes, pues las

armas terminan regresando a aquéllos que las quieren 

usar.  Un país que ha vivido bajo distintos tipos de

violencia durante más de dos décadas y que le ha

costado más de cien mil muertes no puede darse el lujo de

seguir  alimentando los odios con los instrumentos para consumar

muertes.  En segundo lugar, se deben imponer controles sobre el

consumo de alcohol y estupefacientes. La totalidad de

investigaciones sobre violencia han demostrado la estrecha

relación entre agresión y dopaje; las informaciones

locales sobre las circunstancias que han rodeado a las recientes

masacres señalan también la presencia del alcohol

entre los agresores. Contrario a la tendencia internacional de

controlar el consumo de alcohol y drogas mediante impuestos,

vedas al consumo en lugares públicos o venta libre, en El

Salvador se debe enfrentar una rebaja a los impuestos de las

bebidas alcohólicas y la venta casi sin restricciones de

las mismas. No se puede combatir la violencia con una

combinación tan explosiva como armas y alcohol. 

    En cualquier caso, los retos para combatir la violencia son

grandes y complejos, pero el problema exige que las acciones sean

tomadas de manera integral y cuidadosa. Ante todo, es

básico comprender todas las facetas del problema y

abordarlo desde esa integralidad.

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                  ¿Quén le cree a la PNC?      



    Don Carlos Gaitán era un ciudadano común,

dedicado a su familia  y a su trabajo, sin mayores problemas que

aquellos que le toca enfrentar a una persona en similares

condiciones. No vivía económica y socialmente mal.

Aunque día a día --al igual que la mayoría

de la gente en este país-- sentía que el costo de

la vida se encarecía cada vez más, no se encontraba

en una situación crítica: contaba con los recursos

necesarios para mantener su casa. Además, era aceptado por

las familias vecinas; incluso, con algunas de ellas había

entablado relaciones de amistad. Sí sabía del clima

de violencia y el ambiente de inseguridad que se respiraban en el

país --leía, veía y escuchaba a

través de los medios masivos de difusión-- pero

nunca había tenido un problema grave en ese sentido. En

resumen, por decirlo de alguna manera, era "aceptablemente

feliz"... hasta el 4 de enero de 1996.

    Ese día, la vida de don Carlos cambió

radicalmente. ¿Cuál fue la causa? Su hijo de

dieciséis años de edad, William Antonio

Gaitán Ayala, murió abatido por los disparos que le

hicieron miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) en

San Salvador, cerca de la plaza Perú, ubicada sobre la

avenida Olímpica. A partir de entonces, este padre de

familia se encontró --solo y lleno de dolor-- ante un

camino del cual tenía algunas referencias pero que nunca

había transitado: el de la mentira, la impunidad y la

arbitrariedad institucionales.    ¿En qué

circunstancias murió el joven William Antonio? Carlos

Ernesto Forero Borowiec, actualmente detenido en el Centro Penal

"La Esperanza", declaró a personeros de la

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDH)

lo siguiente: "que el día de los hechos se conducía

en el vehículo que le habían prestado para probarlo

y que fue a traer a JUAN CARLOS MARTINEZ, a JORGE ALBERTO (Romero

Hernández) y a WILLIAM ANTONIO GAITAN a quien asegura no

conocía. En momentos en que transitaban por la

prolongación de la Alameda Juan Pablo II, un

vehículo policial  les ordenó detenerse, orden a la

que él desobedeció, pues JUAN CARLOS llevaba un

cigarro de marihuana. Al encontrarse a la altura del Mirador, los

policías les comenzaron a disparar, por lo que huyó

hasta el lugar en donde finalizó la persecución, al

estallarle la llanta. Manifiesta que los policías no

pararon de dispararles y porsteriormente los capturaron

llevándolos a la DIC (división de investigaciones

criminales de la PNC)". 

    El relato anterior --con el subrayado y las

mayúsculas-- es parte de la resolución que la PDH

emitió el 26 de julio del año en curso, la cual fue

presentada públicamente hace unos días por la

señora procuradora, doctora Victoria Marina

Velázquez de Avilés, en compañía de

algunos miembros de su consejo consultivo e importantes

funcionarios de la institución. Aparte de Forero Borowiec,

quien según información periodística

confesó pertenecer a una banda de "robacarros", las otras

tres personas que se conducían en el auto eran menores de

edad.   

    Uno de esos jóvenes, Jorge Alberto Romero

Hernández, declaró en el proceso judicial que

"cuando el vehículo policial les ordenó detenerse

el que manejaba no se quiso detener, por lo que el joven

Gaitán le pidió que obedeciera, pero lo que hizo

fue acelerar, y que a las dos cuadras empezaron a dispararles,

por lo que él se agachó y Gaitán le

cayó encima luego de los primeros disparos. Cuando el

vehículo se detuvo y lograron salir, los policías

les continuaron disparando, y el se tiró al suelo pero

después optó por correr con los otros dos;

después que capturaron a Forero, él se subió

a un bus junto a Juan Carlos (Martínez) en el que fueron

finalmente detenidos, y fueron interrogados sobre el paradero de

las armas, sin embargo agrega que ninguno de ellos  portaba

alguna".

    La PDH sostiene que la declaración judicial del joven

Romero Hernández concuerda con lo que, posteriormente,

éste manifestó a sus delegados; también

coincide con los relatos de los agentes involucrados. Dice la

resolución de la Procuraduría que éstos

"admitieron que cuando salieron del vehículo les

dispararon a los perseguidos, pero que los disparos se hicieron

al aire". Además, la PDH afirma lo siguiente: "Se pudo

comprobar  que el Motorista ESCAMILLA, y el Agente Palacios no

participaron en la persecución a pie, sino que se

dirigieron hacia el vehículo".

    ¿Quiénes son "el Motorista ESCAMILLA, y el

Agente Palacios" mencionados y por qué se destaca que --en

lugar de ir tras los jóvenes que huían-- fueron

hacia el auto que acababan de perseguir? Pues porque esos dos

"servidores públicos" son los que dieron muerte a William

Antonio Gaitán Ayala. A continuación, con la

resolución de la Procuraduría, veamos cómo

se desarrolló el trágico acontecimiento que nos

ocupa. 

    Lo que sigue también es una transcripción fiel

del texto: "Al solicitarle datos al Cabo JOSé SANTOS

RODRíGUEZ ONI 00573 de la unidad 121, este le

informó que había participado en la

persecución junto a los agentes MIGUEL PALACIOS CONTRERAS

ONI 03294, CARLOS ALBERTO OSORIO VASQUEZ ONI 07280 Y NARCISO

GABRIEL ESCAMILLA ACOSTA ONI EA00295. Agregó que no

habían encontrado armas en el vehículo". 

    La PDH sostiene que las "declaraciones rendidas por los

agentes policiales en el Tribunal, coinciden en señalar

que el día de los hechos fueron avisados por parte del

sistema de Emergencias 121 que por la Prolongación de la

Alameda Juan Pablo Segundo circulaba un vehículo robado a

la señora CAMPOS DE AQUINO, reportado como robado el

día 2 de enero de 1996". Además, el cabo

Rodríguez dijo: "Al ordenarle detener la marcha no lo

hizo, y a la altura de la 7a Calle Poniente se oyeron disparos

supuestamente provenientes del vehículo perseguido por lo

que se optó por dispararles a las llantas" Cabe decir que

este subrayado sí es nuestro, porque se vuelve interesante

al fijarnos en lo que dijo el juez que hizo la inspección:

"En cuanto al vehículo, el parabrisas trasero estaba

totalmente quebrado, así como el vidrio de la puerta

trasera izquierda, y dos disparos en el vidrio delantero". 

    Después de conocer la "mala puntería" de los

policías --pues apuntándole a las llantas,

según dicen, pegaron numerosas veces en otros partes del

auto-- sigamos leyendo la versión del cabo

Rodríguez: "Al estallarle una de ellas (de las llantas) y

detenerse los sujetos se bajaron y fueron capturados momentos

después, notando que en el interior del vehículo

había un cadáver por lo que se dio aviso al 121.

Agregaron que cuando se hizo la inspección del Laboratorio

no hallaron ningún arma, ignorando ellos que se

habían hecho".

    "Del reconocimiento practicado al cadáver --sostiene

la PDH-- se pudo determinar que la causa de la muerte fue herida

penetrante de tórax producida por proyectil de arma de

fuego, presentando orificios de entrada de proyectil en el quinto

y octavo espacio intercostal, ambos sin tatuaje de

pólvora, y uno  más a nivel del cuello. La autopsia

determinó que el proyectil que impactó el cuello y

que quedó alojado, fue disparado de atrás

hacía adelante, y los del tórax que también

quedaron alojados, de derecha a izquierda, ligeramente de

adelante hacia atrás, y hechos a una distancia no mayor de

cincuenta centímetros".

    Y sigue la resolución citada: "De los análisis

de los proyectiles encontrados al cadáver del joven

Gaitán, se pudo determinar que el que le ocasionó

la muerte según la autopsia, o sea el que impactó

en el cuello, fue disparado por el agente MIGUEL HAGEO PALACIOS

CONTRERAS que portaba una Sub Ametralladora Tamae tipo Saf

Calibre 9 mm, y los otros dos, por el Motorista de la Unidad,

NARCISO GABRIEL ESCAMILLA, quien portaba un revólver

Taurus Calibre 38 mm. Se pudo comprobar que el Motorista  hizo

ocho disparos, pues siendo su arma de una capacidad de seis

tiros, pudo hacerlos porque manifiesta haberla recargado".

    Hasta aquí, pues, queda establecido que Palacios

Contreras  disparó su arma durante la persecución

desde el "radiopatrulla" y que uno de esos proyectiles

penetró en el cuello de William Antonio. Los otros dos

proyectiles que causaron la muerte del joven salieron del arma

del conductor del auto policial y se hicieron a corta distancia.

Quiere decir que, tras haberse detenido el vehículo

perseguido y después de haber recargado su arma,

encontrándose William Antonio dentro del mismo --herido y

quizás agonizando-- el chófer Escamilla le

disparó a quemarropa. 

    ¿Qué debieron hacer entonces los otros

policías que participaron en una operación iniciada

con una razón legítima y legal, pero que durante su

desarrollo degeneró en una ejecución arbitraria de

un menor de edad? Pues detener a Escamilla y a Palacios

Contreras, para después reportar lo que realmente

había sucedido. Pero no; se hizo lo contrario y

todavía más, con el propósito de encubrir a

los responsables de esta nueva violación al derecho a la

vida. 

    Al revisar la resolución de la PDH, encontramos lo

siguiente: "En el proceso 25-96 iniciado sobre averiguar la

muerte del joven GAITAN, por parte del Juzgado 13° de Paz, consta

que la inspección del hecho se llevó a cabo a las

veinte horas y diez minutos del día de los hechos. Cuando

se hicieron presentes, el vehículo se encontraba con las

cuatro puertas abiertas, poniendo de manifiesto el Juez

según su expresión textual, que había

presencia de agentes de la D.I.C. y peritos del Laboratorio de

Investigación Científica del Delito de la P.N.C.

los cuales se encontraban realizando sin ninguna previa

autorización del suscrito Juez, órgano competente

de la Administración de Justicia, experticia de prueba de

campo en el vehículo y en el cuerpo de una persona, ya

fallecida, hasta el momento no identificada". Obviamente, es

nuestro el subrayado.

    Y la resolución de la PDH continúa de la

siguiente forma: "Agrega el Juez que las vainillas que se dice

fueron encontradas, habían sido retiradas por los miembros

del Laboratorio de Investigación Científica del

Delito sin autorización alguna, por lo que él no

podía afirmar y verificar el calibre ni la cantidad de las

mismas... Sobre el reconocimiento del cadáver, manifiesta

que lo pudo realizar hasta que los peritos policiales terminaron

su experticia sin autorización. Constató que se

encontraba en el asiento trasero con dos impactos de proyectil de

arma de fuego  en la región de la pared lateral del

tórax, y un impacto en la región occipital". 

    Las diligencias extrajudiciales instruidas contra Forero

Borowiec --reporta la PDH-- "fueron remitidas por la

División de Investigación Criminal de la

Policía Nacional Civil al Juzgado Décimo Quinto de

Paz. En las mismas aparece que los menores JORGE ALBERTO ROMERO

HERNANDEZ y JUAN CARLOS MARTíNEZ QUINTANILLA fueron

consignados a las bartolinas municipales como imputados del

delito de robo y tentativa de homicidio y remitidos el día 

5 del presente año, al Departamento del Menor Infractor de

la Fiscalía General de la República. Las

diligencias policiales incluyeron análisis

dactiloscópico. El análisis de la región

dorsal y palmar superior de las manos del cadáver de

WILLIAM ANTONIO GAITáN AYALA practicado por la

Policía, sin intervención judicial,

determinó positivo en ambas manos, lo que según el

dictamen podría ser por haber disparado o manipulado arma

de fuego, o por haber estado cerca o en un ambiente donde se

disparó un arma de fuego". Este subrayado también

es nuestro, sobre todo porque queremos destacar que

posteriormente se realizó una experticia por parte del

juzgado décimo quinto de paz de San Salvador, cuyo

análisis químico arrojó un resultado

negativo en el dorso y en la palma de ambas manos del

cadáver. 

    Pese a todo lo anterior, cuando la causa pasó al

juzgado quinto de lo penal de San Salvador y se decretó la

detención del chófer Escamilla y del agente

Palacios, el juez calificó el delito como "homicidio

culposo" --es decir, sin intención-- y excarceló a

los imputados a solicitud de la defensa. Eso contradice la

resolución de la PDH, mediante la cual se establece que en

los hechos hubo --por parte de la Policía-- imprudencia,

temeridad, falta de respeto a los derechos humanos, prepotencia e

irresponsabilidad. A todo eso, cabría agregar todo el

esfuerzo institucional por encubrirlos; dentro de dicho esfuerzo,

además, se deben considerar el informe de la unidad de

control de la PNC y la actitud pasiva de la inspectoría

general del cuerpo policial. 

    Este es un resumen de los acontecimientos que cambiaron la

vida de don Carlos Gaitán. Ahora, además de

trabajar para procurar el sustento diario de su familia, se

encuentra buscando --con sus limitados recursos, pero con una

férrea voluntad-- que se haga justicia. El suyo es uno de

los ejemplos de un ciudadano con valor, dispuesto a todo para

limpiar la imagen de su hijo y la de su familia que fueron

dañadas por las mentiras institucionales que se lanzaron

para "justificar" la ejecución del joven. Por su tragedia

y la forma cómo actuó la PNC, don Carlos ya no cree

en ella. ¿Y Usted?

                                                                

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ALZA DE GASOLINA. El Presidente de la República, Armando

Calderón Sol, pidió el 04.11 una "conciencia

solidaria" a los salvadoreños que poseen

automóviles, ante los futuros incrementos al combustible

que se aplicarán con el objeto de ampliar la cobertura de

subsidio de diesel para las unidades de buses del transporte

público. El Presidente califica el aumento en el costo de

la gasolina como una solución "salomónica" para

enfrentar las voraces demandas de diesel de los buseros a cambio

de no aumentar los pasajes. "Sabemos que los subsidios

distorsionan, que no son la panacea ni la solución al

problema, pero en este momento hemos accesado al subsidio de los

buses en aras del bolsillo de los más pobres de El

Salvador", aseveró. Calderón Sol también se

refirió al incremento de las tarifas en los microbuses del

transporte colectivo, y señaló que esto será

permitido porque el Estado no puede ampliar el subsidio del

combustible hacia ese sector. "Este es un paso que no se

quería dar, creemos que es necesario ante el colapso de

toda la industria del transporte, creo que es un esfuerzo del

Gobierno de la República y del pueblo salvadoreño

ante la situación que se está viviendo a nivel

nacional con el transporte". Al ser consultado si el incremento

en los combustibles no generaría un "efecto de cascada"

sobre los productos de la canasta básica e

incrementaría sus precios, el mandatario se limitó

a exponer que el país no es productor de petróleo y

que ello implica estar sujeto a su precio internacional. Aunque

el mandatario no especificó el porcentaje que será

agregado a la gasolina, ni la fecha en que sería aplicada

la medida, sostuvo que la decisión es la más

"acertada" (LPG 05.11 p.3-a y DH 05.11). -----

CONSIDERACIONES ANTE ALZA COMBUSTIBLE. El Viceministro de

Comercio e Industria, Rolando Alvarenga, reveló el 04.11

que el subsidio de diesel otorgado a los empresarios de autobuses

públicos "ya no es viable", debido a que durante 10

años, la ayuda se ha elevado, mientras los transportistas

siguen pagando 1 colón 70 centavos por galón. El

subsidio fue impuesto desde 1981, cuando el empresario de

autobús pagaba por el diesel 1.30 colones y un civil 4.75

colones, dijo Alvarenga, al comparar que, en 1986, el

transportista canceló 1.92 colones, al igual que en la

actualidad, con la excepción que un particular pagó

en 1986 6.95 y hoy 11.10 colones. El Viceministerio

añadió que en los últimos 3 años, los

montos de subsidio se han incrementado: en 1994 se

subsidió un total de 180 millones, en 1995 183 millones de

colones y para este año se estima será de 150

millones, lo que implicó un aumento de 67 millones de

colones, en comparación a lo subvencionado en 1995.

"Sentimos que este sistema ya no es viable. ¿Cuánto

se gastará en los próximos años si se

aumenta el subsidio, los precios internacionales y el sobrecargo

a la gasolina?, eso es absurdo", recalcó. El funcionario

advirtió que conceder subsidio a un mayor número de

buses causará efectos inflacionarios en la economía

nacional, los cuales aún no han sido medidos. Mientras

tanto, Jorge Villacorta, diputado del partido Convergencia

Democrática, expresó "no estamos convencidos que

sea el método más eficiente de darle diesel a los

dueños de autobuses. Hay 3 compañías que

tienen un oligopolio de la gasolina y RASA, que pertenece a las

Shell y ESSO, tienen el monopolio del proceso de refinamiento.

Queremos ver si es posible que también esta gente

contribuya a financiar el transporte" (LPG 05.11 p.3-a y DH 05.11

p.13). -----

MAS CAMBIOS EN EL GABINETE. Cinco nuevos miembros del gabinete de

Gobierno fueron juramentados el 04.11 por el Presidente de la

República, Armando Calderón Sol, quien

reafirmó que los nombramientos surgen de una estrategia de

depuración de funcionarios públicos y a raíz

de los nuevos cargos que exige la modernización del

Estado. Calderón Sol juramentó a los licenciados

Vilma Isabel Hernández de Calderón como

Viceministra de Agricultura y Ganadería, José Luis

Trigueros como Viceministro de Hacienda; asimismo, el ingeniero

Roberto Alejandro Sorto Fletes asumió el cargo de

Viceministro de Inversión y Crédito público,

dependencia de Hacienda. Como Secretario de Reconstrucción

Nacional (SRN) fue juramentado el ingeniero Wilfredo Rosales

Escobar, y como Superintendente de Valores, el licenciado Oscar

Pérez Merino. Durante la juramentación, llevada a

cabo en el salón de honor de Casa Presidencial,

Calderón Sol reafirmó que los nombramientos surgen

de la estrategia de evaluaciones aplicada a los funcionarios en

ejercicio, que podrían ser removidos de sus funciones si

así fuere necesario, y también para promover los

nuevos cargos que exige la modernización del Estado. En

este contexto, se explican las salidas de José Ernesto

Escobar y Eduardo Montenegro, viceministros del MAG y Hacienda,

respectivamente, y se oficializa el Viceministerio de

Inversión y Crédito Público creado con la

finalidad de brindar mayor atención a las posibles

inversiones extranjeras. Sobre el puesto de viceministro de

Justicia, luego de la renuncia de Raúl Somoza Alfaro,

Calderón Sol informó que la vacante será

ocupada por el doctor Vicente de Jesús Machado, a quien se

le tomaría la protesta en su nuevo cargo el 07.11 (DH

05.11 p.7).-----

SATURACION DE REOS. La Policía Nacional Civil (PNC) y las

autoridades de los diferentes centros de reclusión del

país están enviando en forma apresurada, notas a

todos los juzgados de la República para que se abstengan

de enviar reos, debido a la saturación en que se

encuentran. Esta situación ha motivado que el Ministerio

de Justicia agilice el traslado de reos al recién

inaugurado penal de Santa Ana, donde antes funcionaban las

bodegas del INCAFE. El Viceministro de Justicia, Raúl

Somoza Alfaro, quien fungió en el cargo hasta el 31.10,

dejó elaborado el listado de estos reos y

únicamente está pendiente del traslado. Jueces

consultados señalaron que el problema se resolverá

momentáneamente, debido a que diariamente ingresan al

sistema más reos de los que salen, porque la

Policía no puede dejar de capturar delincuentes, ni los

jueces evitar la aplicación de la ley. El Vice ministerio

de Justicia considera que debe existir coordinación,

porque si los jueces tampoco cumplen con la agilización de

los procesos, las cárceles se llenarán de reos sin

sentencia. El jefe de la Sección de Diligencias de la

Unidad de Emergencia 121, subinspector Héctor Abel Tobar,

notificó a los tribunales de San Salvador que "por orden

superior y en vista de tener excedidas una cuarta parte de su

capacidad las bartolinas de la unidad, no se recibirán

reos en depósito en esta base". Nicolás Campos

Rafael y Antonio Domingo González, Director y Subdirector,

respectivamente, de la penitenciaría "La Esperanza"

(Mariona) también han reportado a los juzgados su

preocupación por la sobrepoblación que enfrentan.

"Si bien es cierto que el penal está dividido en sectores,

ninguno de ellos ofrece la seguridad necesaria para presumir que

a un interno no puede ocurrirle alguna desgracia, pues

éstos tienen acceso a todos los sectores",

señalaron (LPG 30.09 p.5-a).-----

CAUSAS EN RETARDACION JUSTICIA. De acuerdo con un informe del

Ministerio de Justicia, dentro de las causas que retardan la

justicia -y que reflejan un serio problema para la

Procuraduría General de la República- se puede

mencionar el mal seguimiento a los procesos judiciales y la

ausencia de defensores públicos para reos pobres durante

los juicios. El documento indica que, durante 1995, las

actividades de seguimiento de los detenidos fueron muy escasas,

en particular las visitas carcelarias. Asimismo, muy pocas veces

los defensores estatales apelan en favor de los detenidos o

presentan recursos de exhibición personal ante la Corte

Suprema de Justicia, en caso de existir irregularidades en los

procesos. Estas afirmaciones en cifras revelan que las visitas

carcelarias por defensor son de catorce al año, los

recursos de apelación interpuestos son dos anuales,

mientras que los recursos de casación presentados

sólo son tres. La información del Ministerio de

Justicia es apoyada por las críticas de algunos jueces,

quienes señalan que la actitud pasiva de los defensores es

una de las causas para la lenta depuración de los

procesos. Además, consideran que esas irregularidades

violan el derecho constitucional de las personas de contar con un

defensor desde el momento de su captura. La Jueza 14a. de Paz,

Gloria de Funes, afirmó que el defensor de turno

sólo asiste al reo cuando éste rinde su

declaración; sin embargo, cuando se realizan los

reconocimientos de reos, los defensores no se presentan, pese a

haber sido informados. Asimismo, la Jueza 15a. de Paz, Nora

Montoya, consideró que el Estado debe revisar el

presupuesto de la instituciones tales como la Procuraduría

para la Defensa de los Derechos Humanos y Fiscalía de la

República a fin de que apoyen al sector de Justicia (DH

05.10 p.9).-----

DECLARACIONES DEL MANEQUE. El crítico de la actual

cúpula del partido ARENA, Antonio Cornejo Arango, no

descartó el 30.10 establecer una alianza con diferentes

institutos políticos con miras a lograr cargos en el

espectro nacional en las próximas elecciones de diputados.

El político manifestó que, a partir del 26.10,

dió un plazo de 15 días a los dirigentes del

partido para que permitan su ingreso en el COENA. La

petición "no es una exigencia intransigente",

afirmó durante entrevista telefónica. "Estamos

actuando responsablemente en respuesta a la petición de

las bases", añadió. De lo contrario,

mencionó la posibilidad de establecer coaliciones con

otros partidos con miras a los comicios a realizarse en marzo.

Cornejo Arango aseguró haberse reunido en los

últimos días con dirigentes del Partido Liberal

Democrático (PLD), Movimiento de Unidad y Partido Pueblo

Libre. En cuanto al plazo que dio al COENA, el "Maneque"

explicó que tal decisión fue tomada en vista de que

hace más de 8 meses está "pidiendo espacio" para

ingresar al mismo, el cual ha sido completamente bloqueado. No es

necesario, indicó, que se reformen los estatutos del

partido para permitirle el ingreso. "Si simplemente alguno de

ellos renunciara, yo podría optar por ese cargo",

manifestó. Si el COENA decide llevar a Juan José

Domenech como candidato a diputado por la plancha nacional,

desalentará a la mayoría de areneros, ya que no

tiene el respaldo suficiente, aseguró. Calificó

además como un "suicidio político" permitir la

reelección del alcalde Mario Valiente, ya que ARENA se

"expondría" a perder su "precioso bastión

político" como lo es la comuna capitalina (LPG 31.10 p.63-

a, EM 30.10 p.2, DH 31.10 p.69).



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