© 1996 UCA Editores
año 17
número 728
octubre 2
1996
ISSN 0259-9864
ARENA es fiesta y diversión
El Salvador: 115 en el Informe de Desarrollo Humano del PNUD
Algunas reflexiones sobre la educación
La coyuntura actual en Guatemala
La defensa de los derechos humanos, ahora
La Diócesis de Chalatenango dice sí a la vida no a la
pena de muerte
Pronunciamiento: "A favor de la vida y en contra de la pena de
muerte"
ARENA es fiesta y diversión
Con mucha fiesta y algarabía, el gobierno
celebró los 450 años que tiene San Salvador de llevar
el título de ciudad. Al igual que en la celebración
de la independencia, la organización y realización
del evento tuvo un inocultable sello oficial, con el patrioterismo
y la demagogia a los que son tan proclives los funcionarios
gubernamentales y el propio Presidente de la República. Por
lo demás, el momento preelectoral que vive el país
hace posible que cualquier celebración nacional se convierta
en un espacio propicio para que ARENA no sólo apele a un
nacionalismo ramplón, sin raíces y hueco, sino que
haga propaganda política, utilizando los referentes de
nación que tiene El Salvador en función de sus
particulares intereses partidarios. Pero no sólo eso: ARENA
busca identificarse con esos referentes, es decir, quiere hacer
sentir que los intereses del país son sus intereses, y que
no existe forma de conquistar aquéllos al margen de
éstos.
ARENA y el gobierno le apuestan al ritual; le apuestan al
poder de la imagen. No importa qué tan vacío o
retórico sea el discurso que se propaga por la radio y la
televisión, pues el público -esa es su apuesta- pone
más atención a la música, a las bandas de
guerra y a las cachiporristas que al contenido de lo que dicen los
funcionarios de gobierno. ARENA y el gobierno parecen estar
convencidos de que el populus, para ser feliz, lo único que
reclama es "pan y circo"; por consiguiente, de lo que se trata es
de adornarse con los mejores recursos circences y llenar de
felicidad a la gente.
Colorido, piernas y la macarena: así se resume la
receta de ARENA y el gobierno para conquistar a la sociedad.
¿Y los problemas de fondo? ¿Y la severa crisis que
atraviesa ARENA? ¿Y el deterioro ecológico no
sólo de San Salvador, sino del resto del país?
¿Y el crecimiento desordenado de la capital, el irresuelto
problema del tráfico vehicular y la escasez de agua potable?
Pues sobre estos y otros problemas los políticos de derecha
suelen decir cualquier cosa, aunque lo mejor para ellos sea no
decir nada. La celebración de la independencia fue un buen
ejemplo de lo vacío de los discursos oficiales sobre el
sentido que debería poseer la conmemoración de la
gesta independencista. La celebración que siguió a
ésta, la de los 450 años de la ciudad de San
Salvador, no fue menos significativa en orden a lo que apuntamos:
la apología de San Salvador hecha por el Presidente
Calderón Sol fue solamente eso, una apología sin
asidero en la realidad.
Si el quince de septiembre se perdió la oportunidad
para reflexionar sobre lo que significa la pertenencia a una
nación y sobre los desafíos que hay que sortear para
su construcción, en la celebración de los 450
años se perdió la oportunidad de discutir a fondo los
problemas de San Salvador como una ciudad que se aleja cada vez
más de lo que puede considerarse un hábitat humano,
por la polución, el caos en su crecimiento y la
delincuencia.
Con todo, en ambos eventos no faltó la fiesta y la
alegría. Había que sumarse a las celebraciones con la
mejor disposición para disfrutar, no para cuestionar o
plantear preguntas difíciles. Poner en cuestión la
algarabía y la fiesta como cosas superficiales era no
compartir el espíritu nacionalista irradiado desde los
círculos de la derecha. Si hay fiesta y diversión,
¿por qué se van a tocar temas de discusión
aburridos que a nadie le interesan? Claro está, los
discursos de rigor no podían faltar, pero en ellos daba
igual que se dijera cualquier cosa; unas palabras grandilocuentes,
unas frases patrioteras sin sentido y un fingido nacionalismo: todo
ello es suficiente como relleno para la música, las marchas
y el colorido, que son lo más importante de cada
celebración convocada por la derecha, incluso de las
realizadas para discutir su propio futuro político.
En efecto, ARENA realizó su último congreso en
el contexto de una de sus peores crisis internas. Nunca como antes
su unidad interna estuvo más en cuestión; nunca como
antes su liderazgo fue más desacreditado desde dentro y
fuera del partido. Sin embargo, ello no fue óbice para que
lo que -según algunos analistas- iba a marcar el arribo a la
dirección del partido del sector más derechista del
partido, con la subsecuente depuración del sector más
"moderado", perdiera su tinte de fiesta. Al ritmo de la macarena,
hasta los rostros más serios se transformaron en caras
sonrientes, y las palmas y el contoneo no se hicieron esperar ante
la popular melodía. Afuera del hotel donde se
discutía el futuro del partido, los disidentes -encabezados
por el "maneque" Víctor Antonio Cornejo Arango- se
esforzaban por deslegitimar la reunión arenera y
también por ser admitidos en la fiesta.
No está claro cómo el congreso de ARENA va a
contribuir a resolver los problemas del partido. Quizás eso
es lo de menos, cuando lo prioritario es convencer a la sociedad de
que en ARENA todo es paz, tranquilidad y armonía, al punto
de que sus miembros son capaces de bailar y cantar tonadas de moda
-con el inevitable cambio de letra en las canciones- sin complejos
ni resistencias de ninguna especie. Cuando los demás
insisten en ser aburridos, en ventilar públicamente, con
ardor y pecando de serios, sus diferencias políticas, en
ARENA se busca a toda costa la fiesta, el jolgorio y el ruido.
Pareciera que en ARENA la seriedad es un enemigo al que hay que
conjurar; pareciera que las caras largas y preocupadas no tiene
cabida -pese a que cada vez se hacen más frecuentes entre
sus dirigentes- en un partido que se concibe a sí mismo como
un gran anfitrión de carnavales políticos.
La pregunta es hasta cuándo le va a durar la fiesta a
ARENA. Como lo muestra la crisis reciente, al partido cada vez le
cuesta más ocultar los problemas de fondo -los del
país y los suyos propios- con banderines de colores, cumbias
y ritmos pegajosos. No faltan quienes se interesen por el contenido
de los discursos de sus líderes y haga ver lo hueco y
vacío de los mismos. No faltan los críticos de los
discursos retóricos y las promesas incumplidas. ARENA debe
dejar de creer que la sociedad salvadoreña puede ser
engolosinada al antojo de sus dirigentes, sin que importen las
propuestas y las soluciones de fondo a los graves problemas del
país. El Salvador no es un circo, donde lo que cuenta es la
capacidad de gustar y divertir, ni necesita de buenos anfitriones,
sino de instituciones políticas que ofrezcan proyectos
viables de democratización social y política.
El Salvador: 115 en el Informe de Desarrollo Humano del PNUD
Recientemente fue presentado el último Informe sobre el
Desarrollo Humano (IDH), elaborado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD). En el mismo, nuevamente, El
Salvador aparece en un nada envidiable lugar 115 de un total de 174
países. Este informe presenta una visión alternativa
a los indicadores económicos para evaluar el nivel de
desarrollo de los países, pues el Indice de Desarrollo
Humano considera no solamente el ingreso per cápita de un
país, sino también la situación del acceso a
la educación y la salud, última de las cuales se
refleja en la esperanza de vida. Para el PNUD la situación
ideal que sirve de parámetro para evaluar el desarrollo
humano es una donde exista una esperanza de vida de 85 años,
acceso a la educación para todos y un ingreso anual cercano
a los U$5,120 dólares.
El IDH ofrece importantes pistas para evaluar el nivel de
desarrollo del país, aunque de acuerdo al Presidente de la
República, Armando Calderón Sol, el informe es
"injusto", pues no considera todos los avances alcanzados en
materia de desarrollo durante los últimos años. Al
margen de estas valoraciones no puede negarse que este informe es
una alternativa de evaluación económica y social que
trasciende las meras valoraciones del ámbito
macroeconómico. En oposición a informes de empresas
calificadoras de riesgos financieros que catalogan al país
como "seguro" para la inversión (Proceso, 726), el IDH
considera la evolución de las condiciones sociales para
evaluar el nivel de desarrollo de cada nación.
Uno de los principales aspectos del informe es el
señalamiento de que muchos países, incluido El
Salvador, experimentan un nuevo fenómeno: crecimiento
económico sin mejorías de las condiciones de vida;
ello quiere decir, específicamente, que presentan los mismos
niveles de ingreso reportados para la década de 1970.
Algunas conclusiones generales del informe son las siguientes: "el
crecimiento económico no crea empleos en forma
automática"; "pueden aumentar los empleos incluso cuando se
reduce el ingreso per cápita. En esos países de
'empleos sin crecimiento', se multiplican los empleos con salarios
bajos y de escasa productividad, de manera que la gente trabaja
más por menos."
En las siguientes líneas se busca contextualizar la
aparente "bonanza" macroeconómica de El Salvador, pregonada
incluso por importantes instituciones internacionales como el Banco
Mundial, integrando los datos aportados por el más reciente
IDH, especialmente en lo que toca al crecimiento sin desarrollo
humano y a la evolución del ingreso per cápita.
En términos generales, entre 1995 y 1996 El Salvador no
avanzó ni retrocedió en la clasificación de
desarrollo humano, pues se mantuvo en la misma posición: la
115. Sin embargo, si consideramos que para 1994 la posición
ocupada por El Salvador era la 112 es evidente que desde entonces
se ha suscitado una notable caída en el nivel de desarrollo
humano. El Salvador se encuentra así cada vez más
cerca de ser clasificado como una nación con un desarrollo
humano bajo, e incluso se considera menos desarrollado que otros
países centroamericanos como Costa Rica, Guatemala y
Honduras que ocupan los lugares 31, 112 y 114 dentro de la
clasificación del IDH.
Aparte de lo anterior, llama la atención que el nuevo
aporte presentado por el Informe sobre del Desarrollo Humano es la
inclusión de una clasificación de los distintos tipos
de crecimiento: sin empleo, despiadado, sin voz, sin raíces
y sin futuro. Todos los tipos de crecimiento anteriormente
mencionados entrañan contradicciones que no permiten que el
crecimiento económico se traduzca en mayor desarrollo
humano.
En El Salvador, desde 1990 se ha experimentado un proceso
sostenido de fuerte crecimiento económico, el cual, sin
embargo, no se ha traducido en mejorías de las condiciones
de vida. Desde 1990 a 1995 el Producto Interno Bruto ha crecido en
un total de 34.4%, mientras que, por el otro lado, los IDH reflejan
una caída de El Salvador en la clasificación de
países según su desarrollo humano.
El tipo de crecimiento experimentado en El Salvador ha estado
basado en sectores económicos como el comercio, la
construcción y el sector financiero; lo cual ha restado
protagonismo a los sectores agropecuario e industrial. El empleo
generado han sido en realidad de "empleos sin crecimiento" en los
cuales la "gente trabaja más por menos" (recuérdese
por ejemplo el caso de la maquila textil). El salario mínimo
nominal, aunque ha experimentado incrementos anuales continua
siendo totalmente insuficiente para cubrir el costo de la canasta
básica.
El crecimiento económico tampoco ha permitido que el
Estado oriente mayores recursos para el área social. Aunque
en la práctica se ha logrado incrementar la
recaudación tributaria con impuestos que afectan las
mayorías de bajos ingresos, como el IVA, no se ha
incrementado la proporción del gasto público
destinado a la educación y la salud. Así, el acceso
a estos dos derechos humanos no ha experimentado ninguna
mejoría, pues no ha logrado aumentar su participación
dentro del total del Presupuesto General de la Nación. Por
ejemplo, en 1990 el gasto total en educación y salud
representó un 25.49% del total de presupuesto de la
nación, mientras que en 1995 representó sólo
un 23.83% del mismo.
Otro indicador de la situación de El Salvador revelado
por el IDH es que presenta los mismos niveles de ingreso per
cápita de la década de 1970; lo cual implica que pese
al crecimiento experimentado durante esa década, parte de la
de los 80 y lo que va de la de los 90, el ritmo de crecimiento de
la producción continua siendo menor que el correspondiente
a la población. Cabe señalar a este punto que al
considerar el ingreso per cápita también es
pertinente considerar la situación de la distribución
del ingreso al interior de los países. Aún y cuando
un país obtenga un ingreso per cápita anual de
U$5,120, la distribución del ingreso podría
determinar que la mayoría de la población en realidad
percibiera sólo una pequeña fracción de ese
ingreso, mientras una minoría percibiría mucho
más de U$5,120.
En el caso de El Salvador el hecho de que se perciban los
mismos niveles de ingreso de los 70 se agrava por la tendencia
hacia la concentración del ingreso. De acuerdo a los
últimos datos disponibles de las Encuestas de Hogares de
Propósitos Múltiples sobre distribución del
ingreso, para 1992 se habría reportado un deterioro de los
ingresos del 10% de la población con menores ingresos y un
estancamiento en el ingreso del siguiente 10% de hogares; en
contrapartida el 10% de los hogares que perciben los mayores
ingresos vieron incrementarse sus ingresos totales. La Matriz
Insumo Producto de 1990 inclusive revela que las remuneraciones de
los trabajadores apenas representan un 30.5% del valor agregado,
mientras que las ganancias empresariales representan un 59.1%.
Aunque la posición de El Salvador no ha variado
sustancialmente entre los IDH de 1995 y 1996, es evidente que se
encuentra en una situación más difícil que los
demás países centroamericanos, excluyendo Nicaragua.
El crecimiento económico observado en El Salvador se ha
caracterizado por facilitar que los ricos se vuelvan más
ricos sin que los pobres mejoren su situación, por impedir
una mayor democratización y potenciación del papel de
la mayoría de la población y por despilfarrar los
recursos que serán necesarios para las generaciones futuras.
Asimismo, además de un estancamiento del ingreso per
cápita a los niveles de los 70, existe un retroceso en el
gasto público en educación y salud que también
han perjudicado el desarrollo humano.
Este panorama muestra claramente que la liberalización
y crecimiento de la economía no necesariamente son
sinónimo de mayor desarrollo humano. El vínculo entre
crecimiento y desarrollo no es automático, por lo cual
requiere de una fuerte y decidida intervención del Estado.
Para impulsar procesos de desarrollo humano en El Salvador es
necesario que el Estado tome con mayor seriedad la necesidad de
reforzar los presupuestos de educación y salud y que
además facilite la desconcentración en la
distribución del ingreso. Sin embargo, la realidad muestra
que estas no son parte de las prioridades del plan de desarrollo
del actual gobierno ni de ningún otro de corte neoliberal,
por lo cual podría esperarse que, al menos en el corto
plazo, el crecimiento económico continúe negando la
posibilidad del desarrollo humano.
Algunas reflexiones sobre la educación
El tema de la calidad y objetivos de la educación ha
cobrado especial importancia en las agendas de discusión
durante los últimos años. Tanto académicos
como empresarios se han dado a la tarea de reflexionar, de manera
abierta y pública, sobre la importancia de la
educación para la reconstrucción y
modernización de la sociedad.
Por parte de los empresarios, una de las propuestas más
claras y publicitadas ha sido la expresada en el Manifiesto de la
ANEP. En el documento empresarial se afirma que la educación
es una de las condiciones ineludibles para sacar avante al
país en el actual contexto de globalización y
apertura de los mercados. Por ello, la educación es vista
por los empresarios, al menos los que respaldan el manifiesto, no
como una necesidad en sí misma relevante, sino importante en
cuanto vicaria del papel asignado a El Salvador en el sistema
económico mundial: el de aportar mano de obra eficiente en
la manufactura y las labores técnicas. En consecuencia, la
educación buscarían formar rápidamente -el
nivel universitario quedaría restringido para unos cuantos
"privilegiados"- mano de obra calificada y sujetos capaces de saber
reorientar constantemente los procesos laborales para potenciar la
producción. La educación, así definida,
buscaría generar, pues, obreros cuantitativamente
útiles para las cadenas de producción y
administradores de empresas ingenierilmente capaces de hacerlas
obtener altos rendimientos.
En lo que respecta al sector oficial, el Ministerio de
Educación ha emprendido un amplio y ambicioso plan de
modernización del sistema educativo del país, el cual
buscaría saldar los huecos y deficiencias que han
caracterizado a la educación salvadoreña durante
mucho tiempo. La aprobación y puesta en marcha del decreto
de legalización de las carreras universitarias, de la Ley de
la Carrera Docente, de los programas de Escuela Saludable y de la
reducción de los bachilleratos, serían sólo
algunos muestras del empeño puesto en ello y de la voluntad
de hacer reales las promesas de un cambio estructural que
buscaría "promover la educación nacional como
instrumento que facilite el pleno desenvolvimiento de la
personalidad de los educandos y el desarrollo social y
económico del país". Como es evidente, el proceso de
reforma educativa buscaría lograr una transformación
integral del sistema; la optimización de la educación
recibida por los estudiantes iría entonces acompañada
por una profesionalización y control de los docentes y por
una mejora cualitativa de los elementos que median entre ellos: las
instituciones físicas, los programas y libros de estudio,
entre otros.
Como es posible observar, el concepto de educación que
rige ambas propuestas es disímil. En la primera, la
educación está supeditada a los condicionantes que
impone el papel que a El Salvador le asignan los empresarios; se
privilegia por ello la tecnificación sobre la creatividad,
la disciplina y obediencia sobre la libre determinación y el
ejercicio del pensamiento desde las propias pautas. En la propuesta
del Ministerio de Educación, se aboga, en cambio, por una
enseñanza que al menos formalmente intentaría
acentuar la cualidad del conocimiento impartido sobre la cantidad,
la integridad sobre la especialización y la excesiva
tecnificación. Ciertamente, y para suerte de los educandos,
es este último modelo el que se impulsa y no el primero.
Pero si se considera que en el actual contexto, en el cual rige la
religión del capital, existe una fuerte tendencia que hace
que las exigencias pragmáticas del sistema se impongan sobre
las necesidades reales humanizadoras de los individuos y de las
instituciones, no sería descabellado esperar que las
propuestas emanadas del sector empresarial, que en muchos sentidos
son apoyadas y compartidas por la mayor parte de los miembros del
partido oficial, terminarán filtrándose y
corrompiendo las intenciones y objetivos originales del plan de la
reforma educativa. En este sentido se vuelve imperativo que el
Ministerio de Educación siga guardando la relativa
independencia que hasta la fecha ha mantenido de las líneas
ideológicas proempresariales de los funcionarios areneros.
Por otra parte, es de hacer observar que aun cuando la reforma
educativa parece marchar viento en popa es perentorio que la Ley de
la Carrera Docente -que busca regular y ordenar el ejercicio de la
docencia en aras de elevar la calidad educativa-, uno de los puntos
medulares de la reforma, sea aplicada con todo el rigor posible. Si
por algo la educación en el país es deficiente,
además de las obvias limitaciones en material educativo y de
las pésimas condiciones físicas de los lugares donde
se imparte la enseñanza, es por el escaso control sobre los
cuerpos docentes, tanto de las instituciones públicas como
privadas. Hasta la fecha, la mayoría de profesores,
especialmente de educación primaria y media, aunque sin
excluir los niveles superiores y universitarios, se han
caracterizados por dos cosas: la primera, un escaso y superficial
conocimiento de las materias que imparten; acentuado por el hecho
de que un profesor es designado para impartir diferentes materias,
en ocasiones sin relación entre sí, año con
año; la segunda, el que utilizan su papel como figuras de
autoridad ante sus alumnos para solventar las necesidades
psicológicas de ser respetados y admirados; respeto y
admiración no derivados de sus capacidades y virtudes, sino
impuestos por la vía de la coerción y la
humillación del educando. Estas dos características
no sólo han castrado el desarrollo intelectual de muchos
niños y adolescentes, sino también marcado
definitivamente su salud y equilibrio psicológico. En la
medida en que los aspectos formales de la reforma sepan ser
llevados a la realidad eliminando tanto éste como otros
vicios, en esa misma medida la educación ira saliendo de la
mediocridad en que todavía se encuentra inmersa.
La coyuntura actual en Guatemala
Luego de cuatro meses de un intenso diálogo-
negociación entre el gobierno de Alvaro Arzú y la
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), las
delegaciones de ambas partes, reunidas en México, trataron,
el 16 de septiembre, los últimos aspectos del acuerdo sobre
el "Fortalecimiento del Poder Civil y el Papel del Ejército
en una Sociedad Democrática". Dicho acuerdo fue firmado el
19 de este mes por los comandantes guerrilleros: Pablo Monsanto,
Gaspar Ilóm, Carlos González, Rolando Morán;
y por los funcionarios del gobierno: Gustavo Porras, Richard
Aitkenhead, Raquel Zelaya, el general Otto Pérez y el
coronel Morris de León. El documento es el último
referido a temas sustantivos del proceso que culminará este
año con la firma de un tratado definitivo para establecer la
paz en Guatemala.
En esos mismos días se conoció que varios
militares fueron arrestados, entre ellos, el Viceministro de
Defensa, César Augusto García, y Francisco Ortega
Menaldo, destacado en el Cuartel General de las Fuerzas Armadas,
ambos generales; el coronel Mario Roberto Catalán y el
teniente coronel Juan Oliva Carrera (vinculados con el asesinato de
la antropóloga guatemalteca Mirna Mack, en septiembre de
1991); los coroneles Rolando Díaz y Jacobo Salám
Sánchez; el capitán Romero Guevara y los mayores Luis
Arturo Alvarado y Napoleón Rojas. El Ministro del Interior,
Rodolfo Mendoza, reveló que, junto a los militares, fueron
separados de sus funciones el tercer jefe e Inspector General de la
Guardia de Hacienda, Israel Bonilla; el Inspector General de la
Policía Nacional, Basilio Hernández; el jefe del
Centro de Operaciones Conjuntas de la Policía,
Amílcar Barrientos; y el cuarto jefe del Cuerpo Motorizado,
Sergio de Paz. Todos los sujetos antes mencionados fueron detenidos
por su supuesto vinculación criminal con el capo del
contrabando Alfredo Moreno.
Logros alcanzados
Es importante señalar que el acuerdo sobre el
"Fortalecimiento de la Sociedad Civil y el Papel del
Ejército en una Sociedad Democrática" supone
profundas reformas en Guatemala, entre ellas: la
constitución de un órgano policial único,
multiétnico y pluricultural, bajo la dirección del
Ministerio de Gobernación; el establecimiento de la carrera
policial y la formación de los agentes a través de la
Academia de Policía; la reducción de los efectivos
del ejército durante 1997 en un 33%, acompañado de
una educción del 33% en el presupuesto militar; la
desmovilización, en un año, de la Policía
Militar Ambulante, a partir de la firma del Acuerdo de Paz; la
disolución por el Congreso de los comités voluntarios
de defensa civil; la creación de un Consejo Asesor de
Seguridad integrado por personalidades de la vida económica,
social, profesional, académica, étnica,
política y cultural, seleccionadas por el Presidente de la
República; la promulgación de la reforma del
Código Penal que tome en cuenta las diferencias culturales
y garantice plenamente los derechos humanos; y, finalmente, el
establecimiento de una carrera judicial.
Con respecto a los acuerdos alcanzados, las reacciones de los
principales líderes de las partes en conflicto no se
hicieron esperar. El Presidente Arzú afirmó que
"después de años tan dolorosos, la victoria debe ser
para Guatemala... o con Guatemala o contra ella". Asimismo,
felicitó a las partes por este nuevo logro en las
negociaciones, expresando que Guatemala necesita en este momento
del esfuerzo de todos sus hijos para realizar tareas que permitan
la unidad nacional. Por ello -sostuvo Arzú-, "tenemos la
gran oportunidad y la obligación de conjuntar
energías, que es el factor clave de nuestro tiempo". Tales
declaraciones fueron realizadas el mismo día en que se
firmó el acuerdo. De manera similar el comandante Gaspar
Ilóm opinó que la firma del nuevo acuerdo abarca
todos los aspectos que debe contener el fortalecimiento del poder
civil y una definición muy clara y ecuánime sobre el
papel del ejército en una sociedad democrática.
Añadiendo que "estamos frente a un instrumento para la
sociedad guatemalteca que nos va permitir construir una democracia
real y plena"
El Presidente Arzú también hizo algunas
declaraciones sobre el caso de los militares detenidos, en las que
destacó que el arresto "no quiere decir que nosotros no
tengamos temor, yo tengo temor de las represalias de esta
acción, probablemente no ahora sino cuando pase el mandato
y poder al sucesor". El mandatario además comentó que
la detención de los militares no la realizaron los gobiernos
anteriores por temor a venganzas, pese a que sus operaciones eran
conocidas en toda Guatemala.
Por su parte, el Subjefe del Departamento de
Información y Divulgación del Ejército (DIDE),
coronel Edgar Noe Palacios, declaró que los militares
señalados en el caso Moreno solamente fueron
sustituídos de sus cargos y no dados de baja de la
Institución Armada. El Alto mando del Ejército
descartó "desde todo punto de vista" que se produzca un
intento de golpe de Estado, ya que se han tomado las acciones
pertinentes, según aseguró el mismo Palacios.
Agregó que una reacción de este tipo no favorece el
Estado de Derecho que vive Guatemala y el proceso de paz que llevan
a cabo el Gobierno y la URNG, aunque "podría haber un rumor
por ahí, pero definitivamente el Ejército de
Guatemala descarta este tipo de reacción".
Por su parte, el comandante Gaspar Ilóm afirmó
que todo esfuerzo por desterrar la impunidad en Guatemala es
importante, y que las medidas que tomó el Presidente
Arzú en el caso Moreno van en esa dirección, siendo
ello un paso más para construir un real Estado de Derecho.
Consideraciones
Indudablemente, el acuerdo alcanzado en Guatemala establece
las bases fundamentales para la democratización y
desmilitarización del Estado, y permite avanzar hacia un
mayor fortalecimiento de los poderes civiles, tradicionalmente
marginados de la conducción del país. En efecto,
durante las tres décadas que ha durado la guerra quienes han
decidido por donde debía caminar el país ha sido el
estamento militar, con la subsiguiente militarización de la
sociedad. Así, lo característico de Guatemala fue que
su territorio se viese inundado de hombres armados pertenecientes
no sólo al ejército institucional, sino
también a cuerpos paramilitares, por ejemplo las llamadas
Patrullas de Autodefensa Civil. En consecuencia, la
población civil se involucró directamente en el
conflicto y que formó una actitud militarista en la
conciencia colectiva; y ello se convirtió en un
obstáculo para la construcción de una sociedad
democrática. Ahora es cuando se abre una oportunidad
histórica para la generación de una cultura de paz
que promueva la convivencia con los demás a partir de la
tolerancia y el respeto mutuo.
El fin del militarismo, pues, está cerca en Guatemala.
Con los avances en e proceso de diálogo-negociación,
se abre una gran oportunidad para que las instituciones civiles
encargadas de velar por los derechos humanos puedan tener un mayor
reconocimiento. Con ello se estarían sentando las bases para
poner fin a un largo camino de impunidad. El documento firmado en
México compromete al ejército a ocupar el puesto que
está estipulado en la Constitución, y el cual le
prescribe como misión la defensa de la soberanía y el
territorio de Guatemala. Resta esperar que los acuerdos alcanzados
se ejecuten como es debido y que la reconstrucción y el
bienestar de esa país avance con paso firme.
Finalmente, hay que calificar la detención de figuras
militares relacionadas con el caso Moreno como un hecho sin
precedentes en Guatemala. Y tal medida puede tener repercusiones en
las filas militares, empresariales y la administración
pública en general, pues apunta a erradicar el temor que
despiertan los militares en los círculos civiles. El mismo
Presidente Arzú ha reconocido que medidas como la efectuada
por su gobierno implican un riesgo bastante grande. Ello demuestra
que se ha optado por el camino difícil, peligroso, pero, a
la vez, el único que puede provocar cambios ya necesarios en
las estructuras de poder de en Guatemala.
La defensa de los derechos humanos, ahora
Por las tres razones que en seguida aparecerán, este es
un tema que por obligación debe abordarse. La primera: entre
el miércoles 19 y el sábado 21 de septiembre, un
grupo de personas dedicadas a proteger los derechos humanos en
Centroamérica y otros sitios de América Latina se
reunió en Guatemala, con el objeto de discutir sobre los
diversos mecanismos e iniciativas tendientes a garantizar la
seguridad de quienes trabajan en este campo. La segunda: la
necesidad de aclarar cuál es el verdadero papel de aquellas
y aquellos que defienden y promueven los derechos y las libertades
fundamentales de la persona humana, frente a la errada y
quizás malsana posición que pretende ubicarlas como
elementos que coadyuvan al incremento de la delincuencia o son
responsables del mismo. Y la última: el hecho de haberse
realizado en nuestro país, recientemente, el segundo
encuentro internacional de Ombudsman. Comentemos, pues, una por
una.
La iniciativa fue de Amnistía Internacional (AI). Esta
institución convocó a un primer gran encuentro que se
realizó en Santa Fe de Bogotá, Colombia, durante el
mes de mayo del año en curso. "La brecha en el muro del
silencio" se denominó la conferencia que,
básicamente, tenía por objeto: elaborar una
declaración de principios que reconociera, legitimara y
facilitara el rol, los derechos y la protección de las y los
defensores de los derechos humanos; formular recomendaciones para
un plan de acción concreto, viable y práctico a fin
de lograr mejores y más eficaces niveles de
protección para estas personas; finalmente, garantizar el
seguimiento de dicho plan de acción.
La declaración se hizo y ya fue publicada en la
región (Proceso, 715) y el mundo; además, surgieron
cuatro grupos de recomendaciones para elaborar el plan: las
relativas a mecanismos legales y organismos intergubernamentales,
las relacionadas con la protección inmediata del defensor en
peligro, las que se refieren a la publicidad de la defensa de los
derechos humanos y las que tienen que ver con la cooperación
entre organizaciones no gubernamentales. Guatemala, entonces, fue
el lugar donde se dio el siguiente paso en este proceso: tomar las
recomendaciones más importantes, por su urgencia y
viabilidad, para revisar --con un grupo reducido de personas
involucradas en la temática-- las bases de lo que pretende
ser ese plan de acción. Para tal fin, a la reunión de
septiembre en el vecino país sus participantes llegaron con
una propuesta que previamente había distribuido AI.
Cabe dejar constancia del por qué esta
organización se ha interesado tanto en la
problemática e insiste en facilitar las condiciones para
enfrentarla de manera eficaz: es parte fundamental de su lucha
contra la impunidad y una de las maneras de dar respuesta a las
violaciones a los derechos humanos en la región, para lo
cual se propone contribuir al establecimiento de agendas que
contemplen el funcionamiento de los mecanismos de Estado y el
fortalecimiento de sociedad civil.
De esta forma, nos encontramos ante un cambio de actitud por
parte de AI, ya que ésta --a lo largo de su existencia--
siempre se caracterizó por trabajar aislada, sin mezclarse
con otras organizaciones regionales o locales. Así, pues,
ahora Amnistía Internacional ha comenzado a devolver lo que
durante años recibió de las y los latinoamericanos
que en las épocas más duras de la violencia
política y bélica de las pasadas décadas,
enfrentando el riesgo cierto de convertirse en víctimas de
esa realidad, alimentaron valientemente la denuncia de esa
prestigiada organización internacional con datos recogidos
y verificados en el terreno.
Al finalizar el evento en Guatemala, se concluyó sobre
la necesidad de garantizar que el plan de acción contemple
el fortalecimiento del movimiento de derechos humanos, la
creación y ejecución de mecanismos prácticos
de protección para las personas que lo integran, y la
coordinación de iniciativas conjuntas de cabildeo a
realizarse dentro de las organizaciones intergubernamentales. Es
válido destacar el énfasis que se dio a la necesidad
de estar alertas para atender la situación de las y los
defensores forzados a abandonar sus países. De igual forma,
resulta importante destacar el interés por dinamizar la red
de miembros de AI que atienden de forma específica este tipo
de casos y la necesidad de profundizar el trabajo de
acompañamiento internacional "in situ" para las personas
amenazadas, como uno de los mecanismos más efectivos que
pueden garantizar mejor su seguridad y la continuidad de su
trabajo.
Ante todas estas preocupaciones y esfuerzos que se hacen desde
Amnistía Internacional y las organizaciones regionales o
locales que se han sumado, no faltara quién se haga algunas
preguntas: ¿qué no han cambiado las cosas en
América Latina? ¿qué no se superó ya la
época de las dictaduras y se democratizó la
región? ¿por qué se habla ahora del peligro que
corren las personas que defienden y promueven los derechos humanos?
Es más, ¿por qué siguen existiendo estos grupos?
La respuesta a esas interrogantes nos remite,
irremediablemente, a la segunda de las razones que motivaron la
presente reflexión. En nuestra región han cambiado
algunas cosas, pero eso no quiere decir que el nivel del respeto a
los derechos humanos sea siquiera aceptable. Existen diferencias
entre unos países y otros, pero la realidad global nos
muestra que aún estamos muy lejos de garantizar a la
mayoría de sus habitantes una vida digna: la inseguridad
personal y económica se pasea por estas tierras y aún
no se logra superar en ellas la impunidad y el autoritarismo que,
en muchos casos, se visten con nuevos ropajes. Conformarse ahora
con una reducción --considerable, ciertamente-- de las
violaciones graves y masivas por razones políticas en la
región es muy arriesgado.
Es en ese marco donde sigue siendo importante y quizás
más necesario el trabajo de las personas que promueven y
defienden los derechos humanos. Sin embargo, actualmente esa labor
no siempre se está haciendo de la mejor manera pues --por
citar algún ejemplo-- en algunos casos se enfrenta la
peligrosa tentación de repetir esquemas y métodos de
trabajo que, en el pasado reciente, fueron eficaces pero que ahora
--en condiciones distintas-- no lo son tanto. Hoy en día, el
reto principal es uno: enfrentar con imaginación y
creatividad los obstáculos que impiden asegurar las
condiciones básicas para que todas las personas, en
América Latina, vivan dignamente en el marco de un respeto
pleno a sus derechos y libertades fundamentales.
Para ello, resulta una tarea de primer orden el trabajar con
y para las víctimas de la inseguridad personal y
jurídica, mediante el uso inteligente y apropiado de los
recursos pacíficos existentes en nuestras sociedades, sean
o no del Estado. A esa población se debe llegar y, desde
ella, se tiene que empezar a descubrir y utilizar lenguajes y
formas diferentes de actuar, nacidas de sus necesidades vitales. De
no ser así, se corre el riesgo de terminar aislados y
más vulnerables que nunca, sin importar la justeza de la
causa que se esté defendiendo. Si hace unos años, el
y la defensora de los derechos humanos se caracterizaron
fundamentalmente por su compromiso y valentía, ahora deben
ser --además-- muy profesionales y con mucha
imaginación.
Uno de los medios que está para ser usado por las
organizaciones sociales y la población en general es el del
Ombudsman, más conocido en nuestra región como
defensoría del pueblo, comisionado o procuraduría. De
ahí la importancia que le otorgamos al segundo encuentro
internacional de estas y estos funcionarios, encargados de
contribuir en cada uno de sus países a incrementar el
reconocimiento y el respeto que se le tiene a los derechos humanos.
La doctora Victoria Marina Velásquez de Avilés,
procuradora de nuestro país y anfitriona del evento, dijo el
26 de septiembre --durante su intervención de apertura--
que se debe "buscar una manera de vivir a partir del reconocimiento
que la vida individual y social suponen la existencia de otras
personas, de otros seres humanos, con quienes debemos convivir y
respetar".
Para la señora procuradora, actualmente nos encontramos
"en una etapa de transición que es difícil y compleja
con peligros ciertos, pero también con realizaciones que nos
dan más valor y alimentan el compromiso para seguir sin
desmayo en la opción histórica de construir la
democracia y generar progresivamente una cultura de paz". El mismo
presidente de El Salvador, quien asistió al inicio del
encuentro, afirmó que "la protección de los derechos
humanos constituye una parte esencial para el logro de una
pacífica y democrática convivencia en la sociedad".
Estando casi todos y todas de acuerdo con las anteriores
palabras del primer mandatario salvadoreño, contando con el
apoyo solidario de organizaciones internacionales tan reconocidas
como Amnistía Internacional y no obstante saber de las
dificultades que aún existen --sobre todo aquellas que se
generan desde los grupos de poder que se esfuerzan por mantener sus
privilegios, mediante la vigencia de la impunidad y el
autoritarismo-- es necesario darle nuevos bríos a la lucha
por elevar los niveles de reconocimiento y respeto a los derechos
humanos en nuestro país y en la región
latinoamericana.
Más que estar a la defensiva, las personas que
desarrollan esa importante labor en nuestras sociedades deben
acometer con mayor fuerza y sin temor, con imaginación y
creatividad, utilizando las herramientas legítimas que
existen a fin de entusiasmar a la población mayoritaria para
que, de esa manera, seamos cada vez más quienes --
defendiendo y promoviendo los derechos humanos-- nos convirtamos en
artesanos de una verdadera paz, fundada en la justicia y la
democracia.
Transcribimos a continuación el pronunciamiento de la
Diócesis de Chalatenango "Sí a la vida no a la pena
de muerte", así como el de la Universidad Centroamericana
"José Simeón Cañas" "A favor de la vida y en
contra de la pena de muerte", este último publicado en la
prensa nacional el día jueves 26 de sepetiembre de 1996.
La Diócesis de Chalatenango dice sí a la vida no
a la pena de muerte
El Obispo, sacerdotes y religiosas de la Diócesis de
Chalatenango, preocupados por la confusión causada por el
Pueblo de Dios por la propuesta de implantar la pena de muerte en
nuestro país, orquestada por una campana de propaganda en
los medios de comunicación social, nos pronunciamos en
contra de la pena de muerte.
Se ve que la pena de muerte no es disuasiva, ya que en
países dinde existe la pena capital, la violencia y la
criminalidad organizada sigue en aumento. Ademas, la
implantación de la pena de capital no toca la raíz de
nuestros problemas sociales y no es solución para nuestra
problemática.
Si bien, es cierto que textos aislados del Antiguo Testamento
pueden tomarse como respaldo de la pena capital, hay que
enmarcarlos dentro de un proceso de revelación continua y
progresiva, que va a través de los libros Sapienciales y El
Levítico, que exigen el perdón de las ofensas, y que
culmina en Jesús de Nazaret, cuyas palabras, en un sin fin
de lugares nos pide respeto a la vida y el amor y perdón de
los enemigos. þ... no arranquen la maleza, déjenla crecer
junto con el trigo...Mt. 13,24-30" þ..Ustedes han oído que
se dijo ojo por ojo y diente por diente, en cambio yo les digo amen
a sus enemigos...Mt. 5, 43-48" þ...el que no tenga pecado, lance la
primera piedra...yo tampoco te condeno Jn. 8, 7-11".
Monseñor Romero, en su última homilía en
catedral, haciéndose eco de las enseñanzas de la
Biblia nos recordó que ante una orden de los hombres de
matar, prevalece la ley de Dios que dice þno matarásþ Ex.
20, 13; hechos 5,29.
Como Diócesis, ante las enseñanzas de la Biblia,
nos pronunciamos en contra de la pena de muerte y de todo lo que
atenta contra el don sagrado de la vida y pedimos a Dios que
ilumine a los legisladores para que se busquen soluciones a los
problemas de nuestro país con métodos más
racionales y justos.
Universidad Centroamericana "José Simeón
Cañas"
Pronunciamiento
A favor de la vida y en contra de la pena de muerte
Ante el intento para reimplantar la pena de muerte en El
Salvador, la Universidad Centroamericana José Simeón
Cañas se pronuncia abiertamente en contra de tal medida,
porque es un castigo bárbaro, ineficaz e indigno de un
Estado moderno y democrático. No obstante haber sufrido el
asesinato de varios empleados, catedráticos e incluso de uno
de sus rectores, la UCA no acepta la pena de muerte ni como
respuesta vindicativa ni como dispositivo eficaz de ordenamiento
social.
Restablecer la pena de muerte implica reconocer que la ley de
emergencia ha fracasado en cuanto a reducir la incidencia de la
criminalidad por medio del endurecimiento de las penas. Si la pena
capital fuese restablecida y no arrojara los resultados esperados,
¿a qué medida recurrirá el gobierno? Cuando las
causas de la criminalidad radican en la pobreza injusta, la
desintegración familiar, la herencia de una guerra sumamente
violenta y cuando esas causas se refuerzan con el alcoholismo y la
drogadicción, pretender reprimir el crimen endureciendo las
penas es comenzar a construir la casa por el tejado.
1. Propuestas para reducir la criminalidad
Si el gobierno en realidad está interesado en disminuir
la incidencia de la violencia y en particular de la criminalidad
debiera pensar en un plan estratégico, en el cual no
debieran faltar los elementos siguientes.
(a) Medidas orientadas a mejorar la calidad de vida de la
ciudadanía como educar para la paz, promover el empleo
masivo, apoyar los esfuerzos comunitarios para satisfacer las
necesidades básicas, ofrecer oportunidades educativas y
recreativas a la juventud, atender la salud mental de la
población.
(b) Limitar las causas directas y circunstanciales que
impulsan a la violencia. Las medidas contra el alcoholismo y la
drogadicción deben endurecerse drásticamente, pues,
de hecho, muchos de los crímenes son cometidos bajo el
influjo de estas sustancias. Los planes de salud mental del
Ministerio de Salud deben ampliarse, ya que un elevado porcentaje
de crímenes son cometidos por personas con desajustes
psicológicos graves, advertibles y previsibles. El
núcleo familiar y su integración debieran ser
fortalecidos. Asimismo, los programas que estimulan la violencia en
los medios de comunicación debieran estar regulados
más estrictamente.
(c) La Policía Nacional Civil debiera contar con un
respaldo mucho mayor por parte del gobierno para adquirir una mayor
capacidad investigativa, para otorgar mejores estímulos ante
el deber cumplido y para aplicar sanciones más severas a
aquellos agentes que cometan faltas o delitos o violen las leyes.
El número de policías debe seguir aumentando, aunque
ello implique la disminución del ejército. Asimismo,
la Policía Nacional Civil debiera investigar a aquellas
personas que hayan sido vinculadas con el crimen organizado y para
ello, el informe del Grupo Conjunto podría ser un punto de
partida.
(d) Urgir al sistema judicial para que se reforme. Aunque algo
se ha avanzado, el sistema judicial sigue siendo poco eficaz en el
combate contra el crimen organizado. Es lento, no garantiza el
debido proceso, acumula expedientes sin resolver y carece de
capacidad para investigar.
(e) Controlar y regular la tenencia y el uso de las armas de
fuego. No debiera permitirse que menores de veinticinco años
porten armas de fuego. La tenencia de armas largas o de combate
debiera ser sancionada con multas severas y los reincidentes
debieran ser enviados a la cárcel irremisiblemente.
Mientras no se legisle con seriedad sobre estos campos, la
pena de muerte será ineficaz. Al contrario,
contribuirá a la brutalización de las costumbres al
convertir el asesinato legalizado en un medio de lucha contra la
violencia. Si la guerra pasada no terminó violentamente,
sino recurriendo al diálogo y a la negociación,
tampoco la violencia actual disminuirá con el uso de la
fuerza, sino por medio de la educación para la paz y la
erradicación de sus causas.
2. Razones en contra de la pena de muerte
Históricamente, la pena de muerte, cuando estuvo
vigente en El Salvador, en lugar de favorecer la
administración de justicia la entorpeció. En efecto,
los jurados, en aquellos casos en que se pedía dicha pena,
preferían declarar inocentes a los acusados bien por
compasión de los mismos o de sus familiares, cuando
éstos eran pobres, o bien por temor a una posible venganza,
en el caso de que fueran poderosos. De este modo, personas que, en
otras circunstancias, hubiesen ido a dar a la cárcel durante
muchos años, eran dejadas en libertad.
Sociológicamente no está comprobado que la pena
de muerte tenga un efecto disuasorio. Lo que sí está
comprobado es que todo aquello que deteriora el valor de la vida
incide en el aumento de los niveles sociales de violencia.
Así, la guerra civil recién pasada aumentó
sobremanera el desprecio a la vida. En este contexto, no deja de
ser paradójico que el mismo partido que amnistió a
los criminales de guerra, que en parte son responsables del
menosprecio actual de la vida, generador de tanta violencia, sea
ahora el que proponga la pena de muerte para crímenes
menores que las masacres del pasado y para criminales que con
frecuencia aprendieron a menospreciar la vida militando en
batallones de guerra. Más recientemente, la pena de muerte
aplicada ilegalmente por la sedicente Sombra Negra en San Miguel no
tuvo efecto disuasorio, sino que, al contrario, aumentó el
nivel de la violencia.
Psicológicamente es absurdo pensar que la pena de
muerte disuade a la mayoría de los criminales potenciales.
Muchos de quienes atentan contra la vida humana lo hacen bajo el
influjo del alcohol o las drogas; otros lo hacen por serias
deficiencias psicológicas; otros desde la seguridad de que
sus crímenes quedarán impunes y otros por
reacción compulsiva a situaciones que perciben como
peligrosas para ellos. Esta tipología no agota el espectro
de asesinos potenciales, pero comprende a la mayoría.
Claramente, ninguno de ellos piensa lógicamente antes de
cometer su crimen. Aun concediendo que la pena de muerte pueda
llegar a disuadir a un reducido número de criminales
potenciales, el beneficio es tan pequeño que no compensa los
males que la misma pena genera en cuanto a menospreciar la cultura
de la vida y a embrutecer aún más a los verdugos y a
cuantos contemplan embelesados el espectáculo de la
ejecución de los condenados.
Desde la perspectiva de la justicia, la pena de muerte con
facilidad se vuelve discriminatoria y, por ende, en una injusticia
más. De hecho, los más pobres no cuentan con una
defensa legal que les garantice sus derechos, mientras que quienes
tienen dinero y poder se defienden con mayor rapidez y eficacia.
¿No terminaremos, entonces, condenado a muerte a aquellos que
la
misma sociedad primero marginó, maltrató y
despreció y con ello los impulsó al crimen? ¿Es
justo
que los más débiles y golpeados por la vida al final
queden indefensos ante un sistema judicial tan poco equitativo como
poco ilustrado? ¿Dónde quedarían, entonces, y en
un
caso tan grave como el de la pena de muerte impuesta como castigo,
la igualdad ante la ley y el Estado de derecho?
Siendo el derecho a la vida una garantía constitucional
y la pena de muerte una restricción de tal derecho, la
modificación de la Constitución para legalizar dicha
pena capital constituye un retroceso en la defensa de la vida, una
opción fundamental de nuestra Carta Magna, y una injusticia
para con el pueblo salvadoreño.
Legislativamente, la pena de muerte implica la
legalización de la venganza en contra de un sector social.
En estos momentos, cuando el país concluye la
transición de posguerra es contraproducente que quienes
tienen en sus manos el poder para legislar caigan en la
tentación de legalizar tales actos de venganza social. Es
contradictorio que quienes en los años recién pasados
insistieron en legislar para la reconciliación, ahora hagan
precisamente lo contrario. Además, la aprobación de
la pena de muerte implica la denuncia de varios tratados
internacionales importantes. Ciertamente, El Salvador posee la
soberanía para denunciarlos, pero entonces se
desprestigiará ante la comunidad de naciones,
arrojará serias dudas sobre su capacidad para respetar
tratados internacionales, un presupuesto fundamental de la
globalización, y puede poner en peligro préstamos y
ayudas internacionales.
Desde la perspectiva ética, toda relación humana
y social debe estar orientada a promover prioritariamente el
servicio a la vida. Las prácticas neomaltusianas, el aborto
y el homicidio legalizado son formas diferentes de limitar la vida
humana. La sociedad actual tiene medios suficientes para proteger
la vida, sin necesidad de acudir a otros que más bien la
limitan. Aunque la pena de muerte se presenta como un medio para
proteger la vida de otras personas, teóricamente se
fundamenta en "el ojo por ojo y diente por diente", una idea ya
superada. La ofensa no se restituye imponiendo castigos semejantes
a los daños recibidos sino impulsando al ofensor a la
rehabilitación y a realizar servicios a la comunidad. Y, por
supuesto, recluyéndolo durante un tiempo largo, si el delito
cometido es grave y mientras no dé muestras probadas de su
rehabilitación.
3. La opción cristiana por la vida
Cómo universidad de inspiración cristiana, la
UCA forma parte de una larga tradición opuesta a la pena de
muerte. El evangelio de Juan (8, 3-11), dónde Jesús
salva a una mujer de una muerte segura, marca la primera
posición cristiana ante esta clase de castigos. El pacifismo
con el que Jesús se entrega a la muerte, obligando a Pedro
a guardar la espada desenvainada, demuestra que no creía en
los métodos violentos (Mateo 26, 52-23) La misma Iglesia
católica fue fundada por una persona condenada a muerte
legalmente y cuenta entre sus santos (mártires) a infinidad
de condenados legalmente a una pena de muerte claramente injusta.
Durante los casi 300 años de persecución sangrienta
que sufrió la fe cristiana en sus inicios, la respuesta a
las ofensas fue siempre exigir justicia y dar perdón.
Atenágoras, un padre de la Iglesia del siglo II,
prohibió a los cristiano asistir a los juegos de gladiadores
porque "ver matar está cerca del matar mismo". En el siglo
siguiente, Tertuliano advirtió a los cristianos: "por lo que
se refiere al poder estatal, el siervo de Dios no debe pronunciar
sentencias capitales"'. Y el Concilio de Elvira, a principios del
siglo IV, ordena excluir de la Iglesia durante un año a
aquellos magistrados que diesen penas de muerte.
Aunque es cierto que después de la paz de Constantino,
la Iglesia avaló la pena capital e incluso llegó a
tener, a lo largo de su historia, tribunales que condenaban a
muerte, también es cierto que no dejó de haber
cristianos partidarios de la vida y del perdón. E incluso
esta parcialidad histórica a favor de la pena de muerte se
debió no tanto a razones doctrinales como a la simple
adaptación a la práctica ordinaria del poder
político de su tiempo, en el cual la misma Iglesia
participaba y del cual a veces era detentadora.
En la actualidad, la Iglesia piensa que las sociedades
contemporáneas tienen medios más que suficientes para
evitar el peligro del delincuente sin necesidad de eliminarlo,
dejando la posibilidad de la pena de muerte para casos "muy raros,
por no decir prácticamente inexistentes" (Evangelio de la
vida, 56). Ciertamente, el Catecismo de la Iglesia católica
(1992) tiene menos reparos ante la pena de muerte que la
encíclica de Juan Pablo II el Evangelio de la vida, escrita
posteriormente (1995). De ahí que el Cardenal Ratzinger,
encargado de las cuestiones doctrinales del Vaticano, haya afirmado
tras la publicación de la encíclica que lo que dice
el catecismo sobre la pena de muerte "tendrá que ser
escrito de nuevo a la luz de la Evangelium Vitae".
Pero mucho más allá de la posición de la
Iglesia, todo cristiano, urgido por el espíritu de
Jesús, tiene derecho a luchar por la abolición total
de la pena de muerte. El mismo Juan Pablo II considera como "un
signo de esperanza" la "aversión cada vez más
difundida en la opinión pública a la pena de muerte"
(Evangelio de la vida, 27).
Con frecuencia se argumenta que es muy fácil defender
la abolición de la pena de muerte desde posiciones
académicas, pero que quien está en contacto con el
pueblo y conoce sus sufrimientos, reacciona de manera diferente. No
está de más recordar a este respecto que la UCA
sufrió en carne propia asesinatos y múltiples
violaciones de los derechos de varios miembros de su comunidad.
Pese a ello, nunca ha pedido la pena de muerte para sus
perpetradores. Al contrario, tras los asesinatos del 16 de no-
viembre de 1989, cuyo séptimo aniversario nos preparamos a
conmemorar, la universidad pidió indultar a los dos
únicos oficiales militares que el sistema judicial
logró meter en la cárcel porque ambos habían
confesado su culpa y porque los demás estaban en libertad.
La UCA sabe, pues, de lo que habla cuando se pronuncia en contra de
la pena de muerte.
En consecuencia, la universidad seguirá trabajando para
abolir totalmente la pena de muerte en la legislación
salvadoreña. A ello la lleva su vocación cristiana,
su espíritu ciudadano y la convicción de que la pena
de muerte no es otra cosa que una manifestación más
de la cultura de la violencia que queremos y debemos superar
construyendo otra de paz y solidaridad.
San Salvador, 24 de septiembre de 1996.
Junta de Directores
PLAN CONTRA DELINCUENCIA. El Presidente de la República,
Armando Calderón Sol, dio por iniciado el 30.09 el "Plan
Nacional contra la delincuencia", que prevé, entre otras
medidas, un mayor reforzamiento de varios planes de seguridad, e
hizo un llamado a la población para que colabore en esta
cruzada contra la delincuencia. Calderón Sol expresó
que reforzarán y ampliarán el "Plan Guardián",
por lo que en los próximos días aumentará el
número de fectivos de la Fuerza Armada que saldrá a
las calles y que colaborarán con los agentes de la PNC. El
mandatario no precisó el número de efectivos que
colaborarán en el plan, pero aseguró que los recursos
de la Fuerza Armada serán utilizados por la policía.
"Será un plan a nivel nacional, porque esperamos llegar
hasta el último cantón, caserío, a los
pueblitos remotos", dijo Calderón Sol, quien aclaró
que serán los efectivos de la PNC los únicos que
podrán capturar personas y remitirlos a los tribunales de
justicia. Por otra parte, el mandatario reiteró que las
"juntas de vecinos" desaparecerán, pues las mismas no deben
existir paralelas al Ministerio de Seguridad Pública, ya que
no son "convenientes" para el futuro de la seguridad pública
y el proceso democrático que vive el país. El
Presidente manifestó que este tipo de estructuras "nacen
bien, pero la dinámica las hace terminar mal"; prueba de
ello, dijo, es el "pasado inmediato que vivió El Salvador"
(DH 28.09 p.3 y LPG 01.10 p.3-A).
RATIFICAN A SALGUERO GROSS. En Asamblea General Ordinaria de|ARENA,
celebrada el 29.09 en un hotel capitalino, fueron confirmados en la
presidencia y vicepresidencia del Consejo Ejecutivo Nacional
(COENA), Mercedes Gloria Salguero Gross y Carmen Elena
Calderón de Escalón, respectivamente, mientras que
Walter Araujo fue ratificado en la secretaría de actas y
acuerdos. La diputada presidenta y sus homólogos
incorporados al COENA se comprometieron a continuar trabajando por
los intereses del partido, específicamente con lo relativo
a la campaña "Victoria Mayor 97", así como
también se comprometieron a darle trámite a las
conclusiones y recomendaciones surgidas en el Tercer Congreso
Nacionalista, llevado a cabo el 27 y 28 de septiembre. Al mismo
tiempo, los asistentes a la Asamblea decidieron agregar un inciso
a los estatutos del partido que busca readecuar las funciones de
los miembros del COENA, así como un inciso que inhibe al
presidente del mismo a ser candidato a la presidencia de la
República. Mientras tanto, paralelamente a la Asamblea, unos
200 simpatizantes de Víctor Antonio Cornejo Arango,
incluyendo ex funcionarios y alcaldes se concentraron en las
afueras del Hotel El Salvador, donde ésta se realizaba, para
exigir su ingreso al COENA denunciando no haber sido invitados a
participar del evento. Los manifestantes, que portaban distintivos
de ARENA, señalaron sus discrepancias con los directivos del
partido, quienes "se han olvidado de los ideales dejados por el
fundador de la institución, el mayor Roberto D'Abuisson"
(LPG 30.09 pp.4 y 5-a y DH 30.09 pp.12 y 13).