UCA

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Semanario Proceso

© 1996 UCA Editores


 



año 17

número 728



octubre 2

     1996



ISSN 0259-9864





ARENA es fiesta y diversión

El Salvador: 115 en el Informe de Desarrollo Humano del PNUD

Algunas reflexiones sobre la educación

La coyuntura actual en Guatemala

La defensa de los derechos humanos, ahora

La Diócesis de Chalatenango dice sí a la vida no a la

pena de muerte

Pronunciamiento: "A favor de la vida y en contra de la pena de

muerte"







                 ARENA es fiesta y diversión



     Con mucha fiesta y algarabía, el gobierno

celebró los 450 años que tiene San Salvador de llevar

el título de ciudad. Al igual que en la celebración

de la independencia, la organización y realización

del evento tuvo un inocultable sello oficial, con el patrioterismo

y la demagogia a los que son tan proclives los funcionarios

gubernamentales y el propio Presidente de la República. Por

lo demás, el momento preelectoral que vive el país

hace posible que cualquier celebración nacional se convierta

en un espacio propicio para que ARENA no sólo apele a un

nacionalismo ramplón, sin raíces y hueco, sino que

haga propaganda política, utilizando los referentes de

nación que tiene El Salvador en función de sus

particulares intereses partidarios. Pero no sólo eso: ARENA

busca identificarse con esos referentes, es decir, quiere hacer

sentir que los intereses del país son sus intereses, y que

no existe forma de conquistar aquéllos al margen de

éstos.



     ARENA y el gobierno le apuestan al ritual; le apuestan al

poder de la imagen. No importa qué tan vacío o

retórico sea el discurso que se propaga por la radio y la

televisión, pues el público -esa es su apuesta- pone

más atención a la música, a las bandas de

guerra y a las cachiporristas que al contenido de lo que dicen los

funcionarios de gobierno. ARENA y el gobierno parecen estar

convencidos de que el populus, para ser feliz, lo único que

reclama es "pan y circo"; por consiguiente, de lo que se trata es

de adornarse con los mejores recursos circences y llenar de

felicidad a la gente.



     Colorido, piernas y la macarena: así se resume la

receta de ARENA y el gobierno para conquistar a la sociedad.

¿Y los problemas de fondo? ¿Y la severa crisis que

atraviesa ARENA? ¿Y el deterioro ecológico no

sólo de San Salvador, sino del resto del país?

¿Y el crecimiento desordenado de la capital, el irresuelto

problema del tráfico vehicular y la escasez de agua potable?

Pues sobre estos y otros problemas los políticos de derecha

suelen decir cualquier cosa, aunque lo mejor para ellos sea no

decir nada. La celebración de la independencia fue un buen

ejemplo de lo vacío de los discursos oficiales sobre el

sentido que debería poseer la conmemoración de la

gesta independencista. La celebración que siguió a

ésta, la de los 450 años de la ciudad de San

Salvador, no fue menos significativa en orden a lo que apuntamos:

la apología de San Salvador hecha por el Presidente

Calderón Sol fue solamente eso, una apología sin

asidero en la realidad.



     Si el quince de septiembre se perdió la oportunidad

para reflexionar sobre lo que significa la pertenencia a una

nación y sobre los desafíos que hay que sortear para

su construcción, en la celebración de los 450

años se perdió la oportunidad de discutir a fondo los

problemas de San Salvador como una ciudad que se aleja cada vez

más de lo que puede considerarse un hábitat humano,

por la polución, el caos en su crecimiento y la

delincuencia.



     Con todo, en ambos eventos no faltó la fiesta y la

alegría. Había que sumarse a las celebraciones con la

mejor disposición para disfrutar, no para cuestionar o

plantear preguntas difíciles. Poner en cuestión la

algarabía y la fiesta como cosas superficiales era no

compartir el espíritu nacionalista irradiado desde los

círculos de la derecha. Si hay fiesta y diversión,

¿por qué se van a tocar temas de discusión

aburridos que a nadie le interesan? Claro está, los

discursos de rigor no podían faltar, pero en ellos daba

igual que se dijera cualquier cosa; unas palabras grandilocuentes,

unas frases patrioteras sin sentido y un fingido nacionalismo: todo

ello es suficiente como relleno para la música, las marchas

y el colorido, que son lo más importante de cada

celebración convocada por la derecha, incluso de las

realizadas para discutir su propio futuro político.



     En efecto, ARENA realizó su último congreso en

el contexto de una de sus peores crisis internas. Nunca como antes

su unidad interna estuvo más en cuestión; nunca como

antes su liderazgo fue más desacreditado desde dentro y

fuera del partido. Sin embargo, ello no fue óbice para que

lo que -según algunos analistas- iba a marcar el arribo a la

dirección del partido del sector más derechista del

partido, con la subsecuente depuración del sector más

"moderado", perdiera su tinte de fiesta. Al ritmo de la macarena,

hasta los rostros más serios se transformaron en caras

sonrientes, y las palmas y el contoneo no se hicieron esperar ante

la popular melodía. Afuera del hotel donde se

discutía el futuro del partido, los disidentes -encabezados

por el "maneque" Víctor Antonio Cornejo Arango- se

esforzaban por deslegitimar la reunión arenera y

también por ser admitidos en la fiesta.



     No está claro cómo el congreso de ARENA va a

contribuir a resolver los problemas del partido. Quizás eso

es lo de menos, cuando lo prioritario es convencer a la sociedad de

que en ARENA todo es paz, tranquilidad y armonía, al punto

de que sus miembros son capaces de bailar y cantar tonadas de moda

-con el inevitable cambio de letra en las canciones- sin complejos

ni resistencias de ninguna especie. Cuando los demás

insisten en ser aburridos, en ventilar públicamente, con

ardor y pecando de serios, sus diferencias políticas, en

ARENA se busca a toda costa la fiesta, el jolgorio y el ruido.

Pareciera que en ARENA la seriedad es un enemigo al que hay que

conjurar; pareciera que las caras largas y preocupadas no tiene

cabida -pese a que cada vez se hacen más frecuentes entre

sus dirigentes- en un partido que se concibe a sí mismo como

un gran anfitrión de carnavales políticos.



     La pregunta es hasta cuándo le va a durar la fiesta a

ARENA. Como lo muestra la crisis reciente, al partido cada vez le

cuesta más ocultar los problemas de fondo -los del

país y los suyos propios- con banderines de colores, cumbias

y ritmos pegajosos. No faltan quienes se interesen por el contenido

de los discursos de sus líderes y haga ver lo hueco y

vacío de los mismos. No faltan los críticos de los

discursos retóricos y las promesas incumplidas. ARENA debe

dejar de creer que la sociedad salvadoreña puede ser

engolosinada al antojo de sus dirigentes, sin que importen las
propuestas y las soluciones de fondo a los graves problemas del

país. El Salvador no es un circo, donde lo que cuenta es la

capacidad de gustar y divertir, ni necesita de buenos anfitriones,

sino de instituciones políticas que ofrezcan proyectos

viables de democratización social y política.





    El Salvador: 115 en el Informe de Desarrollo Humano del PNUD



     Recientemente fue presentado el último Informe sobre el

Desarrollo Humano (IDH), elaborado por el Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD). En el mismo, nuevamente, El

Salvador aparece en un nada envidiable lugar 115 de un total de 174

países. Este informe presenta una visión alternativa

a los indicadores económicos para evaluar el nivel de

desarrollo de los países, pues el Indice de Desarrollo

Humano considera no solamente el ingreso per cápita de un

país, sino también la situación del acceso a

la educación y la salud, última de las cuales se

refleja en la esperanza de vida. Para el PNUD la situación

ideal que sirve de parámetro para evaluar el desarrollo

humano es una donde exista una esperanza de vida de 85 años,

acceso a la educación para todos y un ingreso anual cercano

a los U$5,120 dólares.



     El IDH ofrece importantes pistas para evaluar el nivel de

desarrollo del país, aunque de acuerdo al Presidente de la

República, Armando Calderón Sol, el informe es

"injusto", pues no considera todos los avances alcanzados en

materia de desarrollo durante los últimos años. Al

margen de estas valoraciones no puede negarse que este informe es

una alternativa de evaluación  económica y social que

trasciende las meras valoraciones del ámbito

macroeconómico. En oposición a informes de empresas

calificadoras de riesgos financieros que catalogan al país

como "seguro" para la inversión (Proceso, 726), el IDH

considera la evolución de las condiciones sociales para

evaluar el nivel de desarrollo de cada nación.



     Uno de los principales aspectos del informe es el

señalamiento de que muchos países, incluido El

Salvador, experimentan un nuevo fenómeno: crecimiento

económico sin mejorías de las condiciones de vida;

ello quiere decir, específicamente, que presentan los mismos

niveles de ingreso reportados para la década de 1970.

Algunas conclusiones generales del informe son las siguientes: "el

crecimiento económico no crea empleos en forma

automática"; "pueden aumentar los empleos incluso cuando se

reduce el ingreso per cápita. En esos países de

'empleos sin crecimiento', se multiplican los empleos con salarios

bajos y de escasa productividad, de manera que la gente trabaja

más por menos."



     En las siguientes líneas se busca contextualizar la

aparente "bonanza" macroeconómica de El Salvador, pregonada

incluso por importantes instituciones internacionales como el Banco

Mundial, integrando los datos aportados por el más reciente

IDH, especialmente en lo que toca al crecimiento sin desarrollo

humano y a la evolución del ingreso per cápita.



     En términos generales, entre 1995 y 1996 El Salvador no

avanzó ni retrocedió en la clasificación de

desarrollo humano, pues se mantuvo en la misma posición: la

115. Sin embargo, si consideramos que para 1994 la posición

ocupada por El Salvador era la 112 es evidente que desde entonces

se ha suscitado una notable caída en el nivel de desarrollo

humano. El Salvador se encuentra así cada vez más

cerca de ser clasificado como una nación con un desarrollo

humano bajo, e incluso se considera menos desarrollado que otros

países centroamericanos como Costa Rica, Guatemala y

Honduras que ocupan los lugares 31, 112 y 114 dentro de la

clasificación del IDH.



     Aparte de lo anterior, llama la atención que el nuevo

aporte presentado por el Informe sobre del Desarrollo Humano es la

inclusión de una clasificación de los distintos tipos

de crecimiento: sin empleo, despiadado, sin voz, sin raíces

y sin futuro. Todos los tipos de crecimiento anteriormente

mencionados entrañan contradicciones que no permiten que el

crecimiento económico se traduzca en mayor desarrollo

humano.



     En El Salvador, desde 1990 se ha experimentado un proceso

sostenido de fuerte crecimiento económico, el cual, sin

embargo, no se ha traducido en mejorías de las condiciones

de vida. Desde 1990 a 1995 el Producto Interno Bruto ha crecido en

un total de 34.4%, mientras que, por el otro lado, los IDH reflejan

una caída de El Salvador en la clasificación de

países según su desarrollo humano.



     El tipo de crecimiento experimentado en El Salvador ha estado

basado en sectores económicos como el comercio, la

construcción y el sector financiero; lo cual ha restado

protagonismo a los sectores agropecuario e industrial. El empleo

generado han sido en realidad de "empleos sin crecimiento" en los

cuales la "gente trabaja más por menos" (recuérdese

por ejemplo el caso de la maquila textil). El salario mínimo

nominal, aunque ha experimentado incrementos anuales continua

siendo totalmente insuficiente para cubrir el costo de la canasta

básica.



     El crecimiento económico tampoco ha permitido que el

Estado oriente mayores recursos para el área social. Aunque

en la práctica se ha logrado incrementar la

recaudación tributaria con impuestos que afectan las

mayorías de bajos ingresos, como el IVA, no se ha

incrementado la proporción del gasto público

destinado a la educación y la salud. Así, el acceso

a estos dos derechos humanos no ha experimentado ninguna

mejoría, pues no ha logrado aumentar su participación

dentro del total del Presupuesto General de la Nación. Por

ejemplo, en 1990 el gasto total en educación y salud

representó un 25.49% del total de presupuesto de la

nación, mientras que en 1995 representó sólo

un 23.83% del mismo.



     Otro indicador de la situación de El Salvador revelado

por el IDH es que presenta los mismos niveles de ingreso per

cápita de la década de 1970; lo cual implica que pese

al crecimiento experimentado durante esa década, parte de la

de los 80 y lo que va de la de los 90, el ritmo de crecimiento de

la producción continua siendo menor que el correspondiente

a la población. Cabe señalar a este punto que al

considerar el ingreso per cápita también es

pertinente considerar la situación de la distribución

del ingreso al interior de los países. Aún y cuando

un país obtenga un ingreso per cápita anual de

U$5,120, la distribución del ingreso podría

determinar que la mayoría de la población en realidad

percibiera sólo una pequeña fracción de ese

ingreso, mientras una minoría percibiría mucho

más de U$5,120.



     En el caso de El Salvador el hecho de que se perciban los

mismos niveles de ingreso de los 70 se agrava por la tendencia

hacia la concentración del ingreso. De acuerdo a los

últimos datos disponibles de las Encuestas de Hogares de

Propósitos Múltiples sobre distribución del

ingreso, para 1992 se habría reportado un deterioro de los

ingresos del 10% de la población con menores ingresos y un

estancamiento en el ingreso del siguiente 10% de hogares; en

contrapartida el 10% de los hogares que perciben los mayores

ingresos vieron incrementarse sus ingresos totales. La Matriz

Insumo Producto de 1990 inclusive revela que las remuneraciones de

los trabajadores apenas representan un 30.5% del valor agregado,

mientras que las ganancias empresariales representan un 59.1%.



     Aunque la posición de El Salvador no ha variado

sustancialmente entre los IDH de 1995 y 1996, es evidente que se

encuentra en una situación más difícil que los

demás países centroamericanos, excluyendo Nicaragua.

El crecimiento económico observado en El Salvador se ha

caracterizado por facilitar que los ricos se vuelvan más

ricos sin que los pobres mejoren su situación, por impedir

una mayor democratización y potenciación del papel de

la mayoría de la población y por despilfarrar los

recursos que serán necesarios para las generaciones futuras.

Asimismo, además de un estancamiento del ingreso per

cápita a los niveles de los 70, existe un retroceso en el

gasto público en educación y salud que también

han perjudicado el desarrollo humano.



     Este panorama muestra claramente que la liberalización

y crecimiento de la economía no necesariamente son

sinónimo de mayor desarrollo humano. El vínculo entre

crecimiento y desarrollo no es automático, por lo cual

requiere de una fuerte y decidida intervención del Estado.



     Para impulsar procesos de desarrollo humano en El Salvador es

necesario que el Estado tome con mayor seriedad la necesidad de

reforzar los presupuestos de educación y salud y que

además facilite la desconcentración en la

distribución del ingreso. Sin embargo, la realidad muestra

que estas no son parte de las prioridades del plan de desarrollo

del actual gobierno ni de ningún otro de corte neoliberal,

por lo cual podría esperarse que, al menos en el corto

plazo, el crecimiento económico continúe negando la

posibilidad del desarrollo humano.  







          Algunas reflexiones sobre la educación



     El tema de la calidad y objetivos de la educación ha

cobrado especial importancia en las agendas de discusión

durante los últimos años. Tanto académicos

como empresarios se han dado a la tarea de reflexionar, de manera

abierta y pública, sobre la importancia de la

educación para la reconstrucción y

modernización de la sociedad.



     Por parte de los empresarios, una de las propuestas más

claras y publicitadas ha sido la expresada en el Manifiesto de la

ANEP. En el documento empresarial se afirma que la educación

es una de las condiciones ineludibles para sacar avante al

país en el actual contexto de globalización y

apertura de los mercados. Por ello, la educación es vista

por los empresarios, al menos los que respaldan el manifiesto, no

como una necesidad en sí misma relevante, sino importante en

cuanto vicaria del papel asignado a El Salvador en el sistema

económico mundial: el de aportar mano de obra eficiente en

la manufactura y las labores técnicas. En consecuencia, la

educación buscarían formar rápidamente -el

nivel universitario quedaría restringido para unos cuantos

"privilegiados"- mano de obra calificada y sujetos capaces de saber

reorientar constantemente los procesos laborales para potenciar la

producción. La educación, así definida,

buscaría generar, pues, obreros cuantitativamente

útiles para las cadenas de producción y

administradores de empresas ingenierilmente capaces de hacerlas

obtener altos rendimientos.



     En lo que respecta al sector oficial, el Ministerio de

Educación ha emprendido un amplio y ambicioso plan de

modernización del sistema educativo del país, el cual

buscaría saldar los huecos y deficiencias que han

caracterizado a la educación salvadoreña durante

mucho tiempo. La aprobación y puesta en marcha del decreto

de legalización de las carreras universitarias, de la Ley de

la Carrera Docente, de los programas de Escuela Saludable y de la

reducción de los bachilleratos, serían sólo

algunos muestras del empeño puesto en ello y de la voluntad

de hacer reales las promesas de un cambio estructural que

buscaría "promover la educación nacional como

instrumento que facilite el pleno desenvolvimiento de la

personalidad de los educandos y el desarrollo social y

económico del país". Como es evidente, el proceso de

reforma educativa buscaría lograr una transformación

integral del sistema; la optimización de la educación

recibida por los estudiantes iría entonces acompañada

por una profesionalización y control de los docentes y por

una mejora cualitativa de los elementos que median entre ellos: las

instituciones físicas, los programas y libros de estudio,

entre otros.



     Como es posible observar, el concepto de educación que

rige ambas propuestas es disímil. En la primera, la

educación está supeditada a los condicionantes que

impone el papel que a El Salvador le asignan los empresarios; se

privilegia por ello la tecnificación sobre la creatividad,

la disciplina y obediencia sobre la libre determinación y el

ejercicio del pensamiento desde las propias pautas. En la propuesta

del Ministerio de Educación, se aboga, en cambio, por una

enseñanza que al menos formalmente intentaría

acentuar la cualidad del conocimiento impartido sobre la cantidad,

la integridad sobre la especialización y la excesiva

tecnificación. Ciertamente, y para suerte de los educandos,

es este último modelo el que se impulsa y no el primero.

Pero si se considera que en el actual contexto, en el cual rige la

religión del capital, existe una fuerte tendencia que hace

que las exigencias pragmáticas del sistema se impongan sobre

las necesidades reales humanizadoras de los individuos y de las

instituciones, no sería descabellado esperar que las

propuestas emanadas del sector empresarial, que en muchos sentidos

son apoyadas y compartidas por la mayor parte de los miembros del

partido oficial, terminarán filtrándose y

corrompiendo las intenciones y objetivos originales del plan de la

reforma educativa. En este sentido se vuelve imperativo que el

Ministerio de Educación siga guardando la relativa

independencia que hasta la fecha ha mantenido de las líneas

ideológicas proempresariales de los funcionarios areneros.



     Por otra parte, es de hacer observar que aun cuando la reforma

educativa parece marchar viento en popa es perentorio que la Ley de

la Carrera Docente -que busca regular y ordenar el ejercicio de la

docencia en aras de elevar la calidad educativa-, uno de los puntos

medulares de la reforma, sea aplicada con todo el rigor posible. Si

por algo la educación en el país es deficiente,

además de las obvias limitaciones en material educativo y de

las pésimas condiciones físicas de los lugares donde

se imparte la enseñanza, es por el escaso control sobre los

cuerpos docentes, tanto de las instituciones públicas como

privadas. Hasta la fecha, la mayoría de profesores,

especialmente de educación primaria y media, aunque sin

excluir los niveles superiores y universitarios, se han

caracterizados por dos cosas: la primera, un escaso y superficial

conocimiento de las materias que imparten; acentuado por el hecho

de que un profesor es designado para impartir diferentes materias,

en ocasiones sin relación entre sí, año con

año; la segunda, el que utilizan su papel como figuras de

autoridad ante sus alumnos para solventar las necesidades

psicológicas de ser respetados y admirados; respeto y

admiración no derivados de sus capacidades y virtudes, sino

impuestos por la vía de la coerción y la

humillación del educando. Estas dos características

no sólo han castrado el desarrollo intelectual de muchos

niños y adolescentes, sino también marcado

definitivamente su salud y equilibrio psicológico. En la

medida en que los aspectos formales de la reforma sepan ser

llevados a la realidad eliminando tanto éste como otros

vicios, en esa misma medida la educación ira saliendo de la

mediocridad en que todavía se encuentra inmersa. 







          La coyuntura actual en Guatemala



     Luego de cuatro meses de un intenso diálogo-

negociación entre el gobierno de Alvaro Arzú y la

Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), las

delegaciones de ambas partes, reunidas en México, trataron,

el 16 de septiembre, los últimos aspectos del acuerdo sobre

el "Fortalecimiento del Poder Civil y el Papel del Ejército

en una Sociedad Democrática". Dicho acuerdo fue firmado el

19 de este mes por los comandantes guerrilleros: Pablo Monsanto,

Gaspar Ilóm, Carlos González, Rolando Morán;

y por los funcionarios del gobierno: Gustavo Porras, Richard

Aitkenhead, Raquel Zelaya, el general Otto Pérez y el

coronel Morris de León. El documento es el último

referido a temas sustantivos del proceso que culminará este

año con la firma de un tratado definitivo para establecer la

paz en Guatemala.



     En esos mismos días se conoció que varios

militares fueron arrestados, entre ellos, el Viceministro de

Defensa, César Augusto García, y Francisco Ortega

Menaldo, destacado en el Cuartel General de las Fuerzas Armadas,

ambos generales; el coronel Mario Roberto Catalán y el

teniente coronel Juan Oliva Carrera (vinculados con el asesinato de

la antropóloga guatemalteca Mirna Mack, en septiembre de

1991); los coroneles Rolando Díaz y Jacobo Salám

Sánchez; el capitán Romero Guevara y los mayores Luis

Arturo Alvarado y Napoleón Rojas. El Ministro del Interior,

Rodolfo Mendoza, reveló que, junto a los militares, fueron

separados de sus funciones el tercer jefe e Inspector General de la

Guardia de Hacienda, Israel Bonilla; el Inspector General de la

Policía Nacional, Basilio Hernández; el jefe del

Centro de Operaciones Conjuntas de la Policía,

Amílcar Barrientos; y el cuarto jefe del Cuerpo Motorizado,

Sergio de Paz. Todos los sujetos antes mencionados fueron detenidos

por su supuesto vinculación criminal con el capo del

contrabando Alfredo Moreno.      



Logros alcanzados

     Es importante señalar que el acuerdo sobre el

"Fortalecimiento de la Sociedad Civil y el Papel del

Ejército en una Sociedad Democrática" supone

profundas reformas en Guatemala, entre ellas: la

constitución de un órgano policial único,

multiétnico y pluricultural, bajo la dirección del

Ministerio de Gobernación; el establecimiento de la carrera

policial y la formación de los agentes a través de la

Academia de Policía; la reducción de los efectivos

del ejército durante 1997 en un 33%, acompañado de

una educción del 33% en el presupuesto militar; la

desmovilización, en un año, de la Policía

Militar Ambulante, a partir de la firma del Acuerdo de Paz; la

disolución por el Congreso de los comités voluntarios

de defensa civil; la creación de un Consejo Asesor de

Seguridad integrado por personalidades de la vida económica,

social, profesional, académica, étnica,

política y cultural, seleccionadas por el Presidente de la

República; la promulgación de la reforma del

Código Penal que tome en cuenta las diferencias culturales

y garantice plenamente los derechos humanos; y, finalmente, el

establecimiento de una carrera judicial.



     Con respecto a los acuerdos alcanzados, las reacciones de los

principales líderes de las partes en conflicto no se

hicieron esperar. El Presidente Arzú afirmó que

"después de años tan dolorosos, la victoria debe ser

para Guatemala... o con Guatemala o contra ella". Asimismo,

felicitó a las partes por este nuevo logro en las

negociaciones, expresando que Guatemala necesita en este momento

del esfuerzo de todos sus hijos para realizar tareas que permitan

la unidad nacional. Por ello -sostuvo Arzú-, "tenemos la

gran oportunidad y la obligación de conjuntar

energías, que es el factor clave de nuestro tiempo". Tales

declaraciones fueron realizadas el mismo día en que se

firmó el acuerdo. De manera similar el comandante Gaspar

Ilóm opinó que la firma del nuevo acuerdo abarca

todos los aspectos que debe contener el fortalecimiento del poder

civil y una definición muy clara y ecuánime sobre el

papel del ejército en una sociedad democrática.

Añadiendo que "estamos frente a un instrumento para la

sociedad guatemalteca que nos va permitir construir una democracia

real y plena"

     El Presidente Arzú también hizo algunas

declaraciones sobre el caso de los militares detenidos, en las que

destacó que el arresto "no quiere decir que nosotros no

tengamos temor, yo tengo temor de las represalias de esta

acción, probablemente no ahora sino cuando pase el mandato

y poder al sucesor". El mandatario además comentó que

la detención de los militares no la realizaron los gobiernos

anteriores por temor a venganzas, pese a que sus operaciones eran

conocidas en toda Guatemala.



     Por su parte, el Subjefe del Departamento de

Información y Divulgación del Ejército (DIDE),

coronel Edgar Noe Palacios, declaró que los militares

señalados en el caso Moreno solamente fueron

sustituídos de sus cargos y no dados de baja de la

Institución Armada. El Alto mando del Ejército

descartó "desde todo punto de vista" que se produzca un

intento de golpe de Estado, ya que se han tomado las acciones

pertinentes, según aseguró el mismo Palacios.

Agregó que una reacción de este tipo no favorece el

Estado de Derecho que vive Guatemala y el proceso de paz que llevan

a cabo el Gobierno y la URNG, aunque "podría haber un rumor

por ahí, pero definitivamente el Ejército de

Guatemala descarta este tipo de reacción".



     Por su parte, el comandante Gaspar Ilóm afirmó

que todo esfuerzo por desterrar la impunidad en Guatemala es

importante, y que las medidas que tomó el Presidente

Arzú en el caso Moreno van en esa dirección, siendo

ello un paso más para construir un real Estado de Derecho.



                                             



Consideraciones

     Indudablemente, el acuerdo alcanzado en Guatemala establece

las bases fundamentales para la democratización y

desmilitarización del Estado, y permite avanzar hacia un

mayor fortalecimiento de los poderes civiles, tradicionalmente

marginados  de la conducción del país. En efecto,

durante las tres décadas que ha durado la guerra quienes han

decidido por donde debía caminar el país ha sido el

estamento militar, con la subsiguiente militarización de la

sociedad. Así, lo característico de Guatemala fue que

su territorio se viese  inundado de hombres armados pertenecientes

no sólo al ejército institucional, sino

también a cuerpos paramilitares, por ejemplo las llamadas

Patrullas de Autodefensa Civil. En consecuencia, la

población civil se involucró directamente en el

conflicto y que formó una actitud militarista en la

conciencia colectiva; y ello se convirtió en un

obstáculo para la construcción de una sociedad

democrática. Ahora es cuando se abre una oportunidad

histórica para la generación de una cultura de paz

que promueva la convivencia con los demás a partir de la

tolerancia y el respeto mutuo.



     El fin del militarismo, pues, está cerca en Guatemala.

Con los avances en e proceso de diálogo-negociación,

se abre una gran oportunidad para que las instituciones civiles

encargadas de velar por los derechos humanos puedan tener un mayor

reconocimiento. Con ello se estarían sentando las bases para

poner fin a un largo camino de impunidad. El documento firmado en

México compromete al ejército a ocupar el puesto que

está estipulado en la Constitución, y el cual le

prescribe como misión la defensa de la soberanía y el

territorio de Guatemala. Resta esperar que los acuerdos alcanzados

se ejecuten como es debido y que la reconstrucción y el

bienestar de esa país avance con paso firme.



     Finalmente, hay que calificar la detención de figuras

militares relacionadas con el caso Moreno como un hecho sin

precedentes en Guatemala. Y tal medida puede tener repercusiones en

las filas militares, empresariales y la administración

pública en general, pues apunta a erradicar el temor que

despiertan los militares en los círculos civiles. El mismo

Presidente Arzú ha reconocido que medidas como la efectuada

por su gobierno implican un riesgo bastante grande. Ello demuestra

que se ha optado por el camino difícil, peligroso, pero, a

la vez, el único que puede provocar cambios ya necesarios en

las estructuras de poder de en Guatemala.                   





      La defensa de los derechos humanos, ahora



     Por las tres razones que en seguida aparecerán, este es

un tema que por obligación debe abordarse. La primera: entre

el miércoles 19 y el sábado 21 de septiembre, un

grupo de personas dedicadas a proteger los derechos humanos en

Centroamérica y otros sitios de América Latina se

reunió en Guatemala, con el objeto de discutir sobre los

diversos mecanismos e iniciativas tendientes a garantizar la

seguridad de quienes trabajan en este campo. La segunda: la

necesidad de aclarar cuál es el verdadero papel de aquellas

y aquellos que defienden y promueven los derechos y las libertades

fundamentales de la persona humana, frente a la errada y

quizás malsana posición que pretende ubicarlas como

elementos que coadyuvan al incremento de la delincuencia o son

responsables del mismo. Y la última: el hecho de haberse

realizado en nuestro país, recientemente, el segundo

encuentro internacional de Ombudsman. Comentemos, pues, una por

una.



     La iniciativa fue de Amnistía Internacional (AI). Esta

institución convocó a un primer gran encuentro que se

realizó en Santa Fe de Bogotá, Colombia, durante el

mes de mayo del año en curso. "La brecha en el muro del

silencio" se denominó la conferencia que,

básicamente, tenía por objeto: elaborar una

declaración de principios que reconociera, legitimara y

facilitara el rol, los derechos y la protección de las y los

defensores de los derechos humanos; formular recomendaciones para

un plan de acción concreto, viable y práctico a fin

de lograr mejores y más eficaces niveles de

protección para estas personas; finalmente, garantizar el

seguimiento de  dicho plan de acción.



     La declaración se hizo y ya fue publicada en la

región (Proceso, 715) y el mundo; además, surgieron

cuatro grupos de recomendaciones para elaborar el plan: las

relativas a mecanismos legales y organismos intergubernamentales,

las relacionadas con la protección inmediata del defensor en

peligro, las que se refieren a la publicidad de la defensa de los

derechos humanos y las que tienen que ver con la cooperación

entre organizaciones  no gubernamentales. Guatemala, entonces, fue

el lugar donde se dio el siguiente paso en este proceso: tomar las

recomendaciones más importantes, por su urgencia y

viabilidad, para revisar --con un grupo reducido de personas

involucradas en la temática-- las bases de lo que pretende

ser ese plan de acción. Para tal fin, a la reunión de

septiembre en el vecino país sus participantes llegaron con

una propuesta que previamente había distribuido AI.



     Cabe dejar constancia del por qué esta

organización se ha interesado tanto en la

problemática e insiste en facilitar las condiciones para

enfrentarla de manera eficaz: es parte fundamental de su lucha

contra la impunidad y una de las maneras de dar respuesta a las

violaciones a los derechos humanos en la región, para lo

cual se propone contribuir al establecimiento de agendas que

contemplen el funcionamiento de los mecanismos de Estado y el

fortalecimiento de sociedad civil.



     De esta forma, nos encontramos ante un cambio de actitud por

parte de AI, ya que ésta --a  lo largo de su existencia--

siempre se caracterizó por trabajar aislada, sin mezclarse

con otras organizaciones regionales o locales. Así, pues,

ahora Amnistía Internacional ha comenzado a devolver lo que

durante años recibió de las y los latinoamericanos

que en las épocas más duras de la violencia

política y bélica de las pasadas décadas,

enfrentando el riesgo cierto de convertirse en víctimas de

esa realidad, alimentaron valientemente la denuncia de esa

prestigiada organización internacional con datos recogidos

y verificados en el terreno.



     Al finalizar el evento en Guatemala, se concluyó sobre

la necesidad de garantizar que el plan de acción contemple

el fortalecimiento del movimiento de derechos humanos, la

creación y ejecución de mecanismos prácticos

de protección para las personas que lo integran, y la

coordinación de iniciativas conjuntas de cabildeo a

realizarse dentro de las organizaciones intergubernamentales. Es

válido destacar el énfasis que se dio a la necesidad

de estar alertas para atender la situación de  las y los

defensores forzados a abandonar sus países. De igual forma,

resulta importante destacar el interés por dinamizar la red

de miembros de AI que atienden de forma específica este tipo

de casos y la necesidad de profundizar el trabajo de

acompañamiento internacional "in situ" para las personas

amenazadas, como uno de los mecanismos más efectivos que

pueden garantizar mejor su seguridad y la continuidad de su

trabajo.



     Ante todas estas preocupaciones y esfuerzos que se hacen desde

Amnistía Internacional y las organizaciones regionales o

locales que se han sumado, no faltara quién se haga algunas

preguntas: ¿qué no han cambiado las cosas en

América Latina? ¿qué no se superó ya la

época de las dictaduras y se democratizó la

región? ¿por qué se habla ahora del peligro que

corren las personas que defienden y promueven los derechos humanos?

Es más, ¿por qué siguen existiendo estos grupos?



     La respuesta a esas interrogantes nos remite,

irremediablemente, a la segunda de las razones que motivaron la

presente reflexión. En nuestra región han cambiado

algunas cosas, pero eso no quiere decir que el nivel del respeto a

los derechos humanos sea siquiera aceptable. Existen diferencias

entre unos países y otros, pero la realidad global nos

muestra que aún estamos muy lejos de garantizar a la

mayoría de sus habitantes una vida digna: la inseguridad

personal y económica se pasea por estas tierras y aún

no se logra superar en ellas la impunidad y el autoritarismo que,

en muchos casos, se visten con nuevos ropajes. Conformarse ahora

con una reducción --considerable, ciertamente-- de las

violaciones graves y masivas por razones políticas en la

región es muy arriesgado.



     Es en ese marco donde sigue siendo importante y quizás

más necesario el trabajo de las personas que promueven y

defienden los derechos humanos. Sin embargo, actualmente esa labor

no siempre se está haciendo de la mejor manera pues --por

citar algún ejemplo-- en algunos casos se enfrenta la

peligrosa tentación de repetir esquemas y métodos de

trabajo que, en el pasado reciente, fueron eficaces pero que ahora

--en condiciones distintas-- no lo son tanto. Hoy en día, el

reto principal es uno: enfrentar con imaginación y

creatividad los obstáculos que impiden asegurar las

condiciones básicas para que todas las personas, en

América Latina, vivan  dignamente en el marco de un respeto

pleno a sus derechos y libertades fundamentales.



     Para ello, resulta una tarea de primer orden el trabajar con

y para las víctimas de la inseguridad personal y

jurídica, mediante el uso inteligente y apropiado de los

recursos pacíficos existentes en nuestras sociedades, sean

o no del Estado. A esa población se debe llegar y, desde

ella, se tiene que empezar a descubrir y utilizar lenguajes y

formas diferentes de actuar, nacidas de sus necesidades vitales. De

no ser así, se corre el riesgo de terminar aislados y

más vulnerables que nunca, sin importar la justeza de la

causa que se esté defendiendo. Si hace unos años, el

y la defensora de los derechos humanos se caracterizaron

fundamentalmente por su compromiso y valentía, ahora deben

ser --además-- muy profesionales y con mucha

imaginación.



     Uno de los medios que está para ser usado por las

organizaciones sociales y la población en general es el del

Ombudsman, más conocido en nuestra región como

defensoría del pueblo, comisionado o procuraduría. De

ahí la importancia que le otorgamos al segundo encuentro

internacional de estas y estos funcionarios, encargados de

contribuir en cada uno de sus países a incrementar el

reconocimiento y el respeto que se le tiene a los derechos humanos.

La doctora Victoria Marina Velásquez de Avilés,

procuradora de nuestro país y anfitriona del evento, dijo el

26 de septiembre  --durante su intervención de apertura--

que se debe "buscar una manera de vivir a partir del reconocimiento

que la vida individual y social suponen la existencia de otras

personas, de otros seres humanos, con quienes debemos convivir y

respetar".  

     Para la señora procuradora, actualmente nos encontramos

"en una etapa de transición que es difícil y compleja

con peligros ciertos, pero también con realizaciones que nos

dan más valor y alimentan el compromiso para seguir sin

desmayo en la opción histórica de construir la

democracia y generar progresivamente una cultura de paz". El mismo

presidente de El Salvador, quien asistió al inicio del

encuentro, afirmó que "la protección de los derechos

humanos  constituye una parte esencial para el logro de una

pacífica y democrática convivencia en la sociedad".



     Estando casi todos y todas de acuerdo con las anteriores

palabras del primer mandatario salvadoreño, contando con el

apoyo solidario de organizaciones internacionales tan reconocidas

como Amnistía Internacional y no obstante saber de las

dificultades que aún existen --sobre todo aquellas que se

generan desde los grupos de poder que se esfuerzan por mantener sus

privilegios, mediante la vigencia de la impunidad y el

autoritarismo-- es necesario darle nuevos bríos a la lucha

por elevar los niveles de reconocimiento y respeto a los derechos

humanos en nuestro país y en la región

latinoamericana.



     Más que estar a la defensiva, las personas que

desarrollan esa importante labor en nuestras sociedades deben

acometer con mayor fuerza y sin temor, con imaginación y

creatividad, utilizando las herramientas legítimas que

existen a fin de entusiasmar a la población mayoritaria para

que, de esa manera, seamos cada vez más quienes --

defendiendo y promoviendo los derechos humanos-- nos convirtamos en

artesanos de una verdadera paz, fundada en la justicia y la

democracia.



Transcribimos a continuación el pronunciamiento de la

Diócesis de Chalatenango "Sí a la vida no a la pena

de muerte", así como el de la Universidad Centroamericana

"José Simeón Cañas" "A favor de la vida y en

contra de la pena de muerte", este último publicado en la

prensa nacional el día jueves 26 de sepetiembre de 1996.



     La Diócesis de Chalatenango dice sí a la vida no

     a la pena de muerte



     El Obispo, sacerdotes y religiosas de la Diócesis de

Chalatenango, preocupados por la confusión causada por el

Pueblo de Dios por la propuesta de implantar la pena de muerte en

nuestro país, orquestada por una campana de propaganda en

los medios de comunicación social, nos pronunciamos en

contra de la pena de muerte.



     Se ve que la pena de muerte no es disuasiva, ya que en

países dinde existe la pena capital, la violencia y la

criminalidad organizada sigue en aumento. Ademas, la

implantación de la pena de capital no toca la raíz de

nuestros problemas sociales y no es solución para nuestra

problemática.



     Si bien, es cierto que textos aislados del Antiguo Testamento

pueden tomarse como respaldo de la pena capital, hay que

enmarcarlos dentro de un proceso de revelación continua y

progresiva, que va a través de los libros Sapienciales y El

Levítico, que exigen el perdón de las ofensas, y que

culmina en  Jesús de Nazaret, cuyas palabras, en un sin fin

de lugares nos pide respeto a la vida y el amor y perdón de

los enemigos. ... no arranquen la maleza, déjenla crecer

junto con el trigo...Mt. 13,24-30" ..Ustedes han oído que

se dijo ojo por ojo y diente por diente, en cambio yo les digo amen

a sus enemigos...Mt. 5, 43-48" ...el que no tenga pecado, lance la

primera piedra...yo tampoco te condeno Jn. 8, 7-11".



     Monseñor Romero, en su última homilía en

catedral, haciéndose eco de las enseñanzas de la

Biblia nos recordó que ante una orden de los hombres de

matar, prevalece la ley de Dios que dice no matarás Ex.

20, 13; hechos 5,29.



     Como Diócesis, ante las enseñanzas de la Biblia,

nos pronunciamos en contra de la pena de muerte y de todo lo que

atenta contra el don sagrado de la vida y pedimos a Dios que

ilumine a los legisladores para que se busquen soluciones a los

problemas de nuestro país con métodos más

racionales y justos.





         Universidad Centroamericana "José Simeón

Cañas"  

                        Pronunciamiento

      A favor de la vida y en contra de la pena de muerte





     Ante el intento para reimplantar la pena de muerte en El

Salvador, la Universidad Centroamericana José Simeón

Cañas se pronuncia abiertamente en contra de tal medida,

porque es un castigo bárbaro, ineficaz e indigno de un

Estado moderno y democrático. No obstante haber sufrido el

asesinato de varios empleados, catedráticos e incluso de uno

de sus rectores, la UCA no acepta la pena de muerte ni como

respuesta vindicativa ni como dispositivo eficaz de ordenamiento

social.



     Restablecer la pena de muerte implica reconocer que la ley de

emergencia ha fracasado en cuanto a reducir la incidencia de la

criminalidad por medio del endurecimiento de las penas. Si la pena

capital fuese restablecida y no arrojara los resultados esperados,

¿a qué medida recurrirá el gobierno? Cuando las

causas de la criminalidad radican en la pobreza injusta, la

desintegración familiar, la herencia de una guerra sumamente

violenta y cuando esas causas se refuerzan con el alcoholismo y la

drogadicción, pretender reprimir el crimen endureciendo las

penas es comenzar a construir la casa por el tejado.



1. Propuestas para reducir la criminalidad



     Si el gobierno en realidad está interesado en disminuir

la incidencia de la violencia y en particular de la criminalidad

debiera pensar en un plan estratégico, en el cual no

debieran faltar los elementos siguientes.



     (a) Medidas orientadas a mejorar la calidad de vida de la

ciudadanía como educar para la paz, promover el empleo

masivo, apoyar los esfuerzos comunitarios para satisfacer las

necesidades básicas, ofrecer oportunidades educativas y

recreativas a la juventud, atender la salud mental de la

población.



     (b) Limitar las causas directas y circunstanciales que

impulsan a la violencia. Las medidas contra el alcoholismo y la

drogadicción deben endurecerse drásticamente, pues,

de hecho, muchos de los crímenes son cometidos bajo el

influjo de estas sustancias. Los planes de salud mental del

Ministerio de Salud deben ampliarse, ya que un elevado porcentaje

de crímenes son cometidos por personas con desajustes

psicológicos graves, advertibles y previsibles. El

núcleo familiar y su integración debieran ser

fortalecidos. Asimismo, los programas que estimulan la violencia en

los medios de comunicación debieran estar regulados

más estrictamente.



     (c) La Policía Nacional Civil debiera contar con un

respaldo mucho mayor por parte del gobierno para adquirir una mayor

capacidad investigativa, para otorgar mejores estímulos ante

el deber cumplido y para aplicar sanciones más severas a

aquellos agentes que cometan faltas o delitos o violen las leyes.

El número de policías debe seguir aumentando, aunque

ello implique la disminución del ejército. Asimismo,

la Policía Nacional Civil debiera investigar a aquellas

personas que hayan sido vinculadas con el crimen organizado y para

ello, el informe del Grupo Conjunto podría ser un punto de

partida.



     (d) Urgir al sistema judicial para que se reforme. Aunque algo

se ha avanzado, el sistema judicial sigue siendo poco eficaz en el

combate contra el crimen organizado. Es lento, no garantiza el

debido proceso, acumula expedientes sin resolver y carece de

capacidad para investigar.



     (e) Controlar y regular la tenencia y el uso de las armas de

fuego. No debiera permitirse que menores de veinticinco años

porten armas de fuego. La tenencia de armas largas o de combate

debiera ser sancionada con multas severas y los reincidentes

debieran ser enviados a la cárcel irremisiblemente.



     Mientras no se legisle con seriedad sobre estos campos, la

pena de muerte será ineficaz. Al contrario,

contribuirá a la brutalización de las costumbres al

convertir el asesinato legalizado en un medio de lucha contra la

violencia. Si la guerra pasada no terminó violentamente,

sino recurriendo al diálogo y a la negociación,

tampoco la violencia actual disminuirá con el uso de la

fuerza, sino por medio de la educación para la paz y la

erradicación de sus causas.



2. Razones en contra de la pena de muerte



     Históricamente, la pena de muerte, cuando estuvo

vigente en El Salvador, en lugar de favorecer la

administración de justicia la entorpeció. En efecto,

los jurados, en aquellos casos en que se pedía dicha pena,

preferían declarar inocentes a los acusados bien por

compasión de los mismos o de sus familiares, cuando

éstos eran pobres, o bien por temor a una posible venganza,

en el caso de que fueran poderosos. De este modo, personas que, en

otras circunstancias, hubiesen ido a dar a la cárcel durante

muchos años, eran dejadas en libertad.



     Sociológicamente no está comprobado que la pena

de muerte tenga un efecto disuasorio. Lo que sí está

comprobado es que todo aquello que deteriora el valor de la vida

incide en el aumento de los niveles sociales de violencia.

Así, la guerra civil recién pasada aumentó

sobremanera el desprecio a la vida. En este contexto, no deja de

ser paradójico que el mismo partido que amnistió a

los criminales de guerra, que en parte son responsables del

menosprecio actual de la vida, generador de tanta violencia, sea

ahora el que proponga la pena de muerte para crímenes

menores que las masacres del pasado y para criminales que con

frecuencia aprendieron a menospreciar la vida militando en

batallones de guerra. Más recientemente, la pena de muerte

aplicada ilegalmente por la sedicente Sombra Negra en San Miguel no

tuvo efecto disuasorio, sino que, al contrario, aumentó el

nivel de la violencia.



     Psicológicamente es absurdo pensar que la pena de

muerte disuade a la mayoría de los criminales potenciales.

Muchos de quienes atentan contra la vida humana lo hacen bajo el

influjo del alcohol o las drogas; otros lo hacen por serias

deficiencias psicológicas; otros desde la seguridad de que

sus crímenes quedarán impunes y otros por

reacción compulsiva a situaciones que perciben como

peligrosas para ellos. Esta tipología no agota el espectro

de asesinos potenciales, pero comprende a la mayoría.

Claramente, ninguno de ellos piensa lógicamente antes de

cometer su crimen. Aun concediendo que la pena de muerte pueda

llegar a disuadir a un reducido número de criminales

potenciales, el beneficio es tan pequeño que no compensa los

males que la misma pena genera en cuanto a menospreciar la cultura

de la vida y a embrutecer aún más a los verdugos y a

cuantos contemplan embelesados el espectáculo de la

ejecución de los condenados.

Desde la perspectiva de la justicia, la pena de muerte con

facilidad se vuelve discriminatoria y, por ende, en una injusticia

más. De hecho, los más pobres no cuentan con una

defensa legal que les garantice sus derechos, mientras que quienes

tienen dinero y poder se defienden con mayor rapidez y eficacia.

¿No terminaremos, entonces, condenado a muerte a aquellos que

la

misma sociedad primero marginó, maltrató y

despreció y con ello los impulsó al crimen? ¿Es

justo

que los más débiles y golpeados por la vida al final

queden indefensos ante un sistema judicial tan poco equitativo como

poco ilustrado? ¿Dónde quedarían, entonces, y en

un

caso tan grave como el de la pena de muerte impuesta como castigo,

la igualdad ante la ley y el Estado de derecho?

     Siendo el derecho a la vida una garantía constitucional

y la pena de muerte una restricción de tal derecho, la

modificación de la Constitución para legalizar dicha

pena capital constituye un retroceso en la defensa de la vida, una

opción fundamental de nuestra Carta Magna, y una injusticia

para con el pueblo salvadoreño.



     Legislativamente, la pena de muerte implica la

legalización de la venganza en contra de un sector social.

En estos momentos, cuando el país concluye la

transición de posguerra es contraproducente que quienes

tienen en sus manos el poder para legislar caigan en la

tentación de legalizar tales actos de venganza social. Es

contradictorio que quienes en los años recién pasados

insistieron en legislar para la reconciliación, ahora hagan

precisamente lo contrario. Además, la aprobación de

la pena de muerte implica la denuncia de varios tratados

internacionales importantes. Ciertamente, El Salvador posee la

soberanía para denunciarlos, pero entonces se

desprestigiará ante la comunidad de naciones,

arrojará serias dudas sobre su capacidad para respetar

tratados internacionales, un presupuesto fundamental de la

globalización, y puede poner en peligro préstamos y

ayudas internacionales.



     Desde la perspectiva ética, toda relación humana

y social debe estar orientada a promover prioritariamente el

servicio a la vida. Las prácticas neomaltusianas, el aborto

y el homicidio legalizado son formas diferentes de limitar la vida

humana. La sociedad actual tiene medios suficientes para proteger

la vida, sin necesidad de acudir a otros que más bien la

limitan. Aunque la pena de muerte se presenta como un medio para

proteger la vida de otras personas, teóricamente se

fundamenta en "el ojo por ojo y diente por diente", una idea ya

superada. La ofensa no se restituye imponiendo castigos semejantes

a los daños recibidos sino impulsando al ofensor a la

rehabilitación y a realizar servicios a la comunidad. Y, por

supuesto, recluyéndolo durante un tiempo largo, si el delito

cometido es grave y mientras no dé muestras probadas de su

rehabilitación.



3. La opción cristiana por la vida



     Cómo universidad de inspiración cristiana, la

UCA forma parte de una larga tradición opuesta a la pena de

muerte. El evangelio de Juan (8, 3-11), dónde Jesús

salva a una mujer de una muerte segura, marca la primera

posición cristiana ante esta clase de castigos. El pacifismo

con el que Jesús se entrega a la muerte, obligando a Pedro

a guardar la espada desenvainada, demuestra que no creía en

los métodos violentos (Mateo 26, 52-23) La misma Iglesia

católica fue fundada por una persona condenada a muerte

legalmente y cuenta entre sus santos (mártires) a infinidad

de condenados legalmente a una pena de muerte  claramente injusta.

Durante los casi 300 años de persecución sangrienta

que sufrió la fe cristiana en sus inicios, la respuesta a

las ofensas fue siempre exigir justicia y dar perdón.

Atenágoras, un padre de la Iglesia del siglo II,

prohibió a los cristiano asistir a los juegos de gladiadores

porque "ver matar está cerca del matar mismo". En el siglo

siguiente, Tertuliano advirtió a los cristianos: "por lo que

se refiere al poder estatal, el siervo de Dios no debe pronunciar

sentencias capitales"'. Y el Concilio de Elvira, a principios del

siglo IV, ordena excluir de la Iglesia durante un año a

aquellos magistrados que diesen penas de muerte.

     Aunque es cierto que después de la paz de Constantino,

la Iglesia avaló la pena capital e incluso llegó a

tener, a lo largo de su historia, tribunales que condenaban a

muerte, también es cierto que no dejó de haber

cristianos partidarios de la vida y del perdón. E incluso

esta parcialidad histórica a favor de la pena de muerte se

debió no tanto a razones doctrinales como a la simple

adaptación a la práctica ordinaria del poder

político de su tiempo, en el cual la misma Iglesia

participaba y del cual a veces era detentadora.



     En la actualidad, la Iglesia piensa que las sociedades

contemporáneas tienen medios más que suficientes para

evitar el peligro del delincuente sin necesidad de eliminarlo,

dejando la posibilidad de la pena de muerte para casos "muy raros,

por no decir prácticamente inexistentes" (Evangelio de la

vida, 56). Ciertamente, el Catecismo de la Iglesia católica

(1992) tiene menos reparos ante la pena de muerte que la

encíclica de Juan Pablo II el Evangelio de la vida, escrita

posteriormente (1995). De ahí que el Cardenal Ratzinger,

encargado de las cuestiones doctrinales del Vaticano, haya afirmado

tras la publicación de la encíclica que lo que dice

el catecismo sobre la pena de muerte  "tendrá que ser

escrito de nuevo a la luz de la Evangelium Vitae".



     Pero mucho más allá de la posición de la

Iglesia, todo cristiano, urgido por el espíritu de

Jesús, tiene derecho a luchar por la abolición total

de la pena de muerte. El mismo Juan Pablo II considera como "un

signo de esperanza" la "aversión cada vez más

difundida en la opinión pública a la pena de muerte"

(Evangelio de la vida, 27).



     Con frecuencia se argumenta que es muy fácil defender

la abolición de la pena de muerte desde posiciones

académicas, pero que quien está en contacto con el

pueblo y conoce sus sufrimientos, reacciona de manera diferente. No

está de más recordar a este respecto que la UCA

sufrió en carne propia asesinatos y múltiples

violaciones de los derechos de varios miembros de su comunidad.

Pese a ello, nunca ha pedido la pena de muerte para sus

perpetradores. Al contrario, tras los asesinatos del 16 de no-

viembre de 1989, cuyo séptimo aniversario nos preparamos a

conmemorar, la universidad pidió indultar a los dos

únicos oficiales militares que el sistema judicial

logró meter en la cárcel porque ambos habían

confesado su culpa y porque los demás estaban en libertad.

La UCA sabe, pues, de lo que habla cuando se pronuncia en contra de

la pena de muerte.



     En consecuencia, la universidad seguirá trabajando para

abolir totalmente la pena de muerte en la legislación

salvadoreña. A ello la lleva su vocación  cristiana,

su espíritu ciudadano y la convicción de que la pena

de muerte no es otra cosa que una manifestación más

de la cultura de la violencia que queremos y debemos superar

construyendo otra de paz y solidaridad.



San Salvador, 24 de septiembre de 1996.





Junta de Directores



  





PLAN CONTRA DELINCUENCIA. El Presidente de la República,

Armando Calderón Sol, dio por iniciado el 30.09 el "Plan

Nacional contra la delincuencia", que prevé, entre otras

medidas, un mayor reforzamiento de varios planes de seguridad, e

hizo un llamado a la población para que colabore en esta

cruzada contra la delincuencia. Calderón Sol expresó

que reforzarán y ampliarán el "Plan Guardián",

por lo que en los próximos días aumentará el

número de fectivos de la Fuerza Armada que saldrá a

las calles y que colaborarán con los agentes de la PNC. El

mandatario no precisó el número de efectivos que

colaborarán en el plan, pero aseguró que los recursos

de la Fuerza Armada serán utilizados por la policía.

"Será un plan a nivel nacional, porque esperamos llegar

hasta el último cantón, caserío, a los

pueblitos remotos", dijo Calderón Sol, quien aclaró

que serán los efectivos de la PNC los únicos que

podrán capturar personas y remitirlos a los tribunales de

justicia. Por otra parte, el mandatario reiteró que las

"juntas de vecinos" desaparecerán, pues las mismas no deben

existir paralelas al Ministerio de Seguridad Pública, ya que

no son "convenientes" para el futuro de la seguridad pública

y el proceso democrático que vive el país. El

Presidente manifestó que este tipo de estructuras "nacen

bien, pero la dinámica las hace terminar mal"; prueba de

ello, dijo, es el "pasado inmediato que vivió El Salvador"

(DH 28.09 p.3 y LPG 01.10 p.3-A).



RATIFICAN A SALGUERO GROSS. En Asamblea General Ordinaria de|ARENA,

celebrada el 29.09 en un hotel capitalino, fueron confirmados en la

presidencia y vicepresidencia del Consejo Ejecutivo Nacional

(COENA), Mercedes Gloria Salguero Gross y Carmen Elena

Calderón de Escalón, respectivamente, mientras que

Walter Araujo fue ratificado en la secretaría de actas y

acuerdos. La diputada presidenta y sus homólogos

incorporados al COENA se comprometieron a continuar trabajando por

los intereses del partido, específicamente con lo relativo

a la campaña "Victoria Mayor 97", así como

también se comprometieron a darle trámite a las

conclusiones y recomendaciones surgidas en el Tercer Congreso

Nacionalista, llevado a cabo el 27 y 28 de septiembre. Al mismo

tiempo, los asistentes a la Asamblea decidieron agregar un inciso

a los estatutos del partido que busca readecuar las funciones de

los miembros del COENA, así como un inciso que inhibe al

presidente del mismo a ser candidato a la presidencia de la

República. Mientras tanto, paralelamente a la Asamblea, unos

200 simpatizantes de Víctor Antonio Cornejo Arango,

incluyendo ex funcionarios y alcaldes se concentraron en las

afueras del Hotel El Salvador, donde ésta se realizaba, para

exigir su ingreso al COENA denunciando no haber sido invitados a

participar del evento. Los manifestantes, que portaban distintivos

de ARENA, señalaron sus discrepancias con los directivos del

partido, quienes "se han olvidado de los ideales dejados por el

fundador de la institución, el mayor Roberto D'Abuisson"

(LPG 30.09 pp.4 y 5-a y DH 30.09 pp.12 y 13).