UCA

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Semanario Proceso

© 1996 UCA Editores


 



año 17

número 727

 

septiembre 25 de 1996

ISSN 0259-9864





El fraude de la pena de muerte

La muerte como espectáculo

Situación de la balanza comercial

Fracasa el proyecto de las Juntas de Vecinos

¿Son los evangélicos tan conservadores?



¡¡Qué viva la impunidad!!

                               

El fraude de la pena de muerte



     La publicidad dada a un joven secuestrado casi un

año y al fusilamiento de dos guatemaltecos fueron los

pretextos utilizados para intentar introducir de nuevo la

pena de muerte en la legislación salvadoreña.

ARENA insiste en restablecer la pena de muerte como medio

eficaz para combatir el crimen.



     El recurso a la pena capital implica que la ley de

emergencia, que tenía idéntico

propósito, habría fracasado casi un año

después de estar en vigencia. En su oportunidad se

advirtió que esa ley era políticamente vistosa,

pero prácticamente ineficaz para combatir el crimen.

Ahora, utilizan los mismos argumentos de entonces, pero para

justificar el restablecimiento de la pena de muerte.



Supongamos, sin embargo, que dicha pena fuera

constitucionalmente permitida, a qué secuestrador o

asesino ejecutarían. Probablemente a ninguno, porque

exceptuando una banda de secuestradores capturada muy

recientemente, nadie más ha sido detenido y llevado

ante la justicia. Quedan los violadores, pero sólo los

pobres, cuyo nivel educativo es muy bajo, como el caso de los

dos campesinos analfabetos fusilados en Guatemala, es decir,

los violadores que tienen medios o influencias no son

procesados.



     Esto quiere decir que la pena de muerte no ofrece

solución alguna al auge del crimen. El punto clave

está en la falta de investigación policial y

judicial. En un país donde los secuestradores pueden

retener a sus rehenes durante casi un año y donde,

además, pueden actuar y cobrar rescates libremente;

donde los asesinos cuentan con la protección de la

misma policía o con la complicidad del sistema

judicial; donde la corrupción es promovida por los

mismos funcionarios que deben cuidar de los bienes del Estado

y donde a quienes son cogidos infraganti se les permite huir,

las penas, por muy severas que sean, son absolutamente

inútiles. Si los políticos y en particular los

diputados están tan comprometidos con el derecho y la

justicia, que comiencen por investigar por qué la

policía y los jueces no investigan, que pidan cuentas

a ambos por su incapacidad manifiesta y escandalosa.



     La campaña a favor de la pena de muerte no

sólo está relacionada con las próximas

elecciones, pues los partidos siempre buscan temas que les

puedan acarrear votos, sino que, además, responde a la

ideología de ARENA. Mucho extremismo y mucha

severidad, pero muy poca inteligencia para comprender los

problemas sociales, escasa sensibilidad ante el sufrimiento

y, en una palabra, mucha inhumanidad. ARENA siempre ha

pensado que puede solucionar los problemas del país

recurriendo a medidas de fuerza.



     Aparte de todo esto, todavía no se ha comprobado

que la pena de muerte sea un mecanismo idóneo para

contener la delincuencia. En Guatemala, pese a la

espectacular ejecución de dos violadores, se ha vuelto

a repetir el crimen. La pena de muerte satisface el

interés de aquellos políticos que quieren

ganarse la admiración de la opinión

pública, mostrándose duros e inflexibles ante

el delito, cuando en realidad son incapaces de formular y

ejecutar una estrategia consistente y eficaz.



     Los diputados que defienden la pena de muerte alegan que

es un clamor popular. Sin duda, la mayor parte de la

población quisiera que algunos criminales fueran

castigados con la pena capital; pero este apoyo mayoritario

obedece al desamparo en que se encuentra y a su impotencia,

porque ninguna institución estatal defiende sus

derechos. En realidad, lo que la población desea es

que el Estado cumpla con su obligación de garantizarle

su seguridad y administrar justicia. Si pide la pena de

muerte es por desesperación y por dar rienda suelta a

uno de sus instintos más primitivos.



     Si la pena de muerte se restablece porque así lo

reclama la opinión pública, por qué no

bajan el impuesto al valor agregado, por qué no

subsidian los granos básicos y facilitan el

crédito blando para la agricultura y los medianos y

pequeños empresarios, por qué no suben el

salario mínimo y garantizan los derechos laborales en

las maquiladoras, por qué no detienen la

privatización, medidas que la mayoría de la

población también exige. Ya conocemos de

antemano la respuesta de los diputados. Así, pues,

están a favor de reimplantar la pena de muerte porque

conviene a sus intereses políticos y a sus ideas

decimonónicas sobre criminología y derecho

penal. En realidad, el sentir y pensar de la población

les tienen sin cuidado, excepto cuando se trata de conseguir

el voto, tan necesario para continuar medrando en

política.



     La pena de muerte satisface los instintos más

primitivos de la vindicta pública, pero ni repara los

daños causados ni genera bienestar social ni eleva la

moral pública. La ejemplaridad que buscan sus

promotores no es más que espectacularidad para

alimentar el morbo de la sociedad. Esto no quiere decir que

no se deban buscar mecanismos para combatir la delincuencia

y la violencia, pero debe hacerse recurriendo a medidas menos

dramáticas y más eficaces, incluso en su

dimensión punitiva, para corregir a los criminales en

aquello que sea posible o para prevenir que cometan nuevos

delitos.



     Ejecutar al delincuente públicamente es un

espectáculo macabro, que en nada contribuye a

humanizar la sociedad. Al contrario, la insensibiliza

más todavía. Esta clase de espectáculos

sólo sirve para desquiciar más a una sociedad

ya de por sí bastante inhumana y amoral. Pero los

promotores de la pena capital consideran que le prestan un

gran servicio legalizando estos asesinatos supuestamente

ejemplarizantes. Recurrir a la pena de muerte en estos

momentos es una salida fácil para lavarse las manos de

la propia responsabilidad y para desviar la atención

pública de la problemática de la

privatización de las telecomunicaciones y las

divisiones de ARENA.



     Algunos diputados invocan el sentimiento religioso del

pueblo salvadoreño en su afán por encontrar

argumentos justificativos de la pena de muerte. Así,

después de confesar cándidamente una

religiosidad poco sincera, alegan que la pena de muerte

está aprobada por Dios y el catecismo de la Iglesia

católica. Ninguna de las dos afirmaciones es cierta,

puesto que se apoyan en lecturas parciales y, por lo tanto,

incompletas de la Sagrada Escritura y del magisterio

eclesial.



     Quienes argumentan con la Biblia acuden invariablemente

al Antiguo Testamento, donde, ciertamente, se aplicó

la pena de muerte, pero también se practicó la

poligamia -reyes como David y Salomón tuvieron muchas

mujeres-, la usurpación de bienes y territorios, la

inferioridad de la mujer, el sacrificio de animales, la

violación de derechos fundamentales como cuando

Saúl puso como condición a David para

entregarle a su hija que le trajera varios centenares de

prepucios filisteos. Si el argumento religioso de quienes

están a favor de la pena de muerte se apoya en el

Antiguo Testamento, entonces, los testigos de Jehová

también tienen fundamento de sobra para sostener sus

creencias sobre el no uso de la sangre.



     Los cristianos sabemos desde hace mucho tiempo que el

Antiguo Testamento debe ser leído e interpretado desde

el Nuevo. Y en éste, Jesús liberó de la

ejecución segura a una mujer encontrada en adulterio

y que, según la ley de Moisés, debía

morir apedreada. La liberó para darle una oportunidad

para la conversión y porque ninguno de quienes se

disponían a matarla estaba limpio, sino que eran

hipócritas que aplicaban la ley para oprimir a los

débiles en provecho propio.



     En varios pasajes del evangelio, cuando los

discípulos quieren impedir la pasión de

Jesús, incluso recurriendo a la fuerza, éste

los reprende duramente y se somete a un juicio amañado

por la autoridad legítima de entonces, se deja

torturar y asesinar legalmente. Si bien Mateo afirma que

Jesús vino para que se cumpliera la ley, Pablo

sostiene que por su muerte y resurrección estamos

libres de ella. Con Jesús la ley de Moisés

quedó abolida para siempre y con ella, la pena de

muerte. Por lo tanto, el cristiano, urgido por el

espíritu de Jesús, debe oponerse a la pena de

muerte.



     El catecismo católico, en efecto, aprueba la

aplicación de la pena de muerte en casos

excepcionales. Sin embargo, en la encíclica Evangelio

de la vida, Juan Pablo II afirma que tales excepciones son

prácticamente inexistentes. El Papa no sólo no

admite la pena de muerte, sino que siempre pide clemencia

para aquellos condenados que van a ser ejecutado -aunque por

lo general los gobiernos rechazan sus peticiones.



     Así, pues, no existen argumentos sólidos

y consistentes para justificar la pena de muerte. A quienes

además se confiesan cristianos hay que recordarles que

además de estar terminantemente prohibido matar lo

está tomar el nombre de Dios en vano.









               La muerte como espectáculo



     El viernes 13 de septiembre fueron fusilados en Guatemala

dos ciudadanos de ese país, quienes fueron declarados

culpables de la violación y asesinato de una niña

de cuatro años. Los medios de comunicación

salvadoreños  dieron amplia cobertura al momento crucial

de la condena, y de ese modo prácticamente todos -

niños, jóvenes y adultos- pudimos presenciar

cuando el pelotón de fusilamiento hizo las descargas de

rigor sobre la humanidad de los condenados, así como el

desplome de los cuerpos de éstos. Se trató de una

muerte ascéptica, sin pedazos de miembros esparcidos por

los aires como en las películas de acción a las

que nos tiene acostumbrados el cine de Hollywood. Lo grotesco

de la muerte violenta -sangre, miembros destrozados- no

apareció por ninguna parte; todo sucedió como si

la muerte real fuese menos espectacular y sangrienta -

más aceptable, más llevadera- que la muerte de

ficción.



     En las fotografías tomadas por la prensa y en los

videos de la televisión ha quedado plasmado, como hecho

frío y ajeno, el momento de la ejecución. Una y

otra vez la escena ha sido llevada a la pantalla de la

televisión y la prensa la ha recordado, y cuanto

más ello ha sucedido más nos hemos ido

acostumbrando al hecho, es decir, éste se ha ha ido

convirtiendo en algo que es parte de nuestra cotidianidad, en

algo con lo que podemos convivir sin mayor preocupación.

Después de todo, ver a dos seres humanos caer abatidos

por ráfagas de fusil no es tan trágico como

pudiera parecer a primera vista: los dos guatemaltecos, como lo

han mostrado "objetivamente" la televisión y la prensa,

murieron con la mayor simplicidad y limpieza.



     Todos hemos sido testigos de la muerte dos hombres;

más aún, todos podemos opinar con la mayor

naturalidad sobre la misma, poniéndonos a favor o en

contra. Los medios no han "enseñado" que la muerte no es

algo del otro mundo, sino algo para ver en familia, sentados en

un sillón, mientras descansamos, almorzamos o cenamos.

No hay tragedia ni dolor, sólo espectáculo y

diversión. Los medios no sólo nos quieren

convertir en espectadores de la muerte, sino que pretenden que

como tales decidamos si es legítimo o no condenar a

alguien a morir. Y nosotros, asumiendo nuestra condición

de asistentes al show montado por los medios, estamos prestos

a decir "de acuerdo" con la pena de muerte. No tenemos problema

para ello, pues los medios han (de)formado nuestra

opinión haciéndonos creer que lo doloroso es

indoloro y que la tragedia es comedia.



     Por supuesto que el espectáculo en torno a la

muerte de los dos condenados guatemaltecos tiene su

dimensión política. No sólo se tiene que

convencer a todo el mundo que la ejecución por un

pelotón de fusilamiento es totalmente ascéptica,

sino que por su simplicidad y contundencia es la medida

más eficaz para combatir la delincuencia y la

criminalidad. El razonamiento es simple: los delincuentes, una

vez que caigan en la cuenta que la muerte les espera con

seguridad por cometer determinadas fechorías

(violación, secuestro, asesinato), se

autocontrolarán, ya que el temor a ser fusilados

será más fuerte que su afán por delinquir.

Quienes no se autocontrolen serán eliminados, con un

método simple, eficaz y económico. El crimen

disminuirá tanto por el "temor" que envolverá a

los delincuentes como por la "limpieza" que se hará de

quienes no se contengan pese a la amenaza de ser penalizados

con la muerte.



     Este es el razonamiento del Presidente Armando

Calderón Sol, quien -casi inmediatamente después

del fusilamiento de los guatemaltecos- clamó por la pena

de muerte como mecanismo de persuación que

ayudará a los delincuentes a "meditar y reflexionar"

sobre las consecuencias de sus fechorías.

Calderón Sol ha sido secundado por los diputados de

ARENA, quienes han pedido no sólo aplicar la medida -

misma que está contemplada en el Artículo 22 de

la Constitución Política para penalizar delitos

de orden militar-, sino ampliarla hasta abarcar el homicidio

agravado, el secuestro y la violación. A este coro de

voces se sumó Ronal Umaña, quien -apelando a la

doctrina social de la Iglesia- afirmó tajantemente estar

a favor de la pena de muerte "para los violadores de

niños". En la misma línea, la posición del

líder de la "nueva clase política" fue avalada

por el Arzobispo de San Salvador, Mons. Fernando Saénz

Lacalle, quien sostuvo que "si algún país no

tiene los sufientes recursos como para poderse defender de la

delincuencia, no sería inmoral ni amoral que tenga la

pena de muerte en su legislación".


     Existe un clamor a favor de la pena de muerte que se

irradia desde los sectores políticos y religiosos de

derecha. A ese clamor no son ajenos los medios de

comunicación, los cuales se han tomado la tarea de crear

en la conciencia colectiva el mito de la pena de muerte como

"solución" adecuada para la ola delincuencial que abate

al país. La eficacia de los medios está siendo

avalada por el clima de opinión que se va imponiendo en

la sociedad: cada vez más salvadoreños se

manifiestan en favor de la medida y son menos los que pueden

ofrecer un argumento contrario que pueda ser defendido sin

parecer antipopular.



     Vox populi, vox Dei: así quieren clamar el gobierno

y los grupos de derecha del país. Es decir, quieren

apelar a la opinión popular -una opinión

prefabricada por la arremetida de los medios- para poner en

práctica una medida que en lo absoluto es la

solución para la criminalidad y la delincuencia.

Ciertamente, es una salida fácil para el gobierno; una

salida que le permite blandir, sobre quienes son considerados

como la escoria de la sociedad, su brazo autoritario. Y ello

sin la menor contemplación y con el consentimiento de

los ciudadanos. Pero que sea lo más fácil para el

gobierno no quiere decir que sea lo mejor para la sociedad, por

más que ésta apoye masivamente la medida.



     El gobierno quiere hacer pasar por democracia la

apelación a la decisión de la mayor parte de

salvadoreños en favor de la pena de muerte. Eso no es

democracia ni mucho menos, pues una cosa es la "voluntad de

todos" y otra muy distinta la "volutad general": mientras que

aquélla apunta a los deseos del mayor número,

esta última tiene que ver con lo que es mejor para la

mayoría en orden a la humanización de la

sociedad. En El Salvador, que la mayoría clame por la

pena de muerte -y que el gobierno apele a ese deseo para

implementarla- no es señal de democracia, sino de

deshumanización masiva. De lo que se trata en realidad

es de caer en la cuenta de si con una medida de esa naturaleza

la sociedad salvadoreña se humanizará o se

deshumanizará, si se fortalecerá o se

denigrará moralmente.



     Pareciera que nos movemos en la segunda dirección,

esto es, en la línea de la deshumanización y la

denigración moral. Que una sociedad tenga que llegar a

la eliminación física de sus miembros pone de

manifiesto lo precario de sus mecanismos de justicia. Que una

sociedad tenga que amenazar de muerte a los transgresores del

orden revela la debilidad de mecanismos de control social

alternativos a la pena de muerte. Lo que es peor, sin embargo,

es que nadie se evergüence de que las cosas tengan que ser

así. El tener que matar a un ser humano, por más

horrendo que haya sido su crimen y por más que esa

muerte esté avalada por la sociedad, debería

llenarnos de tristeza y bochorno. Pero, por el contrario, nos

parece lo más normal; tal es la degradación moral

a la que hemos llegado. Con la ayuda de los medios, hemos

trivilizado la muerte de esos a quienes consideramos enemigos

de nuestros bienes y de nuestras familias. Estamos seguros de

que con su exterminio todos viviremos felices.



     No hay que perder de vista que estar en contra de la pena

de muerte no es estar a favor de la delincuencia. Pero estar en

contra de ésta no significa estar a favor de

aquélla, especialmente porque no está claro

cómo la amenaza de muerte va a detener el crimen cuando

muchos de los que se involucran en actividades ilegales ya han

aprendido a convivir con la muerte. Tampoco está claro

como esa amanaza puede contener a quienes se saben con el poder

y las influencias suficientes para evadir esa u otras medidas

que pueda tomar el Estado en su contra. Sobran argumentos

éticos y políticos para rechazar la pena de

muerte. Sólo esquemas mentales autoritarios pueden

justificar una medida de esa naturaleza. Sólo unos

medios de comunicación faltos de ética pueden

tomarse la tarea de alimentar el morbo popular haciendo de la

muerte un espectáculo.             





            Situación de la balanza comercial



     Uno de los principales cuestionamientos para la

efectividad de la política económica de los dos

últimos gobiernos ha sido la incapacidad de erradicar la

tendencia hacia la profundización del déficit de

la balanza comercial. Desde 1990 hasta 1995, este

déficit se ha incrementado en un 149%, como resultado de

un desigual incremento de exportaciones e importaciones.

Mientras que las exportaciones crecieron en un monto

equivalente a los 1,079 millones de dólares -lo cual

implica un crecimiento porcentual de 185%- las importaciones lo

hicieron en 2,089.9 millones de dólares, para un

incremento porcentual de 166%. De esta forma, aunque

porcentualmente las importaciones crecieron menos que las

exportaciones, en términos absolutos crecieron mucho

más, originando con ello la profundización del

déficit comercial señalada.



     De acuerdo al Banco Central de Reserva (BCR), durante los

primeros meses de 1996 esta tendencia tan arraigada parece

haber cedido, al grado de que el déficit de la balanza

comercial, entre los meses de enero y agosto de 1996 y el mismo

período de 1995, se habría reducido en 16.9%, lo

cual de acuerdo a las mismas fuentes obedecería a una

disminución de la tasa de crecimiento de las

importaciones y a un incremento de la tasa de crecimiento de

las exportaciones. Ello configura, a juicio del BCR, una

"sólida situación externa".



     En las siguientes líneas se hace una

revisión del comportamiento reciente del saldo de la

balanza comercial de cara a fenómenos como la

proliferación de la industria de la maquila, la

terciarización de la economía y, más

recientemente, la recesión económica. Para ello

se analiza la composición de las exportaciones e

importaciones, para luego examinar posibles vinculaciones entre

el comportamiento de la balanza comercial con el actual proceso

de recesión económica por la cual atraviesa el

país.



     Al revisar el comportamiento de las exportaciones llama la

atención el marcado incremento de la

participación de las exportaciones de maquila, las

cuales pasaron de representar un 18.3% del total de

exportaciones en 1991 a representar un 39.5% del mismo total

para 1995. Similar porcentaje se obtuvo para el primer

trimestre de 1996 (38.4%). Consecuentemente, la

participación de las exportaciones tradicionales y no

tradicionales ha sufrido una clara reducción pasando de

37.7% a 25.6% y de 43.9% a 25.6% entre 1991 y 1995,

respectivamente.



     Estos datos revelan que en realidad la mayor parte del

crecimiento de las exportaciones obedece al elevado dinamismo

mostrado por la industria de la maquila. El crecimiento

atribuible a la producción de exportaciones

tradicionales y no tradicionales ha sido mucho más

modesto, al grado que en ausencia de las exportaciones de la

maquila el déficit de la balanza comercial para 1995

habría sido mucho más elevado; cerca de un 39%

más que el nivel mostrado hasta ahora. Sin embargo, como

se verá más adelante, el aporte de la maquila es

mucho menor cuando se introducen las importaciones generadas

por este sector.



     Es en este contexto que se ubican los señalamientos

del sector privado en torno a las magros resultados de la

política de promoción de exportaciones que los

dos últimos gobiernos afirman haber desarrollado a lo

largo de la década. El señalamiento más

reciente ha sido el vertido por voceros de la

Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT),

según el cual la actividad del sector exportador se ha

estancado, pese a los programas gubernamentales de fomento de

exportaciones.



     Por su parte, las importaciones también revelan una

marcada influencia del comportamiento de la industria de la

maquila, al grado que ha ésta venido elevando su

participación en las importaciones hasta alcanzar un

14.9% del total para 1995. Como contrapartida de esta

situación, las importaciones de bienes de consumo han

disminuido su participación desde 26.4% a 23.7% entre

1992 y 1995; mientras que, en el mismo periodo, las de los

bienes intermedios habrían pasado desde 42% a 36.3%. Los

bienes de capital, en cambio, habrían aumentado su

participación desde 23.2% a 25.2%, en gran parte debido

al crecimiento de los bienes demandados por el sector

transporte.



     Para los primeros meses la composición de las

importaciones se ha mostrado diferente, especialmente debido a

un incremento de la participación de la maquila en el

total de las importaciones hasta alcanzar un nivel de 17.2% del

total de las mismas para el primer trimestre de 1996. Otras

tendencias notables para principios de año han sido una

disminución de la participación de las

importaciones de bienes de capital y de los bienes de consumo

en el total y un incremento de la correspondiente a las

importaciones de bienes intermedios.



     De acuerdo a postulados teóricos y modelos

econométricos, el comportamiento de las exportaciones e

importaciones se explica grandemente por el comportamiento de

la producción; si, como es el caso, la producción

reduce su crecimiento también las exportaciones,

importaciones y, consecuentemente, la balanza comercial se

verán afectadas. En efecto, el relativamente lento

crecimiento de la producción agropecuaria e industrial

y la reciente recesión general han contribuido

también a que las exportaciones tradicionales y no

tradicionales no crezcan a un ritmo superior. El crecimiento

económico centrado en el sector financiero, comercio y

construcción no ha contribuido a diversificar la base

exportadora tal como los últimos gobiernos se lo

propusieron.



     Por otra parte, durante este año las importaciones

han experimentado una tendencia hacia la reducción de su

crecimiento, en buena medida por la misma reducción de

la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Es

así que coincidentemente con los anuncios del BCR sobre

la reducción de las expectativas de crecimiento

económico también se estén registrando

tendencias hacia la disminución del crecimiento de las

importaciones, inclusive de bienes de consumo, pues el sector

comercio también resiente la crisis.



     Sin temor a caer en el pesimismo, puede afirmarse que los

recientes anuncios de una reducción del déficit

de la balanza comercial reflejan, más que una

"sólida situación externa", una situación

de crisis por dos razones: primero, el incremento de las

exportaciones obedece fundamentalmente al incremento de la

actividad de la maquila; y, segundo, la reducción en el

crecimiento de las importaciones obedece grandemente a una

reducción de la tasa de crecimiento de la

producción.



     La participación de la maquila en el sector externo

debe ser examinada con mayor detenimiento, pues aunque esta se

presenta como la mayor productora de exportaciones, al mismo

tiempo es una formidable demandante de importaciones, lo cual

no necesariamente equivale a sus exportaciones. Así, por

ejemplo, aunque durante 1995 la maquila generó un total

de 5,745.9 millones de colones, simultáneamente

consumió 4,366.1 millones de colones; es decir que su

aporte final para el saldo de la balanza comercial en realidad

fue de sólo 1,379.8 millones de colones (un 37% de las

exportaciones tradicionales).



     La situación deficitaria de la balanza comercial ha

venido manteniéndose sin mayores traumatismos debido a

un incremento de los ingresos de capital; son estos los que

permiten incrementos sostenidos de las Reservas Internacionales

Netas (RIN). En un escenario donde se excluyan las remesas

familiares, donaciones y empréstitos, El Salvador se

encontraría ante una situación de pérdida

de RIN, procesos de devaluación del tipo de cambio y

altos niveles inflacionarios.



     La política económica del gobierno debe ser

replanteada para incidir de forma más clara sobre el

sector externo, pues hasta ahora este depende de factores

externos como la inversión en maquila y los flujos de

capitales. Lo anterior es complementario de posturas que

también propugnan por una reorientación del

crecimiento económico hacia los sectores industrial y

agropecuario.



     El comportamiento reciente de la balanza comercial, aunque

supone una ruptura con la tendencia de los últimos

años, no es una señal de que la política

económica esté surtiendo sus efectos en

términos de afianzamiento de la estabilidad

macroeconómica. Aún y cuando el país se

encuentre con estabilidad en el sector externo y crecimiento de

las RIN, es de primordial importancia crear una infraestructura 

productiva propia capaz de hacer frente a una virtual

desaparición de los flujos de capital y de los de la

maquila, los cuales por cierto no son descartables ni en el

mediano ni en el largo plazo.







      Fracasa el proyecto de las Juntas de Vecinos



     Uno de los mayores problemas que surge ante situaciones

desesperadas es que ante ellas se opte por soluciones

desatinadas, inmediatistas y de fácil reversibilidad

contra la sociedad. Una muestra patente de este tipo de

situaciones es el asfixiante clima de violencia que impera en

el país. A la peligrosidad que implica el simple hecho

de circular por las calles de la urbe, se ha intentado

responder de muchas y variadas maneras, entre ellas: el aumento

y fortalecimiento de los cuerpos policiales, la ley de

emergencia contra la delincuencia y la ley para la defensa

social -esta última abandonada por su carácter

represivo y discriminatorio. Estas medidas no sólo han

mostrado su ineficacia para frenar el flagelo de la

delincuencia, sino que a la vez han hecho tambalear los pocos

logros alcanzados en materia de democracia.



     El empeño mostrado por la administración

Calderón Sol para aprobar y dar seguimiento a este tipo

de medidas es explicable cuando se observa el capital

político-electoral que se juega en ellas. Avalar el

endurecimiento de la leyes o la capacidad coercitiva de los

cuerpos encargados del orden es dar gusto a las demandas de una

población que exige soluciones tajantes y, por lo tanto,

una manera fácil de granjearse las simpatías del

electorado en general. Este afán inocultablemente

proselitista, que en ocasiones raya con el más burdo de

los populismos, ha dado dos nuevos frutos en lo que va de este

año: la discusión sobre la reinstauración

de la pena capital y la aplicación del proyecto de

Juntas de Vecinos, impulsado por el Ministerio de Seguridad

Pública.



     Aunque de manera separada, estas dos políticas de

combate a la delincuencia tocan dos de los axiomas

implícitos en el trato dado a aquellos individuos que

transgreden las normas y leyes de la sociedad: la

exclusión y la prevención. Desde su surgimiento

la cárcel fue contemplada como la institución

social utilizada para excluir de la sociedad a aquellos sujetos

que violaran la constitución establecida. Luego, se

añadió a la función primaria de

exclusión la tarea de reeducar a los presidiarios en

vistas a su posterior reinserción en la sociedad. En

este sentido, la cárcel sólo cumple su labor

ideal cuando es capaz de excluir a un ciudadano para devolverlo

a la sociedad de manera que respete las normativas

comportamentales aceptadas. En El Salvador el sistema

penitenciario no es capaz de satisfacer ni una ni la otra cosa;

ni los centros penales cuentan con los suficientes recursos

como para excluir a todos los delincuentes del país ni

están diseñados de tal forma que garanticen la no

reincidencia del que delinque -es esta una de las razones del

fracaso de la ley de emergencia contra la delincuencia. A

partir de esto se entiende el énfasis puesto por el

gobierno en la aprobación de la pena de muerte: a falta

de los recursos y la voluntad necesarios para modernizar y

poner a la altura de las necesidades al sistema penitenciario,

se opta por la muerte del delincuente, por la exclusión

definitiva e irrevocable que prescinde de la reeducación

y, por supuesto, de la prevención del delito. La

cárcel, entonces, se vuelve innecesaria, los

delincuentes que no puedan ser excluidos provisionalmente lo

serán definitivamente.



     En lo que toca a la puesta en marcha del proyecto de

Juntas de Vecinos, mismo que en teoría buscaba, entre

otras cosas, la prevención del delito a través de

la colaboración de los ciudadanos con los cuerpos

policiales, el grueso de las críticas en su contra se

centró en la posibilidad de que las juntas de vecinos se

transformaran en estructuras de control político a la

manera de la desaparecida Organización

Democrática Nacionalista (ORDEN), organización

para-militar de extrema derecha, fundada y controlada por el

gobierno pecenista en la década de los setentas.



     Para evaluar la validez de las críticas de los

principales detractores del proyecto -principalmente la

Organización de las Naciones Unidas para la

Verificación de los Acuerdos de Paz (ONUV) y los

políticos de la oposición- es útil hacer

una revisión somera de algunos de los documentos

fundacionales del proyecto y resaltar los puntos que por su

interpretación podrían prestarse a dotarlo de

matices represivos y persecutorios.



     En los documentos se afirma que la creación de este

tipo de agrupaciones ■es el acto más serio en lo que

respecta a la reconciliación, democratización y

confraternización de los salvadoreños,

después de la firma de los Acuerdos de Paz■. Siendo

definidas éstas como ■organizaciones cívico-

sociales formadas por personas naturales de reconocida honradez

y responsabilidad, trabajadoras y de buena conducta, de

preferencia aquellas que permanecen más tiempo en su

residencia■. La justificación de las juntas se encuentra

en ■el crecimiento delincuencial que azota nuestro país■

que hace necesario ■que la ciudadanía participe

activamente en este tipo de organizaciones...las cuales

estarán coordinadas por el Viceministerio de Seguridad

Pública a través de la PNC■. Los objetivos a

buscar por la Juntas de Vecinos serían: ■1) que el

ciudadano con su participación, contribuya a la

seguridad y tranquilidad de su familia y conservación de

sus bienes; 2) que con la participación ciudadana la

seguridad pública esté en una permanente

revisión para su buen funcionamiento; y 3) que la

seguridad pública a través del proceso sea:

servicio, orden y seguridad para la ciudadanía (el

énfasis es del documento).



     A lo anterior se añade que las redes entre las

distintas juntas de los departamentos ■son la base para el

control e información que la Junta de Vecinos aporta a

la Seguridad Pública■ y que la estrategia a seguir es la

de ■comunicar inmediatamente a la autoridad competente sobre:

a) sospechosos o hechores de delitos;[...] b) movimientos

sospechosos en contra de la Seguridad del Estado; c) listado de

personas anti-sociales de la comunidad■. Por otra parte, los

documentos señalan que la convocatoria para formar parte

de las juntas debe formularse de la siguiente manera. ■El Sr.

Alcalde o Alcaldesa Municipal; en primer lugar como

representante de la Sociedad Civil y en segundo lugar como Jefe

de la comuna, invita a personas naturales y jurídicas

que representen en el municipio: fuerzas productivas,

comerciales, culturales [...], gremiales de servicio,

políticas y comunales; teniendo especial cuidado de no

invitar a personas u organizaciones de comportamiento nocivo en

la comunidad■.



     Sobre los puntos reseñados pueden hacerse las

siguientes reflexiones:

     1) en los documentos se deja a libre interpretación

lo que ha de entenderse por personas ■honradas y de buena

conducta■; teniendo en cuenta que desde cánones

conservadores -los que tienden a regir en nuestro medio- una

persona de este tipo se identifica con los empresarios y los

comerciantes, y con aquellos individuos que guardan una

relación de absoluto respeto -por no decir de

sumisión y apoyo- con los dictámenes emanados del

gobierno central, el perfil sería llenado exclusivamente

por los sectores de derecha y pro gubernamentales de la

comunidad. ¿Qué pasaría entonces con los

sectores

independientes o de la oposición? Además, hablar

de personas que puedan permanecer en sus residencias es hablar

de los sectores pudientes de las comunidades. El ideal de la

agrupación es, en este sentido, política y

económicamente excluyente.



     2) Que las juntas tengan como uno de sus objetivos

principales el mantener un orden y una seguridad pública

no definidos previamente, podría haberse convertido en

la práctica en la persecución, o al menos en el

control, de aquellas personas o agrupaciones cuyas actividades

políticas estuvieran al margen de la ideología

tolerada por el gobierno; tolerancia que como ya se ha visto en

repetidas ocasiones es muy estrecha. Si a esto se añade

el que una de las tareas de las juntas sería el de

comunicar y elaborar listados sobre personas non gratas para la

comunidad, de ■comportamiento nocivo■, es claro que se

están sentando las bases, aunque de manera no

explícita, para la formación de una

organización de inteligencia y espionaje capaz de

penetrar en cada uno de los municipios del país.



     En definitiva, pese a lo que de buena voluntad pudo haber

en el proyecto, no es un disparate afirmar que las Juntas de

Vecinos pudieron haber derivado hacia los esquemas represivos

de la extinta ORDEN; ello no sólo por los vacíos

y ambigüedades del proyecto o por el precedente mismo de

aquella organización, sino en mayor medida por el

récord autoritario con que ha tendido a manejarse el

gobierno de Calderón Sol frente a sus adversores y

críticos. La delincuencia ciertamente es un problema

agudo y de nefastas consecuencias, pero ello no implica que en

su solución puedan desgastarse los pilares del orden

democrático. La prevención del delito y la

exclusión del delincuente ha de pasar primero, como

condición necesaria para frenar el fenómeno, por

el ataque de las causas estructurales que permiten la violencia

y el desprecio a la vida. De lo contrario nada se logra.



     





¿Son los evangélicos tan conservadores?



 

     La historia reciente de América Latina proporciona

desgraciadamente argumentos suficientes para considerar que las

llamadas sectas evangélicas constituyen grupos

intrínsecamente conservadores o incluso reaccionarios en

el ámbito social y político. A lo sumo, se

podría conceder que ciertos grupos pretenden mantenerse

ajenos a la política. Pero la evidencia empírica

desmiente en la mayor parte de los casos esta preten-

sión: las agrupaciones evangélicas de

carácter "evangelical", pentecostal y neopentecostal (a

diferencia de las iglesias protestantes históricas) han

obedecido frecuentemente a instrucciones emanadas de la derecha

religiosa norteamericana (estrechamente vinculada a la adminis-

tración Reagan), han boicoteado la organización

popular de izquierdas, y se han aliado abiertamente con las

dictaduras militares más violentas y sanguinarias del

Continente. Sin embargo, puede que ésta no sea toda la

historia.



     En El Salvador, según una encuesta de IUDOP, el

porcentaje de cristianos evangélicos alcanza un 17.8% de

la población [ECA 563 (1995), p. 851]. La encuesta se

refiere a "sectas de protestantes", sin hacer distinción

explícita entre iglesias protestantes históricas,

agrupaciones evangélicas y sectas para-cristianas como

los Testigos de Jehová, los Mormones o los Adventistas.

Pues bien, según otra encuesta del IUDOP [IUDOP, Informe

55 (1996), p. 40], este 17.8% de evangélicos no

tendría unas intenciones de voto netamente conser-

vadoras. Mientras que, de cada 100 católicos, 19.9

pretenden votar a ARENA, solamente 15.8 evangélicos

tienen esa misma intención de voto.



     Sin embargo, son más los católicos que se

inclinan por el FMLN (un 6.6% frente a un 4.9% de

evangélicos). ¿A dónde van entonces las inten-

ciones de voto de los restantes evangélicos? Algunas se

dirigen al PDC (2.2% de evangélicos frente a 1.8% de

católicos), pero no tanto a "otros partidos" (4.1% de

católicos frente a sólo 2.7% de

evangélicos). Entre los evangélicos predomina, en

cambio, la intención de no votar a nadie (29.9% frente

a 26.6% de católicos), de mantener su opción en

secreto (17.4% de evangélicos frente a 16.4% de

católicos) o de declarar que no sabe a quién

votará (27.2% frente a 24.5% de católicos). En

definitiva, los evangélicos parecen no diferir sen-

siblemente de los católicos en su orientación

política, y las diferencias no indican claramente una

orientación conservadora, sino a lo sumo un cierto "cen-

trismo" y apoliticismo.



     ¿Cómo explicar estos hechos? Indudablemente, la

constelación de fuerzas religiosas, políticas y

sociales actuantes en la década pasada ha cambiado

sensiblemente en los últimos años. Por una parte,

las fuerzas políticas estadounidenses que ostensible-

mente financiaron y utilizaron a las iglesias

evangélicas no sólo fueron desplazadas (al menos

parcialmente) de la administración nortemamericana, sino

que su anticomunismo visceral ha perdido su razón de ser

ideológica. Por otra parte, la organización

congregacional de varias agrupaciones evangélicas

favorece la autonomía de las iglesias locales, y la

posibilidad de distanciarse respecto a sus iglesias-madre en

Estados Unidos.



     En el ámbito católico, los impulsos

desatados por la teología de la liberación se

hallan en franco retroceso, tanto en las bases como en la

jerarquía, que hoy se alía abiertamente con las

fuerzas económicas y políticas que hace

años favorecieron el asesinato de numerosos

líderes eclesiales católicos. Mientras que la

teología de la liberación ha permanecido como un

movimiento fundamentalmente clerical, los movimientos

evangélicos han tendido a crear iglesias laicas con una

teología bíblica popular. Frente al verticalismo

característico de la mentalidad católica, las

iglesias evangélicas pueden inclinarse no sólo

hacia un autoritarismo carismático, como en la

década pasada, sino también hacia valores

democráticos.



     Un factor decisivo es la composición social de los

grupos evangélicos, los cuales se sitúan fun-

damentalmente en el estrato social medio-bajo, obrero, rural y

marginal. Mientras que el 79.1% de la clase alta se declara

católica, solamente un 7% se confiesa evangélica.

En cambio, el 20.6% de los obreros, el 21.7% de la

población marginal, y el 19.5% de los habitantes del

campo se declaran evangélicos [ECA 563 (1995), p. 852].

Aunque en un momento inicial las agrupaciones

evangélicas hayan servido a estrategias de contrainsur-

gencia o se hayan limitado a proporcionar un consuelo y una

seguridad frente a la explotación y la represión,

su misma composición social puede hacer evolucionar a

estos movimientos hacia posiciones políticamente

más progresistas. En realidad, el origen de los

movimientos evangélicos no se explica solamente por la

actividad misionera o conspirativa de los Estados Unidos.



     Los evangélicos supieron responder a las in-

quietudes religiosas de los pobres cubriendo ciertos espacios

a los que la organización clerical del catolicismo no

podía alcanzar. En una época en que el catolicis-

mo vuelve a perseguir la alianza con el Estado y la

creación de una nueva cristiandad, los evan-

gélicos tienen nuevas oportunidades para abarcar los

espacios libres dejados por el catolicismo. A diferencia de la

década pasada, hoy no serán solamente los

espacios religiosos, sino también los espacios

políticos.







               ¡¡Qué viva la impunidad!!



     Quizás algunas personas recordarán que, hace

aproximadamente un año, Benjamín Cuéllar

del IDHUCA y un abogado que entonces colaboraba con la

Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES),

Luis Romeo García, fueron objeto de un atentado en las

instalaciones de nuestra universidad (Proceso, 680). Afor-

tunadamente, el hecho no tuvo consecuencias fatales que

lamentar y fue posible detener a uno de los delincuentes;

éste, inmediatamente, fue puesto a la orden del juzgado

octavo de lo Penal de San Salvador. Dicho tribunal

realizó la primeras diligencias para esclarecer el hecho

pero, al poco tiempo, se declaró incompetente por

razones geográficas y remitió la causa al juzgado

segundo de lo Penal de Nueva San Salvador, departamento de La

Libertad.

     Estando ya el proceso donde actualmente se encuentra, se

logró que la Fiscalía General de la

República (FGR) nombrara dos de sus representantes para

que --de manera específica-- atendieran el caso. Dichos

representantes del Ministerio Público, en afán de

proteger los intereses de los ofendidos, comenzaron su labor

realizando las investigaciones pertinentes con el

propósito de encontrar una respuesta al por qué

del hecho delictivo pues --al analizar la forma en que fue

perpetrado-- éste no tenía las carac-

terísticas de un acto llevado a cabo por simples

delincuentes comunes; al contrario, es válido pensar que

lo realizó un grupo organizado que tenía

órdenes precisas y contaba con una vasta experiencia en

este tipo de actividades. Pero la labor de la Fiscalía

se vio burlada cuando el pasado jueves 12 de septiembre, el

señor juez segundo de lo Penal de Nueva San Salvador

emitió una resolución favoreciendo al imputado.



     La Oficina de Asistencia Legal (OAL) del IDHUCA ha

vigilado todo el desarrollo del proceso que se instruye contra

Edwin Alfredo Aguilar Guzmán, quien es el individuo que

fue capturado el 4 de octubre de 1995 en horas de la noche,

cuando se retiraba de la universidad; este sujeto se encuentra

acusado de haber participado --junto a otros tres o cuatro

sujetos más que nunca fueron detenidos-- en la comi-

sión de los delitos de robo en grado de tentativa y

privación de libertad en perjuicio de las dos personas

mencionadas, las cuales trabajan en la defensa y

promoción de los derechos humanos.



     Con base al seguimiento que la OAL-IDHUCA le ha dado a

este caso y a partir de la última decisión del

juez sobre el mismo, podemos reflexionar brevemente en

relación a la forma cómo se ha diligenciado

judicialmente y las deficiencias que continúan existien-

do en el país para enfrentar eficazmente el

fenómeno delincuencial, sobre todo cuando en deter-

minados casos se advierte la existencia de motivaciones

bastante "oscuras".



     En algunas de sus partes, la citada resolución del

juez dice lo que sigue: "el imputado antes mencionado no tiene

antecedentes penales hasta la fecha, así como tam-

bién presenta constancias de buena conducta que se han

incluido en el presente proceso, por lo que a juicio del

suscrito juez no existe por parte del imputado peligro de fuga

u otra causa que en dado momento puede imposibilitar la

continuación del proceso y posteriormente la

ejecución del fallo, por lo que puede sustituirse la

medida privativa de libertad por otras medidas cautelares".



     "Por todo lo anterior --se agrega textualmente--, el

suscrito juez, de conformidad al artículo 144 de la

Constitución de la República y en la

aplicación de los tratados internacionales como lo son

el artículo XXVI de la Declaración Americana de

los Derechos Humanos, así como el artículo 9.3

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

procede a sustituir la medida cautelar de privación de

libertad". De esa manera, en lugar de la detención de

Aguilar Guzmán el juez determinó aplicar las

siguientes medidas: fianza de mil colones y "caución

juratoria", que no es más que la promesa que hace el

imputado de presentarse al juzgado cuando así se le

requiera; además, debía contar con una "persona

abonada de solvencia moral y económica", a fin de

garantizar dicha comparecencia.



     Vistas hasta aquí las cosas y de manera super-

ficial, no hay críticas que hacer; por el contrario,

desde este espacio hemos promovido la utilización del

derecho internacional de los derechos humanos para mejorar

internamente la impartición de justicia y se ha cues-

tionado el hacinamiento en los centros penales como una de las

circunstancias que cuestionan la calidad del sistema peniten-

ciario salvadoreño. Sin embargo, el asunto que nos ocupa

no es tan sencillo pues se han cometido una serie de errores

que --consciente o inconscientemente-- pueden favorecer la

impunidad y, más aún, tener consecuencias

lamentables.



     Tras la referida resolución del juez segundo de lo

Penal de Nueva San Salvador, la FGR --mediante sus fiscales

específicos-- presentó un escrito que, entre

otras cosas, dice literalmente: "Que con fecha dieciocho de los

corrientes, se nos notificó la resolución de

folios 209, proveída a las nueve horas con treinta

minutos del día doce de los corrientes, por medio de la

cual se ha concedido la sustitución de la medida

cautelar Prisión Preventiva, por otras medidas

cautelares que señala al final de la resolución;

providencia judicial con la cual no estamos conformes, por lo

que venimos a presentar RECURSO ORDINARIO DE REVOCATORIA, con

base en los artículos 513 y 514 Pr.Pn." 

     Al leer lo anterior, sobresale un hecho: el juez en

cuestión notificó su decisión a la

institución del Ministerio Público sólo

después de haber transcurrido seis días desde que

liberó al imputado. Eso es grave, pues representa una

violación al plazo que establece el artículo 104

del Código Procesal Penal para la realización de

dicha diligencia. "Las resoluciones judiciales --reza dicho

artículo-- se notificarán dentro de las vein-

ticuatro horas de dictadas". Al darse cuenta tardíamente

que no se cumplió con esa obligación, la Fis-

calía cuestionó la transparencia de la

decisión judicial. El problema es mayor cuando se

observa que el encargado de administrar justicia no es-

cuchó la opinión de la institución del

Ministerio Público para resolver; por ello, la FGR

reclamó en los siguientes términos: "Es

preocupante para la representación fiscal que este

tribunal haya emitido esta resolución de considerables

consecuencias procesales, ignorando a la parte fiscal".



     Se debe considerar que estas medidas cautelares, susti-

tutivas de la prisión, tienen por objeto "asegurar la

presentación del imputado cuando fuere revocado el auto

que le concediera la libertad provisional", según lo

establece el artículo 254 Pr.Pn. Si eso es así,

¿por qué la Fiscalía habla de "considerables

con-

secuencias procesales" en este caso? 

     La respuesta se encuentra en el escrito de sus agentes,

cuando le solicitaron al juez la revocatoria de su

decisión. Primero porque "su Señoría no ha

tomado en cuenta que el procesado, aun estando detenido

trató de obstaculizar la investigación, cuando en

su indagatoria de folios 156-157 niega su participación

y señala testigos inexistentes, como KAREN

VERóNICA HERNáNDEZ, que se ha probado a folios

189 que jamás ha trabajado en CREDISA, tal como lo

menciona el procesado; y si esto es así, mucho

más podría entorpecer la investigación

estando en libertad sin ninguna restricción impuesta por

este tribunal".     

     En segundo lugar porque, como se lee en los últimos

renglones del párrafo anterior, Aguilar Guzmán

está en libertad "sin ninguna restricción

impuesta" por el juez: pese a que las medidas cautelares se

decretaron mediante la resolución del 12 de septiembre,

ninguna de ellas se ha cumplido. En el expediente solamente

consta que el mismo día que las dictó, el juez

puso en libertad al imputado. Lo anterior denota que la mayor

preocupación ha sido liberar al individuo y no garan-

tizar su presencia en el tribunal cuando así se requiera

para el buen desarrollo del proceso. De esta manera, sin

mayores problemas este tipo puede abandonar el país o,

estando dentro de él, dejar de presentarse al tribunal;

por venganza o por cualquier otra razón, solo o acompa-

ñado, también puede tratar de causarle

daño a los ofendidos, a las personas que lo detuvieron,

a quienes declararon en su contra y lo reconocieron en rueda de

reos.



     "La prisión preventiva de las personas que hayan de

ser juzgadas --dice el numeral 3, artículo 9 del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos-- no debe

ser la regla general, pero su libertad podrá estar

subordinada a garantías que aseguren la comparecencia

del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento

de las diligencias procesales y, en su caso, para la

ejecución del fallo" (obviamente, el subrayado es

nuestro).



     La FGR cuestiona la actuación del juez a partir de

la misma norma internacional que éste citó para

justificar su resolución. Los señores fiscales

sostienen que es esa "la disposición que Usted no ha

observado, ya que no consta en el proceso que se le haya dado

cumplimiento a ninguna de las medidas cautelares supuestamente

impuestas; pues a fs. 209 consta la resolución que

cuestionamos, a fs. 210 la orden de libertad, a fs. 211 la

constancia de libertad del procesado; y el último folio,

212 contiene la notificación hecha al fiscal adscrito de

éste tribunal sobre la misma resolución; por lo

que en el presente hecho a juzgar será su

Señoría el responsable de la comparecencia del

procesado el día del juicio o a las demás

diligencias en que sea ordenada la comparecencia de

éste; salvo que ésta resolución sea

revocada al constatar las irregularidades ya señaladas".



     A todo lo anterior debe agregarse que el juez no consi-

deró el profesionalismo con que actuaron los delincuen-

tes, ya que el acusado operó en compañía

de otro sujeto armado en las instalaciones del IDHUCA y dos o

tres más en el estacionamiento, esperando dentro de un

vehículo. Durante casi cuarenta minutos mantuvieron

aislados e incomunicados a los ofendidos que previamente

habían amarrado, vendado y amordazado. Aguilar

Guzmán era el que daba las órdenes, sabía

a quién debía buscar --preguntó

"¿quién es Benjamín?"--, conocía sus

movimientos y rutina; incluso, cortó la única

línea telefónica directa mientras estuvo

registrando el interior del Instituto.



     No obstante todo lo anterior, el juez se limitó a

valorar la carencia de antecedentes penales y la buena conducta

del acusado en el centro de reclusión donde estuvo desde

octubre de 1995, cuando los aspectos ya mencionados nos hacen

presumir que el sujeto no es un delincuente inofensivo sino,

por el contrario, un tipo peligroso que actuó enviado

por alguien. ¿Será esa misma persona que lo

contrató, la que --además-- le garantizó

que iba a salir libre en poco tiempo, tal como acaba de

suceder? ¿será, también, esa misma persona la

que pagó los diversos defensores particulares que asistieron

a Aguilar Guzmán desde el momento que fue puesto a

disposición de la justicia? ¿será la misma que,

haciendo uso de posibles influencias, logró que el

delincuente no estuviera en el Penal "La Esperanza" (Mariona)

porque "corría peligro su vida?



     Es una lástima que todo el trabajo realizado

durante años para promover y difundir el conocimiento

del derecho internacional de los derechos humanos entre los

funcionarios judiciales, a fin de lograr su aplicación

adecuada en el ámbito interno, se vea burlado al

presentarse casos como éste. No es el único, pero

es un buen ejemplo de la forma cómo las normas se

aplican de manera incorrecta, para favorecer intereses par-

ticulares o de ciertos sectores que se resisten al necesario

cambio que debe producirse en nuestra sociedad y que nos debe

conducir a la superación de la impunidad. 





DEBATEN PENA DE MUERTE. La iniciativa de ley para reformar el

artículo 27 de la Constitución de la

República, en orden a ampliar la aplicación de la

pena de muerte, será discutida la última semana

de septiembre en el seno de las comisiones de Legisla-

ción y Puntos Constitucionales y la de Justicia y

Derechos Humanos, se informó. La pieza de correspon-

dencia presentada el 19.09 por el jefe de fracción de

ARENA, Juan Duch, consiste en la modificación del

artículo 27 de la Constitución de la

República, a fin de que permita la imposición de

la pena capital para los delitos de homicidio agravado,

secuestro y violación, "cuando se dedujere una mayor

perversidad en el hecho", por parte del delincuente. Asimismo,

propone la eliminación de la limitante constitucional de

la cadena perpetua, la cual se presenta como un recurso que

permita la conmutación de la pena de muerte "siempre y

cuando existan atenuantes válidas para evitarla". Ante

la propuesta, Duch se manifestó confiado en que no se

contravendrán tratados internacionales, en caso de que

este castigo sea adoptado, e insistió en que existen

claúsulas para que un país renuncie a los mismos.

Sin embargo, el diputado por el PDC, Arturo Argumedo, ar-

gumentó que la delincuencia es un fenómeno

social, y que debe combatirse desde esa perspectiva. Adicio-

nalmente, señaló que, por el momento, el sistema

judicial, con sus deficiencias, no podría ser garante de

juicios justos para los hechores. De igual forma, el Director

de la PNC, Rodrigo Avila, aseguró el 19.09 que "para

pensar en una pena tan drástica como es la pena de

muerte, se debe de pensar en una administración de

justicia más eficiente y moderna". "Si a una persona se

le impusiera dicha pena, con este sistema actual, el castigo se

alargaría a unos diez años, después de

haber cometido el hecho", aclaró (LPG 20.09 p.6-a, EM

20.09 p.2 y DL 19.09 p.3).



EVALUACION DE ACUERDOS. El Secretario General de las Naciones

Unidas para Asuntos Políticos, Alvaro de Soto,

expresó el 20.09 su satisfacción por el avance

que ha tenido el cumplimiento de los acuerdos de paz en nuestro

país, al tiempo que destacó la firme

disponibilidad del Gobierno por finiquitarlos a la menor

brevedad. Dentro de las áreas que han experimentado

avances, mencionó el Programa de Transferencia de

Tierras, al igual los asentamientos humanos rurales, cuyo

procedimiento está en negociación y al parecer

todo camina en forma ordenada. "El Presidente me ha informado

que acaba de recibir un documento muy serio, que ha sido

elaborado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública,

el cual contiene un diagnóstico y programa de trabajo,

en donde se establecen las bases para una estrategia de

seguridad pública, lo cual me parece muy alentador pues

pondera la necesidad de un mecanismo para enfrentar la ola

delincuencial y esa es una buena señal de la seriedad

con que está trabajando el Gobierno por consolidar un

verdadero Estado de Derecho", manifestó. Por otra parte,

el funcionario de la ONU informó que el Presidente

Armando Calderón Sol se comprometió a disolver y

suspender las denominadas "Juntas de Vecinos". De Soto

expresó que en una intensa reunión, en la que se

discutió lo concerniente a las Juntas de Vecinos, el

mandatario se comprometió a que el proyecto no se

desarrolle. De Soto aseguró que las juntas de vecinos no

prosperarán, pues se teme que en un momento dado sean

manipuladas para fines que no son los originales de su sur-

gimiento, tales como fines políticos (DL 20.09 p.3 y EM

20.09 p.3).



DISOLVERAN JUNTAS DE VECINOS. Luego que el Secretario General

de las Naciones Unidas para Asuntos Políticos, Alvaro de

Soto, expresara el 20.09 su desacuerdo con la creación

y funcionamiento de las Juntas de Vecinos, el Presidente de la

República, Armando Calderón Sol, ratificó

el 23.09 el compromiso adquirido ante las Naciones Unidas de

disolverlas. El Presidente sostuvo que se llegó a la

conclusión de la necesidad de que toda la ciudada-

nía participe en contrarrestar el flagelo del crimen

pero no formando organizaciones independientes a las ya

establecidas. "Hemos quedado en que esta participación

no puede buscarse a través de estructuras independien-

tes, creo que eso sería un error, sino que debe hacerse

con toda la institucionalidad que ya tiene el país",

afirmó. Asimismo enfatizó que la par-

ticipación podría hacerse por medio de los

concejos municipales y de las comunidades, descartando las

juntas de vecinos creadas por el Ministerio de Seguridad

Pública. "Hemos creído que ésta es la

participación que debemos de provocar, porque si no se

busca la colaboración ciudadana, no se puede hacer

frente a este grave problema de la criminalidad en nuestro

país", sostuvo. Sin embargo, el Viceministro de Seguri-

dad Pública, Alberto Carranza, negó que las

juntas sean grupos paramilitares, sino "organizaciones de

vecinos que buscan su desarrollo y autoprotección

acompañando a la PNC en su quehacer diario" (LPG 24.09

p.6-a).



DISOLUCION GENERA POLEMICA. Mientras que el Presidente de la

Comisión del Interior y Seguridad Pública del

Organo Legislativo, Juan Ramón Medrano, externó

no aceptar ni rechazar las Juntas de Vecinos iniciadas en julio

de 1995, pronunciandose por la búsqueda de un nexo entre

la PNC y la sociedad; el Ministro del Interior, Mario Acosta

Oertel, lamentó el 20.09 la determinación de

finiquitar el proyecto, por considerar necesaria la

búsqueda de una forma de combatir la delincuencia. El

ministro fustigó que la ONU "esté yendo

más allá de su mandato", señalando que la

intención -con el planteamiento de las juntas- es

justificar su estadía en el país hasta

después de diciembre. "Los acuerdos de Paz se van a

consolidar en la medida que las Naciones Unidas se retire de El

Salvador", dijo. Acosta agregó que "al señor de

Soto le vendieron una especie de preocupación más

allá de la realidad", al sostener que "si bien es cierto

que las juntas de vecinos pueden asociarlas a la extinta

Organización Democrática Nacionalista (ORDEN) en

el pasado, yo me di cuenta que están formados por gente

de ideología heterogénea". Mientras tanto el

diputado por ARENA, Renato Pérez, insistión en

que de no ser por ORDEN, en el pasado "no se habría

detenido en el país la expansión del comunismo".

"No se por qué la jauría de izquierda se ha

lanzado sobre las juntas de vecinos, hablando que puede ser un

ORDEN del pasado, dijo al aseverar que es la oposición

la que trata de dar un matiz político a las referidas

estructuras civiles. Finalmente, para el diputado del FMLN,

Eduardo Linares, el compromiso de acabar con las juntas de

vecinos es positivo, aunque el problema de la delincuencia es

serio y necesita de la ayuda de la ciudadanía (LPG 21.09

p.2-a y LPG 21.09 p.3-a).



DISCUTEN PERMANENCIA DE ONUV. El Presidente de la

República, Armando Calderón Sol, sostuvo el 23.09

que los acuerdos de paz, están casi concluidos y lo que

falta por finiquitar "es risible". El Presidente en-

fatizó que el cumplimiento de los acuerdos se encuentra

en una fase terminal, por lo que ya no sería necesario

extender el mandato de la oficina verificadora. "La

situación de ONUV en El Salvador ya no tiene mayor

sentido, es tan mínimo, que ya podríamos pasar a

otra fase de verificación", expresó el gober-

nante. El Presidente dijo que aún no se ha definido la

situación de ONUV, pero que podría cambiarse por

un viaje a El Salvador cada cierto tiempo de un enviado del

secretario general, Boutros Ghali. Sin embargo, el dirigente

del FMLN Schafik Handal, declaró que espera que se apoye

una prórroga del mandato de la ONUV, previsto para

concluir en diciembre. Mientras el gobierno considera que la

pemanencia de observadores de la ONU no es necesaria para

verificar los aspectos sin cumplir del tratado de paz, la ex

guerrilla propugna que la misión prorrogue la es-

tadía de sus oficinas hasta después del 31 de

diciembre, fecha límite para finiquitar los acuerdos,

conforme a la última recalendarización para

supervisar aspectos inconclusos tales como acuerdos en

seguridad pública y reformas judiciales. Por su parte,

el viceministro de Seguridad Pública, Alberto Carranza

manifestó su inconformidad por la verificación

que la ONU mantiene sobre la seguridad pública. "Creemos

que ya el tema de los Acuerdos de Paz está más

que solventado", sostuvo (LPG 19.09 p.3-a y LPG 24.09 p.38-a).