UCA

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Semanario Proceso

© 1996 UCA Editores


 



año 17

número 726



septiembre 18

      1996



ISSN 0259-9864





Libertad es igualdad y fraternidad

El Salvador: ¿un país para inversiones seguras?



Los medios como creadores de mitos

Centroamérica: entre el sometimiento y la independencia

Aprobación legislativa del Presupuesto General de la

nación

La pena de muerte ¿vale la pena? 



              Libertad es igualdad y fraternidad



  Libertad es una palabra que aparece mucho en el discurso de la

independencia, tanto que ambas se identifican. Sin embargo, no se

indica de qué o de quién es esa libertad ni para

qué. En el contexto de la independencia centroamericana no

se recuerda que era del imperialismo español,

quizás por no incomodar a la representación

diplomática de ese país o lo que sería peor,

porque significaría la perdida del sentido

histórico, por no darle ninguna importancia. Tampoco se

profundiza en el para qué de esa libertad, obviando la

concreción del término. Si no se historiza de

qué y para qué se es libre, la libertad es una

abstracción manipulable.



  La independencia de 1821 implicó la libertad de un

imperio español ya decadente y sin fuerzas para defender

sus colonias. Quienes la proclamaron buscaron con ello la

libertad para explotar libremente los recursos naturales y sobre

todo humanos de las ex colonias sin la incómoda

intromisión de los funcionarios reales. Los "notables" de

entonces y los "padres de la patria" de ahora proclamaron la

independencia de España para que no la proclamase el

pueblo, porque de hacerlo, sus consecuencias hubiesen sido

temibles, tal como explica el primer numeral del acta. Para los

más idealistas, la libertad de entonces prometía

prosperidad y felicidad. Contrario a sus expectativas, sobre

Centroamérica cayó el mal de las guerras

intestinas, animadas por pasiones políticas

difíciles de satisfacer. El nuevo poder nacional no pudo

controlar dichas pasiones y él mismo se vio arrastrado por

ellas.



  El culto a los símbolos patrios, cargado de un fuerte

sentimentalismo, oculta esta realidad histórica. La patria

que se conmemora en el mes de septiembre se ha visto reducida a

un sentimiento, muy profundo sin duda, pero sin fundamento

histórico. Se exalta un sentimiento patriótico

cargado de emotividad, pero sin contenido. Todo se reduce a

cantar el himno nacional, recitar la oración a la bandera,

honrar los símbolos nacionales y los desfiles de corte

militar, una mala copia de la cultura norteamericana -en

realidad, una colorida exhibición circense de malabarismos

y piernas muy poco digna de la fiesta nacional-, que,

además, impone fuertes gastos adicionales en los ya

apretados presupuestos familiares. Visto en su conjunto, el mes

cívico se ha vanalizado.



  Cuando la patria se vuelve mero sentimiento y paisaje se puede

prescindir de sus realidades, es decir, de su población y

de sus circunstancias. Se honra a la patria venerando sus

símbolos, pero irrespetando su realidad más

importante, sus ciudadanos. El mes cívico debiera estar

cargado de contenido histórico, pasado y actual, para lo

cual habría que comenzar desmitificando la historia

oficial. En lugar de explotar propagandísticamente el

sentimentalismo patriotero, se debieran promover los valores de

la fraternidad y la solidaridad.



  Más aún, quienes con más fervor honran los

símbolos patrios son los que están entregando El

Salvador al capital transnacional con la cooperación del

gran capital nacional. Honran la patria del siglo pasado con gran

devoción, pero entregan fácilmente los recursos

naturales y humanos nacionales a la explotación

extranjera, de cuyos beneficios ellos tienen garantizada una

parte importante. La patria del siglo XIX que conmemoran con

tanto fervor no es el país del cual están

disponiendo a su antojo, al amparo de leyes con claros visos de

inconstitucionalidad. Hoy hacen lo contrario de lo que hicieron

los héroes cívicos de los cuales se enorgullecen y

a los cuales admiran.



  Libertad es la palabra mágica. Libertad de mercado, de

comercio, del Estado y llevada al extremo, libertad de la ley y

la justicia. La libertad que los padres de la patria del siglo

XIX consiguieron sería la misma que gozamos a finales del

siglo XX. Desde aquel entonces, El Salvador sería libre.

En realidad, esa libertad es contraria a la igualdad y a la

fraternidad. La libertad que nos imponen en la actualidad produce

desigualdades y destroza la fraternidad como nunca antes. Es una

libertad que crea diferencias y enemistades.



  Difícilmente se puede afirmar que El Salvador es

más libre ahora que hace 175 años. Ciertamente, el

imperialismo español ya es historia pasada; pero existen

otros imperialismos como el estadounidense -más discreto

en esta década que en la pasada, pero no por eso menos

imperialista- y el del capital transnacional, que imponen su

voluntad al país y la región, y nuevas imposiciones

contrarias al bien común y, por lo tanto, al desarrollo

del pueblo salvadoreño. No se puede afirmar que El

Salvador es libre cuando cada día es más prisionero

de la pobreza, de la violencia, del crimen organizado, del terror

y de la corrupción. Todas estas son opresiones que impiden

el desarrollo del país y el bienestar de sus ciudadanos.

La libertad del imperio español del siglo pasado no es

válida en la actualidad.



  La libertad es un reto contra quienes provocan la desigualdad y

la destrucción de la fraternidad, contra quienes mientras

confiesan su nacionalismo, entregan el país

incondicionalmente, contra quienes, al amparo de la

globalización, la modernización y la

privatización (o apertura) neoliberales, promueven la

libertad económica, mientras, por otro lado, conducen al

país por los trillados caminos del autoritarismo

político y social. La libertad para construir la igualdad

y la fraternidad no se consigue honrando los símbolos de

una patria históricamente inexistente o, dicho con mayor

precisión, existente sólo en el sentimiento y en la

ideología que lo acompaña.



  La patria venerada no es la patria real. El Salvador

histórico aún carece de símbolos que lo

representen o, mejor todavía, los símbolos actuales

reclaman contenidos nuevos que recojan la realidad

histórica de finales del siglo XX. En esos contenidos no

deben faltar la referencia al pasado de donde venimos, al

presente que queremos superar y a la utopía hacia la cual

debiéramos caminar como nación.



       El Salvador: ¿un país para inversiones seguras?





  Durante las últimas semanas el Banco Central de Reserva

(BCR) ha propalado ampliamente las supuestas perspectivas

positivas que la economía de El Salvador

presentaría para la inversión, y la cual

estaría avalada por la empresa internacional clasificadora

de riesgos "Standard & Poor's" (S&P). Según esta

versión, actualmente la economía de El Salvador se

encontraría pasando por tan buen momento que la

"calificación obtenida por El Salvador es mayor que la de

otros gobiernos con economías crecientes tales como Brasil

y Argentina".



  Muy probablemente estas aseveraciones podrían parecer

fuera de contexto para un observador de la coyuntura

económica del país; considérese por ejemplo

que actualmente se experimenta un franco proceso de

recesión económica, profundización del

déficit de la balanza comercial, reaparición del

déficit fiscal, incremento de las tasas inflacionarias por

encima de los niveles programados y elevados niveles de pobreza

(Proceso, 724).



  Aunque la compañía S&P únicamente

evalúa el clima de inversión basado en la

estabilidad monetaria y en el manejo del crédito local e

internacional, no omite señalar en su mismo informe

algunas facetas negativas del proceso económico de El

Salvador; sin embargo, estas han sido ocultadas deliberadamente

por los comunicados del BCR. Para S&P un elemento que resulta

clave para mejorar el clima de negocios de El Salvador es la

privatización exitosa de la Administración Nacional

de Telecomunicaciones (ANTEL) en los próximos 6 meses,

pues ello permitirá al gobierno profundizar en las

reformas económicas.



  No cabe duda que, en la actual coyuntura, el avance del proceso

de privatización de ANTEL es uno de los elementos

más debatidos, e inclusive ha pasado a ser la punta de

lanza del proceso de privatización de las empresas

prestatarias de servicios básicos. Este proceso ha sido

ligado a las perspectivas económicas del país no

sólo por la S&P, sino también por asesores de la

Comisión Presidencial para la Modernización del

Sector Público, los cuales además lo consideran un

elemento decisivo para que el partido de gobierno aumente su

caudal de votos en las próximas elecciones. En las

siguientes líneas se presenta una visión más

integral del informe de S&P con el objeto de explorar cuál

es el vínculo que éste guarda con la reforma del

Estado y, especialmente, con la próxima

privatización de ANTEL.



  La principal información de interés que ha sido

señalada por el informe que nos ocupa ha sido una mejor

calificación de El Salvador en tres diferentes niveles: el

de su moneda, la administración del crédito local y

su perfil como cliente para créditos en moneda extranjera.

De acuerdo a la firma evaluadora algunos elementos que han

contribuido a esta mejor calificación son: estabilidad

política y profundización de las reformas

económicas, contención del déficit fiscal,

baja deuda pública y liberalización

económica "extensa" (de precios, intereses y capitales).



  Por otra parte, el documento también establece que la

clasificación de El Salvador podría ser afectada

negativamente por los siguientes elementos: precarias condiciones

sociales y deficiencias de infraestructura, vulnerabilidad en la

balanza de pagos debido al incremento de las importaciones y a la

estrechez del sector exportador y, finalmente, una base

productiva estrecha limitada por los bajos niveles de ahorro y de

inversión extranjera.



  El informe de S&P señala claramente que el avance de El

Salvador en la tabla de ratings obedece grandemente a las

reformas económicas en las que este se ha empeñado,

destacando que "los prospectos del gobierno para profundizar las

reformas descansarán sobre la privatización exitosa

de la compañía telefónica, ANTEL". Esta

visión parece ser compartida también por sectores

vinculados a la Comisión Presidencial para la

Modernización del Sector Público.



  De acuerdo a documentos facilitados por diputados de la

Asamblea Legislativa, los asesores de la mencionada

comisión sostienen que la privatización de ANTEL

estaría íntimamente ligada con dos importantes

aspectos, claves para la profundización de la

"modernización": ganancias de capital político

derivadas del manejo de la privatización y

obtención de garantías para la

implementación de un próximo conjunto de reformas.



  Dentro de la visión de privatización adoptada por

el gobierno es claro que se busca presentar el caso de ANTEL como

una muestra de que el proceso privatizador mejorará las

condiciones de vida de la población. En realidad, la

privatización de ANTEL se ha traducido ya en notorios

incrementos en el costo del servicio local sin que ni siquiera en

el servicio internacional se registraran reducciones tarifarias

(Proceso, 718).



  Los argumentos de que la privatización de ANTEL suponen

incrementar el número de las líneas

telefónicas, acceder a tarifas reducidas, reducir el

tiempo de instalación e incrementar el empleo del sector

telecomunicaciones son en realidad mera retórica para

justificar la medida, pues no todos los ofrecimientos pueden

cumplirse. Las tarifas se incrementaron en la práctica,

mientras que el número de empleados en ANTEL se espera que

disminuya notablemente después de su privatización;

y, de acuerdo a los asesores del gobierno, para evitar que esta

situación ocurra en época pre-electoral, se

prevé garantizar contratos laborales hasta septiembre de

1997 y sacrificar recursos financieros en "beneficios al

consumidor".



  La evaluación de S&P únicamente se basa en

criterios de estabilidad de la moneda e implementación de

reformas económicas liberales para la clasificación

del clima de inversión de los países, de tal forma

que su ponderación -y así lo reconocen los

responsables del informe- en realidad no significa que el proceso

económico de El Salvador esté enrumbado hacia el

desarrollo. Por ejemplo, la liberalización de las tasas de

interés ha sido uno de los elementos que más han

presionado para la actual etapa de recesión

económica que enfrenta el país, aunque para S&P es

un elemento que favorece el "clima de inversión".



  El informe de la firma internacional sugiere que el país

está llegando a niveles en que puede convertirse en

destino de inversiones extranjeras, las cuales debido a su

inestabilidad podrían desencadenar futuras crisis

económicas, como en el caso de México. La

implicación más importante de este informe es que

abre la posibilidad de que empresas del sector financiero accedan

al mercado internacional de capitales, con lo cual el crecimiento

de este sector se estimularía aún más,

repercutiendo negativamente en los esfuerzos por ampliar la base

productiva y diversificar las exportaciones.



  Por lo demás, la llamada modernización del Estado

está íntimamente ligada con las calificaciones de

S&P, y, en esa medida, la próxima privatización de

ANTEL se considera clave para mejorar la clasificación de

El Salvador; para los asesores del gobierno representa un buen

momento para manipular la privatización de ANTEL con el

propósito de obtener ventajas electorales en las

próximas elecciones.



  El informe de S&P no debería mover a nadie hacia

posiciones de optimismo, pues el gobierno ha fracasado en lo que

respecta a la diversificación de la producción y de

las exportaciones. Si existe estabilidad de la moneda es porque

las remesas familiares lo han permitido y no porque el

país cuente con una base productiva que la sustente. Por

otra parte, el buen manejo del crédito que destaca la

firma se debe en gran parte a que el sector financiero ha fijado

elevadas tasas de interés con lo cual ha elevado su

rentabilidad a niveles inusitadamente altos, con los consecuentes

costos en la inversión y producción.

  En definitiva, las buenas calificaciones para El Salvador

obedecen únicamente a que ha avanzado en la

implementación de reformas para el desmantelamiento del

Estado. Entre mayores sean los esfuerzos por implementar reformas

económicas de corte neoliberal mayores serán las

notas que se obtendrán en las evaluaciones al estilo de

S&P, pero ello no garantiza que se estén superando

problemas como la dependencia de las remesas, la recesión

y terciarización económica o la precariedad de las

condiciones sociales.



  El pedido de formular políticas claras para el fomento

de la producción agropecuaria e industrial y la

reducción de la pobreza continúan teniendo

vigencia, aún y cuando se hubiera mejorado el "clima de

inversión" del país.



             Los medios como creadores de mitos



  Con la "muerte de las ideologías" el papel que han

pasado a ocupar los medios de comunicación social ha sido

preponderante. A falta de corrientes ideológicas claras y

coherentes que agrupen a sectores sociales bajo una causa

común, los medios, ayudados por el desarrollo

tecnológico, son capaces, más que antes, de generar

mitos que dan cohesión a personas disímiles entre

sí, pertenecientes a los más diversos sectores de

la población. Los medios son ahora capaces de unir a ricos

y pobres, conservadores y liberales, sectores gubernamentales o

no, bajo gestas y búsquedas que dejan a un lado las

diferencias personales o grupales y que se presentan como de

interés general, como asuntos de preocupación

nacional.



  La falta de criticidad de los espectadores ante el

espectáculo público que ofrecen los medios permite

que los mitos que éstos generan puedan presentarse a

sí mismos como omniabarcadores, como inescapables, pese a

que ellos arranquen generalmente de valores económicos,

políticos y culturales muy específicos y

particulares. Es decir, los medios mitifican, vuelven visiones de

mundo, las respuestas y expectativas de individuos, de grupos

concretos, situados en un contexto que dista mucho de ser

compartido por la totalidad de la sociedad.



  La problematicidad de estos mitos reside, por un lado, en el

hecho de que son presentados no como lo que son, como objetos

culturales creados que han debido pasar antes por un proceso de

selección entre otros posibles -proceso de

selección en el que intervienen, por supuesto, valores de

escogitación muy particulares y parcializados-, sino como

naturales, como mitos de suyo subsistentes y sin referente alguno

con la realidad de la que proceden y a la que responden. Por otra

parte y como consecuencia de lo anterior, estos mitos, al

magnificar su contenido, permiten obviar las estructuras y

vinculaciones sociales que no son contemplados

explícitamente dentro de ellos.



  Teniendo en cuenta lo anterior, es de relevancia analizar, por

lo que en él no se menciona y por las consecuencias que de

él se han seguido, el mito público expresado en la

campaña nacional de "Liberen a Andrés".



La mitificación de un secuestro

  En El Salvador el secuestro es una práctica antigua.



Durante la década de la guerra fueron más que

frecuentes los secuestros de índole política; en

ellos se buscaba, generalmente bajo el pretexto de exigir

cuantiosos rescates económicos, alcanzar resultados

políticos: canje de prisioneros, sembrar temor en el

enemigo, sacar a la luz realidades de índole social, entre

otros. Aunque la política era la escusa más

frecuente, también existieron grupos de derecha radicales

que secuestraban importantes empresarios y comerciantes con el

único fin de obtener beneficios económicos; su

desarticulación en ese entonces se vio imposibilitada -

además de estar amparados por la impunidad que proporciona

el poder económico- por el hecho de que este tipo de

secuestros podía ser atribuido fácilmente al sector

de izquierda en la clandestinidad para restarle méritos a

su lucha y exigencias.



  Con la exacerbación de la delincuencia común y

organizada que ha acompañado a la finalización del

conflicto armado, el ejercicio del secuestro se hizo

profesión. Sólo en julio de este año se han

contabilizado -considérese que en la mayoría de los

casos el secuestro no es denunciado por los familiares- 17 casos,

la mayoría de ellos en la zona oriental del país.

Curiosamente, gran parte de los secuestros de los que se tiene

registro involucran a familias de pocos recursos, generalmente

pequeños agricultores, comerciantes o profesionales. Pese

a este creciente aumento de los casos de secuestro, las denuncias

y las muestras de condena sólo habían sido

patrimonio de las personas que se habían visto

involucradas en ellos; hasta julio de este año no

existía ni el menor signo de un interés

generalizado ni mucho menos de una campaña de nivel

nacional. ¿Qué fue entonces lo que motivo el clamor

general por la liberación de uno de tantos otros

secuestrados?



  No puede afirmarse que el secuestro de Andrés Suster

fuera desde el principio un caso típico. En primer lugar,

hasta el momento de su rapto -septiembre de 1995-, el blanco

preferido de las bandas de secuestradores eran personas de clase

media; Andrés Suster era el primer secuestrado que

pertenecía a una de las familias más pudientes del

país. En segundo lugar, Andrés es hijo de

Saúl Suster, ex-presidente de ANTEL y uno de los hombres

de confianza de las dos administraciones areneras. A esto se

añade que, pese al poder económico y

político de su familia, debieron pasar más de 300

días antes de que se hiciera efectiva su

liberación; esto da cabida a pensar que las exigencias de

los secuestradores desbordaban lo puramente económico y

contenían alguna de índole política, pues de

lo contrario es difícil explicar que no se pudieran

satisfacer prontamente sus demandas cuando se contaba con el

poder de la familia Suster y el respaldo de los más altos

funcionarios de ARENA -entre ellos Juan José Domenech y

Alfredo Cristiani.



   Teniendo en cuenta lo anterior y observando en retrospectiva

la campaña llevada a cabo por los medios, lo que se

condenó como abominable no fue el ejercicio del secuestro

en general, sino más bien la perdida de seguridad de la

que hasta la fecha habían gozado las clases privilegiadas

del país. El secuestro de Suster ponía en

evidencia, de manera brutal e incuestionable, que los altos

personeros de ARENA no eran todo lo invulnerables que

creían ser. La campaña fue, entonces, la

expresión superlativa del miedo y el temor de estos

sectores, la expresión histérica que

correspondía al hecho de haber sido despojados

abruptamente del paraíso en la tierra. El recurrir a

describir de forma conmovedora las actividades diarias de

Andrés Suster antes del secuestro, el insistir en llamarlo

el "niño Suster", fueron algunas de las estrategias de los

medios para tocar la sensiblería del salvadoreño

promedio y poder lanzar la campaña a nivel nacional.



  Lo que cohesionó a los salvadoreños, lo que

llevó a muchos inocentes a rasgarse las ropas y darse

golpes de dolor en el pecho, no fue realmente la situación

de violencia cotidiana que impera en El Salvador, sino el que

esta violencia se hubiera objetivado sobre un "niño", un

miembro de las clases altas del país y, sobre todas las

cosas, de ahí lo execrable, en un familiar de la elite del

partido ARENA. Sin embargo, lo que puede ser criticado en la

campaña no es esto, sino más bien el hecho de que

ella sirvió, tal vez ex-profeso, para dejar de lado las

verdaderas motivaciones de los secuestradores y el trasfondo

político que podría estar por detrás del

secuestro de Suster, en especial si se tiene en cuenta la crisis

por la que atraviesa el partido ARENA.



  Luego de la liberación de Suster, de la campaña

sólo han quedado dos cosas: una solidaridad de dudosa

prolongación con "todos" los secuestrados del país

y un renacimiento, a manos de los funcionarios del partido en el

poder respaldados por el "ejemplo" guatemalteco, del debate de la

aprobación de la pena de muerte para los secuestradores y

los violadores. Si la única consecuencia real de la

campaña será el restablecimiento de la pena

capital, puede afirmarse que no se ha logrado ningún

avance en la humanización de la sociedad. El exigir la

muerte para los delincuentes implica dar por supuestas la

imposibilidad de combatir la violencia desde sus causas y

descartar la posibilidad de la reeducación y la

reinserción a la sociedad del que delinque. En este

sentido, los llamados a la interseción divina y a la

humanidad de los secuestradores realizados durante la

campaña muestran su vacuidad, pues rápida y

alegremente se han transformado en un clamor por la muerte y la

venganza.





  Centroamérica: entre el sometimiento y la independencia



  Una vez más, los países de Centroamérica

han conmemorado la fiesta la gesta inpendencista que puso fin al

dominio de los españoles sobre las naciones de la

región. Como es costumbre, las celebraciones patrias

estuvieron marcadas por la participación de miles de

estudiantes que marcharon portando las banderas de sus

respectivos países; los himnos de cada país,

cantados con "verdadero patriotismo"; y los discursos

grandilocuentes de los mandatarios de cada país quienes

exhortaron entre otras cosas a la integración

centroamericana, la inserción en la economía

mundial y al desarrollo sostenible.



  En suma, las intervenciones de los presidentes del área

centroamericana apuntaron a la urgente necesidad de estar unidos

frente a los cambios mundiales. Al respecto, el Presidente de

Guatemala, Alvaro Arzú, señaló que "nuestras

cinco repúblicas enfrentan el formidable desafío de

un mundo globalizado, donde se acrecientan las enormes

diferencias entre países ricos y pobres"; en consecuencia,

"el reto es enorme, pero por ello nos debe llevar a movilizar

todos los recursos de nuestros pueblos en un ambiente de unidad y

esfuerzo común".



  En esa misma perspectiva, el Presidente de Costa Rica,

José María Figueres, hizo énfasis en la

integración regional de cada país a lo que

llamó "la gran patria centroamericana", así como la

importancia de impulsar la Alianza para el Desarrollo Sostenible

(ADS). Y es que, en opinión de Figueres, tal alianza

"constituye la mayor oportunidad para que nuestros pueblos

alcancen, a partir de acciones concretas, en el mediano y largo

plazo, su bienestar con equidad".   

  Por su parte, el Presidente de El Salvador, Armando

Calderón Sol, recordó que "la efemérides que

jubilosos conmemoramos este día, nos permite evocar

nuestro origen de nación soberana, libre e independiente,

y a ver con cifradas esperanzas el futuro, teniendo como

estandarte de nuestras raíces históricas y los

valores cívicos, morales y espirituales que nos legaron

nuestros próceres". Así pues "invitamos

también a todos los sectores de la vida nacional a que

profundicemos el combate contra la delincuencia, así

también contra la pobreza, solidarizándonos con

nuestros hermanos que sufren privaciones, que carecen de trabajo,

techo y condiciones saludables de vida. La pobreza es una afrenta

social que debemos erradicar, haciendo de El Salvador un

país de oportunidades para todos".



Consideraciones



  Pese las aspiraciones integracionistas manifestadas por los

presidentes Figueres y Arzú, se debe tener en cuenta que

de lograr entre los países centroamericanos una

integración "formal" -que es por lo que han venido

trabajando los gobernantes-, lo que se estaría alcanzando

es una "legitimación democrática" del modelo socio-

económico de "dos velocidades" que, en consecuencia,

genera dos ciudadanías. Por un lado, amplios sectores y

zonas con una creciente tendencia a la africanización y a

la desintegración social: grandes mayorías -

mujeres, niños y jóvenes- en el desempleo y la

pobreza, con niveles de salud y educación insuficientes

para convertirse en actores de su propio desarrollo. Por otro

lado, una élite poderosa, formada básicamente por

las redes familiares de industriales y financieros extendidas por

la región, secundada por un sector de la clase media

incorporada a su servicio y al servicio del sector más

dinámico de la economía transnacionalizada

(Proceso, 701).



  Adicionalmente, es importante que los mandatarios tomen en

cuenta que, a la hora de firmar convenios con países

poderosos o con la banca internacional, se contraen grandes

compromisos que no sólo tienen un carácter

económico, sino que tienen importantes implicaciones en lo

que atañe a la soberanía y la

autodeterminación de las naciones. Es ello lo que permite

explicar en parte las actuales políticas económicas

que se están implementando en los países

centroamericanos. Nuestros presidentes no debieran olvidar que el

día que fueron elegidos para gobernar no se les

confirió ese poder para someterse ante otros, sino para

conducirnos por el camino de la democracia y la equidad. Queda en

pie la pregunta de qué tan libres son nuestros

países y si las celebraciones de independencia no son nada

más que un recurso para legitimar las desigualdades

vigentes en los mismos.



  



    Aprobación legislativa del Presupuesto General de la

nación





            Oscar Martínez Peñate

               Departamento de Sociología

 Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 

   



Acerca del presupuesto general de la nación



  La preparación del presupuesto general de la

nación le corresponde al Poder Ejecutivo y la instancia

específica encargada de ello es el Ministerio de Hacienda

a través de la Dirección General del Presupuesto.



  El Ejecutivo envía el proyecto del presupuesto a la

Asamblea Legislativa para que allí sea discutido y

aprobado. El trámite es similar al que se le aplica a un

proyecto de ley ordinario. El proyecto de presupuesto es enviado

a la Comisión de Hacienda, para que ésta dé

su respectivo dictamen; posteriormente es enviado al plenario

para su discusión y aprobación. En este caso, el

Presidente de la República no puede hacer uso del veto

Ejecutivo.



  Cada Asamblea Legislativa tiene su propia metodología

para abordar el presupuesto, por ejemplo, para estudiarlo,

analizarlo, hacer propuestas y sugerir reformas al mismo. Sin

embargo, en buena parte de las Asambleas, el presupuesto es el

que crea más debate y discusión, puesto que los

diputados no sólo se limitan a aprobarlo, sino que tienen

que evaluar la incidencia que el mismo habrá de tener en

la política económica y social del país. "La

mayoría de las Constituciones precisan que si el proyecto

del presupuesto no es aprobado en el tiempo establecido, el

presupuesto del año anterior entrará

automáticamente en vigencia, con la posibilidad de que el

Parlamento lo pueda modificar en el transcurso de la

ejecución" (Jacques Lambert y Alain Gandolfi, 1987).



  Asimismo, es en el presupuesto donde se identifica la fuente de

financiamiento, objetivos y metas del programa del partido en el

gobierno, programa que este último pondrá en

práctica en las diferentes áreas y,que

regulará la vida económica, política y

social del país durante un año, en caso de que el

presupuesto sea anual. La función de discutir y aprobar el

presupuesto es uno de los mecanismos de coordinación y a

la vez de control político-financiero que utiliza el

Legislativo sobre la acción del Ejecutivo, puesto que el

presupuesto es una especia de ®brújula¯ que define el

rumbo que orientará a los planes gubernamentales, a la vez

que "fija unos límites financieros a la actuación

del Gobierno" (Maurice Duverger, 1970).



  En nuestro país, según el ex-diplomático

salvadoreño Roberto Meza, la Asamblea Legislativa se

encamina hacia el desprestigio, por no ejercer control sobre las

actuaciones del Ejecutivo. Meza considera que "la función

de control es la sustancia de la democracia, aun en la

norteamericana (sic) que tanto nos gusta utilizar como

referencia, ella ejerce una misión de vigilancia y

seguimiento del Ejecutivo( El Diario de Hoy, 20-04-1995).







                           CUADRO No.1

             PRINCIPIOS SUSTANTIVOS  Y FORMALES PARA

              LA ELABORACIóN DEL PRESUPUESTO



     PRINCIPIOS SUSTANTIVOS



           PRINCIPIOS FORMALES



PLANIFICACIóN



     Este implica la necesidad de formular planes

y programas con amplio alcance y que abarquen las

fases de un programa en un período de

tiempo determinado.



UNIVERSALIDAD



     Indica que se deben incluir todos los

elementos cualitativos y cuantitativos; todos los

ingresos y egresos.





UNIDAD



     Se concentra en la necesidad de que exista

una unidad de documento, de cuenta y de caja.





PREVISION-PERIODICIDAD



     El programa debe ordenar las actividades por

realizar en un plazo determinado.



CLARIDAD



     Hay que especificar todas las acciones para

alcanzar el objetivo propuesto inicialmente.





ESPECIFICACION-GENERALIDAD



     De la adopción de uno de estos

principios depende la confianza que se tenga en

los órganos políticos o el deseo de

controlar y supervisar las acciones.



PUBLICIDAD



     El debate público se da en los

Parlamentos, es menester que la mayoría de

la población se entere de lo que se

está discutiendo.



EXACTITUD



     Las estimaciones que contenga el presupuesto

deben ser reales y confiables.



FUENTE: RAMON MATEO, Derecho público de la economía,

Madrid, CEURA, 1985.



JOSé GALVáN, Tratado de                       

administración general, Panamá, EUPAN, 1976.



GUILLERMO CABANELLAS, Diccionario de derecho usual, Buenos        

 Aires, Libro de Edición, 1968.



APUD, MARINA RAMíREZ ALTAMIRANO, Manual de procedimientos

legislativos,           San José,

IJSA, 1994, p.354.





Procedimientos generales para la aprobación



  Por lo general, la Comisión Legislativa de Hacienda

tiene la facultad de asesorarse permanentemente por el organismo

especializado de la Asamblea, por expertos de la Corte de

Cuentas, Banco Central de Reserva, del Ministerio de Hacienda y

del Ministerio de Economía.



  La Comisión Legislativa de Hacienda si lo estima

conveniente puede presentar modificaciones al proyecto del

presupuesto; por ejemplo, mociones que reduzcan, eliminen,

aumenten o incluya nuevas partidas y reasignación de

fondos, es decir, trasladar fondos de una institución a

otra. A dicho proyecto se le pueden introducir los cambios

pertinentes, pero se guarda como regla básica que los

gastos no sobrepasen los ingresos ni se creen nuevos impuestos o

se reduzcan los ingresos por la ley que aprueba el presupuesto.

La Constitución Política de El Salvador establece

en el Art.131 que corresponde a la Asamblea Legislativa: 



  "Numeral 8. Decretar el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la

Administración Pública, así como sus

reformas.



  Numeral 9. Crear y suprimir plazas, y asignar sueldos a los

funcionarios y empleados de acuerdo con el régimen de

Servicio Civil.



  Numeral 10. Aprobar su presupuesto y sistema de salarios,

así como sus reformas, consultándolos previamente

con el Presidente de la República para el solo efecto de

garantizar que existan los fondos necesarios para su

cumplimiento. Una vez aprobado dicho presupuesto se

incorporará al Presupuesto de Ingresos y Egresos de la

Administración Pública".



  El financiamiento del presupuesto se obtiene de la

recolección de impuestos y servicios estatales. De acuerdo

con la estimación de los ingresos que percibirá el

Estado, en esa proporción serán contemplados los

gastos o egresos que el sector público efectuará

para llevar a cabo de una forma coordinada la política

económica y social del Ejecutivo.



  En algunos países se contempla de manera fija el

presupuesto de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal

Supremo de Elecciones. El presupuesto de ambas instituciones es

establecido por un porcentaje fijo en relación con el

presupuesto general de la nación, con el propósito

de garantizar su independencia en relación con el

Legislativo y el Ejecutivo. En El Salvador, únicamente se

fija para el Poder Judicial. Al respecto, la Constitución

Política de nuestro país, en el Art.172, dice que

"el órgano Judicial dispondrá anualmente de una

asignación no inferior al seis por ciento de los ingresos

corrientes del presupuesto del Estado".



Control en la ejecución del presupuesto

  Por otra parte, la Asamblea Legislativa, a través de la

Comisión Legislativa de Hacienda y apoyada por

especialistas en la materia, le da seguimiento a la

verificación de la ejecución del presupuesto;

asimismo, realiza una constante evaluación durante el

correspondiente año fiscal.



  Curiosamente, en El Salvador los diputados no participan en el

control de la ejecución ni establecen evaluaciones

periódicas ni mucho menos son informados por el Ministerio

de Hacienda acerca de la ejecución del presupuesto, a

pesar de que el Ministro de Hacienda se haya comprometido hacerlo

cada tres meses. Además, "la Presidencia de la Asamblea

Legislativa actúa dictatorialmente sobre el conjunto de la

misma, limita sus funciones fiscalizadoras, obstaculiza la

iniciativa de los Diputados y reduce los alcances y la autoridad

del paradójicamente llamado ®primer poder¯" (FMLN, 1996).

  De cualquier modo, el seguimiento y evaluación le

permite a los diputados poseer una mayor visión de la

viabilidad, reformas o reestructuración que puedan ser

necesarias que se le efectúen al presupuesto. A la vez que

el próximo presupuesto general de la nación no

constituye una sorpresa que envía el Ejecutivo al

Legislativo siempre que está por finalizar el año

para que de una forma improvisada y apresurada lo aprueben.







          La pena de muerte ¿vale la pena? 



  Sin dudar un instante, la respuesta es no. Independientemente

de las demagógicas razones que están utilizando sus

actuales promotores, son más los argumentos objetivos que

nos dan la razón para oponernos a que esta medida se

aplique de nuevo en el país, a fin de sancionar con ella

cierto tipo de delitos. Examinemos por qué nuestra

posición ahora que, tras el publicitado fusilamiento de

dos campesinos guatemaltecos acusados de un horrendo y condenable

crimen, se ha desatado una campaña desenfrenada en favor

de la llamada "pena capital" en El Salvador.



  Desde nuestra óptica, consideramos que con esa

cuestionable propuesta --mediante la cual se dice responder al

clamor de una población cada vez más insegura y

angustiada-- lo que en realidad se está haciendo es

faltarle al respeto a la misma gente que se dice defender,

ofreciéndole esa "solución" dizque "inmediata".

Después de todo lo que ha sufrido este pueblo, es

necesario que se le hable con la verdad y no se continúe

engañándolo; ni la tan desprestigiada "clase

política" ni las y los gobernantes de turno pueden

continuar mintiéndole impunemente.



  Y eso, precisamente, es lo que se está haciendo ahora ya

que nadie o casi nadie ha explicado suficientemente que para

reimplantar esa disposición en el país es necesaria

una reforma constitucional que --de ser aprobada por esta

Asamblea Legislativa-- tiene que ser ratificada por las y los

diputados que tomarán posesión de sus cargos hasta

mayo del próximo año. Nadie o casi nadie,

además, ha mencionado que se deben hacer otras cosas;

entre ellas: que es obligación denunciar tratados

internacionales de los cuales El Salvador es signatario y

reformar algunos aspectos de la legislación secundaria

nacional en materia penal y procesal penal.



  Si bien les va a sus promotores, la pena de muerte sólo

se podrá aplicar en los delitos que ellas y ellos decidan, 

realizados a partir de la fecha de su entrada en vigor. Estamos

hablando, pues, de casos que puedan tener lugar dentro de 8 meses

en adelante como mínimo, si es que la próxima

legislatura ratifica durante el primer mes de su

instalación lo que la actual Asamblea parece que

aprobará en ese sentido.



  Pero --ojo!-- además se debe considerar que, una vez

cometido el delito, éste deberá ser investigado por

una Policía Nacional Civil (PNC) que todavía no

resulta del todo confiable. Imagínense ustedes qué

harán para evitar esa sanción los pocos o muchos

elementos de la PNC --no sabemos a ciencia cierta cuántos

serán-- que desde dentro de la misma institución se

han encargado, hasta la fecha, de obstaculizar o desviar ese tipo

de diligencias para encubrir hechos delictivos porque han

participado directamente en ellos o porque alguien interesado les

pagan para hacerlo. Y, además, habría que esperar

los resultados del trabajo que debe desempeñar esa

maquinaria lenta y menos confiable aún, mal conocida como

la "administración de justicia" salvadoreña.



  Imagínense ustedes esas dos piezas claves para lograr

una aplicación adecuada de la ley en el caso de la pena de

muerte, cuando hasta ahora adolecen de grandes deficiencias y no

se han caracterizado precisamente por colaborar entre ellas. Por

el contrario, lo que se ha observado es una andanada de

acusaciones mutuas intentando librarse de culpa por la ineficacia

estatal para enfrentar el fenómeno delincuencia en el

país y sus consecuencias negativas en el ánimo de

la población. Si bien les va a sus impulsarais, pues, de

aquí a cuatro años --o más, quizás--

se podría estar satisfaciendo el morbo de quienes quieren

ver al Estado, de nuevo, quitándole la vida a una persona.



  Cabe preguntarse, entonces, ¿qué pasará

durante esos cuatro o más años?

¿Podríamos pensar que dejarán de cometerse los

crímenes y otros hechos delictivos que ahora nos indignan

con razón? No y, mientras tanto, tampoco se hará nada

por mejorar la capacidad institucional para perseguir y sancionar

a los delincuentes. Por eso resulta más indignante ver

cómo, al calor de una campaña electoral --que

algunos partidos ya la iniciaron desde hace ratos de manera

ilegal y extraoficial-- o de las pugnas internos que les

están afectando, se trate de distraer la atención y

se engañe a la gente que se siente cada vez más

desprotegida y dispuesta a probar cualquier cosa con tal de salir

del temor en el que vive cotidianamente.



  Además, aquí como en otros lugares se ha dicho

que con esta medida --de aprobarse-- se reducirá el nivel

de violencia en el país, pues sus "padrinos" y "madrinas"

sostienen que sirve para disuadir a las personas que van a

cometer un delito. ¿Será verdad eso? Tampoco. Es otra

mentira: según estudios realizados por médicos

ingleses a partir de una experiencia de 35 años en

prisiones, "la disuación no es de manera alguna el asunto

sencillo que algunos consideran... Los asesinos, en una alta

proporción, están tan tensos en el momento del

crimen que son insensibles a las consecuencias que ello les

acarreará; otros consiguen convencerse de que

podrán librarse de ellas".



  Y en nuestro país, ¿quién puede temer a la

verdadera justicia cuando observa que ésta no funciona?



¿cómo asegurarnos que aquella persona decidida a

realizar un delito grave --por las razones que sean-- esté

realmente convencida de que no podrá burlar el peso de la

ley, cuando se ha dado cuenta que es nuestro país el reino

de las trampas que favorecen a los grandes criminales y

delincuentes de todo tipo, vía amnistías o dinero

de por medio?



  "Los delincuentes que planean delitos graves de manera

calculada --afirma Amnistía Internacional (AI)-- pueden

decidir seguir adelante a pesar del riesgo, en la idea de que no

los cogerán. La clave de la disuación en estos

casos es aumentar la probabilidad del descubrimiento, la

detención y la condena. La pena de muerte puede ser

incluso contraproducente al distraer la atención de las

autoridades y de la opinión pública de los

esfuerzos necesarios para efectuar mejoras reales en la lucha

contra la delincuencia".



  Tristemente en muchos casos, nuestro país es un

territorio del cual se pueden extraer lecciones importantes de

hechos muy graves y dolorosos. Por eso podemos decir, con toda

certeza, que en El Salvador existe un ejemplo reciente del

fracaso de la pena capital: el de cerca de 30 ejecuciones

realizadas en el oriente del país por el "escuadrón

de la muerte" conocido como "La Sombra Negra". En un territorio

focalizado y en un tiempo determinado, fueron asesinadas esas

personas sin que --hasta la fecha-- se sepa con certeza si

realmente eran delincuentes o no. ¿Disminuyeron los

índices de violencia e inseguridad en esa región

con la criminal campaña que aplaudieron algunas

autoridades políticas, que decía responder al

"clamor popular" y que contó con la participación

de miembros de la PNC? Para nada.   

  No señoras y señores gobernantes y

políticos. Tengan más respeto para este sufrido

pueblo que, desde hace mucho, está despierto. Por su

irresponsabilidad, no dejen que vuelva a vivir situaciones

desesperantes y que pierda la esperanza de que éstas

pueden superarse, pues las consecuencias de eso son muy

peligrosas. La pena de muerte, sin duda, no vale la pena; lo que

sí vale la pena es trabajar porque, de una vez por todas,

en El Salvador funcionen las instituciones y se aplique la ley

sin discriminación para que --por fin-- brillen la verdad

y la justicia.



  De seguir así, señoras y señores polticos

y gobernantes irresponsables, son ustedes quienes deberían

morirse de pena por su incapacidad para encontrar soluciones

creativas, respetuosas de la legalidad y los derechos humanos,

que verdaderamente alivien la situación de la

población y le garanticen vivir en un país seguro,

por el cual se sacrificaron tantas personas que sí

valían la pena y que no debieron haber muerto. 



ARENA REVISARA ESTATUTOS. Dirigentes del partido Alianza

Republicana Nacionalista (ARENA) informaron el 12.09 la

intención de modificar sus estatutos, en el marco de la

clausura del encuentro entre dirigentes de partidos conservadores

de Centroamérica, México, España y Francia.

La jefa del Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA (COENA), Gloria

Salguero Gross, anunció que ARENA modificará sus

estatutos para establecer que el presidente del partido no sea

necesariamente el candidato a la Presidencia de la

República, tal como ha ocurrido desde 1981. De igual

forma, la diputada Carmen Elena Calderón de Escalón

confirmó dichas reformas estatutarias. Mientras tanto, en

referencia a la renuncia de Juan José Domenech a la

presidencia del COENA y la revisión de los estatutos del

partido, el Coronel Sigifredo Ochoa Perez declaró el 15.09

que "si    ARENA hace los cambios que tiene que hacer y no se

aferra a patrones rígidos, continuará siendo la

primera fuerza política, pero tiene que demostrar que hay

voluntad para abrir espacios". Sin embargo, sostuvo que tanto la

renuncia como el paso de algunos miembros del partido a otros

institutos políticos "se debe a esa rigidez y

aferrasón en no cambiar los estatutos". Ochoa Perez

consideró que "todo tiene que irse adecuando a los

tiempos, y ARENA no puede ser la excepción". Los

conflictos desencadenados en el partido oficial, en los

últimos meses, a juicio del ex funcionario "podrían

desencadenar situaciones de ingobernabilidad". El militar

declaró que en la estructura interna de ARENA, "más

que diferencias, hay distintas corrientes, y sobre todo se debe

respetar la forma de pensar, aunque sean distintas del que tiene

el mando o control de un partido" (DL 16.09 p.3 y LPG 13.09 p.30-

a).



IMPULSAN PENA DE MUERTE. La fracción legislativa de ARENA

declaró el 13.09 que lanzará el reto a los partidos

de oposición para que respalden la reinstauración

en el país de la pena de muerte, como una forma para

combatir el alto índice de criminalidad. ARENA

retomó la iniciativa después del secuestro y

liberación de Andrés Suster, así como de la

ejecución de dos guatemaltecos implicados en el secuestro,

violación y asesinato de una menor de cuatro años.

"Lanzaremos el reto a la oposición legislativa para que

comprenda la necesidad que existe de legislar en favor del

pueblo, por los niños y las niñas que son violados

y asesinados por sujetos inescrupulosos", declaró el

Presidente de la Comisión de Legislación y Puntos

Constitucionales del Organo Legislativo, Walter Araujo; en cuanto

a la limitante de los acuerdos internacionales firmados por El

Salvador que le impiden incluir en su legislación la pena

capital, el jefe de fracción de ARENA, Juan Duch

Martínez, expresó que se puede eliminar renunciando

a dichos tratados, ya que según él no se puede

vivir condicionado por la forma de vida de otros países.

De igual forma, el Ministro del Interior, Mario Acosta Oertel,

hizo un llamado a sus colegas diputados para que reconsideren la

necesidad de modificar la Constitución Política, en

el sentido de que se instale la pena de muerte. Según el

diputado, aún en países como Estados Unidos -fiel

defensor de los derechos humanos- en muchos Estados, se aplica la

pena de muerte para casos tipificados. Por su parte, el

Presidente de la República, Armando Calderón Sol,

se pronunció el 17.09 a favor de la aprobación de

la pena de muerte que según él contribuiría

a disminuir los índices de delincuencia. "No es posible

seguir tolerando los niveles delincuenciales a los que hemos

llegado, creemos que la pena de muerte tiene que implementarse

para algunos delitos", afirmó (LPG 14.09 p.11-a, DH 14.09

p.3, LPG 16.09 p.3-a y LPG 18.09 p.5-a).