UCA

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Semanario Proceso

© 1996 UCA Editores


 



año 17

número 725

      

septiembre 11

     1996 



ISSN 0259-2864



¿Depuración en la derecha?



Evaluación del plan de emergencia del gobierno

Maquilas, desarrollo económico y condiciones laborales

Reunión de presidentes de Centroamérica y Corea del

Sur



La Asamblea Legislativa y

la elección de los funcionarios públicos

Medios de comunicación y transición política

(II)



El asesinato de Guth Zapata

Las maquilas de nuevo en la mira





                ¿Depuración en la derecha?



     Las elecciones de 1997 ya están a la vista; estamos en

una coyuntura en la que los partidos políticos tienen

que concentrar sus mejores esfuerzos en el fortalecimiento

institucional, y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) se

está proyectando como un partido carcomido por los

conflictos internos, las pugnas de poder y la corrupción.

Desde hace un buen rato ARENA ha venido mostrando que su unidad no

es tan sólida como el discurso anticomunista o las

campañas publicitarias hicieron creer. Ahora, como en

ningún otro momento de la historia de la institución,

los intereses encontrados que cohabitan en su interior han salido,

con inusitadas crudeza y virulencia, a la luz pública.



     En el ojo de la tormenta está Juan José

Domenech, quien se ha visto forzado a presentar su renuncia a la

presidencia del COENA en virtud de su presunta complicidad en

hechos criminales de mediana y gran envergadura. Es decir, Domenech

-dejando de lado su lenguaje soez que podría ser tomado como

parte del folklor nacional- ha sido implicado tanto en el maltrato

físico y verbal a periodistas como en el tráfico de

drogas y automóviles, y la evasión de impuestos, esto

último a partir de una alianza entre los supermercados La

Despensa de Don Juan -propiedad de Domenech- y Superselectos, a

cuya Junta Directiva fue incorporado el dirigente arenero.



     No cabe duda de que la renuncia de Domenech no obedece

inmediatamente a su implicación en los delitos

señalados; otras figuras de la derecha han sido involucradas

en hechos de igual o mayor gravedad, y han seguido gozando de la

confianza y la protección del partido. Incluso no

sería tan acertado afirmar que a Domenech se le ha pasado la

mano en sus negocios ilícitos, por más que su

conducta sea la más alejada de lo que cabría esperar

de un dirigente político con sus reponsabilidades ante el

país y ante los grupos empresariales. ¿Qué es,

pues, lo que ha puesto a Domenech en la mira de la opinión

pública? ¿Qué es, en definitiva, lo que

está detrás de su renuncia?



     Ante todo, veamos cuál es la actitud asumida por

Domenech. Pues bien, éste ha negado su complicidad en

actividades ilícitas y ha atribuido las investigaciones

periodísticas que lo involucran en las mismas a una

campaña en su contra y en contra del partido. Es decir, el

ex presidente del COENA se considera una víctima de una

maniobra política, aunque no llega a decir taxativamente

quién o quiénes están detrás de ella.

Su renuncia -como buen arenero- es para no dañar al partido

y para enfrentar civilmente las acusaciones que se le hacen.



     De pronto, entonces, pareciera como si Domenech se hubiese

quedado solo, como si hubiese sido abandonado.

Paradójicamente, quien dijo "cobarde jamás

seré, los tengo bien puestos", quien tuvo en sus manos las

riendas del partido político más fuerte del

país, es alguien que clama por lástima, alguien que,

por aquello de los estereotipos del macho, anunció su retiro

del COENA ante un grupo de mujeres del partido. Vaya ineptitud

política. Con ese gesto, Domenech -aclamado por las mujeres

areneras como "Conejo", una y otra vez- no sólo puso en

práctica un mecanismo de presión política que

mostró su debilidad e incompetencia, sino que

contribuyó a alimentar la percepción de que ARENA

está mal por dentro y que sus dirigentes no tienen capacidad

de conducir la institución. Domenech ofreció una

prueba más de que el partido está dividido; y lo hizo

con una falta de tacto sólo esperable de alguien que se

comporta en política como un comerciante.



     Ha sido la falta de tino en sus diversas actividades lo que

llevó a Domenech a ser foco de atención

pública. Imposible no seguirle la pista a una figura

política de su jerarquía de la que se sospecha no

paga IVA, maltrata a los periodistas, aparece implicado en la

negociación ilícita de un vehículo o enfrenta

una demanda judicial en Guatemala por narcotráfico. Son tan

notorias y regulares sus actividades fuera de orden que no se

requiere de ninguna estrategia de desprestigio, especialmente

diseñada en su contra, para sacarlas a la luz

pública.



     Su falta de tacto y su ambición desmesurada han puesto

a Domenech en serios aprietos. Pero también han puesto en

serios aprietos al partido, que, si bien ha tolerado a miembros

ambiciosos y/o ineptos políticamente, ello ha sido bajo el

entendido que éstos atenderían el llamado al orden y

a la moderación cuando así fuese requerido. Y, como

por una especie de acuerdo interno, cuando alguien ha transgredido

las normas que imponen los intereses y la disciplina partidaria, la

pérdida de respaldo institucional no se ha hecho esperar. Al

parecer, pues, Domenech pasará a engrosar las filas de los

descontentos de la derecha; la gran mayoría de ellos

autoproclamados fundadores de ARENA y cercanos colaboradores del ex

mayor Roberto D'Aubuisson.



     Cierto, quizás Domenech no sea mucho peor que otros

miembros de ARENA que aún gozan de la protección del

partido. Más aún, se puede sugerir la

hipótesis de que no son las actividades ilícitas per

se las que han puesto a Domenech en la difícil

situación en la que se encuentra, sino el modo cómo

se quizo llevar de encuentro a quienes sienten que el partido es

suyo y está para protegerlos. Es decir, al ex presidente del

COENA se le pasó la mano con quien no debía; y ahora

tiene que enfrentar el peso y el poder de aquellos con quienes

quizo rivalizar.



     De este modo, estamos ante una medida de saneamiento

institucional que responde más a los intereses internos del

partido y de los grupos que lo controlan que a un compromiso real

de la derecha con la justicia y la legalidad. De no ser porque

poderosos intereses económicos y políticos así

lo exigen, seguramente Domenech no se hubiera visto forzado a

presentar su renuncia y continuaría gozando del amparo

partidario. Con todo, no deja de ser importante que las actividades

ilícitas de una figura tan importante en las filas de la

derecha sean objeto de debate público. Es una forma eficaz

de combatir la prepotencia, la matonería y la impunidad.   

     ARENA debe poner sus barbas en remojo. El partido se ha

debilitado con los escándalos de corrupción y de

tráfico de influencias que han perseguido a sus miembros

durante los dos últimos años. Los problemas que lo

han sacudido durante las semanas recién pasadas debilitan

aceleradamente su imagen como partido fuerte y capaz de impulsar un

proceso de desarrollo nacional. Sus miembros más

lúcidos debieran reflexionar seriamente si todos estos

conflictos y pugnas internas no son síntomas de una

necesidad impostegrable de renovación y de

democratización internas. 







     Evaluación del plan de emergencia del gobierno  



     El pasado 1 de junio, en su discurso de segundo año de

gobierno, el Presidente Armando Calderón Sol ofreció

implementar un conjunto de doce medidas tendientes a "fortalecer la

economía y mantener altas tasas de crecimiento, que nos

abran el camino al desarrollo y mejoren las condiciones de vida del

pueblo". Buena parte de estas medidas fueron sugeridas por la

empresa privada para superar los problemas de recesión

económica y reaparición y agravamiento de los

desequilibrios macroeconómicos; pero hasta ahora las medidas

no han sido implementadas y desde la fecha en que fue pronunciado

discurso presidencial la crisis económica se ha

profundizado.



     Sin embargo, más preocupante que lo anterior es que las

medidas ofrecidas no demuestran estar diseñadas de forma que

promuevan el "desarrollo y mejoren las condiciones de vida"; de las

doce medidas únicamente dos abordan la problemática

del desarrollo social al ofrecer planes de inversión en

"infraestructura y el área social", pero en la

práctica el gobierno se ha concentrado únicamente en

la ejecución de obras de infraestructura al grado que, de

acuerdo al Ministro de Hacienda, es el Ministerio de Obras

Públicas el encargado de la ejecución del programa de

inversiones originalmente diseñado para estimular el

desarrollo social.



     Las medidas emergentes han sido diseñadas con la

finalidad de atender las necesidades de la empresa privada sin

reparar mucho en los resultados sobre la satisfacción de las

necesidades básicas. Las mismas se concentran en aspectos

como la eliminación de las ganancias al capital,

depreciación acelerada de los activos fijos, retraso de la

desgravación arancelaria, reactivación agropecuaria,

promoción de liquidez monetaria y reducción de las

tasas de interés, privatización del manejo de los

fondos de pensiones, reintegro del 6% para las exportaciones no

tradicionales y eliminación del Impuesto al Valor Agregado

(IVA) para los bienes de capital.

     Aún así, el gobierno ha retrasado la

ejecución de los ofrecimientos presidenciales y

desencadenado la inconformidad de la empresa privada, tal como

ocurría ya en el período anterior al discurso

presidencial del 1 de junio. Es en este escenario que personeros

del gobierno dieron a conocer la presentación ante la

Asamblea Legislativa de un decreto de reforma de la ley del IVA

mediante el cual se exoneraría del pago del mencionado

impuesto a las importaciones de bienes de capital. Al mismo tiempo,

se reiteró que esta medida estaría acompañada

por el reintegro de 6% para las exportaciones de productos no

tradicionales.



     En honor a esta coyuntura resulta de interés verificar

el cumplimiento de los ofrecimientos presidenciales del 1 de junio,

revisar brevemente las implicaciones de las dos nuevas medidas

anunciadas y establecer cuáles son las políticas

necesarias para estimular un verdadero proceso de mejoría en

la satisfacción de las necesidades básicas de la

población; pues, como se trata de mostrar a

continuación, el camino del desarrollo económico y

social aún requiere de modificaciones más profundas

en la política del gobierno.



     Resulta destacable que de los ofrecimientos presidenciales

únicamente se encuentran en ejecución cuatro: el plan

de inversiones públicas, retraso de la desgravación

arancelaria, exención de IVA a bienes de capital y reintegro

de 6% a las exportaciones no tradicionales. Las restantes medidas,

ocho en total, se encuentran aún en suspenso y estas son:

eliminación del impuesto a las ganancias de capital y

depreciación acelerada de los activos físicos;

incremento de los créditos para la micro y pequeña

empresa; plan de recuperación agropecuaria; programa

nacional de competitividad; promoción del país en el

exterior; reducción de tasas de interés, cobros y

comisiones por servicios bancarios; aceleración del proceso

de modernización del sistema de pensiones; y, finalmente,

destinar el producto de la privatización a los gastos en

infraestructura y en el área social.



     En la práctica, no se han implementado aún la

mayoría de las medidas ofrecidas por el gobierno, y de las

cuatro que sí han recibido atención una aún no

está en vigencia y otra solamente esta siendo cumplida a

medias. La eliminación del IVA a los bienes de capital

entrará en vigencia hasta dentro de quince días

aproximadamente, mientras que el plan de inversiones

públicas está concentrado solamente en el área

de infraestructura lo cual ha generado mayor desatención del

área social.



     Por otra parte, y como se mencionó al principio, las

medidas implementadas apuntan a favorecer más a la empresa

privada que a los sectores que no están satisfaciendo

adecuadamente sus necesidades básicas; las dos medidas que

actualmente se promocionan son claros ejemplos de ello: la

eliminación del IVA a las importaciones de bienes de capital

favorece solamente a aquellas empresas (establecidas o por

establecerse) que necesiten invertir en bienes de capital; por otra

parte, el reintegro de 6% a las exportaciones no tradicionales

favorece solamente a aquellas empresas dedicadas a la

producción de aquel tipo de exportaciones.



     Aún y cuando se hubiera ejecutado la mayor parte de los

doce puntos ofrecidos por el Presidente de la República ello

no generaría una situación más favorable para

el desarrollo social, porque las medidas que contemplan

inversión en el área social son únicamente dos

(plan de inversión pública y la utilización de

los fondos de la privatización en el área social) y

estas son las menos privilegiadas en el plan de acción.



     La realidad es que el anuncio del plan de emergencia de

Calderón Sol no ha provocado cambios ni siquiera en las

señales económicas que se perciben desde hace

más de un año. Los últimos meses la meta de

crecimiento económico fue reducida por el Banco Central de

Reserva desde 5% a 4%, el déficit fiscal ha reaparecido,

persiste la tendencia hacia la profundización del

déficit comercial y el crecimiento de los precios se ha

elevado por encima de los niveles proyectados por el gobierno.



     En este contexto no cabe duda de la necesidad de implementar

políticas de reactivación del sector privado, pero al

mismo tiempo debe destacarse que ello no garantiza la

superación definitiva de la crisis económica, pues

debe estar acompañado de mejorías en el nivel de

satisfacción de las necesidades básicas de la

población o, dicho en otros términos, de una

reducción en el nivel de la pobreza.



     Dentro de la política del gobierno debe considerarse en

su verdadera dimensión la grave problemática de la

insatisfacción de las necesidades sociales. En esta

línea, resulta de primer orden retomar los ofrecimientos

presidenciales contenidos en el plan de desarrollo social en el

cual se consigna la intención de incrementar el gasto social

hasta elevarlo a un 50% del total del presupuesto nacional y a

invertir prioritariamente en las áreas de la

educación y la salud.



     Adicionalmente, es necesario fomentar la creación de

puestos de empleo productivo que generen niveles crecientes de

empleo e ingresos. En este sentido, y debido a la incapacidad del

mercado para ello, es necesario la participación del Estado

en la creación de las condiciones necesarias para

incrementar este tipo de inversiones y para garantizar la

rentabilidad de estas empresas. Lo anterior aunque

implicaría una clara intervención del Estado en la

economía, no sería nada nuevo para este gobierno pues

dentro de su plan de doce medidas esta situación es

introducida claramente, aunque con un claro sesgo en favor de los

intereses de la empresa privada.



     A más de tres meses de los ofrecimientos

presidenciales, la mayoría de estos aún no se

concretizan, y aunque lo hagan ello no garantiza la

superación de los obstáculos para el desarrollo por

estar enfocados principalmente a superar problemas coyunturales de

crecimiento económico. En este punto resalta nuevamente la

necesidad de que se formule un plan de desarrollo económico

y social de más largo plazo y en el cual se equilibren los

objetivos del crecimiento económico con los del desarrollo

social.





    

     Maquilas, desarrollo económico y condiciones laborales





     Cuando se revisa el historial de las operaciones de las

industrias maquileras en El Salvador se enfrenta un hecho

aparentemente paradójico: por un lado, un crecimiento de tal

magnitud que lleva a considerarla como el rubro de mayor

generación de empleo en el nivel formal y el que ocupa el

primer lugar en las exportaciones; y, por el otro, la industria que

se perfila como la más inestable y la más violadora

de los derechos laborales de los trabajadores. Esta doble cara ha

llevado a que sea defendida a capa y espada por los funcionarios

gubernamentales y los empresarios, pero a la vez condenada por los

institutos de la defensa de los derechos humanos y algunos sectores

de la oposición y los sindicatos. La prolongación de

esta problematicidad, la falta de una convergencia entre el

desarrollo apabullante de la industria y la verificación de

condiciones laborales dignas, muestra la incapacidad o

desinterés de establecer mecanismos efectivos de

negociación interinstitucionales; es decir, de mecanismos

que reuniendo las expectativas del sector gubernamental, los

sindicatos, los empresarios maquiladores y los trabajadores sea

capaz de mediar para dar solución a los conflictos entre las

partes.



     En lugar de lo anterior, cuando el irrespeto del Código

de Trabajo se ha vuelto escandaloso, lo que ha sucedido es que el

gobierno y los empresarios han formado un frente común que

mostrando los indicadores oficiales de generación de empleos

de la industria se niega a ceder un ápice frente a los

intentos de los trabajadores, organizados o no, de obligar

legislativamente a las maquilas a respetar sus derechos o, cuando

menos, a reconocer que efectivamente estos son violados

continuamente. La ambigüedad y debilidad de los sindicatos

-cuando no se han puesto cínicamente del lado de los

empresarios- ha permitido que esta dinámica se

perpetúe.



     De las propuestas presentadas a la Asamblea Legislativa para

reglamentar y controlar la operación de las maquilas en el

país -entre ellas la de obligar a las maquiladoras a

presentar una fianza para cubrir las indemnizaciones y salarios de

los trabajadores en caso del cierre o quiebra de la empresa- la

única que hasta la fecha ha sido aprobada, la

única que ha logrado atravesar el tamiz de los vetos

oficiales, es la que se corresponde al Decreto Ejecutivo

número 37: la formación de una Comisión de

Tratamiento y Prevención de Conflictos, que integrada por

representantes de los ministerios de Trabajo, Economía,

sector laboral y empresarios operará en las zonas francas

para resolver a corto plazo los conflictos que se presenten en

ellas. Aunque alentadora, la formación de tal

Comisión aún no da señales que permitan

afirmar que su operatividad pase del nivel puramente formal y logre

obtener resultados reales y concretos. Las anteriores

experiencias de formación de comisiones, donde ha imperado

la defensa de los propios intereses sobre la necesidad del

diálogo y la concertación (sirvan de ejemplo la

disolución de la Comisión de Alto Nivel que mediaba

en el conflicto del transporte público y el estrepitoso

fracaso del Foro de Concertación Nacional), hacen patente

que su creación podría obedecer más a un

interés de dar largas a los problemas y evitar que las

denuncias de las trabajadores salieran a la luz pública,

quedándose éstas al interior de la comisión,

que a un afán real de concretar soluciones. En este sentido,

el avocarse a este mecanismo tendría una doble utilidad:

hacer gala de que en el país se responde desde las pautas de

una democracia, pese a que este ejercicio democrático sea

totalmente inocuo e ineficaz, y al mismo tiempo preservar el estado

actual de cosas.



       En este contexto, en el cual la operación de las

maquilas se ha mantenido incólume de sanciones y

reformulaciones gracias a la protección del sector

gubernamental, los esfuerzos más prometedores para cambiar

la situación han venido del extranjero, del Departamento de

Trabajo de los Estados Unidos y de organizaciones internacionales

relacionadas con la industria de la confección y los

derechos humanos.



Esto, como es de esperar si se consideran las líneas

ideológicas del partido en el poder y su prurito de conceder

mayor importancia a los indicadores económicos que a las

condiciones reales, ha sido condenado inmediatamente como

intervencionismo internacional y como un conjura extranjera para

acabar con las fuentes de empleo que la industria de la maquila

proporciona a El Salvador. Para el gobierno y los empresarios, el

interés que se oculta en las denuncias a nivel internacional

de graves violaciones a los derechos de los trabajadores

salvadoreños en las maquilas es el de cerrar

compañías con el fin de repatriar a las

fábricas a sus lugares de origen, principalmente Estados

Unidos.



     La demonización de las dos comisiones que han visitado

el país para verificar las condiciones laborales in situ (la

primera en noviembre del año pasado y la

segunda en los primeros días de este mes) se basa en dos

presupuestos. El primero, en el país las anomalías en

las maquilas no dejan de ser más que ūviolaciones

normalesū -tal como expresó el Ministro de Trabajo, Eduardo

Tomasino-, por lo que lo único que se perseguirían

serían ūfines políticosū de desprestigiar al

país y al gobierno frente a la inversión extranjera;

el segundo, los asuntos internos deben de ser manejados

internamente, se cuenta con la capacidad necesaria como para

solucionar los conflictos sin recurrir a la ayuda o el apoyo

foráneo.



     Con respecto al primer supuesto, hay que admitir que la

última visita de los delegados del Departamento de Trabajo

de los Estados Unidos se enmarca dentro del actual contexto

electoral de esta nación. Por ello, el emprender una

campaña de verificación del cumplimiento de los

derechos laborales en aquellos países donde se elaboran

artículos para compañías estadounidenses, es

plausible de ser interpretado como una estrategia del equipo de

Bill Clinton que tiene por objetivo el atraer votantes para su

reelección. En este sentido, sí podría

hablarse de algún fin político en las visitas de las

comisiones, pero de aquí no puede seguirse que

efectivamente se busque cerrar fuentes de empleo o aislar al

país de la inversión extranjera. Por otro lado, el

calificar de ūnormalesū a las violaciones de los derechos

laborales -aparte de ser ofensivo en sí mismo puesto que

ningún tipo de irrespeto a los derechos de la persona es

ūnormalū ni mucho menos tolerable- es insostenible cuando la

tendencia de los empresarios de las maquilas a abandonar el

país sin indemnizar o cancelar los salarios de los

trabajadores, lejos de disminuir, aumenta constantemente.



     En lo que toca al segundo supuesto, por la misma índole

del funcionamiento de las maquilas, la solución de los

conflictos que se suscitan a su interior sólo puede

llevarse a buen término mediante una negociación que

supere las fronteras de la nación que las acoge. Cuando ni

los dueños de las maquilas ni los propietarios de

las empresas que contratan sus servicios son nacionales, es

evidente que la única manera de obligarlas a cumplir con los

derechos laborales es respaldando la legislación de la

nación anfitriona con una legislación internacional

que controle sus operaciones, sea cual sea el país a donde

lleguen para utilizar su mano de obra. De lo contrario, y tal

como ya ha sido verificado en El Salvador, la alternativa de los

empresarios maquiladores y las compañías que los

contratan frente a los problemas que se deriven de irrespetar tal

o cual derecho laboral será la de trasladarse a otro

país con legislaciones más permisivas o gobiernos

menos preocupados por hacerlas cumplir. Por lo tanto, aun cuando

los sindicatos nacionales de las maquilas estuvieran fortalecidos

y poseyeran habilidad política, aun cuando el gobierno se

mostrara más interesado en el bien de sus ciudadanos que en

las exigencias de las empresarios extranjeros, aun cuando existiera

una legislación nacional robusta, de no existir un acuerdo

internacional que vele por la eticidad y responsabilidad del

comportamiento de las empresas internacionales es vano esperar

condiciones dignas de trabajo o, mucho menos, impedir la

volatilidad que hasta la fecha sigue caracterizando a las maquilas.





          La Asamblea  Legislativa y

     la elección de los funcionarios públicos





             Oscar Martínez Peñate

             Departamento de Sociología

Universidad Centroamericana

"José Simeón Cañas"





Elección de funcionarios públicos



     La Asamblea Legislativa tiene la potestad de elegir algunos de

los funcionarios públicos de alta jerarquía y para

ello utiliza algunos procedimientos, requisitos y

condiciones que garantizan la acertada elección. Entre

estos, se pueden señalar los siguientes: 



-    Que los candidatos sean propuestos públicamente por sus

respectivos gremios y asociaciones profesionales;

-    Sin vínculos partidarios; 

-    Nivel académico adecuado; 

-    Capaces y eficientes; 

-    Solvencia moral; 

-    Profesionales con antecedentes de honorabilidad; 

-    Estudio de los antecedentes y atestados de los candidatos;

-    Entrevistas; 

-    Audiencias; 

-    Evitar el continuismo; 

-    Despolitizar las instituciones;

-    Elegirlos con mayoría calificada de los dos tercios de

los diputados electos.



     En El Salvador, a falta del establecimiento de procedimientos,

requisitos y condiciones para la elección de los candidatos

a ocupar funciones públicas, así como por

la ausencia del perfil que deben de cumplir los funcionarios

públicos de alta jerarquía, se han cometido errores.



     Los partidos políticos ARENA, PDC, PCN y el Movimiento

Auténtico Cristiano (MAC) propusieron, en 1993, a personas

de solvencia moral dudosa para ocupar los cargos de Procurador

General, Fiscal General de la República y al Presidente de

la Corte de Cuentas.

Entre ellos, el más publicitado en los medios de

comunicación fue el caso de Lázaro Tadeo Bernal,

propuesto para Procurador General. Las principales asociaciones de

mujeres de El Salvador se pronunciaron en los siguientes

términos: "pero es alarmante y denota falta de seriedad el

nombramiento del Dr. Lázaro Tadeo Bernal, como Procurador

General de la República, ya que dicho señor fue

procesado en el Juzgado 9o de lo Penal de San Salvador, por golpes

y agresión en la señora Marlene Concepción

Gómez, compañera de vida de dicho profesional y madre

de sus hijos; precisamente como respuesta a la solicitud que dicha

señora le hiciera para que cumpliera con sus obligaciones

alimenticias de padre. ­Señores!, burlarse de una mujer

denota débiles principios morales, incumplir con sus deberes

de padre es aún más grave, pero responder con golpes

a la demanda del cumplimiento de esos deberes, tendría que

ser causa justificada, para descalificarlo totalmente como

candidato a dicho cargo" (La Prensa Gráfica, 14-07-1993).



     Al no establecer un mínimo de requisitos que deben de

llenar los funcionarios públicos se puede caer

fácilmente en la corrupción e ineficiencia de la

administración pública, además de poner a las

instituciones al servicio de intereses económicos,

políticos e ideológicos, lo cual perjudica los

intereses de la mayoría de los ciudadanos y del país.

Napoleón Rodríguez Ruiz señala y pregunta lo

siguiente: "algunos sectores del órgano Judicial

continúan funcionando con corruptos. ¿Cómo un

delincuente juzgará a otros delincuentes?" (Co-Latino,

10-10-1996).





                         CUADRO No.1

     EN EL SALVADOR SE LES PREGUNTO A TRES MAGISTRADOS 

              DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:

¿CUAL FUE LA INCIDENCIA DE LOS PARTIDOS POLíTICOS PARA 

ELEGIR A LOS MAGISTRADOS Y HASTA QUE PUNTO FUE O NO EL RESULTADO

DE COMPONENDAS NEGOCIACIONES O CABILDEOS ENTRE LOS PARTIDOS?



    Mauro Alfredo Bernal Silva



Presidente de la Sala de lo Contencioso administrativo



R/     Pues eso he.... las negociaciones, cabildeos, arreglos entre

partidos siempre se dan verdad? y ojalá el resultado sea lo

mejor para lo que el pueblo quiere verdad?, pero yo creo que

mientras no hay un partido que tiene el predominio en el

órgano Legislativo, que él puede decidir todo porque

tiene suficientes votos, pues los arreglos siempre van a ser

necesarios y no hay que verlos como algo negativo; pues en este

caso claro que hubo arreglo, hubo arreglo, porque y fue

público, porque de esos dos grupos que hemos hablado algunos

tenían marcado interés en que determinadas personas

por su trayectoria en el quehacer judicial quedaran integrando la

Corte verdad? y, al final entiendo yo, que esa lista que

quedó definitiva fue el producto del consenso, fue el

producto del acuerdo, o sea que ese o no digamos (sic) que hubo

cuotas que el vaya (sic), el frente y los demás partidos

tomaron cierto número de Magistrados y que ARENA por su lado

tomó otro número, no yo no creo que se haya llegado

a esos detalles, por he... conocí un poco como estaba

negociando allí, y más bien se trataba de priorizar

pues; cada uno de los dos grupos tenían sus preferencias,

digamos en esa lista que hacían de 30 cada uno, bueno

había un orden de preferencia verdad?, y entonces al final

repito no es que agarraron tal número cada uno de los

grupos, pero si tiene que haberse hecho la elección de

acuerdo a esas prioridades que ellos establecen.





   José Enrique Argumedo



Magistrado propietario de la Sala de lo Constitucional

 R/     Realmente tuvo que haber negociación, pero no

componendas; porque ya la componenda es, yo te doy a éste,

tú me das a éste, para que éste haga esto y lo

otro, o sea, eso ya son componendas y ya implica compromiso.



     Negociación si tuvo que haberla, pues, tratamos de

escoger a los que mejor convienen



Amilcar Amaya



Magistrado de la Cámara de lo Civil

 

R/     Mire, yo creo que no es que se pueda hacer un relato sobre

esto. La capacidad de elección de los magistrados de la

Corte Suprema de Justicia, los tiene la Asamblea Legislativa, no

como antes, que era a propuesta del Presidente, ahora es,

según los listados que les manda el Consejo Nacional de la

Judicatura y la Federación de asociaciones de Abogados, pero

en todo caso, la elección les corresponde a ellos, a los

diputados, es decir, le corresponde al organismo político

por excelencia, que es la Asamblea, ahí están
representados todos los partidos políticos y todas las

corrientes políticas, de manera que, lo que ocurrió,

fue lo que ocurre en todos los países del mundo, en todas

las Asambleas Legislativas, el forcejeo político, eso fue

todo, emperzaron los diferentes sectores políticos: por un

lado ARENA, por el otro lado el FMLN, por otro la Democracia

Cristiana y, empezaron a echar pulsos, a forcejear (sic) y porque

este tipo de elecciones se mezcla, desgraciadamente como es un

órgano político, se mezcla con otros intereses.



     Los diputados dicen por ejemplo: tú quieres este

magistrado?, tú que me das a cambio por él?, que me

das?, nosotros queremos esta otra cosa; ahí estuvo mezclado

un sin fin de cosas en esa elección, un sin fin de intereses

políticos en la elección de la Corte, es decir,

ahí habían intereses por hasta lo del IVA, cobraron

después con el IVA, los partidos políticos y

así, es pues, es una Asamblea Legislativa, en todos los

países del mundo eso no debe extrañar a nadie que en

todos lo países del mundo, los congresos, los parlamentos,

las asambleas tienes esos forcejeos de tipo político, porque

aún cuando se diga que no, la Corte Suprema de Justicia es

un órgano político, basta con darse cuenta que el

Presidente de la Corte es el presidente de un órgano del

Estado, es un órgano político, de manera que no puede

ser ajeno a su elección todos los forcejeos

políticos, así que no es nada de extrañar, lo

que si es de extrañar es el tiempo, todos esperábamos

que la elección pudiera ser reñida, que pudiera ser

negociada oFuente: Entrevistas realizadas durante el mes de mayo y

junio de 1996, en la Corte Suprema de Justicia de El            

Salvador.



     Según la Constitución Política de El

Salvador, en el Art.131, numeral 19, la Asamblea Legislativa esta

facultada para: "elegir por votación nominal y

pública a los siguientes funcionarios: Presidente y

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Presidente y

Magistrados de la Corte de Cuentas de la República, Fiscal

General de la República, Procurador General de la

República, Procurador para la Defensa de los Derechos

Humanos y Miembros del Consejo Nacional de la Judicatura".



     En nuestro país, se deja por fuera la aprobación

por parte de la Asamblea Legislativa del nombramiento de

Embajadores, Cónsules, funcionarios y representantes

plenipotenciarios ante organismos internacionales, Ministro de la

Defensa y Presidente del Banco Central de Reserva.



La administración pública en manos de la clase

política

     Los altos funcionarios públicos electos por la Asamblea

son parte de una lógica orientada a perpetuar el continuismo

y repartir entre los partidos políticos el "pastel", a

través de sus militantes, lo cual permite encubrir la

corrupción y que los funcionarios respondan al

interés partidario en detrimento del interés de la

sociedad salvadoreña. Así, "se ha consumado el

continuismo de un desprestigiado esquema de reparto

ilegítimo de puestos (Fiscalía, Corte de Cuentas y

Procuraduría General) entre ARENA, PCN y PDC, pero siempre

con un control y una subordinación real de esos cargos al

partido en el gobierno que se encuentra desesperado por tapar a

toda costa la denuncia y enjuiciamiento de los casos de

corrupción, evasión fiscal, falsificación de

documentos, lavado de dólares y el narcotráfico y de

otros delitos contra la hacienda pública" (Comunicado del

FMLN, 10-97-1996).



      Por otra parte, en El Salvador, es en la Comisión

Política de la Asamblea, donde realmente se eligen a los

funcionarios públicos de alto nivel, para posteriormente

ratificarlo en la votación del pleno. Los miembros de la

Comisión Política le prohíben y ocultan a la

población civil y a los medios de comunicación

conocer los detalles de las discusiones, "arreglos o componendas"

entre los partidos políticos para la elección de los

funcionarios. Y cuando ello es discutido en plenaria se hace a

altas horas de la noche o primeras horas de la madrugada con el

objetivo que no haya periodistas, sociedad civil ni testigo alguno

y todo quede en "familia". En este sentido, "la Asamblea

Legislativa ha convertido en una tradición las plenarias

nocturnas para negociar la elección de aquellos funcionarios

que la Constitución le faculta" (La Prensa Gráfica,

06-07-1996). Incluso, se ha llegado el extremo de que la

"negociación" a puertas cerradas de las fracciones de los

partidos políticos de la Asamblea sean reemplazadas por la

"negociación" únicamente entre los secretarios

generales de los partidos políticos representados en el

parlamento.



     Este tipo de negociaciones se convierten en contubernios entre

los partidos políticos en donde la sociedad ignora

qué es lo que realmente se negocia: compra de votos;

compadrazgos; reparto de funcionarios según el número

de diputados que tenga cada partido; no realizar investigaciones

sobre casos de corrupción en donde estén implicados

altos dirigentes políticos; o tráfico de influencias.

"Garantizar que los funcionarios que elija la Asamblea Legislativa

van a ser los que el país necesita es algo

prácticamente imposible, porque eso implicaría que

los partidos políticos y, principalmente, el partido

mayoritario [enfocaran] la elección de éstos

funcionarios de cara al desarrollo del país y de la

democracia, y no a sus intereses partidarios o a componendas entre

partidos políticos" (Co-Latino, 13-06-1996).



     Los candidatos a ocupar los altos puesto públicos

deberían ser llamados a comparecer ante una comisión

legislativa correspondiente, para entrevistarlos y que cada uno

presente su plan de trabajo. De esta manera pondrían en

evidencia su conocimiento e idoneidad para el cargo. Asimismo, esta

reunión debería ser realizada "a puertas abiertas"

con la presencia de los medios de comunicación y de

representantes de la sociedad civil. Y esto porque la Asamblea

Legislativa no da muestras de transparencia a la nación

cuando elige a las más altas autoridades de las

instituciones del Estado. El procedimiento de encerrarse para

decidir obstaculiza el proceso de participación plena y

activa de la sociedad civil, lo cual es un obstáculo para el

avance del proceso de democratización.



     En definitiva, la clase política del país frena

y "prohíbe" prácticamente la participación y

decisión de la sociedad civil en asuntos de su

interés. La clase política se reserva el derecho de

imponer a los altos funcionarios, quienes en la mayoría de

los casos son militantes políticos, con lo cual impide que

lleguen a ocupar estos cargos personas capaces de la sociedad

civil, para hagan contrapeso a los abusos de los políticos

y de los funcionarios estatales. Al no permitir la

participación de la sociedad civil en la propuesta de

candidatos y en el acceso a la discusión para su

aprobación, se está fomentando e institucionalizando

un autoritarismo por parte de la clase política, cuya

complicidad con ARENA es totalmente condenable.  



     

     Reunión de presidentes de Centroamérica y Corea

del Sur



     Los días 3, 4 y 5 de septiembre se celebró en

Guatemala una reunión entre los presidentes de

Centroamérica y Corea del Sur. A la mismaque asistieron los

mandatarios de Guatemala, Alvaro Arzú; Honduras, Carlos

Roberto Reina; El Salvador, Armando Calderón Sol; Costa

Rica, José María Figueres; Corea del Sur, Kim

Young-Sam; y la Vicepresidenta de Nicaragua, Julia Mena.



     La reunión, que fue convocada por el Presidente

Arzú, se enmarca en el contexto de una gira por Chile,

Argentina, Brasil y Perú efectuada por el jefe de Estado

coreano. Asimismo, el encuentro se centró principalmente en

las relaciones de amistad y cooperación de la denominada

"era del Pacífico que viene con el siglo XXI" entre el

país asiático y la región.



     Cabe resaltar que la visita del Presidente de Corea del Sur

-que es la primera en Centroamérica y el resto de la

región- se enmarca en ese esfuerzo de estrechar las

relaciones entre ese país y la región

centroamericana, lo cual se ha concretado en la creación del

llamado Foro de Diálogo y Cooperación.



Logros alcanzados

     Es importante destacar que la creación del Foro de

Diálogo y Cooperación sienta las bases para

fortalecer las relaciones entre Corea del Sur y los países

del istmo. Tal pretensión se evidenció en el discurso

de Young-Sam, quien afirmó que "ahora se ha preparado una

sólida base para ampliar las relaciones de carácter

bilateral a la dimensión muntilateral".



Adicionalmente, el presidente coreano prometió que, a partir

de ese encuentro, su país cooperaría más

cercanamente con los países centroamericanos, enfatizando

que las relaciones se basarían en valores universales como

la defensa de los derechos humanos, la democracia y la paz, a lo

cual se sumaría una intensificación de la

cooperación económico-comercial. En esta

línea, otro logro importante del encuentro fue el ingreso

del país asiático como socio extrarregional del Banco

Centroamericano de Integración Económica (BCIE).   

     El Presidente Alvaro Arzú, por su parte, indicó

que Young-Sam manifestó su respaldo al proceso de paz

guatemalteco y su apoyo a la integración económica y

comercial que impulsa la región. Asimismo, se mostró

complacido por los avances en materia de integración y el

rumbo por el que se encamina el área centroamericana.



Consideraciones

     Pese a los acuerdos alcanzados en la cumbre de mandatarios se

debe tener en cuenta lo señalado por la Secretaría de

Integración Económica Centroamericana (SIECA), que

afirma que las exportaciones regionales hacia Corea del Sur

alcanzaron el año pasado los 17.7 millones de

dólares, mientras que las importaciones llegaron a los 127.6

millones de dólares, sin incluir a Panamá. Por su

parte, el gobierno coreano afirmó que sus exportaciones a

los seis países del área en 1995 fueron de 2.570

millones de dólares; en contrapartida, las importaciones

alcanzaron los 460 millones de dólares. Esos datos muestran

por sí mismos la inexorable necesidad de replantear las

relaciones económico-comerciales de Centroamérica con

Corea del Sur.



     Los presidentes centroamericanos no deben perder de vista el

déficit que enfrentan nuestros países en lo que se

refiere a la balanza comercial en las actuales relaciones con el

país asiático. Es decir, se debe tener presente que

no solo se trata de buscar y/o atraer nuevas inversiones para el

istmo, sino en qué condiciones se tiene que hacer. No

está demás señalar que las actuales

inversiones coreanas -entiéndase las plantas textiles

operadas en Centro América, conocidas como "maquilas"- no

han sido hasta hoy más que explotación de mano de

obra barata, en un clima creado por los incentivos que se conceden

a las inversiones extranjeras.



     Finalmente, en lo que respecta a la aceptación de Corea

del Sur a ser socio extrarregional del BCIE no se precisó el

monto de su participación en tal institución. Queda

por esperar que su aportación sea significativa y que ello

se traduzca en un mayor interés de los empresarios coreanos

no sólo en el desarrollo económico y social de

Centroamerica, sino en el modo en que sus capitales operan en

empresas específicas, como las maquilas.  





        Medios de comunicación y transición

política (II)



     Decir que los medios de comunicación

salvadoreños han sido uno de los sectores más

favorecidos con los Acuerdos de paz, como lo exponíamos en

la entrega anterior de esta serie (Proceso, 721), puede parecer

bastante evidente; pero no así la idea de que los medios de

comunicación han sido en buena medida conductores del

proceso de transición política nacional. La tesis de

que los Medios se han beneficiado de las nuevas condiciones

políticas puede ser constatada viendo la

proliferación y el nivel de audiencia de los noticieros

televisivos y de programas de debate -la última encuesta del

IUDOP reveló que el 43.3 por ciento de los

salvadoreños ve noticias por televisión todos los

días; y además presenciando el esfuerzo de los

equipos de prensa por profesionalizarse y tecnificarse -lo cual no

siempre ha llevado a un tratamiento objetivo de la

información. Sin embargo, el provecho obtenido de los Medios

no sólo viene dado en términos de mayores libertades

para ejercer el derecho a la expresión y a la

información, o en el hecho de contar con mayor audiencia con

sus respectivos efectos en las arcas de los empresarios de

comunicación, sino sobre todo en el hecho de que junto a un

mayor público el poder de llegar a la población es

significativamente grande, mayor que el de cualquier instancia

nacional. En esto se fundamenta la capacidad de los Medios para

conducir la transición salvadoreña.



     El sondeo hecho por el IUDOP en julio y agosto revela que la

población  posee más confianza en la prensa

televisiva, radial y escrita - en ese orden - que en las

instituciones encargadas de regir los destinos nacionales: la

Presidencia, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de

Justicia. La prensa disputa la confianza del público con la

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la

Policía Nacional Civil, pero está muy por encima de

los tres poderes del Estado salvadoreño, y en tal sentido

tiene mucha más aceptación que tales instituciones.

Esto es lo que ha dado a la prensa la posibilidad de conducir, de

manera indirecta, la transición política

salvadoreña.



     Si existe alguna duda sobre las posibilidades políticas

de los medios de comunicación salvadoreños en la

actualidad,  basta con prestar atención a la coyuntura

nacional en torno a la renuncia del presidente del partido ARENA,

Juan José Domenech. La dimisión del presidente del

partido más fuerte del país se da en un momento en

que los dos periódicos de mayor circulación del

país publican informes y declaraciones que involucran a

Domenech en varios asuntos delicados:  irregularidades legales en

la adquisición de un auto de lujo, prepotencia y

agresión en contra de periodistas, y acusaciones de

participar en actividades de narcotráfico. Así, la

renuncia es presentada como respuesta a la actitud de los

periódicos de divulgar tales informaciones.



     En este caso, como en otros menos evidentes, la prensa no

sólo ha establecido la agenda de debate nacional sino que

también ha provocado, con mayor o menor efectividad, que ese

debate o discusión nacional provoque cambios institucionales

importantes y cree coyunturas políticas muy ligadas al

proceso de transición. Ahora, los medios de

comunicación, en especial la prensa, basados en la confianza

y credibilidad que la población ha depositado en ellos,

tiene la capacidad de decidir e impulsar cambios sociales  a

través de su posibilidad de alterar la opinión

pública y, con ello, la manera en que los

salvadoreños ven e interpretan la realidad: el cumplimiento

de los Acuerdos de paz, la transición política, las

reformas al sistema de justicia  y el proceso de

democratización.



     En este punto es que hay que señalar algo. La

discusión sobre la importancia de los Medios en El Salvador

usualmente se concentra en la mayor o menor libertad de prensa y de

expresión vigente en el país, permitida por las

autoridades nacionales; sin embargo, muy rara vez este debate 

sobre el ejercicio de las libertades se concibe en términos

de  la disposición de los propios Medios para permitirse y

permitir tales libertades.



     El enorme potencial de influencia que poseen los medios de

comunicación actualmente induce a preguntarse no tanto por

qué tantas libertades les son permitidas a la prensa sino

qué tantas libertades se permiten los Medios a sí

mismos y en función de qué intereses: los intereses

del público en general, de las mayorías o los

intereses de sólo ciertos sectores.



     Con mayor o menor consenso, la discusión nacional sobre

la libertad de la prensa en el país parece encontrar un

acuerdo común: los Medios gozan ahora de un mayor respeto a

su ejercicio profesional  que el que han tenido jamás, y

aunque tal libertad no es total ya no es posible  afirmar que este

país carece de la  libertad de prensa  por efecto de

limitaciones del Estado. Sin embargo, muchos sectores vinculados a

los Medios están empeñados a seguir concentrando el

debate público solamente en esa dirección ignorando

- con cierta intencionalidad - el punto sobre la misma libertad que

se permiten los medios de comunicación.  En este sentido, no

sería erróneo afirmar que la prensa tiene la

suficiente autonomía para decidir por sí misma el

tipo y la cantidad de información que brinda al

público nacional.



     Y es que el punto básico detrás de esto es si

los medios de comunicación salvadoreños, junto con su

especialización tecnológica, han logrado

especializarse profesionalmente de manera tal que son capaces de

ser objetivos, formativos y democráticos. En otras palabras,

el punto es qué tanto el ejercicio de los Medios responde a

una ética profesional en la cual prevalecen las necesidades

e intereses de la sociedad salvadoreña, entendiendo

básicamente que ésta es todavía

estructuralmente injusta y terriblemente violenta; o qué

tanto los Medios permanecen anclados a un ejercicio que favorece

por lo general  sólo a los intereses de pequeños

sectores.



     La pregunta fundamental es ¿los medios de

comunicación  son capaces de investigar, documentar e

informar al público de cualquier suceso de importancia

nacional con la misma intensidad que lo hacen comúnmente 

aún cuando el hacerlo implique enfrentarse a grupos de poder

o ir en contra de ciertos intereses económicos vinculados a

la empresa de comunicación misma?



Detrás de esa respuesta está una consideración

ética sobre la función de los Medios.  Así

como la prensa es capaz de informar sobre ciertas actividades

indebidas de los personajes públicos y cuestionar a los

funcionarios por algunas actividades, así la prensa y los

Medios deben de ser capaces de informar debidamente y cuestionar

públicamente a todos aquéllos que no cumplen con las

tareas que el cargo merece. Así como los Medios

señalan con firmeza a los funcionarios con acciones

ilícitas, así los Medios deben de tener la capacidad

de señalar con la misma firmeza  a aquéllas

instituciones que están envueltas en actividades del crimen

organizado o narcotráfico.



     La prensa tiene una responsabilidad muy grande en esta etapa

de transición. La confianza  que los salvadoreños 

están depositando en ella se basa, en un principio, en la

capacidad de pedir cuentas a los dirigentes nacionales y

funcionarios públicos a nombre del ciudadano común.

En la medida en que la actividad de la prensa alcance la misma

altura ética que la que ha logrado en términos

tecnológicos, en esa medida su impacto en la

transición será beneficioso. Los Medios pueden ser

vigilantes efectivos del proceso político salvadoreño

en la medida en que su quehacer periodístico se fundamente

en los valores de la  verdad, democracia, la  justicia y  la

tolerancia.   





                 El asesinato de Guth Zapata



     Un hecho más de violencia ha venido a incrementar los

niveles de inestabilidad y temor que existen en la sociedad

salvadoreña. Nos referimos al asesinato de Siegfried Guth

Zapata, sobrino del presidente de ARENA, Juan José Domenech,

y hermano de Arthur Guth, ex presidente del Banco de Tierras.



     Guth Zapata murió después de que fue atacado por

dos sujetos desconocidos que se conducían en una motocicleta

y que lo interceptaron a la altura del redondel Alberto Masferrer,

en la colonia Escalón. El auto de la víctima

presentaba, por lo menos, ocho impactos de bala.



     Pese a que no se sabe con certeza el móvil del

asesinato, la forma en la que sucedieron los acontecimientos hace

suponer que éste no es un caso más de la delincuencia

común ni de la organizada que buscan un beneficio

económico. Esos males que afectan al país,

según parece, no están tras este caso ya que no hubo

robo, ni secuestro.



     La víctima, en ocasiones anteriores, había sido

amenazada de muerte. Así, el conjunto de hechos alrededor

del crimen apuntan hacia otro rumbo: es muy posible que haya sido

realizado por los grupos armados ilegales que actúan por

otras motivaciones, fundamentalmente políticas, o que se

alquilan para ejecutar personas por encargo a fin de solventar

disputas personales de diverso tipo. Hay quienes se animan a pensar

que se realizó con el propósito de atemorizar a las

personas que, de algún modo, estaban relacionadas con Guth

Zapata.



     En un intento por desenredar un poco la telaraña

alrededor del caso, conectando el hecho con el parentesco entre la

víctima y el alto dirigente del partido en el poder,

observamos que este caso se presenta en el momento justo en el que

El Salvador se encuentra próximo a celebrar las elecciones

para alcaldes y diputados; también se produce en medio de

las disputas más serias que han surgido públicamente

en el seno de lo que hasta hace  poco, parecía ser la

"familia" política más unida: la "arenera". Esto nos

hace suponer, por tanto, que este crimen -podrían existir-

intereses ocultos relacionados con estos temas.



     Hechos condenables como el que ahora nos ocupa, además,

traen a cuenta épocas que algunos creían superadas;

épocas en las que los procesos electorales estaban marcados

por una serie de incidentes y atentados que impedían la

realización de los comicios en forma democrática.

Experiencias oscuras plagadas de violaciones flagrantes a los

derechos políticos, a la libertad de expresión y al

respeto de otros derechos fundamentales como la vida, la libertad

y la seguridad de las personas; experiencias que dejaron mucho

temor y desconfianza entre la gente.



     Según se advierte, este asesinato no le va a causar

temor al tío de la víctima. "A estas alturas del

campeonato -dijo el máximo dirigente de ARENA- creo que nada

nos puede intimidar". Admiramos su valentía, pero esa

posición no ayuda mucho para tranquilizar a las y los

salvadoreños que esperan emitir su voto en un ambiente

tranquilo y seguro para así elegir libremente a las personas

que -desde sus puestos- tomarán las decisiones que

afectarán bien o mal a la población en los

próximos tres años.

      Más valientes serían los de ARENA y sus

dirigentes si reconocieran que es necesario cumplir con las

recomendaciones del Grupo Conjunto que investigó a los

"escuadrones de la muerte" y dieran los pasos para ello; mayor

compromiso con el futuro demostrarían si, en lugar de

rechazar los señalamientos del secretario general de la ONU

en materia de seguridad pública, las tomaran en serio y con

humildad se pusieran las condiciones para superar las deficiencias.



     Es necesario y urgente erradicar este tipo de acciones

criminales de una vez por todas, realizando una

investigación a fondo en este caso y en otros similares como

el de las familias García Prieto y Vilanova, Vélis,

Kalhber, Cromeyer y tantas otras historias anónimas de dolor

y muerte después de la guerra. Ello, con el fin de encontrar

tanto a los hechores materiales como  los intelectuales de estos

actos ilegales. De lo contrario, se pone en peligro, no sólo

la realización de las votaciones sino también el

proceso de democratización que vive el país. 





        Las maquilas de nuevo en la mira                      



     El problema en las empresas maquileras, al parecer, ha vuelto

a ser un dolor de cabeza para los inversionistas extranjeros y para

el gobierno salvadoreño. Eso es lo que parece, ahora que

acaban de estar en el país algunos representantes del

Buró de Asuntos Internacionales del Ministerio de Trabajo de

los Estados Unidos, que vinieron a constatar las condiciones

laborales de las mujeres y el trabajo infantil en las "zonas

francas" del país.



     La llegada de esta comitiva obedeció a las constantes

denuncias realizadas por sindicatos nacionales y extranjeros,

quienes acusaron a algunos dueños de esas empresas por no

cumplir con las leyes laborales del país y cometer graves

violaciones a los derechos humanos de sus empleadas y empleados.



     Desde su arribo, a El salvador, estos nuevos "señores

feudales" -los dueños de las maquilas- encontraron en

él un "paraíso" con mano de obra barata que no pueden

encontrar en otros países. Aunado a eso, está el

hecho de que aquí se les ofrecen concesiones enormes como,

por ejemplo, la excensión del pago de impuestos.



     La necesidad de que existan fuentes de trabajo en nuestro

país es más que obvia, pero eso no significa que se

deba pasar por encima de la dignidad y el respeto de las y los

salvadoreños que, diariamente, acuden a laborar en las

"zonas francas" para poder llevar sustento a sus familias.



     Es lamentable pero no extraño que en nuestro territorio

-y específicamente en las "zonas francas"- se estén

dando casos de maltrato y violaciones de los derechos humanos y que

sean, precisamente, extranjeros los que ahora vengan a investigar

si se están cumpliendo o no las leyes, cuando los primeros

interesados en buscar las soluciones en este tipo de casos

tendrían que ser las instancias estatales que dieron su aval

para que, desde hace algunos años, estas empresas pudieran

instalarse aquí.



     Dicen que "para muestra un botón" y en nuestra realidad

sobran. Un ejemplo de la falta de garantías que tienen las

y los trabajadores en nuestro país es lo que le

ocurrió a 400 trabajadoras de la maquiladora "Gabo S.A de

C.V" que fue cerrada por su propietario Jong Suck Kang, debido a

que -según él- tenía problemas

económicos por los cuales no podía seguir operando.

Hasta el momento, el propietario  de esta empresa - quien se dice

ya voló a su tierra- no ha respondido a los compromisos

laborales que tiene pendientes, pues no ha pagado salarios ni

indemnizaciones a sus empleadas. Y así, el presidente de la

Asociación Salvadoreña de la Industria de la

Confección (ASIC), Francisco Escobar Thompson, se atreve a

sostener -antes que nadie se pronuncie en ese sentido dentro del

Estado o la delegación estadounidense- que "no hay nada

anormal" en ese sector.



     En casos como estos, es cuando se debe escuchar la voz de los

"padres de la Patria", quienes deben demostrar que -si bien en el

pasado se permitieron graves atropellos a los trabajadores- ahora,

en el nuevo El salvador del cual presumen, no se puede tolerar que

se sigan dando de una manera impune.



     Los empresarios, tanto extranjeros como nacionales, deben

tener mucho cuidado con los pasos que darán de ahora en

adelante, pues se encuentran en la mira de la comunidad

internacional; de seguir lucrándose a costa de la

explotación de las obreras   salvadoreñas

tendrán que rendir cuentas de su proceder.

     El país, en estos momentos, urge de una nueva Ley de

Zonas Francas y Recintos Fiscales ya que la actual es obsoleta y no

responde a las necesidades de las y los empleados, que deben

trabajar en condiciones injustas y recibiendo un trato degradante. 



DOMENECH RENUNCIA A PRESIDENCIA COENA. El presidente de ARENA, Juan

José Domenech, puso el 07.09 a disposición su cargo

como Presidente del Comité Ejecutivo de ARENA (COENA),

asegurando que exite una conspiración internacional en su

contra por parte de personas a las que se rehusó a

identificar y que pretenden dividir y debilitar al partido de cara

a las elecciones de marzo de 1997. "Señores miembros del

COENA, pongo mi cargo de Presidente a disposición de

ustedes, porque creo que si me van a seguir atacando a mí,

no es justo que el partido sufra y sea denigrado", expresó.

Domenech enfrenta acusaciones sobre la adquisición

ilícita de una automóvil de lujo, supuestas

vinculaciones con narcotráfico y lavado de dólares en

Guatemala y la denuncia de agresión física que

hiciera a una periodista de La Prensa Gráfica. En

conferencia de prensa, el político dijo que renunciaba no

por miedo o cobardía, sino porque desea despojarse de su

"cachucha de presidente de la fuerza más envidiada de

nuestro país" para defenderse como hombre, padre y para

limpiar su nombre. El presidente del COENA se comparó con el

fundador del partido Roberto D'Abuisson, de quien dijo muchas veces

se apartó del instituto político y "supo ser

inteligente". "Lo hago por lo que él nos

enseñó (D'Abuisson), por haber recorrido todo El

Salvador a la par de él, y como dijo "una mancha más

al tigre no importa, hay que apartarse para que el resto siga".

Mientras tanto, la Presidenta de la Asamblea Legislativa, Gloria

Salguero Gross, tomará temporalmente el cargo; sin embargo,

la diputada expresó que espera "estar el mínimo

tiempo posible" en el mismo por el trabajo que desempeña en

la Asamblea, negando enfáticamente que en su partido exista

una crisis interna y que la renuncia de Domenech sea el

síntoma más fuerte de la división (LPG 08.09

p.2, DH 09.09 p.14 y 3-a EM 09.09.96 p.2).



REACCIONES ANTE RENUNCIA. El Presidente de la República,

Armando Calderón Sol, se solidarizó con el presidente

de ARENA, Juan José Domenech, que puso el 08.09 su renuncia,

e hizo suya la denuncia del político, en el sentido de ser

"víctima de toda una conspiración". Ha sido

víctima de toda una agresión y seguirá siendo

víctima, como todos los areneros". "Todos los días

nos hacen una agresión injusta, pero esa es la libertad de

expresión que defendemos", agregó Calderón Sol

al alabar la decisión de Domenech. "Quiero que Juan

José Domenech sepa que lo admiramos y respetamos", dijo al

expresar que el retiro de Domenech "es la mejor clase de civismo".

Calderón Sol se refirió a "políticos bajos y

viles" provenientes de fuerzas políticas fraccionadas, que

"tratan de dividir y agredir" al partido oficial. El mandatario

resintió que se haga "mal uso" de la libertad de

expresión, aunque dijo ser garante de ésta. "Es

preferible que se abuse de ella, a que no exista", dijo. Mientras

tanto, en torno a las declaraciones de Calderón Sol, el jefe

de Fracción del FMLN, Gerson Martínez, le

calificó de "poco inteligente", por acusar de éstos

males a las fuerzas democráticas, aumentando de ésta

forma a deteriorar todavía más su credibilidad". Para

el diputado, "queda al desnudo el inminente desquebrajamiento y la

decadencia interna que sufre el partido oficial". Martínez

dijo que la renuncia deja en evidencia dos cosas "ocultar la

raíz de sus propios problemas y el responsabilizar de su

crisis moral a las fuerzas políticas democráticas"

(LPG 08.09 p.3-a, DH 09.09 p.14 y DL 09.09 p.3).