UCA

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Semanario Proceso

© 1996 UCA Editores


 



año 17

número 723



agosto 28

     1996

ISSN 0259-9864



La Policía Nacional Civil nuevamente en la mira

Incrementos en los precios de los granos básicos



Crisis económica y conflicto laboral en Costa Rica

El rol del Poder Legislativo en la política exterior



      La Policía Nacional Civil nuevamente en la mira 



     En su último informe sobre el proceso

salvadoreño, el Secretario General de la ONU, Boutros Ghali,

tras una evaluación no del todo positiva de la seguridad

pública y del sistema de justicia del país,

advirtió que la Policía Nacional Civil "ha iniciado

su camino al autoritarismo". Como no podía ser para menos,

las apreciaciones de Ghali generaron una inmediata reacción

en el Ministro de Seguridad Pública, Hugo Barrera, quien

calificó de "inexacto e incompleto" el informe del

Secretario General. "Estimo muy en lo particular que posiblemente

las informaciones no son del todo exactas", dijo Barrera, al tiempo

que consideró que Ghali está "mal informado" sobre el

quehacer de la seguridad pública en el país, pues

"hay un poco de exageración en la tónica" que se ha

utilizado para calificar la actuación de la PNC. "Acepto -

continuó Barrera- que la Policía es una autoridad y

como tal debe ejercer esa obligación, pero de ahí,

pasar a un término que estamos abusando de la autoridad lo

rechazo rotundamente".   Entre tanto, el Director de la PNC,

Rodrigo Avila, más moderado que Barrera, sostuvo que algunos

de los señalamientos del Secretario General "no son

ningún secreto para nosotros", añadiendo que el

informe "es bastante viejo y del que se habló bastante hace

algunos meses". "De cualquier manera -sostuvo- muchas de las

situaciones que apuntan las Naciones Unidas son constructivas para

nosotros, y tomamos de manera muy  positiva lo que el informe pueda

decir".  

     En el parlamento se ventilaron opiniones encontradas a

propósito del documento de la ONU. "Pediremos la

opinión de la PNC en torno al informe publicado, pues

consideramos que confirma todo lo planteado, respecto de los abusos

que comete el cuerpo de seguridad", afirmó Eduardo Linares,

diputado del FMLN. Mientras que Julio Gamero, de ARENA, dijo no

estar de acuerdo con el informe del Secretario General, pues la ONU

ve al país desde la óptica de los Acuerdos de Paz y

no entiende que El Salvador necesita una "policía fuerte,

dura, que castigue a la delincuencia". En opinión del

diputado Gamero, "no estamos para que organismos internacionales

nos vengan a poner fechas. Somos el Primer Organo del Estado y nos

daremos el tiempo necesario para dar una Ley que beneficie los

intereses de los salvadoreños, no los de un organismo

internacional".

     A las voces anteriores se sumó la del Presidente

Calderón Sol, quien afirmó que el informe de la ONU

"carece de objetividad y está elaborado en un lenguaje

confuso... y dubitativo que se presta a malas interpretaciones".

Más aún, según el Presidente habría que

a que la ONU emitiera una "verdadera evaluación sobre los

Acuerdos de una manera objetiva, con un lenguaje claro y más

contundente, donde se señale claramente qué es lo que

se ha cumplido y que no, pero con nombre y apellido". En cuanto a

las críticas a la PNC, Calderón Sol advirtió

que se están haciendo todos los esfuerzos y "que

jamás vamos a tener instituciones perfectas, ni la ONU puede

garantizárnoslo dándonos un modelo".

     No cabe duda de que el proceso de instauración

democrática en El Salvador tiene que sortear    importantes

obstáculos. Una vez más, el Secretario General de la

ONU ha llamado la atención sobre aquellos peligros

más graves que se ciernen sobre el proceso

salvadoreño. Atribuir sus advertencias a una "mala

información" o tildar de "confuso" el lenguaje utilizado es

pretender desviar la atención de los problemas de seguridad

pública que tienen entre manos no sólo las

autoridades gubernamentales, sino los ciudadanos de este

país. Tanto el Ministro de Seguridad como el Presidente

Calderón Sol deberían estar más abiertos a

considerar los obstáculos que aún presenta la

consolidación de una institución policial que pueda

ser sostén y garantía de un orden democrático.



     Actitudes como las del diputado Gamero son insostenibles, pues

el proceso salvadoreño no hubiese avanzado sin el apoyo de

la ONU, mismo que, ahora como antes, sigue siendo necesario. Si la

Asamblea Legislativa es el primer órgano del Estado, debe

cumplir las funciones que le competen con la responsabilidad y la

autonomía requeridas, y no estar subordinada a las

decisiones del ejecutivo. Escudarse en el estatus de la Asamblea

Legislativa -"somos el Primer Organo de Estado"- para entorpecer el

cumplimiento de los compromisos internacionales del gobierno, o

para justificar el deficiente desempeño de los legisladores,

constituye una enorme irresponsabilidad que pone serios reparos a

la pretensión del parlamento de elaborar leyes que respondan

a "los intereses de los salvadoreños". 
     El Secretario General de la ONU tiene suficientes razones para

preocuparse por la seguridad pública y por las tendencias

autoritarias que se hacen sentir en la Policía Nacional

Civil. Existen abundantes ejemplos y experiencias que demuestran

que la advertencia de Ghali no es producto de una "mala

información" o de una apreciación puramente

subjetiva. Ciertamente, en El Salvador es necesaria una

policía "fuerte, dura, que castigue a la delincuencia", pero

es necesario también que esa policía sea

creíble y goce del respeto y la confianza de los ciudadanos.

Las extintas Policía Nacional, Guardia Nacional y

Policía de Hacienda fueron fuertes y duras, pero eran

temidas por la población, sus estructuras estaban

diseñadas para generar terror y sus miembros no

entendían más que de utilizar la fuerza y la

violencia en contra de quien fuera declarado sospechoso de "alterar

el orden".     Una Policía Nacional Civil moldeada al estilo

de los desaparecidos cuerpos de seguridad no debería ser

aceptada ni defendida por nadie en este país. Se tiene que

defender su facultad constitucional de ejercer la coacción

allí dónde ello sea requerido, en las dosis

necesarias y con la mayor eficacia, y ello porque no puede haber en

El Salvador una instancia distinta de la policía con derecho

a utilizar la fuerza para garantizar la seguridad ciudadana. 

     Sin embargo, defender la facultad constitucional de la

policía para usar la fuerza, no es defender la

corrupción policial, el maltrato a testigos o las

arremetidas extremadamente violentas contra grupos de personas que

plantean demandas al Estado. Y es que si el uso eficiente de los

mecanismos de coacción, en el combate del crimen organizado

o de las bandas de forajidos que controlan carreteras y poblados

del país, es algo que no cabe cuestionar y ante lo cual

más bien hay que pedir a la policía mayor

drasticidad, sí hay que preocuparse por la proclividad a los

excesos de violencia policial ante quienes no son ni forajidos ni

criminales organizados.                 

     

      Incrementos en los precios de los granos básicos



     Desde el mes de mayo pasado los precios de los alimentos han

experimentado una marcada tendencia hacia el alza que los ha

llevado a niveles inusuales. Paradójicamente, esta alza de

los precios no se traduce en mayores ingresos para los productores,

pues la producción de granos básicos (maíz,

maicillo, arroz y frijoles) es desarrollada por los sectores

campesinos, quienes se cuentan entre los sectores que subsisten

bajo condiciones de pobreza extrema.

     La producción de granos básicos es una de las

actividades en las que se evidencian más claramente las

contradicciones entre el libre juego de las fuerzas del mercado y

el bienestar social. De permitirse que los precios se determinen

por el libre juego de la oferta y la demanda se registraría

un fuerte incremento de los mismos que reduciría el ingreso

real de las familias y sus condiciones de vida; aunque en el otro

extremo podría incrementar fuertemente los ingresos de los

sectores campesinos. En muchos países desarrollados, existe

una política estatal definida para solventar esta

contradicción: se otorgan subsidios a los precios al

productor para volver rentable la producción de alimento y,

al mismo tiempo, ofrecer precios bajos a los consumidores. 

     En El Salvador el caso es muy diferente, pues el Estado,

aunque práctica una política de importaciones de

granos básicos, no siempre logra contener el crecimiento de

sus precios y en ningún caso logra garantizar precios

rentables para los productores. En las siguientes líneas se

busca contextualizar el reciente fenómeno de alzas en los

precios de los granos básicos, considerando que la

producción y comercialización de alimentos afectan no

sólo los precios, sino también la situación de

pobreza.



Comportamiento de los precios y reacciones gubernamentales

     Desde el mes de junio, los precios del frijol y del

maíz han venido experimentando fuertes tendencias hacia el

alza al grado que, según la Dirección General de

Economía Agropecuaria, entre el mes de junio y mediados del

mes de agosto, la libra de frijol pasó de un xprecio de 6.25

colones a otro de 9.50, lo cual supone un incremento de 52%;

mientras, la libra de maíz pasó de un precio de 1.50

colones a 2.25 colones, lo cual significó un incremento del

50%. 

     Esta situación se ha reflejado claramente en los datos

ofrecidos por la Dirección General de Estadística y

Censos, los cuales evidencian que, a partir del mes de mayo, el

rubro de alimentos se convirtió en el principal catalizador

del crecimiento de los precios. Para el mes de mayo la

variación de precios del rubro "alimentos, bebidas y tabaco"

fue de 1.8%, mientras que para los meses de junio y julio fue de

3.9% y 3.3%, respectivamente. En cambio, el índice general

de los precios para los meses de mayo, junio y julio fue de 0.7,

1.5 y 1.6 por ciento, respectivamente; es decir que fue inferior en

todos los casos a las tasas de crecimiento de los precios de los

alimentos. Lo anterior implica que, en conjunto, el resto de rubros

del Indice de Precios al Consumidor (IPC) experimentaron tasas de

inflación relativamente bajas comparadas con los alimentos

e inclusive con el índice general.

     Detallando aún más en el rubro de alimentos, es

notable que dentro del rubro mencionado son los subrubros de

"cereales y sus derivados" y "vegetales y legumbres" los que

más rápidamente han elevado sus precios, al grado que

sólo para el mes de junio se estimó que lo hicieron

en 8.4 y 19 por ciento, respectivamente.

     Es pertinente destacar aquí que los precios de los

alimentos tradicionalmente han sido los más propensos a

fenómenos inflacionarios al grado que, entre diciembre de

1992 y julio de 1996, estos habrían experimentado una

inflación acumulada de 61.02%, en tanto que los rubros

vivienda, vestuario y misceláneos fueron sometidos a tasas

de 42.02, 21.61 y 31.67 por ciento, respectivamente. Por el

momento, el incremento en el precio de los alimentos ha contribuido

mucho a que para el mes de julio se cuente con una inflación

acumulada de 6.6%, lo cual pone en duda el logro de la meta del

Programa Monetario y Financiero de obtener una tasa inflacionaria

ubicada en un rango de entre 7% y 9%.

     Ante este incremento en los precios diferentes funcionarios

gubernamentales han afirmado que este se debería

principalmente a un fenómeno "estacional". Según

personeros del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el

alza en los precios de los granos básicos se debe a una

escasez temporal de los mismos en el mercado nacional, y que

será superada gradualmente con importaciones provenientes el

misma área centroamericana y con la recolección de la

próxima cosecha nacional. Lo cierto es que en este momento

los precios reflejan la escaza oferta doméstica de granos

básicos.



La crisis en la producción de granos básicos

     Tradicionalmente la producción de granos básicos

no ha sido uno de los sectores con mayores estímulos para

crecer, y ello se refleja perfectamente en el comportamiento de su

producción y de las importaciones. A manera de ejemplo,

considérese que la producción de granos

básicos de la cosecha 1994/95 será inferior en 10.3%

a la obtenida para la cosecha 1990/91. Adicionalmente, puede

establecerse que la cosecha de maíz de 1994/95 será

inferior en un 4.4% a la obtenida para la cosecha 1980/81 (14

años antes).

     Por otra parte, los precios al productor y al consumidor de

los granos básicos reflejan la existencia de considerables

márgenes de ganancia para los transportistas y comerciantes,

lo cual va en detrimento de los ingresos de los productores.

Actualmente los precios de los granos básicos no se

constituyen en un estímulo para la producción de los

mismos, y esta se mantiene únicamente porque representa la

fuente de autoconsumo que permite la subsistencia de la

economía campesina, la cual funciona mayormente al margen de

la lógica de la libre empresa. 



Precios de los alimentos y la pobreza

     La pobreza se calcula en base al valor de la canasta

básica ampliada, la cual comprende los rubros de alimentos,

vivienda, vestuario y misceláneos; todas las familias que no

perciben lo necesario para adquirir esta canasta ampliada se

consideran en situación de pobreza relativa. Aquellas

familias cuyo ingreso no les permite adquirir ni siquiera la

canasta básica de alimentos se considera que se encuentra en

situación de pobreza absoluta.

     De acuerdo a estas definiciones resulta claro que un

incremento en los precios de los alimentos implica un incremento de

la pobreza relativa, pero especialmente de la pobreza absoluta. De

hecho, el esquema de crecimiento de los precios observado durante

los últimos años ha colocado grandes presiones para

el incremento de la pobreza absoluta.

     Sin embargo, los precios de los alimentos no solamente

influyen incrementando la pobreza de los consumidores, sino

también la de los productores, pues pese a que se suscitan

incrementos de precios éstos no son lo suficientemente

elevados como para elevar considerablemente los ingresos de los

sectores campesinos.

     Un área de política económica y social

obligada para un gobierno que está realmente interesado en

el combate de pobreza es la producción y precios de los

granos básicos. No puede dejarse al libre mercado la

producción de granos básicos, pues hasta ahora es

ello lo que explica la inseguridad alimentaria del país, la

proliferación de la pobreza rural e, incluso, el

comportamiento del Indice de Precios al Consumidor. Así como

el libre mercado no garantiza una reducción de los niveles

de pobreza y justifica la intervención estatal, así

también en el campo de la producción de alimentos

también se requiere una intervención deliberada del

Estado otorgando subsidios que vuelvan atractivos los precios de

los granos básicos para el productor y que, al mismo tiempo,

mantengan bajos los precios al consumidor.

          En torno al nuevo informe de Boutros Ghali



     Desde sus inicios, las relaciones entre la Misión de

las Naciones Unidas para El Salvador (ONUSAL) y el gobierno de

Calderón Sol se han caracterizado por ser de tipo amor-odio.

El paso de uno a otro polo ha estado determinado por la

índole de los contenidos de los informes que ha presentado

periódicamente, desde el inicio de su estadía en el

país, ONUSAL. Se ha hecho costumbre que si en los informes

se refleja una visión del país que puede ser de

utilidad para la gestión del gobierno abunden por

consecuencia los abrazos, los apretones de manos y las sesiones de

fotografías donde se muestra con algarabía la sin par

fraternidad entre los funcionarios gubernamentales y el organismo

internacional; en cambio, si el informe de turno señala los

atrasos y errores en el proceso de transición

democrática del país, es de esperar que el gobierno

acuda a sus más gastados argumentos nacionalistas -■El

Salvador no puede permitir la ingerencia extranjera en sus asuntos

internos■- y pase de su anterior etapa de camaradería a una

donde abunda el ataque personalizado y la diatriba. Así, en

este polo de la relación, no se discuten la validez o

coherencia de los señalamientos, sino más bien la

personalidad y autoridad del que los hace patentes; se obvia, pues,

lo realmente importante, el quid del asunto: los avances o

retrocesos en el proceso de cumplimiento de los Acuerdos de Paz .

      El 21 de este mes, salió a la luz pública el

último Informe Oficioso del Secretario General de las

Naciones Unidas sobre el Estado de la Aplicación de los

Acuerdos de Paz en El Salvador, presentado al Consejo de Seguridad,

y que cubre el período comprendido entre el 1o. de mayo y el

20 de julio de 1996. El informe, basado en los datos aportados por

la Oficina de las Naciones Unidas para la Verificación

(ONUV) en El Salvador, toca cinco puntos: seguridad pública;

derechos humanos y sistema judicial; cuestiones económicas

y sociales; cuestiones electorales, y programas de asistencia

técnica. Como ha sucedido en anteriores ocasiones, los

señalamientos del presente documento han desatado

polémicas y críticas por parte del sector

gubernamental y otras instituciones de la sociedad.



El nuevo informe de Boutros Ghali 

     Como ya se dijo, el documento toca cinco puntos, en cada uno

de los cuales el Secretario General de la ONU, Boutros Ghali,

realiza de manera breve un balance donde resalta tanto los

progresos alcanzados como los obstáculos y retrocesos en el

cumplimiento de los Acuerdos de Paz; de los cinco puntos caben

destacar lo siguientes:

     a) en lo que respecta a seguridad pública, el punto que

más agrias discusiones ha provocado, Ghali ve como

único avance  -al menos el único que reconoce

explícitamente- la aprobación, el 18 de julio de este

año, de la Ley de la Carrera Policial, lo cual

significaría, pese a su demora, ■un paso muy positivo en el

proceso de paz■. Por lo demás, el Secretario General observa

que persisten las dificultades que impiden ■consolidar el sector de

seguridad pública de conformidad con el modelo establecido

en los Acuerdos de Paz ■; dificultades que ■obedecen a los

diferentes conceptos de seguridad pública que tienen los

encargados de formular políticas en esa esfera■. Debido a

esto continuaría latente el peligro de que ■la PNC pudiera

perder su identidad de institución al servicio de la

comunidad y pasara a ser un nuevo instrumento de poder proclive al

autoritarismo y que no rinde cuentas al público■, amenaza de

la que ya se estarían presentando señales crecientes.

Además de esto, Ghali señala otros problemas no menos

preocupantes: la falta de operatividad y concreción de

objetivos del Consejo Nacional de Seguridad Pública; las

dificultades que ha debido hacer frente la consolidación de

la oficina del Inspector General de la PNC, y la debilidad que se

percibe en el funcionamiento de los mecanismo de control interno de

la PNC.

     b) en lo que toca a los derechos humanos, el informe resalta

positivamente el desempeño de la Procuraduría

Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos en la

consolidación y buen ejercicio del Estado de Derecho; sin

embargo, critica la lentitud en ■la elaboración y

publicación de resoluciones■ -medio por el cual la

Procuraduría expresa su posición oficial sobre

asuntos concernientes con los derechos humanos-, a la vez que

insinúa la falta de ■propuestas concretas para la

solución de problemas■. Sobre el sistema judicial, se

señala, ■a pesar de los esfuerzos de la Corte suprema■, el

escaso progreso en la reforma judicial: la depuración de los

jueces, y la falta de coordinación entre el sistema judicial

y la policía, lo que estaría obstaculizando el

combate contra la delincuencia común y organizada.

     c) llama la atención que pese a que Ghali realiza en el

informe importantes observaciones sobre el Programa de

Transferencia de Tierras, el Fondo de Protección para

Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado y la

Reforma Electoral, la discusión se ha centrado en los dos

puntos anteriormente reseñados. Se han obviado de la

discusión los siguientes señalamientos: 1) el

Programa de Transferencia de Tierras no podrá darse por

concluido antes de las fechas establecidas en la

calendarización; 2) no se ha avanzado en la

definición de los beneficiarios del Fondo de

Protección (lo que se traduciría en una ■causa de

posible desestabilización■), y 3) la aprobación de

las propuestas más importantes de la Reforma Electoral

(votación por zona de residencia, emisión de un

documento único y la representación proporcional en

los gobiernos municipales, entre otros) no ha prosperado debido a

la oposición en contra de las reformas al interior de la

Asamblea. 

     La falta de atención que ha prestado el gobierno a

estos puntos podría intentar explicarse a partir de la

siguiente hipótesis: aunque las observaciones de Boutros

Ghali sobre seguridad pública son acertadas y contundentes,

ellas no agregan nada nuevo al conjunto de críticas de las

que ha sido objeto la PNC en los últimos meses; por ello, el

insistir en ellas ayudaría a desviar la atención de

problemas no menos graves, pero sobre los que se ha insistido con

menor denuedo. En este sentido, que el gobierno discutiera o

rebatiera la totalidad del informe sacaría a la luz que,

contrario a lo que afirma Calderón Sol, el Programa de

Transferencia de Tierras no está finalizado; que los

retrasos en la Reforma Electoral beneficiarán al partido

ARENA de cara a las próxima elecciones, y que pese al

potencial de conflicto que reside en el incumplimiento de los

acuerdos que benefician a los lisiados y discapacitados se ha hecho

poco o nada por resolver su situación.

     En resumen, la visión general del informe da poca

cabida al optimismo; aquellos puntos de vital importancia para el

fortalecimiento de la democracia y el proceso de paz han sido o

dejados de lado o entorpecidos por los responsables de llevarlos a

buen término. En cuanto a la actitud de los personeros del

gobierno ante el documento, se muestra con nuevo vigor su falta de

madurez y apertura a la crítica, ya que no solamente no se

acepta de principio ninguna de las observaciones de Ghali, sino que

se responde poniendo en duda sus capacidades y la objetividad de su

enfoque. El informe, entonces, ha sido útil en un doble

sentido: muestra la debilidad de las instituciones sobre las que

descansa la posibilidad de instaurar la democracia y, sin

pretenderlo, dejar ver cuan lejos están de cuajar las

más elementales normas de comportamiento democrático

en las actitudes de los que nos gobiernan.

     

      Crisis económica y conflicto laboral en Costa Rica



     La actual crisis que enfrenta la economía costarricense

está caracterizada por el mayor estancamiento que

experimenta desde 1982. Prueba de ello es el fuerte impacto que se

refleja en los siguientes aspectos: el Producto Interno Bruto

(PIB), que creció en 2.5 por ciento en 1995, este año

apenas crecerá 1 por ciento, en contraste con el 4.5 por

ciento en el año de 1994, como lo señala la

Comisión Económica para América Latina y el

Caribe (CEPAL) en su informe titulado: "Costa Rica:

evolución económica durante 1995".

     En declaraciones hechas por el presidente de la Cámara

de Comercio, Carlos Federspiel, éste aseguró que las

ventas internas cayeron casi en un 40 por ciento durante el primer

semestre del presente año. Asimismo, señaló

que, en lo que respecta al empleo,  el 45.3 por ciento de los

propietarios de negocios no contrató más personal en

dicho período, sino más bien el 24.5 por ciento

redujo los empleados, situación que a juicio de la

Cámara de Comercio se mantendrá durante la segunda

mitad del año. Al ser preguntado en relación a sus

perspectivas sobre el comportamiento de la economía en el

segundo semestre del año en curso, Federspiel

respondió que la mayoría de comerciantes no esperan

cambios en el crecimiento productivo ni que se experimente baja

alguna en la inflación. Tal pesimismo se entiende a la luz

de la disminución de la actividad productiva en un 1.8 por

ciento durante la los meses de enero a junio pasados, y una

inflación  acumulada en ese mismo período de 9.74 por

ciento. 

     En el ámbito económico, el único sector

que experimentó un crecimiento sostenido fue el de

exportación. Pese a ello, los comerciantes consideraron la

posibilidad de que el gobierno y el Congreso agilicen a la mayor

brevedad la aprobación de proyectos de ley en lo que se

refiere a la reforma tributaria, la concesión de obras

públicas, la apertura de monopolios estatales y el control

de la deuda interna que supera los 2 mil millones de dólares

y, que entre enero y junio, creció alrededor en un 52 por

ciento, según lo expresó el Ministro de Hacienda,

Francisco de Paula Gutiérrez.

     Por lo anterior, es claro que la economía costarricense

sufre un estancamiento, que lejos de apuntar hacia su

recuperación se encamina hacia una mayor agudización,

precisamente en la medida que el país se aleja de la meta

inicial de reducir el déficit fiscal en 0.5 por ciento

establecida por el gobierno en convenio con el Fondo Monetario

Internacional (FMI). Proyectando un déficit que

oscilará entre 3 y 3.4 por ciento al finalizar 1996. 

     Por otra parte, la administración de José

María Figueres, enfrenta una realidad de constantes

conflictos laborales, de manera particular el que se viene dando en

la provincia de Limón. En esta provincia, la policía

mantuvo el 24 de febrero una fuerte vigilancia, en el principal

puerto de Costa Rica, con la finalidad de evitar un paro general

decretado el pasado jueves 22 por los sindicatos y organizaciones

populares. 

     Los dirigentes del movimiento que convocó a la huelga

exigen al gobierno de Figueres que de cumplimiento a los

compromisos de mejoras sociales y económicas. La Iglesia

Católica, que respalda las demandas de los trabajadores,

hizo un llamado a las autoridades para que den solución a la

problemática de los trabajadores de Limón. 

   El rol del Poder Legislativo en la política exterior





                   Oscar Martínez Peñate

                 Departamento de Sociología

         Universidad Centroamericana José Simeón

Cañas







Autorizar al presidente para que viaje al extranjero

     La Asamblea Legislativa tiene entre sus funciones autorizar la

salida del Presidente de la República hacia otros

países, siempre y cuando éste explique y justifique

los motivos y razones del viaje y el tiempo de duración de

la estancia en el extranjero, o el período que comprenden

las gestiones internacionales propuestas. 

     La solicitud de autorización para viajar al extranjero

puede regir incluso hasta por un período determinado que

puede ser un año después de haber terminado sus

funciones como Jefe del Ejecutivo. Ello con el propósito,

entre otros, de que el ex presidente pueda evadir sanciones penales

por delitos graves que pueda haber cometido en el ejercicio de sus

funciones.

     En la Constitución Política se supone que deben

establecerse sanciones a la no observancia de esta norma por parte

del Presidente o por realizar actividades y gestiones ante

gobiernos u organismos internacionales distintos a los que el pleno

legislativo hubiese aprobado.

     La autorización implica que los diputados conozcan,

evalúen y otorguen su beneplácito si están de

acuerdo con las gestiones diplomáticas que realice el

Presidente. La autorización conlleva el objetivo de que los

Poderes Ejecutivo y Legislativo coordinen la política

exterior que más le conviene a la nación. De esta

manera, se garantiza que la política exterior no sea

realizada por el Presidente a título personal, sino en

representación oficial del país y como sujeto de

derecho internacional.

     La Constitución Política de El Salvador, en el

Art.158, dice lo siguiente: "se prohíbe al Presidente de la

República salir del territorio nacional sin licencia de la

Asamblea Legislativa".



Ratificación de tratados

     Otro de los mecanismos de control y coordinación de la

política internacional del país lo constituye la

ratificación de una tratado, es decir, de un "acuerdo entre

sujetos de derecho de gentes destinado a producir ciertos, efectos

de derecho" (Charles Rousseau, 1971) y regido por el derecho

internacional. En sentido amplio podemos decir que es "todo acuerdo

concluido entre miembros de la comunidad internacional"(Ibid).

     La ratificación es un control sobre el Ejecutivo para

que éste no incurra en hechos diplomáticos que puedan

afectar el interés de la nación o poner en peligro la

soberanía, la independencia y la autodeterminación

del país. 

     También con la ratificación, el Poder

Legislativo y Ejecutivo coordinan las relaciones internacionales,

para que éstas sean congruentes con la política y el

ordenamiento jurídico interno del Estado. "La

práctica de la ratificación, es relativamente

moderna, arranca desde la Revolución Francesa, o sea, con la

organización democrática del Estado" (César

Sepulveda, 1984).

     La ratificación es una competencia exclusiva del Poder

Legislativo. "El sistema descansa en la idea democrática del

control de la política internacional por el poder

legislativo y reduce el papel del poder ejecutivo, que no es sino

un simple negociador del tratado" (Claude-Albert Colliard, 1978).

     Los tratados son firmados por el Ejecutivo, pero para que

entren en vigencia, tengan autoridad, adquieran fuerza

jurídica, constituyan ley de la República y sean

obligatorios para los Estados es necesario que la Asamblea

Legislativa los ratifique, es decir, que el pleno vote a favor para

su aprobación; en términos de derecho internacional

se le denomina a esta acción legislativa

«ratificación», que no es otra cosa que la

confirmación de las gestiones, negociaciones o

redacción del texto por el Poder Ejecutivo. 

     Con la ratificación, el tratado se convierte en ley en

el país. Para el caso de El Salvador, el tratado entra en

vigencia después de haber transcurrido ocho días de

la publicación del decreto de la ratificación en el

Diario Oficial.

     Una nación puede expresar a la comunidad internacional

su voluntad de obligarse por un tratado ya sea por

ratificación, aceptación, aprobación o

adhesión, según sea el caso. 

     En resumen, la ratificación de tratados es el acto

mediante el cual un estado confirma y aprueba oficialmente los

términos de un tratado. Aunque normalmente es un acto

ejecutivo, la ratificación se lleva a cabo por cada

signatario de un tratado de acuerdo con sus procesos

constitucionales. Ordinariamente esto requiere el consentimiento de

una o más cámaras de la legislatura nacional" (Plano

y Olton, 1980).

     Según la Convención de Viena sobre el derecho de

los tratados, en el Art.14, el cual trata sobre el consentimiento

en obligarse por un tratado manifestado mediante la

ratificación, la aceptación o la aprobación,

dice lo siguiente:

     "1. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado

se manifestará mediante la ratificación:

     a) cuando el tratado disponga que tal consentimiento debe

manifestarse mediante la ratificación;

     b) cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han

convenido que se exija la ratificación;

     c) cuando el representante del Estado haya firmado el tratado

a reserva de ratificación; o

     d) cuando la intención del Estado de firmar el tratado

a reserva de ratificación se desprenda de los plenos poderes

de su representante o se haya manifestado durante la

negociación.

     2. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado

se manifestará mediante la aceptación o la

aprobación en condiciones semejantes a las que rigen para la

ratificación".



Las reservas a los tratados

     Es necesario aclarar que la ratificación es un acto de

aprobación pero, asimismo, el pleno legislativo puede

improbar el tratado presentado por el Ejecutivo; de igual forma,

los diputados están en su derecho y libertad de formularle

reservas como condición de la ratificación. 

     Las reservas, según la costumbre internacional, se le

hacen únicamente a los tratados multilaterales, puesto que

en los tratados bilaterales, por ser una negociación entre

dos, no hay mayores problemas para dirimir aspectos en los que no

están de acuerdo ambos Estados. "En un tratado bilateral no

se concibe la reserva, ya que desemboca en una

transformación del tratado de manera puramente unilateral"

(Claude-Albert Colliard, 1978). 

     En los tratados multilaterales, por ser varios los Estados

involucrados, es necesario que los países puedan formular

reservas sobre aspectos secundarios del documento en los que no

estén de acuerdo; ello permite dejar abierta la posibilidad

para que otros Estados formen parte del Tratado.

     La convención de Viena sobre el derecho de los

tratados, en el Art.2  literal d), nos da una definición de

reserva que reza de la siguiente manera: "se entiende por «reserva»

una declaración unilateral, cualquiera que sea enunciado o

denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar,

aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto

de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas

disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado".

     Si bien la Asamblea Legislativa puede hacer reservas, ello no

significa que no se encuentren reglamentadas las limitaciones que

impone el derecho internacional público.   La

ratificación es una acto de aprobación, pero

también la Asamblea tiene la libertad de improbarlo, incluso

con con algunas reservas que se le hagan al tratado. 

     Las reservas pueden consistir en la no aceptación de

algunas partes del texto, lo que significa que tendrá fuerza

de ley sólo lo que no haya sido objeto de reservas; de igual

forma, si las reservas son modificaciones o declaraciones

interpretativas de alguna(s) cláusula(s) del tratado, estas

cláusulas modificadas como parte integral del tratado

también tendrán fuerza de ley en el país. Las

reservas aceptadas sólo serán obligatorias para el

que las efectúe.

     Sin embargo, no se pueden efectuar cualquier tipo de reservas,

pues existe una reglamentación en la Convención de

Viena sobre el derecho de los tratados, contemplada en el Art.19.

"Un Estado podrá formular una reserva en el momento de

firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al

mismo, a menos:     a) que la reserva esté prohibida por el

tratado;

b) que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse

determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que

se trate; o c) que, en los casos no previstos en los apartados a)

y b), la reserva sea incompatible con el objeto y el fin del

tratado".

     Este rol de la Asamblea Legislativa en la política

exterior ha permitido la participación en la misma de todos

los diputados y, en particular, ha conducido a que la

Comisión legislativa de Relaciones Exteriores adquiera un

papel muy importante y hasta cierto punto determinante en su

conducción, en cuanto que el dictamen que ella emite tiene

repercusiones en la decisión que se tome en la plenaria.

Además, a través de esta comisión, la Asamblea

ejerce una mejor fiscalización y control de la

política exterior del Ejecutivo.

     De tal forma que hoy en día no es extraño ver a

diputados de la Asamblea Legislativa que acompañan a

delegaciones o a misiones diplomáticas en las negociaciones

o redacciones de textos de tratados internacionales ni tampoco

observar delegaciones legislativas de países que tratan de

resolver litigios fronterizos, como el caso de El Salvador y

Honduras en el problema de los llamados "bolsones" fronterizos.

"Los legisladores y las autoridades ejecutivas comparten así

la responsabilidad de la dirección y de los resultados de

las negociaciones diplomáticas" (Duchacek Ivo, 1976).

     "Esta importancia ha hecho... que, en ciertas ocasiones, los

Senadores ostenten una representación institucional cuando

viajen al extranjero, y hasta es posible que el Presidente les

encomiende alguna misión delicada que el Senador

habrá de cumplir con un espíritu no partidista,

procurando tener en cuenta lo que es percibido como el

«interés de la nación»"(Cotarelo y Guerrero, 1978).

Maras y cultura ■urbano-informático-consumista■



Elvio Sisti

Consultor de PROLIS-UE



     Es común ahora oir decir que la sociedad está

transformándose. Pero cuando se dice o se oye decir,

usualmente se piensa en un plano puramente de acontecimientos. Se

piensa, por ejemplo, en la renovación de la moda de las

personas del futuro. Entonces así como es posible imaginar

a nuestros padres detrás de sus antiguas radios de

válvulas, es posible también imaginar a las futuras

generaciones frente a sus súper computadoras y aparatos de

televisión, seguramente holográficos. También

se da por descontada la renovación de las ideas

coherentizadoras de las representaciones sociales de la gente.

     Sin embargo, pareciera ser que no estamos preparados para

asumir el cambio de la gente misma, como conjunto social al cual

pertenecemos. O, dicho de otra forma, a admitir nuestro cambio como

parte de esa totalidad humana que está en constante

movimiento. Nos resulta más fácil proyectar o

descubrir nuestros cambios, antropológicamente hablando, en

referentes colectivos exteriores. Los que se convertirán en

malos referentes si los cambios en gestación tienen una

representación social negativa. El fenómeno de las

■maras■ constituye un ejemplo de éso.

     La carta de presentación de las maras es su elemento

cultural. Pensamos en una mara cuando nos imaginamos a un grupo de

jóvenes vestidos con ropa muy holgada, tatuados, usando

zapatos deportivos, algún arma escondida, y haciendo

señas con las manos. En su entorno físico se pueden

ver grafitis de cierto estilo psicodélico, que demarcan un

territorio...mítico como su razón para lucha

violentamente contra un enemigo, también mítico (■los

que se meten con el barrio■, ■los enemigos de la raza■, ■la jura■,

etc.). En este entorno estético-cultural se cultivan

diversas dinámicas psicosociales, muchas basadas en el uso

de la violencia y en infinidad de rituales de reaseguramiento de la

identidad y también de la afectividad. 

     Pronto descubriremos que los patrones estéticos

señalados no son atributos exclusivos de grupitos llamados

■maras■, sino nuevas fisonomías  culturales extendidas a los

sectores culturales afines  (jóvenes de minorías

marginales en sociedades ricas o de maplias capas descalificadas y

excluídas en países distorsionados en su desarrollo) 

de toda la región. En otras palabras, la dimensión

cultural trasciende a las maras; se corresponde a un

fenómeno más global (o ■globalizado■, para usar la

terminología ■políticamente correcta■). El componente

cultural del fenómeno de las mara, con sus interesantes

variedades locales, es parte de lo que llamaremos naciente cultura

urbano-informático-consumista de la región. La

dinámica psicosocial de la maras, que incluye la violencia

y la delictividad, se hace cada vez más compleja

diversificada (principalmente por las respuestas institucionales al

problema), pero se integra a una cultura que nos cubre a todos. No

nos choca la apariencia de una mara porque provenga de otra cultura

sino, precisamente, porque se arma con elementos antinormativos de

nuestra propia macro-cultura.  Si bien el entorno cultural del

proceso es inmensamente más amplio que el simple problema

delincuencial, lo alarmante es que, en la realida actual, tiende

dialécticamente a ■delincuenciarse■, como indica, por

ejemplo, el cambio actitudinal hacia los jefes de de mafias, vistos

como empresarios audaces; o las nuevas representaciones sociales de

las relacionws de poder y de consumo; donde el éxito en la

adquisición de poder y consumo justifican la

violación a los derechos humanos y cualquiee forma de vida

personal; siendo lo delictivo una cuestión de habilidad, no

de valores.

     Parece hasta cierto punto ridículo escandalizarse por

la presencia de las maras, como si se tratara de engendros

patológicos; cuando, en realidad, forman parte de nosotros,

es decir de nuestra cultura urbano-informático-consumista.

A esta cultura pueden seguírsele otros rasgos llamativos y

preocupantes, como: la ■urbanización■ cultural de todo el

espectro poblacional de la nación; la

■magapolización■ de los ámbitos ciudadanos; las

■guerras míticas■  entre grupos sin proyectos de futuro; el

consumismo compulsivo y desidentificante; la degradación

medioambiental; el auge de los fundamentalismos; las

prácticas de ornamentación corporal masculina

(tatuajes, pendientes, rapados); la diversisficación e

intensificación de las adicciones. Todo en el marco de una

medievalización de la integración social . Donde

amplos sectores quedan cautivos de un micromundosin proyectos de

futuro, sobreviviendo sin más identidad que el enfrentarse

entre sí, destructivamente, en el aquí y en el ahora.

Porque fuera de la ■aldea■ psicológica inmediata, la vida es

una aventura. Cada grupo refugiándose en su espacio que

logra amurallar, como transacción trágica entre el

eludir la locura de negarse como ser humano y el escapar al

aniquilamiento físico. La macrocultura urbano-

informático-consumista facilita los diversos materiales, que

se constituyen en especie de sellos de los procesos de

descalificación y exclusión, concretos y

particularizados para determinados lugares.

     La falta de ejercicio del poder social, entendido éste

como la realización de las propias necesidades humanas

básicas a través de la interacción con el

entorno humano, y con ello la imposibilidad de generar cambios que

permitan el aprendizaje de la realidad contextual, compulsan a la

imposición de cambios simbólicos, absurdos desde un

punto de vista objetivo, pero que a toda costa marcan un hito para

la subjetividad personal, reemplazando el ejercicio de poder social

por la violencia del poder físico, como única

posibilidad de sobrevivir psicológicamente, de tener un Yo

(■sumamos puntos cuando les damos verga...■  - dicen en las maras),

que son al mismo tiempo síntomas del grave subdesarrollo yoico.

     En síntesis, las maras extraen sus

características culturales de los aspectos antinormativos,

pero no antisistema, de la nueva cultura urbano-informático-

consumista, que compartimos todos. Más bien sirven al

sistema, basado en la descalificación excluyente, al

autodescalificarse y autoexcluirse. La alarma social surge no por

el fenómeno en sí, sino por su ineficiencia socio-

estructural, cuantificada en su producto derivado, la violencia

delincuencial. éste constituye, de alguna manera, la

■suciedad■, ahora insostenible, del ■vertebral■ proceso de

exclusión. GHALI VUELVE A LA CARGA (II)

     

     Conociendo la incapacidad interna para controlar la

actuación del personal policial, el panorama se complica

cuando el secretario general habla de las "graves dificultades para

consolidar la oficina del Inspector General de la PNC";

dificultades que --según él-- "se agravaron con la

renuncia del propio Inspector General a fines de junio". Sin

mayores explicaciones de fondo, dicho funcionario regresó a

su cargo a los pocos días; Ghali se atreve a pensar que ese

puede ser "un indicio de que algunas de esas dificultades

podrán superarse". Sin embargo, nosotros no compartimos esa

confianza. ĘPor qué? 

     Pues, porque desde que nació y hasta la fecha --ni con

el primer inspector ni con su sustituto-- esa institución ha

dado muestras de una labor decidida y eficaz en el cumplimiento de

su misión: "vigilar y controlar las actuaciones de los

servicios operativos y de gestión del cuerpo, así

como lo referente a los Derechos Humanos" (artículo 8, Ley

Orgánica de la PNC). Y mientras esperamos que se arreglen

las cosas al interior de la inspectoría, la población

salvadoreña sigue sin contar con un mecanismo nacional que

observe el funcionamiento de la Policía --fuera de los

señalamientos que reiteradamente le hace la procuradora para

la defensa de los derechos humanos-- y que además haga uso

de sus facultades para corregir las fallas que detecte. 

     No se pueden dejar de mencionar las cosas que el secretario

general califica positivamente. Entre ellos destaca la reciente

aprobación de la Ley de la Carrera Policial, para regular

"la estructura profesional de la PNC". Se dice en el documento que,

no obstante haber estado "sujeta a demoras considerables", dicha

aprobación "refleja el consenso entre las partes en los

acuerdos de paz a que se llegó con la asistencia de los

buenos oficios de MINUSAL. Pero aún quedan ciertos

impedimentos que se deben superar en esta materia "para aclarar y

armonizar el estatuto jurídico del sector de la seguridad

pública".

     Tal como pintan las cosas, el panorama está bastante

complicado y eso no lo descubrimos con el último informe del

señor Boutros-Ghali. Desde hace algún tiempo lo

sabemos quienes, desde siempre, hemos estado pendientes de los

acontecimientos relacionados con esta materia e interesados en no

dejar que se tiren a la basura tantos esfuerzos realizados en aras

de mejorar. Con una conducción deficiente de la seguridad

pública y sin posibilidades de garantizar que los errores y

las arbitrariedades se investiguen y sancionen, que es como estamos

actualmente, se vuelve más urgente buscarle salida a la

situación. Y la hay.

     Independientemente de que, hasta el momento, el Consejo

Nacional de Seguridad Pública (CNSP) no ha satisfecho las

"expectativas a que dio lugar su establecimiento" --como se dice en

el informe que nos ocupa-- es éste uno de los recursos que

aún no ha sido explotado. "Las demoras en el comienzo de las

operaciones del Consejo --dice Ghali-- han hecho que sus funciones,

mandato y objetivos todavía no hayan sido objeto de una

definición clara". 

     Con interés y esperanza, el secretario general de la

ONU piensa que "el programa de trabajo del Consejo, que ha de darse

a conocer próximamente, responderá a estos

interrogantes y contendrá un esbozo de las medidas que le

permitirán reaccionar en forma eficaz a los problemas que

motivaron su creación". Pero, como ha sucedido tantas veces

en este país desde que se firmó la paz, no siempre se

cumplen los compromisos; por ello, le corresponde a la

población --organizada o no-- estar pendiente de los pasos

que vaya dando dicha institución y presta a colaborar con

ella pues, de lo contrario, va a terminar siendo un poco menos que

nada.

     En lo que toca al tema de los derechos humanos y el sistema

judicial, se destaca "la importancia de la Procuraduría para

la Defensa de los Derechos Humanos en la tarea de alentar el

mantenimiento del imperio del derecho, de manera coordinada y

complementaria con la de otros organismos estatales". Para Ghali,

"esta institución debe mejorar su capacidad de

elaboración y publicación de resoluciones". 

     Estamos conscientes que la opinión de la gente sobre la

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDH)

es buena; los resultados de la última encuesta del IUDOP

(Proceso, 722) son una prueba de eso. Pero hay que ser claros: una

buena dosis de esa confianza que expresa la población es

producto de la figura y actuación de la señora

procuradora. Es ella quien ha mostrado --durante un año y

cinco meses en el cargo-- claridad para establecer un compromiso

real con la defensa de los derechos humanos y valentía para

enfrentar los grandes retos que le plantea su coherencia con tal

compromiso; sin embargo, el funcionamiento de la institución

a su cargo no es el mejor y a una parte de eso se refiere Ghali. 

     Los problemas que impiden una actividad más eficiente

de la Procuraduría no se van a solucionar con la propaganda

en los periódicos, que es a lo que tiende mucho --

quizás para justificar su buen sueldo-- un conocido

funcionario internacional metido en la PDH. Para que la

institución se consolide es importante que su personal siga

el ejemplo de entrega que proyecta la señora procuradora. Lo

anterior no quiere decir que, fuera de la doctora Victoria de

Avilés, al interior de la PDH no exista nadie más con

compromiso y desarrollando una actividad aceptable; el problema es

que son pocas y pocos. 

     Además, en aras de alcanzar su real

consolidación, la Procuraduría requiere con urgencia

un diagnóstico objetivo del estado en que se encuentra --el

cual nunca saldrá del despacho de ese personaje dizque

encargado del "fortalecimiento institucional"-- y también

debe ubicar los desafíos más importantes a enfrentar

con decisión y capacidad. Contra este esfuerzo,

impostergable para garantizar que la PDH se convierta en la

conciencia social de nuestro país, conspira la poca

disposición del Ejecutivo para asignarle los recursos

necesarios y suficientes. 

     Dice Ghali en su informe que la ratificación de

diversos artículos constitucionales y la

reformulación de otros por la Asamblea Legislativa es "un

progreso significativo", pero aún está pendiente la

aprobación de otros "instrumentos judiciales adecuados y

efectivos" para enfrentar la delincuencia. Lo anterior debe

interpretarse como una alusión velada a la inadecuada e

inefectiva ley de emergencia aprobada en marzo de 1996. Con

seguridad señala que la depuración judicial

perdió "su impulso inicial" y "prácticamente se ha

paralizado". Además, advierte que la descoordinación

entre jueces, fiscales y policías no favorece a la lucha

contra los delitos comunes y el crimen organizado.

     Entre las observaciones finales, Ghali recapitula destacando

la necesidad de intensificar los esfuerzos a fin de hacer realidad

las recomendaciones del Grupo Conjunto para la investigación

de grupos armados ilegales con motivación política.

De igual forma, advierte que es necesario consolidar a la PNC "de

conformidad con el modelo establecido en los acuerdos de paz",

ampliar el proceso de consolidación de la PDH e impulsar la

pronta aprobación de los proyectos de Código Penal,

Procesal Penal y Ley Penitenciaria.

     Ante este informe, un grupo de organismos de la sociedad civil

que trabajan en la defensa y promoción de los derechos

humanos, entre ellos el IDHUCA, se pronunció de la siguiente

forma: 

1. Los señalamientos críticos que se hacen a la PNC

no son nuevos.  En su documento del 23 de abril de 1996, Ghali

mencionó las deficiencias de ese cuerpo de seguridad y, sin

embargo, muchas de sus recomendaciones para superarlas aún

no se cumplen.      Nos preocupan mucho las reacciones oficiales de

rechazo inmediato a las observaciones que se hacen en esta materia.

Esas reacciones viscerales de resistencia a las críticas, se

vuelven más inquietantes cuando se trata de asuntos tan

importantes como la conducción de la seguridad

pública y la incapacidad de los mecanismos internos y

externos de vigilancia y control disciplinario de la PNC,

principalmente en lo que se refiere a los derechos humanos. De

seguir por ese camino, después será mucho más

difícil superar los males que poco a poco se van enraizando

dentro del nuevo cuerpo policial.

     Pasadas esas primeras reacciones oficiales, esperamos que las 

recomendaciones hechas por Ghali tengan eco en las altas esferas

gubernamentales para rescatar la PNC y garantizar niveles adecuados

de seguridad a la población. En este punto, es necesario que

el Consejo Nacional de Seguridad Pública asuma un papel

más activo y protagónico, acorde a las exigencias de

una realidad cada vez más preocupante.

2.   En cuanto a los derechos humanos y el sistema judicial, en el

país aún queda mucho por hacer pues los pasos dados

hasta el momento son lentos e insuficientes; con ellos no se ha

logrado superar las violaciones a los derechos a la vida, a la

integridad física, a la seguridad personal y al acceso a la

justicia, entre otros.

     La sociedad entera se encuentra dentro de un ambiente de

inseguridad y miedo, ante los constantes hechos de violencia que se

registran a diario en todo el país. La ola de secuestros y

asesinatos se ha intensificado y ahora, más que nunca, se

necesita una Procuraduría para la Defensa de los Derechos

Humanos fuerte, institucionalmente sólida, que tenga la

capacidad de emitir las resoluciones adecuadas y darles el

seguimiento debido. Ello, con el objeto de impactar al resto de la

administración pública para que cumpla con su deber

de garantizar el respeto a la seguridad de las personas, sin dar

pasos atrás en lo referente a la vigencia de sus otros

derechos y libertades. También, es fundamental que la

Procuraduría desarrolle su capacidad para proponer

iniciativas creativas en esa materia.

     La administración de justicia sigue mal y el atraso en

la aprobación de las reformas a los Códigos Penal y

Procesal Penal y Ley Penitenciaria --junto a la vigencia de la ley

de emergencia contra la delincuencia-- aumentan la situación

crítica dentro de las cárceles. Los reclusos han

desistido, por el momento, de realizar medidas de presión en

espera de que sus peticiones sean escuchadas y que, por fin, se

logre la agilización de los casos pendientes de estudio. De

no ser resueltas justamente estas demandas, se corre el riesgo de

que rebrote con más fuerza la violencia al interior de los

centros penitenciarios.

3. Es vital que las observaciones de Ghali sean conocidas y

discutidas ampliamente por los organismos sociales y la

población en general, pues los acuerdos de paz son producto

del esfuerzo y sufrimiento de todas y todos los

salvadoreños. Por tanto, se debe considerar su

opinión al momento de tomar decisiones cuyas consecuencias

les afectarán. Aunando esfuerzos se puede llegar a los

nuevos y necesarios compromisos para enfrentar los problemas

más urgentes; de lo contrario, estaremos ante el peligro de

que se sigan adoptando medidas erradas que no cuentan con el aval

de la población. 

4. Se debe tener presente que, dentro de poco tiempo, en El

Salvador ya no habrán observadores internacionales. Esta

situación obliga a todas y todos a involucrarnos en la

vigilancia estricta y propositiva del funcionamiento institucional,

principalmente de la PNC, la PDH, el órgano Judicial y el

resto del Ministerio Público. Sólo así

lograremos asegurar que los esfuerzos hechos durante tantos

años y por tanta gente no hayan sido vanos; de otra manera,

siempre estaremos ante el peligro de un rotundo fracaso cuyas

consecuencias nadie las desea.