UCA

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Semanario Proceso

© 1996 UCA Editores


 



año 17

número 722



agosto 21

     1996



ISSN 0259-9864





Concentración de las comunicaciones 

Privatización, incrementos tarifarios en la energía

eléctrica y endeudamiento externo

La coyuntura actual en Nicaragua   

Atribuciones jurisdiccionales de la Asamblea Legislativa

Los salvadoreños opinan sobre el sistema de justicia y los

derechos humanos

Ghali vuelve a la carga (I)

Un listón amarillo por Andrés

            Concentración de las comunicaciones 

     

     Un sector importante de los medios de comunicación se

opone a pagar un impuesto adicional por el uso del éter que

la propuesta de ley de telecomunicaciones establece. Los partidos

políticos de la oposición la recibieron con recelos,

porque el gobierno se reserva a discreción el derecho para

propagar mensajes en cadenas nacionales de radio y

televisión. La asociación más fuerte de

radiodifusión se encuentra dividida, las grandes empresas

aceptan pagar el nuevo impuesto, mientras que las medianas y

pequeñas se resisten. Mientras tanto, el gobierno piensa que

ha elaborado un proyecto de ley que evitará la

arbitrariedad, el compadrazgo y la manipulación

política.

     Según éste, las leyes del mercado, en las cuales

se fundamenta presuntamente el anteproyecto, permitirán

superar estos vicios. El anteproyecto considera como uno de sus

logros mayores proponer el mercado competitivo como criterio

último de la administración de la

comunicación. De esta manera piensa garantizar el acceso en

igualdad de condiciones, la transparencia en el otorgamiento del

derecho de explotación de un bien estatal y el uso racional

y eficiente del espectro radioeléctrico. A nadie escapa que

el acceso a dicho espectro se ha caracterizado por la arbitrariedad

y las influencias políticas y, precisamente, eso es lo que

ha permitido, entre otras cosas, la conformación de

monopolios de la comunicación, impidiendo a otros el acceso

al cual también tienen derecho. Sin embargo, el mercado

competitivo no es la solución.

     Uno de los presupuestos fundamentales de la ley presentada

afirma la propiedad del Estado sobre el espectro

radioeléctrico. De aquí se deriva que las emisoras de

radio y televisión paguen un impuesto anual, de acuerdo a su

poder emisor. Así, los derechos del Estado quedarían

satisfechos. Pero, entonces, por qué no se aplica el mismo

criterio del mercado al derecho que se reserva el gobierno para

establecer cadenas nacionales de radio y televisión. El bien

común sólo se puede invocar legítimamente en

caso de catástrofe natural, epidemia u otra calamidad, pero

no en los casos de invasión, sedición,

rebelión o de ■graves perturbaciones del orden

público■, porque la cadena nacional es utilizada para

impedir la difusión libre de información contraria al

gobierno. Las emisoras tampoco debieran ser encandenadas para

lanzar ■un mensaje de interés nacional■, lo cual, en

realidad, deja abierta la puerta para que el gobierno transmita,

libre de derechos, sus mensajes políticos.

     La coherencia con el criterio del libre mercado, fundamento de

la ley, exige que el gobierno, como cualquier otro agente, contrate

con las emisoras el tiempo de transmisión. La libertad de la

audiencia para escuchar o ver lo que parezca y la de las emisoras

para transmitir sin intromisiones gubernamentales se encuentra

amenazada por el derecho que el gobierno se reserva. Si la libertad

es tan importante como el anteproyecto declara, lo menos que se le

puede pedir es que sea consecuente con sus principios. Para

transmitir sus mensajes, el gobierno cuenta con la radio nacional.

Estos no deben ser impuestos por medio de cadenas nacionales, sino

que también deben entrar en el esquema del mercado libre y

competitivo, donde la calidad y la credibilidad son cruciales para

captar la audiencia.

     En nombre de la libertad de mercado, el anteproyecto pretende

asegurar el acceso al espectro radioeléctrico

equitativamente. En realidad, su distribución actual no

será modificada por muchas décadas, siempre y cuando

las emisoras paguen el impuesto establecido. Esto quiere decir que

las pequeñas, que a duras penas sobreviven, serán

sacadas del mercado por su incompetencia. Las frecuencias libres

podrán ser cedidas (subastadas), entonces, a los que

realmente puedan pagarlas. Por esta razón, las grandes

empresas de la comunicación aceptaron rápidamente la

propuesta gubernamental. En consonancia con su lógica

mercantilista, el anteproyecto sólo considera las emisoras

comerciales, es decir, quedan fuera las radios comunitarias, las

confesionales y las culturales. La perspectiva gubernamental es

exclusivamente comercial.

     No se puede hablar de acceso equitativo al espectro cuando

existen empresas que poseen más de una emisora, impidiendo

el acceso a otros. Estas empresas de la comunicación son las

que imponen la línea publicitaria y la orientación

ideológica de la programación. Un anteproyecto de ley

democrático no debiera permitir la concentración de

las frecuencias. De esta manera, el monopolio estatal es sustituido

por el privado, lo cual contradice la intención

antimonopólica del anteproyecto. Aparentemente, algunos

grandes capitales, que han descubierto recientemente los enormes

beneficios económicos y políticos potenciales de este

monopolio, estarían interesados en el negocio de la

comunicación.

     Las insistentes protestas de transparencia, objetividad y

honestidad con las que se quiere emprender la privatización

de la comunicación no son creíbles. Y no lo son, en

primer lugar, porque el anteproyecto de ley sólo se apega al

mercado cuando le conviene, porque tiende a favorecer a los grandes

a costa de los medianos y pequeños, y porque no considera

intereses sociales vitales. ANTEL ni siquiera puede garantizar el

secreto de las comunicaciones. Todos sabemos que los

teléfonos y otros medios de comunicación se

encuentran intervenidos, que las comunicaciones son escuchadas y

luego utilizadas políticamente. Todo ello sin la orden

judicial respectiva. Ni el gobierno ni la presidencia de ANTEL

tienen solvencia para garantizar uno de los derechos

constitucionales más importantes de los ciudadanos.

     Indudablemente, las comunicaciones tienen una dimensión

mercantilista, pero además comprende elementos sociales y

culturales que sólo un gobierno ideológicamente ciego

puede pasar por alto. Sin embargo, la propuesta no es tan

neoliberal como parece. Sus contradicciones muestran su verdadera

intención. De aprobarse tal cual ha sido presentada, la ley

aumentará la exclusión y ofrecerá menos

oportunidades.

 



Privatización, incrementos tarifarios en la energía

eléctrica y endeudamiento externo



     El reciente anuncio de un nuevo incremento en las tarifas de

la energía eléctrica ha provocado reacciones

encontradas, inclusive al interior del mismo gobierno.

Evidentemente, ello se debe a la sensibilidad del Indice de Precios

al Consumidor (IPC) ante cambios en las tarifas de la electricidad,

lo cual complicaría aún más la actual

coyuntura de recesión económica e incremento de las

tasas inflacionarias. Después que el Presidente de la

Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río

Lempa (CEL), Guillermo Sol Bang, anunció un próximo

incremento de 16% en las tarifas de la electricidad, se conocieron

los pronunciamientos del Ministerio de Economía y de la

Cámara de Comercio e Industria de El Salvador los cuales

expresaron su desacuerdo con la medida, la cual consideran

innecesaria.

     En realidad este incremento estaba previsto desde 1994 y se

enmarca dentro de un plan de incrementos escalonadas de las tarifas

y de la privatización de las empresas públicas la

cual supone como condición previa la creación de

incentivos para inversionistas potenciales, especialmente altos

niveles de rentabilidad.

     Unos pocos días antes de que se anunciara el nuevo

incremento tarifario, se celebró en San Salvador un

encuentro entre diferentes ministros de los países

centroamericanos y representantes de empresas relacionadas con la

explotación energética y el sistema financiero de

Estados Unidos. El objetivo de la reunión fue la

promoción de la imagen de las empresas generadoras y

distribuidoras de energía eléctrica del área

centroamericana. Los resultados de esta reunión han venido

a reforzar la percepción de que el gobierno está

empeñado en privatizar las empresas públicas,

aún y cuando ello pueda suponer mayor endeudamiento externo,

grandes incrementos de tarifas y que el Estado renuncie a un

notable incremento de sus ingresos provenientes de las empresas por

privatizar.

     A continuación se muestra como, en nombre de la

privatización de la generación y distribución

de la energía eléctrica en El Salvador, el gobierno

está adquiriendo mayores niveles de endeudamiento externo,

fomentando incrementos inmoderados en las tarifas y acelerando los

procesos inflacionarios.



Expansión energética y deuda externa

     Uno de los argumentos más utilizados para justificar la

privatización de las compañías de servicios

básicos es la necesidad de aumentar las escalas de

operaciones, lo cual sólo podría ser logrado con el

concurso de la empresa privada.

     Sin embargo, en El Salvador la privatización de la

compañía de energía pretende hacerse sobre la

base de un importante incremento de la inversión en la

infraestructura hidroeléctrica financiado por

empréstitos contratados por el gobierno. De acuerdo al

Presidente de CEL, entre los proyectos de expansión

energética se cuenta la ampliación de la capacidad

instalada de dos represas, y además se contempla la

construcción de otras obras hidroeléctricas sobre el

cauce del río Lempa.

     Desde 1994, se conoce que para realizar estos programas de

desarrollo hidroeléctrico se pretenden contratar diferentes

créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El

año pasado se conoció la contratación de un

préstamo por U$215 millones, aunque, de acuerdo al

Presidente de CEL, la infraestructura hidroeléctrica

requiere de una inversión de U$1,872 millones, equivalentes

a 16,454 millones de colones (aproximadamente un 111% del monto del

presupuesto general de la nación para 1996). 



Los ajustes tarifarios

     Desde que se iniciaron las negociaciones con el BID se

levantaron fuertes polémicas al interior de la Asamblea

Legislativa debido a los ajustes tarifarios que eran contemplados

en las cartas de intención presentadas por el gobierno.

Según aquellas, para acceder a los fondos del BID y cumplir

con las obligaciones que de ello emanarían, el gobierno se

comprometió a observar un plan de ajustes tarifarios.

     De acuerdo al plan presentado por CEL se contemplaban

incrementos en las tarifas energéticas de la siguiente

manera: para 1994 se proyectaba un incremento del 30%, para 1995 un

incremento adicional del 25% y para 1996 otro de 16%. Exceptuando

el último incremento previsto, hasta la fecha se ha cumplido

con la calendarización diseñada, no sin que ello

desatara fuertes discusiones al interior de la Asamblea

Legislativa, las cuales, empero, no impidieron la

implementación de los incrementos tarifarios.

     El año pasado se registró un nuevo incremento en

las tarifas de energía eléctrica a mediados del

año y a los pocos meses, con motivo de la

ratificación de un préstamo de 215 millones de

dólares por parte del BID, se anunció el

próximo incremento de 16% que es el que CEL pretende

implementar próximamente.



Inflación y tarifas eléctricas

     Resulta claro que los incrementos en las tarifas de la

energía eléctrica está estrechamente

relacionado con un incremento en el costo de la canasta

básica. De acuerdo, a la Dirección General de

Estadística y Censos (DIGESTYC) la electricidad y los

combustibles representan un 3.8% del valor de la canasta

básica utilizada para el cálculo del IPC.

     Adicionalmente, y tal como lo señaló en su

oportunidad la Cámara de Comercio e Industria de El

Salvador, el incremento en las tarifas de la electricidad implican

también incrementos en los costos de las empresas y,

consecuentemente, incrementos en los precios de los productos y

servicios.

     Los incrementos en el precio de la electricidad

tendrán, pues, efectos directos e indirectos en los precios

resultado de su ponderación en el IPC y de su

participación en la estructura de costos. Aunque no se

conoce la cuantía exacta de estos efectos puede

señalarse que, considerando la experiencia de años

pasados, son de consideración. Por ejemplo, a partir de

mediados de 1995 los incrementos de las tarifas de la electricidad

explicaron grandemente el incremento del IPC y la obtención

de tasas inflacionarias superiores a las programadas por las

autoridades económicas



Consideraciones

     La privatización parece querer realizarse aún y

cuando ello tenga consecuencias negativas tales como el incremento

de la deuda externa y de las tasas de inflación. Aunque se

argumenta que la privatización abastecerá al Estado

de fondos para financiar el gasto público, aún no se

define con certeza como la privatización

contrarrestará sus efectos colaterales.

     El caso de la privatización de la electricidad muestra

claramente como el gobierno pretende favorecer la actividad de la

empresa privada con la venta de los activos públicos. Los

costos de los programas de expansión energética

serán asumidos por el Estado, mientras que los beneficios -

una vez privatizadas las empresas públicas- serán

cosechados por la empresa privada, especialmente transnacional.

     Inclusive se está contemplando un plan de ajustes

tarifarios que asegura de antemano la rentabilidad de las empresas

de la energía eléctrica, lo cual es condición

indispensable para su privatización y, a la vez, es causa de

mayores niveles inflacionarios y empeoramiento de las condiciones

de vida.

     A contrapelo de las valoraciones gubernamentales, resulta

claro que la privatización no será beneficiosa para

los sectores mayoritarios. En consecuencia, de ser implementada,

debe ser acompañada de una normatividad clara que defina la

forma en que se compensarán sus efectos negativos.





          La coyuntura actual en Nicaragua



     La coyuntura actual que recorre Nicaragua refleja la crisis

que vive este país. Prueba de ello son los últimos

acontecimientos ocurridos recientemente, entre los que destaca la

petición de aplazar las elecciones que deben realizarse el

próximo 20 de octubre. Tal reacción es muestra del

inconformismo que se cierne sobre el ambiente político

electoral, especialmente por el incumplimiento por parte del

ejecutivo de otorgar a los institutos políticos la

asignación correspondiente para desarrollar la

campaña electoral, justamente porque el plazo para la

entrega de los fondos a los partidos tenía como

límite el 19 de julio. Sin embargo, a una semana del inicio

oficial del proceso el 2 de agosto, los partidos todavía no

habían recibido su cuota asignada. 

     Asimismo, el retraso significa que los partidos

políticos más pequeños no están en

capacidad de competir contra los tres agrupaciones que tienen

mayores posibilidades que son: la Alianza Liberal, de derecha; el

Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), de

izquierda, y el Proyecto Nacional, de centro. Ello, como lo

expresó la aspirante presidencial de la Alianza Popular

Conservadora, Miriam Arguello "sin dudas ha dañado nuestra

campaña. Hay tres tigres llenos de millones contra todos los

demás que no tienen ni un centavo". Así pues, la

actual coyuntura electoral que vive este país no está

dando paso a la estabilidad que esperan los nicaragüenses.   



     Los partidos en desventaja sugieren -que para poder corregir

estos vicios que muestra el proceso electoral, que debe comenzar el

22 de agosto- que todas las instituciones políticas

participantes hayan recibido para esa fecha sus fondos

correspondientes. Asimismo, propusieron que la primera ronda de

elecciones sea iniciada el 17 de noviembre, fijando el 15 de

diciembre como fecha para una segunda ronda en caso de ser

necesario. Ante estas inquietudes, la Presidenta del Consejo

Supremo Electoral (CSE), Rosa Marina Zelaya, señaló

que los comicios todavía están vigentes para la fecha

en principio acordada: no obstante, señaló un posible

cambio en la fecha.

     Por su parte, el jefe de la Misión de Observadores de

la Organización de Estados Americanos (OEA), Oscar

Santamaría, fue enfático al afirmar que "las

elecciones deben ser en la fecha programada", afirmación que

hizo luego de haber sostenido una reunión con la Presidenta

del CSE. Además, hizo manifiesto que existe una actitud

positiva tanto por parte del CSE como del ejecutivo para resolver

dicha situación.

     Las encuestas más recientes de opinión

pública dan como favoritos para ganar los próximos

comicios al candidato de Alianza Liberal, Arnoldo Alemán, y

del FSLN, Daniel Ortega. De ser así, cabe esperar que se

continúe con lo que hasta hoy ha venido arrastrando consigo

el proceso político de dicho país, pues ninguno de

los candidatos representan la opción más adecuada

para superar la polarización política que vive

Nicaragua. Ciertamente, en este país es importante es el

proceso electoral, pero más importante es descubrir nuevas

posibilidades de gobierno que respondan a las exigencias y

necesidades de esta nación centroamericana.

     Por otra parte, la coyuntura también ha estado marcada

por el fracaso en las negociaciones entre México y

Nicaragua. Según reveló el Ministro de

Economía, Pablo Pereira, el fracaso en las negociaciones fue

responsabilidad de México, que no quiso abrir su mercado a

los productos agropecuarios provenientes de Nicaragua. Por esto, a

juicio de Pereira "no puede haber ningún acuerdo". Por lo

demás, cabe recordar que Costa Rica firmó un acuerdo

con México, pero tuvo problemas con las exportaciones de

azúcar. Ello debe llevar a reflexionar tanto a Nicaragua

como al resto de países del istmo acarca de cuán

beneficioso puede ser un acuerdo con este país si, por lo

mostrado hasta la fecha, la mayor parte de ventajas no han sido

para la región. 



   Atribuciones jurisdiccionales de la Asamblea Legislativa





                 Oscar Martínez Peñate



                Departamento de Sociología

        Universidad Centroamericana "José Simeón

Cañas"





Jucio político o acusación constitucional

     La Asamblea Legislativa tiene entre sus funciones determinar

si procede admitir las acusaciones de cualquier persona que haya

sido afectada injustamente por algún ministro u otro

funcionario público de alta jerarquía en el Estado.

     La acusación también puede ser planteada

después que el funcionario haya cumplido con el

período del cargo, pero siempre que los perjuicios o

infracciones los haya cometido durante el desempeño de sus

funciones; esto último, por supuesto, deberá estar

estipulado en Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, en el

cual se especifiquen, entre otros puntos, el lapso durante el cual

puede ser acusado y la prohibición de que el acusado pueda

salir de país sin previa autorización de la Asamblea

Legislativa.

     A los funcionarios en mención se les puede demandar,

entre otras cosas, por haber violado o dejado de cumplir las leyes

y la Constitución Política, comprometer la

soberanía y seguridad del Estado, no cumplir con los deberes

que el cargo le imponga, traición a la patria,

malversación de fondos públicos, estafa, cohecho,

soborno, sedición, falsa declaración fiscal y fraude

fiscal.

     Si la demanda es aceptada, se establece el procedimiento

conocido como juicio político, acusación

constitucional o impeachment en contra del funcionario y procede

inmediatamente la suspensión de las funciones del acusado.

     El juicio político busca prevenir que las personas que

demanden a los funcionarios públicos de alto nivel pasen

directamente en los tribunales, de tal forma que la Asamblea

Legislativa determinará la pertinencia de cada caso, "a fin

de evitar que día tras día todos los particulares que

se sientan injustamente afectados por una resolución

ministerial inicien juicios indemnizatorios en contra de ellos"

(Alan Bronfma, 1991). De esta manera se protegen los intereses y

derechos de la sociedad civil, del Estado y del funcionario mismo.

"Determinados delitos de ciertas personas (ministros,

parlamentarios, jefe de Estado, etc.) sólo pueden ser

juzgados con previa autorización del Parlamento y a aveces

con intervención en el tribunal de una comisión

parlamentaria" (Juan Ontza, 1983).

     Si se acuerda establecer un juicio político, la

Asamblea analizará las pruebas de la parte acusadora y

acusada y los documentos que las acompañen, igualmente

escuchará a ambos y pasará luego a rendir finalmente

un informe; asimismo, si la Asamblea encontrara méritos para

la formación de causa del funcionario, su proceso

pasaría ipso facto al Poder Judicial para ser juzgado de

acuerdo con las leyes para que responda por los daños y

perjuicios causados al Estado y/o particulares y se

declarará automáticamente la destitución en su

cargo, con la subsiguiente pérdida del fuero constitucional.

     Cuando el funcionario público renuncia de su fuero,

entonces de forma inmediata su caso es tramitado en los juzgados o

tribunales pertinentes y si éstos giran orden de

prisión el funcionario será suspendido de su cargo y

se le priva del desempeños de funciones públicas,

sean estas por elección popular o no, por un período

determinado.

     En El Salvador, la función jurisdiccional de la

Asamblea Legislativa se denomina antejuicio y está

estipulada en el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa en

Capítulo V, mientras que en la Constitución

Política lo está en los artículos 236 y 237.

     Art.236: "el Presidente y el Vicepresidente de la

República, los Diputados, los Designados a la Presidencia,

los Ministros y Viceministros de Estado, el Presidente y

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cámaras

de Segunda Instancia, el Presidente y Magistrados de la Corte de

Cuentas de la República, el Fiscal General de la

República, el Procurador General de la República, el

Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, el Presidente

y Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y los representantes

diplomáticos, responderán ante la Asamblea

Legislativa por los delitos oficiales y comunes que cometan".

     Art.237: "desde que se declare por la Asamblea Legislativa o

por la Corte Suprema de Justicia, que hay lugar a formación

de causa, el indiciado quedará suspendido en el ejercicio de

sus funciones y por ningún motivo podrá continuar en

su cargo. En caso contrario se hará culpable del delito de

prolongación de funciones. Si la sentencia fuere

condenatoria, por el mismo hecho quedará depuesto del cargo.

Si fuere absolutoria, volverá al ejercicio de sus funciones,

si el cargo fuere de aquellos que se confieren por tiempo

determinado y no hubiere expirado el período de la

elección o del nombramiento".

     La Constitución Política no especifica los tipos

de delito de manera general ni mucho menos de forma

específica. Por lo que se deja una "puerta" de salida a

delitos que cometan los funcionarios públicos de alta

jerarquía en El Salvador; igualmente el procedimiento para

la ejecución del proceso del juicio político es tan

general que rima en lo vago, lo que puede dar lugar a muchas

interpretaciones en ausencia de una reglamentación precisa.

     En este mismo sentido, a pesar de la diferencia observada en

la Constitución Política, existe confusión o

ignorancia entre algunos diputados de la Asamblea Legislativa de El

Salvador en lo que se refiere al significado de la

interpelación y del antejuicio.

     El diputado Roberto Viera manifiesta que él, junto con

otros diputados, "presentamos en el seno de la Asamblea, una

petición de «Interpelación» del Ministro de Hacienda,

la respuesta de los representantes del partido de Gobierno fue

negativa, aduciendo que el Sr. Ministro no ha cometido

ningún delito y que lo único que se quiere es show

político" (La Prensa Gráfica, 25-09-1995).

     Esta confusión o ignorancia de parte de los diputados

del partido oficial sirvió de pretexto para no interpelar al

Ministro de Hacienda. Estas actuaciones realizadas por

desconocimiento -o con conocimiento pero con actuación de

mala fe- impiden la coordinación de trabajo entre el Poder

Legislativo y el Poder Ejecutivo, además que obstaculizan la

función de control político el cual es una

característica de vital importancia de la Asamblea

Legislativa.



Inhabilidad y renuncia del Presidente

     Le corresponde a la Asamblea Legislativa declarar la

inhabilidad del Presidente de la República en ejercicio o

del Presidente electo, cuando exista algún impedimento

físico o mental que no permita el cabal cumplimiento y

desarrollo de sus respectivas funciones. "El impedimento debe ser

de tal naturaleza, que inhiba al Presidente a presentar su

renuncia, no esté en condiciones de hacerlo o no quiera

formalizarla. Esta facultad supone, por lo tanto, una

actuación de oficio del Senado, incluso sin el conocimiento

o aún en contra de la voluntad de aquél. Constituye,

pues, una forma mucho más rápida y eficaz de

destitución que la derivada de la aprobación de una

acusación constitucional" (Emilio Urquiaga, 1990).

     Para el caso de El Salvador, la Constitución

Política, en el Art.131, numeral 20, señala como

atribución a la Asamblea Legislativa: "declarar, con no

menos de los dos tercios de votos de los Diputados electos, la

incapacidad física o mental del Presidente, del

Vicepresidente de la República y de los funcionarios electos

por la Asamblea, para el ejercicio de sus cargos, previo dictamen

unánime de una Comisión de cinco médicos

nombrados por la Asamblea".

     De igual forma, le corresponde a la Asamblea aceptar o

rechazar la dimisión del Presidente de la República,

previo análisis y examen de las razones que él

esgrima, con el propósito de precisar y determinar si los

motivos están fundados y lo ameritan.

     En este punto, la Constitución Política de El

Salvador es ambigua y sólo se limita a enunciar en el

Art.131, numeral 15, como atribución de la Asamblea

Legislativa lo siguiente: "resolver sobre renuncias interpuestas y

licencias solicitadas por el Presidente y el Vicepresidente de la

República y los Designados, previa ratificación

personal ante la misma Asamblea".



Los salvadoreños opinan 

sobre el sistema de justicia y los derechos humanos





     El 32.1 por ciento de los salvadoreños está poco

satisfecho con el trabajo que ha desempeñado la Corte

Suprema de Justicia después de dos años de

gestión, según revela el último  sondeo n

acional del Instituto Universitario de Opinión

Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana

"José Simeón Cañas" de San Salvador,

auspiciado por la Unión Europea y por la Universidad

Cristiana de Texas. La encuesta efectuada entre el 13 de julio y el

9 de agosto del presente año, con una muestra nacional de

1,199 adultos de zonas urbanas y rurales de los catorce

departamentos de la república, revela también que el

19.3 por ciento de los consultados está nada satisfecho con

el trabajo de la Corte; mientras que el 29.3 por ciento está

algo satisfecho y un 6.6 por ciento está  muy satisfecho con

el trabajo del máximo órgano de justicia en el

país.

     La pesquisa de opinión pública

señaló, sin embargo, que cerca del 40 por ciento de

los consultados que conoce a la Corte Suprema de Justicia tiene

una impresión favorable de la misma, mientras que el 24.8

por ciento tiene una actitud desfavorable y  el 27.2 por ciento

tiene una actitud ambivalente (ni favorable ni desfavorable). El

resto de consultados prefirió no responder a la pregunta.

     Preguntados sobre las resoluciones de la Corte Suprema de

Justicia, un poco más de la tercera parte de la

población, esto es, el 38.1 por ciento de los consultados

piensa que el máximo tribunal no emite sus fallos de manera

justa; mientras que un 34.7 por ciento sí cree que las

decisiones de la Corte son hechas de manera correcta. De hecho, en

otra opinión, el 39.7 por ciento de los ciudadanos afirma

que los jueces salvadoreños no toman en cuenta los puntos de

vista de todas las partes antes de tomar un decisión;

mientras que el 32.2 por ciento piensa que sí lo hacen y

cerca de un 27 por ciento prefirieron no responder a la pregunta o

se mostraron indecisos. 

     Lo anterior está relacionado con una opinión

expresada por más de la mitad de los consultados (57.4 por

ciento), según la cual las personas que dirigen el

país y las encargadas de impartir justicia, realmente no

están preocupadas por lo que le sucede al ciudadano

común salvadoreño.

     Para el 60 por ciento de los encuestados, la mayoría de

los jueces están sujetos al control político,

mientras que el 14.7 por ciento sostuvo que los jueces no

están atados políticamente y el resto de consultados

declinó opinar al respecto. Sin embargo, el 58 por ciento de

los salvadoreños piensa que los funcionarios públicos 

no deberían actuar siguiendo los intereses del partido que

los colocó en el puesto; en cambio, un 24.7 por ciento

piensa que sí y el resto se abstuvo de expresar su

opinión.

     A los salvadoreños se les pidió que

identificaran lo que describe mejor al sistema de justicia

salvadoreño: honesto o corrupto.  Aunque casi la tercera

parte de los consultados (un 32.1 por ciento) afirmó que el

sistema está conformado tanto por personas honestas como

corruptas, casi la mitad (el 47.1 por ciento) sostuvo que el

sistema de justicia salvadoreño es corrupto, mientras que

una pequeña proporción, el  11.6 por ciento, dijo que

era honesto. Un 9.2 por ciento se negó a ofrecer su parecer

al respecto.

     Todo lo anterior ayuda a entender una de las opiniones

más polémicas recogidas por el presente sondeo  y que

resulta muy preocupante en la actual situación del

país. Cerca de la mitad de los consultados, esto es, el 46

por ciento de la población sostiene que "ya que el gobierno

no proporciona justicia y seguridad, la gente tiene el derecho a

tomar la justicia por la propia mano". Sin embargo, casi la otra

mitad, el 44.3 por ciento, está en desacuerdo con esa

postura, dejando sólo a un casi 10 por ciento indeciso o sin

opinión al respecto.   



Derechos humanos

     Para el 23.6 por ciento de los salvadoreños, el derecho

humano que en la actualidad necesita protegerse más es el

derecho a la vida, mientras que un 21.4 por ciento de los

ciudadanos  piensa que los derechos del niño son los que

necesitan ser mejor atendidos. Otros ciudadanos señalaron el

bienestar social, el respeto a las libertades civiles, el respeto

a la dignidad humana y la protección de los más

débiles, entre otros, como los derechos que necesitan de

mayor protección.

     Así, a los ciudadanos consultados se les pidió

que señalaran la institución que defiende mejor los

derechos humanos tanto a nivel nacional como a nivel comunitario.

El 28.7 por ciento de los consultados piensa que la

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es la

institución que mejor defiende los derechos humanos a nivel

nacional, seguida de la Comisión de Derechos Humanos con el

10.3 por ciento y la PNC con el 7.9 por ciento; sin embargo, un

17.4 por ciento afirmó que ninguna institución

defiende los derechos humanos a nivel nacional. Esta

proporción es aún mayor cuando se trata de la defensa

de los derechos humanos a nivel comunitario. Más de la

tercera parte de los salvadoreños sostuvo que ninguna

institución defiende los derechos humanos en su comunidad de

vivienda, mientras que el 21.1 por ciento señaló a la

PNC  y el 11.5 por ciento a la PDDH.

     Sobre este tema se preguntó a los salvadoreños

sobre el trabajo de la Procuraduría para la Defensa de los

Derechos Humanos. El 67.3 por ciento de los consultados que conocen

la PDDH posee una opinión favorable del trabajo de la misma;

en cambio, el 9.3 por ciento tiene una valoración  negativa;

el 17.3 por ciento se mostró indeciso y el resto  no quiso

dar su opinión. Sin embargo, más de la mitad de los

consultados (el 53.9 por ciento) evalúa como muy importante

el trabajo de la Procuraduría; un poco más de la

tercera parte lo define como algo importante (37.4 por ciento) y

solamente el 5 por ciento piensa que la labor de la PDDH es nada

importante; el resto se abstuvo de contestar.

     En tal sentido, para el 54.5 por ciento de los

salvadoreños, las declaraciones de la Procuraduría

para la Defensa de los Derechos Humanos se dan de manera justa;

mientras que el 19.6 por ciento no cree que las declaraciones de la

PDDH sean bien equilibradas. Un 12 por ciento se mostró

indeciso y el 14.5 por ciento prefirió no responder a la

pregunta.



La confianza en las instituciones 

     El sondeo realizado por el IUDOP recogió también

el nivel de confianza de los ciudadanos en algunas instituciones

del país cuyo papel es fundamental en la dinámica del

proceso de transición salvadoreño, incluyendo a los

medios de comunicación. Según los resultados, la

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y los

noticieros de la televisión reciben el mayor nivel de

confianza  popular con un 21.7 por ciento y un 22.3 por ciento de

personas expresando mucha confianza respectivamente; mientras que

la Policía Nacional Civil, los noticieros radiales y la

prensa escrita acogen un nivel intermedio de confianza del

público. Las instituciones que, por el contrario, muestran

el nivel más bajo de confianza entre los salvadoreños

son precisamente las instancias del Estado. La Fuerza Armada y los

tres poderes del Estado - Corte Suprema de Justicia, Asamblea

Legislativa y Ejecutivo - reúnen los más altos

porcentajes de población indicando que no tienen confianza

alguna en tales instituciones.

     Resumiendo, el sondeo realizado por el Instituto Universitario

de Opinión Pública de la UCA en julio del presente

año, muestra que la población está lejos de

tener un opinión favorable acerca del sistema de justicia 

luego de dos años de gestión de la Corte Suprema.

Buena parte de los salvadoreños sigue viendo a la  Justicia

de este país como corrupta y muy vinculada al poder

político; lo cual, aunado a la poca credibilidad en la

mayoría de las instituciones gobernantes, tiene efectos

peligrosos en la actitud hacia la institucionalidad del país

- tal es el caso del 46 por ciento de ciudadanos que estaría

dispuesto a tomarse la justicia por la propia mano. Es en este

contexto que los salvadoreños señalan el respeto a la

vida como el derecho más importante y ubican a aquellas

instituciones percibidas como protectoras de la misma, la PDDH y la

PNC, como las más confiables dentro del aparato estatal,

junto a la prensa nacional de televisión, radio y

periódicos.



                    Ghali vuelve a la carga (I)

 

     El último informe del secretario general de las

Naciones Unidas, conocido públicamente hace unos

días, es muy claro al expresar la que constituye

quizás la principal de sus preocupaciones sobre nuestro

país en este momento: la "aplicación de los elementos

pendientes de los acuerdos de paz se está llevando en un

contexto difícil". ĘPor qué? Pues porque en "los

últimos meses ha habido una reanudación de los

incidentes de violencia característicos del período

de conflicto armado". De continuar éstos --afirma Boutros

Boutros-Ghali-- "supondría un grave retroceso en el proceso

de paz". Por eso, se ha esforzado en presentar un panorama completo

y objetivo del estado en que se encuentra el cumplimiento de dichos

compromisos, a partir de cinco aspectos: seguridad pública,

derechos humanos y sistema judicial, cuestiones económicas

y sociales, cuestiones electorales y, finalmente, programas de

asistencia técnica.

     Las reacciones oficiales no se hicieron esperar; sobre todo

aquellas provenientes de las personas que tienen a su cargo la

seguridad pública. No se podía esperar menos: era

lógico por ser éste el primer tema que se aborda en

el documento y porque además resulta ser, junto al de la

impartición de justicia, el que mayor cuestionamientos

recibe. Y dichas actitudes se explican aún más cuando

se observa que Ghali, de entrada y en forma directa, pone el dedo

en la llaga al adjudicarles el grueso de la responsabilidad en

relación a la situación en que se encuentra la

Policía Nacional Civil (PNC). 

     "Durante el período que se examina", del 1 de mayo al

20 de julio de 1996, el secretario general sostiene que la PNC "ha

logrado notables progresos profesionales en el desempeño de

sus responsabilidades". Pero --continúa-- dichos logros "se

han visto empañados en cierta medida por las dificultades

que persisten para consolidar el sector de seguridad pública

de conformidad con el modelo establecido en los acuerdos de paz".

Tales dificultades son fruto de --léase bien-- "los

diferentes conceptos de seguridad pública que tienen los

encargados de formular políticas en esa esfera".

     Eso no es nuevo. En el balance anual que hizo nuestro

Instituto sobre la situación de los derechos humanos en 1995

se habló en el mismo sentido. "Hay quien explica el

inadecuado desempeño de la PNC --sostuvimos entonces--

porque muchos miembros de los viejos cuerpos policiales pasaron a

formar parte de ella; hay quien considera nocivo el haberla

integrado con un 20% de ex combatientes del FMLN y otro tanto igual

de ex agentes de la PN; por último, está quien piensa

que --por encima del origen de sus miembros-- la PNC está

mal debido a que la cúpula de la seguridad pública no

actúa en forma acertada y que, por el contrario, ha

permitido o fomentado las arbitrariedades y la impunidad. Como sea,

el balance de la PNC no es satisfactorio desde la óptica de

su mandato y quedan muchos problemas por superar" (Proceso, 691).

     En el informe especial que el año pasado

solicitó el presidente de la República a la

Misión de las Naciones Unidas (MINUSAL) sobre el tema y que

fue conocido a finales de septiembre de 1995, ya se había

mencionado algo que --casi un año después--

continúa igual o quizás peor: "persiste el riesgo...

de que la PNC pudiera perder su identidad de institución al

servicio de la comunidad y pasar a ser un nuevo instrumento de

poder proclive al autoritarismo y que no rinde cuentas al

público, de lo cual hay señales crecientes". 

     A propósito, cabe mencionar que --después de

analizar varios hechos de violación a los derechos humanos

cometidos por miembros de la PNC-- en este mismo espacio sostuvimos

lo siguiente: "Sin duda, a pesar de los propósitos

contenidos en los acuerdos de paz y en su ley orgánica, la

PNC no ha comenzado a funcionar con pie derecho y es bastante lo

que el gobierno tiene que ver en eso. Pero aún es tiempo de

evitar que, por acción u omisión, se continúe

desnaturalizando esta institución creada después de

tanto sufrimiento y sacrificio del pueblo salvadoreño. Para

eso, debemos convertirnos en vigilantes permanentes de su accionar,

a fin de garantizar que ésta sea realmente respetuosa de los

derechos humanos". "HAY QUE ESTAR ALERTAS CON LA PNC", titulamos

ese comentario que apareció publicado el 13 de abril de 1994

(Proceso, 606).

     Además de las cosas que preocupan al IDHUCA desde hace

más de dos años y que aún se mantienen,

probablemente en un nivel superior, últimamente tuvieron

lugar otros hechos que dieron generaron los señalamientos de

Ghali en su último informe sobre la seguridad pública

de nuestro país. Entre esas "señales crecientes" de

una peligrosa desviación hacia el autoritarismo por parte de

la PNC se encuentran las siguientes: "las circunstancias en que se

produjo la renuncia del Inspector General de la PNC", las

"dificultades... para aplicar algunas de las recomendaciones

formuladas por los asesores técnicos internacionales y las

persistentes dificultades entre las diferentes instituciones del

sector". En ese sentido, el funcionario da cuenta de que aún

están pendientes de cumplimiento "varias de las cuestiones

mencionadas" en el informe que, el 23 de abril de 1996,

envió a la Asamblea General de la ONU.

     En ese estado, la situación se torna más

problemática al descubrir que ni la unidad de control ni la

unidad de investigación discplinaria y el tribunal

disciplinario recibieron la aprobación de la

observación internacional. El informe habla claramente de su

"debilidad" y es más explícito cuando apunta que

"sigue siendo evidente la falta de coherencia entre las diversas

instancias que participan en el proceso disciplinario". De esta

manea, vemos que no existen mecanismos internos en la PNC capaces

de vigilar y sancionar a sus miembros. 

                                 



          Un listón amarillo por Andrés             



     El 28 de septiembre de 1995, Andrés Abraham Suster se

dirigía a su colegio. Inocente, no se imaginaba entonces que

sería una víctima más de la ola de secuestros

que abate a nuestro país. Eran las 7 de la mañana

cuando varios hombres armados secuestraron al joven de apenas 16

años de edad, en las cercanías de Santa Tecla. Han

pasado 328 días desde que sucedió ese hecho y,

según parece, el contacto de la familia con los individuos

que aún tienen en su poder al muchacho se perdió

desde hace varios meses. Pese a que el secuestro de Suster ha sido

quizás el más prologando de todos los que han tenido

lugar en nuestro país después de la guerra, son

muchas las personas que han sido objeto de este tipo de atropellos

y han sufrido, además, maltrato y otros daños a su

integridad personal; lamentablemente, no son pocas las que han

perdido hasta la vida. 

     Todas estos casos constituyen verdaderos dramas, no

sólo para las víctimas del secuestro sino

también para sus familias que sufren, día a

día, pensando cómo estarán sus parientes: si

comen, si duermen, si no los están maltratado, si

estarán vivos o ya murieron... Sumados a otros innumerables

hechos graves de violencia que afectan a la población

entera, al mantenerla sumida en un insoportable clima de

inseguridad y temor, han llegado a convertirse en la

continuación de la tragedia nacional que --en la

práctica-- no acabó con la finalización de la

guerra.   

     Según datos de un periódico matutino, en la

actualidad existen más de 75 bandas de secuestradores bien

organizadas operando en todo el territorio nacional, principalmente

en los departamentos de La Unión, Usulután y Santa

Ana. Algunas están integradas por ex combatientes, tanto del

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional

(FMLN) como de la Fuerza Armada. Lo que aumenta su peligrosidad es

que la mayoría de ellas cuentan con armamento abundante y

sofisticado, sus integrantes están acostumbrados a matar y

actúan --en gran medida-- por encargo. Lo anterior se vuelve

todavía más grave cuando estos grupos criminales

operan amparados en la falta de seguridad y el alto grado de

impunidad que existen en nuestro país.  

     Las principales víctimas directas de estos hechos

delictivos son empresarios, propietarios de líneas de

autobuses y profesionales; no se escapan sus familiares, sobre todo

las y los menores de edad. En fechas recientes hasta el clero

católico fue golpeado, como sucedió en el caso de

José Cándido Ramírez, párroco de la

Iglesia Santa Catalina, en la ciudad de Usulután, quien

permaneció ocho días en cautiverio mientras sus

captores exigían la cantidad de dos millones de colones a

cambio de su libertad. 

     Tal parece que el negocio de los secuestros se volvió

uno de los más rentables, pues la mayoría de los

grupos que los realizan piden cantidades de dinero sumamente

elevadas que, en muchos casos, las familias de las víctimas

no poseen. Sin duda, este panorama resulta muy angustiante para la

mayoría de las y los salvadoreños que, con o sin

recursos económicos, pueden resultar afectados por hechos de

este tipo pues --para colmo de males-- los delincuentes no

distinguen clase o sector social. 

     Aunque de alguna forma se puedan generar expectativas

alentadoras con acciones policiales como la recientemente efectuada

en el departamento de Sonsonate, aún es muy grande el

sentimiento de indefensión que existe entre la gente. Esos

operativos espectaculares y exitosos son necesarios y --por lo

tanto-- deben recibir un justo reconocimiento si realmente se han

producido tal como se publicitan; pero no son suficientes. Deben ir

acompañados de otras acciones que, en conjunto, se

conviertan en la política integral del Estado

diseñada para combatir eficientemente el fenómeno

delincuencial; política que --entre sus objetivos--

debería contemplar el ataque frontal a las causas que lo

originan y las condiciones que favorecen su sostenimiento

creciente. 

     En este sentido, se hace cada vez más urgente que las

autoridades --tanto las judiciales como las de los órganos

Ejecutivo y Legislativo-- tomen cartas en el asunto; pero esas

cartas deben ser aquellas que realmente resulten beneficiosas para

la gente, no las que sean fruto de conveniencias particulares.

Deben ponerse en los zapatos de tantas familias que han sido

víctimas del dolor y la desesperación que provocan

estos hechos; familias que, solamente, ansían el regreso de

sus familiares. Es justo que se otorgue la importancia debida a

esta problemática y que se investiguen a fondo todos los

casos para acabar, desde la raíz, con un problema que --de

seguir creciendo-- puede generar mayores niveles de violencia en el

país.

     Mientras tanto, solamente nos queda rogar a Dios por

Andrés Abraham y todas las demás personas

anónimas que permanecen en cautiverio, para que regresen a

su hogar sanos y salvos. También pedimos al Creador que

ilumine a este pueblo para que, de una vez por todas, se decida a

hacer suyas las instituciones del Estado para buscar --por esos

medios-- el camino adecuado que nos lleve a la sólida

construcción de un país realmente seguro. 

ASDER RESPALDA NUEVA LEY. La Asamblea General de la

Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER)

resolvió, el 15.08, aceptar las tarifas propuestas en el

anteproyecto de Ley de Telecomunicaciones para radiodifusoras y

televisoras, en una sesión que acabó con la renuncia

de varios miembros, entre ellos los propietarios de las radios

"UPA", "Clásica" y "El Mundo". "Se van a hacer los pagos de

la forma en que la comisión negoció con el gobierno",

manifestó el presidente de ASDER, Andrés Rovira. Tony

Saca, miembro de la Junta Directiva de la asociación,

manifestó que ASDER apoyaba "la mayoría del

régimen especial", salvo en algunos puntos, de los cuales

informarán a la Comisión de Economía y

Agricultura del Parlamento, cuando los parlamentarios citen a la

Comisión Negociadora de la gremial. Según ASDER, a

pesar del pago, conseguirán seguridad empresarial y

podrán traspasar a sus hijos las frecuencias. El grupo de

los asambleístas que no estaba de acuerdo con dar el aval al

pago de tarifas estipuladas en el anteproyecto de Ley de

Telecomunicaciones sostuvo que nunca habían pagado por el

uso del dial. "Existe el temor de estar en contra del gobierno",

expresó Mike Centeno, propietario de "Radio Doble C", de

Usulután. Los empresarios consideran que "la ley no

sólo gravará más a la industria, sino

también cerrará espacios", considerando que los

gravámenes a la industria harán desaparecer a muchas

pequeñas radiodifusoras, especialmente a aquéllas que

están fuera de ASDER. Mientras tanto, las radioemisoras no

afiliadas a ASDER sostienen que la gremial negocia con el gobierno

a espaldas del resto de estaciones radiales (DH 16.08 p.7 y LPG

17.08 p.5-a).EXIGEN REFORMAS AL COENA. Miembros del partido ARENA,

autodenominados "areneros puros", se reunieron el 18.08 en una

finca ubicada en las cercanías de Ilobasco, Cabañas,

para externar su descontento con la actuación de la

dirigencia de ese instituto político. Durante el evento, al

que asistieron aproximadamente 600 personas, los "areneros puros"

pidieron nuevamente la renuncia del actual presidente de ARENA,

Juan José Domenech, y de otros miembros del COENA,

así como la celebración de elecciones primarias, por

considerar que han dirigido mal a ese instituto político; no

obstante, externaron su apoyo al Presidente de la República,

Armando Calderón Sol. "Los areneros tenemos la

obligación de apoyar a nuestro Presidente, para que termine

el período; no puede ser que por un grupo de asesores que no

sean areneros, él esté actuando de una manera como no

debería ser", expresó Víctor Antonio Cornejo

Arango, considerado como el "legítimo líder", de las

personas reunidas. Horacio Ríos, ex-presidente de la

Secretaría Ejecutiva del Medio Ambiente (SEMA) y ex-diputado

de ARENA, también apoya a Cornejo Arango e hizo ver la

necesidad de que las comunidades locales elijan a sus candidatos y

líderes para que no sean impuestos por el COENA. "Las

transformaciones a los estatutos de ARENA deben hacerse para que

sean las bases quienes elijan a sus autoridades locales para "que

los dirigentes tengan respeto por los demás",

señaló Cornejo Arango (DH 19.08 p.15 EM 19.08 p.3 DL

19.08 p.4 LPG 19.08 p.24-a).NO SE MODIFICARAN ESTATUTOS. El Presidente de ARENA, Juan

José Domenech, aseguró el 20.08 que no serán

reformados los estatutos del partido ya que los principios

filosóficos del instituto político están

claros y definidos. Domenech salió así al paso de las

declaraciones de Víctor Antonio Cornejo Arango, quien

abogó por una reforma de los estatutos y allanar el camino

a la realización de elecciones primarias para la

eelcción de los miembros del COENA. El COENA sostuvo, el

20.08, una reunión ordinaria con los 14 directores

departamentales y con los directores de los diferentes sectores que

integran el partido, en la que Domenech recibió el apoyo de

las juntas y los distintos sectores para que continuara en la

presidencia. Domenech negó que en la sesión se haya

tratado sobre los señalamientos hechos por Cornejo Arango.

La reunión, a juicio del político, fue para tratar

sobre la campaña "victoria 97", que desarrollará el

partido de cara a las elecciones municipales y legislativas de

marzo de 1997. Sin embargo, dentro de la misma fueron notorias las

posiciones en contra de Cornejo Arango y sus seguidores, a quienes

los areneros trataron de "traidores y difamadores". Por su parte,

el ex miembro del COENA, Roberto Angulo, aseguró que las

bases del partido ya saben cuáles son los estatutos que les

rigen, por lo que "se mantendrán", "o nos gusta el partido

como es, o nos salimos a hacer otro", apuntó (LPG 21.08 p.6-

a).AMPLIACION DE PROGRAMA EDUCATIVO. Con el fin de ir erradicando la

violencia desde la niñez, el Ministerio de Educación

ha invertido 2 millones de colones para la implementación de

un programa alternativo contra esta práctica en varios

centros educativos de la Zona Oriental. "Creemos que la escuela

puede convertirse en el eslabón trascendental que rompa con

el círculo de la violencia en el país",

declaró el 19.08 la Ministra de Educación, Cecilia

Gallardo de Cano. El programa que inició hace 6 meses,

financiado con fondos de la AID y ejecutado por la Fundación

Pro Educación Especial (FUNPRES), ha fortalecido la

autoestima de los alumnos y cambiado el criterio de castigo de los

padres, por lo que se pretende ampliar a todo el territorio

nacional, pues actualmente abarca sólo 25 municipios del

país. El presidente de FUNPRES, Manuel Arrieta,

explicó que las comunidades educativas de 151 escuelas

públicas, pertenecientes a los departamentos de San Miguel,

Usulután, Morazán y La Unión, son las que

están beneficiándose con este programa "Respuesta

Creativa al Conflicto" (RCC). De acuerdo con FUNPRES, el RCC es un

programa que pretende prevenir la violencia estudiantil y

enseña al educador, padre de familia, alumno y a la persona

en general, técnicas para fortalecer la autoestima, la

cooperación y la comunicación, permitiéndole

dar soluciones distintas y creativas a los conflictos del entorno.

El programa se desarrolla en dos etapas: básico y avanzado.

La tercera semana de agosto se inició la segunda fase, en la

cual se está estudiando la forma de adquirir y

enseñar habilidades para la solución creativa de

conflictos y la formación de los equipos de mediación

(DH 20.08 p.29 y LPG 20.08 p.8-a). PNC: "HACIA EL AUTORITARISMO". Las Naciones Unidas advirtieron que

la PNC podría convertirse en un cuerpo "inclinado al

autoritarismo y reacio a rendir cuentas a la sociedad". La PNC "ha

iniciado su camino al autoritarismo", señaló el

Secretario General de la ONU, Boutros Ghali, en un informe sobre la

aplicación de los Acuerdos de Paz en el país basado

en los reportes de la Oficina de las Naciones Unidas para la

Verificación (ONUV), entre el 01.05 y 20.07 de 1996. Ghali

reconoce que la corporación ha logrado notables progresos en

el desempeño de sus responsabilidades, pero lamenta que

"esos progresos se han visto empañados por dificultades para

consolidar el sector de Seguridad Pública". Esas

dificultades, según el análisis de Ghali, obedecen a

los diferentes conceptos sobre seguridad pública que tienen

los encargados de formular políticas sobre la misma. La ONU

señala como primer indicativo de lo anterior la reciente

renuncia frustrada del Inspector General de la Policía,

Víctor Valle, quien, a juicio del organismo, enfrentó

dificultades para la aplicación de algunas de las

recomendaciones formuladas por los asesores técnicos

internacionales en materia de seguridad pública. Asimismo,

el informe señala su descontento por la resistencia de la

PNC a la evaluación total de la Unidad de Mantenimiento del

Orden (UMO). Otro cuestionamiento surgió a partir de la

debilidad del funcionamiento de los mecanismos de control interno

de la PNC. Con todo, señala como positivo la

aprobación de la Ley de la Carrera Policial, aprobada el 18

de julio, la cual regula la estructura profesional de la PNC y

refleja el consenso entre las partes que firmaron los Acuerdos de

Paz (DH 20.08 p.6).REFORMAS EN SUSPENSO. El anteproyecto con el que se pretende

modificar la Ley Orgánica del Fondo de Inversión

Social (FIS), para volverlo de transitorio a permanente, ha

generado polémica por la supresión de dos

artículos que dispensarían a la institución de

presentar un estado de liquidación financiera. Diputados del

partido ARENA opinaron que la liquidación no es necesaria

por cuanto se trata de una "elevación" del FIS hacia un

nivel corporativo, que englobaría a los proyectos de

desarrollo local impulsados por el gobierno, municipalidades y

organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, los diputados de

oposición consideraron que se trata de la creación de

una nueva instancia, que necesita rendir cuentas antes de ser

disuelta. La posición fue adversada por el diputado de

ARENA, Gerardo Suvillaga, quien indicó que ha habido una

mala interpretación del anteproyecto de Ley y un

cuestionamiento innecesario hacia el FIS, que durante sus primeros

años fue considerado como un ejemplo de

administración en Latinoamerica por parte de su principal

financiador, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Suvillaga

dejó entrever ambiguamente que el anteproyecto considera una

fusión del FIS con la Secretaría de

Reconstrucción Nacional, ambas encabezadas por la licenciada

Norma de Dowe. "El FIS no desaparece, sólo se extiende",

agregó al expresar que ese es el motivo por el cual no

está obligado a realizar una liquidación, pues su

administración se encontrará bajo otro régimen

de contraloría. La diputada por el PD, Sonia

Aguiñada, insistió que la figura del FIS se

está tomando de base para montar una figura distinta, que

podría utilizar la implementación de proyectos

sociales con fines políticos y electorales, por lo que la

supresión de los artículos que hablan de la

liquidación atiende a la intención de obviar

críticas sobre un mal desempeño, o para encubrir un

manejo viciado de fondos (LPG 15.08 p.6-a).PIDEN ANTEJUICIO. Una petición para que se retire el fuero

constitucional al Presidente de la Corte Suprema de Justicia,

José Domingo Méndez, fue presentada el 15.08 a la

Asamblea Legislativa por el apoderado legal de Mauricio Antonio

Valiente Berdugo, quien le responsabiliza por la pérdida de

18 millones de colones. Según el abogado Willy Béndix

Cornejo, Méndez habría incurrido en varios delitos en

perjuicio del patrimonio de Valiente Berdugo, a quien

administró propiedades inmuebles, títulos, valores,

pasivos y acciones por 10 años, mientras éste se

encontraba fuera del país. Méndez reaccionó el

15.08 rechazando las acusaciones calificándolas de infamia.

Los diputados de todas las fracciones políticas reaccionaron

desde cautelosos a solidarios con Méndez. La mayoría

dijo advertir en el caso razones intencionalmente políticas,

que podrían llevar como fin la desestabilización del

Organo Judicial, el desprestigio peronal de Méndez o el

bloqueo a futuros planes de reelección como Presidente de la

CSJ. El diputado por el PDC, Arturo Argumedo, admitió tener

conocimiento previo sobre el caso planteado, agregando que la

intención podría ser política, observando que

la Asamblea deberá revestirse de la prudencia necesaria para

no ser instrumentalizada. El jefe de la fracción legislativa

del FMLN, Manuel Orlando Quinteros, puntualizó que es obvia

la intencionalidad de dañar a la CSJ, atribuyendola a

sujetos "que aún suspiran por la anterior

administración" que a diferencia de la actual no es

"guardiana de la impunidad". De igual manera, señaló

que hubo elementos del gobierno "interesados" en que la

petición fuera difundida, aun antes de que ésta

hubiese sido introducida a la Asamblea Legislativa (LPG 16.08 p.6-

a).DESCARTAN REFORMA ELECTORAL. La Subcomisión Electoral

Legislativa, que estudió la propuesta de reformas al

Código Electoral, descartó el 20.08 la

aplicación del voto domiciliar y del documento único

de identidad para las elecciones de 1997, argumentando que ya queda

muy poco tiempo para echar a andar esas iniciativas. El diputado

José Daniel Vega Guerra, de la Subcomisión,

explicó que el análisis se concluyó sin

mayores frutos, y que de las propuestas hechas por la

Comisión Presidencial, sólo sobrevive la

representación proporcional en los concejos municipales;

esta última, será estudiada por la Comisión

Política de la Asamblea, que será en definitiva la

que decida si se aprueba o no. Para el diputado David Acuña,

del Movimiento de Unidad, el problema de las reformas tuvo su

origen en el hecho de que ARENA, no tiene interés en las

reformas al Codigo Electoral. La reforma al Código,

entonces, será básicamente en lo administrativo. Por

ejemplo, se ha acordado en la Subcomisión reducir el

número de dependencias del TSE de 10 a 6, y se ha pasado

para estudio de la Comisión Política, lo relativo a

las atribuciones del Tribunal como cuerpo colegiado. Mientras

tanto, de las propuestas, la de la proporcionalidad en los concejos

municipales -que mereció en principio un rechazo claro de

parte de ARENA- fue cambiada por una posible inclusión de un

concejal del partido mayoritario de la oposición. Por su

parte, la jefa de la fracción del PDC, Rosa Mélida

Villatoro, observó que eso es mejor que nada, ya que

permitiría cierta vigilancia del quehacer municipal (LPG

21.08 p.6-a).