UCA

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Semanario Proceso

© 1996 UCA Editores


 



año 17

número 721

agosto 14

     1996

ISSN 0259-9864

      

ĘDivisiones en ARENA?    

La formación de una "Corporación de

Municipalidades"

ĘAvanzamos hacia la democratización de los medios de

comunicación?

El veto y la interpelación legislativa

Medios de comunicación y transición política

(I) 

Cuidado con las malas "juntas"...

     

              ĘDivisiones en ARENA?

     ARENA se presentó, desde su fundación, como

un partido cuya unidad granítica no podía ser

puesta en cuestión por nada ni nadie. Durante la

década de los 80, el partido transitó de ser una

organización político-militar escuadronera a ser

una institución político-partidaria, cuyos recursos

económicos le permitieron forjarse una imagen distinta a

la que tuvo en sus oscuros orígenes. El lema "Patria

sí, comunismo no", todavía repetido con fanatismo

por los miembros de ARENA en reuniones y congresos, expresaba,

más allá de cualquier diferencia entre ellos, la

disposición de la derecha para mantenerse unida ante su

enemigo más temido y todo lo que se le pudiera asociar.

Es decir, en la derecha, el temor al comunismo era más

fuerte que cualquier conflicto de interés grupal o

personal que pudiera suscitarse en sus filas. Primero, el auge

organizativo de los sectores populares -en el BPR, el FAPU, las

LP-28, el MLP-; y, después, el fortalecimiento de las

organizaciones guerrilleras, no sólo agudizaron ese temor,

sino que afianzaron la vocación de clase de los sectores

dominantes del país. 

     El fin de la guerra hizo desparecer como referente

práctico el fantasma del comunismo. La derecha se

quedó sin el enemigo que le obligó a aglutinarse

durante dos décadas. A nivel ideológico, las taras

del discurso anticomunista de los años 80 poco a poco han

ido perdiendo vigencia, si bien existen todavía grupos y

personajes que viven aún con los viejos fantasmas.

Sólo para los más necios -para los cuales "libertad

se escribe con sangre"-, el FMLN sigue siendo el enemigo de la

"patria" y de los "verdaderos salvadoreños", y, por tanto,

sus miembros y simpatizantes no merecen vivir. Pero, dejando de

lado a quienes todavía abanderan viejas cruzadas, las

huestes de la derecha, una vez terminada la guerra, se dedicaron

a lo suyo: unos a trabajar en sus empresas en el marco de la

legalidad y otros a negocios ilícitos, amparados en el

poder del partido y el control gubernamental ejercido por

éste. 

     Como no podía ser para menos, una vez desaparecido

el enemigo que los mantenía cohesionados, los grupos de

poder económico dieron rienda suelta a sus propios

intereses, tratando cada uno de lograr la mejor posición

respecto de los demás. El partido, que hasta entonces

había logrado mantener su unidad por encima de los

intereses de los individuos y grupos representados en su seno,

comenzó a resentir las disputas y roces entre

éstos. Así, la unidad partidaria se ha visto

amenazada una y otra vez durante esta postguerra: el consenso en

torno a los dirigentes ya no es tal, en cuanto que figuras que

han sido marginadas de la conducción del partido -figuras

que ocuparon un lugar destacado en la formación de ARENA-

cuestionan abierta y públicamente la legitimidad de los

actuales líderes de la institución política.

    Este es el marco en el que se inscriben las declaraciones de

Víctor Antonio Cornejo Arango -uno de los fundadores de

ARENA y ex secretario de la Asamblea Legislativa, cuando esta fue

presidida por Roberto D'Abuisson-, quien ha lanzado duras

críticas al COENA y a su Presidente, Juan José

Domenech. Antes, Sigifredo Ochoa Pérez hizo

públicas sus diferencias con la cúpula del partido;

después, fue inocultable que Raúl García

Prieto amenazaba con convertirse en portavoz de la disidencia

arenera, lo cual se resolvió con su incorporación

al COENA; desde hace varios meses, Rafael Angel Alfaro ha

utilizado espacio en la prensa para criticar el modo como es

llevada la institución política. La actitud de

Cornejo Arango, pues, es parte del malestar que reina en algunos

círculos de la derecha no sólo por la forma como

es conducido el partido, sino por la conducción

gubernamental. 

     ĘQué es lo que pide Cornejo Arango? Principalmente,

pide la renuncia de Domenech, ya que éste "no tiene la

capacidad suficiente para gobernar la dirigencia". Más

aún, para Cornejo Arango "si el partido ARENA no acepta

la renuncia de Juan José Domenech, como la de las

demás personas que están dañando el partido,

nos veremos obligados a realizar otras actividades de mayor

envergadura".

     Ante esta petición, revestida de una amenaza no tan

velada, las reacciones de la dirigencia de ARENA han sido

contradictorias, como contradictorios son los intereses de

quienes sostienen al partido. Mientras que para el Presidente

Calderón Sol las críticas son positivas, en cuanto

que "la discusión y la polémica es buena, [ya que]

es a través de las ideas y del diálogo permanente

y constante que podemos hacer y construir un mejor país",

Domenech -negando cualquier división en las filas

areneras- respondió directamente a la exigencia de Cornejo

Arango, afirmando que no renunciaría ya que piensa

"cumplir con el voto unánime de todos los delegados de la

última convención". Una posición más

realista -o más resignada ante lo inocultable- fue la de

Mario Valiente quien admitió como posible un

división en ARENA, "porque hay gente que puede pensar que

efectivamente el partido se puede dividir; miren lo que

pasó con la Democracia Cristiana, ojalá eso no le

vaya a suceder a ARENA, por el bien de El Salvador"

     Más allá de las críticas que puedan

hacer determinadas figuras partidarias -críticas que

pueden ser leídas como motivadas por el resentimiento o

la ambición de poder-, lo cierto es que la unidad

granítica de ARENA amenaza con resquebrajarse

estrepitosamente. Cada vez más el partido se muestra

incapaz de mantener la cohesión interna de sus cuadros,

así como el carácter absolutamente interno de las

diferencias que pudieran suscitarse en su seno. Esta

dinámica, de cuajar en una democratización del

partido, puede ser positiva para el país, en cuanto que

si hemos de ser dirigidos por la derecha lo más deseable

es que ésta sea competitiva, transparente y honesta. 

     Hasta ahora, la derecha ha carecido casi absolutamente de

los dos últimos aspectos, y menos del primero de ellos en

razón de los recursos casi ilimitados de los que ha

dispuesto. Pero, en cuanto transparencia y honestidad, la derecha

política salvadoreña deja mucho que desear: ARENA

ha sido un partido cerrado a la crítica pública,

el partido de los autoproclamados "verdaderos

salvadoreños", cuyos mecanismos de funcionamiento interno

y de captación y menejo de recursos financieros ha estado

vedado a la sociedad; es por ello que ahora provocan tanto

revuelo sus conflictos internos. La corrupción

también se ha enquistado en sus filas, como lo han

revelado los escándalos que sobre la misma han surgido en

los dos últimos años o las sospechas de

corrupción en ANTEL cuando la institución estuvo

presidida por Domenech.     



     La formación de una "Corporación de

Municipalidades"  



     Dentro de la política de modernización del

Estado, la propuesta de sustituir el Fondo de Inversión

Social (FIS) y la Secretaría de Reconstrucción

Nacional (SRN) por una Corporación de Municipalidades ha

sido el dato más reciente. Actualmente, se discute en la

Asamblea Legislativa un anteproyecto de Ley de Creación

de la Corporación de Municipalidades. Hasta ahora, el FIS

y la SRN han estado ligadas a la ejecución de la mayor

parte de la estrategia social de los dos últimos

gobiernos, aunque en sentido estricto sus proyectos no han sido

enteramente dedicados a la compensación social.

     De acuerdo a la Presidenta del FIS y, a la vez, Secretaria

de Reconstrucción Nacional, Norma de Dowe, "esta

corporación es un salto de calidad al desarrollo, pues se

dejará de lado la etapa de la compensación y se

dará paso a la etapa del desarrollo y generación

de riqueza en cada municipio". Como se trata de argumentar a

continuación, ello implicaría, entre otras cosas,

obviar que los esfuerzos de compensación social han sido

insuficientes y, por tanto, que no existe una base de capital

humano adecuada para impulsar el desarrollo. 

     El FIS surgió en 1990 como la institución que

se encargaría de desarrollar una estrategia de

compensación social financiada por empréstitos del

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que, inclusive,

llegó a ser considerado como un modelo a seguir en otros

países latinoamericanos. La SRN, en cambio, surgió

como resultado de los Acuerdos de Paz, con la función

específica de ejecutar el Plan de Reconstrucción

Nacional, por lo cual la SRN no fue una institución creada

con la finalidad de ejecutar programas de compensación

social en sentido estricto, pero sí con funciones

marginales de satisfacción de las necesidades

básicas.

     La sustitución de estas dos instituciones, pues,

tiene implicaciones tanto sobre la compensación social

como sobre el cumplimiento pleno de los Acuerdos de Paz. Desde

que se inició el proceso de ajuste estructural, la

compensación social se presentó como la forma de

mitigar los efectos negativo de las medidas económicas

sobre los sectores de menores ingresos; sin embargo, los alcances

de la política desarrollada hasta ahora a través

del FIS no han tenido la envergadura adecuada para las

dimensiones de la problemática y, con su posible

desaparición, parece que las políticas de

compensación social correrán igual suerte.

     Por otra parte, la desaparición de la SRN

significará en la práctica la finalización

del Plan de Reconstrucción Nacional, aún y cuando

este no habría alcanzado los objetivos que se trazaron al

momento de su diseño en 1992. 

     Una revisión de las labores del FIS y la SRN pueden

ayudar a comprender las posibles implicaciones de su

sustitución por una Corporación de Municipalidades,

la cual en principio podría ser positiva siempre y cuando

se orienten los recursos a la promoción del desarrollo

social de las comunidades.

     De acuerdo al gobierno, el principal objetivo del FIS es la

atención de las "necesidades sociales apremiantes de los

grupos más vulnerables por medio del financiamiento de

proyectos focalizados"; aunque para ello este no cuenta con

ninguna asignación estatal permanente pues, como se

mencionó, depende fundamentalmente del financiamiento

exterior. Pese al mandamiento impuesto por el mismo gobierno al

FIS, llama poderosamente la atención que al revisar su

presupuesto y la composición de sus programas no se

percibe que se esté avanzando en la satisfacción

de las "necesidades sociales apremiantes".

     Hasta el año pasado, el FIS habría ejecutado

un gasto anual promedio de 86.87 colones por cada habitante pobre

residente en el país, y su presupuesto total representaba

menos de la quinta parte del presupuesto de los Ministerios de

Educación y Salud. Considerando que algunos estudios

estiman en cuando menos 750 colones el gasto por habitante

necesario para compensar efectivamente los efectos negativos del

ajuste en un año, el FIS es un esfuerzo claramente

insuficiente para alcanzar el objetivo propuesto.

     Además de las limitaciones presupuestarias del FIS,

la compensación social enfrenta problemas adicionales

derivados de la asignación de prioridades según

tipos de proyectos. La composición del presupuesto del

FIS, según tipo de proyecto, revela la existencia de

proyectos que no necesariamente responden a las necesidades

más urgentes. Los tipos de proyectos ejecutados por el FIS

son: educación, salud, electrificación, agua

potable, alcantarillado, cocinas mejoradas, letrinas y

reforestación. De estos proyectos es el área de

educación la que ha recibido mayor atención al

absorber cerca de un 50% del total del presupuesto; en cambio,

el área de salud ha recibido apenas un 8.4%, mientras que

otras áreas tales como la letrinización y proyectos

"no especificados" han recibido un 19.5% y un 8.7%,

respectivamente. Además de lo anterior, es importante

agregar que los presupuestos erogados por el FIS están

fundamentalmente destinados al desarrollo de infraestructura para

educación y salud, más que a la prestación

de estos servicios sociales básicos.

     Similar política ha seguido la SRN la cual, como se

mencionó, fue la encargada de ejecutar el Plan de

Reconstrucción Nacional con una duración de 5

años (1992-1996), y que, desde su creación,

contemplaba que un 67.83% del total de su presupuesto

sería destinado para la reconstrucción de la

infraestructura destruida o dañada por el conflicto. Sin

embargo, entre los objetivos también se contaba la

promoción del desarrollo de las zonas afectadas por el

conflicto y la satisfacción de las necesidades

básicas de la población aunque, lamentablemente,

con mucho menor presupuesto. 

     La Corporación de Municipalidades, por otra parte,

tendría la siguientes características: sus

objetivos serían de desarrollo y no de

compensación, su dirección estaría compuesta

por sectores beneficiarios y con capacidad productiva (empresa

privada, alcaldes y gobierno central), no sería una

institución descentralizada y, finalmente,

recibiría aportes provenientes de la empresa privada. Esta

última característica resulta confusa al considerar

la trayectoria de las instituciones que se vienen a sustituir,

pues los proyectos desarrollados por ambas instancias no

están diseñados para ofrecer utilidades, lo cual

es condición necesaria para el involucramiento de la

iniciativa privada. En todo caso, el gobierno ha proyectado la

contratación de nuevos empréstitos para impulsar

el funcionamiento de la Corporación de Municipalidades.

     La creación de esta última representa el

cierre de la etapa de compensación social desarrollada

durante la presente década y tiene como principal

implicación la descentralización en la

utilización de los fondos de la cooperación

internacional destinados a la compensación social y al

desarrollo de la infraestructura. 

     Probablemente, el principal logro que podría

obtenerse de una descentralización de los proyectos del

FIS y la SRN sería la incorporación de las

necesidades específicas de cada municipio en la etapa de

diseño y ejecución de los mismos; aunque aún

se desconocen los mecanismos específicos de gestión

que tendría el nuevo ente, por lo cual no es clara la

forma en que se integrarán las municipalidades y la

empresa privada.

     Aunque oficialmente se afirme que se está por cerrar

la etapa de compensación social, es innegable que las

condiciones de vida de la mayoría de la población

han continuado empeorando a lo largo de toda la década,

pese a que se ha dado fuerte crecimiento económico y flujo

de asistencia financiera internacional para los programas

sociales. Adicionalmente, al eliminar la SRN también se

estaría dando por cerrada la ejecución del Plan de

Reconstrucción Nacional antes de su expiración

formal, y sin que se conozcan sus resultados finales.

     Una política que realmente tenga como objetivo el

estímulo del desarrollo social requiere, cuando menos,

incrementar el presupuesto de las instituciones encargadas de la

compensación social y reorientar los destinos de los

fondos hacia la prestación de servicios de

educación y salud y no tanto en la construcción de

infraestructura, tal como ha sido la tendencia durante la

presente década.

ĘAvanzamos hacia la democratización de los medios de

comunicación?

 

     De unos meses hacia acá, un grupo de periodistas,

académicos y escritores relacionados con los medios de

comunicación (radio, televisión y prensa) se han

dado a la tarea de abrir el debate sobre la

democratización de los espacios y medios comunicativos

en el país. Tanto los más críticos -

quienes señalan la intolerancia hacia los medios con

enfoques informativos independientes y la radical

banalización de los contenidos- como los más

optimistas o más cercanos a las posturas

gubernamentales -quienes afirman que la democratización

de las comunicaciones coincide con la posibilidad de que las

más variadas posiciones ideológicas puedan ahora

acceder a las páginas editoriales de los

periódicos y revistas y a los espacios de la

televisión y la radio- coinciden, algunos a

regañadientes, en que la instauración de la

democracia en los medios es apenas incipiente, endeble.

     Si se realiza una comparación entre las

características de los medios durante la guerra y la

situación de éstos luego de su

finalización, es claro que se han operado importantes

avances en materia de libertad de expresión,

participación y tolerancia hacia las más

diversas opiniones. El problema se da cuando estos avances e

ideales democráticos se traducen en burda

ramplonería y el enfoque serio, crítico e

independiente se ve condenado al ostracismo por parte de los

anunciantes y el gobierno. Ciertamente, hay libertad de

expresión, pero el precio que deben de pagar los medios

que no se apegan a ejercer este derecho de manera inocua es la

inanición y la quiebra económica. 

     Una muestra, entre otras posibles, de lo mucho que falta

por andar en el terreno de la democracia comunicativa la

constituye la persecución de que han sido objeto las

radios comunales, o llamadas también ■radios piratas■.

El principal argumento que se usó en contra de ellas

fue que, al utilizar frecuencias de manera no autorizada,

éstas interferían con la señal de las

radios establecidas legalmente. Aunque la posibilidad de

interferir la señal era poco o nula, si se tiene en

cuenta la escasa potencia de los aparatos de

transmisión que se utilizaban, la PNC procedió,

por orden de ANTEL, a confiscar los equipos. Hasta la fecha,

después de ácidas discusiones entre la

Asociación de Radios y Programas Participativos de El

Salvador (ARPAS) y los funcionarios de ANTEL, no se ha podido

llegar todavía a un acuerdo que regularice la

situación de las radios.

     Analizando la problemática, no puede afirmarse que

la decisión de ANTEL de sacar del aire a las ■radios

piratas■ haya obedecido a un interés de hacer valer los

estatutos sobre el uso legal de las frecuencias (mismo que

tendría como objetivo el impedir la

sobresaturación del espacio y evitar mutuas

interferencias) ni de imponer un marco de justa competencia

entre las radiodifusoras, ya que -como ya se dijo- ni las

radios comunitarias poseían tanto alcance y potencia

como para saturar o bloquear otras transmisiones ni, por la

índole de sus programaciones, representaban

ningún tipo de competencia para las radios puramente

comerciales. Entonces vale preguntarse, Ęcuál era el

objetivo se clausurar radios que prestaban más bien un

importante servicio social para las comunidades de

áreas principalmente rurales? Es innegable las radios

funcionaban de manera ilegal, pero por la forma en que se ha

procedido en contra de ellas no puede afirmarse que se
penalizó esta ilegalidad, sino más bien el hecho

de que sus programaciones estaban fuera de los cánones

aceptados por el gobierno y la lógica empresarial.

Además, es muy posible que se haya visto en la radios

comunitarias un potencial crítico, en el cual, fuera

del academicismo y la politiquería, se expresara

francamente el sentir y las necesidades de los radioescuchas,

cosa que es poco frecuente en el país pese a la

publicitada apertura de los medios.

     Recientemente, la polémica por la

regulación de las frecuencias y el papel del Estado en

ello ha vuelto a abrirse. En esta ocasión el conflicto

se centra en la ■Propuesta provisional de régimen

especial para radio y televisión■, que se incluye

dentro de la nueva Ley de telecomunicaciones, la cual fue

presentada a la Asamblea Legislativa el 9 de agosto. En tal

documento, son los artículos 140, 141 y 145 los que han

generado la inconformidad de las radiodifusoras. En los dos

primeros se dicta que ■la explotación del espectro

radioeléctrico para la prestación de servicios

de radiodifusión sonora de libre recepción y

servicios de radiodifusión de televisión (...)

causará derechos cuyo importe■ se pagarán

anualmente conforme a la potencia y frecuencia  que se

utilicen para transmitir (en radio el pago va desde los 1200

hasta los 36000 colones; en televisión, desde 8000

hasta 80000 colones). En el último se afirma que ■el

Presidente de la República tendrá derecho a

convocar a todas las estaciones de radio y televisión a

cadena nacional de radio y televisión■ por razones de

guerras, perturbaciones de orden social, calamidades naturales

o ■un mensaje de interés nacional■. Se agrega que ■la

negativa de un concesionario de transmitir la cadena nacional,

le hará acreedor de sanciones graves para la primera

vez y segunda vez; y muy graves para la tercera vez o

más■. 

     En lo que respecta al pago anual de un importe, es obvio

que ello pondrá en mayor apuros económicos a

aquellas radiodifusoras que prestan un servicio no comercial

(tómese en cuenta que la ley no hace discernimiento

entre servicios comerciales o no), es decir, las radios

comunitarias o de servicio social, puesto que sus entradas

económicas son reducidas o inexistentes.

Originariamente, se había pensado que el monto del pago

anual del ■derecho■ de transmisión fuera de un 5 por

ciento sobre el total de las facturaciones en concepto de

venta de espacios comerciales y publicitarios. Este sistema

hubiera permitido una gravación más equitativa,

ya que  habría existido una correspondencia entre los

ingresos obtenidos y el impuesto a pagar: una empresa con

mayor número de anunciantes pagaría más

que una con pocos espacios publicitarios. Pero debido a

conversaciones entre los directivos de ASDER

(asociación que agrupa a las mayores radiodifusoras del

país) y ANTEL, se optó por el modelo de

gravación que entrará en vigencia de ser

aprobado por la Asamblea. 

     En lo que se refiere a la obligatoriedad de acatar la

cadena nacional es evidente que con ello se atenta no

sólo contra la democratización de los medios de

comunicación, sino también contra la libertad de

los individuos de optar entre los mensajes que desea escuchar

y los que no. El hecho de que el gobierno vaya a tener el

poder de convocar a cadena nacional amparándose en

poseer un ■mensaje de interés nacional■, es una abierta

posibilidad para llevar a cabo campañas veladas de

publicidad política y partidista. No sería

descabellado esperar que de aprobarse este artículo el

gobierno actual, de cara a las elecciones, lo utilizará

para ensalzar su gestión y resaltar los ■logros■

económicos alcanzados, cosa que ya ha sucedido en

anteriores ocasiones. Por otra parte, la imposición de

■graves sanciones■ a aquellos medios que no acaten la

ordenanza de la cadena da al traste con la libre

determinación empresarial que se dice estar impulsando.

Pues, Ędónde queda entonces la capacidad de un medio

para estar al margen de las posiciones gubernamentales?

ĘDónde queda la libertad del consumidor de optar por el

■producto■ que más llena sus expectativas?

     En definitiva, estas nuevas medidas, y las que

anteriormente se han tomado en contra de las radios

comunitarias, desfundamentan y vuelven risible la

afirmación de que la democracia se está haciendo

presente en los medios de comunicación. Sí

existe la suficiente democracia como para que el amarillismo y

el sensacionalismo acaparen los principales espacios de los

medios, pero no en la suficiente medida para que un medio

pueda deslindarse de la lógica empresarial y

gubernamental, para que un televidente, un radioescucha o una

radiodifusora decidan por sí mismos si un ■mensaje de

interés nacional■ es verdaderamente tal.

             El veto y la interpelación legislativa



                 Oscar Martínez Peñate

              Departamento de Sociología

       Universidad Centroamericana "José Simeón

Cañas"







Acerca del veto legislativo

     El veto legislativo consiste en la moción de

censura del plenario hacia un ministro del gobierno u otro

funcionario público, debido a faltas graves, actos que

riñen con sus funciones, con el ordenamiento

jurídico del país o con la ética.

También el veto se aplica a las decisiones e

iniciativas administrativas, aplicación de leyes,

elaboración de reglamentos; aquí lo que procede

es la anulación o detener las decisiones de

algún ministro u otro funcionario público a

excepción de los miembros del Poder Judicial.

     La censura presupone la "caída" o la renuncia

irrevocable del ministro o funcionario público, con la

cual queda inhabilitado para desempeñar cargos

públicos mientras dure el mismo mandato presidencial.

     En El Salvador, no existe la moción de censura; la

Constitución Política limita a los diputados

sólo a recomendar al Presidente de la República

la destitución del funcionario público, lo que

significa que si quiere el mandatario puede o no acatar la

recomendación. El Art.131, numeral 37, llama a la

Asamblea Legislativa de El Salvador únicamente a

"recomendar a la Presidencia de la República la

destitución de los Ministros de Estado, o a los

organismos correspondientes; la de los funcionarios de

Instituciones Oficiales Autónomas cuando así lo

estime conveniente, como resultado de la investigación

de sus comisiones especiales o de la interpelación, en

su caso. La resolución de la Asamblea será

vinculante cuando se refiera a los jefes de seguridad

pública o de inteligencia de Estado por causa de graves

violaciones de los Derechos Humanos".

     No obstante, el 12 de diciembre de 1995, los dirigentes

de los partidos, Movimiento de Renovación Social

Cristiano (MRSC), Movimiento de Unidad (MU) y del FMLN,

exigieron la renuncia del gabinete del Presidente Armando

Calderón Sol, como resultado de una evaluación

que realizaron sobre la gestión gubernamental,

la cual fue calificada como "desastrosa" y "negativa" para los

intereses del pueblo. Los dirigentes políticos pidieron

al gobierno, como una medida para que se administren sanamente

los fondos públicos, pedir a los miembros del gabinete

que renuncien inmediatamente, ya que indicaron que los

actuales responden a los intereses del partido oficial (Co-

Latino, 12-12-95).

     Esta exigencia fue ignorada por los ministros y por el

propio Presidente Calderón Sol, pero si hubiera tenido

asidero constitucional y, la decisión se hubiera tomado

en el pleno legislativo, el gabinete ministerial hubiera

forzosamente dimitido de forma colectiva y los nuevos

ministros lhubieran tenido que tratar de rectificar la

conducción del Ejecutivo. De igual manera, los

desaciertos y obstáculos encontrados por los nuevos

ministros hubieran sido objeto del conocimiento y debate

público.     

     La censura colectiva del gabinete de gobierno es una de

las características del sistema de gobierno

parlamentario; no obstante, algunos sistemas de gobierno

presidencialista han adoptado la moción de censura o

veto legislativo de forma individual.

     El voto de censura se encuentra contemplado en algunas

Constituciones Políticas de países de

América Latina; por ejemplo, en la Constitución

de Uruguay de 1966, en la Constitución de Ecuador de

1979, en la Constitución del Perú de 1980 y en

la Constitución de Colombia de 1991 (Carlos Balemlli,

1994).

     Sin embargo, esta medida de control del legislativo es

controversial debido a que si el partido oficial constituye

mayoría simple o absoluta en la Asamblea Legislativa y,

éste partido encubre o tiene como norma la

corrupción, lo más probable es que la

moción de censura no sea aprobada y, en caso extremo,

hasta se le puede otorgar un voto de apoyo o respaldo al

ministro o funcionario en cuestión. Así, en este

escenario, el objetivo del veto legislativo se revierte.

Empero, esta situación le podría ocasionar un

costo político en las próximas elecciones al

partido gobernante.

     Por otro lado, si la oposición obtiene la

mayoría simple o absoluta en la Asamblea, y

actúa de manera irresponsable, puede utilizar la

moción de censura como un instrumento para causarle

daño al Ejecutivo, por ejemplo, par desprestigiar a

algún ministro o funcionario público o para

restarle simpatías entre la población al partido

que dirige el gobierno. En este caso la oposición

estaría contribuyendo a desestabilizar al gobierno y

podría provocar una situación de

ingobernabilidad.

     En ambos escenarios, se podría dar una incorrecta

utilización de la moción de censura, pero si la

Asamblea Legislativa es democrática y transparente,

quiere decir que tendrá las puertas abiertas en todas

las sesiones de las comisiones y del plenario, para que los

medios de comunicación y sociedad civil en general se

enteren de lo que realmente pasa en el parlamento, lo que

permitirá que la población no pueda ser presa

fácil de la demagogia de los políticos en cuanto

a la utilización del veto legislativo.

     La moción de censura en todo caso se podría

interpretar como un elemento disuasivo, para contener la

corrupción, arbitrariedades, injusticias, etc.;

asimismo, asegura en cierta medida un acercamiento y

colaboración coordinada entre las comisiones

legislativas y los ministerios del gobierno.



Interpelaciones a los funcionarios públicos

     La Asamblea Legislativa tienen el derecho no sólo

de hacerles antejuicio a los funcionarios públicos,

sino que también de interpelarlos. "En el Derecho

Político de los países de régimen

democrático, la interpelación es la facultad que

tienen las Cámaras Legislativas para requerir de un

ministro que informe acerca de ciertos actos de gobierno o

para que aclare aspectos de la política en general.

Según Duguit, representa el medio más eficaz de

ejercer el Poder Legislativo su control sobre el Poder

Ejecutivo" (Manuel Ossorio, 1984).

     Las interpelaciones, por lo general, conllevan la

exposición de explicación o informe sobre un

tema o problema previamente señalado por la Asamblea

Legislativa, lo que da lugar a un período de preguntas

al funcionario por parte de los diputados, después a un

debate parlamentario que puede desembocar en una

sanción legislativa. Esta última puede consistir

en una moción de censura o, en el mejor de los casos,

en la aclaración del problema, sin necesidad de llegar

a tomar alguna medida punitiva.

     En El Salvador, según la Constitución

Política en el Art.131, numeral 34, una de las

atribuciones de la Asamblea Legislativa es: "interpelar a los

ministros o encargados del despacho y a los presidentes de

Instituciones Oficiales Autónomas". Asimismo

encontramos también en el Art.165 que: "los ministros o

Encargados del despacho y Presidentes de Instituciones

Oficiales Autónomas deberán concurrir a la

Asamblea Legislativa para contestar las interpelaciones que se

les hicieren. Los funcionarios llamados a interpelación

que sin justa causa se negaren a concurrir, quedarán

por el mismo hecho, depuestos de sus cargos".

     En el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa de

El Salvador, la interpelación se encuentra regulada en

el capítulo VII, de los artículos 56 hasta el

58. Tanto en la Constitución Política como en el

Reglamento en mención no se contempla la moción

de censura con su respectiva "caída" o dimisión

irrevocable y forzosa de los funcionarios públicos que

hayan dañado el interés público o

privado, igualmente causado perjuicio contra los bienes del

Estado. 

     Según el diputado Jorge Villarcorta, en nuestro

país, "un problema grave en la función de

legislar es la cultura política que hace por ejemplo

que los diputados no se atrevan a cuestionar al señor

Ministro de Defensa, que no piensen, que no hablen y que

sólo repitan lo que el Ministro dice".

     La Asamblea Legislativa por haber sido un instrumento

para legitimar la dominación de los "presidentes" que

ha tenido El Salvador; no existe experiencia acumulada acerca

de los interrogatorios, audiencias, interpelaciones, declarar

la inhabilidad del presidente, realizar antejuicios, etc. 

     A lo anterior se suman siglos de autoritarismo y terror

impuesto nuestra sociedad por los grupos de poder

económico, político militar cuscatleca por la

oligarquía y los militares. Por estas razones, entre

otras, es que se puede notar que algunos diputados

todavía tienen el temor de cuestionar a los ministros y

en especial al Ministro de la Defensa, porque hasta hace

aproximadamente cinco años eso equivalía a ser

encarcelado, torturado, desaparecido, perseguido o asesinado.

"En sistemas presidencialistas menos estables, la legislatura

no tiene verdadera capacidad para controlar la acción

de los presidentes o de los burócratas militares y

civiles. Cuando trata de hacerlo puede perjudicar su

supervivencia institucional al mismo tiempo que la seguridad

política y personal de sus miembros. Como resultado de

ello se producen frecuentes abusos de poder, los ciudadanos

pierden el respeto por sus instituciones políticas y se

incrementa la probabilidad de la inestabilidad" (Michael Meze,

1995).

      

     Medios de comunicación y transición

política (I) 



     El proceso judicial en contra del periodista Francisco

Valencia, Director de Co-Latino, por una demanda de

difamación en perjuicio de un subcomisionado de la PNC;

los reiterados llamamientos del gobierno a la prensa para que

■deje de transmitir noticias negativas sobre el país■,

a los que se ha sumado el Arzobispo y alguna empresa que se

dedica a la educación; las denuncias de algunos

periodistas sobre las presiones y el acoso del que han sido

víctimas por parte de la PNC; y el intento del gobierno

por gravar las transmisiones radiales y televisivas, han

puesto nuevamente el tema de la libertad de la prensa sobre el

tapete de la discusión pública nacional.

Ciertamente, muchos sectores del país -y aún la

Sociedad Interamericana de Prensa- han visto tales sucesos

como un riesgo para el ejercicio libre de los medios de

comunicación, en un contexto en el cual aún

persisten dudas sobre la capacidad y la tolerancia de los

líderes nacionales para garantizar las libertades

ciudadanas; tales temores han dominado la esencia del debate

sobre la prensa en este país y han conducido, con

unanimidad, al problema de la libertad de expresión en

los medios. 

     Sin embargo, muy raras veces el debate sobre los medios

de comunicación en estos períodos de latencia

pre-electoral  se ha centrado en el papel que juegan o que han

jugado los Medios en el proceso de transición que, con

más pena que gloria, vive la sociedad

salvadoreña en la actualidad. El interés de este

comentario no es, por tanto, reflexionar sobre los peligros

que enfrenta la prensa libre, sino muy brevemente apuntar

ideas sobre el papel que ésta ha jugado en el

período de transición (para este efecto se

hará uso indistinto de los términos prensa y

medios de comunicación). Y es que un análisis

serio sobre la práctica de la prensa en este

país, mostraría sin duda que aún falta

cierto trecho, aunque cada vez menos largo, para lograr que la

prensa, en su conjunto, sea  aceptablemente independiente.

Pero el mismo análisis no podría negar la

influencia y el poder que la prensa y los medios de

comunicación han adquirido y siguen obteniendo en esta

fase de transición política.

     La primera idea a exponer es que la institución

nacional que más se ha beneficiado del proceso que

condujo a los Acuerdos de paz no ha sido los partidos

políticos, ni siquiera aquéllos que legitimaron

su presencia en el sistema político a través de

los Acuerdos; tampoco los mejores beneficiados han  sido el

gobierno ni las nuevas instituciones como la

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o

la Policía Nacional Civil; quizás ni siquiera la

población, según el sentimiento expresado en los

sondeos opinión pública. La institución

más favorecida con el proceso de pacificación ha

sido los medios de comunicación. Con los Acuerdos, la

prensa  obtuvo la legitimación y las garantías

formales para continuar con una práctica distinta,

menos vinculada a la historia oficial, la cual ya había

comenzado con innumerables dificultades a mediados de los

ochenta y en plena guerra. La firma de la paz permitió

que los medios de comunicación dejaran de dirigir sus

cámaras, sus micrófonos y sus máquinas de

escribir -o computadoras- a los intereses de los grupos de

poder político para enfocarlos  con más

frecuencia en los intereses de la gente común, que, a

final de cuentas, es también el mercado. Esto ha

provocado que a esta alturas de la transición, la

prensa -la televisión, la radio y los

periódicos, con un lugar destacado la

televisión-  cuente con los mayores niveles de

confianza por parte de la población.  Efectivamente,

los sondeos de opinión pública realizados por el

IUDOP durante 1995 mostraron que los Medios y en especial la

televisión obtenían los mayores niveles de

confianza popular, sólo superados por la

Procuraduría de Derechos Humanos, y muy por encima del

gobierno, los partidos políticos y la Asamblea

Legislativa. Una encuesta realizada en julio del presente

año y que será dada a conocer en los

próximos días revela que tal tendencia se

mantiene, ampliando más aún la separación

entre la confianza que los ciudadanos manifiestan hacia los

Medios y la que expresan por el gobierno.

     Lo anterior lleva al segundo punto de reflexión de

este breve comentario. De manera indirecta, pero más

eficazmente que las instituciones políticas, la prensa

ha sido la responsable de conducir la transición y ha

tomado, no sin ser conciente de ello, funciones que

tradicionalmente corresponden a las instituciones del Estado y

a los partidos políticos. En los últimos

años, la radio, los periódicos y la

televisión, en un esfuerzo por aumentar su audiencia,

se han dedicado  a canalizar y a resolver demandas de la

población y ésta ha constatado con cierta

admiración cómo el llevar una denuncia a un

periódico o a una estación de radio o

televisión puede ser más efectivo que llevar la

queja a la institución gubernamental competente. Por

ejemplo, una ama de casa comentó a un encuestador del

IUDOP, cómo tras dirigirse insistentemente y sin

resultados a ANDA por cobros indebidos en una zona donde el

agua llega una vez por semana, decidió llamar a un

canal de televisión, el cual investigó el caso y 

produjo un reportaje, cuyo efecto inmediato fue el cese de los

cobros indebidos por parte de la institución

gubernamental.  Casos como ése abundan en los relatos

de la gente común y  ayudan a explicar la actitud

favorable de los salvadoreños hacia los Medios. Sin

embargo, el papel que ha jugado la prensa en la

conducción del proceso no se explica por el simple

servicio social, sino por el efecto que la acción

logra. Los salvadoreños aprehenden que un

periódico o un canal de televisión  puede

responder mejor a sus intereses y preocupaciones que el

diputado representante de su departamento y del partido por el

que votó o inclusive que el alcalde de su localidad, a

quienes perciben enfrascados en  luchas de poder que el

ciudadano no entiende ni le interesan. Así, la

población llega a encontrar más

representatividad en el carácter de la prensa, en la

medida en que se ocupa de los  problemas nacionales, que en la

misma clase política. 

     Lo anterior ha alimentado otro ejercicio de la prensa que

a la vez complementa su papel predominante en la

dinámica política salvadoreña, esto es,

la definición de la agenda de debate público.

Atenta a los intereses y preocupaciones de la gente por

razones de audiencia y, claro está, de mercado, la

prensa ha jugado un papel fundamental en la definición

de los temas de discusión pública, lo cual  ha

hecho no sin notables excesos y obvias  omisiones en varias

oportunidades. Esto ha logrado que asuntos como la

corrupción en las carteras del Estado, los abusos de la

Policía Nacional Civil, las medidas para combatir la

delincuencia o la crisis en los partidos políticos,

hayan sido los puntos centrales de la discusión

pública, aún a pesar del desagrado de los

propios protagonistas y del recelo del gobierno. Y es que

frente a una administración nacional que se ha

caracterizado por una conducta vacilante y errática en

la mayor parte de sus deberes y por una actitud reactiva hacia

los viejos problemas nacionales, la prensa ha ocupado un podio

desde el cual lidera buena parte de los asuntos a ser tratados

nacionalmente. 

     Así, el debate sobre la libertad de prensa debe

tomar lugar teniendo presente el papel que están

jugando los Medios en el proceso salvadoreño. En otras

palabras, discutir sobre el nivel de la libertad de prensa que

existe en el país pasa por entender el rol que

está jugando y el poder que ha adquirido. Al hacerlo se

podría descubrir que un problema igualmente serio como

las restricciones a la libertad de expresión por parte

del Estado se da cuando algunos medios de comunicación

siguen con la práctica de autocensurarse en el momento

en que sus intereses no concuerdan con los de su audiencia. Y,

de tener un papel vigilante y moralmente activo en ciertos

temas, pasan a ignorar sospechosamente otros.          

            Cuidado con las malas "juntas"...

     

     Parece que, desde hace muchos años, los elevados

niveles de violencia se instalaron en todo el territorio

nacional y a estas alturas no hay muestras de que estén

disminuyendo. Primero fue por razones políticas;

después por la guerra y ahora por la delincuencia, en

parte común pero sobre todo organizada. Es en medio esa

realidad que, durante los últimos meses, las y los

pobladores de la zona occidental --quizás un poco menos

afectados en el pasado-- ahora están recibiendo una

enorme cantidad de golpes. A la inmensa mayoría de las

personas les resulta imposible vivir tranquilas en esa

región y son muchas las que prefieren abandonar sus

casas, sus pertenencias y sus afectos --como en las peores

épocas de la confrontación bélica-- con

tal de salvarse. 

     En particular, es en Sonsonate donde la ola de brutalidad

ha cobrado más víctimas; y dentro del

departamento, es Izalco el municipio cuya situación se

ha vuelto verdaderamente insoportable. Ahí opera un

temible grupo de sujetos conocidos como la banda de "los ex

combatientes". Sólo en lo que va del año, son 22

muertes las que constituyen el condenable recuento

periodístico del terror y la sangre que han producido

estos criminales, los cuales actúan con tales grados de

cinismo e impunidad que no les importa realizar sus

fechorías a plena luz del día. 

     A raíz del estado de total indefensión en

que se encuentra la población, generado por

delincuentes que se amparan en la falta de seguridad, sectores

de ésta han hecho múltiples llamados al gobierno

central para que tome cartas en el asunto. Sin embargo, es

claro que la situación no ofrece señales de

mejoría; al contrario, a medida que pasa el tiempo se

ha vuelto más crítica. Hasta ahora, las

respuestas brindadas por las autoridades se han caracterizado

por ser aisladas, incoherentes. Entre ellas se encuentran los

ya permanentes "patrullajes conjuntos" del "Plan

Guardián" y las medidas incluidas en otros planes no

conocidos ni discutidos públicamente --como el "2000"--

junto a las leyes que dicen resolver el problema con acciones

de "emergencia" y las llamadas "juntas de vecinos".

     Ciertamente, la población necesita y exige con

urgencia que se elimine del país el accionar de estos

grupos que atentan contra la tranquilidad de las familias

salvadoreñas. Pero cabe preguntarse si el gobierno,

pretendiendo o pretextando resolver un mal, con esas "juntas"

no estará creando un mecanismo que --a la larga--

resultará mucho más dañino para la

población: Ęno se estará ante la posibilidad de

engendrar algo demasiado peligroso? Ęno nos estaremos,

después, lamentando por no haber buscado otras

soluciones? Ęno existen salidas diferentes y mejores, o es que

no se quieren hallar?

     No es raro que a la gente le surjan dudas cuando se

anuncian iniciativas como éstas. La historia reciente

de nuestro país nos ha dejado muchas lecciones que no

podemos ni debemos hacer de lado cuando se proclama ante el

mundo que, ahora sí, se intenta construir un

país distinto. Una de las enseñanzas más

costosas que nos brinda el doloroso trayecto del pueblo

salvadoreño en su afán por vivir en paz, se

encuentra en las experiencias vividas cuando  --a partir de

los años sesenta-- se creó la

Organización Democrática Nacionalista, conocida

como ORDEN. 

     Esta estructura paramilitar, fundada y alentada por el

general José Alberto Medrano, desapareció

formalmente el 7 de noviembre de 1979 mediante decreto oficial

de la Junta Revolucionaria de Gobierno. En palabras del

fallecido militar, cuya trayectoria debería ser de

todas y todos conocida, "su creación obedeció a

la necesidad de divulgar entre los campesinos y trabajadores

del campo la ideología democrática, para oponer

un valladar a los intentos comunistas de provocar la

subversión en el medio rural". 

     Quienes nos esforzamos por impedir que nos roben o nos

cambien la historia, conocemos la responsabilidad de ORDEN en

el desencadenamiento de la guerra debido a su importante

contribución para el cierre de los espacios de

participación política y el control autoritario

de la población, mediante los atropellos a la dignidad

humana que se cometieron desde esa estructura. Y no lo decimos

nosotros. En su momento fue expresado por la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión

Internacional de Juristas y Amnistía Internacional,

para citar sólo algunos de los prestigiados organismos

internacionales --intergubernamentales y no gubernamentales--

que se pronunciaron contra esa organización por ser un

mecanismo terrorista para el ejercicio del poder. Eso es algo

que no debe repetirse en El Salvador. 

     Pero no sólo porque existe la posibilidad de vivir

nuevamente esa nefasta experiencia, es que advertimos sobre el

peligro de las "juntas de vecinos". Hay otras razones que nos

mueven a hacerlo y no son precisamente teóricas;

hablamos de hechos concretos y muy actuales. El 28 de junio de

1996, en el municipio de Tacuba, fue capturado el señor

Alfonso Castro Herrera, presidente de la "junta de vecinos" de

esa localidad, junto a otras cuatro personas. La

detención se realizó, de manera tramposa, cuando

el alcalde convocó a una reunión extraordinaria

de dicha "junta" en el local de la Policía Nacional

Civil (PNC) para "discutir sobre la señalización

de las carreteras". El señor Castro Herrera y el resto

del grupo fueron acusados de "atentado, desacato y abuso de

los lugares públicos", luego de que la mayoría

de la gente en esa localidad se ha negado a pagar los recibos

de la Asociación Nacional de Acueductos y

Alcantarillados (ANDA).

     "Tacuba --dicen los pobladores del lugar-- es el

último municipio del país, ubicado al occidente

del departamento de Ahuachapán. Semiaislado debido a la

curvosa y pésima carretera, rodeado de cantones y

caseríos, fue el escenario de una rebelión

civil, cuando la población decidió administrar

el agua". ĘSerán estas expresiones de

participación ciudadana los "movimientos subversivos"

que, al igual que el general Medrano con ORDEN, ahora se

intenta neutralizar mediante las "juntas de vecinos"? Porque,

hay que insistir: utilizando un engaño --la

reunión extraordinaria a la cual asistiría la

responsable nacional de esas "juntas"-- se logró

detener al señor Castro Herrera y a las otras cuatro

personas. Ahora, cuando alguien le pregunta a la gente de

Tacuba si quiere "andar en esas juntas", la respuesta es una

clara y contundente negativa. 

     No se debe dejar de mencionar otro hecho que llama

poderosamente la atención y que, al menos, genera

ciertas inquietudes. El jueves 25 de enero de 1996, en horas

de la mañana, fue secuestrado en Apaneca,

Ahuachapán, el anterior jefe de la llamada

división de juntas de vecinos del Ministerio de

Seguridad Pública, Mario Arnulfo Eguizábal. Tres

individuos armados que se conducían en un

vehículo con vidrios "polarizados" se lo llevaron y su

cadáver fue encontrado a las ocho de la noche del mismo

día, en las playas de Acajutla. Descartado el robo,

surge la pregunta: Ęqué se esconde tras este asesinato?

Ędisputas de poder o insubordinación? No lo sabemos

pero el caso debería ser investigado con diligencia,

esclarecido de manera satisfactoria y conocido

públicamente su resultado.

     No obstante los hechos anteriores y el mal precedente que

significan para las "nuevas" instancias oficiales, el

señor ministro de seguridad pública --de cuya

cartera dependen-- sostiene que con su creación en

todos los departamentos del país, proyectada para

finales del año en curso, se pretende brindar

"facilidades a los pobladores de esos lugares, en el sentido

de mejorar los canales de comunicación con las

autoridades gubernamentales encargadas de impulsar las obras

comunitarias". El ministro Hugo Barrera asegura que con ellas,

precisamente en Ahuachapán se han alcanzado logros

positivos para las comunidades; según dice, a

través de las "juntas" se ha gestionado el nombramiento

de profesores para las escuelas abandonadas, la

colocación de puestos policiales, la

construcción de canchas deportivas y --ojo-- la

señalización de carreteras.    

     Lo sucedido en Tacuba produce, con justificada

razón, dudas sobre la forma cómo serán

manejados estos grupos y los fines para los cuales se

destinarán. En este caso, una reunión de la

"junta de vecinos" de la localidad fue utilizada como un medio

para intimidar a la comunidad y tratar de impedir su

participación activa en la resolución de los

problemas que le afectan. Si eso está sucediendo ahora

que comienzan, Ęqué pasará después,

cuando el ambiente político se caliente con las cada

vez más cercanas elecciones locales y del Parlamento?

Ęquién nos garantiza que sólo servirán

para lo que el ministro Barrera ha dicho? Además, Ępor

qué deben existir estas estructuras dentro del

Ministerio de Seguridad Pública si lo que se persigue

con ellas es el mejoramiento comunitario y si, a lo largo y

ancho del país, ya existen muchas directivas comunales

o de otras expresiones organizadas, que son independientes?

     Recordemos que el doctor José Antonio

Rodríguez Porth, en su calidad de candidato a la

presidencia de la República por el Partido Popular

Salvadoreño y refiriéndose a ORDEN, en diciembre

de 1971 afirmó lo siguiente: "Siendo una

organización apolítica, y más bien de

naturaleza cívico-cultural, será desnaturalizar

su propia existencia si se le utiliza con finalidades

meramente políticas, tal como está ocurriendo en

la actualidad, en que las máximas autoridades del

partido oficial pretenden capitalizar la fuerza de la

organización como fuente segura de votos, identificando

a ORDEN con el PCN (Partido de Conciliación Nacional)".



     En nuestro país, es cierto que existe un grave

problema de inseguridad que afecta a la mayoría de la

población; pero no por ello vamos a correr semejantes

riesgos, a provocar situaciones más peligrosas y a

desandar el corto camino recorrido en la

democratización de la sociedad. Lo que realmente se

necesita es reforzar urgentemente la PNC para se convierta en

un instrumento eficaz al servicio de la comunidad,

contribuyendo así a garantizar su protección.

Eso se logrará, principalmente, con la

depuración de los malos elementos que la integran,

estén donde estén, junto a la

erradicación de los vicios que ya la aquejan. 

     También se requiere --en el combate a la

impunidad-- del honesto y eficiente funcionamiento de la

Fiscalía General de la República en la

investigación del delito. Ya el doctor Manuel

Córdoba, titular de esa institución,

pidió tiempo para mostrar que sí existe

disposición de lograr ese objetivo y hasta la fecha se

han observado algunas señales alentadoras en ese

sentido. Ni hablar de la necesidad obvia de lo que aún

es una aspiración: que exista un órgano Judicial

capaz y honesto, que aplique pronta y cumplida justicia sin

hacer ningún tipo de distinción.

     Pero, sobre todo, se requiere de una población

activa que entienda bien cuáles son las actuales reglas

del juego, después de todo lo sucedido en El Salvador;

una población que cuente con las herramientas para

enfrentar y superar cualquier tipo de obstáculos, sean

éstos gubernamentales o no; una población que

sepa que la PNC y las demás instituciones estatales

están para servirle y no al revés; una

población que se organiza de manera independiente para

utilizar todas esas instituciones en defensa de sus derechos y

libertades fundamentales. Sólo así, vamos a

construir un país seguro a todo nivel.