UCA

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Semanario Proceso

© 1996 UCA Editores


 



año 17

numero 720

agosto 7

    1996                  



ISSN 0259-9864



Izquierda y democracia

Las memorias de la labores de los ministerios de Economía y

Hacienda

Entrada en vigencia del nuevo Reglamento de Tránsito

La coyuntura actual en Costa Rica

Funciones de la Asamblea Legislativa

Pobreza: un fenómeno que no es natural

            Izquierda y democracia  



     La democracia sigue siendo el nudo gordiano de la izquierda

latinoamericana y, por supuesto, de nuestra izquierda. Mientras no

lo corte, no sólo no logrará desatarse de las amarras

autoritarias heredadas del estalinismo, sino que continuará

desempeñando su papel de perdedora en las urnas, sin poder

recuperar las ricas experiencias de movilización y

organización popular propias de décadas pasadas. Algo

propio de la izquierda ha sido saberse mover con relativa soltura

en la democracia directa, pero con enormes dificultades en la

democracia arepresentativa, lo cual la ha llevado a perder claridad

acerca de la conexión existente entre ambos procesos

democráticos. La idea que ha predominado es que cuanto

más directa es la democracia mejor es para los intereses

populares. 

     De cualquier modo, es ineludible reconocer los límites

de la democracia directa. Ella es indispesable, por ejemplo, en los

procesos de autogestión industrial. En cambio, la democracia

directa en el sistema judicial sería sumamente

contraproducente. Para llevarlo al extremo: es completamente

diferente un comité de gestión cooperativa que un

comité de linchamiento. Una cosa es una asamblea de

estudiantes y otra de orden muy distinto es un tribunal popular: la

simpatía que despierta la primera no debe ocultar los

peligros de una justicia sometida al delirio de una minoría

constituida en poder directo. Este es precisamente el problema de

la democracia directa: visto desde una perspectiva global se trata,

en el fondo, de minorías que ejercen el poder directo, pues

una asamblea sindical o el congreso de un determinado partido

agrupan a un pequeño segmento de la población y no al

conjunto de ella, por más que la propaganda diga lo

contrario. Y cuando el "control popular" de las asambleas rebasa

con sus decisiones los límites de sus condiciones de vida y

trabajo, para determinar la vida y trabajo de otros sectores de la

sociedad, entonces surgen las dificultades, en las cuales destacan

la ineficiencia y el despotismo. 

     De aquí, pues, que la apuesta de la izquierda por la

democracia directa deba de ser balanceada por formas

democráticas indirectas y representativas, las cuales

ciertamente no le son ajenas a la izquierda. El problema es que las

banderas de lucha civil por la democracia política han sido

asumidas, sin que la izquierda haga algo por evitarlo, por la

derecha. Más aún, la izquierda ha desgastado su

caudal en vanos esfuerzos por traducir demandas democráticas

en programas y proyectos destinados a ofrecer a los sectores

populares una alternativa de política socio-

económica. Con ello, ha dilapidado un capital

histórico acomulado; ha rebajado la política a la

economía, y ha reducido la democracia a la queja. 

     Sin duda, los desajustes económicos han contribuido a

ello: la izquierda ha creído que en momentos de grave

deterioro socio-económico es oportuno enarbolar como bandera
principal un programa de alternativas económicas para

ofrecer a los sectores populares un salida a su difícil

situación. Sin embargo, la medicina ofrecida por la

izquierda ha sido poco eficaz y la gente ha desconfiado de los

curanderos rojos que ofrecen salidas milagrosas.  

     Adicionalmente, la izquierda parece estar fundamentalmente

preocupada por lograr su unidad, para fusionarse

orgánicamente en torno a un programa. Ha desdeñado la

lucha por impulsar una nueva cultura política

democrática, para dedicarse a las añejas tareas de

construir un partido y un programa. La izquierda se consume

haciendo política hacia adentro en detrimento de una

política expansiva y extrovertida. Es decir, la izquierda

sufre de un curioso narcisismo político: no deja de mirarse

a sí misma, de autocriticarse, de autoalabarse, de definirse

siempre en relación consigo misma, de contemplar la historia

de sus derrotas y de sus mártires, de lamentar su

condición y exaltar su futuro. 

     Esta izquierda autoorganizada y autounificada prefiere

reunirse en foros y congresos que publicar una revista, gusta

más de los estatutos que de un buen libro, aprueba las

concertaciones controladas, pero evade zambullirse en la vida

cotidiana de la gente. Así, es comprensible que no se

emplíe su horizonte electoral: los dirigentes parecen

más interesados en captar y reorganizar militantes o

"dirigentes naturales"  ya convencidos, que en ganar nuevos votos

para sus partidos. La formación de clientelas parece ser la

estrategia electoral de la izquierda; el voto cautivo de sus

militantes su principal recurso y el populismo de sus dirigentes el

modus operandi de su práctica política.

     La izquierda salvadoreña hizo de la unidad un mito que

le resultó caro. A la larga, la tan publicitada unidad

político-militar conseguida durante la guerrsa civil se

resquebrajó en la postguerra. Sin embargo, el interior del

FMLN -la única izquierda que queda en el país, al

decir de sus dirigentes- la unidad sigue siendo la idea fuerza de

la organización. En virtud de ese mito -y de otros que se

fraguaron en torno al FMLN- es que la izquierda del país es

incapaz de ver hacia el futuro y de abrirse hacia la sociedad. Es

decir, nuestra izquierda tiene la mirada en el pasado, en las

glorias, sacrificios, fracasos y triunfos de la época

heróica. Tiene también puesta la mirada en sí

misma; en su propio fortalecimiento, en la organicidad y coherencia

entre sus militantes. Su propia autoncomprensión -"somos la

única izquierda"- se traduce en la exclusión de

quienes no se confiesan partidarios de esa filiación

político-ideológica. 

     En otras palabras, la izquierda salvadoreña -el FMLN-

se autoimpone enormes obstáculos como alternativa

política de alcance nacional. Porque para ser tal tiene que

ser vista por los electores como capaz de representar los intereses

de la mayor parte de los ciudadanos, y no sólo de aquellos

que están vinculados orgánicamente al partido.

Mientras el FMLN se siga percibiendo y siga funcionando como un

partido de cuadros no va a convertirse en una alternativa

política nacional, al igual que no lo es ARENA y no lo

fueron en su tiempo el PCN ni el PDC. Asimismo, mientras el FMLN

siga concibiéndose y funcionando como un partido de cuadros,

el populismo lo va a perseguir como un fantasma, con todos los

peligros -chantaje, corrupción, compromisos y prebendas- que

ello trae consigo.    



     Las memorias de la labores de los ministerios de

     Economía y Hacienda



     Durante el último año, ha sido innegable una

relativa desmejoría del ámbito económico, no

sólo por la reducción de la tasa de crecimiento, sino

también por la notable desconcertación en torno a las

medidas de política económica. Sin embargo, diversas

fuentes gubernamentales sostienen que las perspectivas de

crecimiento aún son buenas y que no existen presiones sobre

las grandes variables macroeconómicas.

     La Memoria de Labores 1995-96 del Ministerio de

Economía y del Ministerio de Hacienda sostienen esta

visión al momento de evaluar la política comercial,

el comercio y la inversión y la situación de las

finanzas públicas. Sin embargo, aunque ambos aseguran haber

contribuido a la estabilidad macroeconómica al mismo tiempo

aceptan que durante el último año se han registrado

mayores desbalances.

     Esto es en parte resultado del inicio del proceso de

"modernización" del Estado, la cual ha comprendido reformas

en la estructura organizativa estatal. El cierre o la fusión

de diversas instituciones de gobierno, entre ellas el Ministerio de

Planificación, ha debilitado la capacidad del Estado para

orientar las políticas de desarrollo más allá

del simple crecimiento económico con estabilidad. Pese a que

el discurso oficial acepta la importancia de que el Estado promueva

el desarrollo social, en la práctica éste más

bien parece querer retirarse de este ámbito.

     En las siguientes líneas se argumenta que los ramos de

economía y hacienda no están desempeñando el

papel de orientadores del desarrollo económico, sino

más bien están dedicados enteramente a tratar de

sostener, con magros o nulos resultados, la estabilidad

macroeconómica. 



Los esfuerzos para lograr la estabilización

     De acuerdo al Ministerio de Economía, el comportamiento

de la balanza comercial durante el año anterior

habría mostrado una clara tendencia hacia el crecimiento de

su déficit, producto de un incremento de las importaciones

mayor que el registrado por las exportaciones. La política

comercial desarrollada por el Ministerio de Economía se

habría concentrado, entre otras cosas, en la búsqueda

de nuevos socios comerciales, en el desarrollo de negociaciones

regionales y extraregionales y al impulso del proceso de

desgravación arancelaria. En algunos casos se ha propuesto

el libre comercio con países como Guatemala, Honduras,

México y Panamá.

     Para promover las exportaciones el Ministerio de

Economía habría realizado gestiones para incrementar

la presencia del país en ferias internacionales, incrementar

la comunicación y, más importante que lo anterior, la

implementación del Programa de Mejoramiento de la

Competitividad de El Salvador. Este programa contemplaría

acciones en los campos de capacitación empresarial para la

modernización, promoción-fomento de inversiones y

exportaciones, agilización de trámites y, finalmente,

promoción del país hacia el exterior.

     Por su parte, el Ministerio de Hacienda habría

concentrado sus esfuerzos principalmente en el mantenimiento del

equilibrio macroeconómico, para lo cual "se debió

adoptar importantes medidas tributarias, que incluyeron cambio de

bases y tasas impositivas, al tiempo que se profundizó los

esfuerzos administrativos para mejorar la recaudación".

     En esa línea se habría logrado un importante

incremento en los ingresos corrientes, especialmente por el

incremento de las recaudaciones del Impuesto al Valor Agregado

(IVA), lo cual compensó e incluso superó la

reducción de los ingresos tributarios por efecto de la

desgravación arancelaria. Así, se establece que "Del

total de ingresos, los tributarios representaron el 92.9 por

ciento, cuatro puntos porcentuales más que el año

anterior"

     Por su parte, el gasto total experimentó un incremento

superior al de los ingresos, debido a un incremento de los egresos

corrientes en sueldos y salarios, bienes y servicios y

transferencias al sector privado.

     Como resultado del comportamiento de ingresos y gastos, el

saldo de las finanzas públicas pasó de un

superávit de 1,100.1 millones de colones en el

período junio 1994-mayo 1995 a un déficit de 833.1

millones de colones para el período junio 1995-mayo 1996.



Los vacíos de las políticas

     Las memorias recién reseñadas dan cuenta de dos

variables macroeconómicas (balanza comercial y el

déficit fiscal) sin considerar otros elementos como el

crecimiento de la producción y los precios. Estos dos

elementos, al igual que el tipo de cambio externo, dependen mucho

del manejo que el Banco Central de Reserva haga del crédito

y de los flujos monetarios.

     Aún considerando sus limitaciones, puede notarse que la

capacidad de acción de estas instituciones es bastante

limitado; basta con observar que ambas reportaron empeoramientos en

el ámbito macroeconómico a su cargo. Como se

mencionó arriba, los resultados obtenidos por estas

dependencias estatales serían: una profundización del

déficit de la balanza comercial y un resurgimiento del

déficit en las finanzas públicas; dos de los

sempiternos problemas de la economía salvadoreña.

     Evidentemente, las gestiones de los mencionados ministerios

han sido insuficientes para responder siquiera a los requerimientos

de la estabilidad macroeconómica, aunque por diversas

razones.

     En el caso de la balanza comercial, es claro que la

política seguida por le Ministerio de Economía otorga

mayor importancia a la búsqueda del libre comercio,

descuidando así el aspecto de la promoción de las

exportaciones. El sector agropecuario y el sector industrial no

resultarán favorecidos de un proceso de

liberalización del comercio debido a su retraso

tecnológico y administrativo; el Programa de Mejoramiento de

la Competitividad de El Salvador aunque es una importante

iniciativa para estimular el crecimiento de las exportaciones

aún es incipiente y no ha tenido ningún impacto en el

comportamiento de las exportaciones.

     Las finanzas públicas, por otra parte, vienen siendo

manejadas con criterios claramente expansivos, aún a costa

de una estructura tributaria más regresiva, que a final de

cuentas es incapaz de evitar el déficit fiscal; el

incremento del IVA ha sido la muestra más reciente de ello.

Para mayo de 1996, un 49.8% de los ingresos tributarios

provenían de la recaudación del IVA, lo cual aunque

compensó la reducción experimentada por los impuestos

a las importaciones, no evitó que se registrara un elevado

déficit fiscal.

     De este modo, la reforma del sistema tributario habría

mostrado en el último año su incapacidad para

solventar el desequilibrio de las finanzas públicas; lo cual

es muy cuestionable considerando que ha colocado la mayor carga

tributaria sobre los sectores de menores ingresos, precisamente

aquellos que más deberían favorecerse del gasto

público.



Modernización y desarrollo

     Los informes del ramo económico-social del gobierno han

perdido mucho con la desaparición del Ministerio de

Planificación, pues este, además de presentar una

visión integral de la situación

macroeconómica, también presentaba los resultados de

la política social del gobierno en términos de

reducción de la pobreza.

     De esta forma la modernización del Estado, pese a

perseguir el desarrollo social como fin último, está

restando importancia a la lucha por la reducción de la

pobreza y, peor aún, no está logrando mantener la

estabilidad de las finanzas públicas  comprometiendo mucho

más las posibilidades de incrementar el gasto social a

niveles adecuados para reducir la pobreza. 

     En este nuevo escenario, debe enfatizarse en la necesidad de

que el gobierno cuando menos cumpla con los ofrecimientos de su

Plan de Desarrollo Social, pues de lo contrario el crecimiento

económico continuará siendo insuficiente para

estimular el desarrollo social.      Entrada en vigencia del nuevo Reglamento de Tránsito



     Innegablemente la cuestión del ordenamiento vial ha

venido cobrando cada vez mayor fuerza y ha pasado a ocupar el

puesto de una de las más urgentes tareas a ser resueltas.

La evidente insuficiencia de las arterias capitalinas para

sustentar el galopante aumento de los automotores, la falta de

lineamientos universales de conducción en ellas y el caos

del servicio público de transporte, entre otros, son

muestras inequívocas de esta urgencia. Con la finalidad de

solventar el problema fue decretado a finales del año

pasado, el decreto 477, con el que se sustituyó el arcaico

Reglamento General de Tránsito de 1946 por la Ley de

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial. En su

momento, la Ley y el nuevo Reglamento de Tránsito que le

acompaña despertaron agrias discusiones entre las

autoridades del Viceministerio de Transporte, los empresarios de

transporte público, los usuarios de éste y el

público en general. Las controversias hallaban su origen

en la novedad de las exigencias del reglamento y las multas que

se aplicarían en el caso de que éstas no fueran

acatadas. La pregunta de fondo era y continua siendo, Ęes

realista aplicar una ley con innegables y modernos avances en un

país con escacez de recursos materiales y una total

ausencia de cultura y educación vial? Ęcontarían

las autoridades encargadas del transporte con los suficientes

recursos administrativos, humanos y materiales para llevar a buen

término una ley que promete cambios estructurales y no

sólamente cosméticos?

      Pese a la oposición de algunos sectores, en especial

del sector de los empresarios de autobuses, el Reglamento de

Tránsito, parte de él, entró en vigencia

desde el primero de julio de este año, siendo

acompañado previamente de una amplia labor de

señalización de las principales arterias del

país, de un reordenamiento del sentido de

circulación de algunas de ellas y  de una

readecuación de las paradas de autobuses en las zonas de

mayor congestioamiento vehicular. Ciertamente el Viceministerio

de Transporte ha mostrado con su decisión y continuo

avance en la aplicación de la nueva ley que ella se

hará real pese a todo, sin embargo existen puntos que por

no haber sido tomado debidamente en cuenta o por su

ambigüedad hacen dudar de la funcionalidad y aplicabilidad

de la ley en su conjunto. Ellos son, principalmente: a) la falta

de una previa campaña de educación vial; y b) la

ambigüedad en el trato que se les da a los buses y los

microbuses.



Educación vial 

     Como ya antes habíamos señalado, entre otras

cosas (Proceso, 694), el éxito del proyecto de

ordenamiento vial depende fundamentalmente de dos elementos: una

base material (los costos de poner a tono a las arterias, los

automotores privados y de servicio público con las nuevas

exigencias) y una base cultural (el conocimiento expreso de los

ciudadanos de las normas a acatar y una actitud de estos a

hacerlo). Si se considera que hasta el 12 de julio, once

días después de la puesta en vigencia del

reglamento, el viceministro de transporte, Julio Valdivieso,

anunciaba el inicio de una campaña de difusión en

la que se concientizaría e informaría de las nuevas

disposiciones para luego, a partir de agosto, divulgar las

restricciones y las multas a los infractores, es claro que se ha

iniciado con el pie izquierdo, pues Ęcómo esperar que se

acaten normativas que se desconocen? Ęcómo contar con la

amenaza del castigo que hace cumplir la ley cuando no hay certeza

explícita de quién y de qué manera se

convierte en infractor de ella? Así al problema que

representa el disponer de un número no despreciable de

agentes policiales para vigilar el cumplimiento de la ley y que

los ciudadanos lo hagan únicamente cuando uno de ellos

esté presente para llamarle la atención o multarle,

se agrega la ignorancia de las normativas. Si la falta de la

educación vial representa ya un grave problema -agravado

por el hecho de que la Ley no fue sometida a discusión

pública-, ya que el motorista y el peaton no

dispondrán de los criterios para intentar conducirse de

manera ordenada, representará un problema mayor para el

Estado el disponer de una estructura administrativa lo

suficientemente eficiente como para no  entraparse con la ingente

cantidad de multas y confiscaciones de automotores que por

consecuencia será razonable esperar. Con esto el nuevo

reglamento más que imponer orden magnificaría el

caos administrativo ya existente. Desde el principio, y en un

punto esencial, se ha cometido un grave error.



Renovación y requisitos de las unidades de transporte 

     En el transcurso de los ya atávicos conflictos entre

los propietarios de autobuses, microbuses y el gobierno se ha

hecho manifiesta la debilidad de este último para hacer

imponer el orden frente a la  obstinación de los primeros

por hacer valer sus intereses. La validez que pudo haber tenido

en su inicio la denuncia de los empresarios de autobuses de estar

expuestos al ejercicio de una ■competencia desleal■ por parte de

los microbuses que mermaba peligrosamente sus ganacias, ha

desaparecido por completo cuando pese a los esfuerzos de las

autoridades pertinentes -con todo y lo erráticos que se

quiera-, e incluso los mismos microbuseros, por ordenar y

legalizar esta situación los buseros continuan usando este

pretexto para negarse a acatar las ordenanzas emanadas del

Viceministerio de Transporte. Al parecer, el gobierno ha dado

más importancia a la capacidad de intimidación de

los gremios de autobuses que a la necesidad de aplicarles mano

dura con el fin de beneficiar a los usuarios. Esta debilidad

gubernamental, de una u otra manera, ha sabido colarse hasta el

nuevo reglamento. Ciertamente éste dispone de serias

sanciones para los autobuses que se conduzcan de manera

irresponsable (alta velocidad, bajar a los usuarios en lugares no

indicados, música estridente, irrespeto a los pasajeros),

pero no es del todo claro en un punto modular para la seguridad

de los usuarios: los requisitos en el modelo y el año

autorizados para circular. La franca oposición mostrada

por los propietarios de autobuses a que se estipulara como

obligatorio que las unidades fueran de ■modelo reciente■ (se

habló de modelos a partir del año 86) hizo que no

se designara un año en concreto y que ello quedara para

posterior discusión, cosa que hasta la fecha no se ha

realizado y que ha permitido que unidades francamente obsoletas

sigan brindando servicio. Se paso, entonces, a centrar la

atención en  los requisitos de espacio y capacidad de los

buses y microbuses, especialmente de los segundos. Ello pese a

que el número de unidades nuevas o renovadas es más

grande en el sector de los microbuses que en el de los autobuses

(según la Asociación de Distribuidores de

Vehículos, desde 1991  se han vendido 5 mil 200 microbuses

destinados al transporte de pasajeros). Este trato, de cierta

manera preferencial cuando no puede afirmarse tajantemente la

superioridad de un servicio sobre el otro, no da pie para afirmar

que el perenne conflicto entre buseros y microbuseros vaya a ser

resuelto, sino, al contrario, avivado aún más.

     En conclusión, estos dos puntos flacos muestran que

pese a lo visionario y a las buenas intenciones del nuevo

Reglamento

el problema del ordenamiento vial está todavía

lejos de encontrar la inmediata solución de la que dicen

disponer las autoridades del Viceministerio de Transporte. Se ha

tendido más bien a creer que la drasticidad y el

endurecimiento de las sanciones y las normativas resuelven por

sí mismas el problema, dejándose de lado sus

causas. Aun cuando se contara con los suficientes efectivos

policiales para vigilar el cumplimiento de la ley, aun cuando los

propietarios de automotores dispusieran de los suficientes

recursos para satisfacer los nuevos requerimientos y conducirse

de manera segura, aun cuando la infraestructura vial fuera

óptima, todo esfuerzo es vano si no se ha se ha realizado

la tarea de introyectar en cada ciudadano las normas y los

reglamentos para conducirse de manera segura en las redes viales

del país. 

           La coyuntura actual en Costa Rica



     La actual coyuntura por la que transita Costa Rica no es

ciertamente nada bonancible. Prueba de ello son los

acontecimientos ocurridos recientemente, entre los que destacan

los siguientes: en primer lugar, las notorias divergencias

existentes entre la fracción del Partido Liberación

nacional (PLN) y el ejecutivo. Ello ha sido evidenciado en las

constantes declaraciones hechas por parte de los diputados de la

bancada del partido oficial en relación al actual manejo

en materia de política económica que desarrolla el

presidente Figueres. Más concretamente, el día 22

de julio, los diputados del PLN, Luis Gerardo Villanueva y

Edelberto Castilblanco, hicieron manifiesto que la

fracción legislativa de la que forman parte no tiene claro

qué es lo que el Ejecutivo pretende hacer con el Instituto

Costarricense de Electricidad (ICE), institución encargada

de la energía y las telecomunicaciones. De allí que

se puede concluir que los 28 congresistas del partido en el poder

esperan mayor transparencia de parte del gobierno durante este

proceso de cambio. Asimismo, quedó evidenciado que, como

fracción, se oponen a la privatización o venta del

patrimonio en cuestión. En esta misma línea, se

manifestaron y dejaron claro que velarían porque la

apertura de la entidad mencionada -a las alianzas

estratégicas y las coinversiones- no signifique perder el

control que se ejerce en la prestación de los servicios

que brinda.

     En contraste con lo expresado anteriormente, el Presidente

del Directorio Ejecutivo del PLN, Rolando Araya, afirmó

que el planteamiento oficial sobre este asunto ha sido claro,

añadiendo que la cúpula del partido no era ajena a

tales medidas y que, en una reunión celebrada, "hace como

mes y medio", con René castro, Ministro de Ambiente y

Energía; y Roberto Dobles, Presidente Ejecutivo del ICE,

les fueron dadas a conocer.

     Como puede verse, existe una contradicción abierta

entre los miembros del partido en el poder, en lo referente a las

medidas que implementa la administración de Figueres en

materia de privatización. Por lo demás, el Poder

Ejecutivo realizó, el sábado 20, una reunión

con la cúpula del PLN y sus diputados, en la finca La

Lucha, ubicada en San Cristóbal de Desamparados. En tal

oportunidad, se tenía en la agenda como punto a discutir

la tranformación del ICE. Sin embargo, el punto no fue

abordado por falta de tiempo, por lo que ha quedado pendiente de

ser discutido en un próximo encuentro a celebrarse el 6 de

agosto. 

     Con todo, es importante señalar que el problema no

está solamente en que el gobierno de Figueres dialogue con

la cúpula del partido y sus diputados, sino que, visto

desde una perspectiva más democrática, es urgente

que dialogue con el pueblo. Justamente, porque el manejo de las

instituciones públicas no solo es responsabilidad de los

gobiernos en turno, sino también le corresponde a las

mayorías populares pronunciarse para hacer saber que es lo

mejor para el país. Y este debe ser un criterio que debe

tener prioridad en materia de política económica, y

no solo lo que conviene al país para integrarse a la

globalización a la que asiste la región

centroamericana en la súltimas décadas.

     En segundo lugar, la coyuntura estuvo marcada por los

severos ajustes que enfrentan las familias de clase media y alta

del Area Metropolitana con el fin de enfrentar el incremento en

el costo de la vida durante el primer semestre de este

año, según lo reveló una encuesta elaborada

por el Instituto de Estudios Sociales en Población

(IDESPO), de la Universidad Nacional (UNA), titulada "La

actuación del Gobierno y su impacto sobre la vida

cotidiana de los costarricenses". Según lo revela dicho

estudio, un 91,1 por ciento de los ticos que habitan el Area

Metropolitana han tenido que reducir gastos con el fin de salir

adelante ante el incremento en el costo de la vida. Afirma la

encuesta que el aumento inflacionario acumulado a junio del

presente año fue de 6,83 por ciento. La consulta fue

efectuada telefónicamente, con una muestra de 305 personas

que representan a los habitantes de clase media y alta, cuyas

edades oscilan entre los 18 y 70 años. Asimismo, se debe

destacar que en diciembre de 1995, el IDESPO había

realizado una investigación similar, aunque en esta nueva

investigación se registran ajustes más graves por

parte de la población.           

     El estudio de diciembre del año pasado reportó

un 77,4 por ciento que hizo ajustes en la alimentación,

durante el presente año lo ha tenido que hacer el 85,2 por

ciento, lo cual implica que se ha dado un incremento de 7,8 por

ciento. En el rubro de transporte los sacrificios realizados

fueron los que tuvieron el mayor crecimiento: en diciembre de

1995 un 38,3 por ciento hicieron ajustes, seis meses

después lo ha hecho un 79,1 por ciento, lo que representa

un aumento de 40,3 por ciento según lo revela dicho

estudio.

     En el rubro de educación, el año de 1995

registró un 28,9 por ciento que hicieron ajuste, seis

meses después lo ha hecho un 54,7 por ciento, lo que

representa un aumento de 25,8 por ciento. En esta misma

línea, un 8,9 por ciento de la muestra sacó a sus

hijos de escuelas privadas para transferirlos a las

públicas con la finalidad de disminuir gastos en este

rubro.    

     El estudio antes citado muestra una vez más, la

actual situación que se viene desarrollando sobre el

panorama costarricense en los últimos meses y, por

consiguiente, los derroteros por los que se encamina Costa Rica

en lo que resta del año en curso. Es decir, que de

continuar por el mismo rumbo que recorre hasta este día

este país centroamericano, no puede esperarse que las

condiciones de vida, que se han venido deteriorando en los

últimos años, puedan mejorarse, sino todo lo

contrario. Si se hacen los esfuerzos necesarios y oportunos para

corregir las actuales situaciones que aquejan a las grandes

mayorías de este país, indudablemente que se

estará a tiempo de rescatar lo mejor que a este pueblo se

le puede dar. De no ser así, se estaría ante una

oportunidad histórica perdida, precisamente porque si

pudiendo corregirse el rumbo hasta hoy recorrido no se hace.

     En tercer lugar, estuvo la llegada del huracán

César, que el pasado 27 de julio hizo su aparición

en territorio costarricense y cuyo paso dejó cuantiosos

daños entre los que se registran: más de 30 muertos

y un similar número de desaparecidos; más de 50

puentes destruidos o en malas condiciones; cerca de 571.367

afectados sobre todo en el área sur del territorio de

Costa Rica; alrededor de 20.000 millones de colones en

daños según cálculos conservadores. Sumado

esto a la crisis por la que atraviesa este país, puede

decirse que la actual situación que vive los

costarricenses no es la mejor, ni mucho menos la que se puede

esperar y desear. Pese a todo lo antes apuntado, cuando al

gobierno de los Estados Unidos se le solicitó la ayuda de

helicópteros, tanto para labores de rescate como para

transporte de alimentación, equipo médico a las

áreas afectadas por este fenómeno natural, ante tal

petición, dicho país respondió que

cobraría a Costa Rica 7 mil dólares la hora por el

alquiler de cada uno de los aparatos. Cabe hacer la siguiente

reflexión ante la respuesta dada por los Estados Unidos:

Ępor qué cobrar tan alta suma a un país que

está enfrentando una situación de emergencia como

la que ha vivido costa Rica por los daños causados?, si en

otro tipo de circunstancias este país ha utilizado los

recursos de nuestra región para llevar a cabo operaciones

encubiertas.                                                      

                                                                  

                                        

             Funciones de la Asamblea Legislativa





                    Oscar Martínez Peñate

            Departamento de Sociología

                Universidad Centroamericana 

                    "José Simeón Cañas"



La Asamblea Legislativa tiene funciones que le son propias, y es

la ejecución u omisión de éstas las que le

definen su idoneidad o disfuncionamiento y el nivel interno de

desarrollo de la institución.

                           CUADRO No.1

              ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES FUNCIONES 

                      DEL PODER LEGISLATIVO



Llamar a los ministros a las

comisiones legislativas y a las

plenarias para que brinden

información



Interpelar e interrogar a los

ministros



Conceder permiso al presidente

del país para viajar al

extranjero



Declarar estado de sitio y

declaración de guerra





Otorgar distinciones

honoríficas,

títulos de reconocimiento

y gratificaciones, etc.





Otorgar concesiones y autorizar

privatizaciones



Elección del ministro de

defensa y otorgar los grados de

ascenso de los oficiales de la

fuerza armada



Aumentos del precio de los

servicios públicos

Recibir y analizar las memorias

anuales de labores de los

miembros del Ejecutivo





Declarar la inhabilidad del

presidente



Ratificación de tratados







Legislar y controlar la

aplicación de las leyes y

de sus respectivos reglamentos



Otorgar indultos y
amnistías









Representativa





Nombramiento de embajadores y

otros cargos diplomáticos







Aprobación de los impuesto

municipales y otrosEmitir moción de censura

(veto legislativo)







Responsabilidad penal de los

ministros



Conceder autorización al

Ejecutivo para contratar

créditos





Revisión constitucional







Conceder o negar permiso a

nacionales para que acepten

cargos diplomáticos que

deban ser ejercidos en el

país



Elección de algunos

funcionarios públicos



Aprobación del

presupuesto general de la

nación







Crear comisiones de

investigación

específicas

     Las comisiones legislativas y el plenario tienen el derecho

de llamar a los ministros u otros funcionarios públicos

con excepción de los miembros del Poder Judicial, de igual

forma a particulares para que presenten informes o respondan

preguntas de interés para los diputados, con lo cual los

parlamentarios ampliaran su visión sobre determinados

asuntos de trascendencia nacional, lo que les permitirá

emitir dictámenes con la mayor información posible

sobre determinados proyectos de ley. 

     Tanto los funcionarios públicos como los particulares

que no se presentasen al llamado de las comisiones o del plenario

o no enviasen la información solicitada en el tiempo

requerido, igualmente si se presentasen y diesen

información falsa o tergiversada serán objeto se

sanciones por parte de la Asamblea Legislativa lo que conlleva el

establecimiento de acciones judiciales que serán

tramitadas en los tribunales.



                           CUADRO No.2

    SOLICITUD DE INFORMES A FUNCIONARIOS PúBLICOS Y A

PARTICULARES



REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA

RICAREGLAMENTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE EL

SALVADORArt.111

Las comisiones permanentes y especiales, por medio

de sus presidentes, y los diputados, en forma

personal, podrán solicitar toda clase de

informes a las instituciones del Estado.



Dichas solicitudes deberán ser atendidas

con prontitud y de manera prioritaria por las

instituciones y los funcionarios requeridos.



Art.112

     Corresponde al Presidente de la

Comisión, previa moción aprobada al

efecto, requerir la presencia de aquellos

funcionarios y particulares cuya comparecencia en

la comisión se considere necesaria para la

decisión del asunto que se discute, con el

propósito de que sean interrogados por los

diputados.



     Toda persona deberá asistir al ser

convocada, salvo justa causa, y, en caso de

renuencia, será conducida por la Fuerza

Pública. La persona citada podrá

asistir acompañada de un abogado, y negarse

a declarar en los casos en que así la

faculte la Constitución o la ley, y cuando

se trate de asuntos diplomáticos,

jurisdiccionales o militares pendientes.



     El Presidente de la Comisión

tomará juramento a las personas que

asistieren, conforme con el Código de

Procedimientos Penales. En caso de que faltare a

la verdad, se aplicarán sanciones previstas

en el Código Penal, de acuerdo con las

disposiciones generales del Código de

Procedimientos Penales.Art.14

     Cuando las Comisiones estimen conveniente,

por razones de la importancia de los temas a

tratar, podrán llamar a su seno a cualquier

persona o funcionario, con el objeto de que la

ilustre o auxilie en sus trabajos. Asimismo,

reclamar de los otros órganos del Gobierno

y solicitar de instituciones privadas por medio de

la Junta Directiva, cuantos informes y documentos

sean necesarios.

FUENTE:  ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA, Reglamento de la Asamblea Legislativa, San José,

Investigaciones             Jurídicas, 1995, pp.60-61       

         LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPúBLICA DE EL SALVADOR, Reglamento interior de la Asamblea   

                   Legislativa, San Salvador, S.p.i., 1983, p.7.



     En el caso de El Salvador, no existe reglamentación

ni sanciones para garantizar que los funcionarios públicos

envíen la información solicitada por los diputados

en el tiempo estipulado; de igual manera no hay dispositivos

jurídicos para sancionarlos por mentir o tergiversar la

información que les soliciten las comisiones permanentes

ni el plenario. Según el diputado Eugenio Chicas,

Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social:

Continuamente se solicita información, nada

menos de nuestra comisión hemos solicitado a

distintas instituciones del Estado, Ministerio de

Trabajo por ejemplo, desde la Comisión de

Trabajo al Ministerio de Trabajo, al Seguro Social a

los jueces, por ejemplo, pero esa información,

en algunos funcionarios es ágil y la

envían, muchos funcionarios no la

envían o la envían con mucho retraso

cosa que luego ya no es útil o la

información es incompleta (Entrevista, 1995).



         Por otro lado, los funcionarios públicos, a

excepción de los miembros del Poder Judicial, pueden

presentarse cuando lo consideren conveniente, con la previa

aprobación de la comisión o del plenario.

Tendrán derecho a voz pero no a voto y observarán

las mismas reglas sobre los deberes y derechos de los diputados

estipulados en el reglamento interno de la Asamblea Legislativa,

con excepción del voto, para que defiendan y promuevan sus

planes y programas de trabajo de sus respectivas instituciones,

con el propósito de tratar de lograr apoyo legislativo de

las acciones del Ejecutivo. En El Salvador, esta situación

tampoco se encuentra regulada ni el Reglamento Interior de la

Asamblea ni en la Constitución Política.

     En este mismo sentido, en algunos países los

ministros y algunos funcionarios públicos tienen la

obligación de presentar cada año la memoria anual

de labores, que consiste en un recuento de las actividades

realizadas por su ministerio o institución, con el fin de

que los diputados y la población conozca lo que se ha

hecho en la gestión pública. 

     Al respecto la Constitución Política de El

Salvador en el Art.18 solamente dice: "recibir el informe de

labores que deben rendir el Ejecutivo por medio de sus Ministros,

y aprobarlo o desaprobarlo". Y en el Art.131, numeral 36, expresa

que la Asamblea debe: "recibir el informe de labores que debe

rendir el Fiscal General de la República, el Procurador

General de la República, el Procurador para la Defensa de

los Derechos Humanos, el Presidente de la Corte de Cuentas de la

República y el Presidente del Banco Central de Reserva de

El Salvador".

     Las comisiones legislativas en otros países estudian

y analizan la memoria o memorias pertinentes a la labor que

desarrollan y confrontan la ejecución de la ley del

presupuesto y las otras leyes y reglamentos respectivos al

ministerio o institución; de esta forma también se

enteran de la actividad gubernamental, lo que les permitire

emitir opinión al respecto y, en caso de encontrar

anomalías, se forman comisiones o subcomisiones especiales

de investigación. 



          Pobreza: un fenómeno que no es natural



     "Que triste se oye la lluvia, en los techos de

cartón; que lejos pasa la esperanza, en las casas de

cartón..." Hace más de dos décadas sonaba

esta tonada en los oídos frescos de José Domingo

Aldana, Carlos Humberto Hernández, Reynaldo Hasbún

Jiménez, Carlos Fonseca Mancía, Napoleón

Orlando Calderón y Sergio Antonio Cabrera. Estos

jóvenes ■cuyo paradero se desconoce desde el 30 de julio

de 1975■ junto a otras y otros estudiantes universitarios que

murieron o fueron detenidos ese día, abonaron con su

sacrifico el doloroso trayecto del pueblo salvadoreño en

su prolongada lucha por vivir en una sociedad verdaderamente

justa y respetuosa de los derechos humanos. No obstante todo lo

sucedido a lo largo de esos años, aún siguen siendo

muy grandes los obstáculos que impiden lograr ese

objetivo. 

     "La violencia tiene hace tiempo carta de ciudadanía

en El Salvador. Está siempre latente en una

situación de tensa injusticia, de ofensiva desigualdad, de

mínimos vitales anormalmente bajos para las

mayorías rurales y urbanas". Quien piense que este

diagnóstico de nuestra sociedad salió de las

oficinas que instaló la observación internacional

en el país o de algún instituto de

investigación nacional, está equivocado; mucho

menos, proviene del los despachos gubernamentales desde los

cuales ■consciente o inconscientemente■ las cosas se ven de

manera muy diferente. Ese retrato tan actual de nuestra realidad

es una verdad dicha hace veintiún años, cuando el

Consejo Superior Universitario de la Universidad Centroamericana

"José Simeón Cañas" se pronunció a

raíz de los hechos sangrientos de aquel 30 de julio. Por

eso, insistimos, los obstáculos siguen siendo grandes al

igual que los peligros que se ciernen sobre el futuro nacional.

     Y eso se comprueba con lo que sucedió hace unos

días: doce víctimas mortales, cientos de "champas"

en peligro de terminar soterradas, y sus habitantes ante el

dilema de tener que abandonarlas y perder sus escasas

pertenencias o quedarse para morir entre el lodo y las piedras...

Fue este el panorama al que se enfrentaron miles y miles de

personas en El Salvador, cuando la tormenta tropical llamada

"César" o "Douglas" se paseó por el territorio

nacional durante dos días, a partir del domingo 28 de

julio en la tarde. Lo mismo sucedió durante esos

días en el resto de Centroamérica, principalmente

en Nicaragua y Costa Rica; lo mismo sucedió también

en 1974, cuando fue el huracán "Fifí" el que

asoló la región.

     Frente a este cuadro, surge la pregunta: Ęcuál es el

denominador común que más destaca de estas

situaciones que se repiten, año con año, en

nuestras latitudes? Pues, sin duda, la pobreza de la gente que

siempre resulta víctima de las inclemencias del tiempo o

de otros fenómenos naturales que afectan a nuestras

tierras, como los movimientos telúricos o las

sequías frecuentes. Es esa la realidad que debe ser

atendida con urgencia para evitar tragedias como las que,

nuevamente, ahora estamos lamentando; y, para ello, hay que

llamar las cosas por su nombre. 

     No fueron ni "César" ni "Douglas" los responsables de

tanto dolor, sino esa pobreza en la que viven sumidas cientos de

miles de familias que ■aunque por ahora desaparezcan las nubes de

lluvia en el cielo■ siguen viviendo dentro de una sociedad oscura

por la injusticia que en ella prevalece y que las excluye de lo

más elemental para poder vivir dignamente. Es ese y no

otro el nublado horizonte que, por ahora, siguen teniendo ante

sus vidas y las de su descendencia. 

     "Miles de vidas de salvadoreños están colgadas

de cuatro hilos que cualquier acontecimiento un poco anormal

puede romper para siempre", decía el editorial de la

Revista ECA hace veintidós años tras el paso del

"Fifí". "El Salvador ■se dijo entonces■ vive

permanentemente en estado de emergencia" y al salir el sol, luego

de la tormenta, "ha puesto muy en claro que la situación

no puede ya más seguir así".

     Y ante estos cuadros que se repiten afectando la

tranquilidad, la seguridad y la vida de cientos de miles de

personas, no se deben seguir poniendo "parches". No es, por

ejemplo, el Comité de Emergencia Nacional el que va a

resolver tales situaciones que trascienden lo coyuntural y se han

vuelto permanentes, pues esa institución sólo

alcanza a "tapar las goteras" de una país cuyas

estructuras se vuelven cada vez más débiles y

peligrosas; pero más irresponsable es pretender cambiar la

realidad con las grandes y millonarias campañas oficiales

de propaganda que ■probablemente pensando en las próximas

elecciones■ alardean de un "desarrollo local" que no se ve, sobre

todo cuando la tormenta de la pobreza arrecia sin piedad

afectando a la mayoría de la población. 

     Ahora, como en otras dolorosas ocasiones, se culpará

a los "fenómenos naturales" o a la "gente necia" que

insiste en ocupar lugares de "alto riesgo" para construir

ahí sus remedos de vivienda. Ello, con el fin de evadir

responsabilidades y tranquilizar las conciencias de aquellas

personas que aún las tienen realmente activas, pero que no

alcanzan a ver la verdadera raíz del problema. Para no

seguir dando "palos de ciego", hay repartir bien las culpas y

cobrar mejor las facturas a quien verdaderamente corresponda. 

     "Al César lo que es del César" o a "Douglas"

lo que le toca: simplemente una tormenta tropical de considerable

fuerza, pero hasta ahí; a "Dios lo que es de Dios" y no

más, pues es muy cómodo pero peligroso decir "ni

modo, son los designios del Señor", cuando no es

así. Entonces, lo que debemos hacer es asumir de una vez

por todas que el problema fundamental se encuentra en una

sociedad injusta en la que continúan existiendo techos y

casas de cartón, como la prueba más evidente de lo

frágil que sigue siendo la paz en El Salvador. 



                "Agua que no has de beber..."



     En El Salvador, sostiene el Centro para la Defensa del

Consumidor, "no todas las aguas envasadas son aptas para el

consumo humano". Esa es la conclusión a la cual

llegó recientemente la citada institución,

después de haber realizado una investigación sobre

la calidad de las aguas envasadas que se venden dentro del

área metropolitana del país. Ya antes, entre 1994 y

1995, el mismo CDC ■que es como se conoce a dicho Centro■

había realizado otro análisis sobre la calidad del

agua potable servida por la Administración Nacional de

Acueductos y Alcantarillados (ANDA). 

     Al difundirse los resultados del último de los

estudios mencionado, la gente que pudo conocerlos no quedó

muy animada para seguir consumiendo el agua de la empresa que ■al

menos en teoría■ todavía es de "servicio

público". Tras eso, quienes pudieron hacerlo decidieron

que era mejor comprar del "agua envasada" que comercializan en el

país algunas empresas privadas, confiando en que

así estaban garantizando su salud y la de su familia. Y

era lógico pensar de esa forma, pues la engañosa

propaganda lanzada a través de los medios de

difusión masivas e incluso la misma presentación de

los productos están diseñadas para que el

público crea eso. 

     Pero el CDC, consciente de su compromiso con el pueblo

salvadoreño, decidió hacer otra

investigación seria para verificar si esa opción

■la del agua envasada■ "cumplía con las normas y

estandarice que rigen la producción y

comercialización de este producto". Y no se imaginan las

sorpresas que encontraron sus especialistas, después de

examinar ■durante cuatro meses■ 146 muestras adquiridas en

tiendas, mercados, supermercados y estaciones de servicio.

     Uno de los aspectos más importantes del estudio

desarrollado por el CDC en dichas muestras, es el del

análisis microbiológico realizado durante el mismo.

Con éste se logró determinar que las diversas aguas

que compramos diariamente, después de escuchar maravillas

sobre su "pureza", contienen diversos tipos de bacterias que las

convierten en productos "no aptos para el consumo humano".

Además, el CDC afirma que con ese análisis se pudo

demostrar que los controles de calidad existentes en el

país ■esos que deberían servir para garantizar

procesos de producción realmente higiénicos■ "no

están siendo supervisados por las autoridades competentes"

debido, entre otras cosas, a "la falta de inspección del

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social". 

     La anterior es la institución estatal responsable de

verificar si los productos que se ofrecen al público se

encuentran debidamente registrados y cumplen con las exigencias

establecidas en el Código de Salud. ĘNos creerá

Usted si le decimos que de las diez marcas de "agua envasada" que

incluyó el CDC en su estudio, sólo tres poseen

registro sanitario? 

     Bueno, pero como no se trata únicamente de criticar

sino también de proponer, el CDC ha presentado algunas

propuestas que deberían ser consideradas con seriedad y

responsabilidad. Al gobierno, le recomienda que sólo

permita comercializar productos debidamente registrados y que

dicte una ley para regular todo el proceso de producción

de "aguas purificadas y envasadas", cuyo cumplimiento real

deberá ser vigilado por el Ministerio de Salud

Pública y Asistencia Social. 

     A las empresas productoras les aconseja ■entre otras cosas■

revisar en forma periódica los procesos de manufactura,

los filtros y su mantenimiento; desinfectar inmediatamente todo y

esterilizar bien los envases retornables; descartar

definitivamente la presentación del agua en bolsas

plásticas y capacitar a su personal sobre medidas

higiénicas y la importancia de la salud. 

     Finalmente, para disminuir la contaminación del agua

en la casa ■conociendo la mala calidad de la que nos ofrece ANDA

y la mayoría de empresas privadas que la comercializan■ el

CDC sugiere a las y los consumidores instalar un filtro, tratar

el agua con cloro, hervirla y dejarla enfriar en un lugar limpio

para que se oxigene nuevamente y, así, poder beberla.

Porque las otras, mientras sigan así de contaminadas,

mejor dejarlas correr...