UCA

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Semanario Proceso

© 1996 UCA Editores


 

 

año 16

número 718

 

julio 17

    1996

ISSN 0259-9864



Reflexiones sobre la transición

Las campañas electorales

Nuevas tarifas telefónicas

La problemática de los estudiantes de medicina de la 

Universidad de El Salvador	

Reunión de presidentes de Centroamérica y Chile

┐Libertad de expresión? 







               Reflexiones sobre la transición







	El proceso de instauración democrática en el 

país no deja de estar amenazado por actitudes y 

prácticas autoritarias de viejo cuño. Qué duda 

cabe que los Acuerdos de Paz imprimieron una dinámica 

inusitada a la transición; en ellos se plantearon metas que 

era ineludible cumplir si se quería sentar las bases de un 

proyecto de nación menos excluyente y más pluralista 

y participativo. Tras cuatro años de ejecución, los 

Acuerdos de Paz han dado de sí aquello que podían 

dar; con ellos, se dio un paso adelante en la construcción 

de una nueva sociedad, aunque sin llegar a agotar los requisitos de 

la misma. La transición ha entrado a una nueva etapa en El 

Salvador, una etapa en la cual uno de los aspectos más 

notorios es que no existe una agenda de discusión tal como 

la surgida a la luz de los contenidos y exigencias de los Acuerdos 

de Paz. 

	En cierto modo, El Salvador se ha quedado sin un rumbo claro 

como nación. La transición se halla en una 

encrucijada: el cumplimiento de los Acuerdos de Paz fue pensado 

como un requisito imprescindible para avanzar hacia nuevos 

propósitos en la democratización social y 

política del país, pero a estas alturas ni se 

cumplieron a cabalidad todos los compromisos adquiridos en 

Chapultepec y Nueva York ni la democratización social y 

política parece ir en la mejor dirección. Y, lo que 

es peor, no hay un horizonte normativo, ético y 

político, que no sólo vaya marcando el rumbo a 

seguir, sino que permita evaluar los aciertos y desaciertos del 

proceso.  	

	Sobre los déficit de la democratización social 

se ha escrito y hablado hasta la saciedad. El empobrecimiento de la 

mayor parte de la población aumenta si cesar, y nada 

autoriza a pensar que ello vaya a ser corregido. La 

democratización política, por su lado, ya ha 

comenzado a mostrar sus límites más insuperables: una 

población que se debate en la miseria difícilmente 

puede estar interesada en la política en sentido amplio, 

esto es, en un compromiso con el bien común, el respeto a 

las leyes y la responsabilidad social. Pero no sólo eso: la 

formación de un sistema político mínimamente 

pluralista no es suficiente para superar los vicios de una clase 

política acostumbrada a traficar y a lucrarse con el poder 

que le ha sido conferido por los electores.

	No puede haber democratización política, por 

ejemplo, cuando los funcionarios públicos de alto rango se 

eligen en función de los intereses partidarios y no en 

función del bien común. En este sentido, la 

repartición de cargos que han venido haciendo durante los 

últimos años ARENA (Fiscalía General), el PCN 

(Corte de Cuentas) y el PDC (Procuraduría General) levanta 

serias dudas sobre el rol de nuestros partidos políticos y 

nuestro parlamento en el avance de la democratización 

política. Más aún, componendas de esa 

naturaleza levantan la duda de si no estamos retrocediendo en 

materia política o si acaso, aunque no sea menos 

reconfortante, nuestra clase política se ha quedado 

estancada en patrones de comportamiento no sólo 

arcaícos, sino proclives a la corrupción, el 

tráfico de poder e influencias y el chantaje.

	Tampoco puede haber democratización política 

cuando desde el gobierno se difunden señales 

inequívocas de intolerancia hacia la libertad de 

expresión y hacia el derecho de los periodistas a guardar el 

secreto de sus fuentes. La semana recién pasada tuvimos un 

muestra bochornosa de esta intolerancia, cuando fue detenido el 

Director del Colatino, Francisco Elías Valencia, a quien 

judicialmente se le ha querido obligar a que revele sus fuentes de 

información acerca de presuntos actos de corrupción 

en la Policía Nacional Civil.  

	Si se añade a este sombrío panorama, la 

inmovilidad de la sociedad civil, puesta de manifiesto en su 

debilidad organizativa y en su fragmentación, la 

situación se vuelve más preocupante. Sin una sociedad 

civil fuerte, organizada y con capacidad de movilización y 

de presión, los derroteros del país se vuelven 

más inciertos. En un escenario en el que prevalecen 

comportamientos políticos arcaícos y en el que la 

prepotencia gubernamental se oculta cada ves menos, es importante 

que la sociedad cobre civil protagonismo y haga resistencia a los 

peligros de una involución autoritaria en ciernes.

	Tras la firma de los Acuerdos de Paz, todo era optimismo en El 

Salvador. Había razón para ello, pues el proceso de 

transición recibió un empuje decisivo con los 

históricos documentos. En la actualidad, es cada vez 

más claro que los Acuerdos de Paz se han agotado y que, pese 

a ello, la transición democrática no se ha encauzado 

en una dirección irreversible. La amenaza de una 

involución autoritaria no debería tomarse a la 

ligera, como si fuese producto de mentes enfermizas o bandera de 

lucha de los  " enemigos "  de la paz y la democracia. 

Lo alcanzado hasta ahora en el país no garantiza de que 

pueda emerger un autoritarismo de nuevo tipo que de al traste con 

lo poco bueno que existe. 

	El Salvador atravisa un momento sumamente difícil, 

extremadamente inestable y con niveles de conflictividad social que 

amenazan con desbordar hacia situaciones insospechadas. Lo peor de 

todo es que los actores sociales, políticos y 

económicos se resisten a caer en la cuenta de la gravedad 

del momento actual; no hay agendas ni proyectos que realistamente 

se hagan cargo de los problemas cruciales del país. Es 

decir, el país marcha a la deriva, sin conducción y 

sin rumbo claro. Y un ambiente así se vuelve propicio para 

las salidas de fuerza, desde el poder y sin restricciones, esto es, 

para las salidas autoritarias.

	Quienes han creído que la transición hacia la 

democracia es un asunto resuelto deberían repensar con 

seriedad y honestidad sus presupuestos más queridos. Un 

excesivo optimismo puede conducir a posiciones ilusorias y 

peligrosas no sólo para quienes individualmente han logrado 

hacerse un espacio en la incipiente democracia salvadoreña, 

sino para instituciones y grupos sociales más amplios que, 

so pretexto de defender los  " espacios democráticos" , 

pueden desatenderse de aquellos aspectos de la democracia 

que involucran y afectan la vida de amplios sectores de la 

población.

	La ANEP en su Manifiesto salvadoreño clama por la 

elaboración de una teoría de la transición a 

la democracia, lo cual es totalmente legítimo. Pero la ANEP 

también debería preocuparse -y junto con la gremial 

todos los actores socio-políticos y económicos del 

país- por la elaboración de hipótesis y 

reflexiones acerca de una posible involución autoritaria. 

Como está el país, más vale estar prevenidos 

que pecar de confiados.  







	           Las campañas electorales

	             

	Este año es un año prelectoral. A medida que nos 

vayamos acercando a 1997, los distintos partidos políticos 

irán afinando los componentes de la estrategia a seguir para 

hacerse de una cuota de poder aceptable a los intereses partidarios 

o para hacerse del espacio necesario para poder negociar con otras 

fuerzas políticas. No cabe duda de que al interior de las 

estrategias político-partidarias las campañas 

propagandísticas ocupan un lugar de primera importancia. Y 

es que los resultados electorales dependen, aunque no 

exclusivamente, del tipo de campaña diseñado; es 

decir, de la habilidad y sagacidad de los partidos para promoverse 

con un marketing que los haga atractivos para los electores. 

	Cualquiera diría que al comportarse de esa forma los 

partidos políticos se comportan como vendedores y los 

votantes como compradores, y ciertamente ello es así, al 

menos en la concepción predominante de la política en 

nuestros días. En efecto, en la actualidad, distintos 

politólogos defienden la idea de que la política 

funciona según las reglas del mercado; esto es, que los 

partidos son instituciones que compiten entre sí por el voto 

de los electores, quienes  " compran "  con este voto 

el proyecto que les es ofrecido como mercancía durante cada 

periodo electoral. Los partidos hacen una oferta política y 

los votantes deciden si la compran o no; el partido que logra 

vender mejor su producto es el partido de mayor éxito, el 

partido que ve maximizados sus beneficios. 

	Por supuesto que para vender un producto hay que 

promocionarlo; y los partidos dedican buena parte de sus recursos 

para ello. Se trata de hacer que el proyecto político 

ofrecido (el producto) sea atractivo para los electores, para lo 

cual es importante la imagen del mismo. Una imagen que guste, que 

impacte los sentidos, que sea fácil de recordar e 

identificar por el segmento del mercado al que se quiere acceder. 

Pero también se trata de promocionar un producto apelando a 

su calidad, sobre todo en un mercado saturado de ofertantes. Y la 

calidad del producto ofrecido por los partidos (es decir, los 

proyectos políticos) se mide por el contenido de los mismos, 

por la claridad para plantear los principales retos de la sociedad, 

la estrategia para enfrentarlos y los costos que ello va a suponer. 

 	En otras palabras, la mercancía política para 

venderse requiere de una forma y un contenido. Dependiendo de 

cuán buenos sean ambos -de cuán superiores sean a los 

ofrecidos por los competidores- así será su 

posibilidad de ser adquirida por los compradores de proyectos 

políticos. De aquí que sea una preocupación de 

primera importancia dedicar esfuerzos (invertir) en mejorar la 

calidad del producto, así como en mejorar su imagen. 

	En buena medida, todos los partidos tienden a aceptar esta 

lógica mercantil; y si no, allí están los 

reveses electorales que les hacen caer en la cuenta de esta 

realidad tan poco digna de esa actividad que se consideró, 

entre los griegos, como una de las más nobles. Quien en la 

política contemporánea no asume con un mínimo 

de consecuencia las reglas del mercado está condenado al 

fracaso; quien piensa que basta con un proyecto sustantivo de 

gobierno y que la forma en que el mismo es presentado no cuenta, 

pues sencillamente está compitiendo mal. Al igual que lo 

hace quien pretende vender puras imágenes, por atractivas 

que sean, y se olvida de presentar proyectos con algún tipo 

de viabilidad económica, política y social.

	En El Salvador, los partidos políticos lentamente han 

comenzado a asumir -y no sin resistencias- la competencia por el 

voto de los ciudadanos como una realidad de mercado. En la 

década de los 70, la exclusión de competidores de 

izquierda y el fraude descarado impidieron que se pudiera 

desarrollar la lógica del mercado en la política. 

Durante los 80, pese a que esa lógica comenzó a ganar 

algún espacio, la guerra civil y la aún vigente 

exclusión de la izquierda no permitieron su avance 

más allá de lo que toleraban las exigencias de la 

guerra. Después de la firma de los Acuerdos de Paz, las 

cosas comenzaron a cambiar notablemente. Así, en 1994, hubo 

un ejercicio de competencia entre los principales proyectos 

ideológico-políticos (la izquierda, el centro y la 

derecha) y, de alguna manera, los competidores se asumieron como 

tales: como vendedores de proyectos de político-

económicos. 

	Ciertamente, los partidos no fueron totalmente coherentes con 

la opción mercado, aunque hubiesen accedido a jugar con 

ella. Y ello porque o manejaron una concepción reduccionista 

de lo que es pensar la política como mercado o porque no 

contaban con la experiencia y habilidad para ello. El FMLN -y los 

demás partidos de izquierda que se vincularon a él en 

la coyuntura electoral del 94- compitió, pero no 

compitió; llevó ante los electores un proyecto poco 

claro, sin una agenda de problemas a enfrentar y, por ello, sin una 

propuesta de solución factible. Pero lo que es peor, lo que 

ofrecía el FMLN fue ofrecido mal, con poco atractivo, con 

una imagen pésimamente concebida. 

	ARENA, con más experiencia, con recursos casi 

ilimitados, asumió las elecciones como una competencia de 

mercado. Pero, en su perspectiva, de lo que se trataba era de 

promover única y exclusivamente la imagen del producto (su 

proyecto político-económico), dejando totalmente de 

lado la promoción de su contenido y, en consecuencia, su 

calidad. De este modo, muchos de quienes compraron el producto 

ofrecido por ARENA lo hicieron motivados por el bonito envase de 

presentación del mismo, y no por lo que éste llevaba 

en su interior. Este contenido se reservó para 

después, y es el que está rigiendo, para bien o para 

mal, la vida de los salvadoreños en la actualidad. 

	Del resto de partidos que participaron en las elecciones de 

1994 -el MAC (ya desaparecido), el MSN, el PCN y el PDC-, cabe 

decir que no sólo fueron incapaces de hacerse de una imagen 

que fuese atractiva para un número suficiente de votantes, 

sino que además fueron incapaces de elaborar una propuesta 

que pudiera ser evaluada por éstos. Si el talón de 

Aquiles del FMLN y la coalición estuvo en una  " 

campaña que tuvo problemas de fondo [y en] la falta de un 

mensaje común coherente e integrador "  (ECA, 545-546, 

marzo-abril de 1994, p. 221), la astucia de ARENA consistió 

en que diseñó una campaña publicitaria (forma) 

sumamente elaborada que, a la vez que hizo atractivo su proyecto 

(contenido) para un número significativo de electores (651, 

632 en la primera ronda y 818, 264, en la segunda ronda de 

votación para elegir presidente y vicepresidente), lo 

mantuvo  " oculto " .

	Para la coyuntura electoral de 1997, nuestro mercado 

político tendrá ofertas de los principales partidos 

que participaron en el 94 (FMLN, ARENA, PCN, PDC, MU, MSN, CD). 

Pero también habrán nuevas ofertas: el PD y el PRSC. 

Es decir, habrá productos de derecha, de centro y de 

izquierda; de centro derecha y de centro izquierda. Cada uno de 

ellos querrá venderse mejor; esto es, cada uno ellos 

querrá ser comprado por un mayor número de votantes. 

Y, por supuesto, para alcanzar ese objetivo tendrán que 

promoverse publicitariamente. Aquí será crucial la 

imagen que cada uno de ellos logre forjarse, la cual ciertamente 

tiene que ser atractiva para los electores. 

	La  " envoltura " , como lo demostró ARENA 

en el 94, es clave para atraer compradores; incluso puede ser tan 

decisiva que haga obviar el contenido del  " frasco " . 

Pero también es un dato inobjetable que los  " 

clientes "  en la política (al igual que en otros 

ámbitos del mercado) se preocupan también por la 

calidad, y que ésta puede ser decisiva para que un producto 

pueda ser nuevamente adquirido o sea rechazado en una nueva 

oportunidad de compra. Los electores pueden ser  " 

manipulados "  por la imagen, pero ello no será 

siempre así. También es importante su calidad. 

Cabría esperar que ambas cosas -imagen y calidad- fuesen 

componentes esenciales en las estrategias de los partidos 

políticos en la campaña electoral de 1997 y en las 

campañas electorales siguientes.   







	         Nuevas tarifas telefónicas



	La privatización de las telecomunicaciones ha sido 

presentada como una forma de que los usuarios accedan a menores 

tarifas telefónicas; sin embargo, en la práctica, los 

planes gubernamentales dejan entrever que esta reducción no 

es aplicable en todos los casos. Según anuncios de la 

Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), a 

partir de agosto entrará en vigencia una nueva tabla de 

tarifas cuyas características más notorias son un 

incremento de las tarifas locales y una disminución de 

algunas internacionales.

	El hecho de que esta medida se adopte precisamente en el 

momento en que se han dado los primeros pasos para proceder a la 

privatización de ANTEL denota, entre otras cosas, que existe 

una clara política de ampliación de los ingresos de 

ANTEL, cuya motivación podría ser el logro de una 

situación financiera atractiva para posibles inversores, 

aún y cuando ello suponga colocar mayores costos sobre los 

usuarios.

	De esta forma, la privatización de las 

telecomunicaciones amenaza con convertirse en un descontrolado 

incremento de las tarifas, pues la propuesta tarifaria supone 

fuertes incrementos en las llamadas locales, precisamente las que 

representan la mayor parte de las llamadas efectuadas en el sistema 

nacional.

	Evidentemente, esta política de reajustes está 

en abierta contradicción con las supuestas bondades de la 

privatización, en especial con la pretendida 

reducción de las tarifas que, según el gobierno, 

acarrearía. Como se evidencia a continuación, el 

ajuste tarifario tiene una connotación negativa para la 

mayor parte de los usuarios nacionales porque las rebajas en las 

llamadas internacionales son menos importantes que los incrementos 

en las llamadas locales.

	La reforma tarifaria de ANTEL diferencia entre las tablas de 

tarifas nacionales y las internacionales. En el primer caso, se 

contempla un incremento en la cuota fija tanto para fines 

residenciales como comerciales, una reducción de la 

duración del impulso local desde 1 minuto a 20 segundos, un 

incremento de los impulsos libres desde 100 a 300 impulsos, 

mantenimiento del valor del impulso en 0.05 colones y, finalmente, 

una reducción de los derechos de instalación desde 

los 3,000 a los 2,600 colones.

	Las tarifas internacionales, por su parte, contemplan 

disminuciones que en la mayor parte de las casos superan el 50% de 

las tarifas anteriores. Unicamente el caso de las llamadas a 

Centroamérica y Panamá se han mantenido las tarifas 

actuales. Es importante destacar que, a diferencia de las tarifas 

nacionales, las tarifas internacionales continúan 

basándose en impulsos de un minuto de duración.

	En el caso de las tarifas nacionales destaca que al analizar 

los diferentes movimientos se descubre que el costo por minuto se 

ha incrementado fuertemente. Aunque se mantengan las tarifas del 

valor del impulso en 0.05 colones, al reducirse estos de 1 minuto a 

20 segundos provoca que el valor del minuto se triplique, llegando 

a representar un valor equivalente a tres impulsos de 0.05 colones, 

es decir, 0.15 colones.

	Por la misma reducción de la duración del 

impulso, el incremento de los impulsos libres desde 100 a 300 en 

realidad siempre suman los mismos 100 minutos y no implica 

ningún cambio favorable para los consumidores. Así, 

los cambios en las tarifas nacionales apuntan hacia un incremento 

de los costos de las telecomunicaciones por dos razones: en primer 

lugar, por el incremento de 76.7% en la cuota fija al sector 

residencial y de 112% para el comercial; y, en segundo lugar, por 

un incremento en el valor del minuto telefónico. El 

único efecto deflacionario ha sido experimentado por los 

derechos de instalación que se redujeron en un 13.33% al 

pasar de 3,000 a 2,600 colones.

	El caso de las tarifas internacionales es diferente, pues se 
han experimentado importantes reducciones en el valor del minuto 

que favorecen especialmente a los consumidores que efectúan 

llamadas al exterior, aunque exceptuando Centroamérica y 

Panamá. Curiosamente, estos países son los que 

concentran la mayor cantidad de llamadas y minutos del sistema 

nacional de comunicaciones al grado que para principios de esta 

década representaban cerca de un 55% del total de minutos 

consumidos en llamadas internacionales. Esto implica que los 

efectos de la reducción de las tarifas internacionales en 

realidad solamente afectan a la mitad del volumen de llamadas del 

sistema.

	El impacto final de los nuevas tarifas telefónicas 

dependerá de la composición del total de impulsos 

según sean estos nacionales o internacionales. 

Evidentemente, una familia cuya mayor parte o totalidad de llamadas 

son locales experimentará un fuerte incremento de sus costos 

de comunicaciones. Según datos de ANTEL, para 1991 la 

composición del mercado telefónico era la siguiente: 

17,555,600 minutos fueron utilizados para llamadas internacionales, 

mientras que 92,500,000 minutos correspondían a llamadas 

locales; es decir que del total de minutos consumidos un 84% 

correspondieron a llamadas nacionales y solamente un 16% a 

internacionales.

	En suma, el ajuste tarifario de ANTEL tiene dos implicaciones 

fundamentales: una reducción de tarifas internacionales 

sólo para el volumen de llamadas menos numerosas (todo el 

mundo menos Centroamérica y Panamá) y un aumento de 

tarifas para el volumen de llamadas más numerosas 

(nacionales). En consecuencia, lo que se esta promoviendo es un 

traslado de los costos telefónicos desde los consumidores de 

llamadas internacionales hacia los consumidores de llamadas 

locales.

	Resulta llamativo el hecho de que el incremento en las tarifas 

telefónicas ha querido disfrazarse de una aparente 

mantenimiento de las tarifas locales anteriores; en realidad, la 

reducción de la duración del impulso opera 

exactamente como lo haría una triplicación de su 

valor.

	Los incrementos en las tarifas locales coinciden con el inicio 

del proceso de privatización de ANTEL y sugieren que, 

contrariamente a lo esperado, las tarifas telefónicas 

locales se incrementarán aún más con el 

traslado de las telecomunicaciones a manos privadas. Las tarifas 

internacionales, en cambio, podrían experimentar una 

importante disminución resultado de la mayor competitividad 

de empresas internacionales de las telecomunicaciones.

	Debido a la mayor participación de las llamadas locales 

en el mercado nacional puede anticiparse que el ajuste tarifario, y 

muy probablemente, la privatización misma, causará un 

importante incremento del costo de las telecomunicaciones e 

impactará de esa manera también sobre el ritmo 

inflacionario. 

	Al igual que en otros países de América Latina 

los procesos de privatización en El Salvador parecen 

anunciar un incremento desproporcionado no sólo de las 

tarifas telefónicas, sino también de las tarifas de 

los servicios básicos en general. Incluso el caso 

paradigmático para los defensores la privatización, 

Chile, reporta que muchas familias se encuentran endeudadas con 

empresas de servicios básicos debido a la considerable 

elevación de las tarifas.

	Evidentemente el discurso oficial sobre la 

privatización de ANTEL oculta los verdaderos intereses que 

mueven el proceso y los cuales distan mucho de pretender una 

reducción de las tarifas telefónicas. El servicio 

telefónico es poseído por una reducida 

proporción de las familias (12%) y por ello sus efectos 

sobre la población no serían tan amplios como 

podrían ser los resultantes de un alza en las tarifas de la 

electricidad y el agua potable. 

	Con todo, el caso de la telefonía muestra que es 

necesario adoptar un marco jurídico e institucional que 

regule las privatizaciones, pues no sería extraño que 

este incremento de las tarifas locales de teléfono sea 

sólo el primero de una serie a ser implementados en los 

próximos meses.





	

La problemática de los estudiantes de medicina de la 

Universidad de El Salvador	



	Es cosa sabida como la Universidad Nacional jugó un 

papel decisivo en las décadas de los 60 y los 70. El que 

fuera un espacio para la discusión abierta de las ideas y la 

alta calidad académica que se impartía 

propició que de su interior surgiera el pensamiento de 

avanzada que se opuso a los regimenes de turno. Este papel 

protagónico implicó, por supuesto, la 

represión y, paradójicamente, la pérdida de 

los lineamientos educativos más básicos. Una cosa es 

que la calidad educativa permitiera el entender mejor y más 

radicalmente la realidad de El Salvador y a partir de ello generar 

una dinámica que buscara transformar una situación 

que a todas luces era injusta e intolerable, y otra sustituir la 

calidad académica por fórmulas preconcebidas de lo 

que es o era la realidad y de la manera en que ésta 

debía ser transformada. Fue así como paulatinamente 

la emergencia por encontrar vías de solución a la 

situación del país fue dando lugar al inmediatismo, 

los más diversos esquematismos y, finalmente, al dogmatismo. 

De las antiguas glorias de la Universidad Nacional ahora 

sólo queda un campus en ruinas, un cuerpo de docentes con 

multitud de problemas internos y externos  y un estudiantado que ve 

comprometida su educación frente a estos factores.

	A lo anterior hay que añadir la particular 

disposición de los estudiantes, de ciertos sectores de 

ellos, a reaccionar visceralmente frente a las problemáticas 

que se les presentan. En la historia reciente de la Universidad han 

sido más que frecuentes los paros estudiantiles como 

respuesta a los conflictos entre ellos y las autoridades de la 

institución. Al parecer, ciertos estudiantes han tendido a 

pensar que la única forma de resolver una situación 

es efectuando medidas de hecho (cosa comprensible si se tiene en 

cuenta la herencia ideológica legada por las generaciones 

universitarias de la guerra), olvidando con ello el camino del 

diálogo y la negociación. Por ello, la amenaza de la 

paralización de las labores educativas ha sido siempre un 

factor que las autoridades y catedráticos de la Universidad 

han debido tener en cuenta antes de tomar una decisión o 

efectuar un cambio de relevancia (agréguese esto 

último a la lista de razones del atraso de dicha 

institución). El ser concientes de esta tendencia de los 

estudiantes a mantener una actitud beligerante y en ocasiones 

francamente irracional e interesada es útil para  analizar 

los continuos conflictos entre las autoridades del Ministerio de 

Salud y los estudiantes de medicina de la Universidad Nacional que 

realizan su servicio como médicos internos en el Hospital 

Rosales.



Algunos precedentes	

	La problemática entre los estudiantes de medicina de la 

Universidad Nacional que realizan su período de interinato y 

las autoridades del Ministerios de Salud y el Hospital Rosales no 

es nada nuevo. En julio y agosto del año pasado ambos 

entraron en choque cuando el Ministerio de Salud anunció su 

determinación de desmonopolizar las plazas para medicos 

internos en el sistema hospitalario nacional, cediendo parte de 

ellas para estudiantes de las universidades privadas, y efectuar 

exámenes de competencia (psicológicos y de 

habilidades) para determinar quien obtenía una plaza y quien 

no.

	Los estudiantes y autoridades de la Universidad Nacional se 

oponían a la repartición de plazas porque 

argumentaban que la constitución dictaba que cada una de las 

418 plazas renumeradas pertenecían exclusivamente a los 

estudiantes de medicina de la institución educativa estatal, 

por lo que se negaban rotundamente a que el 40 por ciento de ellas 

fuera puesta a la disposición de las universidades privadas. 

Por otra parte, argumentaban que el realizar un examen de aptitudes 

para optar a las plazas dejaba  " sin validez la 

formación profesional "  de la universidad. Al no 

fructificar sus pedidos, los médicos internos optaron por 

realizar una huelga que duró dos semanas y puso en serie 

aprietos al servicio médico estatal. Presentaron, 

además, un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para 

que ésta analizara la validez de sus reclamos y emitiera un 

fallo definitivo sobre el asunto.

	Por su lado, el Ministro de Salud, Eduardo Interiano, y la 

directora del Hospital Rosales, Mabel Fisher, argumentaban que las 

plazas sólo podían otorgarse en función del 

presupuesto con que en ese momento se contaba, el cual no alcanzaba 

a cubrir los costos de las 418 plazas, por lo que la 

solución idónea era realizar un examen para  dividir 

a los médicos internos entre médicos de plaza pagada 

(los que hubieran alcanzado las mejores resultados en las pruebas) 

y médicos de plaza ad honorem sin retribución 

monetaria (los de más baja calificación en el examen 

de aptitudes). Anadían que los artículos en torno al 

derecho único de las plazas a favor de la Universidad 

Nacional era ambiguo y ya había sido sometido a reformas 

anteriormente, por lo que sí cabía incluir a las 

universidades privadas. Al final la apertura de las plazas se 

mantuvo y la posibilidad de aplicar el examen de aptitudes fue 

descartada.

	A  finales de enero de este año un nuevo conflicto se 

originó cuando el Ministerio de Salud dio a conocer un plan 

financiar las plazas que el presupuesto no alcanzaba a cubrir 

destinando una parte del presupuesto hospitalario para ello. Tanto 

los médicos residentes (médicos graduados que cursan 

una especialidad) como los médicos internos se opusieron 

tajantemente a tal medida, puesto que aplicarla significaría 

medrar el ya exiguo presupuesto de los hospitales públicos. 

Ante la fuerte oposición, el Ministerio de Salud 

desistió de llevar a cabo tal medida.



Nuevo conflicto por las plazas

	La raíz de esta nueva problemática se halla en 

un acuerdo supuestamente firmado en marzo de este año por el 

 Ministerio de Salud y los decanos de las facultades de medicina 

(entre ellos Rolando Espinoza de la Universidad Nacional), en el 

que se decide modernizar las instituciones hospitalarias a 

través de limitar las fechas de asignación de plazas 

a una sola: a principios de enero, en lugar de enero y julio como 

se venía realizando. Para los estudiantes de medicina, tal 

acuerdo rompe con los que se habían firmado en agosto del 

año pasado para resolver la anterior crisis. Curiosamente, 

Rolando Espinoza, ante el descontento de los estudiantes de 

medicina, afirma que  " no ha estado, no está, ni 

podrá estar nunca de acuerdo con las medidas tomadas por el 

Ministerio de Salud "  en lo referente al cambio de fecha de 

asignación de las plazas,  pese a que su firma aparece en el 

acta donde se decide tal cambio.

	Además de la razón expuesta, los estudiantes 

alegan que al vencer los contratos en julio de este año y al 

no poderse renovar, pues se debe de esperar hasta enero del 

próximo año para una reasignación de las 

plazas, el Hospital Rosales está pasando por una falta de 

personal médico que ha aumentado la mortalidad entre los 

pacientes ingresados. Como respuesta a ello, la directora del 

Hospital Rosales afirmó, el 6 de julio, que el vacío 

de médicos internos se supliría mediante la 

contratación de aproximadamente 20 médicos 

residentes, lo que hasta la fecha de este escrito no se ha hecho 

realidad. Luego de varias amenazas, y en un marco de inflexibilidad 

de las posiciones, los estudiantes de medicina iniciaron un huelga 

el 10 de julio en el Hospital Rosales.



Consideraciones

	La serie de medidas adoptadas por el Ministerio de Salud, 

tanto de este año como el anterior, no muestran más 

que la absoluta falta de una planificación lúcida 

en la administración del sistema hospitalario del 

país. El haber decidido trasladar la fecha de 

contratación de médicos internos a enero cuando los 

contratos vencían en julio no puede ser considerado 

más que como una torpeza imperdonable, ya que se deja sin 

recursos humanos a un servicio de por sí deficiente. 

Además, no es claro como se modernizará el servicio 

hospitalario mediante un simple cambio de fechas, ello 

debería ir orientado más bien a elevar el 

presupuesto asignado y mejorar, como condición ineludible, 

el servicio que se presta en él. En este sentido la medida 

ha tendido más a propiciar lo contrario.

	En lo que respecta a la actitud de los estudiantes de 

medicina, es difícil creer que tengan algún 

interés por el bienestar de sus pacientes o del sistema 

hospitalario en general cuando realizar huelgas y paros como 

primera opción para hacer oir sus demandas. Que las 

autoridades de la Universidad Nacional en lugar de proponer 

formas de presión que no perjudiquen a los pacientes 

apoyen incondicionalmente las demandas de los estudiantes, es 

signo de la poca o nula independencia que guardan de los deseos y 

arrebatos de éstos. De ninguna manera el interés 

particular de unos cuantos, o el interés de una 

institución por no crear conflictos a su interior, puede a 

nteceder a los intereses de la población 

salvadoreña que acude a los servicios de salud 

pública.







		Reunión de presidentes de Centroamérica y 

Chile



	El día 12 de julio se celebró en San 

José, Costa Rica, una Reunión de Presidentes de 

Centroamérica y Chile a la que asistieron los mandatarios 

de Guatemala, Alvaro Arzú; Honduras, Carlos Roberto Reina; 

El Salvador, Armando Calderón Sol; Costa Rica, José 

María Figueres; Chile, Eduardo Frei; la Vicepresidenta de 

Nicaragua, Julia Mena; y, en representación del Primer 

Ministro de Belice, Elodio Aragón. 

	La reunión trató, entre otros puntos, los 

siguientes: el impulso comercial y la inversión en la 

región; la cooperación horizontal entre 

Centroamérica y Chile; y la incorporación de este 

último país como socio extrarregional al Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE), al 

que ya están integrados Argentina, Colombia, México 

y Taiwan.



Logros alcanzados

	Los mandatarios de Centroamérica y Chile acordaron en 

San José crear una comisión de  " alto nivel"  

que inicie, a la mayor brevedad posible, las 

negociaciones para un acuerdo de libre comercio de bienes y 

servicios, incluyendo turismo, promoción de las 

inversiones y la cooperación. La comisión, que 

estará coordinada por los ministros de Relaciones 

Exteriores, tendrá que presentar un informe en un plazo de 

seis meses, el cual será analizado por los cancilleres y 

los titulares de Comercio de estos países para tomar las 

decisiones correspondientes. Asimismo, acordaron la 

consolidación del proceso de integración 

centroamericana, así como la incorporación de Chile 

al MERCOSUR.  	Además de lo ya apuntado, se logró 

que el Presidente Frei manifestara su disposición de 

avanzar en la incorporación de su país al BCIE, 

como un socio fuera de la región. Como una muestra de la 

disposición para avanzar en esa iniciativa, Chile ha dado 

un paso abriendo una línea de crédito de 20 

millones de dólares al BCIE, destinados a financiar 

importaciones de los países miembros del banco para 

adquirir bienes de capital y servicios de ingeniería y 

montaje de origen chileno. En la declaración firmada, los 

gobernantes expresaron la urgente necesidad de promover un amplio 

apoyo internacional para la firma de los acuerdos de paz en 

Guatemala, siendo esta la nación centroamericana que 

todavía subre una cruenta guerra.

	Cabe destacar que en el nuevo contexto de la 

globalización, los conflictos armados que se libran 

todavía en algunos países, lejos de atraer a los 

inversionistas los ahuyentan. Precisamente porque los conflictos 

armados no garantizan una estabilidad para invertir, se impone la 

urgente necesidad de terminar con la guerra que padece desde hace 

muchos años el istmo y de manera particular Guatemala.

	El documento hace énfasis en la importancia que 

tienen las elecciones en Nicaragua, que se celebrarán el 

próximo 20 de octubre, esperando que ello contribuya a 

consolidar el régimen democrático. Tal 

preocupación es válida justamente porque la actual 

situación que se vive en Nicaragua lejos de ser 

beneficiosa para la región, continúa siendo un 

obstáculo para alcanzar una mayor estabilidad 

política en el área.

	En esta misma reunión de presidentes se supo que el 

gobierno de Estados Unidos había cancelado la visa de 

entrada a ese país al presidente de Colombia, Ernesto 

Samper, lo cual hizo que los mandatarios discutieran la medida y 

que pidieran a los cancilleres elaborar una declaración en 

la que los presidentes de Chile y Centroamérica 

manifiestan su inconformidad con la decisión 

estadounidense. Según los mandatarios,  " la 

institucionalidad democrática de Colombia debe ser 

respetada " , precisamente porque el Congreso Nacional 

colombiano  " ha exonerado de culpa al presidente Samper" . 

El comunicado es claro cuando afirma que la medida es 

intervencionista y que irrespeta los principios del derecho 

internacional. Continúa afirmando el comunicado que  

" la no intervención en los asuntos internos de los 

Estados y el respeto a la soberanía nacional constituyen 

elementos básicos de Derecho Internacional que 

guían las relaciones entre los países del 

hemisferio " . Aquí es importante destacar que la 

medida tomada por Estados Unidos es improcedente, pero es 

más importante tener presente que no es la primera vez que 

esta nación irrespeta la soberanía y la libre 

autodeterminación de los pueblos latinoamericanos. 

	Finalmente, cabe esperar que esta reunión sostenida 

entre los países centroamericanos y Chile sea de gran 

provecho para el istmo, sobre todo en este momento en que la 

globalización demanda mayor capacidad para competir con 

otras regiones del mundo que han avanzado más que el 

área centroamericana.  







			Libertad de expresión? 



	Descontento y protestas ante la injusticia social y la falta 

de espacios para la participación amplia de la 

población; represión generalizada o selectiva, y 

diversas formas de violencia política; impunidad y guerra; 

diálogo, negociación, acuerdos y 

verificación internacional... Así de 

difícil, doloroso e intenso ha sido nuestro país 

durante los últimos veinte años; después de 

todo eso era lógico y deseable imaginar que algo realmente 

esencial hubiese cambiado en estas tierras, en su sociedad y en 

las formas de relacionarse entre sus integrantes. Sin embargo, 

parece que -de fondo- es muy poco e irrelevante lo que se ha 

modificado. Esa y no otra es la conclusión a la que puede 

llegar quien, de manera objetiva, dedica un momento de su tiempo 

a examinar lo que se encuentra tras la captura del director del 

vespertino  " Co-Latino " , Francisco Elías 

Valencia.

	Los hechos ya han sido suficientemente publicitados dentro y 

fuera del país desde el pasado viernes 12 de julio, fecha 

en la cual se produjo la detención y posterior 

liberación del periodista, quien tuvo que desembolsar 10 

mil colones en concepto de fianza para no contribuir con su 

humanidad al hacinamiento dentro de las cárceles 

nacionales. Sobra, pues, volver a relatarlos y -salvo alguna 

opinión sumamente confusa y esquiva, que ya no debiera 

extrañar a nadie- lo que sí vale la pena destacar 

primero sobre el caso son las numerosas e inmediatas expresiones 

de solidaridad enviadas a Valencia y de condena contra los 

responsables de que tal situación se haya producido.	

	Sorpresas hubo entre las muestras de apoyo; ojalá 

éstas sean cada vez más frecuentes y, sobre todo, 

sinceras; pero son las manifestaciones de condena externadas las 

que nos posibilitar arrancar con nuestra reflexión. Es 

indudable que se deben expresar las críticas más 

enérgicas sobre la actuación del juez quinto de lo 

penal, quien libró las órdenes de captura; de igual 

manera, se deben denunciar y cuestionar ciertas fuerzas oscuras 

que -a pesar de todos los señalamientos hechos antes- se 

continúan moviendo al interior de la Policía 

Nacional Civil (PNC), organizando acciones  " encubiertas"  

cuyos propósitos son igualmente turbios, como 

sucedió también en esta ocasión cerca de las 

instalaciones de  " Co-Latino "  antes de la 

detención de Valencia. Hay que hacer esas críticas, 

pero no es suficiente quedarse únicamente ahí.

	Si Usted, estimado lector, toma los siete informes que Diego 

García Sayán -uno de los tres directores de la 

división de derechos humanos de la Misión de 

Observadores de las Naciones Unidas (ONUSAL)- envió al 

secretario general de la organización mundial para 

informarle sobre la situación en nuestro país se 

encontrará con que, de julio de 1992 a septiembre de 1994, 

éste era casi un  " paraíso "  en 

proceso de construcción. 

	Para ese abogado peruano -quien dejó un mal recuerdo 

entre las personas, nacionales y extranjeras, realmente 

comprometidas con la vigencia de los derechos y las libertades 

fundamentales en esta tierra- el diagnóstico de lo que se 

observaba acá en septiembre de 1994, al finalizar su 

período, era el siguiente:  " Los avances en el 

proceso de transición democrática y de 

consolidación del Estado de Derecho, previstos por los 

acuerdos de paz de El Salvador, se manifiestan en un cambio del 

ambiente político y social del país que tienen 

signos claros. La gradual apertura de espacios parece afianzar el 

diálogo y la concertación como los instrumentos 

democráticos legítimos para el ejercicio de las 

relaciones sociales y la solución de las controversias, a 

la vez que descalifican el recurso a la violencia en todos los 

órdenes, hecho que trae consigo un clima de 

distensión y sosiego para el ejercicio de los derechos y 

las libertades fundamentales " .

	Esa era la idílica visión de García 

Sayán y su segundo de a bordo -el también peruano 

Manuel Rodríguez Cuadros, aún entre nosotras y 

nosotros- sobre un país donde lo que se necesitaba con 

urgencia, en ese entonces, era un análisis objetivo y la 

presión fuerte sobre las partes para sentar las bases 

sólidas de las instituciones nuevas o renovadas que 

estaban surgiendo. Por el contrario, según estos 

personajes de lenguaje florido pero sumamente desinformativo, en 

esa época el  " proceso de fortalecimiento 

institucional "  comenzaba  " a superar sus 

vicisitudes para ser una realidad en marcha " ; 

además, daban cuenta de lo que quizás sólo 

ellos o muy pocos -igual que ellos- veían:  " se 

registran progresos en el sistema judicial, la 

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la 

Policía Nacional Civil y se perciben mejores condiciones  

para las recomendaciones pendientes en materia de 

administración de justicia y derechos humanos " .

	Estos funcionarios internacionales, pues, al haber brindado 

una información tan distorsionada, también son 

responsables de que en nuestro país se estén 

produciendo situaciones como la que nos ocupa ahora. Y para ser 

más precisos, en materia de libertad de expresión 

dijeron lo siguiente cuando -por última vez- tocaron el 

tema dentro de sus informes:  " Como en los períodos 

precedentes, la división de derechos humanos ha observado 

el respeto sustantivo por parte del Estado del derecho a la 

libertad de expresión. "  

	A diferencia de García Sayán y 

Rodríguez Cuadros, fue otra la actitud de las personas que 

estuvieron antes que ellos al frente de la división de 

derechos humanos de ONUSAL. Al terminar su mandato, Phillipe 

Texier hizo referencia al acuerdo de San José cuando 

abordó lo relativo a la libertad de expresión y, 

además, sostuvo que  " todas las fuentes consultadas 

coincidieron en afirmar que el hecho de que no exista, hasta el 

presente, una reglamentación jurídica del derecho 

de rectificación o respuesta constituía una 

limitación importante al pleno ejercicio de este derecho" . 

En ese marco, también destacó la necesidad 

de una legislación específica para garantizar la 

libre expresión y difusión del pensamiento.

	Dentro del  " clima de distensión y sosiego 

para el ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales 

"  que veían los citados abogados peruanos, en El 

Salvador no se han incrementado los espacios para fomentar la 

libertad de expresión. Por el contrario: desaparecieron 

dos rotativos -el semanario  " Primera Plana "  y el 

diario  " La Noticia " - y permanecen sin funcionar 

por disposiciones manifiestamente autoritarias, desde diciembre 

de 1995, diez radiofusoras que prestaban un enorme servicio a 

varias comunidades que -sin lugar a dudas- lo requieren para su 

desarrollo realmente participativo, tanto en lo económico 

y social como en lo político. 

	Dentro de ese  " clima " , también, se 

intentó aprobar lo que el gremio de periodistas 

calificó como  " Ley Mordaza "  y se sabe que, 

en la actualidad, se encuentra en estudio un artículo que 

pretenden incluir dentro del futuro Código Procesal Penal, 

con restricciones a la prensa; mientras tanto, a la fecha, 

aún no se decretan las normas legales necesarias para 

garantizar el libre ejercicio de un periodismo comprometido con 

el espíritu y la letra del acuerdo de San José 

sobre derechos humanos. 

	En este escenario, recientemente se han hecho llamados 

oficiales y extra oficiales para que las y los comunicadores sean 

objetivos y no  " ensucien "  la imagen del 

país. A dichas exhortaciones, el presidente de la 

Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) 

-Renán Alcides Orellana- respondió lo siguiente: 

 " En el periodismo salvadoreño es evidente 

actualmente que existe modernización y profesionalismo; el 

periodismo investigativo ha hecho suyo el papel fiscalizador de 

la sociedad, para cumplir con un derecho de la sociedad " . 

Lo preocupante es que en dicho marco, independientemente de lo 

que hayan dicho aquellos funcionarios peruanos de ONUSAL y tal 

como lo señalamos en este espacio (Proceso, 716), se 

publicitaron las amenazas contra  " ciertas personas que 

-a título individual o en representación de las 

instituciones con las que trabajan- han señalado o 

posibilitar que se señalen las serias deficiencias " 

 del llamado  " proceso salvadoreño " . 

	De acuerdo a todo lo anterior, pues, en esta materia las 

cosas no andan muy bien en el país. La captura del 

director de  " Co-Latino "  es condenable a todas 

luces, por la forma en que se dio y las posibles razones que la 

motivaron: intimidación y censura para su persona y el 

gremio; sobre todo cuando ésta se produce en un marco 

caracterizado por las condiciones adversas para el libre 

ejercicio de la profesión, ya que no existe -para la 

persona que la desempeña- una verdadera seguridad desde 

sus diferentes perspectivas: legal, económica e incluso 

personal. Y ojo: ese trabajo se anuncia cada vez más 

difícil pues se acerca un período electoral que, 

poco a poco, le irá subiendo la temperatura a un ambiente 

el cual -de por sí- ya se encuentra algo caliente por la 

inestable situación en la que vive una buena parte de la 

población, dentro del actual modelo llamado 

incorrectamente de  " desarrollo " . Modelo que, en 

los últimos días, ha generado -entre otras cosas- 

el despido de casi 300 empleados de telecomunicaciones y un 

drástico incremento en el precio de un alimento tan 

básico como los frijoles.

	Pero, además, el estado real del respeto a la 

libertad de expresión se encuentra mal en El Salvador por 

otras razones que van más allá de la 

situación del gremio periodístico, 

independientemente de que ésta sea siempre una referencia 

clave para su análisis. La libertad de expresión se 

encuentra indisolublemente vinculada a la participación 

consciente de la población y al derecho a la 

comunicación; de esa forma, para su examen se deben 

considerar aspectos tales como las posibilidades de criticar 

asuntos de fondo, el nivel de opinión y debate 

público, el grado de intercambio entre los diversos 

sectores sociales, la vigencia de las garantías 

políticas y judiciales, el acceso y la 

participación en los medios de difusión, así 

como la democratización de su propiedad. 

	Al observar uno a uno cómo se encuentran en nuestra 

tierra los anteriores aspectos, concluimos preocupados: no 

estamos nada bien. En ese escenario, la mayoría de 

salvadoreñas y salvadoreños no están 

ejerciendo el derecho a expresarse libremente y a comunicarse 

porque tienen miedo, porque sus prioridades cotidianas -vivir y 

sobrevivir- se lo impiden, porque tienen limitaciones 

estructurales para ello y/o porque, sencillamente, sus realidades 

vitales no son asuntos de interés para quienes deciden en 

estos campos.

	Así las cosas, ya es tiempo que en este país 

se empiecen a decir y a socializar las verdades: sobre lo que 

sucedió en el pasado y nos llevó hasta la guerra, 

lo que sucedió con los acuerdos de paz y nos tiene en esta 

situación de inseguridad, sobre lo que puede suceder en 

adelante de no asumir con responsabilidad las tareas más 

urgentes que se imponen para la construcción de una 

sociedad diferente, donde el grado de respeto a la libertad de 

expresión y al derecho a la comunicación sea 

-fuera de toda duda- indicador obligado para medir el nivel de 

democratización. Porque en aquel lugar donde los hombres y 

mujeres no pueden expresar sus opiniones y comunicarse libremente 

-sostiene Enrique Pedro Haba-  " tampoco está 

seguro ningún otro derecho, pues tienen cercenado el 

camino para conocer los abusos y hacer causa común contra 

éstos " .





Transcribimos a continuación el discurso del ex presidente 

de Costa Rica, Rodrigo Carazo, ofrecida en ocasión de la 

primera reunión del Movimiento Nacional para la 

Soberanía de Cuscatlán, sostenida el día 2 

de julio en el local de ATCEL. 



	

  Discurso del ex presidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo (I)



	Un saludo muy afectuoso a las personas y el agradecimiento 

por esta invitación a compartir con ustedes algunos 

pensamientos y experiencias que nos resultan muy útiles; 

pensamientos, experiencias, que viven conjuntamente nuestros 

pueblos: que sufren directamente nuestras naciones y que exigen 

que cada uno de nosotros haga el esfuerzo correspondiente por 

estar informado, por tener criterio claro y por enfrentar esta 

avalancha que vivimos, con la entereza que reclama de cada uno de 

nosotros la suerte de nuestros pueblos. Yo le digo a mis alumnos 

y a los compañeros de trabajo en estas lides, que los 

países de América Latina hemos estado sometidos al 

más grande proceso de aislamiento, que resulta 

inconcedible en la época de las comunicaciones. Es un 

proceso de comunicación de una sola vía, mediante 

lo cual recibimos lo que se nos quiere decir y que solamente 

contestamos con un sí, a veces lleno de duda pero 

desgraciadamente aceptado por grandes sectores de la 

población de nuestro país. Y digo cada vez que 

puedo que me resulta incomprensible como aquellos que 

están siendo agredidos y desposeídos de sus 

derechos y posibilidades de superación, como es que ellos 

siendo víctimas de lo que sufren, estén de acuerdo 

con las políticas económicas que están 

aprobando. Lo digo por mi país, porque a lo largo de 

muchos años hemos sufrido el invierno y mucha gente de 

nuestro pueblo está de acuerdo con las políticas 

impuestas por los organismos y naciones extrañas. La gran 

mayoría, la gente en general cree que no podemos hacer 

nada sin el Fondo Monetario Internacional, sin el Banco Mundial, 

sin el sometimiento a las políticas que estos organismos 

nos imponen. 

	Me van a perdonar que me tome unos minutos esta tarde para 

hacer una reflexión histórica de gran importancia 

que nosotros ignoramos. Dicen los que han estudiado los anales de 

los organismos financieros que mencioné que el origen del 

planteamiento para crearlos fue la reunión entre el 

Presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, con el Ministro 

Churchill, de la Gran Bretaña, y que esta plantemiento se 

hizo por primera vez cuando la Gran Bretaña con su Primer 

Ministro se acercaron a los Estados Unidos para pedir que este 

poderoso le declarara la guerra a los fascistas de Europa; 

entonces el Presidente Roosevelt le dijo al señor 

Churchill, que con mucho gusto nos metemos a esa guerra si el 

Imperio Británico se nos abre a nuestro comercio 

inmediatamente, para que nuestras actividades económicas 

puedan tener una proyección mundial porque el Imperio 

Británico está cerrado para el comercio exterior. 

	Entonces cuando uno escarba en la historia se va encontrar 

que las argumentaciones primeras que motivaron la 

participación de esta gran potencia en la segunda guerra 

mundial no fue la defensa de la libertad ni tampoco la defensa de 

los intereses de la humanidad sino la de los intereses 

económicos propios; esto está totalmente 

documentado en este tiempo, por supuesto que por aquella 

época de 1940-1941 no estaba al alcance del conocimiento 

del planeta. Cuando termina la guerra una de las primeras cosas 

que se hacen es producir una reunión en un lugar de los 

Estados Unidos llamado Bretton Woods y allí es donde se 

constituye el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y 

la tarea de estos organismos se orienta fundamentalmente a 

cumplir cuatro propósitos que son del conocimiento 

general, tres de ellos y otro está perfectamente explicado 

con la conducta de estas organizaciones; el primer objetivo es el 

de lograr equilibrio fiscal en todos los países de la 

tierra, para que ese equilibrio fiscal garantice el poder de 

compra del dinero, con el poder de compra de dinero los 

países estarán en capacidad de ser más 

fuertes financieramente. 

	 El tercero y muy importante objetivo de los organismos 

internacionales es que dotando de recursos financieros a 

través del equilibrio presupuestario y el de las 

exportaciones, los países del mundo están al 

día con sus acreedores financieros que son generalmente 

bancos de los países más desarrollados. 

Fíjense que los tres objetivos son financieros, pero el 

tercero es la razón de ser de los organismos y de las 

políticas de ajuste estructural que hoy estamos 

padeciendo. 

	Hay una cuarta y muy importante tarea que corresponde a 

estos organismos financieros que los expertos llaman la apertura 

del mercado financiero para las grandes empresas que mueven 

capital. Ese capital que se ha convertido en el instrumento de 

multiplicación de la riqueza y de concentración de 

los recursos, que se ha logrado no solo en siete países 

del mundo sino en algunos centros financieros de estos 

países, porque no es en todo el país. Esto es muy 

importante que lo tengamos en cuenta, las políticas 

financieras a nivel mundial han causado directamente efectos en 

la población de los países ricos y en el caso de 

los Estados Unidos han provocado la primera aparición 

multidinaria de pobres, desposeídos sin casa. La 

política que estoy denunciando revela que ya no se trata 

de una pelea solo entre los países ricos contra los 

países pobres, sino dentro de cada país. Dentro de 

cada país los grupos económicamente fuertes 

producen una concentración financiera en su beneficio, que 

hace que se multiplique la pobreza y que ésta se agudice. 

La filosofía imperante ha llegado a tal extremo que ya los 

jóvenes del mundo sufren una especie de Apartheid, la 

economía se diseña para beneficio de unos pocos que 

cuando tienen los recursos financieros se olvidan por completo de 

todos aquellos sectores de la población sin recursos de 

ninguna especie, a eso se debería que los programas de 

ajuste estructural busquen solamente la mejora de las cifras 

macroeconómicas; el tipo de cambio, es muy importante, 

así como el equilibrio presupuestario, el aumento de las 

exportaciones; en cambio dejó de ser importante hace mucho 

tiempo la calidad de vida reflejada en los mejores servicios 

hospitalarios, de salud, de educación para las grandes 

masas de la población; este deterioro ocurre inclusive en 

los países ricos, fíjense entonces como se ha 

venido a construir una especie de gran centro financiero 

internacional.

	En nuestras naciones ese capital agrega muy poca riqueza, la 

producción ya no interesa, ni siquiera la 

producción de naturaleza agrícola, los 

países cada día son más importadores de lo 

que se comen. Hoy leí en el periódico que se 

importan no sé cuantos millones de colones 

salvadoreños en carne y he visto anuncios en donde ya se 

habla de leche Neozelandesa. En mi país, con la 

pérdida de la capacidad productiva en el campo, se ha 

perdido la seguridad alimentaria por que la inversión 

financiera es la que más interesa a los que tienen 

recursos; entonces se emiten bonos, los bonos se venden y sobre 

todo si son del gobierno, se pagan altos intereses y los que 

colocan esa plata en bonos reciben mucho dinero, al recibir mucho 

dinero no quieren correr un riesgo montando fábricas y 

vuelven a invertir en más bonos del gobierno y es un 

círculo en donde no se crean fuentes de trabajo, en donde 

el gobierno se le quita cada día más recursos que 

necesita para su acción social y se orienta ese dinero 

para que pague sus intereses sobre su deuda externa, a que se 

abran las posibilidades de inversión a grandes capitales 

en actividades que produzcan dinero contante y sonante y 

jamás pérdidas; estas actividades son los 

servicios. ┐Qué pasa cuando alguien no paga la luz? -pasan 

la cuchilla verdad-, ┐y qué pasa cuando alguien no paga el 

teléfono? -lo mismo-, entonces no hay inversión 

más segura que ser dueño de una distridora de 

energía eléctrica, porque sencilla y llanamente el 

único riesgo que corren es que los clientes dejen de 

pagarle un mes y como las tarifas son favorables, la tarifa 

aguante un mes, pero si todavía el cliente quiere 

reinstalar su servicio, tiene que pagar una cantidad adicional, 

por lo cual fue un gran negocio, que alguien que no pague 

puntualmente, por que le van a cobrar más de lo que 

pagó normalmente en un mes.





CONTINUAN AMENAZAS. Un grupo de supuestos militares 

jóvenes salvadoreños, identificado como  " 

Comando Estratégico de Liberación Nacional Juventud 

Militar Arce " , envió un comunicado vía fax 

a distintos medios de prensa el 15.07 en el que amenazó 

con dar un golpe de Estado al Presidente Armando Calderón 

Sol si éste no destituye a varios funcionarios que, 

según la advertencia, están implicados en el  

" crimen internacional " . El grupo señala que  

" los acontecimientos diarios y la confrontación 

social ponen en evidencia que el Gobierno no está 

cumpliendo sus funciones " , asegurando que las acciones 

gubernamentales no han propiciado el bienestar general y  " 

la noble institución armada se ha mantenido cautelosamente 

observando el desarrollo de los acontecimientos con absoluta 

disciplina y obediencia " . Advierte a Calderón Sol 

que  " ponga orden en la república, limpie su 

gobierno, comenzando por destituir inmediatamente a su gabinete, 

a personalidades que sirven a intereses mezquinos del crimen 

internacional " .  " Debe actuar lo antes posible, de 

lo contrario asumiremos el control del Estado para que la 

gloriosa Fuerza Armada sea una vez más el símbolo 

del cambio y el brazo armado del pueblo " , indica la 

amenaza. El comando anónimo, que dice estar formado por 

oficiales superiores y subalternos del Ejército, 

también solicita al alto mando de la Fuerza Armada 

salvadoreña que investigue la corrupción de los 

militares pertenecientes a  " La Tandona " . A su 

vez, exige una investigación sobre los  " jefes "  

que dirigen el narcotráfico en El Salvador, entre 

ellos, señala al ex presidente Alfredo Cristiani y a su 

hermano Antonio, así como la  " conexión"  

con el Ministro de Seguridad, Hugo Barrera. Finalmente, 

afirma que también debe ser indagado Juan José 

Domenech, Presidente de ARENA, por ser el jefe del cuartel  

" Guanajato "  en El Salvador (ACAN EFE 15.07 y LPG 

16.07 p.42-a).





APOYAN LIBERTAD DE EXPRESION. El arzobispo de San Salvador, 

Fernando Sáenz Lacalle, pidió el 14.07 a los 

periodistas hacer uso de la libertad de expresión  " 

con responsabilidad " , al comentar la captura y posterior 

liberación del Director del diario Co-Latino.  " 

Especialmente es muy delicado en la profesión de ustedes, 

porque tiene un efecto multiplicador muy grande, por lo tanto, en 

ustedes cabe una mayor delicadeza en usar la libertad de 

expresión " , aseguró Sáenz Lacalle. 

El Director del vespertino, Francisco Elías Valencia, fue 

detenido el 12.07 por la PNC debido a una orden del Juzgado 

Quinto de lo Penal, donde enfrenta una acusación por el 

delito de difamación promovida por el subcomisionado 

Rafael Antonio González Garciaguirre. Sin embargo, la 

libertad le fue conferida luego de seis horas de arresto y la 

cancelación de una fianza de diez mil colones. El 

Arzobispo, Sáenz aseguró que sin duda debe de 

existir libertad de prensa, pero también debe haber 

respeto a la verdad y a la dignidad de las personas, valores que 

hay que defender,  " si alguien piensa que se le ha 

difamado o calumniado está en su derecho a reclamar, pero 

si resulta que no ha habido difamación o calumnia, 

entonces el perjudicado por la acción judicial puede 

exigir reparación "  afirmó el prelado. Por 

su parte, Elías Valencia sostuvo que no se 

retractará jamás ni revelará las fuentes que 

le proporcionaron la información sobre el supuesto 

involucramiento del subcomisionado González Garciaguirre 

en actos de corrupción, cuando fungió como subjefe 

de la DIC. El funcionario policial dijo estar dispuesto a  

" perdonar "  a Valencia, pero para ello tenía 

que  " retractarse de la información publicada" . 

La actitud de Valencia es respaldada por todas las 

gremiales de periodistas del país (LPG 15.07 p.3-a y EM 

15.07 p.3).