© 1996 UCA Editores
año 17
número 717
julio 10
1996
ISSN 0259-9864
Número monográfico
Los empresarios ante la nación
La empresa privada se manifiesta
Rompiendo una larga tradición, la Asociación
Nacional de la Empresa Privada se pronuncia a favor del pueblo
salvadoreño, al cual considera como la mayor riqueza del
país, por ser emprendedor, trabajador y voluntarioso. En su
manifiesto la empresa privada exalta las virtudes de los
emigrantes, pasando por los estudiantes, sin olvidar a la mujer del
mercado. Esta novedad es importante y por eso hay que tomarle la
palabra a la gremial. Existe conciencia de que la paz y la
democracia empujan hacia una sociedad próspera y más
humana, pero como tales cosas no vendrán dadas, la gremial
se plantea como desafío el conseguirlas.
El manifiesto propone superar la tentación de un
desarrollo excluyente, esforzándose por incluir y ofrecer
oportunidades a todos. Por lo tanto, la riqueza del país no
radica en la cantidad de su población, sino en sus virtudes
y en su cualificación. Obviamente, esto implica repensar la
organización de la sociedad. Los empresarios reconoce que el
camino no es fácil, pero al mismo tiempo consideran que no
hay alternativa si lo que se quiere es crecimiento
económico, paz social y democracia integral.
Hasta ahora, se ha favorecido la prosperidad de un
pequeño grupo privilegiado, sacrificando la paz de la
sociedad y la democracia de todos. Por lo tanto, la meta parece
estar clara y difícilmente se podría estar en
desacuerdo: prosperidad, satisfacción de las necesidades
básicas de las grandes mayorías y oportunidades para
que cada uno pueda desarrollar plenamente su vocación y sus
cualidades. No se propone únicamente el desarrollo
económico, sino que además éste debe ser
ecológicamente sostenible, socialmente incluyente y
democráticamente integral. Donde integral debe entenderse
como democracia económica y social y no sólo
electoral.
Si el acuerdo en las metas es relativamente fácil de
conseguir, otra cosa son las medidas de mediano y largo plazo que
habrá que adoptar para alcanzarlas. A primera vista, este
planteamiento puede parecer idealista. Es la gran
reivindicación por la que tantos salvadoreños y
salvadoreñas han luchado y entregado su vida generosamente.
Justamente, aquí radica la gran novedad de la
posición de la empresa privada. Ella misma es consciente de
esa novedad y por eso habla de soñar y de ser audaz. Es
importante soñar para no conformarse con el mal
prevaleciente y buscar alternativas. Se necesita audacia para
volver a pensar en una utopía de bienestar social y sobre
todo para luchar por ella. Para El Salvador es importante que la
empresa privada ponga la satisfacción de las necesidades
básicas de la mayoría de la población entre
sus prioridades y se quiera comprometer en la búsqueda de
alternativas al modelo neoliberal vigente.
El manifiesto de la empresa privada intenta abrir un espacio
para discutir un proyecto de nación, orientado a la
búsqueda del bien común. En este sentido, no se trata
de una propuesta cerrada, sino de un punto de partida. Desde esta
perspectiva hay que señalar algunas afirmaciones peligrosas
y algunos silencios llamativos.
Una de las afirmaciones más cuestionables del
manifiesto es que pareciera sostener la tesis del rebalse - "
por lo general, los despegues económicos requieren de
concentración del ingreso y continuidad de las medidas por
tiempo prolongado, a pesar de los costos sociales que provoquen, ya
que sólo a largo plazo se cosechan los frutos del esfuerzo" .
Las sobras nunca son suficientes para satisfacer unas
demandas sociales básicas postergadas durante mucho tiempo,
y además, en expansión. Sería contradictorio
reconocer la satisfacción de las necesidades básicas
como una prioridad y al mismo tiempo pedir a la población
que siga esperando, aunque la misma empresa privada tiene
conciencia de que " las expectativas de nuestra gente nos
exigen plazos mucho más apretados de tiempo " .
Así como los retos del país son inmensos,
éstos no pueden ser asumidos sin sacrificio. Pero la empresa
privada parece pedir sacrificios a todos, excepto a sí
misma. No hay que olvidar que el pueblo salvadoreño es el
que más sacrificios ha hecho durante la mayor parte de la
historia. Por lo tanto, para comenzar a ser equitativos, pero sobre
todo para alcanzar las metas propuestas, le correspondería
tomar la iniciativa a quienes menos se han esforzado.
El deterioro ecológico es crítico y un reto de
gran envergadura. De nuevo aquí se nota la tendencia del
manifiesto a responsabilizar a los otros, por ejemplo, a quienes
utilizan leña como fuente de energía, olvidando que
no tienen alternativa, pues la electricidad les pasa por encima, y
que la empresa privada es la que más ha contaminado El
Salvador.
Otra afirmación peligrosa es el individualismo extremo.
Al exaltar las virtudes salvadoreñas, se subraya el
individualismo como fuente de todas las bondades y contrapuesto al
Estado, origen de las maldades. Aparte de ser un planteamiento
maniqueísta y simple, olvida que el éxito individual
sólo es posible por la presencia activa de los demás.
No está clara la relación entre el individuo y la
sociedad. A veces se enfatiza el individualismo extremo, pero
también se reconoce igualmente la necesidad de los otros.
Finalmente, hay que llamar la atención sobre una
tentación muy fuerte: imitar al primer mundo. Esta no es una
" aspiración razonable " , tal como lo sostiene
el manifiesto, porque no hay recursos suficientes para alcanzar su
nivel de vida y derroche. Humana y cristianamente no es deseable
conformar nuestra sociedad conforme a los patrones del primer
mundo, donde en medio de una gran abundancia, predominan la
deshumanización, el egoísmo y el sin sentido. Parte
del desafío consiste en construir una sociedad
salvadoreña y centroamericana más humana y solidaria.
En suma, el paso dado por la empresa privada es importante
porque abre un espacio nuevo cuando otros parecen cerrarse. Si esta
oportunidad se sabe aprovechar, El Salvador podría avanzar
con pie firme por el camino de la paz y la democracia.
Valoración política de la propuesta de la
ANEP
Recientemente, los sectores empresariales vinculados a la
Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) hicieron
público un documento titulado El manifiesto
salvadoreño. Una propuesta de los empresarios a la
nación. El mismo ya ha comenzado a generar diversas
reacciones, aunque no las que debiera suscitar un pronunciamiento
de esa naturaleza. De cualquier modo, algo que no puede obviarse y
que en sí mismo hace necesario prestar atención al
documento es que en él se hace explícita, por primera
vez en la historia reciente del país, la posición de
un importante grupo de empresarios ante los graves problemas de la
nación.
Los empresarios no han sido ajenos a las difíciles
coyunturas que han sacudido al país, y siempre se
pronunciaron ante las mismas, pero siempre lo hicieron en defensa
de sus intereses particulares, lo cual muchas veces los condujo a
posturas sumamente agresivas e irracionales. Cabe recordar la
visceralidad de los comunicados difundidos por el FARO en los
años 70; del mismo estilo fue la posición de la ANEP
en los años 80. La tónica de este nuevo
pronunciamiento empresarial es distinta. Es obvio que en ella se
hace presente la voz y los intereses de un sector del empresariado
salvadoreño -básicamente el sector vinculado a la
industria-, pero no se trata de una defensa agresiva del mismo,
sino más bien de un esfuerzo por inscribirlo en un proyecto
de desarrollo nacional. La intención es esa -hay que
reconocerlo-, por más que no se pueda estar de acuerdo con
el diagnóstico y las propuestas sobre los problemas
nacionales elaboradas en el documento.
El supuesto desarrollista de la propuesta empresarial no puede
ser aceptado si no con muchas reservas. Sólo desde un punto
estrictamente económico, es harto discutible que el "
círculo virtuoso " (ahorro interno --
inversión privada -- crecimiento y empleo -- ahorro --
inversión -- crecimiento y empleo...) efectivamente llevar
hacia donde los empresarios con optimismo esperan. En este punto,
si bien la apuesta de la ANEP rinde tributo toda una
tradición de pensamiento económico latinoamericano -
el pensamiento cepalino-, lo que hace es proponer unas opciones de
desarrollo absolutamente poco novedosas y además endebles en
aspectos sustantivos, como lo es la
linealidad automática que se presume sigue el desarrollo
económico, una vez que se tiene asegurado el ahorro interno.
Consecuentes con las tesis clásicas de la CEPAL, para
nuestros industriales la linealidad automática del
desarrollo económico -el círculo virtuoso- no
sólo debe conducir a un ordenamiento mínimamente
democrático, sino que lo exige como punto de partida. Los
desafíos planteados por el despegue económico,
según la ANEP, deben ser enfrentados " dentro de un
estado democrático de derecho, en donde la aplicación
de la justicia prevalezca sobre los intereses particulares y
fundamentado en valores éticos y morales " . Pero no
sólo eso: más de fondo, la democracia es un
método " para resolver pacíficamente las
diferencias entre las múltiples fuerzas que surgen en el
seno de una sociedad compleja y en proceso de modernización,
como la nuestra " . En definitiva, pues, " la
expresión política de la sociedad moderna es la
democracia, y de ahí la importancia de una clase
política en la que la gente pueda confiar " .
El documento empresarial señala tres aspectos
importantes de la democracia: a) la misma exige la
aplicación irrestricta de la justicia en orden a garantizar
el bien común; b) es un procedimiento que permite resolver
diferencias y lograr acuerdos; y c) como régimen
político, exige una " clase política "
en la que los ciudadanos puedan confiar. Sólo un exceso de
miopía puede llevar a no estar de acuerdo con estas tres
cosas. Pero no basta con que el sector empresarial se pronuncie
acerca de esos requisitos básicos de un ordenamiento
democrático, sino que es urgente que con valentía
diga su palabra sobre las instituciones y grupos de poder que
están obstaculizando su logro. Es decir, la
aplicación irrestricta de la justicia, la consecución
de arreglos políticos y la consolidación de una clase
política confiable, con todo y ser aspiraciones muy
legítimas, no se van a hacer realidad mientras existan
grupos económicos y políticos con el poder suficiente
para bloquear su consecución. La ANEP no debería
obviar esto; más aún, debería usar su
prestigio y su capacidad de presión sobre el gobierno para
llevar a esos grupos al orden y a la legalidad.
Por otra parte, la democracia no se agota en los elementos
enfatizados por la ANEP. La ampliación de la
participación política de los ciudadanos no puede ser
dejada de lado como un requisisto imprescindible para avanzar hacia
un orden democrático. Y la misma no debe ser reducida al
ejercicio del sufragio, sino que debe caminar hacia formas de
participación más amplias en lo social y lo
político. Pero no se puede potenciar la participación
política de los salvadoreños cuando la lucha por la
supervivencia ocupa la mayor parte de sus energías y cuando
esa lucha obliga a comportamientos reñidos con la ley y el
respeto al otro. No hay democracia política sin democracia
social y para alcanzar esta última no basta con obtener un
crecimiento económico satisfactorio para los empresarios,
sino que existan mecanismos adecuados para que los ciudadanos
más empobrecidos accedan a sus beneficios.
Asumir que la economía de mercado garantizará,
dejada a su libre dinámica, el bienestar de los sectores
populares es pecar de ingenuidad. Asimismo, es discutible sostener
que la democracia para consolidarse requiere de una economía
de mercado, porque puede haber -y distintas experiencias
latinoamericanas son aleccionadoras acerca de ello-
economías de mercado sin democracia e incluso contrarias a
la misma. Es decir, democracia y mercado no son realidades
inseparables, por más que la realidad actual obligue a su
convivencia, una vez que la economía planificada y los
autoritarismos políticos han caído en un total
descrédito. Al igual que es discutible sostener que el
crecimiento económico automáticamente se
traducirá en bienestar social, como si entre ambos no fuese
necesaria una mediación político-estatal que lo haga
factible.
Desde un punto de vista político, pues, la propuesta de
la ANEP rescata, aunque sin suficiente sentido crítico,
aspectos clave para avanzar hacia un orden democrático en el
país; también deja de lado otros no menos
importantes. Como quiera que sea, lo que no puede dejar de
señalarse como positivo es que este importante grupo
empresarial se haya atrevido a someter a debate público su
propuesta de desarrollo nacional. Ya es tiempo que los empresarios
se vayan sintiendo parte de El Salvador, y no sus dueños.
Finalmente, los empresarios se atreven a considerar a los
intelectuales del país, después de décadas de
desprecio recíproco, como interlocutores y como gestores de
un pensamiento que merece ser tenido en cuenta. Y la ANEP hace una
petición concreta a los intelectuales: " le ofrecemos
a la intelectualidad salvadoreña que volvamos a coincidir en
la importancia vital de la democracia, pidiéndole que
trabaje en una teoría de la transición a la
democracia, con el fin de que nos ilumine para tenerle paciencia" .
Se trata de una petición de singular valor ya que,
por un lado, abre las puertas a los sociólogos,
historiadores y politólogos del país a un auditorio
que siempre los consideró resentidos y proclives al
socialismo y al comunismo; pero, por otro lado, compromete a los
empresarios a enterarse y hacer eco del pensamiento que se vaya
generando en los centros académicos. A decir verdad, esto
debieron haberlo hecho los empresarios desde hace bastante tiempo;
si así hubiera sido, a estas alturas habrían
caído en la cuenta de que la discusión intelectual
sobre la transición y la democracia, así como sobre
otros temas del desarrollo socio-económico del país,
han ocupado un espacio importante en, por ejemplo, la Revista
Estudios Centroamericanos (ECA) o la Revista Realidad, ambas de la
Universidad Centroamericana " José Simeón
Cañas " .
Aspectos socio-económicos de la propuesta de la ANEP
La insatisfacción por los resultados obtenidos por la
gestión gubernamental ha provocado reacciones en casi todos
los sectores de la sociedad salvadoreña. En varios casos se
han articulado propuestas de desarrollo con las que se pretende dar
respuesta a la problemática actual, aunque ninguna ha
desencadenado tantas reacciones como la presentada por la
Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) en su
" Manifiesto Salvadoreño " . Lo anterior se debe
no sólo a su capacidad de convocatoria, sino también
al contenido mismo de la propuesta de desarrollo.
En el documento se percibe una aceptación
explícita de que es necesario tomar medidas diferentes a las
puestas en marcha hasta ahora por el gobierno en el plano
político, económico, social y ambiental.
Además de la democratización, el incremento del
ahorro interno, la función social del Estado, el desarrollo
social y la protección del medio ambiente son algunas de las
líneas de acción más notables planteadas en el
documento.
Una de los principales cuestionamientos del crecimiento
económico logrado hasta ahora es la baja tasa de ahorro
imperante en el país, lo cual, en un futuro caracterizado
por la reducción de la ayuda externa y las remesas,
vendría a limitar la inversión y el crecimiento
económico. El esquema de crecimiento seguido hasta ahora
mostraría una marcada tendencia hacia el consumo; y ello, a
juicio de la ANEP, podría restringir las posibilidades de
que El Salvador alcance " de un solo salto, al Primer Mundo
" .
En este contexto de demandas por incrementar el ahorro
interno, llama la atención el marcado discurso pro-
mayorías que se maneja en la propuesta. Paralelamente,
también es de notar que otros planteamientos del manifiesto
salvadoreño estarían apuntando más hacia el
mantenimiento de la pobreza. Los programas sociales del gobierno y
la política salarial que se deriva de los postulados
presentados por la ANEP resultan claramente insuficientes para la
dimensión y naturaleza del problema de la pobreza en el
país.
Por otra parte, se percibe alguna preocupación por el
medio ambiente pero, al mismo tiempo, la propuesta de ANEP parte
del supuesto de que el desarrollo económico no está
limitado por la dotación de los recursos naturales. Es decir
que, aún bajo condiciones de carencia absoluta de recursos
naturales, es posible aspirar a fuertes niveles de crecimiento
económico o incluso al desarrollo.
Uno de los puntos de partida de la ANEP es que el crecimiento
económico debe conjugarse con los " imperativos de la
sustentabilidad ambiental, ocupándonos a la vez de las
necesidades sociales de nuestro pueblo " ; se plantea, pues,
un modelo diseñado para promover el desarrollo social y, a
la vez, congruente con los objetivos de protección
ambiental; esto es, un modelo con características de
" desarrollo sostenible " .
Para lograrlo, los empresarios aceptan que es necesario que el
Estado desarrolle una política social aunque bajo un
contexto de " responsabilidad fiscal " , es decir, que
el Estado no deberá efectuar un gasto social que provoque
incrementos en el déficit fiscal. En este sentido, proponen
que parte de los fondos para enfrentar el déficit en la
satisfacción de las necesidades básicas
deberían provenir de la reducción del sector
público y de la privatización de empresas estatales.
Es claro que el Manifiesto Salvadoreño concibe como la
mayor riqueza de El Salvador a su mano de obra. El crecimiento
económico al que se aspira está relacionado
principalmente a la inversión extranjera, lo cual
implicaría acceder a una economía en la que "
el nuevo fenómeno... (es), mano de obra económica,
con altos niveles de productividad " .
En síntesis se plantea que el crecimiento
económico basado en un incremento del ahorro tendrá
efectos positivos sobre el desarrollo social por dos vías:
el incremento del empleo y la política social desarrollada
por el Estado.
La propuesta empresarial hace alusión explícita
a la situación del medio ambiente y su relación con
el desarrollo. En lo fundamental se propone que el desarrollo puede
llegar a verse seriamente limitado por el deterioro de la
condiciones ambientales; considera que por el momento el "
impacto de la degradación ambiental se evidencia
(únicamente) en la salud de los salvadoreños "
.
Sin embargo, antes de hacer esta declaratoria, el documento de
la ANEP menciona algunos casos donde la restricción en la
dotación de recursos naturales no se convirtió en un
freno efectivo para el crecimiento económico (Hong Kong,
Singapur). Es decir, que existe ambigüedad en la postura
frente al medio ambiente: por una parte se afirma que los recursos
naturales -los cuales determinan las condiciones ambientales- no
son necesariamente un límite para el desarrollo y, por el
otro, se sugiere que debe buscarse la " sustentabilidad"
de las condiciones ambientales.
La propuesta de estimular el crecimiento económico a
partir de un incremento del ahorro interno se encuentra con el
cuestionamiento que se deriva del bajo nivel de ingreso que es
percibido por la mayoría de la población. Más
del 60% de la población se encuentra en situación de
pobreza, lo cual quiere decir que no percibe el ingreso necesario
para satisfacer sus necesidades básicas y, mucho menos, para
ahorrar. En las actuales condiciones, el ahorro sólo
podría provenir de los sectores de mayores ingresos,
compuesto principalmente por el mismo sector empresarial que
formula la propuesta.
El desarrollo social que se ofrece en la propuesta no parece
plausible de cara a dos situaciones específicas: primero,
los bajos salarios que deberían imperar para insertarse en
la economía globalizada; y, segundo, la supuesta "
responsabilidad fiscal " que limitaría el monto del
gasto social a ser ejecutado por el Estado. Históricamente
se ha demostrado que el salario mínimo no es suficiente ni
para adquirir la canasta básica de alimentos; por tanto, la
creación de puestos de trabajo con bajos salarios que tanta
anhela la ANEP, aunque aumentaría los ingresos de los
trabajadores, no les permitiría superar las condiciones de
pobreza.
En otro orden, proponer la " responsabilidad fiscal" ,
sin que paralelamente se consideren fuentes permanentes de
financiamiento para el gasto social, sugiere que en realidad lo que
se pretende es que la política social continúe como
hasta ahora, esto es, con un gasto social insuficiente para
enfrentar las necesidades básicas de la población
más necesitada y sin mayor incidencia sobre la
satisfacción de sus necesidades básicas.
En lo tocante al medio ambiente no se percibe una estrategia
que parta del convencimiento de que las posibilidades de desarrollo
están íntimamente ligadas al uso racional de los
recursos naturales y a la protección ambiental. La
concepción de que la ausencia de recursos naturales no son
freno para el desarrollo sugiere que, de ser necesario, los
recursos naturales podrían ser utilizados enteramente para
los fines del desarrollo. Adicionalmente, pretender que el
deterioro ambiental únicamente afecta a la salud de la
población refleja desconocimiento, u omisión, de la
relación medio ambiente, crecimiento económico y
pobreza.
Con todo, el Manifiesto Salvadoreño es positivo en
tanto que es una declaratoria de que el sector empresarial esta
consciente de la necesidad de promover el desarrollo social. Es
débil en términos de propuesta, pues coloca toda la
carga del desarrollo en dos variables claves: ahorro y
producción. Con ello parece ignorar que en el pasado se han
tenido décadas de crecimiento económico que no han
conducido al desarrollo, sino más bien han agudizado la
crisis económica y social y el deterioro del medio ambiente.
La superación de la crisis económica y social
del país pasa necesariamente por la adopción de
políticas que estimulen el crecimiento económico,
pero que, al mismo tiempo, vuelvan más equitativa la
distribución del ingreso y establezcan vínculos
claros entre la política económica y la
protección del medio ambiente. Además, no cabe duda
que la propuesta de ANEP adolece de un excesivo optimismo, no
sólo porque propone alcanzar a los países
desarrollados de un " solo salto " , sino porque
supone que
el crecimiento económico en sí mismo y una limitada
política fiscal serán suficientes para alcanzar el
desarrollo.
El trabajo, la educación y el bienestar social en
el Manifiesto de los Empresarios
Nadie puede dudar, ni siquiera los mismos afiliados al partido
ARENA, que el país se encuentra atravesando un grave
período de falta de liderazgo y dirección
política, lo cual que se ha expresado en la arbitraria y
poco lúcida aplicación de medidas económicas
que han puesto en serios aprietos la bolsa no sólo de los
sectores que tradicionalmente han resultado afectados por ello,
sino también la de los empresarios en general: la presencia
de una recesión económica en el país es
innegable. Por otra parte, la administración Calderón
Sol, además de endeble y errática, se ha
caracterizado por una peligrosa tendencia a asumir posturas que
rayan con el autoritarismo y la prepotencia, propios de la
década pasada. Ante la imposibilidad de conducir el
país por una camino acertado y frente a la creciente
manifestación de descontento social (ya sea que provengan de
los diversos sindicatos, miembros de comunidades marginales,
buseros, entre otros muchos), se ha respondido desde la violencia
institucionalizada: los abusos de la PNC, lamentablemente, se han
convertido en la regla.
Desde este marco, donde es claro que la transición a la
democracia ha sido puesta en reiteradas ocasiones en entredicho,
urge la participación decidida y responsable de los actores
sociales. Si la incapacidad del gobierno para enrrumbar
coherentemente al país es evidente para todos, hace falta
que sectores ajenos a él asuman la responsabilidad de dar
respuestas plausibles para superar la situación en que se
encuentra El Salvador. Estas respuestas, por supuesto,
deberán buscar no únicamente el crecimiento
económico de la nación (cosa que aflige al sector
empresarial e industrial), sino también, y como prioridad,
el bienestar social de las mayorías empobrecidas del
país (mismas que permanentemente se han visto
excluídas de los indicadores de la macroeconomía).
Ciertamente, se han dado esfuerzos aislados por presentar
propuestas para el momento histórico del país, pero,
ya sea por el poco peso político o económico de los
que las presentan, o por la poca coherencia de ellas, no han
llamado la atención o han sido tajantemente ignoradas por
los personeros del gobierno. Por esto es llamativo e interesante la
respuesta pública que se le ha dado a " El Manifiesto
Salvadoreño. Una Propuesta de los Empresarios a la
Nación " , presentado por la Asociación
Nacional de Empresarios de la Empresa Privada (ANEP). En el
Manifiesto se pretende presentar cuál es el recurso al que
se deberá apelar para " encontrar la senda del
progreso económico, social y cultural, en un ambiente de
democracia plena " , así como también los retos
a alcanzar y el desafío a responder.
Debe tenerse en cuenta, para una visión
mínimamente objetiva de la propuesta de los empresarios, dos
cosas: a) los empresarios responden, como ya se dijo, desde un
momento de recesión económica que pone en serias
dificultades sus esfuerzos para competir con éxito en el
marco de la apertura de los mercados que implica el proceso de
globalización; por ello las propuestas irán en el
orden de volver competitivo, a toda costa, al país frente al
mercado internacional; b) el énfasis en el trabajo, la mano
de obra abundante, altamente productiva y barata, como "
único " y valioso recurso del país, tiene tras
de sí el presupuesto de que la forma de traer el progreso a
la nación, y con ello el bienestar social, es la de
presentar al país como una gran zona franca, atractiva para
las empresas transnacionales y las empresas maquiladoras.
El factor trabajo y la educación
En la propuesta empresarial es notorio el hecho de que el
salvadoreño promedio queda definido por su capacidad de
laborar eficientemente con bajos costos. Se agrega que será
prioritario el proporcionar la educación y
capacitación necesarias para potenciar la productividad y
" entrar a la nueva corriente económica de la
globalización, como ciudadanos del Primer Mundo " .
Trabajo y educación son, así, dos factores
intrínsecamente vinculados e inseparables. Veamos, primero,
lo que se propone como modelo educativo.
Dice el manifiesto que " una de las principales
lecciones del desarrollo económico acelerado... es la
inversión masiva en educación primaria y
técnica vocacional de su niñez y juventud. Para que
la partida de educación sea realmente inversión, los
recursos deben focalizarse... en estas áreas. Debe de
olvidarse del pretendido derecho a la educación
universitaria y de pos-grado. Esta debe quedar reservada a
aquéllos que la merecen por su inteligencia y esfuerzo" .
De este texto es importante entresacar dos ideas:
a) La idea de una educación meramente técnica,
orientada a especializar a los educandos en las áreas
prioritarias en la economía local, que en nuestro particular
caso -tomando en cuenta el hincapié que hace el manifiesto
en la maquila y el ejemplo de los países asiáticos-
sería el de la confección textil y otras labores
semejantes que se realizan en las empresas maquileras. Es evidente
que con ello se asume que la educación que busca potenciar
la capacidad creativa e innovadora es menos que inútil en el
actual contexto. El individuo que ha sido educado exitosamente es
aquel que es capaz de funcionar con precisión y eficacia
milimétrica en puestos de trabajo donde se labora
mecánicamente, sin necesidad de pensar propositivamente. No
es necesario recordar que con esto se olvida que el aspecto
técnico es solamente la contraparte del aspecto
crítico y creador de la actual reforme educativa que se
impulsa en el país, reforma que pretende convertir a todos
los salvadoreños en sujetos integrales.
b) Este modelo educativo será, a nivel de
educación superior, literalmente elitista. El acceso a la
educación superior estará restringido, ya que los que
se necesita, como ya se observó, son engranajes para las
maquinaria de trabajo y no individuos pensantes y creativos. Si
alrededor del mundo " siempre hay alguien dispuesto a
ofrecer el mismo producto o servicio, a un menor precio y con mejor
calidad " , lo que se necesita para competir es una masa
trabajadora eficiente y acéfala, dispuesta a laborar
intensamente y con bajos salarios. La educación superior, en
este sentido, sobra. Ella solamente debe ser privilegio de los
super dotados que hagan aún más eficiente la
productividad.
Las consecuencia obvias de esto son: a) se destina a la
mayoría de los salvadoreños, ahora justificadamente,
a la pobreza intelectual y el bajo nivel educativo: los empresarios
dan con ello un paso atrás en los objetivos de la reforma
educativa; b) esta vinculación entre trabajo y
educación no conduce, contrariamente a lo que afirma el
Manifiesto, al bienestar social, a altos niveles de vida. No es
posible ver claramente cómo el trabajo y la educación
definidos de esta manera puedan llevar a una movilidad social de
tipo ascendente o cuando menos que saque de la pobreza a los
sectores que se encuentran en ella; lo que se sigue es que las
diferencias de clase desaparecerían en una única: la
clase obrera.
El modelo de las maquilas
El Manifiesto habla de la importancia de las maquilas -rubro
de " vital importancia en la economía
salvadoreña " - en el actual contexto de la
mundialización. Aunque no explícitamente, se
presupone que la fuerza laboral, de las características que
ya se reseñaron, pasaría a ser absorbida por ellas.
Ello -de nuevo- impulsaría hacia el desarrollo social del
país. Vale tomar en cuenta algunas de las
características de las maquilas en El Salvador que
imposibilitarían tal propósito: primero, ellas se
caracterizan por largas e intensas jornadas de trabajo que hacen
que el personal que labora en ellas, por el desgate que ello
produce, se vea continuamente en rotación; lo que menos se
genera son fuentes fijas de empleo. Segundo, el tipo de trabajo es
de baja calidad, los empleados realizan la misma labor por
períodos prolongados de tiempo y no requieren mayores grados
de educación para hacerlo. Tercero, la alta productividad de
las maquilas necesita que las violaciones a los derechos de los
trabajadores se convierta en la condición sine qua non para
mantener la productividad. El Manifiesto celebra el "
éxito de las maquilas " y subraya la necesidad de
ellas, pero obvia -tal vez con alevosía- la mayor necesidad
de que en ellas se den condiciones dignas y humanas de trabajo.
En conclusión, el Manifiesto, aun con los pocos
aspectos que se han tocado en este análisis, carece de mucho
y enfatiza lo que sobra: baja calidad educativa y alta
disponibilidad laboral a precios socialmente incosteables.
Ciertamente, la laboriosidad es una de las características
principales de los salvadoreños, pero de ahí a
limitar la amplia gama de tipos y condiciones de trabajo a una sola
hay muchísimo trecho. El desarrollo no se alcanza
automáticamente con la mecanización del trabajo. El
que las condiciones de competencia en el mundo, en ciertos sectores
de él, así lo exijan, no significa que debe ser lo
más deseado y los más buscado, y menos aún, lo
más beneficioso para las grandes capas de la
población.
Ante las medidas erradas de ANTEL
A partir del próximo mes de agosto, las y los
salvadoreños tendremos otro motivo más de
preocupación: el brutal aumento que nos recetarán en
las tarifas telefónicas. Como bien lo denunciaron hace
aproximadamente dos meses los trabajadores y trabajadoras de la
Asociación Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), la
institución subirá de 30 a 53 colones la cuota fija
residencial y la comercial se incrementará de 50 a 106
colones; sumándole a eso el impuesto al valor agregado -el
" famoso " IVA- dentro de unos días nos
encontraremos ante a un incremento de hasta un 43.8% en las
llamadas locales.
Mientras tanto, las llamadas internacionales tendrán
una reducción del 58%, con el propósito de enfrentar
-de esa forma- la fuerte competencia que existe en este rubro. El
asunto se vuelve mucho más grave pues, pese a que el impulso
por llamadas locales continuará costando cinco centavos, su
duración ya no será la misma: ahora todavía el
impulso es de 60 segundos y con las nuevas disposiciones
será de 20. Así las cosas, tener un línea
telefónica en nuestro país y poder utilizarla han
pasado a ser unos lujos que -cada vez más- son pocos los
que pueden pagarlo.
En ocasiones anteriores, las autoridades de la empresa negaron
fervientemente que se produciría un incremento en las
tarifas telefónicas: " Quienes propalan este tipo de
información errónea -decían, más o
menos- son las gentes que se oponen a la apertura de las
telecomunicaciones " ; algunos hasta llegaron a sostener que
existía un plan terrorista por parte del movimiento social
contra los programas gubernamentales de privatización. Pero
el tiempo le ha dado la razón a los que, en su momento,
desenmascararon las intenciones de los funcionarios de esa
institución quienes, en verdad, lo que quieren es venderla a
como dé lugar y como parte de una muy mal entendida
modernización del Estado.
Dentro del comunicado que emitió la cúpula de
ANTEL sobre este problema, no se menciona un aumento sino un
" rebalanceo tarifario " con el cual -argumentan- se
espera eliminar el " subsidio cruzado " . De esa
forma, nos pretenden explicar que antes eran los recursos
provenientes de las llamadas al exterior los que servían
para completar el pago de las llamadas locales, pero ahora de lo
que se trata -según el presidente de la institución,
Juan José Daboub- es de hacer " real " el
costo de la telefonía local. Según dicen, ya no se
puede continuar brindando el anterior subsidio porque, de lo
contrario, la institución se va a morir frente a la
competencia de las empresas transnacionales, que son unos
verdaderos " monstruos " de las telecomunicaciones.
Estas nuevas disposiciones serán aplicadas, a la
población salvadoreña, un mes antes de la inminente
privatización del servicio telefónico. Muchas
personas que conocen muy bien cómo se funciona en nuestro
país, aseguran que las cuotas a pagar volverán a
dispararse cuando ANTEL pase a manos particulares; es decir, cuando
en septiembre se comiencen a vender las acciones de la empresa y
los nuevos dueños dispongan qué tarifas tendrá
que pagar el pueblo. Con este aumento que se anuncia para agosto,
esos nuevos " zares " de las telecomunicaciones en el
país se sentirán con la mayor de las libertades para
realizar -cuando quieran- los incrementos que deseen en las
cuotas y, de esa forma, se afectarán los intereses de las
personas de recursos más escasos.
También, con el llamado " rebalanceo tarifario" ,
se trata de mostrar a los inversionistas que ANTEL puede
ser un negocio bastante lucrativo. Por lo visto, a los encargados
de dirigir estos bienes que aún son estatales no les importa
qué opina el pueblo salvadoreño al respecto porque -
después de todo- lo que les interesa prioritariamente es
llevar adelante los planes del actual gobierno, a través de
los cuales se continúan haciendo " más ricos a
los ricos " . Peor aún: no tienen reparo en pasar por
encima de la Constitución para lograr sus propósitos,
pues en esa ley fundamental -exactamente en el tercer
párrafo del artículo 110, dentro del título V
referente al orden económico que debe prevalecer en el
país- se establece que: " Corresponde al Estado
prestar por sí o por medio de instituciones
autónomas, los servicios de correos y telecomunicaciones" .
Como siempre, de toda esta situación quien resulta
más perjudicada es la persona que necesita hacer uso de tan
elemental servicio para comunicar importantes asuntos de salud,
familia o trabajo, por ejemplo, y no tienen otro medio para ello.
Son esas personas quienes se ven más afectadas con tales
medidas, pues si con su actual salario -cuando tienen un empleo
estable que se lo proporciona- no alcanzan a cubrir las necesidades
mínimas para vivir en condiciones dignas, ahora -con estas
nuevas determinaciones- su economía se verá
aún más golpeada y, por tanto, crecerá el
descontento popular. Imaginémonos, ¿qué
sucederá cuando además privaticen las instituciones
que distribuyen el agua y la luz o aquellas responsables de
brindarnos atención médica y educación, si ya
desde ahora no se puede vivir decentemente con los salarios que se
pagan cuando hay trabajo? ¿cómo se podrán cancelar
las altas cuotas telefónicas que se están anunciando,
cuando hay que hacer milagros para poder pagar las actuales?
Es necesario que los que se encargan de recetarnos tan
elevadas cuotas y de hacernos la vida cada vez más
difícil, empiecen a pensar en la población que
resulta afectada por sus decisiones arbitrarias. ¿Por qué no
mejor -en lugar de aumentar las tarifas de servicios
públicos- incrementan la vigilancia, la
investigación y las sanciones a las y los funcionarios
corruptos que se roban el dinero del pueblo? Pues porque no son
esas sus preocupaciones principales; más bien, su mira y sus
pasos están siendo dirigidos hacia otro rumbo: el de la
venta de unos bienes que no le pertenecen a nadie más que a
ese mismo pueblo.
Por ello, también al interior de ANTEL se están
produciendo graves conflictos. El pasado domingo 7 de julio, de
forma sorpresiva, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC)
desarmaron a los vigilantes de esa institución. Las
autoridades decomisaron un total de 94 armas automáticas
aunque, según voceros de la institución, los
vigilantes poseían 158 en total: 100 fusiles Galil, 49 sub
ametralladoras Mini Uzi y 9 sub ametralladoras Micro Uzi. A cambio
de este armamento, a los integrantes de la seguridad de ANTEL les
entregaron escopetas calibre 12 y revólveres.
Según el licenciado Daboub, el operativo de desarme se
realizó para darle cumplimiento a los acuerdos de paz en lo
relativo al incautamiento de todo armamento de uso privativo de la
Fuerza Armada, cuando éste se encuentra en manos de
elementos que no están de servicio en las filas castrenses.
Además, el funcionario señaló que -desde el
pasado martes 2 de julio- él mismo había solicitado
a la PNC que se recogieran dichas armas pues éstas ya no
respondían " a las circunstancias que motivaron su
adquisición " ; para el presidente de ANTEL, pues, la
acción estaba totalmente justificada por las leyes y la
realidad actual del país.
Los vigilantes y trabajadores de la empresa repudiaron el
procedimiento utilizado para realizar el " cambio "
de armas: participó un helicóptero, los elementos de
la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) se hicieron presente y
-en algunos casos- se actuó con violencia para obligar a
los custodios a entregar su equipo de trabajo, poniendo en peligro
no sólo la vida de los empleados sino también la de
aquellas personas que, a esa hora, se encontraban en la
institución o en sus alrededores. Según opiniones
vertidas, el despliegue de la PNC se llevó a cabo de una
manera muy peligrosa; de no ser por la prudencia de los vigilantes
de ANTEL, hay quienes piensan que a estas alturas podríamos
estar lamentando nuevamente las consecuencias fatales del accionar
policial.
A raíz del operativo, los empleados se tomaron las
instalaciones de la empresa estatal para denunciar el hecho y
aclarar que a ellos nadie les notificó acerca de la
requisición de las armas. Ya antes, todo el personal de la
institución había suspendido temporalmente sus
labores para presionar por mejoras salariales. En ese marco de
inconformidad y protestas desde el lado de las y los trabajadores,
las decisiones autoritarias de la cúpula continuaron: el
martes 9 de julio fueron despedidas las 270 personas que integraban
el servicio de seguridad, mediante un escueta notificación
sin firma autorizada -sólo con el sello de ANTEL- en la que
se informaba que quedaban cesantes a partir de esa fecha.
Para Isidoro Castro, miembro de la Asociación
Salvadoreña de Trabajadores de Telecomunicaciones (ASTTEL),
estos y otros despidos se encuentran programados dentro del proceso
de privatización de la institución; según
algunos sindicalistas, el caso de las 270 personas afectadas es
producto de la existencia de un contrato con una empresa privada de
seguridad, para que sea ésta la que preste tal servicio. La
situación que se vive en estos momentos es tensa, pues los
empleados destituidos aún permanecen en las instalaciones de
ANTEL en espera de una notificación oficial de su despido y
para tratar de negociar con la junta directiva de la empresa, a fin
de lograr ser reinstalados.
Todo parece indicar que desde antes ya había un plan
para despojar a los vigilantes de sus armas y luego proceder a
quitarles sus empleos. ¿De qué otra manera se puede explicar
la actitud de las autoridades? ¿cómo se justifican ambas
acciones? Si es cierto que las circunstancias del país han
cambiado y que ya no es necesaria la vigilancia en ANTEL, ¿por
qué razón se encuentran los agentes de la PNC
prestando ese servicio? ¿no hacen falta éstos para aliviar
la situación de una población que vive
permanentemente atemorizada por la inseguridad, la impunidad y la
violencia cotidiana que prevalecen a lo largo y ancho del
territorio nacional?
Lo cierto es que, desde nuestra perspectiva, las
últimas medidas adoptadas por las autoridades de ANTEL no
están contribuyendo en nada a la estabilidad de El Salvador.
Despidos que afectarán a casi 300 familias y aumentos
bárbaros en las tarifas telefónicas que
complicarán aún más la existencia de casi toda
la gente, no son ningunos aciertos; por el contrario, parecen ser
sólo los primeros avisos de lo que sucederá en este
país cuando se privaticen los servicios públicos. Las
consecuencias de estas irresponsabilidades, en el corto plazo y el
mediano plazo, pueden ser fatales para una población que ya
sufrió mucho y que no está en disposición de
ayudar a colocar los clavos de su propio ataúd. Esas
millonarias campañas publicitarias pagadas con dinero del
pueblo, con las que pretenden pintarnos un panorama diferente,
mejor deberían suspenderse y sus fondos utilizarse en obras
de verdadero beneficio social.
PRESENTAN " MANIFIESTO SALVADOREÑO " . La
Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), a
través del Ing. Roberto Vilanova, presentó, el 02.07,
" El Manifiesto Salvadoreño " , con el
propósito de estimular el interés de los distintos
sectores del país para trabajar juntos en la
reconstrucción económica. Vilanova dijo que la
intención de la ANEP es buscar consenso en los diferentes
ámbitos sociales del país de cara a los problemas
económicos que enfrenta El Salvador, en base a tres retos
concretos. El primer gran reto consiste en un crecimiento con base
al ahorro interno, que cumpla con el imperativo de la
sustentabilidad; para ello sería necesario incentivar la
inversión, la seguridad jurídica, el aumento de la
productividad de la fuerza laboral, así como la
privatización de los fondos de pensiones y contrarrestar el
deterioro ecológico. El segundo gran reto es el gasto
social, con responsabilidad fiscal. El profesional considera que
parte de los fondos para el déficit en la infraestructura
social tienen que salir de la reducción del sector
público y de la privatización de las empresas
estatales. Finalmente, el tercer gran reto es hacer cada una de
éstos mecanismos en " Democracia " , ya que
toda estabilidad política que no está anclada en
arreglos democráticos es una estabilidad incierta que bordea
el precipicio de la desgracia. " No se trata de una
fórmula mágica, pero El Salvador, a partir de la
firma de los Acuerdos de paz, ha creado las condiciones para
generar una discusión que permita encontrar el camino
idóneo mediante el cual los salvadoreños puedan
contar con iguales oportunidades de mejorar sus condiciones de vida
" , expresó Vilanova (LPG 03.07 p.5-a y DL 03.07 p.7).
APOYAN PROPUESTA. Representantes del gabinete económico,
integrado por los ministros de las distintas carteras estatales
expresaron su complacencia ante El Manifiesto Salvadoreño
propuesto el 02.07 por la ANEP. El Ministro de Economía,
Eduardo Zablah Touché, expresó que la propuesta
empresarial pone de manifiesto una visualización del
país en términos de los grandes trazos
económicos y sociales en el cual todo mundo ansía
vivir, por lo cual indicó que el gobierno se identifica y
respalda tal proyecto de nación. El funcionario
manifestó que las doce medidas del presidente Armando
Calderón Sol están orientadas a alcanzar un
país de prosperidad económica; no obstante, sostuvo
que los sectores empresariales deben poner todo su empeño en
modernizarse y reconvertirse de cara a las nuevas exigencias de la
globalización. Agregó que el gobierno reconoce que el
desarrollo social de El Salvador con ecuanimidad está
sustentado en una estrategia conjunta y participativa en donde a
cada quien le corresponde una gama de retos para que sea exitosa. A
los empresarios les corresponde actualizarse en adquisición
de tecnología, capacitación de su fuerza laboral,
reorganización de estrategias productivas, entre otras
tareas, mientras que al Estado le compete generar el ambiente
adecuado y las condiciones necesarias para que la metamorfosis
empresarial hacia un mundo competitivo supere sus limitaciones. En
tal sentido destacó la importancia de las doce medidas
presidenciales. " Con estas disposiciones se están
dando señales que tenemos todo el empeño de
garantizar el empuje y desarrollo de las empresas a nivel nacional
con el propósito de volverlas competitivas en la
dinámica del mundo actual " , sostuvo (EM 03.07 p.13).
OPTIMISMO CAUTELOSO. El manifiesto de la ANEP despertó en
los representantes de diversos sectores de la sociedad
salvadoreña reacciones de optimismo cauteloso, ante lo que
fue considerado un " atrevimiento a soñar "
que merece atención porque en el fondo demuestra que se
quiere forjar un mejor país. Herman Bruch, Rodolfo Cardenal,
Héctor Dada Hirezi, Roger Gutiérrez, Abelardo Torres
y Luis Nelson Segovia, coincidieron en señalar que es
importante el aporte al debate generado por el manifiesto de la
empresa privada -que ve en la población el capital
más importante del país-, pero también
observaron que existen puntos ambiguos y hasta posiciones poco
conviencentes sobre ciertos aspectos. El Vice-rector de la UCA,
Rodolfo Cardenal, elogió la iniciativa de los empresarios
por atreverse a señalar con audacia la crisis
económica; sin embargo, consideró que una de sus
ambiguedades estriba -entre otras-, en el tratamiento del el
deterioro ecológico, asegurando que nadie discute el
problema con seriedad. Asimismo, el manifiesto no reconoce que la
empresa privada ha sido la que más ha deteriorado el
ecosistema y los recursos naturales, por lo que exhortó a la
ANEP a que concientice a los grandes empresarios del país,
para que no continúen con la destrucción de los
recursos naturales. Por su parte, Héctor Dada Hirezi
criticó aspectos relacionados con la integración
económica, señalando que existe un caso " muy
mal planteado " como es el de la única
relación de El Salvador a nivel económico con Estados
Unidos respecto de la falta de paridad con tratados como el TLC.
Dada reflexionó que no necesariamente El Salvador debe estar
supeditado a las economías avanzadas como la de Estados
Unidos y criticó que el documento no haga alusión a
la relación económica del país con las
demás naciones latinoamericanas (LPG 03.07 p.5-a y DL 03.07
p.3).
POLITICOS RESPALDAN MANIFIESTO. El sector político del
país acogió el Manifiesto de la ANEP con optimismo,
aunque advirtió que siendo considerada la población
como el máximo capital del país es necesario dar
prioridad a la inversión en su desarrollo. " Le hace
falta una visión más humana porque es de tipo
economicista, el hecho de tener población no lleva al
desarrollo si es subdesarrollada y sin educación no se
caminará hacia el desarrollo y es necesario hacerlo un
capital activo " , dijo el diputado Roberto Viera, miembro
del Partido de Renovación Social Cristiano. Por su parte, el
diputado Juan Ramón Medrano, del PD, consideró que
ningún proyecto económico y social, como el expuesto,
sería procedente sin el apoyo de la empresa privada. De
igual forma, el Presidente de la República, Armando
Calderón Sol, señaló que, en efecto, el
concurso de todos los sectores será lo que dará el
éxito al proyecto, " emanado de un análisis
real de la situación económica actual " .
Según algunos políticos, el gobierno debe agradecer
la iniciativa de la ANEP, pues aquél no ha sido capaz de
plantear algo similar. Mientras tanto, diputados ARENA, tras
coincidir con la oposición en que el Manifiesto de la ANEP
es muy provechoso para los intereses de toda la nación,
consideraron que los puntos propuestos para una discusión
que conlleve a un consenso de todos los sectores de alguna manera
tiene aspectos que coinciden con políticas de gobierno
actual. " Debemos sentar las bases para el desarrollo
integral, donde la calidad de vida sea buena para todos y no se
pueda hacer sino un despegue económico " , dijo la
diputada Carmen Elena Calderón de Escalón (LPG 04.07
p.18-a).
DECLARACIONES DE PRESIDENTE. El Presidente de la República,
Armando Calderón Sol, advirtió el 04.07 que no
cedería ante las demandas de los reclusos de Santa Ana, a
pesar de las medidas de protesta que han efectuado estos
últimos. El mandatario sostuvo que tiene la voluntad de
solucionar la crisis penitenciaria, pero advirtió que
" los reos deben saber que no se va a hacer lo que ellos
quieran " , ya que no será por medio de amenazas que
se " chantajeará " el sistema jurídico
y a la sociedad. " Si alguien se quiere matar o se quiere
coser la boca, que se cosa la boca o que se mate, pero en El
Salvador esa no es la forma de plantear un problema, ni es la forma
de arreglar la situación " , enfatizó el
Presidente. " Son personas enfermas y los medios no les
deben dar connotación " , pues no coadyuva a nada,
acotó. No obstante, el mandatario aceptó la
existencia de la crisis carcelaria y anunció que en los
próximos días, como medida inmediata, se está
preparando un proyecto de Ley de parte del Ministerio de Justicia
que será presentado a la Asamblea Legislativa para
establecer la media pena, sólo para algunos delitos y para
reos bien portados. Expresó además que otra
solución a corto plazo sería la habilitación
de beneficios que ocupó el INCAFE, los cuales serían
transformados y utilizadas temporalmente como " albergues
penitenciarios " . A su vez, adelantó que en los meses
venideros construirán una penitenciaría que
albergará a 4,400 reos, casi la mitad de los que actualmente
tiene el sistema penitenciario. Por otra parte, el mandatario
condenó las amenazas vertidas por un grupo clandestino
autodenominado Fuerza Nacionalista " Mayor Roberto
D'Abuisson " (FURODA), y afirmó que el
propósito es afectar el proceso de paz y democracia (LPG
05.07 p.3-a y
EM 05.07 p.5).
REOS SUSPENDEN ACCIONES. Los reclusos del penal de Santa Ana
suspendieron el 08.07 temporalmente las medidas de presión,
entre ellas la lotería de la muerte y la sutura de los
labios, luego que el Organo Ejecutivo se comprometiera a elaborar
el anteproyecto de ley en el que se contemplan la media pena, la
libertad condicional y la agilización de los procesos. El
anuncio fue hecho por el Viceministro de Justicia, Raúl
Somoza Alfaro, tras una reunión con los internos. El
funcionario estima que se beneficiarían alrededor de 350
reclusos, cien de los cuales están guardando prisión
en Santa Ana; no serán miles los beneficiados pero se
contribuirá a la búsqueda de soluciones por la
vía legal, insistió. La moción supone reformas
a la legislación penal para que los reos puedan optar a la
media pena, la libertad condicional y la agilización de la
depuración de los procesos judiciales. A cambio de la
promesa de dictar un anteproyecto, los reos se comprometieron el
08.07 a levantar la huelga de hambre, la " lotería de
la muerte " , el coserse la boca y la suspensión del
ingreso de visitas. No se precisó si se permitiría
continuar recibiendo reos de nuevo ingreso en los recintos.
Asimismo, los presos han pedido que se instale una comisión
integrada por el Obispo Auxiliar de San Salvador, Monseñor
Gregorio Rosa Chávez; la Procuradora para la Defensa de los
Derechos Humanos, Victoria Marina de Avilés; la presidenta
de la Comisión Legislativa de la Comisión de Justicia
y Derechos Humanos de la Asamblea, María Marta Valladares, y
funcionarios del Ministerio de Justicia y de la dirección de
Centros Penales. El grupo se encargaría de dar seguimiento a
los compromisos (LPG 09.07 p.8-a y DH 09.07 p.60).
AEGES REALIZA MOVILIZACION. Más de un centenar de ex
paramilitares, aglutinados en la Asociación de Ex
Combatientes y Víctimas de Guerra (AEGES), ocupó el
03.07 las instalaciones del Departamento de Atención a
Desmovilizados y Lisiados de la Fuerza Armada (DADELIFA).
Según fuentes de la Procuraduría para la Defensa de
los Derechos Humanos (PDDH), hubo una acción similar en la
Gobernación del departamento de Usulután y se
preveía lo mismo en otros departamentos, pero -luego de
negociaciones- los manifestantes procedieron a desalojar. Las
oficinas del DADELIFA son las encargadas de llevar el control del
Programa de Transferencia de Tierras y otros programas en beneficio
de los desmovilizados de la Fuerza Armada. El oficial encargado de
las instalaciones, capitán Fuentes Rodas, explicó que
las peticiones de los manifestantes no caben dentro de los Acuerdos
de Paz. " No podemos hacer nada " , afirmó el
oficial, explicando que el 30.04 cerró el último
calendario de ejecución de los Acuerdos; sin embargo,
quedaron pendientes algunos programas, entre ellos el de
transferencia de tierras, asentamientos humanos, atención a
lisiados y reinserción. Para el funcionario, la entrega de
tierras benefició a más de 8,000 desmovilizados de la
FFAA y se indemnizó a 21,640 por un monto de 217.8 millones
de colones. Según explicó, la asignación de
tierras ha sufrido una serie de tropiezos que han demorado su
cumplimiento, principalmente lo que se refiere a aspectos legales
con las propiedades y la mediación de las mismas. Empero,
AEGES pide a la Asamblea Legisativa una "
interpretación auténtica " del artículo
38 de los decretos 414 y 183, o sea incluir en los beneficios a los
patrulleros cantonales y defensa civiles, quienes no formaban parte
del aparato militar que estaba reportado por el Ministerio de
Defensa (LPG 04.07 p.2-a).
AEGES PLANTEA ULTIMATUM. Veteranos de guerra dieron al gobierno el
03.07 un plazo de 72 horas para que soluciones la
problemática que se ha originado con la transferencia de
tierras ya que de lo contrario realizarán acciones de
protestas. Según Mauricio Cornejo, presidente de la
Fundación de Veteranos de Guerra de El Salvador (FUNDAVISA),
esta problemática ha sido planteada desde hace varios meses,
pero el Presidente de la República, Armando Calderón
Sol, no les ha atendido tal petición. Cornejo dijo que
" no les queda otra medida que realizar acciones
públicas de protesta, las cuales podrían dar inicio
el 05.07. Una de las primeras acciones que realizarían
dijeron los ex-combatientes, podría ser paralizar el
transporte, para lo cual cuentan con el apoyo de ciertas
instituciones, cuyos nombres se negaron a mencionar y tampoco
quisieron dar lugares donde podrían iniciar las acciones.
Con todo, hasta el 10.07 no se había reportado ninguna
movilización. Mientras tanto el comisionado presidencial
para la ejecución de los Acuerdos de Paz, Mauricio Ernesto
Vargas, lamentó el 04.07 la postura adoptada por los
desmovilizados, que con medidas de hecho pretenden presionar al
gobierno a que otorgue beneficios a patrulleros cantonales,
defensas civiles y víctimas de guerra que salen del marco de
los Acuerdos de Paz. Reiteró que los mismos desmovilizados
reconocen que sus peticiones están fuera de los Acuerdos de
Paz, y si bien en su legajo de peticiones puede haber "
aspiraciones legítimas " éstas sobrepasan la
capacidad del gobierno y de la misma sociedad (LPG 05.07 p.32-a y
DL 04.07 p.24).
PROBLEMATICA EN EL ROSALES. Los médicos residentes del
Hospital Rosales responsabilizaron el 09.07 a las autoridades de
Salud por la problemática generada por la supuesta
restricción de médicos internos a realizar sus
prácticas en dicho hospital. Según declaraciones de
los médicos residentes, el Ministerio de Salud
Pública pretende elevar al hospital a " tercera
categoría " , con lo cual se evitará que
estudiantes de medicina realicen sus prácticas, lo que fue
calificado como una medida con dedicatoria para la Facultad de
Medicina de la Universidad de El Salvador. La propuesta incluye la
contratación de 40 médicos residentes, con lo cual se
espera compensar el trabajo realizado por los 400 internos de la
UES, quienes quedarían fuera del hospital. Omar
Castañeda, vocero de los residentes, dijo que la
decisión solamente traerá problemas, ya que se
perderá tiempo en enseñar a los nuevos
médicos, lo cual repercutirá negativamente en la
formación del cuerpo de residentes. Por su parte, la
Directora del hospital, Mabel Fisher, desmintió las
inquietudes de los protestantes, negó que se vaya a impedir
el acceso a los estudiantes de medicina y así como una la
reducción en los ingresos económicos que éstos
reciben. Agregó que la inquietud de los estudiantes no es
justificada, ya que se pretende aún prepararlos mejor,
" contratar un residente no pone en peligro la oportunidad de
formación de los internos " , reiteró. Sin
embargo, los internos dijeron desconfiar de la dirección,
pues anteriormente había prometido una cosa y luego
resultó con otra, agregando que las autoridades pretenden
que los ingresos de internos se hagan durante el mes de enero, lo
cual es contradictorio con los planes de estudio de la UES (EM
09.07 p.3).