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El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 25
número 1188
Abril 5, 2006
ISSN 0259-9864
Editorial: Una necesaria reflexión postelectoral: democratización y cultura política
Política: La Asamblea de las postergaciones
Economía: Consideraciones sobre la entrada en vigencia del CAFTA
Sociedad: Más muertes por la diarrea
Regional: La “asimilación” en el debate migratorio actual
Derechos Humanos: Lecciones desde EEUU
Documento: Demanda contra el gobierno de El Salvador y la empresa Pacific Rim
Una necesaria reflexión postelectoral: democratización y cultura política
Las últimas elecciones pusieron de manifiesto que, en El Salvador actual, el proceso de democratización enfrenta graves obstáculos. Más aun, en el apartado de la construcción de un orden democrático, a catorce años de finalizada la guerra civil, el país arroja un saldo negativo y los pocos logros conseguidos no dejan de estar permanentemente amenazados por las asechanzas del autoritarismo, el fanatismo y la violencia.
Los obstáculos más llamativos son, sin duda alguna, de naturaleza institucional.
Sin embargo, recurrentemente, a lo largo de la postguerra, se ha hecho presente
otro fuerte obstáculo para la edificación de un ordenamiento democrático en el
país: el débil afianzamiento en la población, cuando no ausencia declarada, de
valores, opciones y creencias democráticas. Es decir, no se ha forjado una
cultura política democrática, sino que más bien lo que prevalece es una cultura
política nutrida de valores autoritarios, heredados de un pasado histórico
marcado por la prepotencia y los abusos de oligarcas y militares.
En la actualidad, de lado de quienes concentran el poder económico —y sus
portavoces políticos— a la prepotencia heredada del pasado, se suma la
ostentación sin límites. Esa prepotencia y esa ostentación —cobijada esta última
bajo el emblema del éxito— se irradian hacia la sociedad a través de unos medios
de comunicación obsequiosos con los poderosos y deseosos de vender a la
población un mundo de fantasía. Del lado de quienes no tienen poder económico y
político, a la sumisión, la acriticidad y el respeto a las jerarquías, se suma
el conservadurismo religioso, el consumismo envidioso, las ansias del éxito
fácil y la propensión a la violencia. Hay, sin duda, excepciones. Pero, en su
mayoría, los salvadoreños y salvadoreñas no han cultivado (ni cultivan), en su
subjetividad individual y en sus relaciones intersubjetivas, los valores, las
opciones y las creencias democráticas básicas.
La capacidad de valorar críticamente a quienes ejercen el poder es propia apenas
de sectores minoritarios; la disposición a ejercer (y a hacer valer) los
derechos ciudadanos fundamentales no es generalizada; la sumisión a los
poderosos (a quienes se considera superiores y, por ello, dotados de capacidades
de mando excepcionales) sigue presente en los más; ver a los débiles, los
excluidos y los marginados como fracasados y perdedores se ha convertido en una
norma para buena parte de la población; una gran mayoría ha hecho de la
violencia y del irrespeto a las leyes un hábito; y sólo unos pocos han hecho
suyos valores como la tolerancia, el respeto a la dignidad de los otros y la
solidaridad con los más débiles.
En parte, es esa cultura política —una cultura política no democrática y sí
fuertemente autoritaria— la que ayuda a explicar las inclinaciones electorales
de la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas. Distintos análisis y reflexiones
realizados a lo largo de la posguerra arrojan una conclusión preocupante: la
mayor parte de la población en edad de votar lo hace por un partido que ha
propiciado un modelo económico excluyente y marginador, es decir, por un partido
que ha tomado decisiones contrarias a sus intereses fundamentales. Identificada
esa situación, sin duda grave para quienes creen que los salvadoreños y
salvadoreñas merecen una vida más digna, el desafío consiste en indagar acerca
de los factores que puedan ayudar a explicarla.
Se trata, como ya se apuntó, de factores de tipo cultural. Y es que a ARENA —a
lo que el partido es y simboliza— no le viene bien una cultura política
democrática, sino más bien una de tipo autoritario y neopopulista, es decir, una
cultura conservadora e intolerante, respetuosa de las jerarquías, animadora de
las soluciones de fuerza y generadora de hábitos consumistas y prosaicos. Es de
este tipo de cultura que ARENA obtiene sus mayores réditos políticos; es por
ello que el partido —con la ayuda de los grandes medios de comunicación y
algunos influyentes líderes religiosos— la promueve en los diferentes ámbitos (religiosos,
deportivos, artísticos) de la vida social.
Es indiscutible que la construcción de un ordenamiento democrático se juega en
dos planos: el de las concreciones institucionales y el de los compromisos
ciudadanos. Es decir, sin un entramado institucional sólido, que garantice la
transparencia electoral, la revocación de mandatos, la competencia política
justa y la participación ciudadana, no puede haber una democracia consolidada.
Tampoco la puede haber sin unos ciudadanos comprometidos intersubjetivamente —desde
sus valores, creencias y opciones— con las exigencias de la democracia.
En El Salvador, finalizada la guerra civil en 1992, se pensó que todo estaba
listo para comenzar la andadura democrática. El optimismo, empero, duró poco.
Pronto se vio que las instituciones llamadas a apuntalar la democratización
—Tribunal Supremo Electoral, partidos políticos, Asamblea Legislativa— no
trabajaban por ella, sino por intereses particulares. Pronto se vio que las
instituciones llamadas a garantizar la transparencia (Corte de Cuentas), la
seguridad (PNC, Fiscalía General de la República) y la legalidad y los derechos
ciudadanos (Corte Suprema de Justicia, Procuraduría General de la República,
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos) no eran capaces de cumplir
con su cometido. Al cierre de los años noventa, cualquier signo de optimismo
había desaparecido. El pesimismo tomó su lugar al inicio del nuevo milenio. A la
prácticamente insuperable debilidad institucional se añadió un elemento más de
preocupación: la constatación de que, pese al tiempo transcurrido desde el fin
de la guerra, una gran parte de la población mantenía valores políticos forjados
antes de la misma, a los que se añadieron otros que, junto con los primeros,
alientan comportamientos políticos reñidos con los valores y normas de la
democracia.
Por lo dicho, los derroteros de El Salvador en materia política son inciertos,
como lo son también en materia económica y social. A medida que pasa el tiempo,
se incuban y echan raíces prácticas y valores que harán más difícil encauzar al
país por la senda de un Estado democrático de derecho. Ojalá que cuando se
quieran erradicar esas prácticas y valores no sea demasiado tarde.
La Asamblea de las postergaciones
Contrasta mucho el práctico abandono de las instalaciones de la Asamblea Legislativa durante los días de la campaña electoral con la actual prisa con que quieren evacuarse diferentes puntos de crucial importancia para el país. Para unos, esto es una evidencia más del descrédito en que ha caído el Legislativo; para otros, la muestra de que los diputados privilegian más los intereses electoreros que el mandato popular. Todavía más: puede decirse que durante la campaña el país quedó en un vacío de poder por partida doble: por un lado, El Salvador estuvo sin Ejecutivo, pues el presidente de la República se dedicó a su cargo de presidente del COENA; y por otro, sin Legislativo, pues la Asamblea se tomó un receso forzado por la campaña. El país quedó prácticamente a la deriva, pero nadie se inmutó por eso.
En algunos municipios se está dando un fenómeno que refleja la falta de visión
de largo plazo que impera en el país. En algunas municipalidades donde el
gobierno local en funciones no logró reelegirse, se está procediendo al saqueo
de las instalaciones de las alcaldías. Prácticamente, no quieren dejar más que
despojos para la administración entrante.
Algo así está ocurriendo en la actual Asamblea Legislativa. No se está dando el
saqueo material, pero de igual forma se actúa con premura para no dejarle a la
nueva legislatura decisiones importantes. Así como en ciertos municipios se
saquea, también se heredan problemas a las nuevas autoridades. El actual
Legislativo también deja pendientes decisiones delicadas a la Asamblea que
tomará posesión el primero de mayo próximo.
El origen de este problema —una prisa por decidir sobre ciertos puntos y un
desdén por discutir a fondo otros— reside en la nueva composición de la Asamblea
Legislativa. El actual parlamento permite un consenso ágil entre ARENA, el PCN y
el PDC. En la próxima legislatura, el esquema imperante será el de buscar
entendimientos entre las dos fuerzas políticas mayoritarias, puesto que ninguna
de ellas tiene, por sí sola, asegurada la mayoría absoluta, ni siquiera
recurriendo a sus aliados más habituales (PDC y PCN, en el caso de ARENA; y, a
veces, CD, en el caso del FMLN).
Consideraciones sobre la entrada en vigencia del CAFTA
A un mes de la entrada en vigencia del CAFTA, los resultados son mínimos. Si bien algunas empresas han colocado sus mercancías con facilidad en el mercado estadounidense, hay un grupo que ha tenido dificultades en los trámites de aduana. Aún con esta desigualdad en el trato a los empresarios salvadoreños, el gobierno considera que el balance de los primeros días del convenio comercial es positivo y que las dificultades serán resueltas cuando se conozcan mejor las normas del tratado.
La postura gubernamental sobre los primeros días del CAFTA arguye que el país
cuenta ahora con una estructura legal que le permite exportar a los EEUU. El
gobierno considera que, para aprovechar el convenio, es menester dar a conocer
las normas y leyes que conforman dicha estructura. Así, los productores y
comerciantes contarían con la información necesaria que facilitaría su inserción
en el mercado norteamericano. El optimismo del gobierno es notorio cuando el
presidente de la República expresa que, bajo las nuevas condiciones de comercio,
El Salvador triplicará sus exportaciones en los próximos diez años.
También existe optimismo en el sector privado. Ante las dificultades en las
aduanas de los EEUU, algunos de los grandes empresarios son de la opinión que
“no hay desventajas, sino retos”. Otros, en vez de disgustarse por las
complicaciones sufridas en aduana, mencionan simplemente “estamos preparándonos”.
Lo cierto es que un mes es poco tiempo para evaluar los pocos resultados del
vínculo comercial de El Salvador con los EEUU. Pero ante la falta de ellos, es
una buena oportunidad para reflexionar sobre dos aspectos importantes: en primer
lugar, la amalgama de intereses políticos y económicos que dieron vida al
tratado. En segundo lugar, algunos parámetros que serán de utilidad en el futuro
para evaluar los resultados económicos que pueden derivarse del convenio. Ambos
aspectos son importantes para comprender los resultados del CAFTA.
Más muertes por la diarrea
La vida es un derecho humano fundamental que el Estado salvadoreño está obligado a garantizar. Sin embargo, la realidad muestra que aquél no está cumpliendo dicha tarea, no sólo porque no logra detener la violencia social, sino porque es incapaz de controlar las muertes de niños y niñas a causa de una enfermedad curable: la diarrea.
Hasta el sábado 18 de marzo, cifras del Ministerio de Salud Pública registraban
30 fallecidos a causa de la diarrea; mientras que Medicina Legal registraba 33
muertes. Nuevamente las cifras oficiales no coinciden (tal como sucedió a
inicios de este año, al contabilizar los homicidios de 2005). Lo innegable es
que en este país siguen muriendo personas —sobre todo niños y niñas—, a causa de
una enfermedad, que, a diferencia de enfermedades incurables como el VIH-SIDA,
es curable.
Es una falta de respeto para las víctimas el hecho de ocultar el número de
muertes, por más que Guillermo Maza, el ministro de Salud Pública, se esfuerce
en hacerlo. Las alertas no parecen contrarrestar la situación de muerte a causa
de la diarrea; además la posición del ministro de Salud es contradictoria,
aparte de indiferente, ante la muerte de niños y niñas, pues, no parece, por sus
declaraciones, mayormente preocupado por dicha situación. El funcionario
pretende descargar en las víctimas de familiares fallecidos la responsabilidad
total de la muerte de sus infantes, lo cual no tiene sentido ético ni racional.
La “asimilación” en el debate migratorio actual
El actual proceso de reforma de ley migratoria en Estados Unidos ha estimulado a grupos tanto a favor de la inmigración, como aquellos en contra, a hablar públicamente al respecto. El enfoque ha girado en torno a varios ejes, uno de ellos es los efectos a largo plazo de la inmigración masiva, y en especial sobre las características del proceso de “asimilación” de la actual ola inmigrante. La discusión no es nueva. Se ha dado a través de los años en épocas en donde se han considerado problemáticas varias acerca de anteriores olas de inmigración, como las de 1850 y la de la primera década de 1900. Así, el concepto “asimilación” está siendo constantemente usado hoy en día en los debates públicos, académicos y políticos. Se le utiliza en varios sentidos; se habla de “la asimilación económica”, “asimilación educativa”, “asimilación social”, etc. Lo cierto es que el debate en torno a lo que es asimilación y las áreas que este término contempla no es nuevo.
Se suele usar muy comúnmente la figura del “crisol” (melting pot), una ideología
específica acerca de la asimilación, refiriéndose a la misma como una
composición prácticamente homogénea de la identidad americana producto del
aporte agregado de las diferentes y sucesivas olas de inmigrantes en Estados
Unidos desde que el Mayflower desembarcó a sus pasajeros en 1620 en lo que hoy
ocupa el territorio de Massachussetts. Los que hablan así suelen calificar a
Estados Unidos como “una nación de inmigrantes”.
Otros teóricos, como Samuel P. Huntington, piensan diferente. Según este autor,
Estados Unidos no es absolutamente “una nación de inmigrantes”, por ello la
identidad estadounidense no puede definirse con base en esa proposición, y por
ende cambia también el concepto de “asimilación”. Huntington sostiene en su
libro ¿Quiénes somos? Los desafíos a la identidad nacional estadounidense lo
siguiente: “Estados Unidos es una sociedad fundada y creada por los colonos de
los siglos XVII y XVIII, que eran casi exclusivamente blancos, británicos y
protestantes. Sus valores, sus instituciones y su cultura proporcionaron los
cimientos y determinaron el desarrollo de Estados Unidos en los siglos
posteriores. (…). Sus orígenes como sociedad de colonos angloprotestantes han
marcado profunda y duraderamente (más que ningún otro factor) la cultura, las
instituciones, el desarrollo histórico y la identidad de Estados Unidos. (…).
Por el contrario, los inmigrantes no crean una nueva sociedad. Se trasladan de
una sociedad a otra distinta”. Así, el concepto de asimilación desde esta
concepción no coincide con el del crisol, sino con una transmutación
(transmuting pot), en donde los elementos foráneos que se fueron añadiendo con
las olas de inmigrantes no sólo se fundieron, sino que también quedaron en gran
medida transmutados no logrando impactar significativamente el “material
original”, es decir lo que instauraron los colonos originales.
De esas dos formas de concebir la asimilación es que se ramifican, por lo
general, los diferentes argumentos en el debate actual. Los que ven en Estados
Unidos “una nación de inmigrantes” consideran casi siempre positivo cualquier
aporte cultural o económico de alguna ola inmigrante y que de hecho es la base
de “la grandeza americana”. Los que adoptan la versión de la transmutación
consideran que la asimilación de las olas de inmigrantes no equivale a sus
aportes, sino a su difuminación dentro de lo establecido, que es la identidad
blanca, anglosajona y protestante.
La primera forma de concebir la asimilación puede desviar la objetividad a la
hora de analizar qué tipo de asimilación es conveniente para Estados Unidos. Sin
embargo, la segunda posición contempla factores sumamente delicados que de no
percibirlos y aceptarse sin reparos podría resultar en la creación de políticas
inhumanas para los actuales inmigrantes que aspiren a asimilarse.
Lecciones desde EEUU
¡Qué lástima que la población emigrante sea usada para conseguir votos! En las dos últimas elecciones salvadoreñas, su situación fue determinante para definir los resultados. Durante las presidenciales, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) presentó a su entonces candidato —Elías Antonio Saca— como defensor de la misma y afirmó que un triunfo del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberacin Nacional (FMLN) provocaría una expulsin masiva. En las legislativas y municipales, el partido de izquierda se la cobró planteando que pese a la buena relación de Saca con el Presidente de los EEUU, la deportación era un hecho. Y vino la respuesta: días antes de las votaciones, el Presidente Saca —máximo dirigente de su partido— anunció la prórroga del Estatus de Protección Temporal (TPS) que aseguraba la estadía tranquila en aquel país de una buena cantidad de compatriotas durante otro período.
Ese utilitarismo no es exclusivo de los políticos salvadoreños. También en
México y EEUU, donde se acercan importantes comicios, declaran y deciden sobre
este tema con la mente puesta en los votos a conseguir. Así, el mexicano Vicente
Fox afirmó públicamente que los beneficios migratorios a aprobar en el Senado
estadounidense eran producto de su gestión presidencial.
El Comité Judicial de la Cámara Alta en el Congreso de EEUU, emitió una
propuesta que incluye permisos de trabajo para los indocumentados y la
posibilidad de negociar salarios, cambiar de empleo, sindicalizarse y viajar a
sus pases, seguros de que podrán regresar. Además, ofrece un plan para optar por
la residencia permanente y, en algunos casos, por la ciudadanía. Esto podra
beneficiar a más de doce millones de indocumentados que viven en ese país.
Pese a que es buena noticia para la población emigrante, aún falta mucho camino
para que dichas ventajas se materialicen y en el trayecto se debe sortear la
posicin republicana en el Congreso; ésta se encuentra dividida entre quienes
aprueban y quienes rechazan la propuesta del citado Comité. Los demócratas, por
su parte, sí la apoyan, pero reconocen que hay varias piedras en el camino, pues
todava debe someterse al pleno del Senado y después discutirse en la Cmara de
Representantes; en ésta, además de oponerse a la mayoría de beneficios
migratorios mencionados, ya se había aprobado una ley criminalizando a la gente
indocumentada y a quienes la auxilien.
Al final, lo que salga no girará en torno al bienestar de las y los emigrantes
sino de los réditos electorales para los polticos. Por eso es importante que las
salvadoreñas y los salvadoreños en EEUU, junto con el resto de indocumentados de
otras nacionalidades, construyan poder social y den muestras de mayor unidad,
fuerza e inteligencia que los grupos que los atacan. Buena parte de eso ya lo
lograron. Las y los hispanos han realizado marchas y protestas contra las
restricciones migratorias; éstas, sin duda, han influido en el debate
legislativo estadounidense y dejado varias lecciones al movimiento social
salvadoreño. La aberración que se aprobó en la Cámara Baja impulsó y unificó a
esta población, que ya dejó de ser cualquier minoría . Desfiles de alumnos,
alumnas, trabajadores, trabajadoras, profesionales y pequeños empresarios así
como la posición de cantantes, actores, y escritores, revelan la fuerza
organizativa y la presión que puede ejercer. Esa es la primera enseñanza: se
puede construir poder ciudadano capaz de revertir decisiones que afectan los
derechos humanos. Además, su lucha prueba que se pueden obtener importantes
logros sin violencia. Esa es la segunda lección.
También descubre la gran cantidad y enorme riqueza de matices que puede adquirir
el trabajo en favor de la dignidad humana, cuando hay imaginación. Las medidas
de presión no sólo han incluido decenas de miles de hispanos en las calles de
importantes ciudades estadounidenses como Los Ángeles, Dallas, Washington D.C.,
Detroit, Chicago, Milwaukee y Denver; también en San Francisco, un grupo de
veinte inmigrantes realizó una huelga de hambre, en Miami se desplegó una
caravana motorizada que concluyó frente a las oficinas de Inmigración. En
Georgia, la “Alianza 17 de Marzo“ realizó el primer boicot y paro laboral
denominado “Día por la dignidad de los latinos“. Alrededor de ochenta mil
personas no trabajaron ni compraron ese día, lo que, según la Cámara de Comercio
estatal, dejó un millón de dólares en perdidas. Asimismo, un grupo de líderes de
las iglesias católica, episcopal, luterana, metodistas y otras, instaron en Los
Angeles a sus fieles a ignorar cualquier ley que obligue a verificar el estatus
legal de la gente antes de ayudarla. Esta es la tercera lección: si la maldad es
creativa, quienes luchan por los derechos humanos deben serlo más.
Frente a este movimiento social que batalla por mejores condiciones para la
población emigrante, da vergüenza la respuesta de los gobiernos de Mxico y
Centroamrica. Ninguno ha cabildeado en EEUU para lograr una reforma integral que
vaya más allá de facilitar espacio a trabajadores temporales. No. Las
autoridades de los países cuya población es expulsada y presumen de su amistad
con el inquilino de la Casa Blanca, no han hecho nada serio por sus
connacionales. ¿Y qué se puede esperar, si no son capaces de cambiar el rumbo de
sus países para evitar que su población salga en busca de mejores condiciones de
vida? Si no han evaluado el esquema econmico predominante que excluye a las
mayorías y no les deja más opcin que emigrar? No es lógico imaginar de estos
otra respuesta, aunque su investidura lo demande.
Como lo apuntan especialistas en el tema migratorio, todava hay varias batallas
por librar y valoraciones que hacer. El proyecto de ley aprobado por el Comité
Judicial también tiene deficiencias, como el aumento de la vigilancia y control
en las fronteras que obligar a los indocumentados a buscar la entrada a ese país
por la zona más peligrosa: el desierto. Además, el régimen de trabajadores
huéspedes crea una especie de segunda categoría ciudadana para ejercer trabajos
que no quieren los estadounidenses, con menor remuneración que la normal para
nacidos en ese pas, naturalizados o con residencia permanente. Eso no puede ser.
Es necesario garantizar todos los derechos laborales y las disposiciones de la
Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los
trabajadores migratorios y de sus familiares aceptada por el gobierno
estadounidense. Hacia ahí debe encaminarse toda la energía.
Por el momento, las lecciones que se desprenden de la lucha reciente impulsada
por la población emigrante en EEUU pintan un panorama esperanzador. El
sacrificio de quienes hoy se manifiestan, realizan huelgas de hambre, se
pronuncian, dejan de consumir ciertos productos e impulsan otras medidas para
presionar, será recompensado con una mejor reforma migratoria; además, les ha
permitido descubrir un modo eficaz de hacer las cosas y obtener beneficios,
incluidos aquellos que tienen que ver con sus países de origen como hacer valer
su derecho al voto e influir en políticas públicas.
Pero las enseñanzas también son para quienes residen acá. Estas acciones y su
eficacia para permear decisiones de Estado, confirman a la sociedad salvadoreña
y latinoamericana lo que mostraron antes —entre otras— las marchas de los
cacerolazos en Argentina contra Menem y en Perú contra Fujimori, así como las
movilizaciones multitudinarias en Ecuador contra Gutiérrez y Bucaram: si la
población se une para hacer exigir el respeto de sus derechos, es posible
revertir una historia de injusticias y reivindicar la dignidad de las mayorías
excluidas.
Demanda contra el gobierno de El Salvador y la empresa Pacific Rim
A continuación, ofrecemos un extracto de la presentación de
una demanda interpuesta por el Centro de Investigación sobre Inversión y
Comercio (CEICOM) y la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) ante el
Tribunal Latinoamericano del Agua, con sede en México, D.F., en contra del
gobierno de la República de El Salvador y la empresa canadiense Pacific Rim, por
el proyecto de explotación minera que esta última realiza en San Isidro,
Cabañas. Enseguida, presentamos el veredicto del referido Tribunal, emitido
recientemente. Finalmente, se reproduce el manifiesto público de las comunidades
afectadas por la amenaza de explotación minera en el norte del departamento de
Chalatenango.
Demanda contra el gobierno de El Salvador y la empresa Pacific Rim
1. El subsuelo es propiedad de la sociedad en su conjunto, por tanto es esta
quien tiene que decidir sobre sus usos, para lo cual se deben establecer los
mecanismos apropiados.
2. Las empresas mineras no son factores de desarrollo, mas bien son saqueadoras
de las riquezas. Las regalías no corresponden en absoluto a los daños a la vida
que causa la explotación minera. Si aceptamos como ciertos los datos ofrecidos
por la empresa Pacific Rim en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), los
beneficios de la empresa, por las reservas de oro extraíbles, a precios de
mercado actuales, alcanzarían el monto de $179,580,000.00, de los cuales
quedarían en calidad de regalías, la cantidad de hasta $ 3,591,600.00, siendo
realmente esta una cantidad insignificante.
3. La explotación minera en El Salvador no tiene nada que ver con la
satisfacción de las necesidades de la población ni del Estado, pero sí con la
insaciable sed de riqueza de las empresas transnacionales; es una actividad a
corto plazo pero sus impactos negativos se sufrirán en el mediano y largo plazo.
Las empresas mineras prometen generación de empleo y riqueza, pero millones de
personas en el mundo han resultado víctimas de los altos costos socio
ambientales que trae consigo: apropiación de tierras de las comunidades locales,
impactos en la salud que en muchos casos llevan hasta la muerte, alteración de
las relaciones sociales, destrucción de las formas de sustento y de vida de las
comunidades, cambios abruptos y radicales en las culturas regionales,
desplazamiento de otras actividades económicas locales actuales, etc.
Por todo lo anterior solicitamos al honorable Tribunal:
Exhorte al gobierno de El Salvador para que cese el otorgamiento de licencias de
exploración minera metálica en el país, por ser estas actividades contrarias a
la vida, a la salud, a la protección del medio ambiente, al desarrollo
sostenible y al respeto de los derechos humanos;
Exhorte al gobierno de El Salvador para que se abstenga de otorgar la licencia
de explotación minera a la empresa Pacific Rim;
Exhorte al gobierno de El Salvador a prevenir la degradación del medio ambiente
y específicamente la contaminación directa del recurso hídrico en beneficio de
todos sus habitantes;
Condene ética, moral y públicamente a la empresa Pacific Rim por el uso de
prácticas engañosas que solo tienen como fin su lucro a costa de la violación de
derechos humanos; y,
Exhorte al gobierno de El Salvador cumplir con su mandato constitucional de
estar organizado para la consecución del bien común, estando por ello obligado a
la defensa de los derechos de sus habitantes, para lo que debe ejercer
correctamente sus funciones de vigilancia, especialmente en aquellas empresas
cuya intención es la explotación de recursos naturales, previniendo con ello su
degrado y contribuyendo a la instauración de una mejor calidad de vida de sus
habitantes.
Veredicto del Tribunal Latinoamericano del Agua
Sección relativa a El Salvador
Actores del Contradictorio: Centro de Investigación y Comercio (CEICOM) y
Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES). En oposición a: Pacific Rim El
Salvador S.A. de C.V., Ministerio de Economía y Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.
Hechos
De acuerdo con los actores:
1. Al 2004 el Ministerio de Economía otorgó 52 licencias de exploración minera
localizadas en la zona norte de El Salvador.
2. Así mismo, en el 2005 se han entregado licencias de exploración sin dar
cuenta de los lugares de exploración. Este proceso se ha desarrollado sin
informar de manera oportuna y transparente a la población localizada en los
distritos mineros.
3. De acuerdo con las publicaciones del Ministerio de Medio Ambiente el día 5 de
octubre de 2005, la empresa Pacific Rim El Salvador presentó a dicho Ministerio
el estudio de impacto ambiental “Proyecto Mina El Dorado” para su aprobación con
el fin de solicitar al Ministerio de Economía la licencia de explotación.
4. Dentro del Departamento de Cabañas, el Proyecto está en el municipio de San
Isidro, que cuenta con 7 Cantones, con una población estimada en 11, 000
habitantes.
5. De acuerdo con el estudio de exploración realizado por la empresa en el área
de concesión, se ha identificado un recurso geológico que contiene mas de
750,000 onzas de oro y 4.9 millones de onzas de plata.
6. Los habitantes de la zona de ubicación del proyecto minero presentaron al
Ministerio de Medio Ambiente un escrito en el que plantean su oposición al
proyecto de explotación con base en las observaciones técnicas del Dr. Robert
Morán, experto en el tema y de acuerdo con la experiencia internacional
registrada a nivel mundial y particularmente en la región centroamericana.
7. Al mismo tiempo se solicita la no aprobación del estudio de impacto ambiental
presentado por la empresa Pacific Rim, por ignorar los graves impactos socio
ambientales que pueden derivarse de la explotación minera, especialmente los
recursos hídricos, ya que el proyecto se localiza en la cuenca del río Lempa que
es la más importante del país, afectando también a sus afluentes, los ríos
Copinolapa y Titihauapa así como al río San Francisco.
Considerando
1. Que en el año 2004 el Ministerio de Economía otorgó 52 licencias de
exploración minera para la explotación de oro y otros minerales metálicos
localizadas en la zona norte de El Salvador.
2. Que en el año 2005 se han entregado licencias de exploración sin dar cuenta
de los lugares de exploración.
3. Que este proceso se ha desarrollado sin informar de manera oportuna y
transparente a la población localizada en los distritos mineros.
4. Que los antecedentes en los países vecinos que también forman parte de este
contradictorio, indican que estas actividades podrían entrañar riesgos para la
salud de la población y de los ecosistemas.
El Tribunal Latinoamericano del Agua
Resuelve
1. Exhortar al Gobierno de El Salvador a:
a. Que cese el otorgamiento de licencias de exploración minera metálica en el
país, por ser esta actividad de alto riesgo para el medio ambiente y la salud de
la población;
b. En particular, que se abstenga de otorgar la licencia de explotación minera a
la Empresa Pacific Rim por la insuficiencia y carácter inadecuado de la
información presentada en la Evaluación de Impacto Ambiental.
Recomendaciones
1. Que se evalúen en forma independiente las áreas potencialmente mineras
concesionadas en exploración y futura explotación, teniendo en cuenta el riesgo
de contaminación y degradación de los ecosistemas y recursos hídricos así como
las poblaciones que podrían verse perjudicadas en su calidad de vida y capacidad
productiva.
2. Que se establezca una mesa permanente de discusión clara y transparente sobre
el tema de la minería en El Salvador con participación de actores sociales,
gubernamentales y técnicos.
Manifiesto público
Al Sr. Presidente de la República y en especial a los Ministros de Economía y
Medio Ambiente, a la Empresa Minera Martinique Minerals S.A. de C.V. y otras, y
a la Comunidad Internacional.
Hacemos saber lo siguiente:
Informados y conocedores de que la explotación minera, es un proyecto que atenta
contra el medio ambiental debido a la contaminación del aire, de los ríos y de
las aguas subterráneas; a la destrucción de los bosques y a la erosión de los
suelos. Que además atenta contra la armonía de nuestras comunidades generando
problemas sociales que contribuyen a la división de las familias, propician la
prostitución y los vicios y proliferan enfermedades como el SIDA y otras,
poniendo en riesgo la salud y la seguridad de nuestras familias. Además,
informados y convencidos de que los beneficios ofrecidos por las empresas
transnacionales no pasan de ser falsas promesas y sorprendidos de que todo el
beneficio que generan dichos proyectos es dinero se va fuera del País, sin dejar
beneficios reales para desarrollar nuestras comunidades, convirtiéndose así en
saqueadores de nuestros recursos que solo nos dejarían únicamente problemas y
destrucción,
Manifestamos:
Nuestro rechazo total y enérgico a la introducción de los proyectos mineros en
nuestra zona, declarando que estas tierra son el fruto de doce años de guerra
sufrida en El Salvador, como consecuencia de la gran injusticia social que
imperaba y que aun sigue imperando, debido a que la mayor parte de la riqueza se
sigue concentrando en las manos de unos pocos.
Que además estas tierras son el resultado de luchas logradas con sangre de
chalatecos y chalatecas y que son fruto de los Acuerdos de Paz con el programa
de transferencia de tierras, que se pudo llevar a cabo gracias a Dios y a la
solidaridad internacional.
Si las empresas siguen insistiendo, haciendo caso omiso de nuestra decisión de
no permitir su incursión en nuestras comunidades, nos reservamos el derecho a
tomar las medidas necesarias para defender nuestras tierras y recursos naturales,
nuestro derecho a la vida y el derecho a la vida de nuestras futuras
generaciones.
Por el derecho a la vida, organización y lucha, no a la explotación minera.
Organizaciones y comunidades firmantes.
Fuente:
www.ceicomobservatoriodelsur.org
Tel: +503-210-6600 ext. 407, Fax: +503-210-6655 |
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