PROCESO — INFORMATIVO SEMANAL EL SALVADOR, C.A.

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El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

 

Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

 

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Año 25
número 1184
Marzo 8, 2006
ISSN 0259-9864

 

 

Índice


 

Editorial: Valoración crítica de la campaña electoral

Política: Imitando los vicios de ARENA

Economía: Balance de las plataformas legislativas

Sociedad: Oferta electoral del FMLN

Regional: El legado de Lagos para la(s) izquierda(s) de Latinoamérica

Derechos Humanos: Las otras candidaturas

 

 

Editorial


Valoración crítica de la campaña electoral

Este domingo 12 de marzo se celebrarán las elecciones municipales y legislativas correspondientes al año 2006. Más allá de los pronósticos acerca de sus resultados, ese día se decidirá tanto la nueva conformación de la Asamblea Legislativa como la nueva distribución del poder municipal. Pues bien, a estas alturas, es pertinente hacer una valoración crítica de la campaña electoral, en orden a identificar sus vicios y fallas más notables. Y es que en la campaña recién concluida han salido a relucir actitudes y prácticas que muchos desearíamos ver erradicadas de la dinámica política nacional.


En primer lugar, el compromiso abiertamente proselitista de funcionarios públicos en ejercicio. Es una tradición que ello suceda, pero en esta campaña se han sobrepasado los límites de lo permisible. El caso más llamativo ha sido el del presidente Antonio Saca, quien se olvidó de sus responsabilidades al frente del Ejecutivo y se convirtió en un activista más de ARENA. Habría que sacar las cuentas de cuánto perdió el país —en términos económicos y jurídicos— gracias a un presidente dedicado, no a gobernar, sino a hacer campaña a favor de su partido. Ciertamente, no sólo fue el presidente Saca el que estuvo en campaña; también lo estuvieron ministros, viceministros, diputados, alcaldes y mandos medios de la administración del Estado. Hay lujos que un país pobre no puede darse, y uno de ellos es que quienes tienen en sus manos la mayor responsabilidad política pierdan el tiempo haciendo campaña para el partido al cual pertenecen. No es que se les quiera privar de ese derecho, pero antes deberían renunciar a sus cargos en la administración pública.


En segundo lugar, la demagogia de ARENA. Otra vez, como en tantas otras ocasiones, la actual campaña ha sido rica en demagogia, la cual da pie a la manipulación y el engaño. Ninguno de los partidos contendientes ha escapado de ella. Sin embargo, uno ha destacado más que los otros: ARENA. El presidente Saca y los candidatos oficialistas para diputados y alcaldes han vendido, a lo largo de la campaña, un país de fantasía, un país en el cual la erradicación del desempleo, la pobreza y los bajos niveles de salud, vivienda y educación están a la vuelta de la esquina, gracias a la gestión de ARENA, la privatización, la dolarización y la firma de un TLC con Estados Unidos. El colmo de la demagogia del partido en el poder ha sido vender la migración de salvadoreños y salvadoreñas a Estados Unidos —sin duda, un verdadero drama social— como uno de los logros más importantes del gobierno.


Al presentar las cosas de esa manera, han jugado con la gente; con cinismo, han escamoteado tres realidades indiscutibles: que la migración a Estados Unidos (y a otras partes) comenzó antes de la llegada de ARENA al Ejecutivo, que los gobiernos de ARENA no pueden impedir las deportaciones ni los abusos contra los inmigrantes salvadoreños en Estados Unidos y que la salida forzosa de salvadoreños hacia el extranjero (principalmente, Estados Unidos) indica que el modelo económico implementado por ARENA en El Salvador es un absoluto fracaso, en lo que se refiere a garantizar el bienestar de la mayor parte de la población.


ARENA ha tenido suficiente tiempo para enfrentar el desempleo, el deterioro de la economía familiar, el empobrecimiento de la clase media, la exclusión y la marginación de las mayorías, pero no lo ha hecho. Pide otra oportunidad a la población para enfrentar esos y otros problemas, y hace promesas que nunca va a cumplir, porque su vocación es servir a los más ricos de los ricos en El Salvador. En ARENA la demagogia no conoce límites. La manipulación y el engaño son sus armas preferidas; los grandes medios, sus comparsas; y la gente pobre del país, su principal víctima.


En tercer lugar, la violencia electoral. Cada vez se hace más normal, en épocas electorales, la violencia entre militantes de los distintos partidos políticos, especialmente entre militantes de ARENA y el FMLN. Se trata de una violencia alentada, generalmente, por las cúpulas partidarias, que de esa forma pretenden amedrentar a los simpatizantes de sus rivales políticos. En esta campaña, ha sobresalido, en este apartado, la actitud violenta de los militantes de ARENA, quienes han reproducido en cantones y caseríos la prepotencia y la agresividad propias de algunos dirigentes de su partido. Es distintos lugares —por ejemplo, en el Municipio de Guaymango, en Ahuachapán, y en el Cantón Laguna Seca, en el Municipio de Nueva Concepción, Chalatenango— miembros de ARENA han agredido a miembros y simpatizantes del FMLN, dando lugar a un clima de confrontación política contrario a las reglas básicas de la democracia. Muchos militantes de base de ARENA, pobres, marginados y excluidos ellos también, se comportan como grupos de choque, a la manera de la desaparecida ORDEN. Si desde la cúpula de ARENA se promueven esos comportamientos, lo mejor sería que dejara de hacerse, pues no haría bien a nadie —recuérdese a ORDEN y a los escuadrones de la muerte— tener en las calles a grupos de matones sembrando el terror por razones políticas.


Por último, la complicidad de los grandes medios con el gobierno de Saca y el partido ARENA. Esos medios proclaman a los cuatro vientos su compromiso democrático pero, a la hora de criticar al poder, guardan silencio sin inmutarse. Han sido comparsas de una lectura de las elecciones —esa que las ve como “fiesta cívica”— en la cual ni se han discutido con seriedad los problemas fundamentales del país ni se han cuestionado las violaciones a la legislación electoral y a la Constitución por parte de prominentes miembros de ARENA, incluido el presidente Saca. Los grandes medios han puesto de manifiesto, una vez más, que los intereses de la derecha son los suyos propios. Sus foros, debates y entrevistas, lejos de generar una conciencia crítica en los ciudadanos, han contribuido a la trivialización de la realidad. En suma, los contenidos políticos que han comunicado son los diseñados por la derecha para perpetuarse en el poder. Es por eso que ha ocultado y distorsionado —ahora, como en otras coyunturas electorales— lo que no conviene a la derecha, aunque convenga al conjunto de la sociedad.


En definitiva, la recién finalizada campaña electoral siembra serias dudas, no sólo acerca de los derroteros del proceso de democratización en el país, sino también acerca de la seriedad con la que asumen los problemas nacionales quienes lo dirigen políticamente. Una campaña como la que acaba de terminar debería ser motivo de preocupación para todos y todas, porque, lejos de reflejar un avance en materia de democratización, refleja un franco retroceso con claros síntomas autoritarios.

G

 

Política


Imitando los vicios de ARENA

 

El partido gobernante ha conducido una campaña electoral de lo más abyecta. No hay otro adjetivo para describirla. Mientras su supuesto principal candidato, que contiende para la alcaldía capitalina, se las ve duras para defender una plataforma municipal que no pasa de enunciados generales, el partido ha violado las normas éticas y las disposiciones constitucionales con su propaganda electoral.


El candidato arenero a la alcaldía capitalina no convence, como tampoco convencen el resto de candidaturas oficialistas a escaños legislativos y gobiernos municipales. Por eso, ARENA cargó todas sus baterías en presentar al público una campaña en la que las modelos mínimamente vestidas y las calumnias contra el FMLN trataron de suplir los vacíos de fondo. Por esa razón, se rehuyó, como siempre, al debate de fondo, pues debatir no es lo mismo que coincidir con otros candidatos para tomarse una fotografía juntos y repetir, cada cual por su cuenta, idénticas promesas de campaña.


Esto no resulta nada nuevo, pues las campañas tradicionales siempre se han conducido de esa forma, tratando de llegar al hígado o al corazón del electorado, pero no a su cabeza. No son campañas para pensar, porque a los partidos tradicionales no les interesa que la gente piense, sino que vote por ellos. Otra práctica tradicional es el papel que han jugado las administraciones presidenciales. Aunque no se ha pedido el voto abiertamente, es común ver cómo los gobiernos de turno inauguran obras largamente postergadas el mes de las elecciones, como si ellos no hubieran sido votados para traducir los impuestos en obras de beneficio común y no para convertirlos en propaganda.


La actual campaña electoral de ARENA sienta un precedente en cuanto a la desfachatez y la carencia de principios. No sólo no se han conformado con las viejas prácticas (insultos contra los adversarios, presentación de las obras públicas como propaganda electoral, ausencia de planteamientos sustanciales), sino que el mismo presidente de la República se ha presentado descaradamente como el jefe de la campaña arenera de facto, aunque el de jure sea Julio Rank. Un jefe de campaña que es también jefe de barra, aunque ostente el cargo de presidente de la República y comandante en jefe de las fuerzas armadas de El Salvador. La participación de Saca en la campaña y la indiferencia con la cual la sociedad salvadoreña la ha acogido son un baremo de lo bajo en que puede caer la política criolla.


Esto resulta indignante, pero no sorprendente. Desde los gobiernos militares, el público salvadoreño está acostumbrado a este tipo de campañas antiéticas e ilícitas. Lo que resulta sorprendente es el viraje que ha tomado la propaganda del FMLN en la recta final de las elecciones. La izquierda se había distinguido por marcar una diferencia con los políticos tradicionales. Frente a campañas de simples promesas, la izquierda intentaba hacer un esfuerzo por poner en la mesa de discusión algunos de los más acuciantes problemas nacionales. No es que lo haya dejado de hacer, pero, a juzgar por el tenor de la campaña política del FMLN en estos últimos días, es alarmante pensar que estén aprendiendo los vicios de la derecha.

G

 

Economía


Balance de las plataformas legislativas

 

Este miércoles se cierra la campaña electoral. Los partidos políticos han presentado sus plataformas legislativas al pueblo salvadoreño. Las propuestas de los candidatos a diputados han sido variadas: unos partidos basan sus propuestas en aspectos ideológicos que limitan el abordaje de problemas concretos, otros se dedican a criticar a sus adversarios antes que expresar sus pobres programas de trabajo en el parlamento. No hacen falta los que, a pesar de sus limitaciones, mantienen unas cuantas propuestas creíbles, aunque no cuenten con mucho respaldo entre la población.


En materia económica, la propuesta legislativa de ARENA se basó, una vez más, en el mensaje de las pasadas elecciones presidenciales: “la profundización del sistema de libertades y la promoción de la igualdad de oportunidades”. Conceptos demasiado amplios que si bien avivan el “espíritu arenero” de los seguidores incondicionales del partido, dice poco a la población que busca soluciones concretas a los problemas del país. Esta vaguedad se debe, entre otras razones, a que los candidatos a diputados por el partido oficial no tienen nada nuevo que ofrecer. Los nuevos diputados del partido oficial están llamados a facilitar la aprobación de todas las iniciativas del presidente Elías Antonio Saca. En otras palabras, quien marca la pauta y las dinámicas de los diputados de ARENA en el parlamento es el jefe del Ejecutivo. No en vano dice el mandatario salvadoreño que “un voto por los diputados de ARENA es un voto por Tony Saca”.


Los problemas concretos del país, como la falta de crecimiento económico y el desempleo, son abordados con medidas generales como la “creación de empleos de mayor calidad” y el impulso de “políticas sectoriales” para el desarrollo económico. Propuestas que no especifican qué leyes se pueden crear o reformar para trabajar en la consecución de dichos objetivos. De igual forma, la propuesta en materia de medio ambiente sobre el establecimiento de un “desarrollo territorial armónico” no expresa qué normativas se impulsarán o reformarán para combatir los problemas ambientales. De todas las propuestas, únicamente las reformas legales en materia de seguridad pública son puntuales y concretas. Sin embargo, en materia económica existe una falta de claridad para desarrollar nuevas medidas desde la nueva legislatura.

G

 

Sociedad


Oferta electoral del FMLN

 

La cuarta publicación de esta serie de análisis social en torno a las elecciones legislativas y municipales del 12 de marzo próximo se detiene en la oferta electoral del principal partido político de oposición, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Como se ha hecho hasta el momento, la primera cuestión a abordar será el contenido de las propuestas legislativa y municipal. En el ámbito de las iniciativas legislativas, se pasará revista a la denominada Plataforma de la esperanza 2006-2009; en el caso de la oferta municipal se revisará, a grandes rasgos, la propuesta del FMLN para gobernar la ciudad de San Salvador, un bastión representativo de ese partido. La segunda cuestión pasa por analizar, dentro del plano de la imagen y las percepciones, la recepción que la ciudadanía hace de la oferta electoral del principal partido de oposición.

G

 

Regional


El legado de Lagos para la(s) izquierda(s) de Latinoamérica

 

Este próximo fin de semana, además de celebrarse las elecciones para alcaldes y diputados en El Salvador, también se dará un acto político importante en Suramérica. En Santiago de Chile, la socialista Michelle Bachelet, recibirá el 11 de marzo la banda presidencial de manos del también socialista Ricardo Lagos. Tanto Bachelet como Ricardo Lagos vienen de la Concertación de Partidos por la Democracia, una coalición que incluye a los siguientes partidos: Partido Demócrata Cristiano (PDC), Partido por la Democracia (PPD), Partido Radical Social Demócrata (PRSD) y Partido Socialista (PS). De hecho, son candidatos de la Concertación los que gobiernan Chile desde 1990. En fin, Lagos traspasa este sábado su mandato a Bachelet, dejándole no sólo el poder para presidir Chile, sino un gran reto, y es mantener y superar la altura política y la eficacia económica de su gobierno, lo que le mereció dejar la silla presidencial con un 70% de popularidad y el calificativo de “el mejor presidente que ha tenido Chile”, de acuerdo a la opinión pública chilena.


Lo cierto es que Lagos es parte del fenómeno comúnmente conocido como “el giro a la izquierda” en Latinoamérica: Nestor Kirchner en Argentina; Tabaré Vázquez en Uruguay; Lula da Silva en Brasil; Ricardo Lagos; y hoy Michele Bachelet, en Chile; Hugo Chávez en Venezuela; y Evo Morales en Bolivia. Sobre este “giro” ya proliferan los análisis, pero más que todo las observaciones superficiales, por parte de políticos, comentaristas y escritores en general.

G

 

Derechos Humanos


Las otras candidaturas

 

Los comicios municipales y legislativos concluirán en unos días, cuando se anuncien sus resultados oficiales y entreguen las respectivas credenciales; pero luego habrá más elecciones en otros ámbitos de la administración pública, como el judicial. El 1 de julio, máximo, cinco magistrados dejarán la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El proceso para sustituirlos incluye la participación de abogados y abogadas, del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y de la Asamblea Legislativa. El gremio de juristas y el CNJ proponen, cada cual, quince nombres para que de ahí surja la selección final que realiza la legislatura. Este mecanismo es cuestionable de principio a fin, comenzando porque no consta que las treinta postulaciones cumplan todo lo requerido para ocupar un lugar en el “máximo” tribunal. Con facilidad se verifica si la persona es salvadoreña, seglar, mayor de cuarenta años y abogada; pero de la “moralidad y competencia notorias” que exige el artículo 176 constitucional, ¿quién da fe? Por eso, en muchos casos, alrededor de las candidaturas se genera cierta duda razonable, por lo menos.


En la práctica, la carrera por la elección arranca cuando el CNJ entrega a las diversas asociaciones de abogados y abogadas los nombres de quienes dicen alcanzar el perfil exigido. A partir de esa nómina, integrada en la actualidad por más de 4,000 nombres, las gremiales pueden y deben integrar sus planillas para someterlas a votación entre su membresía; en esta coyuntura, dicho evento tendrá lugar el sábado 18 de marzo. Quienes alcanzan los primeros quince lugares, integran la propuesta de las referidas asociaciones. La otra lista se elabora de forma menos democrática, en la medida que lo hace el CNJ sin que la ley le obligue a fundamentar su decisión. Así, sea por criterios subjetivos o por intereses particulares, se corre el peligro de obtener un resultado parcial y oscuro. Como ya se anotó, la Asamblea Legislativa recibe ambas propuestas y elige.


La etapa previa a la decisión parlamentaria no garantiza la calidad final del producto. Al observar con acuciosidad las listas presentadas por las gremiales de cara al 18 de marzo, surgen interrogantes alrededor de algunas candidaturas en cuanto a lo esencial para ser ungidas: su “moralidad y competencia notorias”. Estas exigencias son las más importantes, sobre todo cuando destacan abogados y abogadas que han debilitado el sistema de justicia por incapacidad o indecencia, o por la combinación de ambas. De ahí la exigencia de una rigurosa verificación de las personas preseleccionadas en lo concerniente a su idoneidad, basada en el conocimiento que tengan de la ley y su sometimiento a la misma, así como en su intachable trayectoria de respeto a los derechos humanos.


A la luz de lo anterior, cabe mencionar cuatro casos dignos de resaltar para ilustrar la “calidad” del proceso. Salvador Nelson García es uno de los competidores; este abogado de la República es célebre más que nada por haber sido procesado en el 2003, al imputársele la comisión de delitos sexuales en perjuicio de menores de edad y su utilización con fines pornográficos. Salió libre, producto de dudosos errores policiales y fiscales durante la investigación; por eso, los funcionarios judiciales no se pronunciaron sobre la certeza de las acusaciones. Prevaleció entonces la impunidad del sistema de justicia, pero no la moral. Sin embargo, ahí va a competir con posibilidades de llegar a ser magistrado de Corte.


Otro postulante es Guillermo Wellman, quien fue descubierto y denunciado en el 2002 por cobrar al mismo tiempo dos jugosos salarios en la administración estatal: uno como asesor de la fracción legislativa del Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA); otro en la misma Corte Suprema de Justicia, a la cual ansía regresar pero como protagonista principal.


Arturo Argumedo, hijo, también merece atención. No por contar con mejores o peores referencias, sino porque anda tras tres “huesos”. Compitió para ser diputado por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y, al momento de escribir estas líneas, aún no se sabía si había triunfado; además, su nombre figura en la lista de aspirantes a Fiscal General de la República y también le apuesta a una magistratura en la CSJ. Si no resulta electo diputado, la Asamblea Legislativa deberá considerar que Argumedo está directamente vinculado a una opción política partidaria y eso riñe con la independencia del sistema de justicia; en concreto, nombrarlo Fiscal o magistrado de Corte podría afectar para mal la investigación de los delitos o el castigo a sus responsables, respectivamente. Por si fuera poco, en la actualidad, Argumedo es investigado por la CSJ debido a declaraciones públicas en perjuicio de una magistrada.


El último ejemplo: Rodolfo Garay Pineda, anterior director del sistema penitenciario. También pretende ingresar a la Corte, pese a sus antecedentes como funcionario público. Su gestión al frente de las prisiones no fue satisfactoria; por el contrario, la crisis carcelaria se incrementó durante su administración que se caracterizó por múltiples motines, muertes y tráfico de drogas, entre otros males. Destacan los estallidos de violencia en diciembre del 2002 y agosto del 2004, dentro del penal conocido como “Mariona”. Garay renunció tras permanecer en el cargo por más de una década.


Estos “perfiles” son apenas una muestra de un problema de fondo, que afecta la calidad de la justicia salvadoreña: la elección de personas inapropiadas para conducir el Órgano Judicial. De ahí las siguientes interrogantes para quienes se empeñan en corregir el rumbo del país, sobre todo en este importante ámbito: ¿qué está fallando y cómo superar las fallas? En cuanto a lo primero, de nuevo se debe denunciar el procedimiento para elegir integrantes de la Corte Suprema a partir de la discrecionalidad del Consejo Nacional de la Judicatura; éste, sin ningún control, propone quince nombres y su decisión se equipara —por ley— a la voluntad de más de once mil abogados y abogadas en capacidad emitir su voto para definir otro número igual de aspirantes.


El CNJ puede ser sometido a presiones partidistas, económicas o de otro tipo. Y nadie garantiza que no ceda ante las mismas. En la configuración del actual Consejo Nacional de la Judicatura fue evidente el apoyo de ARENA para David Cabezas, quien lo preside; a Nora Montoya la promovió el Partido de Conciliación Nacional (PCN). Así, existe fundado temor de que miembros del CNJ paguen “favores” políticos al momento de estructurar las candidaturas a la Corte. De esa forma, las fracciones legislativas tienen a quién escoger para influir en el Órgano Judicial según sus particulares intereses.


En la votación gremial también se manifiesta ese problema y otros como el absentismo electoral. ¿Se pueden superar tales fallas? Claro que sí. Para ello, las nuevas generaciones de juristas no contaminadas por la corrupción y otros males deben asumir poco a poco el liderazgo organizativo y participativo, con una visión y una actitud distintas a las tradicionales, para ganar así credibilidad entre la sociedad e impactarla positivamente. Se necesitan, además, reformas legales. Hay que acabar, por ejemplo, con la potestad del CNJ para presentar una lista de aspirantes a la Corte; sólo se deben presentar las candidaturas surgidas de comicios transparentes. También tiene que establecerse un filtro bipartito constituido por representantes de la Asamblea Legislativa y de organizaciones sociales, que examine “con lupa” las hojas de vidas de quienes pretendan cumplir los requisitos constitucionales para pertenecer al “máximo” tribunal del país. Cambiar la forma de selección de magistrados y magistradas, volviéndola más objetiva y democrática para que responda a los intereses de la sociedad y no de los partidos políticos, contribuirá mucho a mejorar la calidad de la justicia para las víctimas en El Salvador. Esas candidaturas, también deberían preocupar.

G

 


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