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El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 25
número 1145
Mayo 18, 2005
ISSN 0259-9864
Editorial: Los sectores medios, traicionados
Política: Argumentos errados sobre el fracaso de Flores
Economía: Tensión en el Congreso de EEUU por la aprobación del CAFTA
Economía: Evolución de la banca
Sociedad: Breve balance de coyuntura social
Derechos Humanos: Examen de conciencia
Los sectores medios, traicionados
Desde el primer gobierno de ARENA (1989-1994), los sectores medios salvadoreños han venido padeciendo un deterioro continuo de sus condiciones de vida. Bajo la administración de Francisco Flores (1999-2004), las cosas se emperoraron para quienes se habían creído la tesis de que, con la consolidación del modelo económico neoliberal, su vida mejoraría en términos de empleo, salario, acceso a bienes de calidad y bienestar. Cuando Flores dejó la presidencia, la brecha entre ricos y pobres se había ampliado, la pobreza no había disminuido, las privatizaciones no habían favorecido a la mayoría de salvadoreños, la oferta de empleo era más precaria que nunca, la dolarización había encarecido el conjunto de bienes de consumo y la dependencia de las remesas se había convertido en una necesidad estructural del aparato económico. Entre los sectores sociales más afectados por una conducción económica sesgada hacia los intereses financieros y las transnacionales estaban los sectores medios, cuyas expectativas de bienestar, ascenso social y acceso a una mejor calidad no encontraban un camino fácil de realización.
Al finalizar el mandato de Flores, el partido ARENA tenía un grave problema
entre manos: la potencial desafección de los sectores medios, claves no tanto
para ganar elecciones, sino más bien para obtener la legitimidad necesaria para
gobernar con relativa estabilidad. Quizás en ese momento, la pobreza general
fuera un problema para ARENA; quizás sus asesores e ideólogos temieran que los
sectores populares, agobiados por una miseria creciente, se rebelaran
electoralmente y se inclinaran por el FMLN. Pero quizás el temor de una
desafección de los sectores medios era más fuerte. Esta presunción permite
explicar buena parte de la campaña electoral que catapultó al entonces candidato
Elías Antonio Saca a la presidencia de la República.
Y es que Saca fue promovido, esencialmente, como un hombre de clase media:
siendo de origen humilde –decía la propaganda—, basándose en un esfuerzo y una
dedicación constantes, avanzó venciendo obstáculos hasta llegar a ser una
persona de éxito económico y político. Saca concretaba los sueños tradicionales
(y quizás perennes) de los sectores medios: ir de menos a más, progresar en la
vida, escalar socialmente, acceder a bienes de mejor calidad, triunfar... En
esta materia, quienes diseñaron la imagen con la que Saca fue lanzado al ruedo
político supieron explotar símbolos, emblemas y mitos –el mito del progreso, por
ejemplo— con los cuales los sectores medios se identifican imaginaria y
emotivamente. El culmen de este manejo de los símbolos y las emociones se dio
cuando se manejó la tesis de que, de triunfar el FMLN en las elecciones, quienes
tenían más de una casa o más de un automóvil, inevitablemente serían expropiados
por el gobierno de izquierda.
Vista con frialdad y con algo de racionalidad, esa amenaza —y otras que se
propagaron desde la derecha— no se sostenía. Sin embargo, un segmento
significativo de los sectores medios –en el que se podía encontrar a empleados
de banco, empleados públicos, comerciantes y profesionales— no estaba para
detenerse a mirar con frialdad o racionalidad un asunto tan delicado y vital. No
importaba que uno de sus dos vehículos estuviera siendo pagado al crédito o que
una de sus dos casas estuviera hipotecada o que sus tarjetas de crédito
estuvieran sobregiradas. Lo importante era que carros, casas y tarjetas de
crédito eran un símbolo de progreso, bienestar y éxito; por tanto, la defensa de
esos bienes y del estilo de vida asociado a (y garantizado por) ellos estaba por
encima de cualquier otra consideración. Votar por ARENA fue para muchos la
garantía de que esos bienes y ese estilo de vida estarían asegurados para
siempre. Saca jugó con esas ambiciones y esos sueños; más aún, los reforzó y, de
paso, se comprometió a ser su garante.
Cuando Saca fue proclamado ganador de los comicios, quienes, desde los sectores
medios, le dieron su voto seguramente respiraron aliviados: la amenaza comunista
contra sus bienes y propiedades se había conjurado y, de ahora en adelante, de
lo que se trataría era de seguir progresando —por la vía del pago de las deudas,
el aumento de los ingresos, la adquisición de más bienes y el bienestar—, tal
como el candidato por el que habían votado lo había prometido. La realidad fue
otra. Las promesas a los sectores medios pronto se revelaron como lo que eran:
meras promesas. A casi un año de haber iniciado su mandato presidencial, Saca ha
hecho poco por los sectores medios a los que tanto prometió. Empleados públicos
y privados, pequeños y medianos comerciantes, profesionales, jubilados... Todos
ellos están resintiendo la presión de unos salarios estancados, la ofensiva
tributaria que se cierne sobre ellos, el incremento de los precios, la voracidad
de los bancos y las instituciones financieras, las desventajas de la
privatización y la falta de oportunidades laborales. A los sectores medios
salvadoreños les está sucediendo lo que les sucede a las clases medias en otros
países de América Latina: se ha estancado su movilidad social, no hay esperanzas
en el futuro, están siendo golpeadas por la pauperización creciente y predomina
en ellas una sensación de malestar.
En conjunto, los sectores medios se están empobreciendo cada vez más. Es curioso,
pero ARENA, con Saca como candidato, les ofreció salvarlos de la amenaza de
expropiación de sus bienes por parte del FMLN. El problema es que ahora que Saca
es presidente son los bancos y las instituciones financieras las que amenazan a
la gente con quitarle el carro o la casa que no pueden pagar. Es decir, muchos
de quienes votaron por Saca corren el riesgo de perder sus propiedades a manos
de grupos de poder económico aliados del presidente de la República y su partido.
Cualquiera dirá que los sectores medios —quienes dentro de ellos votaron por
Saca y ARENA— están recibiendo su merecido castigo, por haberse dejado seducir y
manipular por los eslóganes del éxito, el individualismo y el consumismo. Quizás
es cierto. Con todo, lo que es indudable es que Saca y su partido han
traicionado a esos sectores, porque están haciendo con ellos precisamente lo
opuesto de lo que les prometieron. Ante una situación tan crítica, la salida del
país se afirma como una opción firme. La otra salida —más remota, pero más
prometedora para el conjunto de la sociedad— es que los sectores medios se
conviertan en dinamizadores de una movilización social que permita redefinir los
ejes de la conducción social, económica y política de El Salvador.
Argumentos errados sobre el fracaso de Flores
En el actual gobierno de Elías Antonio Saca, por así decirlo, hay una especie de reparto de las tareas que puede llevar a engaño. Por un lado están los ministros que se presentan ante los periodistas haciendo alarde de su cara con sentido humano. Corresponden a esta descripción los ministros de Educación, Economía, la Comisionada para la defensa de los consumidores y la Primera Dama de la república. En la mejor tradición de la política criolla, como se puede observar en esta lista de funcionarios destacados, las mujeres son asociadas a la compasión y la ternura. Son las encargadas directas, junto con el presidente, de hacer realidad el lema del cuarto ejecutivo de ARENA “un gobierno con sentido humano”.
Tensión en el Congreso de EEUU por la aprobación del CAFTA
La semana pasada, los presidentes centroamericanos viajaron a EEUU para impulsar la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, la República Dominicana y aquel país (CAFTA-RD). Para los mandatarios, la aprobación del convenio comercial por parte de los congresistas estadounidenses constituiría la apertura de una “nueva senda hacia el desarrollo” para los países centroamericanos. George Bush también se encuentra muy interesado en la ratificación del convenio comercial. Para el presidente norteamericano, el libre comercio entre EEUU y Centroamérica ayudaría a los habitantes de la región a mejorar su nivel de vida y también contribuiría a la consolidación de la democracia de los países.
Evolución de la banca
El sector financiero es el que ha tenido mayor crecimiento en el país durante los últimos años. Es innegable que la dolarización ha favorecido la competitividad de la banca nacional, ya que llevó a los bancos a tener balances con activos más líquidos. Ello se debe a que la dolarización impidió que se siguieran manipulando los instrumentos monetarios y se perdió al gran prestamista en última instancia, el Banco Central de Reserva (BCR).
Breve balance de coyuntura social
Prácticamente, desde finales de 2002, cuando se preparaban comicios legislativos y municipales, la sociedad salvadoreña se halla inmersa en una coyuntura electoral en cuyo marco son interpretados todos los asuntos de interés público. En otras palabras, el ambiente electoral ha marcado el rumbo de la economía, de la política y de todo el tejido social durante los últimos años. Así, pues, un balance de coyuntura social, transcurridos casi cinco meses del 2005 y casi doce de la actual gestión presidencial, no puede desentenderse de ese gran escenario.
Examen de conciencia
No son pocas las personas que acostumbran examinar su conciencia después de fracasar en algo o cuando les hacen ver graves errores en su modo de ser o actuar. Eso es muestra de responsabilidad frente a la vida y de voluntad para considerar un posible cambio de actitud. Esta especie de evaluación introspectiva también debe ser parte de cualquier organización o institución, sobre todo cuando pertenecen a la administración pública o tienen algún grado de influencia en la sociedad. Por ello, recientes conductas reprochables atribuidas a miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) deberían generar una profunda preocupación en sus mandos más altos y ser objeto de una adecuada revisión en los términos arriba relacionados.
Al respecto se tiene que, hace unas semanas, personeros de la Procuraduría para
la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), en el ejercicio de sus funciones
constitucionales fueron apresados por agentes de la PNC; éste constituyó un acto
autoritario que interfirió con la labor verificadora de la PDDH en un
procedimiento de expulsión —aparentemente por razones migratorias, pero más por
causas políticas— de un médico ecuatoriano. Los policías justificaron su
actuación argumentando que los procuradores habían ingresado a un área de
seguridad del Aeropuerto de Comalapa.
Lo cierto es que los representantes de la PDDH pueden, por Constitución y ley,
inspeccionar cualquier sitio público en el marco de sus funciones; en lugares
privados, lo pueden hacer con orden judicial. En el caso que nos ocupa y sobre
todo preocupa, si la presencia de estos funcionarios constituía un problema de
seguridad en la terminal aérea, la solución era sencilla: bastaba con
explicarles la situación y solicitarles que abandonaran esa área específica. De
eso a las capturas y la instrucción de un proceso judicial, hay una diferencia
abismal.
En definitiva, la actuación de los policías carece de toda lógica y legitimidad;
ésta evocó las arbitrariedades de los antiguos cuerpos, arremetiendo contra
quienes abogaban porque se respetaran los derechos humanos. Lo anterior es más
grave al considerar que tanto la PDDH como la PNC son instituciones surgidas de
los acuerdos de paz, con el propósito de superar los atropellos de antaño
ocurridos hasta el fin del conflicto armado; son, como alguien dijo, sus “hijas
predilectas”. Resulta irónico entonces que la Policía sea la responsable de
herir a su hermana, la Procuraduría; eso representa un fuerte golpe a la
incipiente institucionalidad del país.
Pero en los últimos días el cuestionamiento al cuerpo policial no se debe
únicamente al suceso antes relatado. También fue capturada una supuesta banda de
delincuentes que operaba en el departamento de Santa Ana. Entre los detenidos se
encontraban nueve miembros de la PNC entre agentes, cabos, sargentos y hasta un
subinspector; este último era el encargado de la Policía Rural de Santa Ana. Se
les acusó de robar vehículos, joyas y dinero. Voceros oficiales afirmaron que
ingresaban a viviendas y negocios con órdenes de allanamiento falsas; estando
adentro, cometían los asaltos.
Entre lo sustraído se encontraba una moto niveladora, propiedad de la Alcaldía
de Santa Ana; según declaró el alcalde Orlando Mena a un periódico matutino,
luego de esa pérdida algunos policías le solicitaron treinta mil dólares para
indicarle dónde se encontraba el vehículo. El edil presentó una denuncia formal
que no fue tramitada por los agentes encargados de investigar los hechos; lo más
grave es que, según el jefe edilicio, ninguno de los ahora detenidos es de los
que le exigían dinero a cambio de la información, ni tampoco de los que le
recibieron la denuncia. Ello puede indicar dos cosas. Que existen más policías
involucrados sin capturar, es una; la otra, que todos o algunos de los detenidos
no tuvieron participación en esos delitos.
La propia oficina regional de la Fiscalía General de la República (FGR) en Santa
Ana organizó las investigaciones con agentes policiales de San Salvador,
previendo que la red del crimen organizado infiltrada en la PNC impidiera o
desviara el avance de las averiguaciones.
Ante estos hechos no se puede obviar que resulta muy difícil evitar por completo
infiltres de las organizaciones criminales en instituciones estatales, pero es
indispensable que existan mecanismos idóneos para tratar de que eso no ocurra,
así como para detectarlas y combatirlas cuando están dentro. Para el caso de la
PNC, estos esfuerzos deben realizarse desde que inicia el proceso de selección
de aspirantes a policías en la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), ya
sea para el nivel básico o ejecutivo. Se deben revisar los criterios aplicados y
las preguntas realizadas en los exámenes de admisión, los rubros y métodos de
las investigaciones psicosociales que se efectúan a las y los postulantes, y el
desempeño del personal que selecciona a quienes ingresan.
Así podrá contarse con verdaderos filtros para la entrada de candidatos y
candidatas a policías. De forma constante deben evaluarse, además, los
contenidos de los cursos impartidos para que se respeten tanto la Constitución y
los derechos humanos, como el espíritu de los acuerdos de paz y de la
corporación policial. A la vez, debe reforzarse la formación ética de las y los
estudiantes.
Si a pesar de esas medidas algunos miembros del crimen organizado logran
penetrar la PNC, ésta debe activar con eficacia sus mecanismos de vigilancia
interna a través de la Inspectoría General de la misma, cuyas funciones
principales son las de “vigilar y controlar las actuaciones de los servicios
operativos del cuerpo”. Lamentablemente, cuando cambió la Ley Orgánica de la
corporación policial en diciembre del 2001, la Inspectoría pasó a depender
jerárquicamente del Director General de la Policía y —reconózcanlo o no— se
redujo su ya limitado nivel de autonomía. Hoy en día, son pocos quienes confían
en su libertad investigadora y la imparcialidad para hacerlo.
Si se quiere mejorar el control interno que debe ejercerse, es necesario volver
al estado original de la Inspectoría General de la PNC; es decir, desligarla de
la Dirección General de dicho cuerpo. Para ello, se puede proponer al Ministro
de Gobernación —de quien depende orgánicamente la Policía— que promueva una
iniciativa de ley en la Asamblea Legislativa solicitando la modificación
mencionada para transparentar las investigaciones dentro del cuerpo de seguridad.
Por otra parte, los procesos de la Inspectoría y la aplicación de cualquier tipo
de sanciones por parte de los tribunales disciplinarios internos deben
realizarse —en todos los casos— con irrestricto respeto de la legalidad. El
hecho de pedir cuentas urgentes sobre conductas inapropiadas de agentes y jefes
de policía, no significa que las indagaciones se hagan con arbitrariedad; por
tanto, deben evitarse destituciones masivas que pueden dar lugar a ligerezas e
injusticias, tal como ocurrió durante la arrebatada depuración impulsada por
Mauricio Sandoval cuando fungió como Director General de la corporación. Este
recuerdo debe pesar para sus actuales autoridades; deben aprender de los errores
pasados y enfrentar sus retos del presente de forma enérgica, pero respetando
los derechos humanos.
Es indispensable, entonces, que tanto el actual jefe máximo de la PNC, sus
mandos superiores y toda la corporación realicen un honesto examen de conciencia;
que valoren los hechos recientes y determinen, tomando como base el ordenamiento
jurídico y las finalidades para las que fue creada la Policía, el alcance de los
errores cometidos y los mecanismos correctivos que urgen para un saneamiento
institucional de fondo. De lo contrario, seguirá sonando hueco el himno de la
institución que establece a sus miembros lo siguiente: “Combatir siempre el mal
y proteger a los demás es mi objetivo primordial”.
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