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El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 25
número 1140
Abril 13, 2005
ISSN 0259-9864
Editorial: Dos reveses internacionales
Política: Derrota de la diplomacia salvadoreña
Reporte IUDOP: La transparencia en el Estado salvadoreño. La perspectiva de los empresarios (I)
Regional: ¿Premio?
Derechos Humanos: Verdad, justicia y paz para Mesoamérica
Documento: Reflexiones
Dos reveses internacionales
El gobierno salvadoreño todavía no ha comprendido los alcances del derecho internacional y le costará mucho comprenderlo, porque ha estado acostumbrado a proceder de forma arbitraria. El fallo del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos en contra del Estado salvadoreño por violar el derecho a la garantía y protección judicial de dos diñas desaparecidas durante el conflicto lo ha puesto otra vez en evidencia. El gobierno de ARENA habla mucho de globalización e integración a las grandes corrientes mundiales, pero desconoce sus responsabilidades. El Salvador no se puede abrir al mundo sin respetar el derecho internacional, lo cual tiene repercusiones internas trascendentales. Antes, podía violar los derechos fundamentales con impunidad. Ahora, se expone a ser condenado, puesto que las víctimas pueden acudir a los tribunales internacionales para reclamar sus derechos.
Eso es, precisamente, lo que han hecho los familiares de las dos niñas
desaparecidas durante a guerra, en una operación del ejército. Si el Estado
salvadoreño hubiera respetado sus derechos, la demanda no habría tenido lugar.
La actuación del Órgano Judicial, en este caso, ha sido reprobada por jueces
independientes. También la ha sido la del ejecutivo, puesto que el Órgano
Judicial no es independiente de éste, ni tampoco de los partidos. Negar la
existencia de las dos niñas, tal como hizo el gobierno de ARENA, es una simple
estupidez. Argumentar que se trata de un fallo político partidista es otra
insensatez del gobierno actual.
La sentencia no es una simple recomendación. El Estado salvadoreño está obligado
a cumplirla muy a su pesar, como ya lo han hecho el hondureño y el guatemalteco,
en situaciones similares. Por lo tanto, debe pedir disculpas públicas, por no
investigar la desaparición de las dos niñas y por no administrar justicia; debe
acelerar la investigación para determinar el paradero de las dos hermanas; debe
dedicar un día al año a la memoria de todas las niñas que corrieron la misma
suerte, abrir un sitio electrónico para ayudar a localizar a los que aún se
encuentran desaparecidos y pagar más de 700 mil dólares. No faltará quien
considere que la cantidad a pagar es excesiva para un gobierno con recursos
escasos. Tampoco faltará quien alegue que pedir disculpas en público, ante los
familiares y los funcionarios gubernamentales, es una humillación para el
presidente Saca, o que dedicar un día a la memoria de los niños desaparecidos es
abrir una herida. A estos hay que responderles que sería mucho más económico y,
ciertamente, mucho menos humillante que el gobierno de ARENA cumpliera con su
deber estatal de garantizar y proteger el derecho a la justicia de la población.
Ha sido su tenaz negativa a cumplir con este deber lo que lo ha llevado a tener
que pedir disculpas y a indemnizar por daños y perjuicios. Pero, el gobierno de
ARENA prefiere pasar por ello a que una investigación ponga en evidencia la
violación de los derechos fundamentales de la población, porque entonces tendría
que identificar a los responsables æciviles, políticos y militaresæ, incrustados
en la estructura del poder. Resulta, pues, que sobre los impuestos de la
ciudadanía recae el peso de la impunidad de estos poderosos personajes de la
vida nacional. Sería más equitativo que ellos mismos asumieran sus
responsabilidades y no el Estado, es decir, la ciudadanía que paga impuesto y
que está tan urgida de mejores y más amplios servicios sociales.
El Estado salvadoreño sufrió otro revés internacional, por su rechazo a firmar
algunos tratados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El gobierno
de ARENA pretendía gozar del sistema general de preferencias de la Unión
Europea, que le otorgaría unas ventajas comerciales importantes a la producción
salvadoreña, sin cumplir los requisitos. La Unión Europea ya había advertido a
los representantes salvadoreños que debían firmar dichos tratados, pero éstos se
escudaron en que eso supondría violentar la Constitución. Pensaron que podrían
gozar de las ventajas comerciales sin hacer concesiones. De nuevo, calcularon
mal. Si no cumplen, no hay concesiones. La negativa no es definitiva. El
gobierno salvadoreño tiene poco más de un año para reformar su legislación
interna y firmar los tratados en cuestión.
La reacción del gobierno de Saca a este revés ha sido confusa y contradictoria,
con lo cual demuestra lo poco preparado que se encuentra para enfrentar los
desafíos de la integración en el mundo. La verdad es que los gobiernos de ARENA
no están acostumbrados a verse ante posturas tan tajantes como la europea. Sus
reacciones suelen ser bastante rudimentarias, suelen dar largas y prefieren las
componendas. El presidente Saca reaccionó de inmediato y anunció una nueva mesa
para dialogar sobre la libertad sindical, la negociación colectiva y el régimen
de aprendizaje. Para salvar la cara de ARENA y sus gobiernos, aclaró que su
decisión respondía a las obligaciones contraídas en el tratado de libre comercio
con Estados Unidos. Es probable que así sea y que el rechazo de la Unión Europea
sea una mera coincidencia. Pareciera que para ARENA es más aceptable ceder ante
Estados Unidos que ante Europa. La reacción de la Ministra de Economía fue
diferente. Según ella, no hubo tiempo para tratar la cuestión. En realidad, la
Unión Europea postergó su decisión, para dar una segunda y última oportunidad al
gobierno salvadoreño. El Viceministro de Trabajo fue más allá y negó la
existencia de presiones externas y el compromiso de reformar la legislación
interna para poder firmar los tratados, con lo cual no sólo contradijo la
postura oficial de su gobierno, sino que puso de manifiesto su falta de
consistencia interna. Según él, la mesa convocada es para conversar sobre
algunos temas laborales.
La decisión de la Unión Europea fue postergada por intermediación de España, la
cual consiguió un principio de acuerdo. Intervino, no tanto por solidaridad con
los intereses salvadoreños como para favorecer a una empresa atunera española,
establecida en el oriente salvadoreño, muy interesada en los beneficios del
sistema general de preferencias arancelarias. El principio de acuerdo permite a
El Salvador gozar de las ventajas comerciales si firma los dos tratados
relacionados con la libertad sindical y la negociación colectiva antes que
finalice el año 2006. Por lo tanto, la legislatura que termina deberá aprobar la
reforma constitucional antes de disolverse y la nueva, deberá ratificarla, en
sus primeras sesiones. Está visto que el Estado salvadoreño actualiza su
legislación por presiones externas y a trompicones. Esta situación incómoda, por
no decir violenta, es producto de la falta de interés, de voluntad política y de
visión de largo plazo de sus políticos y gobernantes.
Derrota de la diplomacia salvadoreña
Se truncó el sueño de grandeza de Francisco Flores Pérez. Con ello, se fue al pique la política exterior de El Salvador. De momento, se trata de la primera cosecha negativa de la apuesta absurda y acrítica que ha hecho Elías Antonio Saca, de asumir sin inmutarse, el legado de su predecesor en materia de las relaciones internacionales. Después de dejar Casa Presidencial, valiéndose de su amistad con Bush, en el contexto que todos ya saben de acefalía en la Organización de los Estados Americanos (OEA), el ex presidente se impuso como “candidato centroamericano” para ocupar el cargo. Pensó que habría sido suficiente el espectáculo montado en la sede del organismo regional, flanqueado del responsable por la Casa Blanca de los asuntos hemisféricos, Roger Noriega, para asegurarse la simpatía de los demás países miembros.
La transparencia en el Estado salvadoreño.
La perspectiva de los empresarios (I)
Los empresarios salvadoreños evaluaron desfavorablemente a las instituciones fiscalizadoras y contraloras del Estado, como la Corte de Cuentas y las superintendencias, según revela un estudio publicado hoy por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) de El Salvador. El estudio en cuestión recoge las opiniones de una muestra de 350 empresarios pertenecientes a diversos segmentos y sectores de la actividad económica, acerca de la situación de la transparencia y la corrupción en el Estado. La encuesta fue llevada a cabo en noviembre y diciembre de 2004 y constituye la continuación de una serie de investigaciones sobre corrupción y transparencia financiada por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID), a través del Proyecto de Participación Ciudadana y Gobernabilidad de CREA Internacional.
La investigación se centró fundamentalmente en la percepción de los empresarios
en cuanto a sus relaciones con el Estado salvadoreño, en términos de
trasparencia. Se indagó sobre el concepto y la percepción de la transparencia y
se pidió que evaluaran cada uno de sus componentes, es decir, la existencia de
reglas claras y acceso a la información, los mecanismos de rendición de cuentas
e instituciones de control y fiscalización, la participación ciudadana
(empresarial) y los criterios para la toma de decisiones de política pública y,
finalmente, su percepción sobre la victimización y combate a la corrupción.
Asimismo, se preguntó sobre la percepción que los empresarios tenían acerca de
la eficiencia del gobierno en la prestación de servicios públicos vinculados al
sector empresarial y la facilitación del ambiente de negocios. El principal
señalamiento que hacen los empresarios salvadoreños a las instituciones
contraloras, en especial, a la Corte de Cuentas es su falta de independencia,
dado que, según éstos, se ha vuelto un ente politizado que responde a intereses
partidarios, lo cual provoca que no se investigue todas las instituciones y
funcionarios por igual.
Además, el sistema judicial salvadoreño, desde la visión empresarial, es lento y
burocrático y no está ayudando a resolver los conflictos de manera eficaz. Uno
de los hallazgos más importantes del estudio es que los empresarios que
pertenecen al sector de la construcción, son los que más manifestaron ser
víctimas de la corrupción y también son los que más dicen recurrir a regalos y
pagos extraoficiales para la agilización de trámites o para la adjudicación de
contratos.
Esto es particularmente grave en este sector económico (construcción) que
coincidentemente es el sector que más se relaciona con el Estado como proveedor
de bienes y servicios. En el lado contrario, aquel sector que menos se relaciona
con el gobierno, la agroindustria, es la que menos reporta verse afectada por
situaciones de corrupción.
Uno de los hallazgos más reveladores es que la mayoría de los empresarios no se
sienten beneficiados de las políticas y programas emprendidos por los gobiernos.
Más aún, estos manifiestan que sólo “un grupo pequeño” se beneficia de éstas y
que esto se debe a sus vínculos estrechos con altos funcionarios públicos, lo
cual habría permitido que este grupo controle la mayor parte del mercado
nacional.
En ese sentido, más del 80% de los empresarios manifestaron que los funcionarios
públicos que también son empresarios generan favoritismo para sectores
particulares ligados a la gran empresa salvadoreña. Además, la mitad de los
empresarios expresó que quienes deciden la política del país son justamente los
“grandes empresarios”. Aunado a lo anterior, casi el 90% de los encuestados
manifestaron que existen argollas de poder en el país. Cuando se preguntó sobre
los sectores que más se relacionan con esas argollas, casi una cuarta parte de
los empresarios señaló al sector financiero.
Definición de la transparencia
Al preguntársele a los empresarios: “¿para usted, ¿qué es transparencia?”, una
tercera parte de las pequeñas empresas y una cuarta de las medianas relacionó la
transparencia con su significado etimológico. En tal sentido, la definieron con
un sinónimo de la palabra, de tal manera que encontramos respuestas como
“claridad”, “algo visible”, “cristalino”, “que se puede ver a través de”. A
diferencia de las anteriores, la mayor parte de las grandes empresas definieron
la transparencia como honestidad, honradez, ética, tanto de los funcionarios
públicos como de quienes se relacionan con ellos. Asimismo, una cuarta parte de
los pequeños empresarios se refirieron a la trasparencia como una actitud más
personal de honestidad y de “hacer lo correcto”.
En tercer lugar, los pequeños y medianos empresarios definieron la trasparencia
en términos de la existencia de reglas claras, del conocimiento y de la
aplicación de la ley o, en su defecto, hicieron referencia a no quebrantar o
transgredir las leyes. En general, las dos terceras partes de los empresarios
tienen una percepción bastante acertada sobre las implicaciones que tiene este
concepto.
En general, los empresarios tienen una visión relativamente positiva acerca de
sus relaciones con el Estado, en términos de transparencia. Sin embargo, cuando
se examinan detalladamente cada uno de los elementos integradores de la
transparencia (rendición de cuentas, existencia de reglas claras, acceso y
oportunidad a la información, y participación y escrutinio ciudadano) se observa
una percepción mucho menos favorable.
Rendición de cuentas
La rendición de cuentas, entendida como la obligación periódica e
institucionalizada que tienen los funcionarios públicos de informar sobre las
decisiones adoptadas, las razones de dichas decisiones y costos generados, es un
aspecto fundamental para el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
No puede existir un real Estado de derecho sin un efectivo sistema global de
rendición de cuentas.
En cuanto a la gestión y manejo de los recursos públicos se indagó sobre la
percepción que tiene los empresarios sobre la frecuencia que se pueden detectar
enriquecimientos ilícitos de los funcionarios públicos a través de sus
declaraciones de patrimonio. La mitad de los empresarios perciben que nunca o
casi nunca se pueden detectar estos enriquecimientos, casi tres de cada diez
dijeron que algunas veces, mientras que alrededor del 20% dijo que siempre o
casi siempre era posible detectarlo.
En el caso de la rendición de cuentas relacionada con el Presupuesto General de
la Nación, los empresarios perciben que la frecuencia con que la preparación y
los criterios de asignación del presupuesto se hacen públicos es limitada. En
cuanto a la ejecución del presupuesto, un poco más de la tercera parte de las
pequeñas y medianas empresas opinan que nunca o casi nunca se informa sobre este
rubro. Mientras que cuatro de cada diez empresarios pertenecientes al segmento
de la gran empresa tienden a pensar que nunca o casi nunca se informa sobre la
ejecución de los recursos públicos asignados al presupuesto.
En el caso de la deuda pública contraída por el gobierno, se pidió a los
empresarios que evaluaran con qué frecuencia se informa sobre los plazos y el
destino de esos recursos. Seis de cada diez empresarios dijeron que nunca o casi
nunca se informa al respecto. Una cuarta parte dijo que se hacía solo algunas
veces y alrededor del 15% manifestó que se hacía siempre o casi siempre.
En cuanto a la rendición de cuentas de las instituciones públicas, se analizó la
frecuencia con que éstas publican sus presupuestos respectivos, además de la
gestión y el uso que hacen de los recursos que se les asignan. Ante esto, las
respuestas fueron contundentes y bastante homogéneas. Siete de cada diez
empresarios dijeron que nunca o casi nunca se publica esta información, casi el
20% dijo que algunas veces, mientras que solo uno de cada diez empresarios dijo
que siempre o casi siempre se tiene acceso a esta información.
Se calculó un índice de rendición de cuentas que reunió todas estas variables en
un solo dato. El resultado de nuestro “índice” fue de 37.18, lo cual indica la
poca frecuencia con que las instituciones públicas rinden cuentas sobre los
fondos del Estado.
Lógicamente, mientras mayor es la percepción de que hay poca o ninguna
transparencia en las relaciones entre el gobierno y la empresa privada, menor es
la frecuencia de la rendición de cuentas sobre los fondos públicos que hace el
gobierno. A tal punto que aquellos que respondieron que no existe ninguna
trasparencia en las relaciones gobierno–empresa privada, arrojaron un índice de
15.38 en una escala de cero a cien, en la que cero significa que nunca se rinden
cuentas. Aun quienes dijeron que existía mucha transparencia obtuvieron un
índice de 48.71, en la misma escala. Por lo tanto, la rendición de cuentas es
uno de los talones de Aquiles de la transparencia en El Salvador.
En cuanto a la rendición de cuentas de los fondos que utilizan los partidos
políticos para sus campañas, se les preguntó a los empresarios si, de acuerdo a
su criterio, los partidos políticos debían precisar de dónde provienen los
fondos, tanto públicos como privados, de sus campañas electorales. La respuesta
fue abrumadora y no tuvo diferencias marcadas por tamaño de la empresa. Más del
90% de los empresarios respondió que los partidos debían hacerlo.
Cuando se preguntó por las razones por las que debían rendir cuentas, la mayor
parte de las respuestas se referían a que debían hacerlo por transparencia y
honestidad. En segundo lugar, para determinar si no provenían de actividades
ilícitas, como lavado de dinero o narcotráfico. En tercer lugar, para saber con
quienes se “comprometían” los partidos. Siempre en la misma línea de la
financiación de las campañas políticas, se preguntó a los empresarios si sabían
o habían oído si los partidos políticos pagan “favores” a quienes han financiado
sus campañas. Aquí la respuesta fue contundente: nueve de cada diez empresarios
respondió afirmativamente.
Para concluir el apartado de la rendición de cuentas, se indagó sobre las
instituciones públicas encargadas de la fiscalización y regulación,
específicamente se preguntó sobre el desempeño de la Corte de Cuentas de la
República, de las superintendencias y del sistema judicial.
Se preguntó si las investigaciones y recomendaciones que hace la Corte de
Cuentas son tomadas en cuenta y contribuyen a generar un clima de transparencia
en el Estado. Sólo un porcentaje inferior al 10% respondió que las
investigaciones de la Corte contribuyen mucho a generar un clima transparente,
una tercera parte dijo que contribuye algo, mientras que casi cuatro de cada
diez empresarios opinaron que contribuye poco; el resto aseguró que no
contribuye en nada.
Además, se les preguntó a los empresarios qué tan de acuerdo estaban en cuanto a
que la Corte siga en manos de los representantes de partidos políticos. Los
resultados obtenidos muestran que alrededor del 85% de los empresarios
estuvieron totalmente o algo en desacuerdo con que esa situación se mantenga, ya
que podría provocar conflicto de intereses al momento de investigar a los
funcionarios e instituciones. Esto se confirmó cuando se le preguntó a los
empresarios si la Corte investigaba a todos los funcionarios e instituciones por
igual. Las tres cuartas partes dijeron estar totalmente o algo en desacuerdo.
Finalmente, al preguntarle a los empresarios si la Corte era lenta para detectar
las prácticas de corrupción, la respuesta fue contundente: casi ocho de cada
diez empresarios dijeron que estaban totalmente o muy de acuerdo con esta
afirmación.
En cuanto al desempeño de las superintendencias, se les pidió a los empresarios
que calificaran, en una escala del cero al diez, tres aspectos importantes: la
eficiencia, la independencia o autonomía en la toma de decisiones y su
vinculación en el cumplimiento de sus recomendaciones.
La Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones es la que peor perciben
los empresarios, tanto en su desempeño técnico, como en su autonomía y efectivo
cumplimiento de sus recomendaciones, obteniendo una calificación menor al seis.
Aunque, en general, estas entidades obtienen calificaciones bastante cercanas al
seis, esto es, apenas logran “pasar el examen”.
Esto representa un obstáculo para la regulación efectiva de los sectores
pertinentes, en los cuales las condiciones de libre competencia son difíciles de
alcanzar y, al mismo tiempo, son más sensitivos para la mayoría de la población.
Por lo tanto, si una empresa percibe que estas instituciones reguladoras son
débiles, esto motivará a cometer infracciones, ya sea a través de trasgresiones
a las normas o atropellos a los consumidores. Esta situación tiene una doble
implicación: por una parte, daña, por lo general, a los sectores más vulnerables
y desprotegidos (en términos de consumo) y perjudica, además, la competitividad
y el clima de negocios.
Evaluación del sistema judicial
Según el documento del Encuentro Nacional de la Empresa Privada, ENADE 2003, la
base fundamental de la armonía social en un Estado es la aplicación de un
ordenamiento legal, el cual establece lo que debe entenderse por derecho, en un
momento dado, y lo que previsiblemente será en el futuro. En ese sentido, se les
preguntó a los empresarios que si se encontraran en un litigio comercial, qué
tanto confiaban en que el sistema judicial haría valer sus derechos
contractuales y de propiedad, la tendencia mostrada fue que a mayor el tamaño de
la empresa, mayor es la confianza en que el sistema judicial hará valer sus
derechos en una disputa comercial.
Otro problema serio o grave, señalado por más de la mitad de los empresarios,
fue la incompetencia y poca credibilidad de los jueces. Además, se observó que
los empresarios perciben que la excesiva duración de los procesos judiciales
representa un problema grave o serio. Por otra parte, más de la mitad de los
empresarios reconocen que el sistema judicial es seriamente manipulado por
presiones económicas, lo cual tendría repercusiones en términos de la
independencia y credibilidad de las resoluciones que emite.
Se calculó un índice de ineficacia judicial, donde cero representaba ningún
problema y 100 representaba un problema grave. El índice general fue de 59.9.
Acceso y oportunidad a la información y existencia de reglas claras
Es necesario hacer una distinción entre tres aspectos que tienden a ser
confundidos. Por un lado, está el programa, el plan o la política de publicidad
de la institución; por el otro, está la política con la prensa y los medios de
comunicación, en general, que incluye comunicados, boletines y revistas; y en
tercer lugar, está la política de información pública con los mecanismos de
acceso a la información pública de la unidad. En este sentido, se les preguntó a
los empresarios la frecuencia en que el Órgano Ejecutivo proporciona indicadores
para evaluar el impacto del gasto público e información necesaria para evaluar
el avance en el cumplimiento de sus programas.
En los resultados, se observó que sólo dos de cada diez empresarios perciben que
se hace siempre o casi siempre; la tercera parte dijo que algunas veces, y casi
la mitad dijo que nunca o casi nunca se tiene acceso a este tipo de información.
Lo mismo sucedió cuando se preguntó la frecuencia en que el ejecutivo publica
información necesaria para evaluar el presupuesto nacional. El resultado fue que
seis de cada diez empresarios dijeron que esto no se hace nunca o casi nunca y
casi la cuarta parte dijo que algunas veces.
Por otro lado, en cuanto a las licitaciones públicas, éstas deben incluir
criterios de adjudicación, objetivos y divulgación pública de todo el proceso;
las excepciones a la contratación directa deben mantenerse al mínimo, explicarse
y registrarse, dado que las licitaciones limitadas y las contrataciones directas
son más propensas a la manipulación y corrupción.
En este sentido, se quiso conocer la percepción de los empresarios al respecto.
Se preguntó si los criterios de adjudicación eran accesibles a todas las
personas interesadas por participar, y si, en su opinión, existían reglas claras
para los procesos de licitaciones. En más de la mitad de los casos, los
empresarios manifestaron que los criterios para participar en las licitaciones
se entregan siempre o casi siempre. Dos de cada diez manifestaron que algunas
veces y un poco más de la cuarta parte dijo que los criterios nunca o casi nunca
se hacían públicos.
La Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas (LACAP) contempla que un
ofertante debe ser informado, de manera oportuna, sobre las resoluciones que se
tomen en el proceso, entre ellas, la adjudicación, y tener acceso a las ofertas
de los demás competidores. A pesar de ello, casi la mitad de los empresarios
manifestaron que nunca o casi nunca se tiene acceso a esta información; menos de
la cuarta parte dijo que sólo algunas veces, mientras que una tercera parte
expresó que siempre o casi siempre es posible saber los motivos por los que se
adjudicó o no una licitación.
También se indagó con las empresas la frecuencia en que es posible verificar el
cumplimiento de los contratos adjudicados en las licitaciones, la mitad de los
encuestados afirmó que nunca o casi nunca era posible hacerlo.
¿Premio?
La Secretaria de Estado norteamericana Condoleezza Rice incluirá en su primera gira por Latinoamérica a países como Brasil, Chile y El Salvador. La funcionaria tendrá en su agenda puntos tales como el libre comercio y el combate a la delincuencia y el narcotráfico. Por el mero hecho de que El Salvador es su único destino en Centroamérica, el presidente Elías Antonio Saca ha expresado su complacencia por la visita de Rice, la cual tendrá lugar el día 29 de los corrientes.
Verdad, justicia y paz para Mesoamérica
Verdad, justicia y paz son palabras que representan los anhelos más grandes de la humanidad. Más allá de algunos dirigentes que los desprecian, sus significados éticos, jurídicos y políticos convergen al momento de concebirse la indudable necesidad de su concreción para lograr una vida mejor para todos y todas. Sin embargo, su vivencia real y cotidiana aún parece muy lejana en nuestros países. Diversos obstáculos y ataques a estos tres importantes valores nos hacen percibirlos extraños y con poco significado práctico. De ahí surge la necesidad de estudiarlos, comentarlos e impulsar en serio su comprensión para que sean parte normal de nuestras vidas. En esa línea de pensamiento, desde hace varios años la UCA organiza el Festival Verdad.
Dicho evento se ha consolidado, tras ocho ediciones a partir de marzo de 1998,
como un espacio para el encuentro de las víctimas en su lucha contra la
intolerancia y la exclusión mediante la realización de actividades académicas,
literarias, musicales y de convivencia. Año tras año ha servido para reanimar a
las y los incansables luchadores en favor de la verdad, la justicia y la paz,
así como para sumar a más personas interesadas en comprometerse con la
realización de estas aspiraciones y transmitir a otras el entusiasmo por lo
mismo. Así se han generando interesantes dinámicas que han permitido el
surgimiento de ideas e iniciativas hacia adelante.
En ese marco, el Festival del 2003 fue decisivo para crecer con un novedoso
ingrediente. En aquella ocasión, se cumplían diez años del informe de la
Comisión de la Verdad y veinte del asesinato de Marianella García Villas,
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador; estos dos hechos
motivaron la organización del Encuentro Mesoamericano “VERDAD, JUSTICIA Y PAZ”
que contó con la participación de víctimas y personalidades nacionales e
internacionales involucradas en estos ámbitos. Las y los participantes se
comprometieron a crear un espacio de diálogo, reflexión y acción en aras de
descubrir la verdad, exigir justicia y construir la paz.
Uno de los principales acuerdos del citado Encuentro fue la creación del Foro de
San Salvador —también denominado Verdad, justicia y paz— que se celebraría dos
años después, en medio de la conmemoración del vigésimo quinto aniversario del
martirio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. De esta forma, quienes trabajaron en
marzo del 2003 y otras personas e instituciones que se sumaron en el camino, se
reunieron en nuestro país hace unos días; del 29 de marzo al 1º de abril
reflexionaron sobre los temas mencionados y analizaron estrategias comunes de
trabajo al respecto.
Provenientes de Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Estados Unidos,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú, estos hombres y mujeres
generadoras de verdad, defensores de derechos humanos, luchadores por la
justicia y constructores de paz —junto a víctimas y personas que sueñan con
sociedades distintas, más justas y dignas en Mesoamérica— se congregaron en el
Foro de San Salvador. Esa feliz cita permitió actualizar el diagnóstico sobre la
situación regional y por país mediante la discusión en mesas de trabajo, así
como delinear los principales retos y acordar las acciones más urgentes para
hacer vigentes estos valores en función del bien común.
Fruto de ese diálogo y de una reflexión histórica, quedó claro que en
Mesoamérica lo común no es el bien sino el mal. Nuestros países comparten un
pasado reciente caracterizado por dictaduras, violencia política y guerras. En
la región son cientos de miles las personas muertas y desaparecidas, sin que a
la fecha se hayan podido sanar las heridas provocadas por estos hechos.
También se resiente el discurso falaz de gobiernos e instituciones que causaron
o heredaron la infamia del pasado y que ahora pretenden hacernos creer que –de
la noche a la mañana- vivimos en sistemas democráticos, prósperos y pacíficos.
Eso sólo refleja la mentira en función de perpetuar los beneficios, tanto de los
pocos que detentan el dinero y el poder como de los que han matado en su nombre.
La situación se agrava por la falta de verdaderos procesos democratizadores e
institucionalidades débiles en la mayoría de los países donde, además, se
mantienen modelos económicos excluyentes que ahogan al más pobre y necesitado.
Se suman a lo antes dicho las posturas autoritarias y violentas adoptadas por
los gobernantes ante los problemas sociales, dejando en evidencia que los
llamados “procesos de pacificación” en algunos de estos países penden de un
hilo, pues el uso de la fuerza sigue siendo un recurso privilegiado de los
gobiernos al momento de enfrentar momentos de crisis.
Sin embargo, algunos vientos en el sur de América generan esperanza. Allá se han
producido importantes acciones judiciales que, sumadas a sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y a procesos de enjuiciamiento y extradición
en Estados Unidos de América y Europa, están inaugurando el principio del fin
para tanto encubrimiento e injusticia. También anima el que algunos pueblos
estén optado -vía elecciones- por alternativas esperanzadoras frente al
deshumanizado y deshumanizante neoliberalismo.
Al final del Foro, luego de las reflexiones apuntadas, las y los participantes
acordaron lo siguiente:
1. Impulsar en nuestras sociedades el estudio de la verdad, la justicia y la paz
partiendo de una óptica integral y armoniosa, sin delimitar o restringir alguno
de los valores antes mencionados, incluyendo el análisis de los hechos
históricos sobre todo entre las nuevas generaciones y con el testimonio de las
víctimas sobrevivientes.
2. Establecer una lucha permanente, junto a las víctimas de violaciones a sus
derechos humanos, encaminada a eliminar el miedo a la denuncia y a desterrar la
política institucional del “olvido”; ello, con el fin de superar la impunidad.
3. Impulsar la intervención de todos los sectores sociales en el montaje de una
verdadera democracia participativa y equitativa, distinta a la que ahora
determinan las fuerzas políticas partidarias.
4. Demandar a la Organización de las Naciones Unidas decrete el veinticuatro de
marzo como “Día mundial de las víctimas de violaciones a los derechos humanos” y
a la Organización de Estado Americanos que lo declare “Día latinoamericano por
la paz con justicia y dignidad”.
5. Fomentar la creación de espacios que permitan intercambiar información sobre
casos de violación a derechos humanos, tanto los resueltos favorablemente como
los que tengan justicia pendiente, para mejorar las técnicas en su preparación y
sus resultados, además de estimular nuevas denuncias en aras de que se conozca
la verdadera situación de América Latina.
6. Animarnos mutuamente y unirnos para presionar a los gobiernos y otras
entidades oficiales, a fin de obtener justicia y construir sociedades en paz.
7. Continuar con la reelaboración y actualización de los conceptos de verdad,
justicia y paz a través del intercambio de documentación, en aras de rescatarlos
del lenguaje vacío y falso del poder hasta convertirlos en herramientas válidas
y eficaces en manos de las víctimas de la exclusión, la impunidad y la violencia
que buscan transformar la realidad actual.
8. Elaborar diagnósticos que identifiquen más a fondo temas como el terrorismo,
los movimientos sociales, la participación ciudadana y los tratados de libre
comercio, entre otros, teniendo como base los análisis y estudios realizados por
universidades e institutos de investigación, así como el aporte de las víctimas,
las comunidades de base y otros grupos sociales.
9. Elaborar un libro sobre la impunidad y los intentos de pacificación en la
región, con los datos generales de las víctimas así como los hechos y
circunstancias en que se produjeron las violaciones a los derechos humanos.
10. Incluir a nuestras hermanas y hermanos que abandonaron sus países por las
situaciones de violencia, exclusión e impunidad, en todos los esfuerzos por
descubrir la verdad, alcanzar justicia y construir la paz.
11. Contribuir a la proyección continental del pensamiento de Monseñor Romero,
impulsando diversas iniciativas tales como el “Llamado Romero por la Paz”
surgido de este Foro y con el cual nos comprometimos las y los participantes en
el mismo.
12. Nombrar en el acto de cierre del Foro de San Salvador una comisión que
planifique y dé seguimiento al cumplimiento de los presentes acuerdos; asimismo,
que sirva de enlace para la comunicación operativa entre las y los
participantes.
13. Celebrar la segunda edición del Foro de San Salvador “Verdad, justicia y
paz”, en marzo del 2007.
Reflexiones
A continuación, presentamos la intervención de Luis Armando
González, director del CIDAI, en la presentación del documento La cultura de la
democracia en El Salvador, efectuada el 31 de marzo de 2005
Reflexiones sobre el documento: “La cultura política de la democracia enEl
Salvador, (2004)” 31 de marzo de 2005
Para comenzar quiero decir dos palabras acerca del sentido de los estudios sobre
la cultura política en El Salvador. Desde mi punto de vista, el análisis de la
cultura política de los salvadoreños y salvadoreñas no es un asunto
primariamente académico, sino un asunto de carácter práctico. Y es que la
práctica política de los salvadoreños y salvadoreñas –medida si se quiere en
términos de comportamiento electoral—es en sí misma un problema.
Ciertamente, no es un problema mayor constatar los ritmos de ese comportamiento
político. Tampoco lo es constatar que electoralmente la mayor parte de la
población se inclina por ARENA, un partido de derecha que sistemáticamente ha
implementado políticas económicas que no han mejorado en quince años la vida de
las mayorías.
Distintos análisis y reflexiones realizados a lo largo de la postguerra arrojan
una conclusión preocupante: la mayor parte de la población en edad de votar lo
hace por un partido que ha propiciado un modelo económico excluyente y
marginalizador, es decir, por un partido que ha tomado decisiones contrarias a
sus intereses fundamentales. Identificada esa situación, sin duda grave para
quienes creen que los salvadoreños y salvadoreñas merecen una vida más digna, el
desafío subsiguiente ha consistido en indagar acerca de los factores que puedan
ayudar a explicarla.
Así las cosas, la interrogante básica ha sido la siguiente: ¿por qué los
salvadoreños y salvadoreñas se comportan políticamente (esto es, electoralmente)
del modo en que lo hacen? Y de esta pregunta se ha derivado otra más analítica:
¿cuáles son los factores que explican ese comportamiento político?
Es este contexto que se enmarcan las preocupaciones y análisis sobre al cultura
política prevaleciente en El Salvador.
Mientras no asumió el problema del comportamiento político de los salvadoreños y
salvadoreñas como un problema de cultura política sus factores explicativos se
buscaron en fenómenos de tipo coyuntural como la manipulación publicitaria, el
engaño o los intereses clientelares. Enfocado el problema desde la cultura
política, la perspectiva coyuntural comenzó a ceder su lugar a una reflexión
sobre los valores, las creencias y las actitudes políticas, desde las cuales se
alimentan los comportamientos electorales. Fue claro que si identificaban esos
valores, creencias y actitudes se estaría en una mejor posición para comprender
el comportamiento político de los salvadoreños y salvadoreñas.
Derivadamente, se estaría en condiciones de juzgar si esos valores, creencias y
actitudes hacen parte de una cultura política democrática o más bien son
expresión de una cultura política de tipo autoritario.
Pues bien, el estudio La cultura política de la democracia, 2004 es el fruto más
reciente de una agenda de investigación, indudablemente novedosa, en torno a la
cultura política enraizada en el país desde antes del fin de la guerra civil. Se
trata de un fruto maduro, científicamente riguroso, en el cual no sólo se da
cuenta de esa cultura política –y de los principales factores que la alimentan—,
sino que se juzga su mayor o menor anclaje democrático.
Entre otros resultados del estudio, llama la atención que —pese a la preferencia
que la mayoría de los entrevistados dice tener por la democracia como forma de
gobierno (63.3%)—, al interrelacionar las variables “apoyo al sistema” y
“tolerancia”, sólo el 32% de ellos apoya la democracia estable, mientras que el
resto apoya la estabilidad autoritaria (35%), la democracia inestable (17%) y el
rompimiento democrático (16%).
También es de destacar lo afirmada que está la desconfianza en las instituciones
y en los partidos políticos, la marcada satisfacción con el sistema actual de
gobierno –lo cual no puede ser leído sin más como un apoyo a la democracia—, el
incremento de la intolerancia política (entre 1995 y 1999) y los bajos niveles
de participación ciudadana.
Aunque el estudio no lo dice expresamente, lo sugiere: la cultura política
predominante en El Salvador tiene severas limitaciones para convertirse en una
cultura política democrática y, en consecuencia, para propiciar comportamientos
políticos que sean acordes con las exigencias de la democracia.
Se trata, a modo de ver, de una conclusión que –de ser cierta— debe llevarnos a
discutir con seriedad los mecanismos posibles para propiciar una cultura
política distinta (más aun, opuesta) a la cultura política predominante. Está
claro que la democracia no llega por decreto. Que para que ella arraigue y
perviva debe ser asumida intersubjetivamente por los ciudadanos y sostenida día
a día por la confianza en las instituciones, el respeto a las leyes, la
tolerancia y la participación de todos y todas.
En definitiva, el estudio elaborado por Miguel Cruz y Ricardo Córdova nos hace
caer en la cuenta de lo mucho que hay que caminar todavía para que la incipiente
democracia salvadoreña se convierta en una democracia viable, es decir, una
democracia vivida en la cotidianidad de los salvadoreños y salvadoreñas.
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