Envíenos sus comentarios y sugerencias
Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación(CIDAI)
E-mail: cidai@cidai.uca.edu.sv
Universidad Centroamericana (UCA)
Apdo. Postal 01-168 Boulevard Los Próceres
San Salvador, El Salvador, Centro América
Tel: +(503) 210-6600 ext. 407
Fax: +(503) 210-6655
El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
Los interesados en suscribirse a este boletín pueden dirigirse a la Oficina de Distribución de Publicaciones de la UCA. Cualquier donativo será muy bien recibido por el CIDAI. Esta publicación se puede consultar parcialmente en la página electrónica de la UCA: http://www.uca.edu.sv
Año 25
número 1134
Febrero 23, 2005
ISSN 0259-9864
Editorial: Popular, pero poco democrático
Política: ¿Tienen las leyes económicas la última explicación?
Economía: ¿Lo económico o lo social?
Economía: Impacto económico del Protocolo de Kioto
Sociedad: La reforma a la Ley de Armas se torna insuficiente
Regional: El “oro” de Taiwán
Derechos Humanos: Sobre el Canal 12
Popular, pero poco democrático
Es indiscutible que el presidente Saca goza de una elevada popularidad entre la opinión pública nacional, lo cual, sin duda, es muy prometedor para el desempeño de ARENA en las próximas elecciones. Pero eso no significa que lo que es positivo para el partido de gobierno lo sea también para el país. Ni siquiera la interpretación que hace el presidente Saca de su popularidad es válida, porque aun cuando la gente aprueba su gestión, eso no implica que ella esté bien informada sobre su alcance. Así como es indiscutible su popularidad, es indudable que ésta depende, en gran medida, de la propaganda de Casa Presidencial, la cual es muy buena, vistos los resultados. El presidente Saca y sus asesores para la publicidad han demostrado mucha sagacidad para evitar que las crisis de la realidad nacional empañen la imagen presidencial. Este éxito propagandístico, por otro lado, evidencia la debilidad de la oposición y, en concreto, del FMLN, cuyas posturas no logran hacer mella en la imagen presidencial.
Más allá del éxito propagandístico y de la popularidad, el gobierno de Saca debe
gestionar una democracia incipiente con una de las sociedades más violentas del
mundo. La violencia actual desafía la capacidad del gobierno de ARENA para
demostrar que la democracia es mejor que la dictadura militar. En este momento,
el gobierno no puede garantizar a la población su integridad física. Ante ello,
propone de forma irresponsable que “la ciudadanía honrada” se arme. Tampoco
puede garantizar que la institucionalidad reformada o creada, a partir de los
acuerdos de 1992, cumpla con sus funciones básicas. Es evidente que, en este
campo tan complejo, el presidente Saca, pese a su popularidad, no ha podido
hacer grandes avances. Más bien, pareciera estar perdiendo terreno. Este fracaso
es el que la propaganda se encarga de ocultar a la opinión pública.
No es fácil gestionar una democracia en estas condiciones, porque la violencia
niega algunos de sus principios básicos y debilita su institucionalidad, al
mismo tiempo que se lleva de encuentro la legitimidad gubernamental. Los
gobiernos de ARENA, por razones históricas e ideológicas, no han sabido
distinguir entre el ejercicio democrático y el ejercicio autoritario del poder.
Su origen y su mentalidad los han hecho más proclives a la dictadura y a la
represión como medios ideales para imponer la ley y el orden. El recuerdo de la
eficacia con la que la dictadura militar enfrentaba los problemas nacionales del
pasado, hace que la gente tienda a preferirla al sistema democrático, con lo
cual le otorga legitimidad. Hoy, la eficacia del sistema democrático para
resguardar la ley y el orden es medida por la represión, prescindiendo de qué
tan democráticos sean los procedimientos utilizados. Ante la incapacidad del
breve experimento democrático para garantizar la seguridad ciudadana, la gente
se inclina más por la institucionalidad autoritaria. En este punto, es legítimo
hablar de un retroceso de la transición democrática salvadoreña. En 1992, las
instituciones estatales fueron desmilitarizadas, pero no la sociedad, la cual
continúa armada. Por eso, el estilo de ejercer el poder de un partido como ARENA
encuentra aceptación fácil entre la opinión pública y lo explota para ganar
popularidad y legitimidad. El autoritarismo que se intentó abandonar, ha vuelto
y, al parecer, para quedarse de la mano de la violencia social y del fracaso de
los gobiernos de ARENA para controlarla. Éstos no han logrado convencer a la
ciudadanía que el sistema democrático es superior al autoritario. Tampoco han
puesto mucho esfuerzo en ello, porque no les interesa y también porque no lo
comprenden bien.
El desarrollo y la consolidación del proyecto democrático, negociado sólo entre
las elites, en 1992, dependen de la eficacia y la democracia de sus
instituciones y de que la ciudadanía se convenza de ello. No obstante, los
políticos han pasado por alto a la ciudadanía, excepto en las urnas, que es, en
la práctica, lo único que les interesa. La responsabilidad mayor es de ARENA,
porque es el partido de gobierno, desde hace ya más de quince años. Por eso, la
gente no colabora con la policía y, más en general, con el proceso democrático;
sino que ya ha prescindido de las dos, mientras el gobierno de Saca mira
impasible cómo es desbordado por su incapacidad para responder a las tareas
incompletas de la transición.
Esta se propuso construir un gobierno fundamentado en el apoyo de la población y
en la normativa democrática, en contraposición al uso de la fuerza y la
violencia, característicos de la dictadura militar. Sin embargo, la persistencia
de la violencia y de la inseguridad extrema desafía la sabiduría del cambio y
hace dudar de la eficacia de la democracia frente a la dictadura. Los afectados
directamente por la violencia tienden a expresar menos apoyo al sistema que el
resto de la población. Y los más afectados por el miedo y la inseguridad,
tienden a sentirse desencantados con el régimen de posguerra. En estas
condiciones hay dos caminos posibles. Uno es que la ciudadanía presione para que
el sistema sea más eficaz y responsable. El otro es dejar de considerar a la
democracia como forma ideal de gobierno. La poca experiencia democrática de la
mayoría de la población es la inseguridad y el caos, y menos respeto a sus
derechos civiles. La alternativa que se le ofrece, entonces, es el régimen
autoritario, lo cual puede animar o tolerar un golpe de Estado y un dictador, lo
cual es muy poco probable. En cambio, apoyar a un líder autoritario, que compita
dentro de las reglas democráticas, es bastante más probable. De hecho, hacia ahí
tiende ARENA. Así, el país es cada vez más gobernado por un régimen autoritario,
que llegó al poder por la vía electoral.
Esta última posibilidad se subestima, porque el autoritarismo suele estar
asociado al ejército. No hay que olvidar que éste sólo fue un actor importante,
pero no el único. La sociedad cooperó, aunque de forma subalterna, con la
dictadura y sus métodos represivos. El pretexto del crimen y la inseguridad ya
ha reactivado redes de grupos armados ilegales con propósitos múltiples ?limpieza
social, extensiva a la política y a creadores de opinión demasiado incómodos,
ajuste de cuentas o venganzas personales.
Es paradójico que la mayor amenaza para el sistema democrático sea la misma
gente. Pero no hay que olvidar que se ha acostumbrado a la violencia y a
prescindir del Estado, el cual carece de legitimidad, por la misma razón. Cuando
el gobierno de Saca la invita a armarse para defenderse, le está diciendo que
viva al margen de la ley y del Estado de derecho, una de cuyas funciones
fundamentales es controlar la fuerza. Prueba de ello son las masacres de
familias enteras y la extensión de las redes de sicarios y de grupos armados
ilegales. Estos hechos muestran, por sí mismos, la inutilidad de las
instituciones y la ilegitimidad del Estado.
¿Tienen las leyes económicas la última explicación?
No obstante los desacuerdos extremos que distancian a marxistas y capitalistas (sean estos liberales o neoliberales), todos estarían de acuerdo en responder afirmativamente a la pregunta que da por título a este comentario. Tan sólo las maneras de contestarla difieren. En el fondo, habría un acuerdo en afirmar que, en última instancia, la economía es el eje sobre el que gira todo el sistema social.
¿Lo económico o lo social?
El discurso oficial afirma que, después de los Acuerdos de Paz, el país se encuentra en el sendero de la democracia y el desarrollo económico. También asevera que las políticas económicas de los últimos quince años han sido implementadas para mejorar el nivel de vida de los salvadoreños. Específicamente, la privatización de los servicios que otrora pertenecieron al Estado, la reforma fiscal de inicios de la década de los noventa y el acelerado proceso de apertura comercial, junto a otros aspectos, han catapultado a la economía para dejar de ser una máquina lenta y obsoleta, a una abierta y dinámica impulsada desde su seno por la lógica del libre mercado.
Impacto económico del Protocolo de Kioto
Según el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), hay evidencia científica que comprueba que las actividades humanas, fundamentalmente la quema de combustibles derivados del petróleo y la deforestación están generando un desequilibrio energético a escala mundial, provocando el fenómeno del cambio climático, cuyas principales manifestaciones son el aumento de la temperatura e incremento del nivel del mar.
La reforma a la Ley de Armas se torna insuficiente
Diversos sectores de la sociedad salvadoreña discuten, desde hace algunas semanas, la viabilidad de prohibir que la población civil porte armas de fuego en los espacios públicos como medida para disminuir los casi diez homicidios que se registran a diario en el país. Pese a que el debate no es nuevo —se encuentra abierto prácticamente desde que el país firmó la paz en 1992—, una propuesta del Ejecutivo ha suscitado una nueva discusión sobre el asunto. ¿Debe prohibirse la portación de armas en los espacios públicos? ¿Debe incrementarse la edad mínima para portar un arma? ¿Cuál debe ser el número de armas que puede poseer una persona? Tales son las cuestiones que se debaten actualmente en el país, desde diversos puntos de vista e intereses particulares, muchos de ellos contrarios al afán que guía la discusión: revertir las estadísticas de asesinatos.
El “oro” de Taiwán
La financiación taiwanesa a políticos costarricenses para asegurar el voto de la nación centroamericana a favor del reconocimiento internacional de la isla asiática fue uno de los elementos más reveladores de la serie de escándalos que sacudió a la clase política de ese país el año pasado. Uno de ellos fue el ex presidente y también anterior Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Miguel Ángel Rodríguez. Tampoco fue ajeno a este tipo de acusaciones el presidente nicaragüense Enrique Bolaños, quien habría recibido dinero taiwanés para financiar su campaña electoral en 2001, a cambio de comprometer el voto nicaragüense en Naciones Unidas a favor de la causa de la isla.
Sobre el Canal 12
Luego de trece años de finalizado el conflicto armado en El Salvador, los espacios de opinión pública a través de los medios masivos de difusión siguen generando acalorados debates. El derecho humano a la libre expresión en el país sigue cuestionado, más allá de lo que diga el Presidente o ex Presidente de tantas cosas tan ligadas: la República, el Partido ARENA, las gremiales de la gran empresa y de la radiofusión; es cuestionado sobre todo porque su plena vigencia no significa sólo la mera posibilidad de manifestarse, sino también la libertad de acceder a la información y reproducirla para una crítica verdadera y un sano debate, así como la fluidez y tolerancia con que se brinda y recibe. Hoy en día, es claro que los medios juegan un importante rol en la vida nacional; unos porque son voz crítica y participativa frente a lo que ocurre en la realidad y otros porque se mantienen en sintonía con el discurso oficial o con el de la oposición política. Lo anterior se percibe mejor al seguir el hilo de su respectiva “línea editorial”.
Casi siempre, los medios con más recursos económicos son los más conservadores y
es usual que sólo “informen” las bondades del gobierno, minimizando o anulando
cualquier versión crítica o alternativa al discurso oficial. También existen
otros medios cuya agenda tiende a favorecer al principal partido de oposición:
el FMLN; éstos, como antítesis de los arriba mencionados, no toleran ninguna
postura “arenera” y restringen casi toda la información proveniente de esas
esferas. Pero además existe otro grupo que intenta mantener una línea sin
ataduras y objetiva, abre sus espacios a todas las corrientes de opinión y
critica los errores o las inconsistencias de cualquiera sin importar su color,
manejando un discurso independiente que no impide reconocer méritos donde los
hay. Esta última tendencia suele caracterizarse por contar con muy pocos
recursos técnicos y económicos.
En ese marco, es justo afirmar que el Canal 12 de televisión en nuestro país ha
sido reconocido como uno de los medios más críticos e independientes durante y
después de la guerra. Su mismo nacimiento significó una ruptura en el monopolio
informativo que imperaba a mitad de los ochenta; sin duda, este hecho fue
determinante para la transición de la guerra al cese del fuego definitivo. Desde
el inicio, su tendencia informativa estuvo comprometida con la objetividad y la
libertad de expresión; así contribuyó, en buena medida, a la democratización de
la palabra en el país. Pero sus planteamientos no siempre fueron del agrado de
muchos, sobre todo cuando ese medio lanzaba serios y fundados cuestionamientos a
las autoridades de turno.
El “12”, como se conoce, ha vivido momentos difíciles desde el punto de vista
económico por no apoyar las directrices oficiales y mantenerse independiente de
sectores vinculados al gran capital. Ello le generó escasez de patrocinio
oficial y privado. Tan grande fue el aprieto económico, que su anterior dueño,
Jorge Zedán, vendió la mayoría de las acciones a TV Azteca, la segunda
televisora más importante de México. Pese a ello, no se reformó su posición
crítica e independiente en el abordaje de los temas de interés nacional, tanto
en el noticiero “Hechos” como en la “Entrevista Al Día”, ambos espacios
dirigidos por el reconocido periodista Mauricio Funes.
Pero poco tiempo después, la dirección del canal sacó del aire la sección “Sin
censura”, del noticiero “Hechos”, conducida también por Funes; aunque se habló
de un cierre temporal para reestructurarla, en realidad se trató de su total
supresión. Pese a lo anterior, el resto del noticiero así como los programas
informativos y de análisis del “12” mantuvieron su independencia y objetividad.
Sin embargo, los singulares acontecimientos ocurridos en las últimas semanas,
algunos de los cuales presenciamos en vivo a través de la pantalla chica, le han
generado a ciertos círculos el temor de que se pierda la posición crítica que
caracterizó al anterior personal de la entrevista “Al Día” y del noticiero “Hechos”,
espacios que colocaron en un sitio privilegiado al Canal 12 dentro del gusto de
mucha gente. Se dice que la salida abrupta de Funes y su equipo, podría
significar la pérdida del rumbo editorial mantenido hasta la fecha. Al menos,
esa es la reacción inmediata y lógica que entre algunos causaron estos cambios
imprevistos.
La situación incluso ha propiciado que diversos sectores sociales y políticos
manifiesten que no participarán en los espacios informativos de dicho medio,
mientras no se aclare públicamente lo ocurrido; además, declaraciones y
comunicados de difusión amplia y reciente critican acremente la salida de Funes
y sus colaboradores, al tiempo que no cesan los improperios dirigidos tanto a
los dueños de la televisora como a los nuevos encargados de la entrevista y el
noticiero. Estos críticos aseguran que lo que la empresa busca es cerrarle
espacios a la denuncia, como parte de un atentado contra la libertad de
expresión.
Las anteriores manifestaciones eran de esperarse, sabiendo cómo se manejan las
cosas en el país. Con tanto juego sucio, tráfico de influencias, corrupción y
compra de voluntades, lo primero que a uno se le ocurre es que le están cobrando
la factura a Funes por haberse mantenido ajeno a las pautas oficiales y del gran
capital; ello, como parte de una escalada contra la libertad de expresión. Sin
embargo, es importante evaluar los sucesos con más calma.
Mauricio Funes es un periodista importante en la lucha histórica por la libertad
de expresión en El Salvador; eso hay que reconocérselo con letras mayúsculas.
Pero también es cierto que no es el único. El noticiero “Hechos”, años atrás
llamado “Al Día”, fue la plataforma de periodistas que también contribuyeron en
su momento al esfuerzo por hacer valer en el país el derecho de toda persona a
obtener información objetiva y sin compromisos. Algunos nombres: Salvador
Castellanos, Roberto Hugo Preza y Milagro Vallecillos, así como los que ahora se
encuentran al frente del noticiero y la entrevista en “12”: William Meléndez,
Edwin Góngora y Carlos Domínguez.
Estos últimos, también gozan de una trayectoria respetable y —por tanto— de
credibilidad. Como empleados no tienen poder de decisión sobre las medidas
administrativas de los accionistas mayoritarios del canal: Así, pues, sus
detractores se equivocan; como la mayoría de salvadoreños, estos periodistas
sólo cumplen con un trabajo dentro de una empresa de la que no son propietarios.
Hecha esta salvedad, ahora más que nunca debemos estar alerta con el rumbo que
tome la línea editorial del recién bautizado “TV12”. Insistimos: la desconfianza
expresada hasta ahora es entendible y sólo el tiempo dirá si esos dardos
lanzados rápidamente fueron atinados. Las cercanas elecciones municipales y
legislativas pueden ser un buen termómetro para verificarlo. Se comenta que lo
ocurrido con Funes y sus colaboradores es sólo el principio de una “batalla”
electoral aún más encarnizada y sucia que las anteriores. Hay que estar
pendientes desde ya y durante la campaña, para ver cómo se manejan los espacios
informativos de “TV12”. Por no haberse alineado tradicionalmente con la
propaganda gubernamental y brindar la oportunidad a los partidos de oposición
para expresarse libremente, un giro —por pequeño que sea— se notará de inmediato.
El ejercicio de la ciudadanía entraña pensar, fiscalizar, evaluar y criticar con
base a hechos concretos y objetivos. Sobre esa base, la sociedad entera debería
apoyar a todas y todos los periodistas que día a día contribuyan a democratizar
El Salvador; debería respaldar sin regateos todas y todos los que no se vendan
al mejor postor. Tanto la libertad de expresión como la objetividad y la fluidez
de la información no pueden convertirse en mercancía comercializada por
empresarios, pero tampoco la lucha por su vigencia es patrimonio de una sola
persona.
Finalmente, el IDHUCA agradece la apertura y sensibilidad que en su cargo mostró
Mauricio Funes hacia el tema de los derechos humanos. Ello permitió que en sus
programas de tanta audiencia, se expresaran muchas víctimas que no son
“entrevistables” o “publicables” según las líneas excluyentes de otros medios.
También nos solidarizamos con sus colegas despedidos del Canal 12, aún sin
conocer las razones de tales destituciones. De igual forma, apoyamos y
apoyaremos a quienes quedan al frente del noticiero “Hechos” y la “Entrevista al
día”; por su trayectoria nos inspiran confianza y es nuestra obligación seguir
utilizando esos recursos para anunciar logros y denunciar males, de no haber un
giro en la línea editorial. Porque si esto último ocurre, ni siquiera nos
invitarán a participar como hace Telecorporación Salvadoreña (TCS) donde no
permiten ni “malas palabras” ni “malas compañías”, como las del IDHUCA. “Malas
palabras”: impunidad para los asesinos de los jesuitas, Romero, Katya, García
Prieto y los hermanos Carías; “malas compañías” como Gloria y Mauricio García
Prieto, Yolanda Carías y todas las víctimas que buscan verdad, justicia y paz.
Tel: +503-210-6600 ext. 407, Fax: +503-210-6655 |
El Salvador personal correo Centro América y Panamá Norte y Sur América Europa Otras regiones |
¢75.00 |