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Año 25
número 1126
Diciembre 15, 2004
ISSN 0259-9864
Editorial: Un mal año para la vida de las mayorías
Política: Pleitos institucionales
Reporte IUDOP: Los salvadoreños evalúan la situación del país a finales de 2004
Regional: Política de baja ralea
Derechos Humanos: Otra testigo más asesinada
Un mal año para la vida de las mayorías
El divorcio entre la situación económica y la situación social y política de la población salvadoreña ha permanecido inalterado, según lo revela la encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública, dedicada a evaluar el año 2004; y la oposición política, en particular el FMLN, se continúa mostrando incapaz de aprovechar esa brecha para ganar popularidad —y también elecciones. De momento, por lo tanto, este divorcio es ventajoso para el gobierno de ARENA.
En efecto, el problema principal para la inmensa mayoría de la opinión pública
es el económico, mientras que el de la seguridad ciudadana ha pasado a ocupar un
segundo lugar muy lejano. Casi la mitad asegura ser más pobre que antes y para
un poco más de cuatro de cada diez, su situación económica no ha mejorado en
este año. La mayoría afirma que esa situación es igual o peor ahora que hace un
año æy sólo habría mejorado para diez de cada cien personas. La situación
familiar tampoco habría mejorado para poco más de la mitad de la gente y para un
tercio, habría empeorado. Las dos razones que más mencionan para explicar su
estado de pobreza son el elevado costo de la vida y la dolarización, para la
cual hay más rechazo ahora que cuando fue impuesta. Con todo, estas valoraciones
son iguales a las de hace un año. Por lo tanto, en 2004, la percepción de la
población sobre su estado económico no ha variado y el gobierno tampoco habría
hecho nada significativo como para modificarla. Las perspectivas para el próximo
año no son halagüeñas. Casi cuatro de cada diez piensa que empeorará, un tercio
dice que seguirá igual y sólo un tercio asegura que mejorará.
No es extraño, entonces, que cuatro de cada diez personas quiera emigrar —la
mitad asegura tener parientes cercanos en el exterior— y que sólo un poco menos
de un tercio piense que el país va bien, mientras que casi siete de diez siga
insistiendo en un cambio. Pero no hay acuerdo en cuanto a si este cambio vendrá
con el tratado de libre comercio, la última propuesta del gobierno de ARENA para
impulsar el crecimiento y el desarrollo económicos. Un poco más de un tercio
piensa que traerá más pobreza, mientras que otra proporción similar opina que
ayudará. De lo que a la gente no le cabe ninguna duda pública es que los más
beneficiados por dicho tratado serán los grandes empresarios y los ricos. Sólo
una reducida minoría opina que el beneficio será general. Estas opiniones acerca
del tratado son más críticas ahora que hace un año. El peso específico de la
emigración en la sociedad salvadoreña contribuye a su opinión pública sea
decididamente republicana; la gran mayoría piensa que el triunfo de este partido,
en las elecciones recién pasadas, en Estados Unidos, es positivo, tanto para los
intereses nacionales como para los de los salvadoreños residentes en ese país.
Es una comprobación más de que la opinión pública salvadoreña tiende mucho más a
las posiciones de derecha que a las que promueven cambios —aunque, en realidad,
la diferencia entre ambos partidos estadounidenses es sólo de énfasis.
Contrario a evaluaciones anteriores a la publicidad gubernamental sobre las
“manos duras”, la seguridad ciudadana ha perdido relevancia. Poco más de la
mitad piensa que, a finales de 2004, hay menos delincuencia —excepto homicidios—
que antes, contra un poco más de un quinto que piensa lo contrario. Este es el
porcentaje más bajo de los registrados por una encuesta de evaluación anual, en
los últimos cinco años. Esta percepción es corroborada por otro dato de la
encuesta. La inmensa mayoría dice no haber sido víctima de la delincuencia, en
este año, y ve que la policía es más eficaz, en su lucha contra la delincuencia,
y, además, le tiene mucha confianza —no así a la Fiscalía General de la
República ni a la Corte Suprema de Justicia, ninguna de las cuales es muy
apreciada por la población—. Pero, contradictoriamente, aquellas personas que
han sido víctimas de un hecho delictivo, por lo general, no lo denuncian a las
autoridades.
El acuerdo con “la mano súper dura”, así como con su contrapartida, “la mano
amiga”, es, en lo fundamental, mayoritario, aunque se observan ciertas reservas.
Hay más aceptación de la primera que de la segunda, lo cual significa que la
población prefiere el recurso a la fuerza que a la política social. Sin embargo,
la opinión pública no sabe explicar por qué, en este año 2004, hay más
homicidios que el año pasado. De hecho, pareciera aceptar como verdadera la
versión del gobierno de Saca, que explica este aumento de homicidios porque los
pandilleros matan a pandilleros, los pandilleros matan a particulares, los
particulares matan a pandilleros y los particulares mueren a consecuencia de
riñas entre pandilleros. Es decir, la explicación siempre estaría en las
pandillas. De fondo, el gobierno defiende que la respuesta adecuada es el
recurso a la fuerza, sin caer en la cuenta que, al mismo tiempo, promueve su
contra él y contra los demás. Esta versión de la violencia nacional carece de
fundamento empírico, puesto que ninguna autoridad se ha preocupado por
investigar estos homicidios. La mayoría de veces, sus circunstancias y motivos
son desconocidos. Esta postura sólo puede ser calificada como una ligereza del
gobierno de Saca para explicar lo inexplicable. Las estadísticas ponen en
evidencia que sus planes de seguridad no están dando los resultados esperados,
aun cuando haya multiplicado la captura de pandilleros y mantenga a centenares
de ellos tras las rejas. El mejor ejemplo de este fracaso es el caso del
departamento de Sonsonate.
No obstante lo anterior, la aceptación de este gobierno de Saca es mayoritaria.
La nota otorgada por la opinión pública es superior a la obtenida por el ex
presidente Flores, a finales de 2003; pero es inferior a la conseguida por Saca,
en sus cien primeros días de gobierno. Así, poco más de la mitad de la población
opina que Saca hace un buen gobierno, un tercio se muestra indiferente y sólo
una minoría opina que su desempeño es malo. Es más, casi la mitad opina que
cumple con sus promesas electorales y casi un tercio piensa que las cumple de
forma parcial. Para casi la mitad de la población, ARENA significa estabilidad
social y económica. Ahora bien, las opiniones están más divididas en cuanto a
confiar en el gobierno central, el combate contra la corrupción, en particular,
el encubrimiento del fraude en ANDA y la aplicación de justicia —de lo que no
cabe ninguna duda es que no se debe dar tratamiento privilegiado a uno de sus
protagonistas. Lo mismo puede decirse en cuanto a la utilidad de las mesas de
diálogo y en cuanto a si la mesa de gobernabilidad impone o no sus decisiones.
Sin embargo, la mayoría, seis de diez personas, opina que el FMLN hizo mal en
retirarse de esta última mesa, mientras que poco más de tres de diez, piensa que
hizo bien. Asimismo, la opinión está muy dividida respecto a si la reforma
tributaria generará más ingresos para el fisco, pero de lo que a la gente no le
queda duda alguna es de que quienes tienen más dinero debieran pagar más
impuestos. Para un poco más de la mitad, la situación política sigue igual; el
resto de opiniones sobre ella se divide de forma pareja entre quienes dicen que
está mejor y quienes opinan lo contrario.
El divorcio entre lo económico y el verdadero estado de la seguridad ciudadana,
por un lado, y la política hace que la imagen de ARENA sea mucho más positiva
que la del FMLN, entre la opinión pública. Pero, por otro lado, también muestra
la debilidad de este último partido, en un contexto que debiera favorecerlo,
dado el deterioro experimentado en el nivel de vida de la mayoría y el deseo de
un cambio de rumbo. Un tercio asegura que la imagen de ARENA ha mejorado, contra
ocho que aseguran que la del FMLN ha hecho otro tanto. Mientras 17 afirman que
la de ARENA ha empeorado, 41 dicen lo mismo de la del FMLN. Para el resto, poco
más de la mitad, la imagen de estos dos partidos continúa invariable. Al
explorar un poco más estas apreciaciones, se observa un FMLN debilitado ante la
gran opinión pública, la que le debe dar los votos necesarios para llegar al
poder. La mayoría opina que sus elecciones internas, recién pasadas, no lo han
fortalecido contra poco más de un tercio que dice lo contrario. De todas maneras,
la gran mayoría percibe que estas elecciones no han reforzado la unidad dentro
del FMLN. Tampoco piensa que sus mecanismos electorales internos sean más
democráticos que los de ARENA. Las elecciones internas de este último partido
son percibidas como más democráticas que las del FMLN, por una diferencia
apreciable. Si el FMLN desea ganar las elecciones, las opiniones mayoritarias
apuntan a que cambie a su candidato, es decir, a Handal, y a la unidad
partidaria. De habérselo permitido, la opinión pública no hubiera votado por
éste y su grupo para dirigir el partido. Dicho de otra manera, la preferencia
por ARENA es clara, aun cuando la gente percibe que es un partido dirigido, en
orden descendente, por los grandes empresarios, el presidente Saca, el Consejo
Ejecutivo Nacional y, en último lugar, por los representantes de sus bases.
Esta preferencia se refleja en la intención de voto. Si hubiera elecciones ahora,
ARENA ganaría al FMLN por más de dos a uno, 40 contra 18 puntos porcentuales.
Más de un tercio asegura que no votaría por ninguno de los dos o no responde. El
PCN obtendría el 4.8 por ciento de la votación y el PDC, el 3 por ciento. En
consecuencia, más de la mitad es de la opinión que las próximas elecciones las
ganará ARENA, poco más de un tercio no lo sabe y sólo trece de cada cien asegura
que las ganará el FMLN. No obstante, que la inmensa mayoría tiene poca o ninguna
confianza en los partidos políticos, las opiniones se dividen en dos bloques
similares cuando se trata de la conveniencia de formar nuevos partidos de
izquierda y de derecha. Una división parecida se encuentra entre los que están a
favor y en contra de la continuidad del PCN y del PDC.
En síntesis, el año 2004 ha sido un mal año para la mayoría de la población
salvadoreña. Esta todavía no puede relacionar la pobreza y la violencia social
con los gobiernos de ARENA, en parte, por la intensa campaña publicitaria del
gobierno de Saca y por la habilidad de éste como comunicador social de masas; en
parte, por la connivencia de la mayoría de los grandes medios de comunicación
masivos, los cuales tampoco han contribuido a unir esas realidades, por razones
obvias; y también porque el FMLN no ha sido capaz de hacerlo.
Pleitos institucionales
tado en discusión en los últimos días: la actitud del partido FMLN. Algunos consideran que ésta atenta gravemente contra la naciente democracia salvadoreña. La necesidad de aprobación del presupuesto general de la nación ha servido de motivo para reavivar esta discusión. A decir verdad, no es la primera vez que se aborda el tema del comportamiento de los actores políticos, particularmente del FMLN respecto del funcionamiento de la institucionalidad democrática del país. En esta materia, incluso algunos analistas, de cuya integridad no se puede dudar, han reprochado la intransigencia del partido de izquierda.
Los salvadoreños evalúan la situación del país a finales de 2004
Al finalizar el año 2004, los problemas económicos se han constituido en las principales fuentes de preocupación para la ciudadanía salvadoreña, según revela la más reciente encuesta de opinión realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA). El sondeo, efectuado con el propósito de recoger la opinión de los ciudadanos sobre la situación general del país y sobre los sucesos acaecidos en 2004, se llevó a cabo entre el 21 y el 28 de noviembre del año en curso, con una muestra total de 1,280 entrevistas a adultos, representativa de toda la población salvadoreña de 18 años y más que vive en el país. El sondeo posee un error muestral del más/menos 2.8 por ciento.
Luego de que la opinión pública sobre los problemas del país fuera compartida
entre los temas económicos y los asuntos de inseguridad y violencia a lo largo
de los últimos años, la encuesta revela que, al cierre de 2004, la economía
predomina decisivamente en las preocupaciones públicas de los ciudadanos
salvadoreños. Casi el 70 por ciento de los encuestados señalan problemas como el
desempleo, la pobreza, la situación económica particular y la inflación. Los
problemas vinculados con la seguridad pública, en cambio, son señalados por una
parte de la población que no sobrepasa el 20 por ciento, ubicando a este tema en
un muy segundo plano dentro de la opinión pública.
Ello no significa que para muchos ciudadanos el crimen no siga siendo un
problema, lo que sucede es que los temas económicos se han impuesto con más
urgencia en la agenda vital de los salvadoreños que el tema de la inseguridad.
De hecho, cerca de la mitad de las personas consultadas por la encuesta de la
UCA —el 49.3 por ciento— dijeron que la pobreza aumentó en el país en
comparación con el año pasado, mientras que una buena parte de la otra mitad
sostuvo (43.6 por ciento) que los niveles de pobreza se habían mantenido igual y
sólo el 7.1 por ciento dijo que la pobreza disminuyó.
Esta opinión no representa un cambio importante en la tendencia con respecto al
año anterior. La pobreza sigue estando presente en las percepciones de la gente.
En cambio, cuando se preguntó por el costo de la vida, la encuesta muestra que
la gran mayoría de ciudadanos percibe un aumento muy grande en la misma. El 68.9
por ciento de la gente dijo que la vida se había vuelto mucho más cara durante
2004, mientras que solamente el 2.2 por ciento de los consultados dijeron que el
costo de la vida no había aumentado en absoluto durante el año que termina. El
resto de la gente se ubicó en opiniones intermedias.
Muchos salvadoreños atribuyen el aumento del costo de la vida, entre otras cosas,
a la dolarización. Preguntados sobre si estel proceso, que comenzó en 2001,
había sido beneficioso o perjudicial para la situación económica de los
encuestados, ocho de cada diez salvadoreños dijeron que la dolarización había
sido negativa para su economía particular, el 13.6 por ciento dijo que había
sido positiva y el 6.4 por ciento restante dijo que la dolarización no le había
traído efectos ni buenos ni malos. Estas opiniones críticas con respecto a la
dolarización son inclusive más altas que las que prevalecieron cuando fue
promulgada la ley de integración monetaria. En otras palabras, la percepción
sobre la dolarización es hoy más negativa que cuando se lanzó la medida.
Otra opinión crítica que también ha aumentado —aunque en menor medida— es la que
se refiere a los tratados de libre comercio. Para más de un tercio de los
salvadoreños, el 37.9 por ciento, los tratados comerciales generarán más pobreza
en el país; en cambio, otra tercera parte (36.8 por ciento) piensa que, por el
contrario los TLC ayudarán a combatir la pobreza en el país y el resto de la
gente (22.3 por ciento) cree que los tratados no tendrán ningún efecto. Cuando
se preguntó sobre quiénes serán los principales beneficiarios de dichos tratados,
los salvadoreños básicamente identificaron a "los ricos" (35.3 por ciento), las
grandes empresas (24.2 por ciento) y los empresarios (10.8 por ciento). Sólo una
minoría de los encuestados señalaron como beneficiarios de los tratados a toda
la población (10.3 por ciento) o a los trabajadores (3.5 por ciento).
Crimen e inseguridad
Mientras que en el ámbito económico las opiniones de los salvadoreños son más
bien críticas y parecen estar en aumento, en el ámbito de la inseguridad y de la
violencia, las percepciones de los ciudadanos son relativamente positivas, a
pesar de los problemas que persisten en el país. Un poco más de la mitad de la
gente (el 52.3 por ciento) sostuvo que la criminalidad disminuyó en 2004,
mientras que un 26 por ciento dijo que la criminalidad se ha mantenido igual y
un 21.7 por ciento señaló que la misma había aumentado. A pesar de que casi la
mitad de la gente no ve cambios en la situación de inseguridad o, en algunos
casos, ve un empeoramiento, el porcentaje de personas que dijo que la violencia
disminuyó este año es el más alto registrado por un sondeo de evaluación anual
en los últimos cinco años.
Esta tendencia parece estar confirmada por el registro de personas que dijeron
haber sido víctimas de un hecho delincuencial durante el año 2004. De acuerdo a
la encuesta de la UCA, el 13.7 por ciento de los salvadoreños habrían sido
víctimas de algún hecho delincuencial (sin tomar en cuenta a los homicidios)
durante el año 2004. Este constituye el porcentaje más bajo de victimización por
violencia criminal desde que se miden los niveles de victimización por
delincuencia en la era de la posguerra.
Sobre este tema, a los salvadoreños se les preguntó por la efectividad del Plan
Súper Mano Dura para reducir la delincuencia. Los resultados muestran que el
39.1 por ciento de los ciudadanos piensan que dicho plan está funcionando mucho,
el 31 por ciento cree que el plan está reduciendo "algo" el crimen y el 29.9 por
ciento dijo que el Plan Súper Mano Dura está reduciendo poco o nada la
criminalidad.
Sin embargo, al comparar estas opiniones con las correspondientes al Plan Mano
Dura de hace un año, los salvadoreños se muestran ahora más reservados en sus
opiniones positivas.
Hace un año, más de la mitad de la gente pensaba que el Plan Mano Dura estaba
combatiendo el crimen. Con todo, el Plan Súper Mano Dura sigue teniendo
aceptación entre la ciudadanía, inclusive parece que levemente por encima del
Plan Mano Amiga. El 63.3 por ciento de los salvadoreños se mostraron muy de
acuerdo con la implementación del Plan Súper Mano Dura, mientras que el 56.8 por
ciento señaló estar de acuerdo con el Plan Mano Amiga.
La evaluación de la gestión del gobierno
Estas opiniones alrededor del tema de la seguridad parecen estar, en parte,
basadas en la evaluación positiva que hace la ciudadanía sobre el gobierno de
turno. Como es costumbre en las evaluaciones anuales, a los salvadoreños se les
pidió que asignaran una nota al desempeño del gobierno en el período
transcurrido. Los salvadoreños calificaron al gobierno con una nota de 6.76, en
una escala de 0 a 10. Dicha calificación es superior a la obtenida por el
entonces presidente Francisco Flores al cierre de 2003, pero es inferior a la
nota obtenida por el gobierno actual, cuando cumplió los primeros cien días de
gestión.
Sin embargo, la valoración del trabajo gubernamental sigue siendo positiva. El
55 por ciento de los ciudadanos dijo que el presidente Saca está gobernando bien
al país, mientras que casi el 15 por ciento dijo que lo está haciendo mal, y el
30.1 por ciento sostuvo que el presidente no está gobernando ni bien ni mal. A
los salvadoreños se les pidió también su opinión sobre la promesa del presidente
de mejorar la situación social del país: el 45.9 por ciento de la gente dijo que
el gobernante está cumpliendo con su promesa, mientras que el 27.3 por ciento
dijo que está cumpliendo sólo en parte; el 26.8 por ciento sostuvo que el
mandatario no está cumpliendo con su promesa.
La pesquisa del IUDOP abordó también el tema de las mesas de concertación
impulsadas por el gobierno en diferentes áreas sectoriales. Los resultados
muestran unas opiniones divididas al respecto: el 48.9 por ciento de la gente
dijo que las mesas de concertación son útiles para mejorar la situación social
del país; en cambio, un porcentaje similar, el 47.2 por ciento, dijo que dichas
mesas eran sólo propaganda por parte del gobierno. El resto de la gente se
abstuvo de responder a la pregunta.
Confianza en las instituciones en 2004
La encuesta de la UCA recogió también los niveles de confianza que expresan los
salvadoreños sobre algunas instituciones u organizaciones nacionales que tienen
impacto en la vida sociopolítica del país. De acuerdo a los resultados, las
instancias en las que más confían los salvadoreños son, en orden de mucha
confianza: la iglesia católica, las iglesias evangélicas y la Policía Nacional
Civil. Les siguen un grupo de instituciones con confianza intermedia, compuesto
por el ejército, las alcaldías, el gobierno central, la Procuraduría de los
Derechos Humanos, los medios de comunicación y la Procuraduría General de la
República.
En el grupo de instituciones que suscitan menos confianza en la población se
encuentran el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la
Fiscalía General de la República, la Asamblea Legislativa y los partidos
políticos.
Otras opiniones
La encuesta de la UCA recogió también las opiniones de los salvadoreños sobre
otros aspectos de la vida nacional. Entre ellas se preguntó sobre el trabajo de
las autoridades salvadoreñas para aplicar la justicia y extraditar a Carlos
Perla por el delito de corrupción en ANDA. El 54 por ciento de los salvadoreños
piensa que las autoridades nacionales no han hecho lo suficiente para extraditar
al ex funcionario, mientras que el 42.1 por ciento piensa lo contrario.
En la misma línea, se preguntó si el ex gerente de ANDA, Mario Orellana, debe
ser protegido para que sirva como testigo de la corrupción o, por el contrario,
debe ser juzgado como corresponsable del delito. La gran mayoría de los
salvadoreños (el 84.5 por ciento) afirmó que Orellana debe ser juzgado y sólo el
11 por ciento dijo que debía ser protegido como testigo. Y es que sobre el caso
de la corrupción en la entidad autónoma, el 53 por ciento de los salvadoreños
piensan que el gobierno anterior encubrió la corrupción en ANDA, mientras que un
38.9 por ciento sostuvo que el gobierno no sabía de la corrupción dentro de la
administradora del servicio de agua.
Por otro lado, se preguntó a los salvadoreños sobre el resultado de las
recientes elecciones presidenciales en los Estados Unidos. De acuerdo a los
resultados de la encuesta de la UCA, casi tres cuartas partes de los
salvadoreños (74.4 por ciento) piensan que la reelección de George W. Bush será
beneficiosa para los intereses salvadoreños, en tanto que un 21.1 por ciento
sostuvo que la reelección del republicano será perjudicial para los intereses
locales. Una tendencia similar se contempla cuando se preguntó en función de los
compatriotas que viven en los Estados Unidos: el 65.1 por ciento de los
encuestados dijo que los salvadoreños que viven en EUA se verán beneficiados por
la victoria de Bush; el 12.5 por ciento dijo que los compatriotas se verán
perjudicados y el 19.2 por ciento sostuvo que da lo mismo que haya ganado o no.
Opiniones políticas
A los salvadoreños se les preguntó sobre si las últimas elecciones internas
dentro del FMLN fortalecerán a ese partido o, por el contrario, lo debilitarán.
Las opiniones se orientan más hacia la idea de que el resultado de las últimas
elecciones internas del Frente lo perjudicarán: el 58.2 por ciento opinó de esa
manera; en cambio, la tercera parte de la gente, el 33.2 por ciento, dijo que
los comicios internos lo fortalecerán. El resto no quiso responder a la pregunta.
De hecho, la mayor parte de los salvadoreños, el 75.7 por ciento, ve al FMLN
menos unido luego de su proceso electoral interno.
Preguntados sobre las preferencias partidarias al cierre de 2004, las simpatías electorales favorecen al partido gobernante. El 38.9 por ciento de los salvadoreños dijo que votaría por ARENA si las elecciones se celebrasen el próximo domingo; mientras que el 18.2 por ciento votaría por el FMLN y el 8 por ciento votaría por otros partidos (PCN y PDC). Cerca de un 20 por ciento de la gente no quiso revelar su partido de preferencia al término del año 2004 y el 15.8 por ciento dijo que no votaría por ninguno de los partidos.
En resumen, la encuesta de evaluación del año 2004 cursada por la UCA muestra
que los salvadoreños se encuentran más preocupados que nunca por la situación
económica del país. Pobreza, desempleo e inflación dominan las opiniones
cotidianas de la mayor parte de la población. Esto es así, en parte, porque
varios ciudadanos han dejado de preocuparse particularmente por la delincuencia
y la seguridad ciudadana. De hecho, al finalizar el año 2004, el porcentaje de
personas que han resultado víctimas de la violencia criminal constituye el
porcentaje más bajo registrado en los años de la posguerra. Esto parece ser
parte de una tendencia que se inició hacia el año 1999 y que, con excepción de
2002, ha mantenido una constante de disminución en las tasas de victimización
por delitos comunes.
Por otro lado, la encuesta registra también que las opiniones hacia el gobierno
central se mantienen bastante positivas. A pesar de que el nivel de opiniones
favorables no es igual al expresado en el sondeo de los primeros cien días de
gobierno, la administración de Antonio Saca mantiene una opinión pública mucho
más favorable que la que enfrentaron sus predecesores. A la base de esta
popularidad parecen estar los planes antidelincuenciales y los esfuerzos por
mantener una campaña publicitaria sistemática.
En el ámbito de la confianza en las instituciones, los resultados de la encuesta
de la UCA señalan que las iglesias, la policía y el ejército se constituyen en
las organizaciones e instituciones que reciben mayores niveles de confianza
popular. Instancias como los medios de comunicación y las procuradurías han
bajado en la confianza ciudadana y han pasado al grupo de instituciones que
reciben niveles medios de credibilidad.
Las instituciones más vinculadas con el ámbito político siguen estando en el
sótano de la confianza ciudadana. En el área política, la opinión pública
favorece, hoy por hoy, más al partido ARENA que a cualquier otro partido
político. El FMLN, por su parte, no parece haberse recuperado de la derrota
electoral del primer trimestre de este año y su imagen frente a la ciudadanía no
se ha visto favorecida por el proceso de elecciones internas celebrado
recientemente.
Política de baja ralea
Primero fue el asesinato de la periodista María José Bravo, a manos de un miembro del Partido Liberal Constitucionalista (PLC); después, la excarcelación de Arnoldo Alemán, ex gobernante que guardaba prisión por sus sonados actos de corrupción. Ahora, lo que se está dando en Nicaragua es una alianza entre la facción del PLC afín a Alemán y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), para destituir al presidente Enrique Bolaños, quien, por cierto, también pertenece al PLC.
Otra testigo más asesinada
Según la información recién ofrecida por uno de los matutinos nacionales, dos hombres con apariencia de pandilleros asesinaron la noche del domingo a un hombre y a una mujer en Lourdes, Colón, departamento de La Libertad. Para el jefe de investigaciones de la región central de la Policía Nacional Civil (PNC) los asesinos pertenecen a la “MS” (“Mara Salvatrucha”) “se equivocaron, porque creyeron que ella era testigo en otro caso de doble homicidio”. Según este funcionario, la testigo ahora difunta habría visto a los asesinos, pero desistió de colaborar con la justicia, por temor a represalias de los delincuentes, que finalmente acabaron con su vida.
Casos como este evidencian, una vez más, la ausencia de garantías de protección
y la falta de estímulos suficientes para que la población apoye el
funcionamiento de las instituciones responsables de investigar delitos y
castigar a sus responsables. Esta carencia ha sido constante, sobre todo durante
los últimos quince años; la misma se agrava hoy con la incompetencia de la
Fiscalía General de la República (FGR) y la PNC que suelen fundamentar sus
investigaciones ante los jueces en pruebas personales más que en científicas.
Con ello, muchas personas resultaron victimizadas al cooperar.
El conocimiento de programas en otros países destinados a proteger víctimas,
testigos, peritos y cualquier otra persona que colabore con procesos penales,
permite advertir las evidentes distancias entre aquellos y lo que ocurre en El
Salvador.
Garantizar la seguridad de estas personas, no debe considerarse como una
disposición complementaria a las establecidas en el Código Procesal Penal,
porque la función esencial de este último es regular el procedimiento para
sancionar la comisión de delitos y no establecer un régimen de protección. Por
ésta razón, más que otra reforma a dicho Código, se requiere de una ley
especial. Algunos de los elementos mínimos que este programa debe contemplar, se
mencionan a continuación.
El margen de protección actual contempla como beneficiarios a los testigos,
peritos y víctimas de hechos delictivos. Sin embargo, la gravedad de la
situación nacional exige incluir a otras personas que por su vinculación
familiar o cualquier otro tipo de asociación pueden correr algún peligro, como
ocurre en la legislación norteamericana. Esto abarcaría a las familias de
testigos, peritos y víctimas así como a fiscales, jueces y abogados e incluso
periodistas, defensores de derechos humanos e individuos todos que por su
relación directa o indirecta con el proceso también son objeto de amenazas,
coacciones y atentados. En definitiva, se trata de ampliar la definición de
beneficiarios a proteger.
También resulta imprescindible que se especifiquen e individualicen las
competencias oficiales en la adopción de las medidas correspondientes. Con esto
se superaría la percepción la nebulosa actual en la que muchos funcionarios se
escudan argumentando que hoy sólo se hace referencia genéricamente a la "autoridad
actuante", sin especificar a cuál se refiere. Una medida coherente sería que
tanto la Fiscalía como la Policía y la autoridad judicial compartieran la
competencia. Así, por ejemplo, la Fiscalía adoptaría inicialmente, de oficio o a
instancia de parte, las medidas pertinentes antes de llevar la causa a la
autoridad judicial; después, durante el transcurso de todo el proceso o, si una
vez finalizado éste, se mantuvieran las circunstancias de peligro, la Fiscalía
podría solicitar a la autoridad judicial adoptar las medidas adecuadas.
La ejecución de las medidas debería corresponder sobre todo a la PNC, la cual
recibiría las directrices pertinentes directamente de la Fiscalía o de la
autoridad judicial. Asimismo, sería interesante que otras entidades estatales
como la Procuraduría General de la República o la Procuraduría para la Defensa
de los Derechos Humanos, se comprometieran y colaboraran en este programa de
protección. Actualmente la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene un importante
cometido a través de la Dirección de Protección Judicial, la cual brinda
protección policial de los beneficiarios en coordinación con la PNC; sin
embargo, podría jugar un mejor papel para la ejecución de las medidas.
En la legislación vigente, la concreción de dichas medidas requiere que la
autoridad competente —generalmente el juez— constate la existencia de un peligro
grave para la persona, bienes o libertad del testigo, perito o víctima o de su
entorno familiar. Sin embargo, sería conveniente establecer parámetros objetivos
para apreciar estas circunstancias de emergencia para reducir posibles
arbitrariedades; entre éstos podrían figurar, por ejemplo, el cuantificar las
amenazas recibidas —número de llamadas amenazantes que el afectado ha recibido,
o seguimientos de que ha sido objeto— así como los atentados o intentos de
atentado contra su persona o sus allegados. En todo caso, siempre se deben
conocer las razones que fundamenten la solicitud de las medidas.
Las medidas vigentes se deberían mantener y agregar otras que alejen a las
víctimas y testigos de la posible intimidación por parte del imputado. Declarar
a “puerta cerrada”, podría ser una posibilidad; es decir, que el juez ordene al
imputado salir de la sala de audiencia al momento de la deposición de las
personas amenazadas. Paralelamente, el juez debería garantizar la presencia del
defensor en ese momento para que interrogue a quien declara y comunique al
imputado sobre el contenido de lo expuesto. También, se puede considerarse el
sistema de circuito cerrado; esto es, rendir la declaración a través de un
monitor. Con esto se disminuye el nivel de intimidación que puede provocar el
imputado.
Además de las medidas anteriores, sería imprescindible incluir otras de mediano
y largo plazo. Así, por ejemplo, si las circunstancias lo requieren, las
personas afectadas podrían tener una nueva identidad; esto debería acompañarse
de una prohibición de publicidad de los expedientes en los que se realiza tal
cambio de identidad, vinculada a figuras administrativas y penales que
contemplen penas como cárcel, multa e inhabilitación para los funcionarios que
revelen algún dato y arriesguen la integridad de las personas protegidas.
También se debería diseñar un sistema solvente de financiación.
Las reformas recientes de la legislación procesal penal establecen la creación
de albergues especiales de protección, utilizables para casos que exigen el
traslado inmediato de las víctimas; esto exige recursos económicos para
cumplirse. Dichos fondos se incluirían en el Presupuesto General de la Nación,
en la partida correspondiente a la entidad encargada de su ejecución, y se
debería establecer anualmente una asignación específica de recursos dirigida a
este programa.
En casos extremos, la necesidad de cambiar residencia a las personas protegidas
requiere realizar coordinaciones regionales; su traslado sería más eficaz
desplazándose de un país a otro. Así, pues, a partir de los sistemas nacionales
de protección se deberían sumar diferentes formas de cooperación entre los
países participantes o incluso impulsar un programa regional. En la práctica,
cuando se plantee esta necesidad, las autoridades de un Estado determinado
solicitarían ayuda a las de otro para concretar la colaboración.
Es importante incluir como posibilidad dentro del marco del programa, tanto la
protección previa al inicio de la causa, si fuere necesaria, y mantenerla al
finalizar el proceso o la intervención del perito o testigo, siempre que se
mantuvieran las circunstancias de peligro.
Para garantizar el éxito de la protección, desde el inicio se debe firmar un
convenio que establezca las medidas a ejecutar, la duración de las medidas y las
obligaciones de la persona protegida. Dentro de estas dichas obligaciones se
debería prohibir, por ejemplo, regresar al domicilio anterior en un radio
determinado y no alejarse de los custodios asignados, entre otras. Si se
incumplieran estas obligaciones, podría modificarse o finalizar —en casos
extremos— la protección.
Interesante en el diseño de un programa de protección, resulta el promover la
participación ciudadana. Así, podría plantearse la colaboración de
organizaciones sociales en la ejecución de los planes de protección a través de
sus miembros y recursos, o de voluntariado. Las autoridades, por ejemplo,
podrían comunicar a éstas los casos y acordar con las mismas una línea de
actuación a la hora de ejecutar las medidas de protección. La colaboración puede
ser en las áreas de asistencia psicológica, legal, entre otras.
En realidad, la situación del país no permite seguir dando “palos de ciego” en
esta materia. La impunidad seguirá siendo la única favorecida, de continuar así.
Tel: +503-210-6600 ext. 407, Fax: +503-210-6655 |
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