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El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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Año 25
número 1121
Noviembre 10, 2004
ISSN 0259-9864
Editorial: El ejemplo de Costa Rica
Política: Los resultados electorales del FMLN
Economía: La nueva política agrícola
Economía: La maquila centroamericana frente a la amenaza asiática
Derechos Humanos: Por las víctimas
Documento: Carta abierta de la Asociación Pro Búsqueda
El ejemplo de Costa Rica
El sistema judicial de Costa Rica está dando un ejemplo de decencia y de eficacia al resto de países centroamericanos, especialmente a El Salvador. Para caer en la cuenta de ello basta con hacer una revisión somera del modo en que los sistemas judiciales de ambos países están enfrentando graves casos de corrupción. En Costa Rica, dos ex presidentes han sido acusados, con rapidez y sin contemplaciones de ningún tipo, de haber cometido actos fraudulentos durante sus respectivos mandatos —un tercero, está en la mira de las autoridades costarricenses—. Se trata de dos figuras políticas de primer nivel, con influencias y, por ello, con la capacidad de burlarse de la justicia. Sin embargo, nada de eso ha sucedido: como cualquier otro ciudadano acusado de haber violado la ley, los dos ex presidentes han tenido que responder por los delitos que se les imputan.
En El Salvador, ante el sonado caso de corrupción sucedido en ANDA, el principal
responsable del millonario desfalco —Carlos Perla— logró fugarse del país y
hasta ahora no ha habido forma de hacerle pagar por su crimen. Su segundo de a
bordo —Mario Orellana— está a la espera de los favores que los vicios del
sistema judicial salvadoreño y la manipulación de la ley le puedan dejar. La
situación de Orellana es curiosa, porque, siendo uno los principales implicados
en el millonario desfalco a la institución, está recibiendo, por parte de la
Fiscalía General de la República, un trato que parece estar encaminado a
favorecerlo.
Los fiscales no cesan de apelar al “criterio de oportunidad” —un recurso
legítimo, pero que se puede prestar a la manipulación— para beneficiar a
Orellana con una suspensión de la condena que le correspondería, a cambio de una
supuesta valiosa información que éste habría revelado a la fiscalía en torno al
caso. La jueza Nora Montoya ha insistido en que la información revelada por
Orellana es irrelevante y que, en consecuencia, éste no merece un trato
especial. Los fiscales, contraviniendo su función de defender los intereses del
pueblo, defienden ahora a Orellana. Y lo hacen con una energía y una pasión que
pareciera que fueron designados —sobre todo, el “fiscal especial”— para salvarlo
del castigo merecido. De acusadores del pueblo, los fiscales en el caso de ANDA
se han convertido en defensores de un ex funcionario que se lucró, con
desfachatez y dando muestras de la mayor bajeza moral, de los recursos públicos.
En Costa Rica, los fiscales cumplieron con su trabajo y lo hicieron con eficacia;
en El Salvador, los fiscales ni han podido ser eficaces, ni han podido cumplir
con su obligación de defender a la sociedad de los embates del crimen.
¿Qué decir de los medios de comunicación costarricenses y salvadoreños ante los
respectivos casos de corrupción que han afectado a sus sociedades? En Costa
Rica, los medios no han andado con complicidades de ningún tipo con los ex
presidentes acusados de corrupción. Han sido tratados como delincuentes; se ha
considerado su conducta y proceder como algo bochornoso. Los ex presidentes
mismos no han hecho alarde ni de prepotencia ni de desdén ante la sociedad. Más
bien, su actitud ha sido de bochorno y vergüenza. Como quiera que sea, al margen
de la actitud de los acusados, los medios costarricenses —afines con la cultura
política de su país— no han dado ninguna pauta para hacer creer que hay algo
digno de alabar en la conducta de los ex presidentes.
Con los medios salvadoreños —concretamente, con las grandes empresas mediáticas—
ha sucedido (y sucede) lo contrario. Se rasgan las vestiduras denunciando la
corrupción, pero no toda la corrupción, ni con todas sus implicaciones. Les
gustan aquellos casos de corrupción que pueden hacer daño al FMLN: aquí explotan
a sus fuentes, hurgan por todos lados e incluso inventan complicidades. Cuando
algún caso de corrupción estalla en las esferas de poder vinculadas a ARENA, se
andan con cuidado. Y si no, ¿por qué no le siguieron la pista a la vinculación
del ex presidente Flores con la corrupción de ANDA? ¿Por qué no hurgaron en la
forma en la que Perla y Orellana movieron los millones robados en el sistema
financiero?
Asimismo, los grandes medios salvadoreños —afines con una cultura política que
tiene en alto al pícaro, al abusivo y al prepotente— no pueden evitar dejar de
ver algo digno de encomio en quienes cometen delitos. Como prueba de ello, baste
con citar la cobertura de prensa dada a Yiomara Gómez de Orellana, cómplice de
Mario Orellana —su esposo— en el caso de corrupción de ANDA. No ha habido
noticia referida a la esposa de Orellana en la cual, lejos de enfatizar su
complicidad en el crimen, lo blando de la condena que le fue impuesta o lo
bochornoso de su complicidad, no se haga alusión a su belleza, sus lentes
oscuros, su forma de caminar, su cabello, la combinación de su ropa y a su modo
despectivo de dirigirse a los demás. Al leer sobre ella, se tiene la impresión
de que el personaje en cuestión es una modelo o, en todo caso, una mujer fuera
de serie, que deja a quienes la observan con la boca abierta. Es como si quienes
escriben sobre ella quisieran decir que, por ser como es, cualquier cosa se le
puede disculpar: sus gestos despectivos o haber participado en un fraude
millonario. En fin, es posible que Yiomara Gómez de Orellana tenga todos los
atributos que la prensa pone de manifiesto, pero ninguno de ellos, separados o
juntos, la exime de su responsabilidad por haber sido cómplice de un delito ni
de ser, por tanto, considerada una delincuente, una vez que la justicia
salvadoreña la ha tipificado, con pruebas contundentes, como tal.
El combate de la corrupción pasa por un sistema judicial más eficiente y
comprometido con la defensa de los intereses de la sociedad. También pasa por la
erradicación de la cultura del abuso, el oportunismo y la picardía. Esta cultura
no podrá ser erradicada mientras los medios de comunicación sigan abordando el
tema de la corrupción del modo como han tratado a Yiomara de Orellana. Es una
grave irresponsabilidad transmitir al público la idea de que hay en ella una
serie de atributos —por lo demás absolutamente superficiales— que son más
importantes que el que ella haya participado en un crimen y que, incluso, en
virtud de ellos habría que obviar esto último. Cuando los medios proceden de esa
forma, recrean en el imaginario social la tesis de que hay personas que merecen
mejor trato que otras, así hayan cometido delitos graves. El trato que está
dando la fiscalía a Mario Orellana confirma esa desigualdad de los salvadoreños
ante la ley.
Los resultados electorales del FMLN
Ya es oficial. Medardo González, el candidato de la corriente socialista revolucionaria, ganó las elecciones internas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), celebradas el pasado domingo 7 de noviembre. Se convierte así en el segundo coordinador general del partido de izquierda desde la adopción de los últimos estatutos, que estipulan el voto secreto de todos los afiliados de la organización como mecanismo para seleccionar a sus dirigentes. ¿Cuáles son las principales claves que explican este triunfo? ¿Contribuirán a bajar las tensiones en el partido de izquierda? ¿Ha madurado el FMLN con respecto a las últimas elecciones internas? ¿El partido se ha fortalecido en estos últimos dos años de gestión ortodoxa? Estas son algunas de las preguntas que se intentará responder a lo largo del comentario que sigue.
La nueva política agrícola
Durante los últimos quince años, la política gubernamental ha sido indiferente a la situación del sector agrícola. Los gobiernos de ARENA han privilegiado a los sectores que desarrollan actividades comerciales y de servicios. A lo largo del siglo XX, el país se caracterizó por ser productor y exportador de bienes primarios de origen agrícola. Al finalizar el siglo, en los años noventa, mediante las políticas económicas del gobierno, se erigió un modelo económico que golpeó duramente a los productores agrícolas de antaño y, a la vez, generó una profundización de la pobreza en las zonas rurales del país. También el sector agrícola se vio sacudido, en buena medida, por factores externos que determinaron el comportamiento de la economía salvadoreña. Se trató de las crisis que sufren algunos productos primarios en el mercado internacional y el aparecimiento de nuevos productores de ese tipo de bienes con mayores niveles de productividad en el mercado internacional.
La maquila centroamericana frente a la amenaza asiática
El crecimiento continuo de la maquila en Centroamérica desde la década de los noventa, ha sido un hecho determinante en la economía de la región. Actualmente, el sector textil abarca 35,000 trabajadores, cantidad que equivale al 2.9% del total de población económicamente activa (PEA) de la zona.
Por las víctimas
La historia reciente da cuenta de graves sufrimientos vividos tanto en El Salvador como en Guatemala durante las últimas décadas. Acá, por ejemplo, se registraron alrededor de 75,000 ejecuciones extrajudiciales y fueron más de 8,000 las personas desaparecidas forzosamente durante los doce años de cruenta guerra civil; en territorio guatemalteco se habla de 100,000 muertes y 40,000 desapariciones forzadas a lo largo de treinta y seis años. Fueron épocas de violencia política y bélica, repleta de masacres y otras violaciones graves a los derechos humanos realizadas en contra de la población civil: No obstante, estos hechos repudiables e ilegales no encontraron eco ni remedio en las estructuras encargadas de impartir justicia y proteger los derechos humanos, debido a la grave crisis institucional interna en ambos países.
Años más tarde, sus gobiernos junto a las respectivas guerrillas acordaron
finalizar los conflictos. Al menos en el papel, se buscaba generar condiciones
políticas e institucionales profundas y democráticas para cambiar en serio. En
esa nueva etapa no se podían ni debían obviar las injusticias cometidas, por lo
que también estos acuerdos de paz establecieron mecanismos para encarar los
graves crímenes del pasado y atacar la impunidad.
En nuestro caso se constituyó, por ejemplo, la Comisión de la Verdad que publicó
en marzo de 1993 los resultados de sus investigaciones sobre los peores crímenes
ocurridos entre 1980 y 1992; crímenes que conmovieron hondamente a la conciencia
colectiva como el asesinato de Monseñor Romero, el de los sacerdotes jesuitas y
la masacre de El Mozote, entre otros. Esta Comisión elaboró y entregó
importantes recomendaciones a fin de completar el cumplimiento de los grandes
objetivos del “proceso salvadoreño” acordados en Ginebra el 4 de abril de 1990;
además de terminar la guerra se pretendía democratizar el país, respetar los
derechos humanos y reconciliar la sociedad.
Las reacciones contra el informe fueron inmediatas. Cinco días después de
publicado, se aprobó la “Ley de Amnistía General para la Consolidación de la
Paz” con la cual se impidió procesar e investigar delitos cometidos antes 1992.
Es así como la impunidad “legal” obstaculizó la resolución de muchos casos de
nuestro pasado, pese a la existencia de un movimiento nacional fuerte en favor
de la irrestricta vigencia de los derechos humanos que —junto a muchas víctimas
de estos hechos— lucharon y luchan para procesar a los responsables de esa gran
tragedia nacional. Por si fuera poco lo anterior, tras el conflicto y con una
institucionalidad “distinta” surgieron nuevos hechos violatorios de los derechos
humanos que revelaron la persistencia de la debilidad institucional frente a
actos de grupos ilegales armados y la corrupción estructural.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido categórica al
rechazar la ley de amnistía, especialmente cuando ha señalado que con su
aprobación —y después la negativa a derogarla— El Salvador viola obligaciones
internacionales asumidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tal
posición ha sido constante y forma parte de sus resoluciones.
Algunos de los casos que pueden destacarse en esta lucha contra la indecente
impunidad son los de monseñor Romero y los jesuitas en El Salvador, y el de
Myrna Mack en Guatemala. Alrededor de estas y otras experiencias, víctimas y
organizaciones nacionales e internacionales han continuado exigiendo justicia
fuera de sus países.
En el caso salvadoreño, el gobierno se ha mostrado indiferente y soberbio en sus
posturas y sólo se ha esforzado —en vano— para que la CIDH archive estos casos,
sin intentar colaborar en la resolución de los mismos e introducir mejoras en el
sistema de justicia. A pesar de esta “resistencia”, los órganos del sistema
interamericano se han convertido en una verdadera alternativa para acceder a la
justicia y contar con ejemplos positivos al interior de las sociedades.
Tal efectividad puede observarse, por ejemplo, con la resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de noviembre del 2003. Fue entonces cuando
condenó al Estado guatemalteco por su responsabilidad en el asesinato de Myrna
Mack Chang y la posterior negación de justicia a sus familiares. Además, entre
otras medidas de reparación se determinó celebrar un acto oficial reconociendo
la responsabilidad estatal en el asesinato de la antropóloga, el cual debía
contar con la presencia de las más altas autoridades de ese país; igualmente se
exigió garantizar que todos los autores del crimen sean llevados ante la
justicia. Esta forma de reparación, además de novedosa es ejemplarizante e
influye de forma positiva en el proceso de paz del país vecino.
Más recientemente, un Tribunal Federal de los Estados Unidos de América emitió
un fallo histórico contra Alvaro Rafael Saravia, uno de los participantes
directos en el asesinato de monseñor Romero. Esta condena, si bien es de
carácter civil, contribuye a establecer la verdad y demuestra que los tribunales
extranjeros también pueden contribuir en la lucha contra la impunidad.
Estas experiencias de lucha merecen ser difundidas, por tres razones básicas:
por su carácter ejemplar, por la oportunidad de ubicar los incumplimientos y
fallas en el sistema de justicia interna y por ser medios que incitan a la
participación de la sociedad en el fortalecimiento del Estado de Derecho de
nuestros países. Conocimientos que se han canalizado en esta ocasión a través de
actividades académicas, con la participación de especialistas en la materia,
como la que en esta ocasión ha convocado el IDHUCA, para los días 10, 11 y 12 de
noviembre, a través del Seminario Taller “Víctimas y justicia”, en el que se
realiza un estudio comparado de los casos Monseñor Romero, jesuitas y Myrna
Mack, para fortalecer y propiciar la presentación y resolución de casos a nivel
nacional y en el sistema interamericano.
Aportar académicamente en estos esfuerzos por vencer la impunidad es importante,
pues las exigencias de los nuevos tiempos requieren una atención profesional y
especializada del problema de los derechos humanos. En esa línea, el IDHUCA
también se interesa por la formación de estudiantes de derecho en la materia de
derechos humanos.
A propósito de esto último, queremos aprovechar este espacio para felicitar
efusivamente a cinco estudiantes de la carrera de ciencias jurídicas de la UCA,
quienes recientemente participaron en la “VIII Competencia Interamericana de
Derechos Humanos Eduardo Jiménez de Aréchaga”, realizada en San José, Costa
Rica, del 24 al 29 de octubre pasados, en la que participaron las más
prestigiosas universidades del continente americano.
La delegación de la UCA se convirtió en la ganadora de la competencia, superando
en sus calificaciones a universidades importantes de la región, tales como la
Universidad Autónoma de México, Universidad de Buenos Aires, entre otras,
obteniéndose el importante título en una final muy disputada con la también
jesuita Universidad Javeriana de Colombia. Los estudiantes ganadores son: Mario
Ernesto Flores Soto, María Auxiliadora Rivas Serrano, Francisco Antonio Chicas
Vásquez, Karla Victoria Meléndez y Eduardo Adalberto Cuéllar.
Este galardón inédito en la historia de las facultades de derecho salvadoreñas
nos llena de mucha satisfacción y nos da la esperanza de que con estos esfuerzos
académicos se está contribuyendo para que poco a poco, también a través de
procesos judiciales, realizados en instancias nacionales o internacionales, se
pueda finalmente “revertir la historia desde las víctimas”
Carta abierta de la Asociación Pro Búsqueda
Presentamos a continuación la Carta abierta de la
Asociación Pro Búsqueda al Señor Presidente Constitucional de la República de El
Salvador, Don Elías Antonio Saca, publicada en los medios de prensa escrita el
día 5 de noviembre de 2004.
Carta abierta de la Asociación
Pro Búsqueda
Señor Presidente:
Nos dirigimos a Usted con todo respeto para expresarle nuestro asombro, ya que
después de haberle solicitado audiencia en carta que le enviamos el día viernes
29 de octubre, al llegar a las proximidades de Casa Presidencial, nos
encontramos con barreras y antimotines. Veníamos a presentarle nuestra propuesta
para una Comisión Interinstitucional más eficiente. No recibieron ni a una
pequeña representación, después que habíamos solicitado ser admitidos. No
concuerda esta actitud con el “gobierno de sentido humano” del que Usted tanto
ha hablado. Tampoco tiene coherencia esta actitud con su promesa hecha a las
madres de que “nunca estarían solas”.
Hemos podido leer el Decreto 45 aparecido en el Boletín Oficial del Estado tomo
365, en edición especial del 6 de octubre de 2004, emitido para la creación de
la “Comisión Interinstitucional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos por
Causa del Conflicto Armado de El Salvador”.
La primera afirmación que nos llena de asombro es que a lo largo del Decreto, al
referirse a la desaparición, únicamente se dice: “quedaron separados
involuntariamente”. Todos sabemos y Usted también, Señor Presidente, que esto no
es cierto. Pro Búsqueda ha documentado cientos de casos de jóvenes víctimas de
desaparición forzada así como de sus familiares. Ellos nos cuentan que, en
muchas ocasiones, fueron arrancados violentamente de brazos de sus familiares,
incluso a punta de fusil, para subirlos a helicópteros y llevarlos a los
cuarteles. Posteriormente las niñas y los niños fueron trasladados por las Damas
Voluntarias de la Cruz Roja desde los cuarteles a diferentes orfanatos de la
ciudad capital, de donde, muchos de ellos fueron dados en adopción.
Lo dicho hasta ahora y la celeridad y oportunismo con que se ha aprobado esta
Comisión, nos hace pensar que el término “separación involuntaria” se emplea
para evadir la responsabilidad estatal directa en la desaparición forzada de
estas niñas y niños traídos de los frentes de guerra. Se contraviene con este
comportamiento lo recomendado por Naciones Unidas en la Convención de los
Derechos del Niño, ratificada por la Asamblea Legislativa de El Salvador.
Al hablar del objeto de esta Comisión y verla como colaboradora de las
instituciones públicas involucradas o encargadas de la protección de la niñez se
puede concluir que ni se ha comprendido el problema ni se le quiere encarar.
Consideramos que la naturaleza de esta Comisión, o de otra semejante, es de tan
vital importancia, que siempre tendría que ser el ente rector y dinamizador de
las instituciones públicas.
Por otra parte la niñez desaparecida no debe estar atendida por una Comisión que
colabora con otras instituciones para su búsqueda, sino que debe existir una
comisión que se encargue de la búsqueda de las niñas y niños desaparecidos como
consecuencia del conflicto, con suficiente presupuesto y personal, tal como lo
recomendó en mayo recién pasado el Comité de los Derechos del Niño en Ginebra.
La creación de una Comisión de esta índole fue también recomendada por el Comité
de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
La mesa de trabajo de apoyo técnico de la que se habla en el Decreto nos trae a
la memoria la tan tristemente recordada del Procurador General, que después de
un año de trabajo confesó, ante el abandono de las instituciones de gobierno que
participaron en su creación, que no se había podido hacer ningún progreso en la
búsqueda de las niñas y niños desaparecidos. Además, una Comisión como la que
ahora se crea con este Decreto no puede estar integrada por representantes de
los titulares de las entidades que la conforman sino por los propios titulares,
para que haya capacidad y autoridad para tomar decisiones cuando fuese necesario.
Y es que el tema de la niñez desaparecida no es un problema coyuntural, sino una
tarea pendiente, consecuencia del conflicto armado. Y hasta el momento el Estado
ni ha querido afrontarlo ni parece querer hacerlo, juzgando por el Decreto que
nos ocupa.
Es de alabar que se busque, como dice el Decreto Ejecutivo, “el interés primario
del niño o niña”. Este principio está recomendado por la Convención de los
Derechos del Niño en varios de sus artículos. Sin embargo se puede manipular
este principio bajo cualquier pretexto, tal como se comprobó en la reciente
sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se quiso probar,
incluso con testigos dudosos, la no-existencia de las hermanas Serrano Cruz y la
motivación económica de la familia al poner la demanda. Esta manipulación se
está dando, también, en algunos oficiales de la Fuerza Armada en situación de
retiro, que aunque tienen niños traídos del frente de guerra, los han registrado
como hijos propios, ocultándoles y falsificando su verdadera identidad.
Sorprende, finalmente que no se tenga en cuenta en ningún momento a las víctimas
ni se las mencione como integrantes de la recientemente creada Comisión. Ellos
son los que pueden exigir que la comisión sirva sus derechos y no a los
intereses del Estado.
Además es necesario considerar todos los problemas de salud mental originados al
ser las víctimas, en muchas ocasiones, testigos presenciales de la muerte
violenta de sus familiares y haber sufrido el proceso de su desaparición forzada.
De manera semejante es necesario tener en cuenta los problemas originados en los
familiares adultos, dada la inseguridad e inestabilidad causada en los padres y
madres de las víctimas, al no saber ni cómo ni dónde pudieran estar sus hijas e
hijos.
El poner remedio a este mal es una necesidad y una componente fundamental del
trabajo de búsqueda, que nace de la obligación de tratar a las víctimas como
seres humanos, tanto a los jóvenes desaparecidos-encontrados como a sus
familiares.
Por todo lo anteriormente expuesto pedimos:
Que Pro Búsqueda sea considerada miembro de la Comisión Interinstitucional, con
los mismos derechos y deberes que cualquier otra de las instituciones
integrantes de la Comisión. Además debe ser considerada la representante natural
de las víctimas, ya que en el tiempo de nuestro desempeño a favor de la niñez
víctima de desaparición forzada hemos recibido 721 solicitudes de búsqueda de
las que hemos resuelto 236 de ellas, habiendo podido acompañar 158 reencuentros
de las niñas y niños desaparecidos con sus familias naturales. Además, de ser la
única organización que, desde la presentación oficial del Informe de la Comisión
de la Verdad en marzo de 1993, ha estado abierta para recibir, atender y
resolver los casos de las niñas y niños desaparecidos.
Que se instale una mesa de discusión y negociación para estudiar la estructura
funcional de la Comisión así como su adecuada metodología de trabajo.
Que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que en el Decreto
Ejecutivo ha sido considerada como una entidad colaboradora de la Comisión, sea
parte integrante de la misma, como entidad fiscalizadora y controladora del
trabajo de la Comisión.
Que la Iglesia, como garante de la voluntad ética de la Comisión, sea parte
integrante de la misma y que el Señor Arzobispo, si así lo ve bien, proponga a
Monseñor Ricardo Urioste para ser el representante de la Iglesia en la Comisión.
Que se invite a participar, como miembro de la Comisión a otras instituciones y
organizaciones de la sociedad civil, que tienen trabajo con la niñez y conocen
su problemática.
Que la Comisión se comprometa a pedir el que se abran los archivos de la Fuerza
Armada así como de Cruz Roja Salvadoreña y de los orfanatos que tuvieron a su
cargo niñas y niños provenientes del conflicto, todo ello bajo la acción
fiscalizadora de la Iglesia y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos.
San Salvador, 5 de noviembre de 2004.
A continuación, reproducimos el texto de la carta que el ciudadano alemán Karl
Steins remitió al señor presidente de la República, Elías Antonio Saca. El autor
remitió la misiva a Proceso, cuya versión en español transcribimos.
Carta de Karl Steins al presidente
Elías Antonio Saca
Karl Steins
Nordring 3
35080 Bad Enbach
Alemania
S.E. Elías Antonio Saca
Presidente de la República de El Salvador
Casa Presidencial
San Salvador, El Salvador
Señor presidente:
Me preocupan las aproximadamente 75,000 víctimas de ejecuciones forzadas,
ajusticiamientos, desapariciones y torturas, como resultado del conflicto armado.
Uno de los más graves períodos de represión tuvo lugar entre 1980 y 1984, años
en que la Fuerza Armada llevó a cabo operaciones de “limpieza”.
En junio de 1982, Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, que tenían siete y tres años
respectivamente, fueron capturadas durante un operativo que llevó a cabo la
Fuerza Armada salvadoreña. Se les separó de sus padres, de sus hermanos y sus
hermanas. Los soldados las capturaron y, según los testigos, las subieron a un
helicóptero que se marchó con rumbo desconocido. Pese a los esfuerzos de su
madre y otras personas, todavía se desconoce su paradero. Durante veintiún años,
el sistema judicial y el Estado salvadoreños les han fallado a ellas y a su
familia, a tal punto que el 18 de junio de 2003, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esta es la primera vez que El Salvador comparecerá ante la institución más alta
del sistema interamericano.
Tanto en el presente como en el pasado, las autoridades salvadoreñas han fallado
en su deber de llevar a cabo investigaciones independientes e imparciales y
llevar a los responsables a la justicia, según lo estipula el Acuerdo de San
José, el cual formó parte de una serie de acuerdos firmados entre el gobierno y
la oposición armada en 1990, cuando el conflicto estaba por finalizar. El
acuerdo estaba enfocado en el respeto a los derechos humanos, en la
investigación de casos de violaciones a los derechos humanos y en la
identificación y castigo de los responsables de tales actos. Por un lado, las
autoridades no investigaron ni castigaron las anteriores violaciones de los
derechos humanos. Por el otro, se niegan incluso a apoyar los esfuerzos de los
padres y familiares de las víctimas, así como los de las ONG, para encontrar a
los niños desaparecidos, tales como el establecimiento de una Comisión Nacional
de Búsqueda, dada la evidencia que muchos de ellos todavía viven.
Hago un llamado a las autoridades de El Salvador para que apoyen la creación de
la Comisión Nacional de Búsqueda; para que implementen las recomendaciones que
hizo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en 1998 y 2003 y
las que formuló la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en
casos específicos; y para que ratifiquen la Convención Interamericana sobre
Desapariciones Forzadas.
Espero recibir su amable respuesta.
Sinceramente,
Karl Steins
c.c.: El Salvador Proceso
Director
Apartado 01-168
San Salvador, El Salvador
Tel: +503-210-6600 ext. 407, Fax: +503-210-6655 |
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