PROCESO — INFORMATIVO SEMANAL EL SALVADOR, C.A.

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El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

 

Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

 

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Año 25
número 1120
Noviembre 3, 2004
ISSN 0259-9864

 

 

Índice


 

Editorial: Es mejor que paguen impuesto

Política: Saca y la cúpula empresarial

Economía: ¿Reforma fiscal o reforma legal?

Sociedad: Corrupción en Costa Rica y El Salvador: dos realidades distintas

Regional: La izquierda gana en Uruguay

Derechos Humanos: Campaña mitológica

 

 

Editorial


Es mejor que paguen impuesto

 

CUno de los argumentos más repetidos por las gremiales de la gran empresa privada para resistir el mayor control que el gobierno se dispone a ejercer sobre ellas a fin de evitar que evadan impuestos, es que perjudicará la inversión y estancará la economía. En lugar de incentivar la inversión, la ahuyentará, y la economía se paralizará aún más, lo cual pondría en grave peligro el crecimiento económico del país. Este es un viejo argumento que usaron hace quince años para justificar la liberalización de los controles estatales sobre sus actividades. En ese entonces alegaron que entre menos impuestos pagasen y menos controladas estuvieran sus actividades, invertirían más en el país y éste alcanzaría el crecimiento económico ideal del 6 por ciento anual. Quince años después, ese crecimiento económico apenas roza el 2 por ciento, y la inversión es muy escasa.


En estos momentos de revisión de procedimientos tributarios podría ser oportuno hacer un balance de esta política de ARENA. Habría que comparar lo que el Estado ha dejado de percibir en estos años para estimular la inversión de las gremiales del sector privado al reducir los impuestos y relajar los controles con el monto total de sus inversiones. De antemano se puede asegurar que la diferencia es abismal, es decir, el dinero que el Estado ha dejado de percibir es mucho más que lo que el sector privado ha invertido en la economía nacional. Esto no significa que el capital haya dejado de multiplicarse y de acumularse. Al contrario, los grandes capitales han crecido a un ritmo desconocido, pero no por eso se invierte en el país, tal como se esperaba. Si esta hipótesis fuera comprobada, el gobierno de Saca debiera sacar la conclusión obvia: dado que con pocos impuestos y controles, el gran capital no invierte, si se le cobra conforme a la renta que percibe y al patrimonio que posee, al menos pagará impuestos. Es más equitativo que pague los impuestos que, en justicia, le corresponden, puesto que de todas maneras no invierte y el crecimiento económico permanece estancado. Así, al menos, contribuirá a financiar los servicios públicos, lo cual puede redundar en un mayor bienestar para la población que, en la actualidad, se ve privada de ellos.


La gran empresa privada se opone a que el gobierno controle de forma efectiva sus operaciones, tal como pretende la reforma tributaria presentada por el gobierno de Saca, porque le va a ser más difícil evadir, aparte de que, de hecho, ya paga muy poco. Un estudio especializado muestra que más de la mitad de la empresa privada paga los impuestos que en la actualidad le corresponden, que los que menos pagan son los sectores de la construcción, el comercio y el transporte. La contribución impositiva por renta de la empresa privada apenas representa el 0.01 por ciento de su renta bruta; eso para no hablar de su mora con el Seguro Social, la cual es millonaria y nadie se atreve a cobrársela. Es escandaloso que apenas haya un poco más de mil tributarios que declaren una renta superior a los cuatro mil dólares. A las gremiales de la gran empresa privada no les preocupa que las medidas tributarias disminuyan el ritmo del crecimiento económico, ni que la inversión no satisfaga las expectativas, ni que la economía nacional se estanque, sino la amenaza que esas medidas suponen para sus prácticas ilegales y para sus privilegios.


Por eso, la transparencia es indispensable en la gestión de la reforma tributaria ya aprobada, tal como lo pide la gremial de la gran empresa privada, en una reacción que no pude ocultar su malestar por cuatro medidas que no son de su agrado. Pero la transparencia debiera abarcar también el gasto nacional, pues éste no es desglosado en detalle, al cual muy pocos tienen acceso. La mayoría sólo maneja rubros generales y grandes cantidades. Asimismo, debieran eliminarse, en virtud del mismo principio, las partidas secretas como la de Casa Presidencial y la manera cómo se ejecuta cierto gasto. La transparencia evitaría ciertos subsidios difíciles de explicar y permitiría un mayor control del gobierno por parte de la ciudadanía sobre una cuestión que compete a todos y no sólo del gobierno, ni al sector privado. Hay, pues, que facilitar el control social del fisco, para lo cual es indispensable proporcionar la información pertinente. Este control no es una atribución de la gremial de la gran empresa, la cual se arroga una representación universal que no posee, a partir de que es el único sector nacional cuyas posturas sobre política tributaria son escuchadas.


El malestar de la gremial de la gran empresa privada con el gobierno por no haber aceptado todas sus demandas de modificación tiene una razón de ser muy particular. Bastantes de sus integrantes, al menos los más importantes, en términos de capital, contribuyen con cantidades apreciables al financiamiento de ARENA. Este aporte es tan importante que el partido maneja una lista de donantes, ordenados según el monto de su contribución. Los que ocupan los primeros lugares tienen una palabra que decir en las decisiones más importantes; a los demás los recompensa con cargos públicos, de acuerdo a su donativo. En las discusiones privadas sobre las medidas tributarias se llegó a proponer cortar esta contribución para pagar los impuestos que el gobierno reclama. Otra forma de recompensar a los donantes más generosos de ARENA es el subsidio estatal. En el presupuesto general hay partidas destinadas a financiar sus fundaciones e incluso sus instituciones de educación superior. A veces, el subsidio es más elevado que el aporte del empresario donante. De esta manera, el gobierno de ARENA, con el dinero de la ciudadanía, contribuye a financiar una parte de las mal llamadas responsabilidades sociales de la empresa privada, por la cual, además, ésta recibe publicidad gratuita.


No hay tales que en ARENA no existen vanguardias, ni líderes inefables, tal como aseguró el presidente Saca, en alusión directa a la dirigencia del FMLN. Tal vez sus vanguardias y sus líderes no son iluminados como las de este último partido, porque el criterio es su contribución al financiamiento de ARENA. La transparencia suprimiría esta clase de privilegios y fortalecería la gobernabilidad, que tanto reclaman las gremiales del sector privado. Por consiguiente, es mejor que paguen sus impuestos como cualquier contribuyente, sin privilegios de ninguna clase —y que financien las actividades de su partido con su renta y su patrimonio. Sería más equitativo, no sólo para los que no gozamos de tales privilegios, sino que también para los partidos políticos. Para la gobernabilidad también es mejor que paguen impuestos, pues ésta no comprende sólo a los partidos, sino que también incluye la desigualdad escandalosa en el ingreso. Finalmente, es mejor que paguen para la inversión y el crecimiento económico nacional.

G

 

Política


Saca y la cúpula empresarial

 

La reforma tributaria, que todos los sectores han venido reclamando desde hace mucho tiempo, comenzó a implementarse desde la semana recién pasada. Todas las fracciones legislativas, excepto el FMLN, aprobaron un primer conjunto de reformas, cuyo último objetivo, al decir de sus defensores, es cerrar las llaves de la evasión fiscal. Sin embargo, un tema en el que se muestran unánimes los distintos analistas de dicha reforma destaca su insuficiencia para resolver los ingentes problemas fiscales del país. Unos y otros han reconocido que para enfrentar los problemas sociales y el desequilibrio creciente de las cuentas públicas, hace falta más que unas pomposas declaraciones de buenas intenciones.


La reforma planteada no contempla el aumento de impuestos ni mucho menos ha tocado el problema del carácter regresivo, tantas veces denunciado, del sistema fiscal salvadoreño. El presidente Saca y su ministro de Hacienda se han encargado de dejarlo claro. Han reiterado que no pretenden aumentar las cargas fiscales de los empresarios. Aun así, algunos empresarios influyentes —agrupados en la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP)— no aprecian algunas decisiones del Ejecutivo. Otros se atreven a comparar a Saca con un gobernante que impone sus puntos de vista sin consultar a sus súbditos. En este comentario se intenta analizar este tema. Se tratará de responder a la pregunta de si Antonio Elías Saca estará dispuesto a dejar de lado los intereses de los grandes empresarios, para anteponer los de la mayor parte de salvadoreños.

G

 

Economía


¿Reforma fiscal o reforma legal?

 

La semana pasada, la Asamblea Legislativa aprobó una serie de reformas a la política fiscal. Con ellas, el Estado persigue erradicar la evasión de los impuestos al Valor Agregado (IVA) y sobre la Renta. Para salir adelante, se crearon nuevas leyes y se revisaron las vigentes, a fin de sancionar fuertemente a todas las personas y empresas que tengan cuentas pendientes con el fisco. También se sancionará a los que se dediquen al contrabando de mercancías.

G

 

Sociedad


Corrupción en Costa Rica y El Salvador: dos realidades distintas

 

Desde el mes de octubre hasta la actualidad, los centroamericanos, y en general los latinoamericanos, han sido testigos de un escándalo sin precedentes en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA): el primer centroamericano en ascender al cargo de secretario general de ese organismo, Miguel Ángel Rodríguez, ha sido acusado por actos de corrupción en Costa Rica, donde fungió como presidente de la República entre 1998 y 2003. Rodríguez se vio forzado a renunciar a su investidura para enfrentar la justicia de su país ante los cargos que pesan sobre él.

G

 

Regional


La izquierda gana en Uruguay

 

El médico Tabaré Vázquez, candidato de la coalición de izquierda Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría (EP-FM-NM), ganó las elecciones presidenciales en Uruguay. Fue en un fin de semana donde se celebraron simultáneamente elecciones en distintos países sudamericanos, como Venezuela, Brasil y Chile.


Algunos comentaristas, como el escritor Eduardo Galeano, califican este resultado histórico como el triunfo de la esperanza sobre el miedo. Vázquez, al igual que ocurrió con el FMLN en El Salvador— enfrentó una campaña difamatoria por parte de la derecha. Las amenazas, como lo anota el propio Galeano, fueron las mismas —notorios personajes como el ex presidente Julio María Sanguinetti afirmaron que si Vázquez ganaba, todos los uruguayos andarían uniformados como en la China maoísta—.

G

 

Derechos Humanos


Campaña mitológica

 

CEl acontecer diario nacional, los constantes sucesos y la superación de unos por otros, cuando creemos asistir a lo insuperable, pueden hacernos perder la perspectiva respecto a dónde nos encontramos y hacía dónde vamos. Es por esta razón que determinados incidentes pueden pasar rápidamente al olvido, mientras que algunos, que nacieron sin intenciones estridentes se queden entre nosotros por largo tiempo.


El interés demostrado por los dos periódicos matutinos más importantes de dedicarse a rescatar la controvertida figura de Roberto D’Aubuisson y el polémico golpe de Estado de octubre de 1979, en una serie de artículos de fondo presentados como suplementos especiales tiene algo de lo que indicamos. Por un lado, el de la inmediata polémica, especialmente por el intento que supone querer “limpiar el expediente” a uno de los participantes directos de la llamada guerra “sucia”. La que, para defender los más altos intereses de la patria, combatió con medios y fines ilícitos durante el periodo más sangriento de nuestra reciente historia.


Y por el otro, porque este hecho es preciso incluirlo dentro de una serie de acontecimientos que se han ido sumando a la trayectoria dibujada desde la firma de los acuerdos de paz. Nos referimos a la llamada transición democrática salvadoreña. Un peregrinaje en el que nos quedan todavía muchas etapas por recorrer y en el que, pese a los doce años transcurridos, todavía nos encontramos en sus inicios.


De esta forma, con el interés mostrado por el instituto político Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) a través de la prensa escrita, asistimos a un punto de inflexión respecto a la tradicional confrontación, que desde este partido, se ha tenido con la historia contemporánea nacional: el olvido. Por tanto, la novedad no radica únicamente en el lanzamiento de una versión sesgada de la biografía de uno de los principales actores políticos de los setentas y ochentas. En todo caso, el avance se encuentra en la voluntad expresa por querer ofrecer su versión de la historia, más allá de las justificaciones gubernamentales por “pasar la página”.


Por otra parte, sorprende que en esta ocasión el aporte realizado no se haya querido revestir de la suficiente calidad técnica. La encomienda de la “crónica” a profesionales de la comunicación, en vez de a historiadores cualificados, ha provocado la proliferación de los errores narrativos y descriptivos. Además, la intención de revisar el perfil del líder de extrema derecha desde una concepción mitómana aleja de todo rigor histórico el aporte que para el cultivo de la memoria se pudiera ofrecer. Asimismo, no deja de ser útil preguntarnos —siempre desde la perspectiva de los derechos humanos— por los motivos que han llevado a lanzar en este momento los coleccionables mencionados.


Dos de los cuatro grandes objetivos contenidos en el conocido como Acuerdo de Ginebra, celebrado en abril de 1990, fueron los de impulsar la democratización y el de reunificar a la sociedad salvadoreña. Sin embargo, pese a la rúbrica de estos compromisos la realidad a lo largo de estos años ha demostrado que el interés gubernamental porque se cumplan tales no ha existido. De ahí que pueda afirmarse que existen razones suficientes para demostrar que la inclusión de estos dos objetivos obedecieran más a un anhelo que a un deseo manifiesto a cumplir con prontitud y diligencia por ambas partes.


En primer lugar, porque la opción escogida por los representantes del gobierno y de la insurgencia para la transición de la guerra hacia la democracia fue la del olvido. De las posibles opciones políticas para enfrentar los turbulentos años de cambios, entre las que destacan las depuraciones, comisiones, juicios o amnistías, se optó por esta última. Esto significa, en segundo lugar, que entre los dos tipos de justicia que se pudieron haber aplicado en estos casos por los graves crímenes cometidos durante el conflicto, la punitiva (que busca castigar a los culpables) y la correctiva (compensadora con las víctimas), la opción en nuestro país fue la de obviar ambas.


No obstante, como hemos reiterado desde este y otros espacios, tales acuerdos no fueron fruto de un consenso nacional, sino de un acuerdo entre las cúpulas. Más aún, ni antes ni ahora ha existido por parte de los tres Órganos del Estado interés alguno por demostrar la voluntad de construcción de un nuevo El Salvador más justo, a partir del 16 de enero de 1992.


En todo caso, los acuerdos entre los representantes gubernamentales y los de la insurgencia, los realizados “arriba” y “afuera”, se decantaron por considerar a partir de entonces como innombrable todo lo que hiciera referencia a los doce años de conflicto civil y los tres previos de cruenta represión. Pero el error en que cayeron ambas partes firmantes fue el de considerar que junto al olvido judicial caminaría la amnesia social. Pese a que la Asamblea Legislativa decretó el olvido para —supuestamente— consolidar la paz, tal decisión no generó la desmemoria ciudadana.


Del mismo modo, la despreocupación oficial por estas, aunque no puedan algunas de ellas ya recibir compensación confirma el desinterés gubernamental de reparación y la apuesta por un futuro distinto. Solamente cabe hacer un inciso a este respecto: La solidaridad ciudadana que con su aporte económico particular hizo claras sus demandas por la necesidad de una reparación a estas víctimas, especialmente, al inaugurar el 6 de diciembre del pasado año su propio memorial. Esto demuestra que en nuestro país, agotadas las vías de la búsqueda de la verdad y la justicia (el caso jesuitas, el de las hermanitas Serrano y el de Romero son buena prueba de ello) la población, ante el silencio, la omisión y el desprecio por parte de las autoridades ha optado por ser ella misma la que ofrezca una “reparación popular”. Además, supone una de las expresiones más gráficas que confirman la distancia entre los intereses partidistas y el sentir ciudadano.


Pero, además —y como señalábamos al comienzo de este comentario— la novedad de estas publicaciones la encontramos en el salto cualitativo que, respecto a la versión histórica de los hechos inmediatamente anteriores al inicio del conflicto, tenía hasta ahora el partido de la derecha salvadoreña. Sin salirse, obviamente, de su línea argumentativa y política conocida, ARENA ha pasado del olvido a la construcción de la verdad oficial, dejando con ello a un lado verdades sociales interiorizadas a lo largo de los años, gracias a la existencia de irrefutables documentos como es el informe de la Comisión de la Verdad.


En todo caso, el objetivo buscado con las publicaciones que comentamos ha sido el de contratar una historia por encargo, que poco tiene que ver con la realidad histórica de los acontecimientos. Generar el culto a la memoria de un líder visionario en perjuicio de la cultura de la memoria, aquella que a través del estudio de los principales acontecimientos busca establecer una bases históricas comunes para la construcción democrática, por encima de las versiones que de la misma se puedan posteriormente realizar.


La consecuencia de estos “pactos de silencio” las han padecido hasta ahora los familiares de las víctimas de uno y otro bando y la sociedad civil organizada al ver rechazadas en reiteradas ocasiones las propuestas de reparación, reconciliación y democratización de El Salvador. De ahí que, sea necesario preguntarse por la necesidad de ARENA de mitificar a uno de sus dirigentes fundacionales. La coyuntura mediática ofrecida por los medios de prensa para que salga a la luz la revisión biográfica lo hace cuando los primeros casos que no han encontrado respuesta alguna en los tribunales nacionales lo vaya a hacer próximamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese caso, la verdad quedaría al desnudo y la reprobación por la realización de tales prácticas la efectuaría un organismo internacional.


Además, sería del conocimiento público una parte de la historia que precisamente está siendo ahora revisada. ¿Quién tendría en sus manos la verdad oficial: los diarios matutinos o los mencionados tribunales regionales? De la experiencia obtenida en la más reciente campaña electoral presidencial se deduce claramente que la dirigencia de ARENA tiene claro que un rumor reiterado a través de los medios puede ser llegar considerado como verdad. O en todo caso, generará dudas bastantes respecto a la credibilidad que la sociedad realice hacia la nueva versión surgida.


En todo caso es claro que lo que no se ha hecho por convicción democrática se hará por obligación. ¿Serán entonces esas unas bases sólidas y definitivas para consolidar la necesaria transición salvadoreña hacia la democracia?

G

 

 


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