Violencia en Mariona

Venezuela al borde del abismo

Los sucesos políticos en Venezuela deberían ser motivo de profunda reflexión para todos los políticos y ciudadanos en general de América Latina. De nueva cuenta, el subcontinente parece estar al borde de nuevos episodios de inestabilidad política. La celebración del referéndum revocatorio, el pasado domingo 15 de agosto, al que se sometió el presidente Hugo Chávez, no fue suficiente para devolver la tranquilidad al país sudamericano. En este comentario se intentará una lectura de los acontecimientos políticos en Venezuela y, al mismo tiempo, se abordará la pregunta por su importancia para los demás países del continente.

La dinámica de la economía en 2003-2004

El contexto del crecimiento económico salvadoreño se ha debatido en los últimos años entre el crecimiento mínimo y la amenaza cada vez mayor del estancamiento de los sectores productivos. El Salvador creció apenas un 2% en 2003, es decir, 0.1% menos que la tasa de crecimiento de la población (2.1%) para ese mismo año, por lo cual el producto por habitante se estancó por cuarto año consecutivo. 2003 fue, pues, el año del peor rendimiento económico desde 1997, salvo 2001, durante el cual se sufrió el impacto de los terremotos y se inició el proceso de dolarización.

Dos años después de la reconstrucción desde los desastres de 2001, la economía salvadoreña parece postrada en la inercia de un crecimiento incierto, sin motores productivos endógenos. Se busca la respuesta en los tratados de libre comercio, como el que se pretende rubricar con Estados Unidos, pero el potencial productivo y competitivo de las empresas, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas es nulo. Por otro lado, se busca mantener la demanda interna supeditándose al dinamismo de las remesas.

Situación de la juventud en la coyuntura actual (II)

Desde una perspectiva socioeconómica, es evidente que la vulnerabilidad de los jóvenes salvadoreño va aparejada a la carencia de una política integral de Estado enfocada a ese sector. Obviamente, lo anterior no niega los esfuerzos que se hacen desde el Estado para tales fines, pero señala la insuficiencia y desvinculación de los mismos. Uno de los síntomas de lo anterior es la respuesta de la juventud en la política: ante una clase política que se dedica a perseguir sus intereses particulares, los jóvenes, en su mayoría, responden con desinterés, escasa participación y hasta repugnancia. No es de extrañar, como ya se ha dicho en el apartado anterior, que en tiempos electorales la juventud destaque más por su pasividad —como cantera de potenciales votos— que por su real participación —la vía activa— en las discusiones y toma de decisiones políticas.

De vuelta al G-20

La presente semana comenzó con una noticia interesante en el plano regional: el gobierno guatemalteco ha decidido regresar al Grupo de los Veinte (G-20), integrado por países subdesarrollados que buscan actuar en bloque en las negociaciones internacionales de libre comercio. La decisión es un gesto de autodeterminación del país centroamericano ante un tema espinoso frente a los EEUU.

Acá, la vida (de los pobres) no vale nada (II)

Ante el sufrimiento de la población ocasionado por graves hechos de violencia, el Plan “País Seguro” de Antonio Saca fue una red efectiva para recolectar los votos de los pobres. Con éste, ofreció “realizar todas las acciones conducentes a procurar a sus ciudadanos, la protección, conservación y defensa de los derechos fundamentales, particularmente, la vida, la integridad física, moral y la libertad, permanentemente amenazados por la criminalidad”. Sin duda, el planteamiento convenció a mucha gente; pero la realidad nacional nos obliga hoy a preguntarnos: ¿país seguro para quién? Porque en El Salvador, el hecho de ser pobre, pandillero, mujer, niña o niño tiene como consecuencia un “atención de segunda clase”; “atención” que tiene, como una de sus manifestaciones más evidentes la inseguridad y la falta de protección para estas personas.
Este trato de “segunda” se evidenció con los hechos ocurridos la semana pasada en el Centro Penal “La Esperanza”, el cual se convirtió en el escenario de una de las peores masacres carcelarias durante los últimos quince años, dejando un saldo de treinta y un reos muertos y más de una veintena de heridos.

Independientemente de las razones que dieron lugar a la trifulca, la revuelta comenzó cuando miembros de la Mara dieciocho lanzaron una granada de fabricación artesanal a otro grupo de los reos mal llamados “civiles”, como si quienes pertenecen a las pandillas constituyeran una categoría distinta. Tras la explosión vino la muerte y la confusión. En ese momento, la única participación digna de las autoridades del penal fue realizar disparos al aire para “tratar de calmar” los ánimos de los reclusos; intervención tímida si se quiere, pero prudente, tomando en cuenta la obvia incapacidad de los agentes frente a las dimensiones del problema. Después de seis horas, se procedió a retirar los cuerpos sin vida de los reclusos y atender a los heridos, mientras sus familiares —madres, esposas e hijos— sufrían colapsos nerviosos al no recibir información sobre sus seres queridos.

Aun cuando las autoridades se empeñen en buscar “motivaciones personales” para explicar la tragedia, desligándose de su responsabilidad directa al no tratarse de una riña contra las autoridades del penal, esta desgracia destapó un problema que va más allá del carácter “personal” de los reos. Pareciera que las autoridades quieren ocultar la raíz de estos acontecimientos: el irrespeto de los derechos humanos y el incumplimiento de las leyes.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) advirtió sobre esta situación a mediados del año pasado, expresando, entre otras cosas, lo siguiente: “si se tomara un interno de nuestro sistema penitenciario, casi con seguridad se descubriría que reside en una celda de características infrahumanas, hacinada de personas, sucia y quizá sin contar con una cama; en caso de estar ‘aislado’, permanecería en una celda en extremo reducida, sin los mínimos espacios para una sola persona, pero en ocasiones compartiéndola con otros. Ese interno no tiene acceso a servicios de salud adecuados, ni a trabajo o educación o a condiciones de higiene dignas; el interno, además, es víctima de las disfunciones y burocracias de la justicia; su seguridad está gravemente afectada por la violencia de la cárcel y, por si fuese poco, ha sido estigmatizado por una sociedad que difícilmente le recibirá de nuevo en igualdad de oportunidades para subsistir.”

De lo anterior se infiere la existencia de graves problemas estructurales e institucionales en nuestro sistema penitenciario diseñado, por cierto, sólo para albergar pobres. En las cárceles del país constantemente se violan diversos derechos: a la vida, a la integridad física, a ser tratado digna y humanamente, entre los más elementales. Contrastando con esta realidad, existe el hecho de que muchos delincuentes de “élite” han logrado evitar su encarcelamiento usando artimañas legales e institucionales.

Ciertamente mucha de la población reclusa —mayoritariamente pobre— ha cometido delitos y ha victimizado a muchas personas. Por tanto, está cumpliendo sus respectivas penas legales; pero eso no justifica ningún castigo infrahumano y mucho menos la tortura. Entonces, ¿era evitable la tragedia? Probablemente sí; y no haberla impedido es atribuible, en parte, a la falta de atención de las autoridades de Gobernación así como a factores estructurales y presupuestarios. A continuación señalamos los más destacables.

De entrada, el hacinamiento. El Penal “La Esperanza”, conocido como “Mariona”, fue construido hace treinta y cinco años con una capacidad para albergar a ochocientos reos. Probablemente, en ese entonces respondía a las exigencias de la época. Pero ahora, alberga a más de tres mil reos —casi cuatro veces su capacidad real— lo que genera sobrepoblación y hacinamiento. Esta situación afecta los derechos básicos de los reclusos y, además, limita la posibilidad de brindar el tratamiento penitenciario para su reincorporación a la sociedad; además, es una expresión del “trato cruel inhumano y degradante” que constituye una violación del artículo 9 de la Ley Penitenciaria, la Constitución de la República y diversos tratados internacionales.

Las celdas de aislamiento no reúnen condiciones de espacio físico adecuado para que una persona habite en ellas. No obstante, están ocupadas hasta por seis internos como sucede en el Centro Penitenciario de San Francisco Gotera. Esto produce un hacinamiento que, según Naciones Unidas, consiste en un trato inhumano y degradante. La situación se agravó con el desatinado “Plan Mano dura”, que tuvo como resultado el encarcelamiento, a toda costa, de pandilleros. Igualmente ha cooperado para su empeoramiento, el abuso por parte de los jueces de la medida de encarcelamiento en la tramitación de los procesos criminales.

En segundo lugar, ha sido gravemente descuidada la seguridad de los recintos, sin proteger así el derecho a la vida. Esto es evidente cuando caemos en la cuenta de que las mismas peleas entre pandillas que ocurren en la calle se repiten al interior de los penales. ¿Será que las autoridades, conscientes de este hecho, creen que estas peleas forman parte de la pena y por ello se muestran indiferentes a evitarlas, aun sabiendo que pueden finalizar con una muerte? Otra negligencia ha sido la falta de clasificación de reos, que buscaría separar a las pandillas rivales, reos comunes, condenados y pendientes de condenar. Y los hechos aquí comentados nos muestran la urgencia de esta clasificación, pues seis de las víctimas no habían sido condenadas.

El tercer factor tiene que ver con las condiciones de “vida” al interior de los centros penales, como la atención de la salud. La PDDH ha constatado que los diecinueve centros penales no cuentan con recursos necesarios para brindar una pronta, adecuada y eficiente atención a los problemas de salud, especialmente tratándose de servicios especializados como el caso de VIH, tuberculosis y problemas de salud mental. La Ley Penitenciaria establece en su artículo noveno, que el interno tiene derecho a que el establecimiento donde esté guardando prisión cuente con las instalaciones sanitarias y médicas mínimas, para garantizar la preservación de su vida, salud e integridad física. Es decir, nos encontramos ante otra violación a la ley por parte de las autoridades.

Otro factor que influye en estos episodios violentos en los centros penales es la escasa actividad con relación a programas, sean estos laborales, culturales, educativos, etc. En especial son escasos los programas especializados según el tipo de delitos cometidos. Muchas veces el derecho al acceso a estos programas está limitado, debido a los insuficientes materiales de trabajo y a espacios físicos adecuados para el desarrollo de las clases. A lo anterior se suman otros factores, como los traslados constantes de los reclusos que obstaculizan estos servicios, y la existencia de prácticas discriminatorias a los miembros de maras, quienes necesitan programas específicos de resocialización. Por otro lado, existe la aplicación de condiciones de aislamiento de reos con finalidades disciplinarias, las que se realizan con arbitrariedad y al margen de los requisitos de la ley.

Por todas estas violaciones a la ley penitenciaria y a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, aunadas a otras necesidades —como la mejora del sistema de control de visitas, y la construcción de otros centros de reclusión—, resulta evidente la responsabilidad del Director de Centros Penales, Rodolfo Garay Pineda, en los hechos acontecidos la semana pasada. Dicho en términos más simples, “incumplió su labor”.

En definitiva, vale la pena retomar las palabras de Romero —la voz de los pobres en este país— cuando señaló que “es preciso defender lo mínimo, que es el máximo don de Dios: la vida.”