PROCESO — INFORMATIVO SEMANAL EL SALVADOR, C.A.

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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

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Año 25
número 1109
Agosto 18, 2004
ISSN 0259-9864
 
 
 
 

ÍNDICE



Editorial: Abajo la institucionalidad

Política: Primeras jugadas políticas de Saca

Economía: La ley en contra del bioterrorismo

Economía: Resucitando a la OMC: acuerdo-marco de Ginebra

Sociedad: Situación de la juventud en la coyuntura actual (I)

Derechos Humanos:  Acá, la vida (de los pobres) no vale nada (I)

 
 
Editorial


Abajo la institucionalidad

 

Los partidos políticos, que debieran ser los abanderados de la institucionalidad, se esmeran por hacer todo lo que está a su alcance para debilitarla cada vez más. Esta vez, su campo de batalla es el organismo que rige los procesos electorales, pero el motivo es siempre el mismo: el control del poder. Es decir, los intereses nacionales ocupan un segundo plano en sus agendas, cuando debiera ser al revés. El Tribunal Supremo Electoral sería otra cosa muy distinta si estuviera fuera del alcance de los partidos políticos y de sus insaciables ambiciones de poder, porque éstos, al igual que las otras instituciones estatales donde intervienen, lo consideran como feudo estratégico para librar sus luchas. Mientras los partidos libran sus batallas para apoderarse de estos feudos, socavan aún más lo que queda de la institucionalidad del país. Su labor destructiva no concluye con el control de dichos feudos, sino que, desde ellos, continúan su interminable lucha por acumular poder. Todo en nombre de la Constitución y la democracia.


Esta nueva lucha por el control del Tribunal Supremo Electoral está plagada de contradicciones. Su origen es la inconsistencia de una ley que elimina del registro oficial al partido político que no alcanza a captar un mínimo de votos, en una elección; pero que, al mismo tiempo, otras leyes le permiten formar parte de instituciones como la Asamblea Legislativa o el mismo Tribunal Supremo Electoral. Esta inconsistencia fundamental genera vacíos legales, los cuales son aprovechados con gran habilidad por todos los partidos políticos para librar sus batallas por el poder. En el caso que aquí nos ocupa, ARENA y su aliado, el Partido de Conciliación Nacional, nombraron a dos magistrados, sin los votos de los demás partidos y sin elegir al resto de los magistrados que deben integrar dicho tribunal, con lo cual éste está incompleto y, según la ley, inhabilitado para desempeñar sus funciones ordinarias. Sin embargo, los dos magistrados nombrados por la derecha no sólo asumieron sus cargos, sino que, además, comenzaron a desempeñar sus funciones, violentando el régimen jurídico. La toma de posesión ha tenido lugar sin contar con un decreto legislativo que respalde su nombramiento. Según la interpretación del gobierno y de la derecha, es suficiente el juramento que prestaron en el seno de la Asamblea Legislativa, porque resulta que ésta juramenta y da posesión de sus cargos a los funcionarios que elige antes de haber firmado el decreto legislativo respectivo. Lo normal es que, una vez hecho el nombramiento, se firme el decreto y luego se dé posesión del cargo a los elegidos.


Es anormal integrar el Tribunal Supremo Electoral con sólo dos magistrados, pues la ley establece que para operar, necesita la concurrencia de todos los que lo conforman. Es anormal que los dos magistrados juramentados asuman sus cargos y desempeñen funciones, sin estar debidamente autorizados por la ley para ello. Es anormal elegir como magistrado para ocupar un cargo cuyo desempeño requiere conocimientos serios de derecho a un político con un título profesional cuestionado por las mismas autoridades judiciales y educativas del país. Es anormal que, para salvar estas irregularidades, los diputados de la derecha se dispongan a modificar la ley para acomodarla a las necesidades coyunturales de su lucha por el poder. Es anormal que no haya ninguna institución, ni siquiera la prensa nacional, y mucho menos la sociedad civil, con poder para poner orden en unos partidos políticos que manosean la ley y la institucionalidad a su antojo.


La llamada mesa de gobernabilidad convocada por Saca debiera evitar esta clase de desaciertos de la vida política nacional; de lo contrario, es poco práctica. Quienes la convocaron y la dirigen no deben olvidar que uno de sus fines fundamentales es promover y defender la gobernabilidad, que el gobierno anterior dejó bastante maltrecha. Pero, al parecer, esta nueva instancia opera con independencia de las actividades de los partidos políticos y de las instituciones que éstos controlan. Es decir, se trata, al menos hasta ahora, de dos instancias paralelas que, como no se encuentren, más pronto que tarde, están condenadas al fracaso, lo cual agudizará la crisis de gobernabilidad ya existente. En efecto, la mesa de gobernabilidad no llegará muy lejos con sus discusiones y acuerdos, si éstos no inciden de forma directa e inmediata en la actividad política nacional; tampoco tiene mucho sentido si de ella se retira el segundo partido más grande, el cual, además, al menos en esta legislatura, posee una porción importante de votos legislativos, necesarios para el gobierno de Saca. Sin el FMLN, la mesa gubernamental está de más, porque la derecha ya cuenta con instancias propias para negociar y alcanzar acuerdos. En consecuencia, tampoco irá muy lejos en sus pretensiones de impulsar la gobernabilidad, lo cual, por otro lado, afecta de forma negativa la inversión extranjera, el turismo y la imagen general que el país se esfuerza por proyectar en el exterior.


Este es el primer tropiezo político serio del gobierno de Saca. Sin una intervención pronta y radical, una de las propuestas presidenciales que más expectativa ha despertado está a punto de fracasar. Quizás el obstáculo principal que enfrenta el poder ejecutivo es que no sabe cómo deslindar los intereses partidarios de ARENA de los gubernamentales y nacionales. Si éstos no coinciden, la prioridad la tienen los primeros; hacer a un lado estos intereses por un interés mayor como el nacional es incomprensible para las mentes estrechas de muchos dirigentes del partido de gobierno. Una vez convocadas las mesas, el gobierno de Saca tiene que afrontar sus consecuencias.


No tiene sentido reunirse durante horas para discutir cuestiones de interés nacional, mientras el poder ejecutivo y los diputados de la derecha desarrollan una agenda bastante diversa e incluso contraria a los intereses de la mesa. Si ésta no se articula de alguna manera eficaz con las decisiones del poder ejecutivo y de las instituciones, de antemano, está condenada al fracaso. Entonces, el nuevo gobierno habría dilapidado, en corto tiempo, una buena parte del capital político con el cual comenzó hace ya casi tres meses. Semejante fracaso afectará, sin duda, la viabilidad de las otras promesas. Si la discusión política en Casa Presidencial es seria, el presidente Saca y su comisionada deben tomarse la agenda política con más seriedad.

G

 

Política


Primeras jugadas políticas de Saca

 

Al final del mandato presidencial de Francisco Flores, hubo cierta unanimidad entre los distintos analistas, fueran de derecha o de izquierda, sobre el legado político de sus cinco años en Casa Presidencial. En buena medida, se consideró que durante el gobierno de Flores, independientemente de las realidades políticas y naturales con las que tuvo que lidiar el mandatario, se agudizó el enfrentamiento entre la oposición y los sectores afines al partido ARENA. En otras palabras, puede decirse que aumentó la polarización del sistema político. Este enfrentamiento, no sólo se dio en el marco de las clásicas disputas entre la izquierda y la derecha, sino que también sectores de la derecha experimentaron el desprecio del mandatario cuando manifestaron alguna disconformidad con sus decisiones políticas.

G

 

Economía


La ley en contra del bioterrorismo

 

El pasado doce de agosto finalizó la prórroga que Estados Unidos había otorgado a los exportadores internacionales para que enviaran su mercadería a ese país, de acuerdo a lo establecido en la Ley en Contra del Bioterrorismo (LCB). Esta ley tiene como objetivo establecer medidas para prevenir ataques terroristas a través de las cadenas de abasto de alimentos, agua y fármacos. Eso implica que a partir de la fecha mencionada, los exportadores enfrentarán más trámites a la hora de enviar sus mercancías al mercado estadounidense. Entre los requisitos que deberán cumplir se encuentran: primero, elaborar un registro de establecimientos, detallando los datos del empresario que envía el pedido. También se deberá realizar un aviso previo de exportación, es decir, se tendrá que notificar a la Oficina Federal de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), por mensajería electrónica, la llegada a ese país de cualquier producto alimenticio con veinticuatro horas de antelación. En caso de que los productos exportados se identifiquen como dañinos a la salud, serán confiscados en el puerto estadounidense. El cuarto requisito tiene que ver con el mantenimiento de registros o archivos, con el fin de conocer sus fuentes inmediatas. El incumplimiento de cualquiera de estas reglamentaciones contempladas en la LCB, implicará la devolución de los productos al país de origen, la imposibilidad de realizar cualquier exportación a futuro y, en el caso más grave, acusaciones criminales contra el exportador.

G

 

Resucitando a la OMC: acuerdo-marco de Ginebra

 

Mientras ocurrían las vacaciones agostinas en El Salvador y los medios periodísticos locales cubrían sus páginas de noticias sobre la violencia delincuencial, muertes por accidentes de tránsito, la fiebre consumista en las ferias y centros comerciales y los negocios del sector comercial y financiero, en el ámbito del comercio mundial se produjo un punto de inflexión que pasó intencionalmente desapercibida por los principales medios de comunicación salvadoreños. Se trata de un nuevo acuerdo rubricado por los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en Ginebra, Suiza, que reconfigura y da nueva vida a las gestiones realizadas por dicho organismo en pro de la liberalización del comercio mundial. La prensa internacional exaltó el hecho como un “acuerdo histórico”, ya que por primera vez en una serie de fracasos sonados de la OMC, se aprobaron un conjunto de acuerdos-marco para abrir camino a la liberalización del comercio global, siendo los textos ratificados oficialmente por los ministros de los 147 países miembros, el sábado 31 de julio, luego de haberlos negociado día y noche durante dos semanas y finiquitados en una sesión ininterrumpida de 24 horas el último día.

G

 

Sociedad


Situación de la juventud en la coyuntura actual (I)

 


El Salvador es un país con una población mayoritariamente joven. De acuerdo a la última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, el 63.0% de su población, o sea, 4,181,142 de salvadoreños son menores de 30 años. Obviando a los menores de 15 años, se obtiene un total aproximado de 1,859,228 salvadoreños ubicados entre los 15 y los 29 años de edad. Además, de acuerdo a la misma fuente, 1,002,320 de personas, cerca de la mitad del total de los ocupados, se ubica entre los 10 y los 30 años de edad. La importancia en términos demográficos y la potencialidad socioeconómica que ello implica son, pues, indiscutibles. Pero eso no es todo. En términos políticos, la población juvenil —sobre todo los mayores de 18 años— se ha convertido en un sector “destino” de las ofertas electorales de los partidos políticos y sus candidatos en tiempos de elecciones, tal como quedó evidenciado en la recién terminada campaña electoral.

G

 

Derechos Humanos


Acá, la vida (de los pobres) no vale nada (I)

 

La situación histórica y generalizada de violencia en nuestro país —sea política o “social”— y la permanente sensación de inseguridad que aflige a la población nos exige, recurrentemente, dirigir la mirada hacia sus causas para señalarlas y tratar de eliminarlas. En ese escenario, los hechos más graves tienen que ver con la afectación del derecho a la vida. Más allá de las muertes que día a día conocemos a través de los medios masivos de difusión y que tristemente parecen asumirse como “normales”, durante los últimos días destacan las cuarenta y un víctimas en el accidente ocurrido el sábado 14 de agosto; las treinta y una en el Centro Penal “La Esperanza”, durante la “carnicería” que tuvo lugar el miércoles 18; las seis que fallecieron el lunes 9 en Texas, Estados Unidos de América, sin lograr alcanzar el “sueño americano”; y la que fue asesinada dentro de la Parroquia San Francisco de Asís, en la ciudad de Usulután, el domingo 15. Todas estas víctimas —hombres, mujeres, niñas y niños— poco o nada fueron favorecidas por un modelo político, económico y social imperante cuyos impulsores presumen de ser “exitoso”; sí, exitoso para reducidos sectores privilegiados pero nefasto para la mayoría de las y los salvadoreños.


La seguridad de las personas y sus bienes demanda, de la organización estatal, la prohibición de conductas que lesionen derechos ajenos; éstos se convierten en bienes jurídicos dentro del ámbito penal, donde también se sancionan los ataques más graves contra los mismos. Otras infracciones importantes pero menos graves, se regulan mediante leyes administrativas. Examinemos eso en nuestro país a partir de los hechos mencionados en el párrafo anterior y concluyamos a la luz de lo que —allá en Ginebra, el 4 de abril de 1990— se acordó como uno de los grandes objetivos del proceso de paz salvadoreño: el respeto irrestricto de los derechos humanos.


Comencemos apuntando, según el orden planteado, que los “accidentes” de tránsito en el país constituyen la segunda causa de muerte. Así tenemos que en lo que va del 2004, se registraron 719 hechos de este tipo provocados por personas que conducen sus vehículos en estado de ebriedad; el resultado es el siguiente: 38 personas muertas y 465 lesionadas. Pero no sólo los conductores borrachos son responsables del deplorable estado de cosas en esta materia. También se deben considerar los accidentes provocados por motoristas que manejan a excesiva velocidad o que circulan en automotores con fallas mecánicas; el saldo de la imprudencia e irresponsabilidad de éstos suma, en lo que va del año, 250 muertes y 900 personas lesionadas.


De igual forma ha contribuido a esta trágica situación, con creces, el sistema del transporte colectivo; a causa de sus deficiencias, también han perecido muchas personas. El ejemplo más escandaloso e indignante de los últimos días lo mencionamos al inicio de esta reflexión: cuarenta y un vidas lanzadas al fondo de un barranco. La Policía Nacional Civil (PNC) reporta que en los accidentes vehiculares, el 42% de las víctimas son pasajeros y el 52% son peatones.


Cabe mencionar que cada año la Organización Panamericana de la Salud (OPS) celebra en marzo el Día Internacional de la Salud; en el 2004 lo dedicó a la seguridad vial, pues a raíz de algunas investigaciones realizadas concluyó que la falta de la misma es una causa importante de muertes en el mundo, que existen ciertos grupos más proclives a su victimización —especialmente la tercera edad y la niñez— y que con estos hechos se afecta considerablemente al presupuesto de salud en los llamados “países en desarrollo”. Acerca de esto último, se precisa que el costo de los accidentes en estos países —dentro de los cuales se incluye el nuestro— es de cien millones de dólares estadounidenses, cifra que dobla lo que reciben sus como ayuda internacional para el desarrollo. El año pasado en El Salvador, el gasto fue de $ 379,562.


La OPS está especialmente preocupada porque en el territorio nacional, hasta abril del 2004, se registraron setenta accidentes de tránsito diarios; eso ubica a nuestro país como el segundo con el mayor índice de muertes por esta causa en América Latina: de cada 100,000 habitantes, diecinueve personas fallecen de esta forma como promedio. La cifra es, simplemente, alarmante. Coincidiendo con lo que ocurre acá, el referido informe determina que la mayor cantidad de víctimas son peatones —el 80%— y que dentro de ese grupo son más las niñas, los niños y las personas de la tercera edad quienes mueren; le siguen los acompañantes de los conductores y por último estos mismos.


La población salvadoreña ha vivido y sufrido este flagelo, frente al cual empieza a surgir un clamor que parece incrementarse sobre todo después de conocer tragedias impactantes por el número de fallecidos y observar el desprecio cotidiano de las leyes por parte de los conductores, la indiferencia institucional e incluso la complicidad de algunos políticos. Ni el Viceministerio de Transporte ni la Dirección General de Tránsito han podido encarar el problema; más bien, se han quedado cortos a la hora de adoptar medidas eficaces que disminuyan estos altos índices de muerte. Esa misma carencia inaudita de capacidad e imaginación, puso en el tapete de discusión algunas propuestas para paliar el problema.


Así, en las mesas de trabajo que instaló el nuevo gobierno de ARENA —a través del Ministerio de Gobernación— para tratar lo relativo a las pandillas juveniles o “maras”, algunos participantes consideraron necesario desviarse un poco del tema convocante y aprovechar la oportunidad para introducir reformas al Código Penal. De esa manera, organismos de derechos humanos y asociaciones de abogados, jueces, fiscales y policías trabajaron en un proyecto de reforma que concluyó proponiendo tipificar el delito de “conducción temeraria”.


La iniciativa fue aceptada por los personeros del Ministerio de Gobernación y la Asamblea Legislativa, creándose el artículo 147A, que sanciona a quien conduciendo de manera temeraria ponga en peligro concreto la vida o la integridad física de otras personas. La disposición circunscribe la conducción temeraria penal a tres supuestos: manejar en estado de ebriedad, disputar la vía en sentido contrario y participar en competencias de velocidad de vehículos no autorizadas. La pena prevista es de uno a tres años de prisión. Otras formas de conducción temeraria quedaron para las leyes administrativas.


Lo anterior ha causado cierto revuelo entre la población y diferencias en cuanto a la aplicación de esta norma por parte de algunas instituciones. El IDHUCA participó activamente en la discusión y redacción de esta disposición; en ese marco, quedó claro que la figura delictiva básica consiste en “poner en peligro la vida de alguien” a través de la conducción temeraria penal antes indicada.


Se espera que con esta reforma, las personas tendrán más cuidado de no conducir en estado de ebriedad y eso es bueno; pero no se debe olvidar que una buena parte de los accidentes de tránsito se produce por imprudencias, excesos de velocidad o mal estado de los automotores. Eso fue lo que ocurrió en la gran desgracia del fin de semana pasado, a la cual se hizo referencia al inicio: la del bus que se precipitó a un barranco en el cantón Rosa Nacaspilo, del municipio de Carolina ubicado en San Miguel. Ahí, las autoridades de tránsito y transporte están ante un gran reto que nada tiene que ver con el derecho penal, pero sí con una aplicación drástica de la ley a quienes no respetan las normas viales vigentes en la rama administrativa. ¿O no cuentan esas cuarenta y un vidas truncadas, por ser las víctimas campesinas y pobres?

G

 


 


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