¿Qué sucede en el FMLN?

El legado político de Flores

Se va Francisco Flores. El 1º de junio pasará la banda presidencial a Elías Antonio Saca. Lo primero que puede decirse de este traspaso es que simboliza la consolidación del control de ARENA sobre el país. El sueño del desaparecido mayor Roberto D´Aubuisson, fundador del partido y conocido, entre otras cosas, por su responsabilidad en sonados casos de asesinatos y violación de los derechos humanos durante la guerra, sigue haciéndose realidad.

El alza en los precios del petróleo y la espiral inflacionaria

El fenómeno del alza de los precios del petróleo tiene su raíz fuera de las fronteras salvadoreñas e incluso latinoamericanas. Los titulares de los periódicos a escala mundial destacan el impacto de esta alza de precios en las economías, principalmente aquellas que no son productoras de este insumo, lo cual tiene consecuencias directas en las relaciones de todos los sectores económicos y el costo de la vida. ¿A qué se debe esta alza generalizada en los precios del crudo y cuáles son sus consecuencias para países como El Salvador?

Cuestionado aval a la Ley Antimaras

Los defensores de la Ley Antimaras en El Salvador creyeron —o, lo que es más grave, pretendieron hacer creer— que las Naciones Unidas había acreditado su artilugio jurídico. La afirmación de El Diario de Hoy, según la cual una comisión de expertos de la ONU había “avalado” la ley antipandillas que se aplica en el país desde el año pasado, es falsa. La nota periodística ya levantaba sospechas. En su edición del miércoles 19 de mayo, ese matutino sostenía que “los funcionarios salvadoreños, encabezados por la licenciada Marisol Argueta, representante de la Cancillería, y el ministro de Salud, Herbert Betancourt, emprendieron una ofensiva contra sus detractores [18 expertos] que silenció los argumentos en contra de la ley”. Según el rotativo, la comisión internacional de notables enmudeció y únicamente hizo algunas recomendaciones al gobierno salvadoreño: privilegiar la aplicación de la Ley del Menor Infractor, aprobar pronto el Código de la Niñez y contribuir a la búsqueda de unos quinientos niños desaparecidos durante el conflicto armado. La certificación de la normativa antipandillas la daban por descontada.

Torrijos y Ortega, dos casos diferentes

El dirigente sandinista Daniel Ortega, de Nicaragua y el político socialdemócrata Martín Torrijos, de Panamá, son dos casos diferentes en lo que respecta al modo en que han conducido sus respectivas candidaturas presidenciales. En estas líneas, daremos un vistazo a sus trayectorias.

Las niñas y niños no van a Ginebra

Desde este espacio hemos insistido en la capacidad del bloque hegemónico empresarial salvadoreño para difundir, mediante una plataforma de voceros y comunicadores, sus mensajes. Hoy esa situación alcanza su nivel más alto al asumir la Presidencia de la República, el próximo martes 1º de junio, uno de estos difusores. Cuando faltan escasos días para el traspaso del cargo, son muchas las personas e instituciones que analizan y valoran los cinco años de la administración saliente. Lo variado y abundante de las opiniones, no ha alcanzado lo suficiente para dejar establecida con claridad la relación entre los tres gobiernos sucesivos del Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y los resultados obtenidos durante esos quince largos años. Porque en realidad han sido tres lustros de un modelo exclusivo y excluyente que, no obstante y como sea, recibió en las urnas el refrendo para su continuidad el pasado domingo 21 de marzo.

Una de las consecuencias más visibles del fracaso del modelo en cuestión, son los serios problemas que enfrentan los jóvenes para insertarse en la sociedad. Los obstáculos son innumerables y van desde la falta de oportunidades laborales hasta tener que ser objetivos prioritarios de la violencia que padecemos. Basta observar con detenimiento las estadísticas de las muertes violentas en el país, para identificar que este sector de la población —mayoritario, por cierto— es el que padece con mayor brutalidad los efectos de una realidad nacional bastante negativa para las mayorías populares.

Este no es un asunto exclusivo de la “administración Flores”. No. En todo caso, se trata de una situación grave que se hace totalmente visible en la década de los noventa —en el siglo pasado— y al que ningún gobierno “arenero” hasta la fecha se ha querido enfrentar con rigor y seriedad. Si el todavía Presidente de la República tiene un considerable grado de responsabilidad en la problemática que afecta a adolescentes y jóvenes, es por haber mantenido y agudizado las condiciones que impiden un normal desarrollo humano en general y, sobre todo, para la juventud.

El ejemplo más evidente y que queremos ilustrar en este comentario es, sin duda, el de las pandillas juveniles o “maras”. Además de la permanente expulsión salvadoreñas y salvadoreñas hacia el norte del continente, la proliferación por todos los rincones del país de estos grupos y su accionar violento es la muestra más singular y palpable de que el modelo ha fracasado irremediablemente. No obstante, provoca mayor sorpresa ver cómo —ante unas consecuencias tan dañinas para la sociedad en su conjunto— no sólo no se quiere encarar la situación sino que —para colmo de males— los “esfuerzos” oficiales realizados tienden más a agravar que a solucionar las cosas. Peor aún, ni siquiera se observa la mínima intención de reconocer que este fenómeno es producto de un esquema pensado y ejecutado para beneficiar a unos pocos.

Por ello, es necesario reprobar ciertas actitudes observadas por parte de algunas de estas empresas de la comunicación a las que nos referimos al inicio. Como han demostrado en numerosas ocasiones, su papel no es el de hacer país. Si ya han quedado evidenciadas las dificultades que tienen para ofrecernos noticias de verdad, es más preocupante que gasten tinta y espacio en criticar y estigmatizar las consecuencias de este modelo al que hacemos referencia, sin poner el dedo en la llaga sobre sus causas más profundas.

La última polémica pública en este ámbito se originó cuando el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas recibió, hace unos días, el informe que El Salvador presentó sobre el grado de cumplimiento que nuestro país observa de la normativa internacional relativa a la protección de los derechos de las niñas y los niños.

La semana pasada uno de los titulares que ocupó uno de estos medios de prensa escrita anunciaba con “bombo y platillo” que Naciones Unidas daba el visto bueno y casi hasta aplaudía la llamada “ley antimaras”. La noticia de primera plana mostró más los deseos del enviado especial, que su rigor profesional por ofrecer la verdad de los hechos. Si el periodista estaba allí, al parecer bebió de otras fuentes. En todo caso, hasta el 4 de junio sabremos qué opina oficialmente el máximo organismo internacional sobre esta ley; ello, sin perjuicio que algunos de sus funcionarios ya expresaron su parecer. Mientras, el espectáculo seguirá vigente en ciertos medios que más que desnudar la realidad se desnudan ante ella, dejando de ser vehículos de comunicación para ser medios de confusión.

Por esa tergiversación de los hechos, es necesario referirnos a ciertos hechos bastante “anecdóticos” que ocurrieron la semana anterior en Ginebra, Suiza. Es necesario y obligatorio para desenmascarar las falsas informaciones que infundadamente notificaban el éxito de la delegación salvadoreña en ese foro internacional. Y porque es necesario que trascienda públicamente la triste imagen que algunos altos funcionarios del gobierno, poco o nada acostumbrados a rendir cuentas, están transmitiendo en el exterior.

La representación del gobierno que agoniza, cumplió con el guión de costumbre cada vez que acuden ante organismos internacionales de derechos humanos para dar explicaciones sobre sus actos realizados, como sucedió recientemente en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso de la ejecución de Ramón Mauricio García Prieto Giralt. Así, en Ginebra, la representación oficial inició su incoherente intervención repitiendo textualmente información que ya había sido enviada al citado organismo de Naciones Unidas. Por las contradicciones observadas, precisamente, los funcionarios de Naciones Unidas solicitaron “a la ilustrada representación del gobierno de El Salvador” que rindiera las explicaciones pertinentes.

Si el incidente anterior causó sorpresa, indignación y vergüenza para los salvadoreños y salvadoreñas pertenecientes a las organizaciones sociales presentes en dicha audiencia, lo que siguió reveló el grado de cinismo que poseen algunos funcionarios salvadoreños: el Director del Instituto Salvadoreño de la Niñez y Adolescencia (ISNA), defendió la decisión del Ejecutivo de reducirle el presupuesto en perjuicio de la niñez y adolescencia. Tampoco la jefa de misión tuvo vergüenza en mencionar, como un logro del gobierno, la existencia y el trabajo de la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos. Precisamente a ésta no sólo se le ha negado apoyo oficial, sino que además se ha obstaculizado y menospreciado el trabajo que realiza. Pese a ello, su esfuerzo valiente y valioso ha permitido ubicar a centenares de niños y niñas desaparecidos durante la guerra.

Asimismo, sobre la delincuencia juvenil, varios miembros del Comité de Naciones Unidas expresaron su preocupación por la aplicación a los menores de edad de la “ley antimaras”, la cual niega la Convención Internacional de los Derechos del Niño. En ese marco, interrogaron a los delegados oficiales sobre el grado de efectividad que —durante los últimos meses— ha tenido dicha normativa que fue declarada como inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. De nuevo, la misión gubernamental quedó en evidencia al no manejar cifras concretas para responder a esos cuestionamientos.

Finalmente, se abordaron otros temas tales como la evidente ausencia en los informes oficiales de datos sobre la población indígena en nuestro país o sobre el impacto de las medidas de privatización en el goce de los derechos económicos y sociales de la niñez y adolescencia, entre otros. Concluido el interrogatorio, uno de los funcionarios internacionales le preguntó directamente a la delegación: “¿Tiene el gobierno la voluntad política de cumplir la Convención hasta sus últimas consecuencias?” Esa interpelación la volvemos a formular hoy, entre otras razones, porque los niños y niñas no estuvieron ni presentes, ni mucho menos representados en Ginebra, debido a la deplorable actuación de las personas que integraban la delegación gubernamental. Más aún, estuvieron tan ausentes como lo han estado en la mayoría de políticas públicas que en su nombre anuncian en nuestra vida sumergida casi permanentemente en campañas electorales.

Los niños y las niñas de El Salvador necesitan funcionarios y funcionarias que den soluciones a sus problemas de vivienda, salud y educación. Gente profesional que les permitan reencontrarse con sus familiares que sobrevivieron a la guerra y, principalmente, que tengan voz y voto cuando se discuta su destino: Porque en esos debates, la niñez se convierte en una estadística tan fácil de maquillar según los intereses oficiales. Es éste y no la presencia de mercenarios de la palabra que mienten desde sus columnas periodísticas, el tipo de compañía que necesitan las delegaciones oficiales cuando comparece en foros internacionales.