Demasiado, demasiado pronto

Flores y la corrupción

A pocos días de culminarse los cinco años del mandato de Flores, es conveniente empezar a evaluar las principales propuestas de su gobierno. El mismo presidente parece haberse inscrito en esta lógica, como da testimonio la publicidad aparecida en estas últimas semanas y las declaraciones en tono de evaluación de varios de sus ministros ante la prensa. Unos y otros tratan de enfatizar las realizaciones gubernamentales, los cuales a su juicio son dignos de una hazaña sin parangón en toda la historia política del país. Aunque la parafernalia que acompaña la publicidad de estas “grandes obras” de Flores no puede desligarse del contexto electoral que vive actualmente el país, no cabe duda, sin embargo, que ello obedece al deseo de Francisco Flores de perdurar en la memoria colectiva del país. Recuérdese, por ejemplo, que el año pasado algunos dirigentes de ARENA se atrevieron a cuestionar las erráticas inversiones sociales del gobierno, en cuyas falencias encontraron la principal razón de la derrota electoral del año pasado.

¿Por qué esperar?

A pocas semanas antes de los comicios, los partidos políticos han hecho pocas precisiones sobre su plan de gobierno. En lo que a la economía se refiere, ARENA se contenta con afirmar que se debe mantener el sistema de libertades y que, por tanto, hay que reconocer que el país se encuentra en rumbo hacia el desarrollo. Según este razonamiento, no tendría sentido cambiar de dirección eligiendo un nuevo gobierno que eche a perder los supuestos logros obtenidos durante los tres quinquenios que ha gobernado el partido de derecha. Por otro lado, la oposición de izquierda afirma que ha llegado el momento de cambiar la política económica vigente.

Situación actual del CAFTA

La esencia del TLC firmado por Centroamérica con Estados Unidos se puede extraer, en términos generales, a partir de la novena ronda de negociaciones celebrada del 8 al 17 de diciembre de 2003, en Washington, EEUU. Esto se deduce de la sensibilidad de los rubros negociados en dicha ronda. Fue precisamente la última ronda la elegida para allanar el camino para la liberación del comercio en productos sensibles tales como los lácteos, aves, carnes de res, cerdos, arroz, azúcar y granos. Se logró un pacto, pero sólo cuatro países estuvieron de acuerdo con los términos negociados: Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador. El resultado hasta la fecha parece ambiguo, acelerado y no conveniente para los intereses centroamericanos.

Las instituciones de la integración centroamericana naufragan

No se puede menos que concordar con lo que señaló el presidente nicaragüense Enrique Bolaños en la visita que realizó a El Salvador, en el sentido que la región ha hecho dos grandes avances en su integración económica: la suscripción del CAFTA y la unificación de las aduanas regionales.

Sin embargo, hay aspectos de la integración regional que no dan lugar para reacciones optimistas. Actualmente, hay una tendencia a debilitar las instancias jurídicas y parlamentarias diseñadas en función de la unificación del Istmo.

Póker de ases

Siempre que se publica una encuesta sobre las preferencias electorales en el país, de cara al 21 de marzo próximo, enseguida se arma el gran escándalo en los medios de difusión masiva. Por tanto, para la lectura de este breve comentario, no debemos olvidar que los últimos sondeos de opinión muestran a un partido ARENA —Alianza Republicana Nacionalista— levemente disminuido y a un opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) recuperando terreno. En esta coyuntura, la poderosa maquinaria “arenera” ha tenido que trabajar duro para tratar de repuntar y ha debido, incluso, modificar su estrategia. Eso es fácil comprobarlo en la práctica, por lo ocurrido durante los últimos días.

Casi nadie ha podido escapar del abundante bombardeo noticioso reciente anunciando espectaculares detenciones, diligencias fiscales y eficientes acciones policiales: Salvador Nelson García Córdova, el por poco magistrado de esa Corte que presume de ser suprema e impartir justicia, capturado y procesado; Carlos Perla “localizado” en Francia y a la orden de un juez de verdad; el “Don” William Eliú Martínez, remedo de Corleone, quien desde noviembre del 2003 está preso en los Estados Unidos de América por narcotráfico. Pareciera como si, de la noche a la mañana, las instituciones salvadoreñas —en especial la Fiscalía General de la República— despertaron del profundo sueño en el que se encontraban sumidas y se volvieron eficientes para combatir el crimen organizado.

Qué bueno que se detuvieron a estos “personajes”. Sin embargo, el optimismo inicial no nos impide dudar sobre las intenciones alrededor de esas capturas. La experiencia nos dice que nada de lo que sucede en nuestro país, en este ámbito, es casual. Por eso no sorprende que, adoptando el estilo de George W. Bush en su lucha por dar con Sadam Hussein, su “amigo” cuscatleco presente hoy a estos “rateros” como los “ases de su baraja” de su particular partida por levantar a ARENA; es decir, como los principales enemigos del pueblo salvadoreño y su partido como el protector del mismo. Para nosotros son útiles radiografías de cómo están los tres órganos estatales: un Órgano Judicial cuestionado y nada confiable, un corrupto y simulador Ejecutivo, y una Asamblea Legislativa cobijando politiqueros especuladores. Pero no vamos a realizar un análisis institucional; vamos a comentar estos casos de momento tan sonados, utilizando el anterior símil de los naipes.

Comencemos, pues, por el as de bastos: el abogado García. Ciertas nubes comienzan a oscurecer el caso y éstas nos hacen temer por su desenlace. Entre otras, destacan tres. La primera: el manejo de imagen pública que está impulsando el propio imputado desde que fue detenido. García —cuyos abogados se han fogueado defendiendo a los asesinos de Francisco Velis y Ramón Mauricio García Prieto, entre otros— tiene bien claro cuál es el mensaje que debe transmitir a través de los medios para ganar el juicio paralelo que se está desarrollando en su contra, con el claro propósito de ser visto como víctima y no como el presunto victimario que es.

La segunda: la amplia cancha que para ello le han ofrecido al imputado ciertos medios, alejados —como es habitual— del rigor y la ética periodística que la profesión exige. La tribuna de la que dispone García le permite no sólo sembrar la duda respecto de su culpabilidad, sino también atacar a las víctimas y a las organizaciones de mujeres que las apoyan. Porque, ¿quién se acuerda hoy de las jóvenes que se atrevieron a denunciar los abusos? Tanto es el manoseo mediático que ellas ya no aparecen como ofendidas, sino como provocadoras y culpables. Mientras, el implicado es ahora el perjudicado por los ultrajes hacia su persona.

Y, finalmente, la tercera. Como se sabe, el proceso en este caso adolece de vicios fruto de la negligencia policial que bien pudieron ser premeditados y malintencionados. No se puede ocultar el alto contenido morboso e inmoral en la forma cómo se manejó el caso al momento de su “destape”, llegando incluso a ridiculizar indebidamente al imputado. Lo delicado es que errores de ese tipo, sumados a otros relacionados con el manejo de las pruebas en el juicio, permiten que delitos como los que ahora se persiguen no se sancionen. Es grave que en El Salvador siga vigente la posibilidad de evadir la justicia, porque las autoridades no utilizan correctamente todas las herramientas que la ley les pone en la mano.
Pero no hablemos más de García. Mejor comentemos sobre las otras cartas de la baraja. El binomio de la gran empresa privada y el gobierno pretende mostrar que en nuestro país, a diferencia de los del resto del Istmo, sí se combate con dureza la corrupción y a los corruptos. Por eso, los hechos que más espacio y tiempo están ocupando en las noticias son las capturas de Perla y Hernández; son ellos los dos ases siguientes: el de oros y el de copas, respectivamente.

En el primer caso, sorprenden los razonamientos jurídicos utilizados para justificar el procedimiento que traerá a Perla al país. Ahora sí son válidas las normas internacionales para extraditar y juzgar a un prófugo de la justicia, pese a que no existen tratados específicos firmados con Francia. El director de la PNC, Ricardo Meneses, ya anunció que se harán todos los esfuerzos para que Perla sea juzgado en nuestro país lo antes posible.

De los sucesos que estamos siendo testigos se deduce que para el gobierno de Francisco Flores pesan más los ladrones que los asesinos, pues a estos últimos se les ofrece un trato distinto. Ejemplos hay muchos; entre ellos el de los autores intelectuales de la masacre en la UCA, tanto los antiguos miembros del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada como el ex presidente Alfredo Cristiani. Para éstos, siguen sin cumplirse las recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad (1993) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1999).

Es necesario asumir con cautela este tipo de noticias. Sí, es cierto que funcionó el sistema… pero el francés, que rápidamente localizó al denunciado prófugo. Esto no ocurre a la fecha con las autoridades salvadoreñas, que todavía tienen serias y graves deficiencias que superar para que creamos en su correcto funcionamiento. ¿Por qué aquí, en el “caso ANDA”, no se apuntan las baterías más arriba del ex director de la autónoma? O acaso quieren hacernos creer que ningún alto funcionario de gobierno estaba enterado de lo que hacía Perla, durante los casi ocho años que dirigió la institución.

Recordemos que la corrupción no se combate en la prensa, difundiendo cuánto dinero se robaron ni cuál fue la trama familiar diseñada para ello. Este es uno de los defectos más comunes de los medios nacionales. Cuando realmente se atacan este tipo de actos, es cuando se juzgan y condenan a todos sus responsables, quienes terminan cumpliendo su castigo como se debe. Así es cierto que funcionan las instituciones y no con declaraciones fiscales o policiales en los juicios paralelos mediáticos.

En el caso del ex diputado Martínez, todavía contemplamos perplejos a la Asamblea Legislativa; al parecer, sus integrantes superaron con rapidez el impacto de la vinculación entre el antiguo “Padre de la Patria” —“mejor huérfanos”, dice la gente— con los grandes cárteles internacionales de droga. Además, resulta chocante ver cómo se ocupa la información en torno al mismo. Bien puede decirse que, pese al mucho ruido que se está haciendo, no son tantas las nueces. Porque el operativo para su captura fue coordinado en el ámbito internacional por el Departamento Antinarcóticos de los Estados Unidos de América, que también lo ejecutó. Eso significa que la Fiscalía General de la República y la División Antinarcoticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC) se enteraron del mismo cuando el “arroz ya estaba cocido” y servido en la mesa, de seguro como medida de precaución estadounidense para que fuera exitoso. Que no vengan ahora los encargados de esas dos entidades salvadoreñas, en sus intervenciones públicas, a presentarse como los “héroes” de la película.

Para desgracia del sistema de justicia en nuestro país, donde se dan incontables actos de corrupción y otros delitos conexos que no se “destapan”, algunas de las personas claves que deben perseguir y erradicar el crimen tienen manchadas sus manos. Estos son el cuarto as de la baraja: el de espadas. ¿Ejemplo? Precisamente el jefe de la DAN en la PNC: Godofredo Miranda, tío de Katya Natalia Miranda Jiménez, quien estuvo presente en el sitio donde violaron y asesinaron a esta niña de apenas nueve años; ese brutal crimen continúa en la impunidad desde hace casi un lustro. Miranda, el principal responsable de luchar contra el narcotráfico en nuestro país, reconoció que —para el caso del “Don” Martínez— no se tienen pruebas fehacientes “pero sí (…) los indicios de que él a eso iba”. Con semejantes sujetos al frente de esas instituciones tan importantes para combatir el crimen, superar la impunidad y erradicar la violencia, ni con las cartas marcadas se podrá ganar la partida en favor del bien común.