Una sentencia política

Indiferencia gubernamental

La semana recién pasada, precisamente el 16 de enero, se celebró el duodécimo aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz. Este evento, sin duda de mucha importancia para la vida política del país en el último decenio, pasó inadvertido para las autoridades del partido oficial. Ningún representante del gobierno se acordó de la fecha. Además, pocos son los medios de comunicación que presentaron alguna atención al documento firmado en 1992. Ni mucho menos se habló de la necesidad de volver sobre ciertos tópicos aun pendientes y, sin embargo, previstos en el documento firmado en el castillo de Chapultepec.

Los pobres siguen siendo mayoría en El Salvador (II)

Algunos de los principios que constituyeron desde sus inicios los pilares político-ideológicos del actual partido en el poder, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), rezan así: “la libertad es la base del progreso humano”; y, muy conectado a este último principio, “el Estado desempeña un papel subsidiario”.

Dichos principios no sólo han moldeado la visión y acción de ARENA en los tres gobiernos que ha presidido, sino que han deformado su incidencia en la sociedad. Su visión ha sido, en esencia, lineal y dogmática. Las consecuencias negativas de su visión se reducen a la fórmula “dejar hacer, dejar pasar”, típica de las economías de capitalismo anárquico, es decir, las neoliberales. El decálogo del Consenso de Washington, lanzado en 1990, se convirtió en la punta de lanza de los programas económicos de ese partido.

El año 2004 en perspectiva

No debiera causar extrañeza que las mismas actitudes mostradas en el 2003 por los distintos actores políticos, sociales y económicos en cuanto a la realidad social de los salvadoreños se mantengan en el año que comienza. No es de extrañar, tampoco, que los temas más discutidos por la sociedad durante la segunda mitad de año recién pasado —la firma del TLC con Estados Unidos y las elecciones presidenciales— continúen presentes en la opinión pública nacional. Con todo, el próximo 1° de junio marcará un antes y un después en lo que se refiere a la situación del país, independientemente de la fórmula presidencial que resulte ganadora.

El CAFTA continúa su marcha (I)

La mayoría de los gobiernos centroamericanos —con la sola excepción del costarricense— cerraron el año 2003 con el fin de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los EEUU (conocido bajo sus siglas inglesas CAFTA), celebrando por todo lo alto. Después de las fotografías de los responsables de la economía del Istmo con la delegada del gobierno de Bush en las negociaciones, después de las declaraciones de los gobernantes en el sentido de que el final de las rondas de negociación del CAFTA abren la puerta para una era de promisión en el Istmo, hay que recordar que el TLC entre Centroamérica y la primera potencia mundial aún no ha terminado de atar los muchos cabos sueltos que tiene desde su concepción.

Los derechos humanos en el 2003 (y III)

III. Participación ciudadana
El primer artículo de nuestra Constitución determina que la persona humana es el origen y el fin del Estado. Considerando eso, queda claro el centro del orden social salvadoreño: las mujeres y los hombres que habitamos en el país. Nada tendría sentido para la estructura jurídica, si no es por aquellos y aquellas que la originan y determinan. Es innegable, entonces, que las acciones organizadas o no de las personas en su afán por satisfacer sus derechos y necesidades es un componente obligado en desarrollo nacional. De hecho, ningún cambio trascendental en las formas de vida política, económica o social en el mundo ha ocurrido sin el concurso de una colectividad que lo impulse o apoye. Esa lección es aún más evidente en el ámbito de los derechos humanos, donde tiene una triple dimensión.

En primer lugar, está el “derecho a participar”. Casi de forma universal, éste es considerado como una prerrogativa inherente a la persona humana; incluso, se ubica como una característica “natural” del ser, en cuanto “animal político”. En segundo término, es obligación estatal permitir y promover la participación de las personas, siempre que la misma no afecte de manera grave otros derechos fundamentales. Por último, no basta con reconocer ese derecho y permitir su ejercicio; además, la participación debe ser valorada por los gobernantes al momento de tomar sus decisiones y la misma —para ser eficaz— debe influir en la transformación positiva de la sociedad.

Partiendo de eso, podemos comentar brevemente algunas experiencias relevantes de participación ciudadana ocurridas en el 2003; las mismas, retratan a personas ejerciendo —en lo posible— ese derecho.

Destaca el enorme interés que generó y genera entre la gente, la exigencia de una investigación exhaustiva en el caso de la violación y asesinato de la niña Katya Natalia Miranda Jiménez. De manera casi inédita, se recolectaron alrededor de veinticinco mil firmas de personas de todos los estratos sociales que —indignadas ante la pasividad del Fiscal General de la República— exigieron reiniciar las averiguaciones y sancionar a los responsables de tan aberrante crimen. Eso convierte al caso en otro que, pese a la deficiente actuación de las autoridades, ya obtuvo un veredicto moral y colectivo contra los asesinos, sus encubridores y las autoridades encargadas de dar con éstos y hacer justicia.

A esa exigencia apoyada por tanta gente, se suman varias marchas en el interior del país rechazando la violencia sexual contra niñas y niños, así como la inauguración de un complejo deportivo en San Salvador bautizado con el nombre de la pequeña víctima; ambas expresiones de participación ciudadana, en el marco del cuarto aniversario del asesinato de Katya. También, la madre de la niña ha recibido —en su asilo dentro del territorio estadounidense— miles de cartas de apoyo solidario provenientes de todo el mundo, a partir del apoyo que le ha brindado Amnistía Internacional. No cabe duda que por algo se empieza y todas estas iniciativas son reflejos fieles de que el repudio social que rodea a este crimen, puede contribuir a la realización de grandes cambios en un futuro cercano.

Siempre en el campo del acceso a la justicia, el IDHUCA ha acompañado casi nueve años la lucha valiente e incansable de la familia García Prieto Giralt en su afán por esclarecer —por fin— la autoría intelectual en el homicidio de su hijo Ramón Mauricio y castigar a los culpables. Iniciando el año, se interpuso denuncia formal en la Fiscalía General de la República (FGR) contra el general Mauricio Ernesto Vargas, eterno sospechoso de ordenar la ejecución del joven. Con esa demanda, inició un capítulo más en la batalla ejemplar de esta distinguida familia por obtener justicia; su esfuerzo es ya emblemático en el combate a la impunidad durante la posguerra y ejemplo que ha animado a otras víctimas a luchar.

En el mismo sentido, se debe destacar el ahínco de Yolanda Carías Novoa. El infame homicidio de sus hijos Guillermo y Federico, de 29 y 12 años respectivamente, la ha convertido desde noviembre del 2000 en otro símbolo de dolor y sed de justicia. Durante el primer trimestre del 2003, entregó una declaración jurada a la FGR detallando en ella —de forma minuciosa— una gran cantidad de datos, nombres y pistas útiles para la investigación del doble crimen.

De estos casos conviene subrayar que los familiares sobrevivientes, casi nunca han recibido respuesta eficaz de las autoridades a sus legítimas peticiones; eso, debido al interés de proteger a poderosos o influyentes criminales. Pese a ello y a las amenazas e insultos, estas personas han optado valerosamente por el camino más difícil; el que a veces parece sin salida, pero que cada día cuenta con más adeptos y gente solidaria dispuesta a transitarlo junto a estas víctimas —ahora acompañadas— que están haciendo justicia al andar.

Pero la participación ciudadana en el 2003 no sólo tuvo que ver con casos individuales. Casi al término del primer semestre se desarrolló la fase final de la huelga de empleados, trabajadores y médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), iniciada en septiembre del 2002. Esta venía perdiendo fuerza, sobre todo porque el proceso privatizador del ISSS fue detenido al final del 2002; a esas alturas, las reivindicaciones de los huelguistas eran más bien propias de su sector. Se negoció la solución del conflicto cuando el Ejecutivo estaba muy desgastado por la crisis y había disminuido la fuerza de los reclamos en su contra. De la huelga quedan, entre otras, dos conclusiones importantes: que esa forma de participación política fue crucial para frenar la privatización de los servicios públicos de salud, es una; la otra, que los dirigentes del movimiento necesitan un olfato político más agudo pues la integración de su principal líder en la fórmula presidencial del FMLN —a pesar de lo que digan— no dejó de empañar los legítimos propósitos por los que muchas personas participaron en la lucha.

Tampoco podemos obviar ejemplos negativos en la materia durante el 2003. Destaca por su alcance cuantitativo y cualitativo, el elevado ausentismo y abstencionismo en las elecciones municipales y legislativas de marzo. Según datos oficiales, a las urnas acudió el 43.5% de la población apta para votar; así, el 56.5% de ésta decidió no participar. Por encima de las fallas en el padrón electoral y de mucha gente incluida en éste que vive fuera del país, es evidente la apatía que generan los partidos políticos y el desencanto que le provocan a la gente quienes dirigen o tienen posibilidades de dirigir la cosa pública.

Resultó trascendente, también, que en el 2003 se realizaron negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la región y Estados Unidos de América. Pese a la importancia del proceso, que culminó con la firma del documento al final del año, el gobierno salvadoreño se movió a espaldas de la población. ¿Qué negoció y por qué se ocultó lo negociado? Las notas periodísticas y la publicidad alrededor del acuerdo no responden la interrogante, pues no pueden considerarse ni como información a la sociedad ni como intervención activa de ésta en un asunto nacional tan esencial. Son más las dudas acerca del TLC, que las certezas sobre su contenido y su posible impacto positivo en el país. Quizás la mayor expectativa que la propaganda oficial ha despertado entre nuestra gente, es el cambio de las costumbres alimenticias de las y los estadounidenses al dejar las hamburguesas y las salchichas para enloquecer con las pupusas, el loroco y los tamales salvadoreños que —según parece— generarán riqueza y sacarán del “tercer mundo” a El Salvador.

Conclusión
Más allá de esa última ironía, salta la interrogante: ¿Cómo anduvo la participación ciudadana en el 2003?. La respuesta brota al comparar los hechos de participación narrados y el funcionamiento institucional, ante la triple dimensión que sobre la participación ciudadana mencionamos al principio del anterior apartado. Y es la siguiente: deficitaria. Porque la mayoría de la gente no está ejerciendo ese derecho, en buena medida por algo comprensible: la suma del desencanto, la desconfianza y la frustración de años.

Por eso y pese a que existen importantes pero atomizadas experiencias de participación en distintos ámbitos, no existe un verdadero movimiento social que —sobre la base de su poder— le cobre la factura a un liderazgo político, económico y gubernamental que muy poco ha hecho por avanzar hacia el cumplimiento de lo que establece el artículo constitucional arriba mencionado: “El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común”.