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Los
derechos humanos en el 2003 (II)
II. El funcionamiento de las
instituciones
Para cumplir sus fines y obligaciones, todo Estado necesita la organización
de un aparato gubernamental sólido y eficiente que garantice una real
división de poderes y funciones; pero, sobre todo, que facilite la
realización personal y grupal de sus miembros a través de una convivencia
democrática en la que se respete la legalidad. Sobre esa base, en cualquier
sociedad moderna se fundan las instituciones oficiales necesarias para
alcanzar las aspiraciones de sus habitantes y garantizar una convivencia
pacífica entre los mismos. Dentro de estos organismos se encuentran aquéllos
encargados de mantener el equilibrio social; son éstos los que deben evitar
la vulneración del orden establecido o sancionar a las personas y entidades
que lo hagan, de tal suerte que —al existir diferencias, controversias o
abusos entre los particulares, o entre éstos y alguna institución estatal—
se cuente con dependencias formales encargadas de hacer volver las cosas a
la normalidad y se deduzcan las responsabilidades respectivas de los
perturbadores.
Lo anterior adquiere mayor importancia cuando las alteraciones al orden
afectan a los derechos humanos, reconocidos como aquellas potestades más
valiosas y más importantes —por su esencialidad— para las personas. Debido a
ello, cada organización estatal dispone de un conglomerado institucional que
se encarga de velar por la protección de los mismos, prevenir sus
violaciones y sancionar a los culpables.
En nuestro país, estas tareas recaen en varios componentes del sector
justicia; entre éstos se encuentran el Ministerio Público —integrado por la
Fiscalía General de la República, la Procuraduría General y la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos—, la Policía Nacional Civil y el
Órgano Judicial. Debido a ello, aproximarse y valorar el trabajo desempeñado
por estas instituciones en el 2003 es un buen termómetro para establecer
cómo estuvo la temperatura de los derechos humanos el año recién finalizado.
1. Fiscalía General de la República (FGR)
El artículo 193 de la Constitución establece que al Fiscal General de la
República le corresponde —entre otras funciones— promover de oficio o a
petición de parte la acción de la justicia en defensa de la legalidad,
dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía
Nacional Civil en la forma que determine la ley y promover la acción penal
de oficio o a petición de parte.
Con esta base constitucional, quedan determinados los principales mandatos
para el titular de la institución, de los cuales se puede deducir la gran
importancia de esta entidad para el correcto funcionamiento del Estado de
Derecho. En sus manos se encuentra la llave de entrada a los juicios penales
y la reivindicación judicial de las víctimas. Cualquier persona que haya
sido víctima de algún delito debe ser respaldada y salvaguardada por este
componente del Ministerio Público.
Con semejante responsabilidad, el papel del Fiscal General de la República
debe ser protagónico e incisivo en el quehacer cotidiano del país. Sin
embargo, durante 2003, la figura del responsable de la FGR y la institución
misma tuvieron un desenvolvimiento discreto y sin la relevancia requerida,
para formularlo de la manera más elegante. Aquí vale resaltar dos aspectos.
En primer lugar, está el ya cuestionado actuar publicitario del titular de
la institución, criticado durante los años anteriores debido a que su
presencia mediática no se ha traducido en un trabajo eficiente de cara a las
víctimas de los delitos; durante su primera administración hubo “mucho ruido
y pocas nueces”. Pero ahora no ha sido tan evidente la estrategia
publicitaria en la FGR; sin embargo, su labor sigue sin rendir los frutos
esperados.
Con ello queremos decir que la auténtica medición del trabajo fiscal no
tiene que ver con su mayor o menor presencia en los medios de difusión, sino
con su trabajo diario y el impacto positivo del mismo en el buen
funcionamiento del país; por eso, pese a que durante 2003 se redujeron
considerablemente los espectáculos montados por la FGR, su accionar pasó
casi desapercibido; transitó el año con más pena que gloria. Dicho eso,
pasaremos a comentar algunos de los principales eventos en los que intervino
esta dependencia del Ministerio Público.
Indudablemente, existe un caso que ha marcado las dos gestiones de Belisario
Amadeo Artiga Artiga al frente de la FGR: el de la violación y asesinato de
la niña Katya Natalia Miranda Jiménez, que fue asumido como propio y
anunciado como carta de presentación por el referido funcionario cuando se
juramentó como Fiscal General en noviembre de 1999. El año recién pasado, en
enero, fueron presentados sendos escritos por parte de la familia doliente y
el IDHUCA para que las investigaciones salieran de su letargo y se
reiniciaran, en una verdadero afán por corroborar lo que ya es un secreto a
voces: ¿quiénes violaron y mataron a la pequeña Katya?
Se le solicitó a Artiga que investigara exhaustivamente a los miembros de la
familia Miranda por los delitos de violación y homicidio agravados y fraude
procesal o encubrimiento. Estas peticiones fueron respaldadas por casi 25
mil salvadoreñas y salvadoreños que estamparon sus firmas para exigirle a
Artiga Artiga un mayor dinamismo en la investigación del crimen. Como
respuesta a lo anterior, la Fiscalía nombró a dos nuevos fiscales para
hacerse cargo de las averiguaciones; no obstante, esta decisión no pasó de
ser un mero formalismo. El caso sigue estancado y el pueblo salvadoreño
continúa exigiendo justicia.
Por otro lado, los mismos datos de la FGR —aludidos en la primera entrega de
este balance— apuntan a un aumento significativo de la cantidad de
homicidios ocurridos en el país. El mismo Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) señaló, en un estudio reciente, que El Salvador se ha convertido en el
país más violento de Latinoamérica al presentar los índices más elevados de
homicidios por habitante en el continente. Estos datos —por su propio peso—
deberían obligar a que la Unidad de Delitos Relativos a la Vida de la
Fiscalía se convirtiera en un espacio de trabajo altamente tecnificado y
agresivo, pues es uno de los pilares fundamentales —cualitativa y
cuantitativamente— para lograr los fines constitucionales que dan sustento a
la creación de la FGR.
No obstante, todavía no se percibe la efectividad deseada para el
tratamiento de este tipo de casos. Es más, ni siquiera los agentes
auxiliares encargados de las investigaciones de homicidios se encuentran
entre los mejor pagados de la institución fiscal.
Así, a manera de ejemplo, podemos citar el famoso caso de un buen número de
mujeres que en distintas fechas aparecieron decapitadas en diversos lugares
de la capital y su periferia. Lo dantesco de estos crímenes y su frecuencia
hicieron pensar que la FGR saldría de su letargo para investigarlos. Lo
cierto es que no fue así ya que, salvo una excepción, los demás crímenes de
esta naturaleza han quedado en la impunidad; uno de ellos, incluso, en
circunstancias casi risibles de no ser porque se trata de la investigación
de la muerte de un ser humano. Lo anterior ocurrió con la decapitación de
una mujer identificada como Rosa N., cuyo crimen fue atribuido a miembros de
la “Mara 18”; los presuntos responsables, luego de ser capturados en un
publicitado operativo fueron puestos en libertad durante las primeras
diligencias judiciales al establecerse —de manera irrefutable— que el
principal señalado en el asesinato por la FGR estaba encarcelado el día del
crimen. De esa manera, se desbarató toda la tesis fiscal y de nuevo la
institución quedó en el más absoluto ridículo.
Se debe hacer notar, también, que sobre el homicidio de Ramón Mauricio
García Prieto —ocurrido el 20 de junio de 1994— las víctimas denunciaron
formalmente ante el Fiscal Artiga Artiga al general Mauricio Ernesto Vargas,
señalándolo como principal sospechoso de la autoría intelectual del crimen.
Como tantas otras, dicha denuncia ha pasado a dormir el sueño de los justos,
pues —a varios meses de su interposición— la FGR no ha dado señales de
diligencia y voluntad por llegar hasta la verdad de los hechos. En igual
estancamiento se encuentra el caso de los hermanos Carías, asesinados en
noviembre del 2000, ya que la fiscalía ha ignorado por completo la
declaración de la madre de las víctimas que da ciertas luces sobre la
motivación del doble crimen. La FGR ha dado a conocer su propia hipótesis
sobre el caso y ha tratado de judicializarla, como casi siempre, sin mucho
éxito.
También volvió a ser noticia el escándalo de los títulos irregulares de
abogados, en el que la FGR desistió de continuar con las indagaciones,
debido a que la acción penal para este delito prescribió. No obstante lo
anterior, conviene mencionar que no se entiende por qué la Fiscalía dejó que
prescribiera este delito, pese a la gran publicidad que rodeó al anuncio de
las grandes anomalías en las acreditaciones académicas de miles de personas.
Como es costumbre, los abusos sexuales contra las mujeres y la niñez no
cesaron durante el año que reseñamos. En ese rubro destacó el caso del
abogado Nelson García, a quien se le descubrieron diversos actos vinculados
con pornografía infantil, corrupción de menores y agresiones sexuales.
Alrededor de este escándalo, se criticó mucho a la FGR por la parsimonia con
la que depuró las primeras diligencias de investigación; se llegó, incluso,
a dudar mucho sobre la posible finalización exitosa de la misma. Habrá que
ver cómo avanza la investigación de estos delitos en el 2004, por la
gravedad de los mismos y porque coloca sobre el tapete lo relativo al
tráfico de influencias y la transparencia del sistema.
Un dato interesante, por lo perjudicial que es para la institucionalidad del
país, lo constituye el ataque sistemático y nada ético del Fiscal Artiga
Artiga contra la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos. Sobre
el particular, se debe mencionar que el Fiscal General ha mantenido una
permanente actitud confrontativa con la citada funcionaria, al punto de
tener abierto un expediente contra ella por el delito de homicidio. Eso, sin
el menor sustento fáctico y evidenciando una total carencia de escrúpulos
por parte del encargado del despacho de la FGR; ni siquiera ha permitido el
acceso de las supuestas investigaciones a la propia interesada ni a sus
representantes legales. Lo anterior desdice mucho del papel del Fiscal
General y permite deducir que no es exagerado advertir la fragilidad de
nuestro “Estado de Derecho”.
También se ha cuestionado negativamente el papel jugado por la FGR en casos
como el lavado de dinero en la financiera LAFISE de El Salvador, vinculado
con el asesinato de Sigfred Guth Zapata, que volvió a la palestra pública
luego de años de silencio ante la pasividad del Fiscal General por indagar
sobre estos hechos. Por otro lado ha sido clara la lentitud de la Fiscalía
en la malversación de fondos en la Administración Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA); esa tardanza —¿premeditada o negligente?— facilitó
la fuga del principal implicado, Carlos Perla, quien ahora es prófugo de la
justicia. Y todo esto ocurrió pese a que la corrupción en esa entidad
autónoma se conocía desde hace bastante tiempo; pero, tal como lo dijo en su
oportunidad el Fiscal General, este caso lo iba a tratar con “guantes de
seda”. Hechos como el apuntado son un buen ejemplo de cómo el Ministerio
Fiscal trata de manera desigual los expedientes que maneja: a unos les
aplica el más fino de los manejos —con “guantes de seda”— y a otros— los
delincuentes pobres— la “mano dura”. Todo depende de la procedencia o
influencia económica y política de los involucrados.
Las graves carencias de formación jurídica y capacitación en la Fiscalía,
siguen dando de qué hablar. A propósito, puede citarse el malogrado caso
contra el ex Juez Ricardo Canales Herrera y dos subalternas de éste en el
Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador. En esa investigación se
intentó procesar a esas personas por delitos inexistentes, relacionados con
la desaparición de más de 200 mil colones —casi 23,000 dólares— de la bodega
del referido tribunal. La acusación nunca tuvo peso, y dejó en evidencia, no
sólo la arbitrariedad con la que a veces procede la Fiscalía, sino la
pobreza oral y escrita de sus miembros a la hora de la audiencia inicial. A
lo mejor se trató sólo de un ajuste de cuentas hacia un juzgador que destacó
por la imparcialidad de sus decisiones, cosa bastante preocupante para el
desarrollo de la institucionalidad. La presentación posterior de un
deplorable e ininteligible escrito de apelación por parte de los agentes
auxiliares encargados de la acusación, pone en primera línea las graves
deficiencias académicas de la FGR al momento de sus intervenciones
oficiales.
2. Policía Nacional Civil (PNC)
Esta corporación es clave para que nuestra sociedad sea de verdad segura, al
menos en lo relativo a la integridad física y el patrimonio. Su rol en
materia la prevención del delito y una adecuada persecución del mismo es,
sin regateos, crucial. Asimismo, es la herramienta de “fuerza” con la que
cuenta el aparato estatal para hacer valer el imperio de la ley ante un
incumplimiento injustificado.
Partiendo de lo anterior, sobre la PNC se puede y debe decir primero que a
lo largo de 2003 fue señalada de nuevo por la Procuraduría para la Defensa
de los Derechos Humanos, como la institución estatal que más ha violado los
derechos humanos de la ciudadanía y de las que menos cumple sus funciones.
Es cierto que es la única entidad gubernamental que tiene designada de
manera expresa las tareas de seguridad pública; por lo tanto, es lógico que
deba hacer uso de la coerción en muchas de sus intervenciones.
Ese solo hecho hace parecer coherente que —debido a la parte “dura” de sus
atribuciones— lo normal sea que se le señale como una de las instituciones
que más interfiere en el pleno goce de los derechos ciudadanos, ya que no
pude negarse que es precisamente en el desarrollo de su funciones que pueden
producirse abusos dolosos o culposos, e incluso señalamientos injustos hacia
la corporación. Pero lo anterior no parece ser la única explicación de los
señalamientos hechos hacia la Policía. Arbitrariedad en los procedimientos,
hostigamientos injustificados con claros sesgos discriminatorios, abusos de
autoridad y —lo peor de todo— aplicación de torturas, son sólo algunos de
los hechos más graves que se le atribuyen a la PNC en el 2003. Eso no es un
retroceso sino un franco asentamiento de prácticas prohibidas,
antidemocráticas y de claro irrespeto de su mandato originado con los
acuerdos de paz. Estos hechos hablan por sí mismos y son un claro ejemplo de
que las cosas están mal dentro de la corporación.
Por otra parte es necesario decir que causó un gran impacto el cambio de su
Director General. La renuncia de Mauricio Sandoval dio paso al ascenso del
comisionado Ricardo Mauricio Meneses Orellana, antiguo militar y oficial de
carrera que había desempeñado varias jefaturas importantes al interior de
dicho cuerpo de seguridad. Es innegable que el cambio ha sido positivo, en
cuanto a que con éste se fue —en parte— cierta visión ideologizada del mando
policial. De hecho, Meneses ha mostrado un poco más de apertura en su
gestión hacia la sociedad. Recibió, por ejemplo, con cierta prudencia el
informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y ha
posibilitado el reinstalo de algunos agentes policiales que fueron
despedidos injustamente por la anterior administración y que terminaron
siendo amparados por la Corte Suprema de Justicia. Con su antecesor, eso era
impensable.
Sin embargo, se ha quedado corto en el cumplimiento de sus deberes. Resulta
evidente que su papel en el impulso del denominado “Plan Mano Dura”, contra
las pandillas juveniles en las zonas más pobres del país, ha sido muy
fuerte; eso le resta méritos. Sobre todo porque dicho plan contempla una
serie de atropellos a los derechos consagrados en la Constitución y el
referido oficial se comprometió, al ser juramentado, que cumpliría con lo
estipulado en la Carta Magna. En este punto, hasta podría decirse que el
actual Director de la Policía ha sido manipulado por el Presidente de la
República, para cumplir con la agenda electoral de este último. Lo anterior
cobra fuerza, si tomamos en cuenta que la PNC ya tenía diseñado su propio
plan contra las “maras”, anunciado y puesto en marcha a inicios del 2003, el
cual fue bautizado con muy poca creatividad: “Cero tolerancia”.
De igual forma, causó sorpresa el que se mencione que altos jefes policiales
pertenezcan a dichos grupo. Sin embargo, sólo así se explica la fuga de
pandilleros; es el caso del sujeto identificado como “Crazy”, quien, pese a
ser un supuesto jefe de la “Mara 18”, se escabulló de manera casi risible de
las bartolinas policiales.
En otros hechos, ocurridos también en bartolinas de la PNC, se ha denunciado
que miembros de la Policía han violado mujeres detenidas. Todo lo señalado
amerita una intervención enérgica de la Inspectoría General de la
institución y, por supuesto, el accionar del sistema de justicia para dictar
y aplicar las sanciones correspondientes.
3. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)
El Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), al dar
por finalizada la función verificadora de los acuerdos de paz en El Salvador
a finales del 2002 señaló —sobre la PDDH— que “tras un prolongado período de
deterioro de esta institución fundamental [...] ésta ha conseguido grandes
progresos en el restablecimiento de su capacidad y la recuperación del
respeto entre los ciudadanos y está reanudando vínculos de suma importancia
con la comunidad internacional [...] sin embargo, sigue careciendo
gravemente de financiación”.
Partiendo de lo anterior, se puede analizar mejor el desempeño de la PDDH
durante el año pasado. No se cuestiona que la institución haya recobrado de
cierta forma su credibilidad entre la población. Por el contrario,
importantes presencias públicas, pronunciamientos y resoluciones valientes e
inéditas se han encargado de afirmar lo anterior.
De eso se deriva que en el año anterior se hayan incrementado los ataques
contra esta institución, en especial en contra de su actual titular: doctora
Beatrice Allamani de Carrillo. Sobre estos acosos, además del ahogo
económico permanente en el que se mantiene a la PDDH, podemos destacar que
la referida funcionaria ha sido señalada por dirigentes políticos de derecha
e incluso por funcionarios del partido en el Ejecutivo, como la “defensora
de los delincuentes”. Los atropellos en su contra han llegado hasta los
insultos públicos de la peor especie, que a la larga mancillan, no sólo la
dignidad de la Procuradora, sino la propia institucionalidad del país.
Publicaciones indecentes y de mal gusto atribuidas al Instituto Pro Libertad
y Derecho rebasaron los límites del decoro y el respeto, evidenciando que en
el país aún existen maniáticos, quienes con sus escritos estimulan la
violencia.
Lo peor es que estos ataques parecen efectuarse de manera orquestada, ya que
una vez producidos de manera coordinada entre funcionarios y el citado
Instituto, surgieron amenazas de muerte para la Procurador Carrillo. Igual
suerte corrieron personeros del lDHUCA y de la Radio YSUCA durante el año
anterior, en un procedimiento que parecía ser la imitación calcada de los
embates contra la funcionaria.
Esta especie de calvario para la Procuradora ha contado, además, con la
participación del Fiscal General de la República; éste, de manera poco
profesional e inaceptable, insinuó que podría procesar penalmente a la
titular de la PDDH por el delito de homicidio en dos policías, quienes
murieron en diciembre del 2002 durante un operativo en el Centro Penal “La
Esperanza”. La Procuradora fue medió y su intervención evitó males mayores;
sin embargo, la consigna oficial es atacarla para —al menos— neutralizarla.
Todos estos hechos han provocado que diversas organizaciones sociales de
derechos humanos se hayan pronunciado en favor de la PDDH y contra los
intentos por destruirla o deslegitimarla.
No obstante el trabajo cuesta arriba que le ha tocado desarrollar, la PDDH
ha destacado por continuar fiel a su mandato. Así, destaca que este
componente del Ministerio Público presentó un informe especial sobre la PNC;
en éste resaltó las graves deficiencias detectadas dentro de esa
corporación, censurándola por cometer delitos y violaciones a los derechos
humanos. En términos similares se pronunció sobre la FGR, a la que se señaló
por incumplimiento de sus funciones.
Por otra parte, ha sido enérgica la postura de la PDDH con relación a la
“Ley Antimaras”, a la que se opuso desde un inicio señalando los vacíos e
inconstitucionalidades de la misma así como los abusos que han ocurrido
durante su puesta en marcha. Sobre este punto destaca la presentación de un
recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, para que
se declare la incompatibilidad de la referida ley con nuestra Carta Magna.
No obstante sus aciertos, se debe señalar la falta de liderazgo de la PDDH
para lograr la integración de un bloque unido y sólido entre esa institución
y las organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos y contra
los abusos institucionales. Acerca de 2003, se puede concluir que existieron
esfuerzos muy dispersos para lograr ese importante objetivo.
4. Procuraduría General de la República (PGR)
Esta es la institución más silenciosa del Ministerio Público. Su trabajo,
durante años, ha sido duro pero discreto. En 2003 destaca el cambio de
Procurador General, ya que abandonó la silla Miguel Ángel Cardoza y llegó a
ocuparla Gregorio Sánchez Trejo. Este cambio, si bien no ha influido mucho
en lo esencial del funcionamiento de una institución que casi camina por sí
sola, puede generarnos algunas dudas de cara al futuro.
De entrada, tenemos que la PGR estuvo en manos de Cardoza durante casi siete
años, durante los cuales e produjo una verdadera “reingeniería”
institucional que mejoró considerablemente su desempeño y la convirtió en el
modelo a seguir para el sector público. Con semejantes antecedentes, el
compromiso se le hacía muy grande al sucesor de Cardoza.
Sánchez Trejo llegó a la PGR por una negociación política partidaria. De
hecho, el ahora Procurador General fue quien obtuvo el mayor número de votos
entre los abogados y abogadas del país para ocupar un puesto como magistrado
de la Corte Suprema de Justicia. Como la Asamblea Legislativa no lo avaló
para incorporarse a la cúpula del Órgano Judicial, le otorgó —casi como
consolación— este cargo en un claro intento por no incomodar al sector de
las asociaciones de abogados. Eso, de entrada, cuestiona la gestión del
nuevo jefe de la PGR. Sin embargo, será el tiempo el que juzgue a este nuevo
funcionario por sus hechos.
Por el momento, sí preocupan algunas de sus primeras actuaciones. Se le nota
inconsistente en sus declaraciones públicas y un tanto desubicado con el
quehacer de la Procuraduría. Por ejemplo, se ha retrasado un importante
proyecto denominado “Pro bono”, que facilitaría la participación de bufetes
privados en la tramitación de casos para personas de escasos recursos
económicos. Además, pese a que su despacho es el encargado de velar por la
familia y por la niñez, nombró colaborador del mismo a un conocido abogado
que forma parte del equipo del Estado salvadoreño encargado de litigar en la
Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de la desaparición forzada
de dos niñas a manos de las Fuerzas Armadas. En otras palabras, en la
institución que defiende a la niñez colabora directamente con su titular
alguien que está defendiendo a responsables de graves violaciones a los
derechos humanos de niños y niñas.
5. Órgano Judicial
De todas las instituciones valoradas en este balance, el Poder Judicial es
el único que cuenta con el carácter de órgano fundamental del Estado. Su
Presidente es uno de los jefes de Estado y sobre su andamiaje institucional
recae una de las funciones más importantes para una democracia: impartir
justicia: Es decir: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
Luego de una larga cadena de reformas legales e institucionales, que tenían
como propósito modernizar y mejorar este componente estatal, se ha
comprobado con el correr del tiempo que —pese a los ajustes— la práctica
judicial ha retrocedido en muchos y muy preocupantes aspectos. A estas
alturas, podemos decir que la actividad jurisdiccional se ha asentado en su
mediocridad y ha demostrado que sin voluntad política real todo lo demás es
pura apariencia, cosmetología superficial y retórica.
El Órgano Judicial, representado por su autoridad máxima en la Corte Suprema
de Justicia (CSJ) pero también por magistrados de Cámara y jueces, ha sido
incapaz de convertirse en el equilibrio que garantice la convivencia
pacífica en El Salvador. Su inoperancia en aquellos casos más emblemáticos
para el país y la desprotección a la que somete a víctimas de la injusticia
y la impunidad, así como la liviandad con la que retuerce criterios
judiciales y jurisprudencia para favorecer a los grandes actores económicos
y políticos del país, son impresionantes. Igual se puede decir de los
problemas de corrupción al interior de esta esfera estatal.
Salvo honrosas excepciones, el Poder Judicial ha destacado por aplicarle
buenas dosis de injusticia a la población salvadoreña. Primero, hay que
señalar, que el sistema judicial ha sido señalado otra vez por el
Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, como una
“institución ineficiente y corrupta”. Eso no es fruto de la casualidad ni es
una visión errada.
¿Por qué? Porque el aparato judicial demora sin justificación la tramitación
de los juicios. Por ejemplo, en mayo pasado se denunció que —después de tres
años— la CSJ no resolvía sobre el caso de las intoxicaciones con metanol, en
el que las numerosas víctimas pedían al máximo tribunal declarar que la FGR
les había vulnerado derechos constitucionales. En idénticos términos se
pronunciaron las víctimas en el caso “Jesuitas”, quienes, luego de dos años
de interponer un recurso de amparo, al final de 2003 aún no recibían
respuesta. De este tipo de casos existen miles.
Eso genera que, aunque eventualmente el sistema de justicia pudiera emitir
sentencias rectas, éstas llegan a demasiado tarde; ello las convierte
automáticamente en injustas. Pero lo peor es que, en muchos casos, las
resoluciones no sólo llegan tarde sino que parecen obedecer a oscuros
intereses los cuales demuestran que —con honrosas excepciones, insistimos—
la CSJ y el conglomerado de jueces no ejercen su mandato de manera
independiente. Así, resultó extraño que la Sala de lo Penal de la CSJ
emitiera una resolución sobre el caso “Riley Serrano”, justo cuando se
efectuaba una vista pública en otro proceso judicial en contra del imputado.
Lo anterior es relevante, porque la Sala de lo Penal declaró firme una
condena contra el señor Serrano por el delito de secuestro mientras se
ventilaba un juicio por lavado de dinero en perjuicio del mismo imputado. En
este último proceso, no existían pruebas fehacientes que corroboraran el
lavado de dinero; pero la sentencia de la Sala de lo Penal sirvió para que
los jueces de Sentencia, sin analizar el resto de documentación dijeran, sin
más, que si el señor Serrano era secuestrador, seguramente también había
lavado dinero. Resulta curioso cómo en este caso, en que los ofendidos son
de una conocida familia muy relacionada con la gran empresa y el Partido
ARENA, se dan estos movimientos judiciales coordinados. En otros casos, en
los que sí existen mayores evidencias incriminatorias o abundantes pruebas
sobre hechos injustos ocurre lo contrario: el Poder Judicial actúa más lento
o en abierta indefensión para las víctimas.
Merece especial mención que en el 2003 se tenía que dar la renovación de un
tercio de la CSJ y la elección de un nuevo presidente del Órgano Judicial.
Ello generó muchas expectativas en la sociedad. Con este proceso se tuvo lo
siguiente: primero, que fue tristemente reelecto el Presidente de la CSJ,
Agustín García Calderón. Esta nominación se dio por la puerta trasera, ya
que fue condicionada. Se le recriminó que había hecho mal su trabajo, pero
que le darían otra oportunidad para mejorarlo. ¿En qué país decente se
nombra para tan importante función a alguien que ya demostró, durante tres
años, su incompetencia? La aceptación de la Presidencia de la CSJ por parte
de García Calderón, después de recibir regaños y reconvenciones, demuestra
la pobreza moral y profesional del flamante funcionario. Una persona seria y
con dignidad, no hubiera aceptado un cargo en semejantes condiciones.
No obstante, los nuevos cinco magistrados que se integraron a la derruida
CSJ, han hecho varias promesas. Al igual que en otros casos, será el tiempo
el que se encargue de medir el impacto de esta renovación parcial en el
máximo Órgano de justicia del país. Entre los nombrados, destacan el ex
Procurador General de la República, Mirna Perla y Marcel Orestes Posada. Los
demás elegidos son Ulices del Dios Guzmán y Néstor Castaneda. Está por verse
la incidencia que éstos puedan tener en la CSJ durante los próximos años.
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