Falso éxito para ocultar fracasos

La propuesta de reforma institucional de FUSADES

Recientemente, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), presentó su proyecto de reformas para El Salvador, con el objetivo de apuntalar las “bases para el desarrollo” del país. La denominada “Estrategia económica y social 2004-2009” —como se titula el documento empresarial— merece analizarse y es perentorio reflexionar sobre las distintas propuestas en ella contenidas. Sin embargo, no está de más situarla en su propio contexto. Se tiene que leer como una propuesta más. No tiene por qué ser calificada de antemano como la mejor, ni mucho menos como la que todos los candidatos a la presidencia tienen que llevar bajo el brazo en su carrera hacia Casa Presidencial.

Estado general de la educación en El Salvador a finales de 2003

Casi una década ha pasado desde que inició la última reforma educativa en El Salvador. Algunos resultados positivos, a juicio de los gestores de la reforma, ya están a la vista: aumento de la cobertura escolar, avances en la alfabetización y mejoras institucionales en la gestión educativa. Sin embargo, atendiendo a los informes publicados en los últimos dos años, los desafíos aún siguen superando a los logros, razón por la cual resulta quimérico sostener un discurso triunfalista en torno de la situación general de la educación, al cierre del año 2003.

Acelerando en la recta final del CAFTA

Había muchas cosas presagiaban que la última ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica y los Estados Unidos terminaría en un punto muerto, sobre todo por los desencuentros alrededor del tema del agro y los productos textiles, lácteos y avícolas. Las tensiones que afloraron en los primeros intercambios entre los delegados centroamericanos y estadounidenses hacían prever cualquier cosa, menos un final armonioso. Sin embargo, la marcha contra el reloj por llegar a acuerdos en las fechas que Estados Unidos había definido desde un principio, allanó el camino. Aunque no totalmente: las negociaciones cerraban con varios puntos pendientes de acuerdo, aunque muchos de los medios de comunicación ya anunciaban la firma de acuerdos globales.
 

Reporte IUDOP

Evaluación del país a finales de 2003 y perspectivas electorales para 2004

Al cierre del año 2003, los problemas económicos nacionales y la criminalidad siguen dominando las preocupaciones de los ciudadanos salvadoreños, según revela la más reciente encuesta de opinión realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA). El sondeo, efectuado con los propósitos de recoger la opinión de los ciudadanos sobre la situación general del país y de conocer las preferencias políticas y las percepciones sobre los comicios de marzo próximo, se llevó a cabo entre el 29 de noviembre y el 7 de diciembre del año en curso, con una muestra total de 1,266 entrevistas a adultos, representativa de toda la población de 18 años y más que viven en el país. El sondeo posee un error muestral del más/menos 2.8 por ciento.

Luego de que la opinión pública sobre los problemas del país fuera dominada por los temas de seguridad a lo largo de la segunda mitad del año, la encuesta revela que al cierre de 2003, la economía sobresale más en las preocupaciones públicas de los ciudadanos salvadoreños.

Más del 58 por ciento de los salvadoreños señalan problemas como el desempleo, la pobreza, la inflación, la dolarización y la situación económica en general. Los problemas vinculados con la seguridad pública, en cambio, son señalados por un poco más del 30 por ciento de la gente, ubicando a este tema en un distante segundo lugar.

De hecho, las opiniones sobre la delincuencia en el país señalan un cambio importante con respecto a las tendencias observadas en años anteriores. Casi el 42 por ciento de los salvadoreños dijo que la criminalidad en el país disminuyó con respecto al año anterior, mientras que el 22.8 por ciento sostuvo que el problema de la delincuencia se mantuvo igual durante 2003 y un 35.3 por ciento señaló que el problema aumentó en este año que termina. A pesar de que las opiniones se encuentran repartidas, éste es el primer año en el cual la opinión de que el crimen ha aumentado no constituye la mayoritaria.

Cuando se trata del nivel de victimización que han sufrido los salvadoreños a causa de la violencia criminal, las respuestas de los encuestados muestran que el 16 por ciento de los mismos han sido víctimas directas de algún hecho delincuencial. Este nivel de victimización es similar a los registrados por las encuestas de cierre de año de 2000 y 2001.

Sobre este mismo tema, el sondeo de la UCA revela que el apoyo de la población hacia el Plan Mano Dura sigue siendo muy elevado, aunque la Ley Antimaras pueda estar reñida con los preceptos constitucionales. De hecho, a los ciudadanos se les preguntó si se debía apoyar el plan impulsado por el gobierno aún si éste contradecía a la Constitución del país. En este sentido, las respuestas mayoritarias fueron que sí. Casi el 80 por ciento de los salvadoreños dijeron que con tal de garantizar la tranquilidad ciudadana era necesario apoyar el Plan Mano Dura, aún cuando éste viole algunas libertades y principios constitucionales.

En el ámbito de lo económico las opiniones son menos optimistas. Menos del 10 por ciento de la gente piensa que la pobreza disminuyó en el país durante el año 2003, mientras que el 47 por ciento de los salvadoreños consideran que la misma aumentó y un 43.5 por ciento piensa que se mantuvo igual. La mayor parte de las opiniones sobre la situación económica general del país y particular de los ciudadanos se concentra alrededor de la continuidad y el pesimismo. El 43.6 por ciento de la gente piensa que la situación económica del país siguió igual durante el 2003, mientras que un 41.9 por ciento considera que empeoró. Sólo el 13 por ciento de la gente cree que la situación económica del país mejoró. En el ámbito familiar, la mayoría de percepciones son que la situación se ha mantenido igual, aunque hay un poco más de la cuarta parte de la gente para quien las cosas han empeorado en lo particular.

En tal sentido, las expectativas para el próximo año sobre la situación económica del país son más bien reservadas. Casi el 37 por ciento de los encuestados dijeron que la situación económica del país va a seguir igual el próximo año, mientras que un 22 por ciento dijo que estaría mejor y un porcentaje parecido dijo que estaría peor. Sólo una minoría de los consultados, el 2.4 por ciento, dijo que la situación dependerá del resultado de las elecciones.

La encuesta exploró también la opinión de los ciudadanos sobre los tratados de libre comercio y su impacto en el combate contra la pobreza. El 43.1 por ciento de la gente respondió que los tratados ayudarán a combatir la pobreza, mientras que le 28.3 por ciento cree que, por el contrario, aumentarán los niveles de pobreza y un 18.5 por ciento que sostuvo que los tratados comerciales no tendrán ningún efecto sobre dicho problema. Sin embargo, cuando fueron consultados acerca de quiénes se beneficiarán más de los TLC, las respuestas más frecuentes fueron “los ricos” (31.8 por ciento) y “las grandes empresas” (26 por ciento). Sólo el 7 por ciento mencionó a toda la población como los beneficiarios de los acuerdos comerciales.

El estudio de la UCA revela que lo económico sigue siendo el aspecto más criticado del gobierno de Flores. De hecho, cuando se preguntó a la gente sobre la promesa que hizo el gobierno en abril pasado de estudiar la implementación de ciertas medidas económicas como aumentar las pensiones, revisar el salario mínimo y bajar el costo de la electricidad, la mayoría de la gente (el 69.8 por ciento) respondió que el presidente no ha cumplido con su promesa de revisar esos aspectos de orden económico; por el contrario, el 15.4 por ciento contestó que sí cumplió y el 10.5 por ciento dijo que sólo cumplió en parte.

Sin embargo, cuando se trata de evaluar en términos generales el desempeño del gobierno, los ciudadanos ofrecieron más opiniones positivas que negativas. El 42.1 por ciento de los ciudadanos encuestados señalaron que Flores esta gobernando bien al país, mientras que el 32 por ciento sostuvo que está gobernando mal. Casi una cuarta parte de la gente optó por decir que el presidente Flores gobierna ni bien ni mal. Mucha de esa evaluación general parece estar basada más bien en las percepciones sobre los logros en seguridad pública que en el tema económico.
Dadas las circunstancias de campaña electoral, la encuesta de la UCA también preguntó a los ciudadanos su opinión por la forma en que el FMLN está conduciendo las municipalidades que gobierna. El 40.7 por ciento dijo que ese partido está gobernando bien tales municipalidades, mientras que el 22.3 por ciento dijo que está gobernando mal. El 26.3 por ciento dijo que está gobernando ni bien ni mal y el 10.7 por ciento se abstuvo de responder a la pregunta.

Preferencias políticas
En el ámbito electoral, la encuesta cursada por el IUDOP abordó varios aspectos relacionados con las elecciones del próximo año. En general, el interés por asistir a votar se mantiene un poco más alto que en procesos anteriores, pero la confianza en el proceso electoral sigue siendo muy baja. Cerca de la mitad de la gente tiene poca o ninguna confianza en los próximos comicios y un 45 por ciento de la gente cree que a pesar del uso del DUI en las próximas elecciones, éstas seguirán siendo poco transparentes.

En el ámbito de preferencias políticas de los ciudadanos, la encuesta de la UCA muestra que ARENA y su candidato continúan a la delantera. Preguntados sobre el mejor candidato a presidente independientemente del partido político, el 46.5 por ciento de los encuestados señalaron a Tony Saca, mientras que el 18 por ciento prefirió a Schafik Handal y el 12 por ciento se refirió a Héctor Silva, quien ahora aparece en tercer lugar en el orden de personalidades. Un poco más del 20 por ciento no mencionó a candidato alguno. Por su parte, preguntados sobre los candidatos a la vicepresidencia, las respuestas de los ciudadanos ponen a Vilma de Escobar en el primer lugar con el 26.5 por ciento, seguida de Guillermo Mata con el 18.5 por ciento y Ana Cristina Sol con el 13.4 por ciento. Solamente el 1.6 por ciento mencionó a Genaro Ramírez. El resto de la gente (40 por ciento) no mencionó a personaje alguno.

La encuesta de la UCA señala que el partido ARENA es mejor visto en ámbitos como el combate a la delincuencia y la creación de más fuentes de trabajo; mientras que el FMLN logra sus mejores opiniones en el electorado cuando se trata del control de los precios de los servicios y la reducción de la pobreza.

Cuando se trata de la intención de voto, los resultados de la encuesta de la UCA muestran a ARENA con el 38.1 por ciento de las intenciones de voto, seguido del FMLN con el 23.1 por ciento. La Coalición PDC-CDU concentra a finales de 2003 solamente el 5 por ciento de las intenciones, mientras que el PCN se queda sólo con e 1.5 por ciento de los votos posibles. Sin embargo, casi la tercera parte de la gente se abstuvo a señalar su intención de voto diciendo o que no votarían por partido alguno o que no saben aún cómo votarán.

La pesquisa de la UCA profundizó en las razones que tienen los ciudadanos para decidirse a votar por un partido o por otro. En el caso de los que dijeron que votarían por ARENA, las razones más frecuentes están relacionadas con la simpatía hacia el partido (26.8 por ciento), con la imagen del candidato (17.4 por ciento), con la percepción de que ARENA ha hecho obras (10.2 por ciento) y con la idea de que es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer (8.3 por ciento).

Por otro lado, quienes dijeron que votarían por el Frente argumentaron fundamentalmente la necesidad de un cambio en el rumbo del gobierno (46.9 por ciento) y señalaron la simpatía por el partido (22.3 por ciento). En el caso de la Coalición CDU-PDC, las razones predominantes tienen que ver con la figura del candidato, lo cual fue señalado por más del 50 por ciento de los potenciales electores de la coalición de centro.

En resumen, la encuesta cursada por la UCA con el fin de recoger las opiniones de los salvadoreños sobre la situación del país al cierre de 2003, revela muy pocos cambios con respecto a años anteriores. Los ciudadanos siguen muy preocupados por la situación económica del país, en especial por desempleo y la pobreza; un porcentaje importante de los salvadoreños considera que la pobreza aumentó durante el año que recién termina y la mayoría de ellos no vieron mejoras en las condiciones económicas nacionales y particulares.

En el tema de la delincuencia, aunque casi un tercio de la gente continúa señalándolo como el problema principal, un segmento importante de la población considera que el problema del crimen ha disminuido en 2003. Esto es producto en parte del apoyo con que ha contado el plan antimaras impulsado por el gobierno en el último semestre del año. Sin embargo, la encuesta misma registra niveles de victimización que ya se habían alcanzado en años anteriores.

En el ámbito de las preferencias políticas, los números siguen favoreciendo al partido gobernante, aunque —con respecto a la medición anterior del IUDOP—la distancia entre ARENA y el FMLN se habría reducido como producto de un leve descenso en ARENA y un pequeño aumento en el caudal del FMLN. La Coalición CDU-PDC y el PCN no logran, por el otro lado, posicionarse en las preferencias políticas de los ciudadanos.

Preso el perro, no se acabó la rabia

Tras la captura del “enemigo mundial número dos” el pasado sábado 13 de diciembre, los gobiernos que participaron en la invasión de Iraq y participan en su “reconstrucción” —incluido el salvadoreño— se rasgan ahora las vestiduras queriendo montar otro circo mediático. Primero tuvieron que inventarse el de las armas de destrucción masiva; para bochorno de quienes sostenían su existencia, éstas continúan sin aparecer. Y hoy, tras la ridícula detención del sátrapa Sadam Hussein, quieren hacernos creer que sí son países respetuosos de la legalidad internacional. Pese a que la captura ha sido sospechosamente pacífica y el trato ofrecido al prisionero prácticamente humillante, es ahora cuando todo el mundo reconoce que es un déspota y un criminal no obstante que —hace un par de décadas— los cadáveres que cosechaba su gobierno casi nadie los quería ver, debido al jugoso negocio petrolífero que representaba proteger a Hussein. Cuando la adquisición del “oro negro” estuvo en peligro, Sadam dejó de ser “amigo” para convertirse en terrorista y cómplice de terroristas.

Si bien el conflicto de Iraq nos queda geográficamente lejano, la experiencia latinoamericana de dictaduras y conflictos armados nos permite ver con claridad cómo la primera potencia mundial continúa repitiendo los mismos patrones de conducta y cayendo en los mismos errores. Es ya una práctica habitual del gobierno de los Estados Unidos de América el poner tiranos cuando son útiles a sus intereses; igual de común resulta derrocarlos cuando dejan de serlo, justificando con ello la necesidad de su intervencionismo: Trujillo, Videla, Pinochet, Stroessner, Ríos Montt, Noriega… La lista se hace interminable. Para el caso que nos ocupa, fue en los años setenta del siglo pasado cuando impulsaron la subida al poder de Hussein, para tener un aliado geoestratégico en la región occidental de Asia. Después, en los ochenta, llegó el momento del suministro de armas químicas y de destrucción masiva por parte del propio gobierno estadounidense; y ahora éste mismo ha conseguido deponerlo y capturarlo, pero continúa con una misión imposible: buscando la manera más decorosa de justificar la invasión.

Además, nos encontramos ante una colosal campaña publicitaria que pretende constantemente justificar lo injustificable, mediante un manejo alevoso del doble lenguaje. Al parecer, el gobierno que preside Bush junior —según anuncia a través de sus medios mundiales de difusión— tiene previsto ahora colaborar con el pueblo iraquí. Para ello, esperan que sea sometido a un juicio público el destituido dictador Hussein, dentro de estándares internacionales de imparcialidad que no siempre han sido apreciados por la Casa Blanca. Por tanto, para poder entender realmente lo que se quiere es necesario dejar —al menos—tres cosas claras.

En primer lugar, si el actual gobierno estadounidense hubiera colaborado o colaborase sinceramente con el pueblo iraquí el lanzamiento de las letales bombas de racimo en su contra no habría ocurrido; pero sí se dio, masacrando miles de víctimas inocentes entre la población civil; “daños colaterales”, según su lenguaje. Tampoco hubiera burlado las normas mínimas contempladas por el derecho internacional humanitario de manera tan soberbia. El trato dado a otros prisioneros de guerra, que ahora pretenden sea diferente al del tirano capturado, se encuentra bastante lejos de estar apegado a Derecho. Buena muestra de ello son los cientos de personas capturadas tanto en Afganistán como en Iraq; pese a las denuncias públicas internacionales, todavía permanecen en calidad de prisioneros de guerra cientos de éstas en la base militar de Guantánamo, Cuba. En realidad, esa gente se encuentra secuestrada por tiempo indefinido, violentándose con ello sus derechos humanos más elementales.

En segundo lugar, si en verdad fuera respetuoso de esa legalidad que ahora “dicen” querer acatar, Estados Unidos de América no habría manipulado hasta la saciedad las decisiones acordadas en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; fue gracias a la enorme presión ejercida que, finalmente, este último le permitió a la Casa Blanca contar con un respaldo “legal” para ejecutar su particular agresión internacional. Es necesario recordar de nuevo que las potencias integrantes de la coalición invadieron Iraq, con el fin de recuperar para occidente los jugosos yacimientos petrolíferos ahí ubicados; además, como reconocieron públicamente y sin rubor alguno, querían mantener el modelo de vida occidental.

Y en tercer lugar, el juicio público anunciado con la creación reciente de un tribunal especial iraquí genera desde el inicio serias dudas sobre su legitimidad y credibilidad. Dicho juicio, como ya se mencionó, cumpliría con los estándares internacionales de imparcialidad según sus promotores estadounidenses; sin duda, eso entra en abierta contradicción con lo que —por lo general— ha sido su práctica.

Cabe señalar que la experiencia salvadoreña nos obliga a ser escépticos, para no pecar de ingenuos o tontos, respecto a este tipo de tribunales ad hoc. Prueba de ello es el “show” organizado tras la masacre de Ignacio Ellacuría y siete personas indefensas más dentro de la UCA. Fue gracias a la solidaridad internacional y la enorme presión que se ejerció sobre el poder real en el país, que se llegó hasta los tribunales. Sin embargo, las innumerables trampas y la violación constante de principios básicos del debido proceso posibilitaron que únicamente dos militares fueran condenados, para luego ser amnistiados. Y del enjuiciamiento de los autores intelectuales, hasta el momento nadie quiere responsabilizarse.

Algo huele a podrido cuando el mencionado tribunal especial para juzgar a Sadam fue creado, “casualmente”, una semana antes de su captura. Sin duda esto es una clara indicación de que se quiere asegurar un veredicto condenatorio para sólo para ciertos reos. Pero si existe un lugar apropiado para juzgarlo conforme la legalidad internacional exige, ése es el Tribunal Penal Internacional (TPI). Obviamente, el gobierno de los Estados Unidos de América está más interesado en que sea un tribunal especial el que lo haga y no el TPI. De ello depende el que sus militares y los de la coalición —entre éstos los salvadoreños— estén a salvo de poder ser sometidos a un juicio que sí cumpliría con todas las garantías del debido proceso.

No obstante la captura del dictador en situación de retiro —como otros de estas tierras tropicales— hay que recordar que si bien algunos cantaron victoria cuando cesaron los bombardeos, la resistencia a la ocupación continuó. Por tanto, en contra del conocido refrán, aunque se capturó al “perro”, la “rabia” permanece entre buena parte de la población frente a la ocupación de su país por tropas internacionales, viendo cómo su mayor fuente de riqueza se marcha impunemente fuera de sus fronteras.

Además del estadounidense, gobernantes de diversos países ya se lanzaron a hacer declaraciones públicas sobre el juzgamiento de Sadam. Acá en el país, Francisco Flores —congratulándose con la espectacular captura y aceptando su enjuiciamiento público— dijo: “La captura de Sadam Hussein es un tema de justicia y esperanza para el pueblo iraquí”. Señor presidente: o no piensa bien lo que habla, o está de acuerdo con nosotros. Porque la justicia debe ser como la muerte: nadie debe escapar de ella. Si Hussein es juzgado por los aberrantes crímenes que se cometieron durante la dictadura que él mismo comandó —con el visto bueno de los Estados Unidos de América— también deben ser juzgados y condenados los demás criminales que han participado en esta guerra: George W. Bush y el resto de mandatarios de la coalición internacional que le apoyaron.

Asimismo, si Flores reclama que el capturado Sadam sea juzgado por criminal, también debe favorecer con el mismo entusiasmo el juicio y castigo de aquellos que —sin perjuicio de ser de uno u otro bando— ensangrentaron hasta la locura nuestro territorio durante más de doce años. Para empezar debería pedir que juicio y condena de los responsables últimos de la masacre en la UCA: el ex Presidente Alfredo Félix Cristiani; los generales René Emilio Ponce, Rafael Humberto Larios y Juan Rafael Bustillo, así como los coroneles Francisco Elena Fuentes, Juan Orlando Zepeda e Inocente Orlando Montano. Qué señor Flores, ¿le va a entrar a ese reto con la verdad y la justicia en nuestro país? ¿O sólo se trata de más retórica? Seguro que es más de lo mismo: “candil de la calle y oscuridad de su casa”.