PROCESO — INFORMATIVO SEMANAL EL SALVADOR, C.A.

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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

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Año 24
número 1076
diciembre 2, 2003
ISSN 0259-9864
 
 
 
 

ÍNDICE



Editorial: Sin cambio es imposible hablar

Política: ARENA y la violencia electoral en el nororiente de Chalatenango

Economía: Una lectura del Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2003

Regional: Un vistazo centroamericano a los planes gubernamentales para la represión de las pandillas (II)

Derechos Humanos: Carta abierta sobre la Ley Antimaras

Documento: Respeto y apoyo para la PDDH

 
 
Editorial


Sin cambio es imposible hablar

 

Las dirigencias de ARENA y del FMLN se culpan mutuamente de los incidentes violentos que ya caracterizan la campaña electoral. Al parecer, ninguna de las dos es responsable de lo sucedido, las dos habrían dado instrucciones a sus seguidores de no agredir a los del contrario, los dos grupos habrían sido provocados por éste, ninguno de los dos pudo impedir la provocación del otro y las dos dan explicaciones poco convincentes sobre los hechos, más bien los utilizan para esgrimirlos contra el adversario y así continuar la campaña electoral en otro nivel. Es decir, las dos dirigencias mienten o ninguna de ellas controla a sus seguidores, lo cual es inverosímil, puesto que ambas se precian mucho de su disciplina interna. Es muy difícil pensar que estos incidentes son simples iniciativas de los seguidores de ambos partidos, al menos éstos han ocurrido en un contexto de lucha agresiva, promovido por ambas dirigencias y que tienen muy poco que ver con unas elecciones que debieran ser una “fiesta cívica”, tal como gustan referirse a ellas. Ciertamente, estos incidentes no han sido impulsados por unas fuerzas sobrenaturales incontrolables para las dirigencias.


El nuevo incidente refleja la intolerancia de ambos partidos. Los seguidores de ambos no pueden encontrarse sin insultarse, ni agredirse. En una sociedad fundamentalmente violenta resulta normal una campaña electoral dominada también por la violencia. Los dos partidos son prepotentes e inseguros al mismo tiempo. Prepotencia de ARENA que se considera con derecho para pintarrajear todo el país, en abierta violación a las leyes, que protegen la propiedad privada y pública. Penetrar en territorio del adversario, porque los municipios son considerados, por ambos partidos, propiedad privada de aquel que lo gobierna, y dejar plasmada su huella en paredes, calles y postes hubiera sido una incursión exitosa, una muestra palpable de su poder para avasallar, ahí donde se lo propone. En esto, ARENA no se diferencia de las marchas y manifestaciones del FMLN, que también dejan su huella ahí por donde pasan. Pintan, porque se consideran propietarios de lo público y lo privado. Prepotencia del FMLN que se considera con derecho a decidir quién puede transitar y hacer propaganda en lo que considera su territorio y que se considera con derecho a agredir a quien no respeta su ley. Los dos partidos imponen su voluntad por la fuerza de su poderío y no por la fuerza de la razón y del convencimiento. Ambos pretenden imponerse por la fuerza para defender la democracia.


Paradójicamente, esta manifestación de poder es reflejo simultáneo de inseguridades profundas. Por un lado, la incertidumbre que se ha apoderado del más fuerte, que teme perder el control del Poder Ejecutivo. En efecto, si ARENA está tan seguro de su causa, no necesita avasallar, sino convencer a quienes aún le niegan el voto para consolidar su ventaja y cumplir con su aspiración de ganar, en primera vuelta. Si ARENA está tan convencido de su causa, cuando busca el voto en una zona donde predomina el adversario, debiera ser más precavido, porque con la manifestación de su poderío, no conseguirá más votos, sino que provocará rechazos y agresiones. A no ser que, en realidad, lo que pretendía era humillar, lo cual contradice la promesa de su candidato, quien proclama la humildad y la cercanía como virtudes de primer orden. Si el FMLN está tan convencido del triunfo de su causa por el cambio, no debiera impedir que el adversario diera a conocer sus promesas. Dado que la población está convencida de la necesidad de ese cambio y los votos ya los tiene asegurados, la propaganda de aquél no le hará mella. Ahora bien, si el discurso del adversario le molesta, es que no está tan seguro de los votos que dice tener o será que el otro no tiene derecho a hacer sus promesas, por la sencilla razón de no pensar como él.


Si ARENA se mantiene en el poder, es porque la gente vota por él. La batalla se libra en las urnas y no con insultos, ni a pedradas, ni con armas de fuego. La población es la que debe decidir si acepta o rechaza las promesas que le hacen. Es entendible que haya sectores importantes de la población muy molestos con las políticas del gobierno de ARENA, pero eso no justifica la agresión, bajo ningún punto de vista. Es entendible que haya sectores, también importantes, a quienes el candidato del FMLN les provoca rechazos, pero eso tampoco justifica la violencia. El diálogo no se promueve desde la prepotencia, ni con hombres armados. Así no se puede hablar. El cambio no se promueve con la imposición violenta. Si algo necesita cambiar es el recurso a la violencia para resolver las diferencias y los conflictos.


Mientras tanto, en San Salvador, un Tribunal Supremo Electoral impotente alecciona a los partidos políticos sobre su obligación de desarrollar una campaña cívica, al mismo tiempo que los amenaza con la Fiscalía General y la Policía Nacional Civil. Pero es de sobra sabido que estas advertencias son parte del cuadro general. Así, él también puede alegar que advirtió, aunque no tenga capacidad alguna para impedir el abuso y la violencia electoral. Como es natural, dado que está integrado por los representantes de los mismos protagonistas de los incidentes, tiene versiones encontradas que lo paralizan. Ni siquiera cuenta con un procedimiento interno que le permita actuar con agilidad y eficacia, en estos casos, lo cual, por otro lado, es muy práctico, porque puede neutralizar cualquier decisión o pronunciarse, según las conveniencias del partido que lo controla. Para salvar su papeleta, traslada su responsabilidad a la Fiscalía General y a la policía. Pero de la primera no se puede esperar gran cosa, puesto que ni siquiera puede proteger a su gente, ni a sus testigos de los criminales. La policía, por muy amenazadora que parezca, también es impotente. De los incidentes violentos ocurridos en Chalatenango tiene dos versiones encontradas. Aparte de que no fue capaz de impedirlos, ni de prevenirlos, aun conociendo de antemano la tensión existente. Nadie se ha ocupado por clarificar esas versiones y así ha predominado, por influencia mediática, la versión de ARENA.


Reclamar que estos sucesos no debieran darse por ser cosa del pasado, como hace ARENA, es simple retórica, porque los dos partidos están prisioneros de él. Es evidente que los del FMLN tampoco pondrán la otra mejilla, pues no se rigen por criterios evangélicos. Pero si ambos son demócratas, debieran hacer uso de la razón.

G

 

Política


ARENA y la violencia electoral en el nororiente de Chalatenango

 

Con titulares tan sensacionalistas como irreales amanecieron los periódicos del pasado viernes 28 de noviembre sobre los incidentes que ocurrieron, principalmente, en San José Las Flores, Guarjila y Arcatao, en el nororiente del departamento de Chalatenango. Algunos, incluso, interpretaron los hechos en términos de un ataque preparado por el FMLN a la caravana de Elías Antonio Saca. René Figueroa, el vicepresidente de Ideología de ARENA, se mostró extrañado ante el hecho. No sólo rechazó la violencia efemelenista, sino que llamó a las autoridades electorales y policiales a poner fin a las agresiones. En su opinión, “el partido ARENA ha sido tolerante y respetuoso y ha manejado una campaña de altura; [mientras que] el FMLN ha sido intolerante, ha agredido a nuestra gente. Suponemos que es ante el descalabro que están enfrentando en las encuestas que vemos a un FMLN desesperado”.

G

 

Economía


Una lectura del Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2003

 

Cuando en las portadas de los principales periódicos del país se leen titulares como los siguientes: “El Salvador ha reducido la pobreza en un 22%”, o “Informe del PNUD destaca avance logrado en una década”, se envía un mensaje claro a la población salvadoreña: la situación en términos de desarrollo humano en el país, aunque no lo parezca, ha mejorado sustancialmente. Al menos esto es lo que parece plantear el Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2003 (IDHES 2003).

G

 

Regional


Un vistazo centroamericano a los planes gubernamentales para la represión de las pandillas (II)

 

Nicaragua y Costa Rica presentan patrones distintos a los de Guatemala, Honduras y El Salvador. En primer lugar, porque nos encontramos ante países que no acarrean la tradición de autoritarismo como los mencionados. Costa Rica, por ejemplo, ha sido tradicionalmente una sociedad donde la institucionalidad democrática se ha consolidado cuando menos desde mediados del siglo XX. En lo que toca a Nicaragua, hay que decir que el derrocamiento del somocismo, primero, y la alternabilidad política pacífica que facilitó el sandinismo, después, han posibilitado un marcado protagonismo de la sociedad civil en la vida pública, con todo y las dificultades socio-económicas y políticas que enfrenta el país.

G

 

Derechos Humanos


Carta abierta sobre la Ley Antimaras

 

Según se observa el desarrollo de la campaña electoral, todo indica que mientras las encuestas de opinión sigan ofreciendo como resultado el gane del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) en primera vuelta, los operativos policiales de limpieza social se mantendrán constantes y publicitados. Tal parece, que la estrategia proselitista arenera está diseñada, como en ocasiones anteriores, para seguir lanzando cuantas cortinas de humo sean necesarias, en caso de que el principal partido de oposición cobre un inesperado protagonismo. Así, en actos muy vinculados al proselitismo arenero, el todavía presidente de la república, Francisco Flores, sigue promoviendo nuevas medidas y reformas para combatir a la delincuencia juvenil organizada.


Así es como se han manejado siempre los hilos del poder oscuro en nuestro país: si el capital agarra gripe, ARENA y el Ejecutivo guardan cama. El más reciente espectáculo lo tuvimos apenas dos semanas atrás cuando Flores intentó imponer su criterio sobre las decisiones de los miembros de la judicatura. El bochornoso “show” que ofreció, ha tenido eco incluso fuera de nuestras fronteras. La prestigiosa organización defensora de los derechos humanos, Amnistía Internacional, ha publicado una “Carta abierta sobre la Ley Antimaras” en la que manifiesta su profunda preocupación por estas medidas impulsadas por el binomio ANEP-ARENA. Les ofrecemos los extractos más destacados de ésta, así como también los que se contienen en las conclusiones finales del informe especial presentado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en el que se evalúa a la Policía Nacional Civil hacia el respeto que esta tiene a los derechos humanos.


“En esta carta abierta queremos exponer nuestras preocupaciones respecto a esta ley y otros temas relacionados. Amnistía Internacional considera que la Ley Anti Maras (en adelante LAM) contraviene tanto la Constitución de la República, como también instrumentos y tratados internacionales de los cuales El Salvador es Estado Parte. Nos preocupa asimismo que se esté socavando la independencia del Poder Judicial y se esté atacando a jueces por sus decisiones con relación a esta ley.


Son también de profunda preocupación para Amnistía Internacional los ataques que altos funcionarios de gobierno han lanzado contra el Poder Judicial. Ninguna autoridad debe pretender influir las decisiones de los jueces. El artículo 185 de la Carta Magna, señala que ‘corresponde a los tribunales, en los casos en que tengan que pronunciar sentencia, declarar la inaplicabilidad de cualquier ley o disposición de los otros órganos contraria a los preceptos constitucionales’. En consecuencia, no solo es una atribución sino una clarísima obligación de los jueces salvadoreños el no aplicar la LAM en todo lo que advierten que ella se opone o es contraria a las normas constitucionales.


Las críticas y ataques que viene haciendo aquella importante autoridad desde el Poder Ejecutivo a los miembros del Poder Judicial por sus decisiones relacionadas con la LAM, claramente violan lo establecido en esa norma constitucional. Aún más, declaraciones atribuidas al presidente de la República, tales como ‘Los jueces, que dicen que no pueden aplicar la ley, al final se colocan del lado del criminal’. ‘Vamos a luchar hasta superar todos los obstáculos que nos ponen los políticos y los jueces que protegen a estos criminales’ son inapropiadas e indisponen a los funcionarios judiciales con el público en general. Peor aún, los pueden colocar en una posición vulnerable al hacerlos aparecer como amparando el delito, amenazando incluso la seguridad personal de juezas y jueces. Hacemos un llamado para que cesen tales declaraciones y se guarde el respeto debido a los miembros del Poder Judicial.


Amnistía Internacional considera que esta situación no se habría presentado si la legislación que ahora se cuestiona, de haberse considerado necesaria, hubiera sido adecuadamente elaborada y sometida a un estudio cuidadoso tomando en cuenta las obligaciones de respeto a la Constitución y los tratados internacionales pertinentes. Todo indica que no ha sido así, lo cual podría dar crédito a crecientes opiniones acerca de que el interés prioritario para el dictado de la LAM, y la instauración del denominado Plan Mano dura, ha sido político y en especial ‘eleccionario’


Sin embargo, sin profundizar en este tipo de interpretaciones, Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades pertinentes, y en especial a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a que se pronuncie a la brevedad posible y de manera definitiva sobre la cuestión de la “constitucionalidad” de la Ley Antimaras a fin de que se eviten las serias consecuencias que puede conllevar la aplicación de una ley que viola la Constitución y las obligaciones internacionales de El Salvador en materia de derechos humanos; así como la reiteración de los ataques en contra de jueces y juezas para obligarlas a aplicar una ley que, conforme a derecho, resulta insostenible.


Amnistía Internacional está ampliamente consciente de la situación de alta criminalidad que afecta a El Salvador desde hace varios años. Sin embargo, consideramos que la problemática delincuencial juvenil no se puede enfrentar restringiendo el tratamiento solamente a lo penal o punitivo sin tomar en cuenta la situación general en la que ocurre. Claramente, cualquier esfuerzo para solucionar el tema de la violencia de las maras debe comenzar por el análisis de las razones de fondo que la generan incluyendo los problemas económicos, sociales, educativos, la falta de oportunidades y la disponibilidad de armas. A partir de allí entonces se debe desarrollar e implementar estrategias que les den solución. Mientras no se enfrenten estos temas fundamentales las iniciativas como el Plan Mano Dura y legislación puramente represiva como la Ley Antimaras, no harán más que desperdiciar recursos, aumentar la población de las prisiones —que ya están superpobladas— y es muy probable que el problema no se solucionará.


Amnistía Internacional insta a las autoridades salvadoreñas a analizar y atender las razones básicas que han generado el alto nivel de actividad criminal, incluyendo el problema delincuencial entre los jóvenes y que a partir de ahí diseñen y pongan en práctica normas y políticas que lleven a soluciones reales y de largo plazo y no menoscaben el estado de derecho”


A continuación les ofrecemos las conclusiones del informe especial presentado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos el pasado 3 de diciembre, que “La Policía Nacional Civil y el respeto a los Derechos Humanos en El Salvador”, que mucho tiene de relación con el Plan Mano Dura, como se refleja en este.


“A estas alturas, en el año 2003, preocupantes sucesos evidencian que se ha perdido el rumbo original de la policía que signaron los Acuerdos de Paz y el ideal de la reforma constitucional de ellos emanada. Es triste para El Salvador reconocerlo, pero debe hacerse, para que esta situación sea corregida en el futuro con el compromiso de las diversas instituciones que conservan su vocación democrática y de los diferentes sectores de la vida nacional. El Órgano Ejecutivo ha promovido, desde el mes de julio de 2003, operativos policiales que consisten en la práctica de detenciones arbitrarias, masivas y sistemáticas, tras haber declarado una ‘guerra’ en contra de las pandillas o ‘maras’, militarizando las grandes ciudades del país, pues ha incorporado a la Fuerza Armada en tales operativos. Tal iniciativa presidencial ha sido legalizada con posterioridad a su inicio, mediante una ley de emergencia denominada ‘Ley Antimaras’, plagada de evidentes vicios de inconstitucionalidad.


Estas iniciativas han fracasado abrumadoramente, en tanto ni siquiera en el 2% de los centenares de casos remitidos a los tribunales, los jueces ordenan la instrucción en contra de los detenidos, sobre todo a causa de los problemas de inconstitucionalidad de que adolecen las detenciones, o debido a los vicios graves en los procedimientos policiales. Como se ha señalado, esta Procuraduría constató que, con antelación a la aplicación de estas políticas que el Gobierno ha denominado ‘Mano dura’, ya la PNC desarrollaba prácticas de detenciones ilegales sistemáticas, bajo la imputación falsa del delito de ‘resistencia’, sin que tales prácticas violatorias a los derechos humanos hayan demostrado ser eficientes en verdad en la disminución de la delincuencia.


Tanto las políticas de detenciones sistemáticas como la ley de emergencia, parecen estar orientadas a producir apoyo político de una población altamente victimizada por el fenómeno delincuencial y ansiosa de soluciones, pero también orientada a ocultar las graves disfunciones del sistema policial penal que facilita la impunidad de los delitos, como tan reiteradamente esta Procuraduría ha señalado. La irrupción de la tortura y la generalización de los malos tratos o los tratos crueles, inhumanos o degradantes, se encuentran en el actual escenario de las actuaciones policiales, lo que supone un grave retroceso a prácticas que fueron propias de los extintos cuerpos de seguridad. Parecen abiertas las puertas para que la esperanzadora Policía Nacional Civil tienda, cada vez más, a convertirse en un aparato de control poblacional, caracterizado por el autoritarismo y un modelo militarizado. En nada abona esta nueva realidad a la consolidación de la democracia y la paz en El Salvador”

G

 

Documento


Respeto y apoyo para la PDDH

 

Presentamos a continuación un comunicado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) —con fecha del 3 de diciembre de 2003— a través del cual la institución universitaria hace manifiesto su apoyo a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Respeto y apoyo para la PDDH

El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA), a la sociedad salvadoreña y la comunidad internacional EXPRESA lo siguiente:

1. La institucionalidad estatal nacida o reformada mediante la negociación y los compromisos adquiridos por el gobierno y las fuerzas insurgentes, entre abril de 1990 y enero de 1992, fue concebida como herramienta fundamental para el cabal cumplimiento del Acuerdo de Ginebra que planteó —además del fin de la guerra— tres objetivos: el respeto irrestricto de los derechos humanos, la democratización del país y la reunificación de la sociedad salvadoreña.

2. No obstante, durante casi 12 años el Órgano Ejecutivo ha intentado desnaturalizar o limitar el adecuado funcionamiento de algunos de sus componentes esenciales. El progresivo alejamiento de su concepción original en el caso de la Policía Nacional Civil, el permanente desprecio a la labor de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y las campañas de desprestigio contra la legislación o la aplicación de justicia, cuando no favorecen determinados intereses, son algunos ejemplos. En conjunto, de forma ilegítima y falsa, se ha tratado de hacer creer que la defensa de los derechos humanos es la principal causa de la intolerable situación de violencia, delincuencia e inseguridad que afecta a casi todos los sectores sociales.

3. Inquietan, sobre todo, actuaciones y declaraciones recientes de funcionarios públicos que han arremetido contra la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, como parte de una campaña tendiente a neutralizarla en la antesala de las elecciones presidenciales. De esa manera intentan evitar que se difunda la verdad sobre la situación de los derechos humanos, para evitar costos políticos en marzo del 2004.

4. De forma especial, preocupa la intervención directa del Fiscal General de la República en dicha campaña. Entre otros señalamientos, éste inculpó a la titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos por los lamentables hechos ocurridos en el Centro Penal La Esperanza, en diciembre del 2002; pese a que las mismas investigaciones fiscales demostraron que no existía tal responsabilidad, el Fiscal Belisario Artiga la amenazó públicamente con un antejuicio.

5. Son inadmisibles los esfuerzos del Órgano Ejecutivo por legitimar acciones al margen de la Constitución, como el Plan “Mano Dura” y la Ley “Anti Maras”, acusando sin fundamento a la Procuradora de defender sólo a “mareros” y delincuentes. La posición de ésta frente a las citadas medidas —verdaderas “cortinas de humo” para ocultar las graves deficiencias del sistema policial y fiscal en la investigación del delito— explica dichas acusaciones temerarias. Declaraciones en el mismo sentido por parte del Fiscal General de la República, pretenden cubrir deficiencias propias y su responsabilidad en materia de impunidad.

6. Las amenazas contra la Procuradora y otros hechos que en días recientes —coincidiendo con la referida campaña— han afectado su seguridad y la de otras personas cercanas en lo familiar y laboral, se producen de forma grave y creciente en la medida que aquélla ejerce sus facultades constitucionales dentro de las cuales destacan las siguientes: velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos, supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas, emitir opiniones sobre proyectos de ley que afecten el ejercicio de los derechos humanos, y formular conclusiones y recomendaciones públicas o privadas.

Todo lo anterior ha sido señalado, en diversos informes sobre la situación real del país, por el Secretario General de las Naciones Unidas. También dentro de la misma organización internacional, el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobó –el martes 30 de julio del presente año– sus observaciones finales sobre El Salvador; el numeral 13 de este documento, dice literalmente:

El Comité expresa su preocupación ante distintos informes relativos a amenazas recibidas por la Procuradora en el ejercicio de sus funciones. En relación con el artículo 2 del Pacto, el Comité insta al Estado parte a que apoye a la Procuraduría, le otorgue todo su respaldo institucional para velar por su independencia, y le proporcione los recursos materiales y humanos necesarios para que pueda ser plenamente operativa. Igualmente, recomienda que el Estado parte adopte las medidas adicionales para garantizar la seguridad de todos los funcionarios de la Procuraduría en el ejercicio de su labor.

Por lo antes expuesto, el IDHUCA:

I. Exige al Estado salvadoreño, en especial al Órgano Ejecutivo y la Fiscalía General de la República, respeto y apoyo a la labor de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

II. Llama a las organizaciones sociales a cerrar filas en torno a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, por ser ésta pilar fundamental de la verdadera democratización del país.

III. Exhorta a la sociedad salvadoreña a defender la institucionalidad, fruto del sacrificio de innumerables vidas, en el marco de una campaña electoral que inició mucho antes del período establecido por la Constitución y que ya lanzó peligrosas señales de confrontación violenta.


San Salvador, El Salvador,
miércoles 3 de diciembre de 2003.

G

 


 


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