Crisis de última hora

ARENA no domina sus viejos demonios

La noticia se hizo pública el miércoles 12 de noviembre. Sorpresivamente, luego de siete meses a la cabeza del partido oficial, Antonio Salaverría y Mario Acosta Oertel, las dos principales figuras de la cúpula del partido gobernante, renunciaron a sus cargos. El primero, sutilmente presentado el día de su entronización como proveniente del sector agropecuario, y ex presidente de ABECAFE. El segundo, también laureado como empresario agrícola, quien, además, venía de una larga travesía de ostracismo interno, al parecer, debido a sus desavenencias con el presidente Francisco Flores.

El Anteproyecto del Presupuesto General de la Nación 2004

El mapa de prioridades del gobierno salvadoreño para el año venidero ya está definido. Según se desprende del Presupuesto General del Estado 2004, que se ha gestionado a lo largo de los tres últimos meses, el énfasis que se pondrá en las distintas carteras del Estado será cuantitativamente diferente al de años anteriores, pues la correlación de pesos presupuestarios ha cambiado con mayor notoriedad en lo que se refiere a los gastos. La pregunta básica es si esto beneficia o no al país, dado que un mayor o menor gasto público en cualquier área tendrá consecuencias palpables no sólo en el corto, sino en el largo plazo.

Presupuesto General de la Nación

Órganos del Estado y Otras Unidades Primarias

(En millones de US$)

                                                       Presupuesto Votado    Anteproyecto   Variación

                                                                                  2003                             2004                 %

Órgano Legislativo                                                      16.8                         19.2                    14.3

Órgano Judicial                                                            112.4                        137.2                     22.1

Órgano Ejecutivo                                                       1,350.6                     1,410.5                       4.4

Ministerio Público                                                         35.8                          35.6                     -0.6

Otras Instituciones                                                        39.0                          34.9                   -10.5

Subtotal institucional                                               1,554.6                     1,637.4                       5.3

Deuda Pública                                                               444.8                        554.6                     24.7

Obligaciones Generales del Estado                             89.2                          88.0                     -1.3

Transferencias Varias                                                 398.1                        513.9                     29.1

Total                                                                            2,486.7                     2,793.9                     12.4

Fuente: www.mh.gob.sv

Los mártires en los medios informativos salvadoreños

Lo más relevante del XIV Aniversario de los mártires de la UCA en los medios informativos salvadoreños ha sido la disposición de la Compañía de Jesús de interponer una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado salvadoreño, por “negación de justicia”, en el marco del ya emblemático Caso Jesuitas. Pero, más allá de eso, acá se quiere hacer un breve análisis de la cobertura de los medios a la conmemoración de la masacre de 1989, a partir de una premisa fundamental: la innegable división de criterios de los salvadoreños ante el asesinato de los jesuitas y el convencimiento de que, a pesar de los años, las heridas siguen abiertas, no por obstinación de los parientes y amigos de las víctimas, sino por la impunidad prevaleciente en el sistema judicial.

Un vistazo centroamericano a los planes gubernamentales para la represión de las pandillas (I)

El problema de la delincuencia juvenil es una de las preocupaciones comunes de las sociedades centroamericanas. Recientemente, un seminario celebrado en San Salvador por un grupo de organismos del área que trabajan con jóvenes tuvo como objetivo reflexionar sobre qué tipo de respuestas están dando los gobiernos al problema mencionado. Una de las grandes preguntas que surgen es si estos abordajes gubernamentales están enfrentando las causas estructurales de la delincuencia juvenil o si están escogiendo el fácil camino de la represión y la criminalización de la juventud, tal como está sucediendo en El Salvador.

La FAES contra las cuerdas

Mientras en el exterior los militares salvadoreños que conforman el Batallón Cuscatlán, se dedican a labores de “pacificación” en Irak, en nuestro país hay dos noticias que relacionan directamente a la Fuerza Armada de El Salvador (FAES por sus siglas) que se han conocido esta semana: la primera, fue la presentación de una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por retardación de justicia en el caso jesuitas. La segunda es que, sorprendentemente, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia —la misma que sigue sin dar respuesta por el primer caso—, ha ordenado a la FAES a que restituya al mayor Adrián Meléndez Quijano, tras comprobarse que la institución castrense, le dio de baja de manera arbitraria, violentándole derechos constitucionales. Ambos hechos —a los que dedicamos este comentario— evidencian que la situación actual de la institución castrense se sigue cuestionando y que las miradas se vuelven hacia dicho sector con mucha fuerza.

Con respecto al primer suceso, éste supone un punto de inflexión en la persistente e infatigable lucha que han seguido los familiares, así como la comunidad religiosa y universitaria a la que pertenecían los sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras asesinadas. Durante catorce años los afectados han intentado por todos los medios posibles, que se lleve ante la autoridad judicial a los responsables de dar la orden de asesinarlos. De hecho, desde marzo de 2000 existe una denuncia específica —con los nombres y apellidos de los que deben ser sentenciados— y ante ella, las autoridades salvadoreñas, en su conjunto, han continuado impidiendo el acceso a la justicia, a la que toda víctima tiene derecho. Ni la Fiscalía General de la República, que es el órgano encargado de investigar los delitos, ni las autoridades judiciales, han actuado diligentemente en la protección de los derechos humanos de las víctimas. El crimen aún se encuentra en la impunidad, sin que aquéllas instituciones hayan hecho ni el más mínimo esfuerzo por esclarecerlos, en clara violación a las obligaciones internacionales, que en su día, se comprometió a cumplir el Estado de El Salvador.

En esa tenaz tarea es que hace casi dos años fue presentado un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para que de una vez por todas se declarara que la injusticia en el caso jesuitas representa una clara violación a la Constitución de la República. Dicho recurso todavía se encuentra pendiente de resolución. En el trámite, los magistrados de la Sala de lo Constitucional tardaron casi un año en admitir la demanda, pero a la fecha, sigue sin conocerse la opinión definitiva del tribunal sobre el caso. Debido a ello, el 29 de septiembre pasado fue que se presentó un recurso de queja por retardación de justicia, para que la Corte en pleno sancionara la tardanza y ordenara la emisión de la sentencia correspondiente. Sin embargo —como se sabe— ni siquiera ésta ha tenido la delicadeza de estudiar y resolver sobre el escrito presentado.

Es obvio que la Corte —y en concreto su Sala de lo Constitucional— es muy veloz resolviendo los casos cuando afectan al Ejecutivo o a corporaciones poderosas, pero cuando afecta a los ciudadanos y ciudadanas comunes es muy lenta. Basta recordar que en el caso conocido como “Mc Donalds”, resolvió en menos de treinta días el recurso de queja por retardación de justicia que solicitó la transnacional, lo cual evidencia que el trato judicial que se brinda en el país está plagado de discriminaciones: “tanto tienes, tanto vales”. Como de costumbre, el más alto tribunal del país, sigue siendo —en palabras del rector de la UCA, P. José María Tojeira— “temeroso, débil y cobarde”. A sus distinguidos miembros les sigue temblando el pulso y les cuesta tragar saliva cada vez que tienen que enfrentar casos polémicos como este. Por ello, es que recurre al procedimiento de retardación de justicia, para intentar cansar la sed de justicia de las víctimas y sus familiares.

Dice el refrán que “de donde no hay, nada se puede obtener”. Por esta razón, es que hay que comprender, que las víctimas ya no pueden seguir esperando por más tiempo la resolución definitiva del amparo. La paciencia —han dicho algunos— es un “recurso natural no renovable” y, en este caso, la espera a la que han sido obligados a soportar los dolientes es —en sí misma— una clara y evidente violación a sus derechos humanos. Sobre todo, si tomamos en cuenta que ya han pasado catorce años desde que el crimen se encuentra impune, más de tres de haberse interpuesto la denuncia en contra de los autores intelectuales y dos, de estar pendiente la resolución del recurso de amparo.

En el presente caso, se han ido agotando todos los recursos disponibles para cada fase del proceso. Este último recurso dentro del país no ha sido eficaz, por cuanto, después de dos años de su interposición las autoridades aún no resuelven con la sentencia respectiva. Por ello es que, finalmente, se ha decidido denunciar la situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que forma parte de la Organización de Estados Americanos, al cual nuestro país pertenece. De no justificar el Estado, de manera debida, el porqué se sigue sin cumplir con las recomendaciones que en 1999 esta institución emitió, el caso podría pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las consecuencias serían directas, puesto que los mandatos de esta Corte sí que generan obligaciones internacionales de obligatorio cumplimiento. Por lo que el Gobierno tendrá que hacer lo que no hizo en todos estos años de espera.

Y con respecto al segundo caso, el del mayor Meléndez, para conocer mejor el porqué de estas violaciones de derechos constitucionales al interior del ejército, se hace necesario explicar brevemente algunos de los antecedentes más destacados en torno al mismo. Mientras éste se desempeñaba como Jefe del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de la Defensa Nacional —a mediados de 1996— tuvo que mediar en un conflicto que se dio al interior de la FAES. Sin embargo, al querer impulsar la conciliación entre víctima y victimario, esta última —el por entonces mayor Salvador Palacios Castillo— no le perdonó a Meléndez su intervención. Por ello fue que, después de pedidas las disculpas, las autoridades superiores determinaron su arresto y traslado a otra unidad.

A partir de entonces, Palacios Castillo, abusando de su autoridad, se dedicó a hostigar a Meléndez Quijano. Los problemas se sucedieron unos a otros, pasando desde un proceso de evaluación viciado, a arrestos discrecionales y a procedimientos judiciales arbitrarios. Por si esto no fuera bastante, se inició en su contra un proceso para su expulsión del ejército ante el Tribunal de Honor de la Fuerza Armada. Ante el desacuerdo mostrado por el propio Meléndez Quijano por los resultados de la evaluación sobre su desempeño, los miembros de éste le negaron la posibilidad de presentar prueba a su favor. Asimismo, no le permitieron que pudiera presentar testigos a su favor, violentándose así su derecho de defensa y el principio de legalidad procesal; es necesario recordar que este último permite que el juicio se desarrolle en paridad o igualdad de condiciones para las partes, cualquiera que sea el tribunal ante el cual se ventilen los hechos.

En este último proceso, la Sala de lo Constitucional ha reconocido las violaciones a los derechos constitucionales de audiencia y defensa que había sufrido Meléndez Quijano. “Los procedimientos militares o de sus normativas no pueden estar por sobre las garantías que defiende la Constitución” observa claramente el texto de la resolución. En la sentencia, la Sala ordena al Presidente Francisco Flores y a la Fuerza Armada, que reincorpore al oficial a la institución castrense. Sobre este punto, también la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos emitió resolución, en la que reconoce —entre otras cosas— la violación del principio de legalidad y de las garantías de audiencia y defensa, así como el derecho a recurrir.

Todo esto es concluyente para advertir que, pese a los constantes intentos de cambio de imagen de la FAES —participando en labores de mitigación de riesgos, prevención de la salud y grupos de tarea conjunta—, lo anterior es una señal de alerta sobre lo que pueda estar ocurriendo en su interior. Si existe algo claro, respecto al ejercicio del poder militar en un Estado democrático de derecho, es que éste debe tener límites también. Y la razón es bien sencilla: si no se enfrentan las debilidades que le son propias con sus propias reglas, existirá la posibilidad real de tener que “enfrentar las tentaciones de una ‘vuelta al pasado’ o la emergencia de ‘manos duras’ que prometen ilusiones”. Estas últimas son afirmaciones contenidas en el Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá, en el capítulo que hace referencia al desafío de la democratización de los regímenes políticos.

El problema, entonces, radica en que se sigue actuando sobre los efectos y no sobre las causas. En la actualidad, los obstáculos no sólo se encuentran en la determinación de las respectivas responsabilidades judiciales (ya sean militares, penales, civiles) para el superior que, abusando de su autoridad, da una orden ilegal. La principal dificultad está en aquellos militares que aún habiendo sido formados en la Escuela Militar —tras la firma de los Acuerdos de Paz—, y que han estudiado conforme a la nueva doctrina militar, mantienen tradiciones radicalmente opuestas a esta, y que además su práctica es ilegal.

Por ello la Fuerza Armada ha tenido una semana agitada, pues de nada le vale mover cielo y tierra dentro del país para no enfrentar la justicia por la masacre de los jesuitas, ya que la justicia internacional va a conocer de los hechos, y en el caso del mayor Meléndez, la institución militar ha sido vencida y va a tener que obedecer a la autoridad civil. ¿ Lo hará?