Entre el cambio y el candidato, el FMLN escogió el candidato

ARENA en orden de marcha

El pasado domingo 12 de octubre se celebró la vigésima segunda Asamblea General ordinaria de ARENA. En la misma se anunciaron algunos cambios en la dirección del partido, se presentó para su ratificación al candidato Antonio Elías Saca ante las bases y se tomó la decisión de rechazar las alianzas. Dicho de otra manera, el partido oficial asumió que será el ganador de las próximas elecciones presidenciales. El rechazo a las coaliciones, que supuestamente aprobaron las bases, es una expresión clara de esta confianza. Consecuentemente, se podría postular que los últimos cambios en la directiva arenera apuntan hacia la delimitación de los grupos hegemónicos y los intereses prioritarios que defenderá el grupo de Saca.

Los salvadoreños frente a las elecciones presidenciales de 2004

Casi la mitad de los salvadoreños muestra mucho interés en el próximo proceso electoral, según revela la más reciente encuesta de opinión realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) de El Salvador. El sondeo, efectuado con los propósitos de recoger la opinión de los ciudadanos sobre las elecciones presidenciales del próximo año y de conocer las preferencias partidarias de cara a dichos comicios, se llevó a cabo entre el 3 y el 10 de octubre del año en curso, con una muestra total de 1,291 entrevistas a adultos a escala nacional, con un error muestral del más/menos 2.7 por ciento.

La pesquisa revela que, a diferencia de consultas públicas anteriores sobre los procesos electorales, hay un significativo porcentaje de personas que sienten un fuerte interés por las elecciones para elegir el próximo presidente salvadoreño. La consulta pública realizada por la UCA muestra también que en esta ocasión sólo una tercera parte de los salvadoreños dijo tener poco o nada de interés en el proceso electoral. Asimismo, un poco más del 40 por ciento de los ciudadanos consultados por la Universidad Centroamericana mostraron mucho interés por asistir a votar en el próximo evento electoral. Los porcentajes de interés en la participación electoral constituyen los más elevados registrados por una encuesta del IUDOP en los últimos años.

Sin embargo, el interés por los comicios presidenciales no ha estimulado la confianza de los ciudadanos en el proceso electoral. Como en años anteriores, casi la mitad de los salvadoreños piensa que habrá fraude en las próximas elecciones y un porcentaje importante de los ciudadanos (27.2 por ciento) no se encuentra seguro de la transparencia del proceso. Solamente el 26.6 por ciento de la población cree que las elecciones del año próximo serán limpias.

Opiniones sobre la coyuntura nacional
A través de la encuesta, se preguntó a los ciudadanos sobre la situación general del país en la actualidad. Los resultados muestran una opinión mayoritariamente pesimista aunque menos negativa que en años y en consultas anteriores. El 55.6 por ciento de la gente piensa que la situación general del país está empeorando, mientras que un 29.2 por ciento cree que está mejorando, y un 15.2 por ciento opina que la situación del país está igual.

La encuesta reveló además que los salvadoreños siguen señalando los mismos problemas nacionales de siempre: delincuencia, desempleo, pobreza, la crisis económica, etc. Sin embargo y a diferencia de pesquisas anteriores, un porcentaje importante de ciudadanos, uno de cada cinco, señaló particularmente a las maras como el problema fundamental del país.

En este tema, la encuesta consultó a los ciudadanos sobre el Plan Mano Dura y la Ley Antimaras impulsados por el Ejecutivo. El 88 por ciento de los salvadoreños consultados se mostró a favor del Plan Mano Dura, mientras que un 10 por ciento se mostró en contra. Además, la mitad de los consultados cree que el plan en contra de las pandillas dará mucho resultado para reducir la delincuencia provocada por las maras. Sin embargo, cuando se preguntó a los ciudadanos si el gobierno ha impulsado el Plan Mano Dura y la Ley Antimaras con el objetivo político de ganar votos para el partido ARENA, casi la mitad de la población, el 47.6 por ciento contestó afirmativamente, mientras que casi la otra mitad, el 44.6 por ciento, rechazó esa idea.

Otro aspecto importante de la realidad salvadoreña que tiene mucho impacto en la conformación de la opinión pública de carácter político es la conflictividad laboral en torno al Seguro Social. El sondeo de la UCA preguntó a los ciudadanos si creían que el gobierno está cumpliendo con todos los compromisos adquiridos en la mesa de negociación. La mitad de los salvadoreños piensan que la administración Flores no está cumpliendo con los compromisos para resolver el problema del Seguro Social, mientras que el 22 por ciento piensa que el gobierno sí está cumpliendo y un 8 por ciento señaló que el gobierno está cumpliendo sólo con algunos compromisos. El resto se abstuvo de responder.

En el ámbito económico, las opiniones predominantes de la población se concentran en el pesimismo. El 62.7 por ciento de la gente piensa que la situación económica del país está mala o pésima, mientras que el 11.4 por ciento la ve como regular y el 24.7 por ciento considera que la economía nacional se encuentra en buen estado. En lo tocante a la economía familiar, las opiniones están más divididas: el 40.1 por ciento de los ciudadanos señalan que su economía familiar está en mal estado, mientras que el 38.7 por ciento indica que su economía familiar está bien. El 21.2 por ciento califica como regular su propia economía doméstica.

Opiniones sobre los partidos
De cara a la situación social del país, a los salvadoreños se les preguntó si el partido ARENA debería seguir gobernando al país o no. Las respuestas de la población se encuentran divididas casi por la mitad. Cerca del 48 por ciento de los consultados dijo que ARENA debería de seguir gobernando al país, mientras que el 44 por ciento dijo que ARENA no debería gobernar más. Un 8 por ciento de los consultados se abstuvo de responder a la pregunta.

Por otro lado, se preguntó a los ciudadanos si el FMLN representa una oportunidad para gobernar y cambiar al país o, si por el contrario, el FMLN no está preparado para gobernar. Un poco más de la mitad de la gente consultada, el 56 por ciento, dijo que el Frente no se encuentra preparado para gobernar al país, mientras que algo más de la tercera parte de la gente, el 35.8 por ciento sostuvo que el FMLN representa una oportunidad para cambiar de forma positiva al país. El resto de la gente no supo dar una opinión.

Asimismo, se pidió a los salvadoreños que mostraran su acuerdo o desacuerdo con la idea de que la Coalición PDC-CDU constituye una alternativa real para gobernar al país. Los resultados de la encuesta cursada por la UCA indican que un poco más de la mitad de los consultados estuvo en desacuerdo con esa idea, es decir, no creen que la coalición de centro sea una alternativa real de gobernabilidad; en cambio, casi el 40 por ciento de los encuestados sí se mostró a favor de esa idea, señalando que los partidos PDC y CDU sí constituyen una alternativa efectiva de gobernabilidad. El resto de la gente no respondió a la pregunta.

Preferencias partidarias
Uno de los propósitos de la consulta de la UCA fue establecer cómo se están configurando en términos generales las preferencias políticas de los ciudadanos de cara a las elecciones de marzo de 2004, en un momento en el cual los partidos más grandes han iniciado su campaña mucho antes del plazo establecido oficialmente por el Tribunal Supremo Electoral.

Los resultados indican que alrededor del 44 por ciento de los salvadoreños no tienen partido político preferido; el resto de la gente se divide básicamente entre los dos partidos más grandes: ARENA que se lleva el 28.7 por ciento de las preferencias políticas partidarias, seguido del FMLN con el 17.3 por ciento. Los partidos restantes no logran reunir más del 5 por ciento de las simpatías populares: la Coalición PDC-CDU se lleva el 2.2 por ciento de las preferencias políticas, mientras que el PCN el 1.9 por ciento.

Sin embargo, las preferencias partidarias no siempre concuerdan con las intenciones concretas de votar por parte de los ciudadanos. En la definición del voto intervienen varios factores y, en el caso de las elecciones presidenciales, la variable de los candidatos puede jugar un papel importante. Así, la encuesta de la UCA preguntó a los ciudadanos sobre el aspecto que más valoran a la hora de decidir el voto: el candidato o el partido político.

Las respuestas señalan el valor que los salvadoreños atribuyen al candidato. Más de la mitad de la gente señaló que lo más importante a la hora de votar es el candidato; mientras que una tercera parte señaló al partido político. El 10 por ciento indicó que ambos aspectos son igualmente importantes y el resto de la población no supo responder a la pregunta.

En tales circunstancias, el sondeo reveló que el 48 por ciento de los encuestados ven a Tony Saca como el mejor candidato a la presidencia de la república, seguido por el 16.7 por ciento que señaló a Héctor Silva y el 14.6 por ciento que se decantó por Schafik Handal. El resto de la gente señaló que ningún candidato le simpatiza o se abstuvo de contestar a la pregunta.

En sentido contrario, la encuesta de la UCA también preguntó por el candidato por el cual nunca votaría, y en ese caso Schafik Handal reunió un 44.4 por ciento de respuestas de rechazo, seguido de Tony Saca con el 23.5 por ciento y Héctor Silva con el 9.3 por ciento. El resto de la gente dio otras respuestas.

Así, cuando se trata específicamente de las intenciones de voto para las próximas elecciones presidenciales, los resultados muestran una notable ventaja del partido ARENA sobre el resto de los partidos contendientes. De toda la población encuestada, el 41.1 por ciento dijo que votaría por ARENA, el 22.3 por ciento señaló que votaría por el FMLN, el 7.4 por ciento sostuvo que apoyaría al PDC-CDU y sólo el 2.9 por ciento dijo que votaría por el PCN. El resto de la gente se dividió en decir que no votaría por partido alguno y en abstenerse de brindar su intención de voto.

Estos resultados muestran un sensible desplazamiento de las intenciones de voto con respecto a la última encuesta de preferencias políticas realizada por la UCA. Tales desplazamientos han favorecido notoriamente al partido ARENA quien se encontraba en franca desventaja hace sólo cuatro meses. Un dato que puede ayudar a explicar ese desplazamiento es que según los resultados de la actual encuesta, sólo la tercera parte de la población piensa votar por el mismo partido para el que votó en las elecciones legislativas del 2003; el resto de la gente se ha movido en términos de participación: un 35 por ciento de la gente que piensa votar en estas elecciones no votó en los comicios pasados y casi un 12 por ciento piensa cambiar definitivamente su voto. En tal sentido, los cambios en las tendencias electorales se explicarían en buena medida por la aportación de votantes que no asistieron al evento electoral anterior.

De hecho, un análisis de las intenciones de voto en función de la forma en que los mismos ciudadanos votaron en las elecciones anteriores señala que ARENA integra su base potencial de votantes con la mitad de sus votantes en la elección anterior, más un 23.1 por ciento que no votó en las elecciones anteriores y casi un 17 por ciento de personas que votaron por otros partidos en el 2003. En el caso del FMLN, la composición de su voto actual proviene en un 72 por ciento de su propios votantes del 2003, de un 12.6 por ciento de personas que no votaron en las elecciones pasadas y de un 10.1 por ciento aproximadamente que votó por otros partidos. Finalmente, en la configuración del voto del PDC-CDU intervienen fundamentalmente las personas que votaron por otros partidos, en especial el FMLN y ARENA.

En resumen, la encuesta cursada por el IUDOP de la UCA a principios de octubre muestra un escenario inusualmente dominado por cierto interés en el proceso electoral y muestra una correlación política claramente favorable al partido de gobierno. Esta configuración de las preferencias políticas sugiere un fuerte desplazamiento de la opinión pública en los últimos meses. Este desplazamiento parece ser el producto combinado de varios factores. En primer lugar, de la entrada prematura de los partidos a la campaña electoral, lo cual ha sido más aprovechado por ARENA que por el resto de partidos a través del programa de visitas de su candidato al interior del país y de su presentación masiva en los medios de comunicación. En segundo lugar, por las dificultades en la imagen mediática del candidato del FMLN, el cual no ha logrado mantener las simpatías políticas hacia su partido conseguidas hace algunos meses. Y en tercer lugar, y de manera decisiva, por la implementación del Plan Mano Dura por parte del gobierno. Dicho plan no sólo ha contribuido a mejorar notablemente una imagen deteriorada de la administración Flores, sino también ha resucitado las posibilidades de victoria de ARENA.

Abrupta aprobación de la Ley Antimaras

Desde el pasado 9 de octubre, la iniciativa Antimaras del presidente Francisco Flores es ley de la República, gracias a los 43 votos de las fracciones legislativas de ARENA y del Partido de Conciliación Nacional. Este último levantó sus manos pese a haber denunciado, con antelación, la inconstitucionalidad de la misma. Sólo bastó que este último partido se divorciara del enlace que le unía a la bancada efemelenista en el Parlamento y que fuera rechazado por la coalición de centro CDU-PDC para que volviera a su aliado natural: ARENA.

La estrategia norteamericana funcionó

La salida de Guatemala y Costa Rica del G-21 constata el poder disuasivo que tuvo la visita del jefe del comercio exterior estadounidense, Robert Zoellick, a la región. Bastaron unos cuantos días para que los dos países mencionados decidieran abandonar el grupo de países pobres que buscaron mantener una posición conjunta en las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Una posible lectura del acontecimiento es que Centroamérica ha abandonado una oportunidad de hacerse oír en las negociaciones de libre comercio.

Tráfico ilegal de personas

En el recién pasado siglo, durante la década de los ochenta, familias enteras abandonaban el territorio nacional huyendo del conflicto bélico que por doce años asoló al país. Finalizada la guerra y pese a las promesas de construir un nuevo El Salvador, la gente sigue saliendo en igual o mayor cantidad; ya no escapa al extranjero por la violencia política y los combates militares, sino que lo hace por la difícil situación económica y social que afecta a la mayoría de la población. He ahí uno de los resultados más notorios y lamentables de las políticas excluyentes impulsadas por los tres sucesivos gobiernos del Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), a favor de unos pocos y en perjuicio de los muchos que no encuentran oportunidades de desarrollo humano integral y digno en su propio suelo. Es tal la cantidad de salvadoreñas y salvadoreños en el extranjero, que la economía nacional se sostiene gracias a esas personas que un día comprendieron que acá no hay salida posible, ni siquiera para sobrevivir.

Es necesario recordar los escasos datos de referencia acerca del tema. El último censo de población realizado en el país es de 1992. De entonces a la fecha, no existe cifra oficial sobre la población que vive en el país ni acerca de la gente que ha salido de mismo y reside en el extranjero. El gobierno sólo reconoce la cantidad aproximada de dos millones doscientas quince mil personas que se encuentran fuera de El Salvador. Lo demás son aproximaciones y estimaciones. Eso sí, los números son claros respecto al gran aporte que supone para la supuesta “estabilidad macroeconómica” de la que presumen los “areneros”; se trata del dinero remesado por estos que llaman ”hermanos lejanos”. Tan es así que las cuentas gubernamentales no cuadran si no se considera ese enorme monto, que más o menos representa el trece por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Una de las consecuencias directas de la migración es la desintegración familiar. La costumbre es que sea el padre el que migre, mientras la madre realiza acá varios trabajos para que el resto de la familia subsista en espera de las ansiadas remesas. En tal escenario, no pasa una semana sin que aparezca la noticia del caso de uno o varios salvadoreños repatriados a nuestro país después de intentar ingresar —sin éxito— a los Estados Unidos de América. El caso más dramático es el de los niños y las niñas que viajan para reunirse con sus familiares que trabajan allá; sin duda, porque existen trágicas pruebas de ello, es un viaje infinitamente peligroso para esas criaturas. Pese a que sus familiares invierten grandes sumas de dinero en estos desplazamientos clandestinos, la seguridad y las condiciones del viaje son en extremo arriesgadas para todas las personas, pero de manera especial para las y los niños. Durante el trayecto, la mayoría termina siendo víctima de explotación sexual, secuestros, violaciones y maltratos, tanto físicos como psicológicos.

Además de aquellos que han impuesto condiciones de vida tan desfavorables en nuestro país mediante una economía fundada en el lucro egoísta y no en el bien común, hay otros responsables de estas tragedias: los integrantes de las bandas que mueven a nuestra gente del país al exterior. Los procedimientos de los “coyotes” o “polleros” no son nada bondadosos y es la niñez migrante quien sufre las peores consecuencias. Y a eso contribuye la precaria legislación salvadoreña, que resulta propicia para que éstos amasen grandes fortunas a costa de los sueños de los más pobres. Antes del 2001, esta actividad no era considerada un delito. Muestra de ello es la banda liderada por Berta Parada Campos, que operaba desde hace 14 años y se había especializado en llevar niñas y niños; se habla de casi cincuenta por semana. Sin embargo, estos individuos son vistos en sus comunidades como los héroes locales, al haber ayudado a miles de familias a conseguir el “sueño dorado”.

Los casos en que los traficantes de personas son detenidos y puestos en libertad son incontables; es más, hasta el momento no existe uno que haya llegado a la fase de sentencia o el imputado haya sido condenado, pese a que el Código Penal reconoce el tráfico de menores como un delito. A veces, el problema radica en que los jurados de conciencia valoran más la reunificación familiar del menor que la motivación del delito. Además, demostrar con cifras lo peligroso del tráfico de menores hacia el norte de América es casi imposible pues se trata de una actividad ilegal apenas registrada por las autoridades.

Más allá de un débil sistema de justicia como el nuestro, sin la independencia e imparcialidad necesarias, las legislaciones internacionales de derechos humanos han definido este tipo de delitos como crímenes contra la humanidad; para evitar la impunidad en estos casos, se plantean como delitos imprescriptibles. Debido a esto, en la práctica, la persecución de estos delitos sólo puede realizarse mediante la acción y cooperación judicial internacional, pues de poco sirven las acciones aisladas y descoordinadas en cada uno de los países.

No obstante lo anterior, en este marco cabe recordar que la reunificación familiar es un derecho humano básico; a través de ésta, se busca mejorar las condiciones de vida del trabajador migrante y de su familia. Además, es uno de los derechos reconocidos por la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, de la que El Salvador forma parte.

Considerando todos estos aspectos y otros, la situación es realmente compleja. ¿Cómo oponerse a estas salidas cuando el “gobierno del Presidente Francisco Flores” se ha destacado por profundizar la crisis, al no ofrecer oportunidades para el desarrollo local y la agricultura? Ante la migración masiva, que fundamentalmente se produce por razones económicas y laborales, el titular del Ejecutivo juega al avestruz escondiendo la cabeza bajo la tierra.

Pero una cosa sí es cierta: que la escasa legislación existente en este ámbito es una muestra clara y directa de que los gobiernos —no sólo el salvadoreño, sino los de toda la región— optan por aquellas decisiones que les rinden más beneficios y les plantean menos obligaciones. Ahora ofrecen, como respuesta al fenómeno, políticas migratorias policiales que pretenden sustentar recurriendo a “razones de seguridad nacional”, frente a quienes enfocan la temática desde una óptica más amplia y comprensiva que incluye aspectos sociales, laborales, culturales y económicos. El resultado: el predominio de un tipo de trabajador migrante clandestino, indocumentado y dispuesto a ser explotado en jornadas extenuantes, en condiciones laborales indignas.

Es necesario, entonces, contar con una política migratoria que abarque tanto la revisión de la legislación actual, como los procedimientos y las competencias de las autoridades. Esto guarda estrecha relación con la posible firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de América, que con tanto entusiasmo está impulsando Flores. En ese “acuerdo comercial”, la libertad para la migración de personas que se tolerará estará relacionada con aquellas que puedan desempeñar puestos de trabajo cualificados, para lo cual deberán poseer una preparación teórica o técnica previa. Y ese no es el caso de la mayoría de salvadoreñas y salvadoreños que salen del país, en busca de una mejor vida.

Ese es el cuadro. Dentro del mismo, el tercer gobierno de ARENA sigue sin asumir la triple responsabilidad que le corresponde ante una problemática tan complicada. Primero: proceder con más contundencia contra las bandas que trafican con las personas y que se están lucrando de las situaciones precarias que padecen los más necesitados; más aún, el castigo de los “coyotes” debe ser ejemplarizante cuando se trata de desplazamiento de niñas y niños. Segundo: debe asumir un papel más protagónico para que las migraciones sean reguladas y controladas, evitando así los abusos y la explotación que padece tanta gente en el trayecto hacia el país de destino. Tercero: tiene que establecer condiciones de vida dignas en nuestro país para la mayoría de nuestra población, para que ésta no se vea obligada a emigrar.

Por último, es importante considerar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió —el 17 de septiembre del presente año— la Opinión Consultiva OC-18/03 solicitada por los Estados Unidos Mexicanos, sobre la condición jurídica y los derechos de los trabajadores migrantes. Esa resolución deberá ser tomada con mucha seriedad por el Estado salvadoreño, cosa que no acostumbra a hacer, sobre todo con Flores en Casa Presidencial, en el marco de las negociaciones y compromisos del citado TLC. Sobre todo cuando la Corte Interamericana establece en dicha Opinión Consultiva que “la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos vincula a los Estados, independientemente de cualquier circunstancia o consideración, inclusive el estatus migratorio de las personas”.